Nueva norma: el cliente de banca debe saber qué firma

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1 EL ECONOMISTA LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2011 iuris& LEX Suplemento jurídico de eleconomista LOS ESPAÑOLES PONEN NOTA A HACIENDA: UN ESTUDIO ANALIZA LA OPINIÓN POPULAR SOBRE TEMAS COMO EL FRAUDE FISCAL O LA OFERTA PÚBLICA [PÁG 10 Y 11] Nueva norma: el cliente de banca debe saber qué firma BELÉN ESPEJO F. JOSÉ NAVARRO SANCHÍS DIVISIÓN DE PODERES Y JUSTICIA (III) [PÁG 2] M. FERNÁNDEZ-LOMANA EL CESE DE LA MUJER EMBARADAZA [PÁG 4] CARLOS NIETO DELGADO ALEJA TUS SUCIAS MANOS DE MI IVA [PÁG 8]

2 2 LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2011 EL ECONOMISTA [a valor de mercado] La división de poderes y la Administración de Justicia (y iii) POR FRANCISCO JOSÉ NAVARRO SANCHÍS MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL FRENTE A UNA TÉCNICA DE LEGISLAR RESPONSABLE, LO QUE SE ESTILA ES LA EXPENDICIÓN DE LEYES PARCIALES Y EPISÓDICAS Terminamos esta miniserie de artículos, ahora que el veraneo de muchos llega a su fin, abordando alguna otra cuestión de interés sobre ciertas disfunciones de la justicia. No es sólo su colonización, en parte, por la política, o por los políticos, lo que nos debe preocupar, sino la falta de reacción ante sus males. Conforme a la célebre y cínica definición de Groucho Marx: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Desde luego, la búsqueda de problemas está más que acreditada ente los afanosos cultivos a que se aprestan los mantenedores administrativos de nuestro sistema judicial: nunca se vio una pléyade tan nutrida de libros blancos, observatorios, encuestas, tomas de pulso y, en suma, manifestaciones del arte de buscar problemas. Presuponiendo que esa ingente labor haya fructificado en el hallazgo de los males que nos aquejan y que estos sean, por ejemplo, la saturación de la planta judicial, la prolongación de los tiempos de respuesta, la escasa preparación de los jueces y del personal judicial y, en resumen, la inidoneidad de la estructura actual para afrontar el ingente número de pleitos que ingresan en Juzgados y Tribunales - esto es, aceptando que no hay otras causas motrices, quizás porque no se quieran ver-, las soluciones que se nos ofrecen parecen satisfacer la máxima de Marx (Groucho) de que se aplican los remedios equivocados. Vamos a hacer el acto de fe de suponer que hay una cierta voluntad de que esto se arregle, incluso una altura de miras lo suficientemente elevada como para situar las soluciones al margen del juego partidista, aun conscientes de que se requiere, realmente, mucha fe para albergar esa suposición: aun contando con ello, todas las reformas que se acometen parecen impremeditadas, remiendos urgentes destinados a sofocar problemas coyunturales o a satisfacer demandas puramente corporativas. Es de ver con notable inquietud la frecuencia con que las leyes procesales se denominan urgentes o incorporan a su título palabras-señuelo como agilización o modernización. Cuando tal cosa se vea, aconsejo al lector que descrea largamente de la eficacia de la medida propuesta. Una reforma de más hondo calado, que parece no verá la luz del BOE merced al previsto anticipo electoral, es la que suprime el partido judicial como unidad territorial de impartición de justicia, embebiéndola en la novedad de los Tribunales de Instancia, órgano colegiado de funcionamiento unipersonal, o al revés, en que se prevé, parece que no sin intención rigurosamente planificada, la avocación de asuntos de que conozca un juez determinado al pleno del Tribunal para su resolución, lo que conlleva sustraer a aquél una competencia que le es propia, con el peligro nada difuso de que el pleno revierta el criterio asentado, con un riesgo más que cierto de despojo al litigante del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la Ley y una indeseable interferencia en el poder judicial. Sí nos tienen en vilo las vicisitudes parlamentarias del otro proyecto de reforma procesal galopante y urgentísima, con arreglo al cual, entre otras previsiones menos llamativas, la cuantía casacional experimenta un notable aumento, en el orden civil y contencioso-administrativo, hasta los euros, que la deja prácticamente como una vía residual y, en lo referido a esta última jurisdicción, convierte a los tribunales inferiores en la última palabra sobre los asuntos, dispersando las doctrinas posibles hasta su irremediable pulverización. Este indeseable pero no indeseado efecto no quedará mitigado sino muy parcialmente con el mantenimiento del recurso para unificación de doctrina, dada no sólo su configuración legal sino los muy draconianos criterios de admisión que exige el propio Tribunal Supremo, que parece negarse a sí mismo, como un personaje pirandelliano que en vez de buscar a su autor, busca su desaparición. No es que yo, personalmente, sea partidario de una banalización del recurso de casación y que con ello se convierta de facto en una segunda instancia, algo que ya venía sucediendo, pero la solución no radica en una medida quirúrgica tan drástica como la propuesta sin atender a otras necesidades que deberían acompañarla, en una visión integral del problema: así, por ejemplo, no se altera la planta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo -que es un Olimpo ciertamente abarrotado, a la vez que esa tierra prometida que, como Moisés, jamás alcanzaremos-. Con ello se hace visible su desproporción para atender la menguada cifra de asuntos de entrada, lo que en sí mismo no sería recusable en una concepción ideal de la justicia, pero sí pone de manifiesto la notable zanja que se abre respecto de los tribunales de instancia -Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia- que cada día más tienen que hacer de supremitos involuntarios mientras el verdadero Tribunal Supremo, con la puerta semicerrada, se centra en gestionar el retraso acumulado, renunciando en buena medida, sin bien para nadie, al papel unificador que le asigna la Constitución. En todo caso, es de advertir en estas apresuradas reformas orgánicas y procesales un designio unilateral de imposición política, de trágala, que no incorpora lo que se haya fraguado meditadamente en estrados, en el foro o en la cátedra. No son medidas respaldadas por ningún consenso político ni tampoco científico o académico. Las leyes procesales, como todas las que sirven de cabecera a las distintas ramas del ordenamiento jurídico, deben tener vocación de permanencia y eso