ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO CAMARA DE REPRESENT ANTES INFORME U DE JUNIO DE 2015

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1 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 17ma. Asamblea Legislativa 5 ta. Sesi6n Ordinaria CAMARA DE REPRESENT ANTES P. de la C INFORME U DE JUNIO DE 2015 A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: c.,,--.. Las Comisiones de lo Juridico y de Hacienda y Presupuesto de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, RECOMIENDA la aprobaci6n, del P. de la C. 1320, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que acompafia este informe. ALCANCE DE LA MEDIDA La medida de marras propone crear el llamado Panel Voluntario de Practica legal Criminal Compensada en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer su organizaci6n, prop6sitos, deberes y facultades; propone enmiendas a la Regla 57 de las Reglas de Procedimiento Criminal a los fines de establecer el pago de honorarios por la asistencia legal prestada en casos criminales graves a personas indigentes y finalmente enmendar el Articulo de la Ley Num. 201, de 22 de agosto de 2003, segtin enmendada, y conocida como

2 "Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003", para establecer los parametros de la representaci6n legal a personas indigentes en procesos de naturaleza penal y para otros fines. ANALISIS DE LA MEDIDA Las Comisiones de lo Juridico y de Hacienda y Presupuesto de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicit6 ponencias para el analisis del presente asunto: la Oficina de Administraci6n de los Tribunales (OAT), a las Escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana de Puerto Rico y Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico. De la misma manera se requirieron ponencias a la Sociedad Para la Asistencia Legal (SAL), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y a la Asociaci6n de Abogados. A continuaci6n un resumen de los memoriales sometidos. Oficina de Administraci6n de los Tribunales (OAT) La entonces administradora de la OAT, la Honorable Sonia Ivette Velez Colon, en su ponencia expuso que "[e Jn tenninos conceptuales, la Rama Judicial favorece la creaci6n del Panel Voluntario de Practica legal Criminal Compensada en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", pero no la avalan por la forma en que la propuesta ha sido concebida. Incluso destaca que el Comite para el Estudio de la Asignaci6n de Abogados y Abogadas de Oficio, en el afio 2005 recomend6 la 2

3 creaci6n de un sistema de representaci6n legal compensada bajo "por la via legislativa ". Los principales argumentos de la OAT, para no endosar la medida giran sobre su preocupaci6n ante el papel que la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) tiene como administrador sobre Panel Voluntario de Practica Legal Compensada. En sintesis, a la OAT le preocupa el impacto que pudiera tener un conflicto laboral de los abogados de la SAL en las operaciones del Panel Voluntario ya que figuran como sus administradores. Alude la OAT, a pasados conflictos laborales en que la SAL ha participado y donde la Rama Judicial ha utilizado mecanismo de la designaci6n de abogados de oficio para evitar atrasos en los procedimientos judiciales penales. Otros asuntos que sugiere la OAT, es el mecanismo de financiamiento de la propuesta legislativa. Sugieren que la Oficina del Panel Voluntario se adscriba al Tribunal General de Justicia, con una fuente permanente de ingreso que asegure su funcionamiento y continuidad, y que se revise la disposici6n sobre la transferencia del 25% del Fondo Especial de la Rama Judicial del producto de la cancelaci6n de los sellos de rentas internas por derechos cobrados en casos civiles. Segun explica la OAT, no se puede comprometer su Fondo Especial ya que de el dependen la continuidad de servicios que brindan a la ciudadania, el mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios y sufragar otras obligaciones. Conforme su base de datos, para los afios fiscales y , el recaudo total por concepto de derechos arancelarios en causas 3