sólo se logra tras un debate fecundo y sosegado, al margen de las prisas, así como con las aportaciones, que siempre son valiosas, de quienes tienen algo que decir al respecto, empezando por los propios jueces, a los que nunca se consulta. Frente a una técnica de legislar madura y responsable, lo que se estila desde hace décadas es la expendición de leyes parciales, episódicas, destinadas a la fugaz gloria de un telediario y a quedar arrumbadas junto a los miles de normas que vagan errantes por el ordenamiento, sin orden ni concierto. Por lo demás, sorprende la falta de reacciones desde la Universidad, los colegios profesionales, los propios jueces. Parece que lo sentimos todo como inexorable. A lo mejor -no lo descarto- soy yo el equivocado y estamos viviendo, como Leibniz predijo, en el mejor de los mundos jurídicos posibles, y esa manera espasmódica de producir textos legales no es sino un ejemplar y avanzado signo de los tiempos, que yo no sé reconocer. Es posible. Y puede que probable, porque en el universo jurídico español no es fácil ver a algún Viriato quejarse en público de nada. Acaso porque hayamos perdido ya la facultad de observar los errores, cegados por los dioses porque también nos quieren perder a nosotros. GETTY x Colaborador de El Derecho Editores

3 EL ECONOMISTA LUNES, 29 DE AGOSTO DE [jurisprudencia] El reconocimiento de un mayor valor para una parte del edificio no vincula respecto al resto Según la Audiencia Nacional, para que se revise una sentencia firme relativa al valor de una parte de un inmueble a través de un recurso extraordinario de revisión, no basta aportar una resolución administrativa en la que se modifique al alza el valor de otras partes del mismo bien. Ello no constituye, a efectos del artículo 244 de la LGT, un documento de valor esencial. LUCÍA SICRE THINKSTOCK Una resolución administrativa en el que se modifique el valor catastral de determindas partes en que se dividió un edificio, estimando la impugnación de los propietarios, no constituye un documento de valor esencial que pueda motivar la interposición de un recurso extraordinario de revisión para modificar el valor del resto de las parcelas en que se dividió el inmueble, aunque se trate de supuestos idénticos. Según recoge una reciente sentencia de la Audiencia Nacional, de la que es ponente la magistrada Montero Elena, ello es así porque estas resoluciones administrativas declaran una situación individualizada y, por ello, no constituyen un documento de valor esencial. El recurso de revisión, regulado en el artículo 244 de la Ley General Tributaria, se utiliza para recurrir actos firmes en vía administrativa cuando concurran circunstancias excepcionales, a saber; que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido; que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución; o que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Haciendo uso de este recurso, se impugna en este caso una resolución del Tribunal Económico Admnistrativo Central (TEAC), relativa a la revisión del valor catastral de varias entidades fruto de la división de un edificio. En concreto, la Administración ha estimado una modificación del valor catastral de 40 de las 44 partes en que se divide el in- mueble, por lo que la recurrente pide que se considere que estos documentos son de valor esencial para determinar su tasación. Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que no pueden dar lugar al recurso. INTERPRETACIÓNRIGUROSA El fallo recuerda que el recurso extraordinario de revisión es un recurso excepcional que cabe contra los actos firmes de la Administración tributaria, en los casos que taxativamente establece este precepto, que han de ser objeto de una interpretación rigurosa. En sentido contrario, la Audiencia Nacional argumenta que el Supremo considera que una sentencia posterior al acto firme impugnado no constituye un supuesto de aparición de documento de valor esencial para la decisión de un asunto, de forma que esta doctrina es igualmente aplicable al caso de una resolución administrativa resolviendo un recurso y declarando una situación individualizada. Por todo ello, esta clase de documento no puede dar origen a un recurso de revisión. Ello no impide, de todos modos, que la actora pueda solicitar la declaración de su situación individualizada en los términos estimados, para el futuro, pero nunca afectará a las consecuencias ya producidas y que adquirieron firmeza, a través de un recurso extraordinario de revisión, ni podrá modificarse el acto por tal recurso, sino por una impugnación ordinaria. (AN, ) DAR HIPOTECA A UNA EMPRESA EN APUROS ES FRAUDULENTO Cuando la sociedad va a entrar en concurso, no importa que el finnofueraelfraudesiexiste sustitución de obligaciones L. S. GETTY MADRID. Conceder una hipoteca a una empresa para garantizar una nueva obligación que sustituya a otras preexistentes, quedando éstas canceladas mediante su pago con el importe del préstamo obtenido, debe considerarse, en principio, fraudulento, en caso de que la empresa sea declarada posteriormente en concurso, por lo que se deberá rescindir el contrato que la otorga. Lo recoge esta sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, que resuelve el caso de una entidad financiera que concedió un crédito a una sociedad que fue declarada en concurso un mes después de la constitución de aquella garantía real sobre su patrimonio, lo que se enmarca dentro del periodo temporal sospechoso establecido legalmente. En este sentido, el fallo, del que es ponente el magistrado Fernández-Montells Fernández, aclara que no es de aplicación al caso la reforma de la Ley Concursal (LC) que aprueba el Real Decreto Ley 3/09, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, y ello porque, a pesar de que la reforma prevé su aplicación a acuerdos adoptados antes de su entrada en vigor, el acuerdo de refinanciación cuya rescisión se pretende no cumple los requisitos establecidos en el nº 2 de la Disposición Adicional cuarta de la Ley Concursal. El fraude radica en usar una forma jurídica lícita para obtener un resultado no querido por el ordenamiento jurídico, que en este caso se evidencia por conceder una hipoteca para garantizar una obligación preexistente o una nueva que sustituya a la anterior, lo que debe considerarse, en principio, injustificado, al suponer una alteración de la regla de paridad de trato por obtenerse un privilegio a favor del acreedor frente al resto. (AP de La Coruña, )