4 civiles oscilo en los 13 mill ones de d6lares. En cu yo caso el 25 % propuesto en esta pieza legislativa equivaldrfa a 3.3 millones de d6lares, luego de deducir determinadas partidas mandatorias. En su ponencia, la OAT hace referenda a los esfuerzos invertidos para establecer un sistema efectivo de abogados y abogadas de oficio. Sefialan que para 1998 el Secretariado de la Conferencia Judicial tom6 la iniciativa sobre el asunto y produjo un Reglamento para la Asignaci6n de Abogados o Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal. El tema fue objeto de discusi6n en el afio 2002 en ocasi6n de la Vigesimo Segunda Conferencia Judicial de Puerto Rico yen el Primer Congreso de Acceso a la Justicia en Puerto Rico. En el mismo afio el Tribunal Supremo de Puerto Rico cre6 un Comite para revisitar la situaci6n de la designaci6n de abogados y abogadas de oficio, evento que cronol6gicamente coincide con la aprobaci6n de la Ley El referido comite produjo un informe con recomendaciones en el afio 2005, sugiriendo mejorar el sistema vigente. Consecuentemente, para el afio 2008 entr6 en vigor el nuevo Reglamento para la Asignaci6n de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal. Sociedad Para la Asistencia Legal (SAL) Por su parte, el licenciado Federico Rentas Rodriguez y la licenciada Yahaira Colon Rodriguez en representaci6n de la SAL, sefialan que desde el 2002 el Tribunal Supremo se encuentra buscando alternativas para aliviar el impacto 1 Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA 4

5 econ6mico que la designaci6n de casos de oficio representa para los profesionales del derecho. El analisis de esta situaci6n se encomend6 a un Comite que recomend6 legislaci6n creando una entidad que proveyese representaci6n legal cuando la SAL no pudiese atender el caso por raz6n de conflicto. Narra la Sociedad, que para el 2008, el Tribunal Supremo volvi6 a expresarse sobre el tema bajo "In re: Aprobaci6n Nuevo Reglamento para la asignaci6n de abogados y abogadas de oficio en Procedimientos de Naturaleza Criminal", reiterando la necesidad de crear via legislaci6n la referida entidad. La Sociedad destaca que constantemente ha comparecido a esta Asamblea Legislativa a compartir sus opiniones sobre iniciativas como la contenida en este proyecto. Enfatizan que hay un consenso general sobre el deber del Estado de proveer los mecanismos que propendan a una representaci6n legal adecuada en procesos criminales, ya que se trata de una obligaci6n constitucional que forma parte de la naturaleza juridica norteamericana y puertorriquefia. En su ponencia la SAL nos narra como la instituci6n de la asignaci6n de abogados de oficio ha evolucionado a traves de la historia y a partir de la experiencia en los Estados Unidos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostiene que la asignaci6n de abogados de oficio se extiende hasta los estados por virtud de la interpretaci6n judicial de la Sexta Enmienda de la Constituci6n de los Estados Unidos. En cuanto al aspecto tecnico de la medida, la SAL expresa que la propuesta legislativa es relevante por el problema que ellos como abogados 5

6 enfrentan cuando al representar coacusados surge un conflicto de interes. Ante esa situaci6n seven precisados a solicitar la renuncia de uno de los coacusados y esto a su vez provoca la designaci6n de un abogado de oficio. Segtin su base de datos, durante el afio fiscal , desde la etapa de vista preliminar atendieron 22,017 casos criminales graves, lo que representa un 52% de los casos criminales graves ante los tribunales del Pais. La SAL, para dispar dudas sobre los casos que no puede atender por conflicto de intereses, aclaran que el evento ocurre "cuando en beneficio de un cliente, el defensor legal tiene que abogar par aquello a lo que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente[.]" y cuando hay un potencial conflicto de intereses en el ejercicio de la funci6n de abogado defensor "se viola el derecho a asistencia de abogado". En cuanto a la evaluaci6n tecnica de la pieza legislativa, sugieren varias ideas para mejorar el proyecto conforme su experiencia. Proponen incluir un registro de juristas en lugar de una lista. El registro permite desarrollar un perfil mas detallado del jurista y permite una selecci6n mas precisa del abogado defensor segun las circunstancias del caso, permite incluir caracteristicas del perfil de los abogados participantes en el panel. Tambien proponer definir ciertos requisitos para los candidatos a ser miembros de la Junta de Directores de la Oficina del Panel Voluntario, enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal y otros asuntos administrativos. 6

7 Escuela de Derecho, Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico (PUCPR), present6 sus comentarios bajo la firma del Profesor Alex M. Lopez Perez, Catedratico Asociado. La PUCPR endosa la propuesta y destaca que el Reglamento para la Asignaci6n de Abogado de Oficio de 1998, fue un paliativo que no satisfizo las expectativas de los abogados y coincide con la fuente de financiamiento del 25% de los derechos arancelarios del Fondo Especial contenida en la propuesta inicial. Departamento de J usticia En su memorial, el Departamento de Justicia por conducto del Secretario Cesar Miranda, hace un recuento cronol6gico sobre las iniciativas para atender el asunto de la asignaci6n de abogados de oficio. Nos recuerda que en 1998 el Tribunal Supremo aprob6 un Reglamento para la Asignaci6n de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, luego de estudiar el asunto. En particular destaca que desde entonces se recomend6 la creaci6n, mediante legislaci6n, de una nueva entidad que instrumentara un sistema de abogados de oficio cuando no fuera posible la participaci6n de la Sociedad para la Asistencia Legal por razones de conflicto de intereses. El Secretario sintetiza las recomendaciones de aquel evento de forma muy precisa; que la entidad se creara bajo legislaci6n, que tuviera junta de directores, incorporando un sistema voluntario para abogados y de compensaci6n sencilla. 7

8 Pro-Bono, Inc. El Lie. Luis E. Rodriguez Lebron, Director Ejecutivo del Programa Pro Bono, Inc.; coincide con la medida legislativa y citamos: "Todo trabajador, independientemente de su clasificaci6n, debe ser justamente compensado por el trabajo realizado. Obligar a un ser humano, so pretexto de que la ley permite, sea o no abogado, a realizar trabajo en contra de su voluntad, sin paga alguna, tiene un solo nombre, servidumbre involuntaria." Pro-Bono entiende que la practica de asignar abogados de oficio sin compensaci6n es una violaci6n a los derechos constitucionales de los abogados. Sugiere que en lugar de crear un nuevo aparato administrativo se adscriba la Oficina del Panel a una entidad como Pro-Bono, Inc, por el conocimiento que tienen prestando servicios legales a indigentes. La entidad coincidi6 con el metodo de financiamiento y propuso alternativas administrativas para el funcionamiento eficaz de la agenda, algunas de las cuales se utilizaron para la evaluaci6n de esta pieza legislativa. Bajo estos criterios, pasemos al analisis de la medida ante nos. En primera instancia debemos enfatizar el hecho de que alrededor del mundo, en la mayorfa de los pafses que componen la humanidad, la obligaci6n del Estado de proveerle asistencia legal a los mas menesterosos es un mandato de rango constitucional. "La primera ley de asistencia judicial Jue instituida en Francia en Se concibi6 esta asistencia como misi6n humanitaria desarrollada por los abogados en beneficio de los indigentes. A finales del siglo XIX, la preocupaci6n por garantizar el 8