4 4 LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2011 EL ECONOMISTA [panorama del derecho laboral] El cese de la mujer embarazada POR MANUEL FERNÁNDEZ-LOMANA GARCÍA MAGISTRADO DEL GABINETE TÉCNICO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LOS SUPUESTOS DE DESPIDOS DE UNA MUJER EMBARAZADA, SALVO QUE EL EMPRESARIO ACREDITE UNA JUSTA CAUSA, SERÁ NULO El cese laboral de una mujer, a sabiendas de su estado de embarazo, constituye un supuesto de discriminación por razón de sexo artículo 14 Constitución-. La consecuencia jurídica, en tales casos, es que el cese es calificado como nulo y el Tribunal debe ordenar la inmediata readmisión de la trabajadora. En estos casos, frente a la posibilidad de elección que, en supuestos ordinarios de despido improcedente, permite al empresario optar entre la readmisión o el abono de una indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, se concede a la trabajadora una especial protección, consistente en la inmediata restitución a su puesto de trabajo. Los Tribunales venían aplicando pacíficamente esta doctrina, de modo que si la trabajadora alegaba que había sido cesada por razón de su embarazo, aportando unos mínimos indicios al respecto, y el empresario no conseguía acreditar que obedecía a causa lícita, el cese era calificado como nulo. Presupuesto lógico de tal calificación era que el empresario conociera la existencia del embarazo, pues de no hacerlo, el cese no podía obedecer a una intencionalidad discriminatoria. La situación alcanzó mayor complejidad con la reforma operada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Esta norma de transposición, entre otras, de la Directiva 92/85/CEE, introdujo una nueva redacción del artículo 53 y 55 del Estatuto de los Trabajadores. Conforme a dichas normas será nula la GETTY decisión extintiva de las trabajadoras embarazadas desde la fecha de inicio del embarazo y hasta la fecha del comienzo de suspensión del contrato por maternidad. Ahora bien, cuál era la finalidad de la norma? Regular un supuesto especial de despido discriminatorio o alterar la protección ordinaria en los casos en que el cese afectase a mujeres embarazadas? Esta última posibilidad no podía descartarse, pues el legislador, en determinados casos, concede una especial protección a ciertos colectivos. Por ejemplo, cuando se despide a un delegado sindical aunque no concurra causa discriminatoria, la opción por la indemnización o readmisión corresponde a éste, y no al empresario. La diferente opción interpretativa tenía una consecuencia fundamental: si se trataba del reconocimiento de un supuesto de discriminación era preciso que la trabajadora aportase indicios de que el empresario conocía la situación de embarazo; por el contrario, si el legislador había querido otorgar un plus de protección a las trabajadoras embarazadas configurando un supuesto de nulidad objetivada, bastaba con que se diese el supuesto de hecho, con independencia de que el empresario tuviese o no conocimiento del embarazo y de su intencionalidad discriminatoria, por lo que, acreditada la situación de embarazo, el cese debía ser calificado en todo caso como nulo. El Tribunal Supremo analizó el problema en sus sentencias de 26 de marzo de 2006 (dos) y llegó a la conclusión de que el legislador había querido regular un supuesto especial de despido discriminatorio, siendo necesario que se acreditase que el empresario conocía o sospechaba la situación de embarazo. Se rechazaba así la tesis de la nulidad objetiva. Esta postura, reiterada en ulteriores sentencias, tuvo que ser modificada al no ser compartida por el Tribunal Constitucional STC 92/2008 y 124/2009- que entendió que el problema debía de enfocarse como un supuesto de nulidad objetiva. Por ello, las STS de 17 de octubre de 2008 y otras posteriores rectificaron el criterio inicial del Tribunal Supremo, en consonancia con lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Pero, era de aplicación esta doctrina a todos los supuestos de cese de las trabajadoras embarazadas? Y si se trataba de un supuesto de extinción por la no superación del periodo de prueba? Hay una serie de pactos típicos que se producen a la hora de concertar un contrato de trabajo. Precisamente por ser típicos es posible su regulación. Uno de ellos es el denominado periodo de prueba. Mediante tal pacto, las partes acuerdan que durante dicho tiempo normalmente entre dos y seis meses- se puede valorar su aptitud para el cumplimiento adecuado de lo pactado, de forma que si sus expectativas no se corresponden con la realidad pueden desistir del contrato, con el único límite de que la decisión extintiva no obedezca a una razón discriminatoria o a la violación de un derecho fundamental. Por lo tanto, durante el periodo de prueba el empresario puede extinguir el contrato si estima que el rendimiento subjetivo del trabajador no se corresponde con el pactado. Ahora bien, como el cese por no superación del periodo de prueba tiene como límite la inexistencia de trato discriminatorio, es claro que si el empresario conoce la situación de embarazo y cesa a la trabajadora por tal razón, alegando rendimiento inadecuado, tal cese sería nulo. Pero y si el empresario no conoce la situación de embarazo?, es posible aplicar en tales casos las garantías establecidas en el despido para las mujeres embarazadas? Si optásemos por una solución afirmativa el control judicial del cese sería mayor. En efecto, si aplicamos la doctrina de la nulidad objetiva deberíamos analizar si la causa alegada para justificar el cese es cierta vgr. bajo rendimiento, etc.-, pues de no serlo, el cese debería ser calificado como nulo. El Tribunal Supremo se ha enfrentado con el problema en su importante STS de 18 de abril de 2011, llegando a la conclusión de que la nulidad objetiva no es de aplicación a los supuestos de extinción del contrato durante el periodo de prueba. En resumen, cuál es el alcance de la protección de la mujer embarazada en supuestos de cese? En los despidos, salvo que se acredite por el empresario la concurrencia de justa causa vgr. la mujer cometía hurtos, no asistía al trabajo sin causa justificada, etc., el cese será calificado como nulo, no sólo en los casos en los que exista discriminación sino también en aquellos otros en los que, no existiendo discriminación, el despido se produzca concurriendo situación de embarazo. Sin embargo, en los supuestos de desistimiento por no superación del periodo de prueba, el cese será calificado como nulo únicamente cuando concurra discriminación.

5 EL ECONOMISTA LUNES, 29 DE AGOSTO DE [sentencias] LARESOLUCIÓNDEUN ALQUILER REQUIERE QUE EL INQUILINO OCUPE UNA SEGUNDA VIVIENDA LOS COMPLEMENTOS SALARIALES DE OTRA EMPRESA NO SE APLICAN AL ABSORBIDO Para la denegación de prórroga del arrendamiento es preciso que la segunda vivienda, distinta de la arrendada, esté ocupada por el inquilino o su familia o pueda estarlo. Así se estima en esta sentencia del Tribunal Supremo en la que se resuelve el caso planteado por la resolución de un contrato de arrendamiento por parte de una entidad alegando que la arrendataria ocupaba dos viviendas y, por tanto, podía encuadrarse dentro del supuesto previsto en el artículo 62.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Dicho precepto establece que no tendrá derecho el inquilino a la prórroga legal cuando ocupe dos o más viviendas en la misma población y el uso de todas ellas no sea indispensable para atender a sus necesidades. Sin embargo, la demandada alega a que dicha vivienda es ocupada por su hija. Entiende el ponente, el magistrado Xiol Ríos, que, en relación al término «ocupación» la jurisprudencia precisa que no es necesaria una ocupación material y simultánea, bastando con que las viviendas se encuentren a disposición del arrendatario, aunque real y efectivamente no utilice una de ellas y que «a disposición» supone ostentar un título que dé derecho a disfrutarlo. Por ello, prosigue, se exige, para que pueda prosperar la causa de resolución, que la segunda vivienda, distinta de la arrendada, esté ocupada directamente por el arrendatario o su familia o pueda ser ocupada por estar a su disposición, no estándolo cuando la vivienda se encuentra, por ejemplo, alquilada a un tercero. Por ello, concluye, que para el caso planteado no puede producirse dicha revocación puesto que no hay la menor prueba de que la inquilina hubiera ocupado físicamente otra vivienda ni que tenga a su disposición la vivienda de su propiedad al hallarse ocupada por su hija. (TS, ) THINKSTOCK Contrato de compraventa En supuestos de contratos de compraventa con precio aplazado, se requiere un incumplimiento grave por parte del comprador para que se pueda extinguir judicialmente el contrato, de forma que no resulta bastante el mero retraso en el pago del precio convenido. Así se estima en esta reciente sentencia del Tribunal Supremo, en la que se resuelve la reconversión de la demanda llevada a cabo por una vendedora, que exigía la resolución del contrato con precio aplazado pactado, basándose en el impago de la suma acordada. En este caso, estima el ponente, el magistrado Xiol Ríos, que para poder instar la resolución del contrato el incumplimiento del comprador ha de constituirse como grave o sustancial, lo que no exige una tenaz y persistente resistencia al cumplimiento, pero sí que su conducta origine la frustración del fin del contrato. Por ello, la sentencia concluye, que dada la singularidad del artículo 1504 del Código Civil, no puede otorgarse validez a la resolución instada por el vendedor por el mero hecho de no haberse pagado el precio en el tiempo establecido, dado que el comprador se encuentra facultado para pagar incluso después de expirar el término estipulado en el contrato mientras que el vendedor no le haya requerido de pago, judicialmente o por acta notarial. (TS, ) No se aplicará a los trabajadores absorbidos por una empresa los complementos salariales previstos en ésta, aún cuando sean más favorables. Así se estima en esta sentencia del Tribunal Supremo en la que se resuelve el recurso planteado por un sindicato en el que se pedía que, a los trabajadores de la empresa que había sido absorbida, les fuese abonado un complemento variable por productividad y desempeño en las mismas condiciones que se les retribuía al resto del personal. La resolución recurrida desestima la demanda argumentando que no ha existido trato desigual a nivel salarial, porque a los trabajadores les son aplicables convenios colectivos diferentes, al menos hasta que se negocie uno nuevo con carácter común. El mismo criterio es compartido por el ponente de la sentencia, el magistrado Agustí Juliá, que desestima el recurso argumentando que lo que pretende el sindicato es la aplicación de la técnica del espigueo normativo, en cuanto que el recurrente no pretende la sustitución íntegra del contenido del convenio colectivo vigente sino que exclusivamente pide la aplicación de un complemento, lo que implicaría la alteración del equilibrio interno. Y, añade, que no puede alegarse que exista un trato discriminatorio dado que en la medida que la diferencia salarial no posee un significado discriminatorio por incidir en alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, no puede considerarse como vulnerado del principio de igualdad, sino que queda englobada en la eficacia del principio de autonomía de la voluntad. Añade el magistrado, en último lugar que tampoco puede argumentarse el criterio de la aplicación más favorable porque la aplicación de dicho criterio ha de hacerse respetando la unidad de regulación de la materia. (TS, ) Se aplica por primera vez la figura del apercibimiento Una sanción grave en materia de protección de datos podrá saldarse con el mero apercibimiento al infractor si se trata de una infracción leve y éste no es un reincidente. Así se estima en esta sentencia de la Audiencia Nacional en la que se aplica, por primera vez, la figura del apercibimiento, introducida por la reciente Ley de Economía Sostenible. En este caso, la sentencia resuelve el recurso planteado contra la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que condenaba a una mujer al pago de una multa por tratamiento de datos personales sin el consentimiento de sus titulares. Dicha mujer había instalado una cámara de videovigilancia en el techo de su plaza de garaje, sin la autorización de la comunidad de propietarios, en la que se grababa las personas que transitaban y las almacenada en un ordenador y creaba un fichero de datos con esas imágenes al THINSTOCK grabarlas en un ordenador por lo que, según la Agencia Española, estaba realizando un tratamiento de datos sin su consentimiento, que está tipificado por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) como infracción leve. En este caso, estima el ponente, el magistrado Córdoba Castroverde, que el hecho de que la recurrente mantuviese una mala relación con sus vecinos y las razones que impulsaran a la instalación de esa cámara fuesen el intento de preservar su integridad frente a las