9 acceso a la justicia se hizo presente en Alemania y Estados Unidos, cuando miembros de la Abogacia decidieron voluntariamente prestar sus servicios a ciertos grupos de personas desfavorecidas."2 En los Estados Unidos, originalmente el sistema de asistencia juridica operaba como una especie de iniciativas privadas que sobrevivian gracias a la caridad o por subvenciones municipales.3 Ahora, en 1964 mediante la aprobaci6n en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamerica del "Criminal Justice Act" se orden6 al tribunal de Distrito de los Estados Unidos que en los casos criminales o relacionados, asi como en los asuntos relacionados con la jurisdicci6n de menores, se compensara a aquellos abogados que fueran asignados por corte a prestar sus servicios profesionales a aquellos ciudadanos que no contaran con los medias para sufragar una representaci6n legal.4 En la Republica de Chile, en el Capitulo III de la Constituci6n Politica de ese Pais ("De los Derechos y Deberes Constitucionales"), aprobada el 21 de octubre de 1980, se dispuso en el Articulo 19 que: "Toda persona tiene derecho a defensa juridica en la forma que la ley sefiale... La ley arbitrara los medias para otorgar asesoramiento y defensa juridica a quienes no puedan procurarselos por si mismos..." A su vez, en la ley chilena num , de 1981, se crearon cuatro 2 Canales, Patricia y Loiseau,Virginie, LA ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA EN LA LEGISLACION DE CHILE, ALEMANIA, ESPANA, FRANCIA, ITALIA Y SUECIA; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - Departamento de Estudios, Extension y Publicaciones; 200? 3 Op.Cit, pag. 1 4 PL de 20 de agosto de 1964, segun enmendada. 9

10 corporaciones jurfdicas dentro del Ministerio de Justicia, cuya misi6n era implementar el mandato constitucional antes citado, a traves de la mencionada oficina ministerial del Ejecutivo.s En el caso de Espana, en el artfculo 119 del Ti tulo IV 6 de la Constituci6n de 1978 se estableci6 que la justicia seria gratuita cuando asf lo dispusiera la ley y, en todo caso, "... respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar..." A tenor con lo indicado, se aprob6 la "Ley de Asistencia Juridica Gratuita"? Con esta legislaci6n se establecieron los parametros mediante el cual se puso en vigor un sistema de representaci6n legal gratuita a quienes acreditaren insuficiencia de recursos para todo tipo de procesos judiciales.s Bajo dicha Ley se organizaron Comisiones de Asistencia Juridica Gratuita en todo todas las capitales de provincia del Pais y las ciudades espafiolas del Norte de Africa, que se encargarian de poner en vigor la misma. 9 Ahora, el Ministerio de Justicia e Interior de esa naci6n subvencionara con cargo a su presupuesto, la implantaci6n y prestaci6n de los servicios de asistencia gratuita.10 Por otro lado, en el Articulo 103 de la Ley Fundamental de la Republica Federal Alemana 11 del 23 de mayo de 1949 y enmendada 28 de agosto de 2006, se precis6 que en ese Pais "todos tienen el derecho de ser of dos ante los tribunales". Basado 5 LA ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA EN LA LEGISLACION DE CHILE, ALEMANIA, ESPANA, FRANCIA, IT ALIA Y SUECIA; Pag. 3 6 "Del Poder Judicial" 7 Ley mirn.1 de 10 de enero de Ibid., Articulo 1 9 Op.Cit, Articulo 9 10 Ibid., Articulo "Grundgesetz fi.ir die Bundesrepublik Deutschland", equivalente a una Constituci6n. 10

11 en esa fundamental premisa alemana, en 1980 adoptaron dos leyes a traves de las cuales se cre6, en terminos generales, un sistema de ayuda juridica mediante el cual todas las personas cuya presencia en Alemania esta justificada, a los refugiados, a los extranjeros y a los apatridas, son beneficiadas. Sin embargo esta ayuda no esta disponible a aquellas personas que en esa Republica gozan de un seguro de protecci6n juridica. Los honorarios de abogados seran sufragados por los diversos estados federados del Pais, segun calculados a base de unos parametros establecidos en una ley federal alemana relacionada con la indemnizaci6n de los abogados.12 En Puerto rico la norma jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo es que si un acusado no posee de los medios econ6micos para hacerse de una representaci6n adecuada, el Estado debe proveerle de un abogado y apercibirle de ese derecho. 1 3 La persona indigente no tendra que pagarle al representante legal.14 Ahora bien en este Pais el servicio legal gratuito al indigente no solo lo proveen organizaciones como la Sociedad para la Asistencia legal, en los casos criminales graves, o la Corporaci6n de Servicios legales, si no que en virtud de la naturaleza y funci6n eminentemente publica que permea la profesi6n legal, los abogados estan obligados a cooperar con el Estado en garantizar ese derecho a 12 LA ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA, ante.; Pp. 23 y siguientes. 13 Miranda v. Arizona, 384 US 436, pp (1966); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R.883 (1993); Pueblo v. Rios Maldonado, 132 D.P.R.146 (1992). 14 In re Garcia Mufioz, 160 D.P.R. 744 (2003) 11

12 todos los imputados de delito de recibir una adecuada y efectiva representaci6n legal.1 5 Esta obligaci6n exige que el profesional del derecho preste sus servicios "de officio" al indigente. Nunca se han establecidos los parametros y los alcances de esta asignaci6n "de officio", mas alla de lo que encontramos en las Reglas de Procedimiento Criminal o la Ley de la Judicatura del El propio Tribunal Supremo ha entendido que esa asignaci6n tiene que continuar hasta la etapa apelativa Basandose en la premisa de que dichos servicios eran gratuitos al indigente, los abogados que habian sido asignados "de officio" no solo vefan el caso de gratis, sino que ademas tenfan que sufragar todos los gastos del mismo. El Estado, en este caso la Rama Judicial, daba por satisfecha su obligaci6n para con el indigente con la mera expedici6n de un nombramiento de abogado. Con ello, aparentemente entienden las autoridades, que se le hace justicia al indigente, cosa que nos hace recordar las palabras del insigne filosofo ateniense Plat6n, quien en una ocasi6n reflexion6 que la justicia no era otra cosa "que la Conveniencia de[ mas juerte." El sistema como esta operando en Puerto Rico hoy dia impone una carga muy onerosa sobre el pecunio de los abogados de la practica privada nombrados "de officio" y usualmente este tipo de casos resulta ser complicado, costoso y 15 In re Garcia Mufioz, supra. 12

13 extenso. Como bien indica el Colegio de Abogados y Abogadas, las perdidas econ6micas entre los abogados /1 de officio" han sido considerables. Por otra parte, esta carga nose distribuye equitativamente entre todos los miembros de la profesi6n legal. 1 6 Al respecto y citando el informe preparado el 4 de marzo de 2005 por el Comite para el estudio de la asignaci6n de Abogados y abogadas de Oficio, el Colegio de abogados sefial6 que /1 el deber impuesto a los abogados (as) criminalistas ha trascendido el lindero de lo razonable, por lo que debe configurarse un nuevo sistema que no resulte oneroso ni discriminatorio para el reducido grupo de la profesi6n legal que atiende casos de naturaleza penal." Enfasis suplido. 17 Sohre la configuraci6n de un nuevo sistema de asignaci6n de officio y compensada debemos indicar que al dia de hoy, fuera de la presente medida, no existe nada que nos indique que algo vaya a ser implementado a la brevedad. Recordemos que en la ponencia del Tribunal General de Justicia se desprende que desde el 1998 la Rama Judicial comenz6 a llevar cabo estudios conducentes a analizar el sistema de asignaci6n de casos de oficio. En el 2002, en el pleno de la vigesimo segunda Conferencia Judicial en Puerto Rico, se cre6 un comite para estudiar la efectividad del sistema de asignaci6n de abogadas y abogados de oficio, asi como evaluar la implementaci6n de un Reglamento para dirigir esa practica. 16 Ponencia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de fecha 13 de febrero de 2014, pag Ibid. 13