amenazas y posibles agresiones de ciertos vecinos no puede ser tomado como una circunstancia que la exima de la responsabilidad administrativa. Sin embargo, sí estima el ponente que en este caso es posible aplicar la nueva figura introducida por la Disposición Adicional 56ª de la Ley 2/2011: el apercibimiento. Esta figura modifica el artículo 45 de la LOPD al establecer que excepcionalmente, el órgano sancionar podrá, previa audiencia de los interesados, no acordar la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras. Sin embargo, también resalta el magistrado, para la aplicación de esta figura es necesario la concurrencia de dos requisitos: que los hechos fueran constitutivos de infracción leve o grave, y que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad. Por ello, concluye, dados estos requisitos, es aplicable al caso concreto, dado que, además, concurren dos de la circunstancias previstas en el artículo 45.4 de la LOPD como son la ausencia de beneficios obtenidos y la falta de intencionalidad en la conducta de la recurrente. (AN, )

6 6 LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2011 EL ECONOMISTA [en portada] Objetivo:proteger al usuario de los bancos El Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas una Orden Ministerial que introduce nuevas obligaciones de información y transparencia para las entidades financieras, tanto para las condiciones, cobertura, tipos y plazos que se incluyen en los contratos. Se trata de evitar que los clientes desconozcan lo que firman. XAVIER GIL PECHARROMÁN Las asimetrías de información que existen entre las entidades financieras y sus clientes debido a las continuas innovaciones de los productos y de los mercados, no solamente ponen en riesgo a los inversores sino, además, a la globalidad del sistema financiero, puesto que quienes acceden a los últimos productos diseñados lo hacen sin un marco regulatorio que les proteja de posibles abusos. La actual crisis económica ha dejado patente la existencia de esta asimetría en operaciones tan generalizadas como las de los créditos con swaps, que han generado una jurisprudencia favorable al cliente, al considerar que se le ofreció un activo para el que no tenía preparación financiera suficiente. En esta línea de incremento de la transparencia y de la defensa de los derechos del usuario de los servicios financieros, la Dirección General del Tesoro Público ultima estos días un borrador de Orden en la que se establece que las entidades deberán informar de cualquier sistema de cobertura de tipo interés que se comercialice vinculado a un préstamo, detallando con mayor detalle este proceso, regulado ya en el artículo 19.2 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica. No obstante, quedan excluidos del ámbito de esta Orden los servicios de seguros y reaseguros. Según se determina en el Proyecto, las entidades financieras estarán obligadas a detallar y explicar la naturaleza del instrumento de cobertura, si se incluye la obligatoriedad del pago de una prima, y su importe; la existencia o no de la posibilidad de que las liquidaciones periódicas del instrumento, producto o sistema de cobertura puedan ser negativas; la fórmula de coste asociado a una cancelación anticipada, con referencia a distintos escenarios de tipos de interés, así como de otras características del instrumento, producto o sistema de cobertura que establezca el Banco de España. También deberán informar las entidades a sus clientes sobre la inclusión de un límite al alza del tipo de interés, si va acompañado o no de un límite a la baja, o por el contrario, si se trata de otro tipo de instrumento. En definitiva, las entidades de crédito deberán poner a disposición de sus clientes las comisiones actualizadas más habitualmente percibidas por los servicios prestados, en un formato unificado, conforme a los términos específicos que determinará también el Banco de España. Esta información incluirá, en todo caso, de manera sencilla y comparable, información relativa a los conceptos que devengan comisión, la periodicidad con que se aplican y el importe exacto de las mismas, tanto de manera desagregada por periodo en que se aplican como de manera agregada anual. Estará disponible esta información completa en todos los establecimientos comerciales de las entidades de crédito, en sus páginas electrónicas y en la página electrónica del Banco de España, y deberá ser puesta a disposición de los clientes, en cualquier momento y gratuitamente. Cuando una entidad de crédito tenga el derecho de modificar unilateralmente cualquier término de un contrato de servicio financiero o darlo por prorrogado automáticamente deberá comunicar al cliente, con una antelación no inferior a dos meses, los términos exactos de tal modificación o prórroga y los derechos de que, en su caso, goce el cliente en relación con las mismas. LA ENTIDAD EXPLICARÁ EN DETALLE EL SISTEMA DE COBERTURA QUE ACOMPAÑE AL CRÉDITO EL BANCO DE ESPAÑA DEBERÁ PUBLICAR UNA GUÍADEACCESOAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO Las entidades de crédito deberán facilitar a todo cliente explicaciones adecuadas y suficientes para comprender los términos esenciales de todo servicio financiero y adoptar una decisión informada, teniendo en cuenta sus necesidades y su situación financiera. Estas explicaciones comprenderán la aclaración del contenido de la información y comunicaciones, así como sobre las consecuencias que la celebración de un contrato de servicios financieros pueda tener. Las entidades no podrán en sus comunicaciones al cliente destacar ningún beneficio potencial del servicio ocultando expresamente los riesgos inherentes al mismo. LAOFERTAVINCULANTE Una vez el cliente y la entidad hayan mostrado su voluntad de contratar un determinado servicio financiero de préstamo hipotecario y se hayan efectuado la tasación del inmueble y, en su caso, las oportunas comprobaciones sobre su situación registral y sobre la capacidad financiera del cliente conforme a lo dispuesto en el artículo 16, este podrá solicitar a la entidad la entrega de una oferta vinculante. La oferta vinculante se facilitará mediante una Ficha de Información Personalizada (FIPER) en la que, adicionalmente, se especificará que se trata de una oferta vinculante, así como el plazo de vigencia de dicha oferta. Toda información adicional que la entidad facilite al cliente en la oferta vinculante figurará en un documento separado, que deberá adjuntarse a la FIPER. Una vez que el cliente haya facilitado