14 En el 2005, este fue el comite que sugiri6 al Tribunal General crear 11 una nueva entidad" que instrumentara /1 un sistema de representaci6n legal compensada". En el 2008, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprob6 un nuevo reglamento para dirigir la practica de la asignaci6n de los casos de oficio en el que se dispuso que los abogados y abogadas de Puerto Rico debian donar anualmente de 30 a 50 horas de servicio gratuito antes de recibir compensaci6n; creditos al programa de educaci6n legal continuada por las horas de servicio gratuito, entre otras cosas. La realidad es que en la aplicaci6n practica, este nuevo reglamento no ha mejorado en nada las dificultades econ6micas que les causa a los juristas que prestan servicios /1 de officio". De hecho, al investigar la operaci6n de esta pseudo 11 practica compensada" que ese reglamento establece, encontramos que el Departamento de Hacienda no tiene en su base de datos y por tanto no saben a ciencia cierta el monto pagado, si alguno, a los abogados de oficio y sugieren que dicha cantidad se le solicite a la Oficina de Administraci6n de los Tribunales porque esa partida debe constar como pago a suplidores de servicios. Por otro lado la Oficina de Administraci6n de los Tribunales, en su detallada ponencia, omite indicar cuantos abogados y abogadas han recibido compensaci6n econ6mica desde que se implement6 el reglamento hace 6 afios. Resulta ofensivo que ninguna de las dos instrumentalidades proveyese informaci6n al respecto. 14

15 Ante la necesidad que este sector de nuestra sociedad padece es que la presente medida aqui evaluada llena ese vacio. El texto de la pieza legislativa es sencillo y claro, por lo cual no deja margen a interpretaciones variadas. En sintesis se propone crear una Oficina del Panel Voluntario de Practica Legal Criminal Compensada que contara con una Junta de Directores que no devengaran sueldo, dieta o retribuci6n econ6mica alguna por sus servicios; y que estara a cargo de un Director Ejecutivo con facultades delimitadas. La Oficina manejara un registro de abogados de oficio, y sera quien designa al abogado tan pronto asi se lo solicite la Rama Judicial. De esta forma se cumple con el deber constitucional de brindar asistencia legal a los indigentes en causas criminales, mientras el profesional del derecho cumple con su deber etico conforme exigido y el estado le retribuye su esfuerzo, en lugar de descargar su deber constitucional a cuestas del bolsillo de los abogados y abogadas de officio. Sencillamente, esta medida provee un balance adecuado y ofrece margen para mejorar con la experiencia que se vaya acumulando. IMPACTO FISCAL En cumplimiento con el Articulo 8 de la Ley Num. 103 del 25 de mayo de 2006, "Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", evaluamos la presente medida para determinar cual, si alguno, seria el impacto que tendria el proyecto aqui examinado sobre el presupuesto general del Gobierno. Recapitulando, el Panel Voluntario de Practica legal Criminal Compensada en Procedimientos de Naturaleza Penal, en parte se 15

16 nutriria del producto del arancel que cancela toda moci6n o solicitud de suspension en casos civiles y de una nueva partida que equivale al 50% del recaudo total por concepto de derechos arancelarios en causas civiles. Considerando lo expresado, tenemos que concluir que el Proyecto de la Camara 1320 no representara un impacto fiscal adicional a la situaci6n fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. CONCLUSION Y RECOMENDACION A la luz de todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones de lo Juridico y de Hacienda y Presupuesto de la Camara de Representantes de Puerto Rico, RECOMIENDA la aprobaci6n del P. de la C. 1320, co s enmiendas contenidas / en el entrillado electr6nico que acompafia a este / orme. BAEZ RIVERA, COM SION DE LO JURIDICO DE LA CAMARA DE REPRESENT ANTES RAFAEL HER ANDEZ MONTANEZ, PRES I~ COMISI~HACIENDA DE LA CAMARA DE REPRESENT ANTES 16