la información que se precise sobre sus necesidades de financiación, su situación financiera y sus preferencias, las entidades proporcionarán a éste la información personalizada que resulte necesaria para comparar los préstamos disponibles en el mercado, valorar sus implicaciones y adoptar una decisión fundada sobre si debe o no suscribirlo. Salvo que medien circunstancias extraordinarias o no imputables a la entidad, la futura Orden prevé que la oferta vinculante tenga un plazo de validez no inferior a 14 días naturales desde su fecha de entrega. ACTUACIÓNDELOSNOTARIOS El Proyecto de Orden mandata al Banco de España a que elabore una Guía de Acceso al Préstamo Hipotecario, con el objeto de que quienes demanden este servicio financiero dispongan, con carácter previo a su formalización, de información adecuada para adoptar sus decisiones de financiación. También dispone que la guía deberá estar disponible en todos los establecimientos comerciales de las entidades, en sus páginas electrónicas y en la página electrónica del Banco de España, y deberá ser puesta a disposición de los clientes, en cualquier momento y con carácter gratuito. Cuando se establezcan límites a la variación del tipo de interés, como cláusulas suelo y techo, se adjuntará a la FIPER, en un documento separado, el tipo de interés mínimo y máximo a aplicar y la cuota de amortización máxima y mínima. En especial, deberán avisar al cliente cuando los límites máximos establecidos a la bajada y subida del tipo de interés aplicable superen el 40 por ciento del tipo de interés de referencia a aplicar en el momento de la contratación o si se establece sólo un límite máximo para la bajada del tipo de interés aplicable. Los notarios deberán comprobar si el cliente ha recibido de forma adecuada y con an-

7 EL ECONOMISTA LUNES, 29 DE AGOSTO DE telación suficiente la FIPER y si se plantean discrepancias entre las condiciones incluidas en la oferta vinculante y el contrato suscrito finalmente, e informar al cliente tanto de la obligación de la entidad de poner a su disposición la FIPER, como de aceptar las condiciones ofrecidas al cliente en la oferta vinculante dentro del plazo de su vigencia. Como ya está regulado en la actualidad, el contratante tendrá derecho a examinar el proyecto de documento contractual en el despacho del notario autorizante, con la antelación de tres días hábiles previos a su formalización ante el mismo. No obstante, la futura norma, que prohibe la renuncia de sus derechos al usuario de los servicios financieros, sí que mantiene que el cliente podrá renunciar expresamente, ante el notario autorizante, a este plazo siempre que el acto de otorgamiento de la escritura pública tenga lugar en la propia notaría. Las escrituras públicas en las que se formalicen los préstamos contendrán, debidamente separadas de las restantes, cláusulas financieras cuyo contenido mínimo se ajustará a la información personalizada prevista en la Ficha de Información Personalizada. Las demás cláusulas de tales documentos contractuales no podrán, en perjuicio del cliente, desvirtuar el contenido de aquéllas. En el caso de los tipos de interés variable deberán comprobar los fedatarios que el tipo de interés aplicable durante el período inicial sea inferior al que resultaría teóricamente de aplicar en dicho período inicial el tipo de interés variable pactado para períodos posteriores. Además, deberán vigilar que ninguna de las cláusulas no financieras del contrato impliquen para el cliente comisiones o gastos que debieran haberse incluido en las cláusulas financieras. En la hipoteca inversa deberán verificar la existencia del asesoramiento independiente obligatorio. En caso de que la formalización de la hipoteca inversa se realice en contra de la recomendación realizada por el asesoramiento independiente, se deberá advertir de este extremo al cliente. EL NOTARIO VERIFICARÁ EL ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE EN LA HIPOTECA INVERSA EL ASESORAMIENTO COBRADO IMPLICARÁ LA ACTUACIÓN EN EL MEJOR INTERÉS DEL CLIENTE ÍNDICESDEREFERENCIA Los préstamos a interés variable que empleen índices o tipos de referencia que hasta la entrada en vigor de esta orden se publicaban con carácter oficial, continuarán siendo considerados aptos hasta transcurrido un año de la entrada en vigor de esta Orden Ministerial. Estos tipos, que dejarán de emplearse, son el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los bancos; el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros y el tipo activo de referencia de las cajas de ahorros. Si la moneda del préstamo no es el euro, la entidad estará obligada a utilizar ejemplos numéricos que indiquen claramente de qué modo los cambios en el pertinente tipo de cambio afectarán al importe de las cuotas. Estos ejemplos de variación del tipo de cambio serán realistas y simétricos, y ofrecerán siempre información sobre los efectos de supuestos desfavorables. En particular, se les obliga incluir la información de la variación experimentada por el tipo de cambio de referencia durante los últimos dos años en términos de la diferencia entre el valor máximo y el mínimo alcanzado en dicho período y sus efectos sobre la cuota hipotecaria; los valores máximo y mínimo alcanzados por dicho tipo durante los últimos diez años y las fechas en que tales valores se alcanzaron; y sobre el importe de la cuota que resultaría de calcularla con dichos tipos mínimo y máximo o, si los hubiera, con los límites a la baja y al alza que se establecieran para el préstamo. Cuando la moneda utilizada para el pago de las cuotas difiera de la moneda del préstamo, se indicará con claridad el tipo de cambio que vaya a aplicarse. Dicha indicación incluirá el nombre del organismo encargado de publicar el tipo de cambio aplicable y el momento de cálculo de éste. LASOLVENCIADELCLIENTE Las entidades financieras tienen la obligación de evaluar la solvencia del cliente que les solicita un servicio financiero para lo que la Orden regula que, entre otras medidas, se debe estimar el importe de los ingresos a percibir tras la jubilación en el caso de que se continúe reembolsando el crédito o préstamo una vez finalizada la vida laboral. También, en el caso de créditos o préstamos hipotecarios o con otras garantías reales, la valoración prudente de las mismas mediante procedimientos que eviten influencias o conflictos de interés que puedan menoscabar la calidad de la valoración. Cuando estos créditos o préstamos contengan garantía real, los criterios para determinar la concesión o no del crédito o préstamo, la cuantía máxima del mismo y las características de su sistema de amortización deben fundamentarse en la capacidad del cliente para hacer frente a sus obligaciones de pago, y no en el valor esperado de la garantía. Las entidades que concedan préstamos a constructores y a promotores inmobiliarios, cuando éstos prevean una posterior sustitución por los adquirentes de las viviendas en el préstamo, deberán: incluir entre los términos de su acuerdo, la obligación de los constructores o promotores de entregar a los clientes la información personalizada relativa al servicio ofrecido por las entidades en los términos previstos en esta orden; y, proporcionar a los constructores o promotores la información personalizada anterior. La prestación de un servicio de asesoramiento cobrado implicará la obligación de las entidades de actuar en el mejor interés del cliente, basándose en un análisis objetivo y amplio de los servicios financieros disponibles en el mercado, y considerando tanto la situación personal y financiera del cliente, como sus preferencias y objetivos. SERVICIOSTELEMÁTICOS Antes de la prestación de un servicio financiero, se deberá indicar mediante un mensaje claro, perfectamente perceptible y gratuito, la comisión a aplicar en cualquier concepto. Una vez proporcionada dicha información, se ofrecerá al cliente, de forma gratuita, la posibilidad de desistir de la operación solicitada. Cuando el servicio financiero vaya a ser prestado a través de un cajero automático y la entidad emisora del medio de pago sea diferente de la titular del mismo, se podrá sustituir la información prevista en el párrafo anterior por el valor máximo de la comisión y demás gastos adicionales a que pueda quedar sujeta la operación solicitada. En este supuesto, deberá informarse de que el importe finalmente cargado podrá ser inferior, dependiendo, en su caso, de las condiciones estipuladas en el contrato celebrado entre el cliente y la entidad emisora. En servicios financieros prestados a través de un medio de comunicación a distancia o de un cajero automático, en lugar visible, figurará un número de teléfono [gratuito] para incidencias, al que se podrá acudir en el caso de que se produzcan problemas en la prestación de los servicios. Sobre la información de tipos de interés se incluirá, de manera sencilla y comparable, información relativa a la tasa anual equivalente (TAE) u otra expresión equivalente de la operación. La información unificada sobre tipos de interés, que elaborará el Banco de España, estará disponible en todos los establecimientos comerciales de las entidades de crédito, en sus páginas electrónicas y en la página electrónica del Banco de España, y deberá ser puesta a disposición de los clientes, en cualquier momento y gratuitamente. HIPOTECAINVERSA Las entidades financieras deberán advertir a sus clientes en el caso de solicitud de hipotecas inversas de que los abonos que se percibirán pueden tener un límite temporal y, por tanto no son vitalicios, haciendo constar en estos casos en la Ficha de Información Personalizada para Hipotecas Inversas (FI- PER) la fecha de conclusión. También, cuando sea el caso, en el caso de que los tipos sean variables, se habrá de informar de que el tipo de interés e mantendrá fijo durante toda la vigencia del préstamo y que cuenta con límites en sus máximos y mínimos y con gastos (notariales, seguros, etc.) y los correspondientes tributos. Y, finalmente, que la vivienda puede ser embargada si se efectúa el reembolso del préstamo en la fecha indicada en el contrato del préstamo. BELÉN ESPEJO

8 8 LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2011 EL ECONOMISTA [con solvencia jurídica] Aleja tus sucias manosdemiiva POR CARLOS NIETO DELGADO TITULAR DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE MADRID EL GOBIERNO QUIERE IMPEDIR QUE EL IVA DEVENGADO POR VENTA DE INMUEBLES NUEVOS SE DESTINE A ATENDER OTROS CRÉDITOS Una información reciente publicada por la prensa económica se ha hecho eco hace pocos días de la intención del actual Gobierno de dictar un Decreto-ley con la finalidad de impedir que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) devengado por la venta de inmuebles de nueva construcción por parte de empresas en concurso y que se ingresa en la masa activa pueda ser destinado a la atención de otros créditos contra la masa que tengan fecha de devengo anterior. La práctica pretendidamente perniciosa que se intenta atajar es la siguiente: una constructora en concurso transmite a terceros la titularidad de un inmueble. En la constelación más frecuente, mediante dación en pago a una entidad financiera, que a su vez tenía constituida garantía real sobre el bien. Ello determina la emisión de una factura con IVA que el comprador abona al concursado, debiendo éste liquidar el Impuesto sobre el Valor Añadido con la Administración tributaria. El problema es que, una vez ingresado el IVA en la masa activa, el derecho de la Administración tributaria a la percepción del mismo es un crédito contra la masa más, que queda sujeto a las reglas del artículo 154 de la Ley Concursal (LC) en orden a su cobro (principio del devengo). Ello supone que, en caso de existir otros créditos contra la masa sin saldar con fecha de devengo anterior, como por ejemplo los salarios de trabajadores posteriores a la declaración de concurso, los suministros de proveedores durante la situación de concurso o incluso los propios honorarios de la Administración concursal, ésta última obraría conforme a Derecho si dedicase los nuevos aportes de Tesorería resultantes del Impuesto sobre el Valor Añadido ingresado a la atención de dichos pagos. B.ESPEJO Nada erróneo o ilícito se advierte en la situación anterior, como ha confirmado, entre otras, una impecable resolución dictada por el titular del Juzgado Mercantil de Granada Blas Alberto González Navarro, en fecha 28 de octubre de El auto, de obligada lectura, efectúa además interesantes reflexiones en torno a las particularidades del devengo del IVA en las transmisiones derivadas de una ejecución hipotecaria, que justamente era el caso enjuiciado. A fortiori, cuando la dación de pago se lleva a efecto en el marco de las operaciones de liquidación o la transmisión se articula por vía de venta urgente en fase común, no hay razón que impida la solución que en dicho auto con todo acierto se señala: conforme a la regla del devengo por vencimiento que establece el artículo de la Ley