17 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (ENTIRILLADO ELECTRONICO) 17ma. Asamblea Legislativa Sta. Sesi6n Ordinaria CAMARA DE REPRESENT ANTES P. de la C DE AGOSTO DE 2013 Presentado por el representante Baez Rivera Referido a las Comisiones de lo Juridico; y de Hacienda y Presupuesto LEY Para crear el Panel Voluntario de Practica legal Criminal Compensada en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer su organizaci6n, prop6sitos, deberes y facultades; para enmendar el Articulo 8 de la Ley Num. 235 del 12 de agosto de 1998, segun enmendada; asi como enmendar la Secci6n 2 de la Ley Num. 17 de 11 de marzo de 1915, seglin enmendada y para otros fines. L para enmendar la Regla 57 de las Reglas de Procedimiento Criminal a los fines de establecer el pago de honorarios por la asistencia legal prestada en casos criminales graves a personas indigentes; enmendar el Articulo de la Ley Num. 201, de 22 de agosto de 2003, segtin enmendada, y conocida como "Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003", para establecer los parametros de la representaci6n legal a personas indigentes en procesos de naturaleza penal y para otros fines. EXPOSICION DE MOTIVOS En Puerto Rico en ciertos procedimientos de naturaleza penal, los abogados, en cumplimiento de su compromiso solemne e inquebrantable de servir a la sociedad, han constantemente prestado servicios legales gratuitos a todo aquel ciudadano quien no tiene los recursos econ6micos para sufragar los gastos que un proceso como ese conlleva, segun son asignados por el Tribunal General de Justicia. En la profesi6n legal se le denomina a este ti po de caso como "caso de oficio". Este procedimiento es uno independiente al servicio que prestan los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal

18 2 de Puerto Rico, tambien conocida por sus siglas "SAL", entidad que se encarga de prestar asistencia legal a personas indigentes en casos criminales. Ahora, en ciertas instancias hay casos criminales donde la persona indigente a quien se le quiere imponer responsabilidad no cualifica para ser atendida por "SAL", ya sea por conflictos de intereses, entre otras cosas. Si esa persona no tiene los medios econ6micos para contratar abogado, el tribunal tiene que asignarle un abogado que lo represente libre de costo para el ciudadano. En terminos generales, la determinaci6n de como, cuando y hasta donde abarca la asignaci6n de oficio ha sido confusa y ha variado continuamente. El Tribunal General de Justicia de Puerto Rico ha optado por extender este servicio hasta los procesos posteriores al juicio en primera instancia. Ahora bien, segun el formate hasta este memento seguido, los abogados de oficio tienen que representar de forma gratuita al beneficiado en el tribunal de primera instancia, hasta la apelaci6n y todos los gastos de descubrimiento y de la litigaci6n los tiene que pagar el propio jurista, incluyendo la transcripci6n de la prueba. En los ultimos afios la cantidad de casos de esta naturaleza aument6 de forma drastica y descontrolada y se extendi6 mas alla del ambito penal del derecho, ya que los jueces del Tribunal de Primera Instancia comenzaron a asignar "de oficio" casos del ambito civil, donde no existe legislaci6n para ello. Al mismo tiempo, el numero de abogados llamados a prestar este servicio se ha reducido drasticamente, provocando una crisis en la profesi6n. La situaci6n se agrava con la onerosa carga econ6mica que representa este procedimiento para el representante legal. Con todo y esa extrema carga, los abogados "de oficio" han cumplido su deber de manera honrosa y diligente. Es menester sefialar que en la mayoria de los estados, municipalidades y ciudades de los Estados Unidos de Norteamerica existen programas mediante los cuales a una persona a quien lo acusan de cometer un delito que puede conllevar confinamiento carcelario y no tiene los medios econ6micos para contratar un abogado, se le asignara uno que lo asistira. En esta circunstancia la asistencia legal sera libre de costo para el ciudadano, pero con la salvedad de que sera el estado, municipalidad o ciudad el que se encargue de pagar al abogado por ese servicio. N6tese que este es un servicio 11 pro bono 11 para la persona recibe el mismo pero el estado le paga al jurista. De otra parte, que en 1964 el Congreso de los Estados Unidos aprob6 el 11 Criminal Act 11, mediante la cual se orden6 al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en casos criminales o relacionados yen materia de la jurisdicci6n de menores, compensar econ6micamente a aquellos abogados que fueran asignados por la Corte a prestar sus servicios profesionales a aquellos ciudadanos que no tuvieran los medios para sufragar esa representaci6n legal.

19 3 Aquf, desde el afio 2002, el Tribunal Supremo de Puerto Rico comenz6 a buscar alternativas para aliviar el problema econ6mico que este tipo de casos estaba causando a la profesi6n legal. Asf las cosas, Nuestro Mas Alto Poro organiz6 un comite para evaluar la asignaci6n de oficio. Entre las recomendaciones hechas al mencionado comite estaba una que sugerfa la creaci6n, mediante legislaci6n, de una nueva entidad que instrumentara un sistema de representaci6n legal compensada para aquellos casos que la Sociedad para Asistencia Legal no pudiese atender por raz6n de conflicto. Sin embargo, al dfa de hoy nose ha hecho nada al respecto. Por tanto, es obligaci6n de esta Asamblea Legislativa aprobar esta medida para iniciar el desarrollo de ese sistema de representaci6n legal compensado que sea aliado a la Sociedad para Asistencia Legal y que se encargue de aquellos casos criminales que la Sociedad no pueda atender y que requieran de representaci6n legal para personas indigentes. DECRETASE FOR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 1 2 ~ ci Artfculo 1.-Tftulo de la Ley. Esta ley se conocera como la "Ley del Panel Voluntario de Practica Legal Criminal Compensada en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico." Artfculo 2.-0ficina del Panel Voluntario de Practica Legal Criminal Compensada: Se crea la Oficina del Panel Voluntario de Practica Legal Criminal Compensada-: con sede, en San Tuan, Puerto Rico. Esta Oficina tendra la responsabilidad de instrumentar un sistema de representaci6n legal compensada en aquellos casos donde una persona que ha sido llamada a responder en un proceso criminal compareciere sin abogado, 10 demuestra que no tiene medios econ6micos para poder contratar un abogado 11 defensor, pero no cualifica para recibir los servicios de la Sociedad para Asistencia Legal 12 [y el tribunal le tiene que designar un abogado que lo represente en el proceso].

20 (\~1 lf//12 ~:: Para ello, en la oficina se establecera un Panel Voluntario de Practica Legal Criminal Compensada y se confeccionara una lista un registro de juristas que hubieran aceptado dispuestos a prestar estos servicios. Dicha lista Dicho registro se desarrollara en cada region judicial con los nombres de aquellos juristas que interesen prestar estos servicios de practica practica criminal y que se ofrezcan a trabajar para el panel Voluntario. La base de datos del registro debe incluir el perfil del cada jurista participante, que como minima provea el aiio de admisi6n al ejercicio de la abogacia, tipo de casos en que ha asumido representaci6n legal, experiencia en litigaci6n apelativa y capacitaci6n o adiestramiento relacionadas a la practica criminal. Todo jurista que le interese servir en el Panel Voluntario de Practica Legal Criminal Compensada tiene que debe tener por lo menos tres (3) afios de experiencia en la practica criminal"'" reconocido por brindar asistencia legal en casos de oficio y aprobar un total de seis (6) horas de educaci6n juridica continua en derecho penal sustantivo, procesal penal, constitucional y evidencia. Mientras el abogado sirva al Panel debera cumplir con los requisitos de educaci6n continua aqui indicados. La Junta de Directores de la Oficina del Panel Voluntario de Practica Legal Criminal Compensada escogera a los juristas que conformaran la lista el registro a ser utilizada utilizado conforme se establece en esta Ley. Esta lista Este registro se conocera como la el "-bista Registro de Juristas Voluntarios del Panel de Practica Legal Criminal Compensada". Los servicios que presten estos abogados a tenor con lo dispuesto en esta ley seran libres de costos para la persona indigente que recibira el mismo. Entendiendose que

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