Concursal, la inyección económica que recibe la concursada habrá de ser destinada al pago de los créditos contra la masa anteriores, tras lo cual deberá atenderse este nuevo crédito prededucible. En reiteradas ocasiones hemos manifestado el profundo respeto que nos infunde la defensa del crédito público. Nadie debería olvidar que la preservación de los ingresos del Estado es la mejor garantía del mantenimiento de los servicios públicos y las pensiones. Dicho esto, los reiterados intentos de las distintas Administraciones tributarias de interpretar la normativa concursal relativa al rango y prelación de sus créditos pro domo sua no han hallado acogida especialmente favorable ante los Tribunales (véanse las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009, 1 de septiembre de 2009, 20 de septiembre de 2009, 26 y 30 de septiembre de 2010). No se había producido hasta la fecha una reacción del Ejecutivo frente a ninguna de las mencionadas resoluciones en el sentido de apresurarse a dictar un Decreto-ley imponiendo velis nolis la doctrina contraria a la resultante de la interpretación judicial y es poco explicable que esa sea la vía ahora elegida. De entrada, las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justificarían recurrir a un Decreto-ley a duras penas se vislumbran. En esta materia, no ha sobrevenido ningún cambio de circunstancias con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/2003, habiendo sido quizás la única novedad el planteamiento de la cuestión en vía judicial al objeto de que se clarificase una cuestión que pacíficamente ya venía siendo resuelta así desde hace años. Por otra parte, en los últimos meses se ha venido tramitando con extraordinaria celeridad una reforma de gran calado de la Ley Concursal, habiéndose podido introducir el cambio normativo pretendido en el Proyecto de Ley o bien en el trámite de enmiendas. Parece un contrasentido silenciar la cuestión en la reforma (sustrayéndola al debate público y a la contradicción de otras fuerzas políticas) e introducirla paralelamente con urgencia a través de un Decreto-ley. Sin embargo, prescindiendo de los anteriores razonamientos formales, el cambio legal que se pretende nos parece igualmente desacertado. La situación concursal acostumbra a producir casos de aparente injusticia: después de todo, el concurso es una comunidad de pérdidas, así que tarde o temprano alguien debe resultar perjudicado (y al final deberían resultarlo todos por igual). La situación que afecta en este caso a la Hacienda Pública en la constelación de casos planteada no parece muy distinta de la del proveedor de una empresa en concurso dedicada a la comercialización de cualquier producto, que puede ver como el fruto de la venta de las mercancías que suministra no se destina a pagarle sino a atender otros créditos contra la masa de devengo anterior. Que el Gobierno pretenda proteger la posición de la Administración con un Decreto-ley (una reacción primaria, que suena a algo así como aleja tus sucias manos de mi IVA ) evoca conceptos como el de superprivilegio o derecho de separación del crédito público al gusto de otras épocas, por suerte ya superadas. La reseña del Consejo de Ministros del viernes 19 de agosto, en que se aludía a diversas modificaciones fiscales por Decreto-ley y, en concreto, a una reducción del IVA por la venta de viviendas nos hacía temer que el propósito anunciado pudiera haberse ya materializado, escondido entre la maraña de disposiciones adicionales que acostumbran a adornar esta categoría de normas. Tras una primera lectura del Real Decreto-ley 9/2011 advertimos que, por lo menos en esta ocasión, el cambio anunciado no se ha llevado a efecto. Dada la proximidad del final de la presente Legislatura se ignora si una medida semejante podrá finalmente implementarse, lo cual se nos antoja una preocupación menor ante la incertidumbre existente sobre la propia reforma concursal y sobre la conclusión de otros cambios normativos en el ámbito de la justicia (agilización procesal, tribunales de instancia, etc.). Por muy acuciante que sea la situación de las arcas públicas y muy apremiante que sea la necesidad de cumplir los objetivos de déficit fijados a nivel europeo incrementando los ingresos del Estado, creemos que una medida semejante no supondría más que añadir nuevas reglas extravagantes al marco legal de las insolvencias, sin entrar a valorar otras posibles contradicciones normativas y axiológicas de mayor alcance.

9 EL ECONOMISTA LUNES, 29 DE AGOSTO DE [el reportaje] Las dudas actuales sobre la responsabilidad social La actual Ley de Sociedades de Capital introdujo importantes novedades sobre la responsabilidad de los administradores sociales. Sin embargo, su posterior modificación por la Ley 25/2011 ha venido a plantear nuevas dudas sobre este problemático régimen que aún tendrán que resolver los tribunales, sobre todo, en materia de obligaciones para los casos de insolvencia y concursos de sus empresas. MERCEDES H. GAYO Hace casi un año que entró en vigor la nueva Ley de Sociedades de Capital (LSC), con la que se pretendía homogeneizar, entre otras materias, el régimen de responsabilidad de los administradores en el ámbito societario. Todo un reto máxime si tenemos en cuenta que este ámbito se encuentra disperso entre otras muchas normativas: así, la Ley Concursal, la Ley de Transparencia o la Ley de Mercados de Valores son sólo algunas de las leyes que incluyen disposiciones sobre esta materia. Este complejo sistema normativo dificulta una visión global del mismo y plantea dudas sobre la aplicación del régimen. Por ello, resulta fundamental la jurisprudencia que, en este ámbito, han ido dictando los tribunales, y muy especialmente, el Tribunal Supremo. BELÉN ESPEJO QUEDA POR FIJAR SI SERÁ EL REPRESENTANTE FÍSICO QUIEN ASUMA LA RESPONSABILIDAD UNA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO FIJA COMO OBJETIVA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL NOVEDADESENELRÉGIMEN Una de las principales novedades incluidas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, es la consagración del principio de que el administrador social de una empresa puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. Sin embargo, se ha introducido un matiz por medio de la Ley 25/2011, de 1 de agosto, que plantea algunos problemas y es que en caso de ser nombrado administrador una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una sola persona natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo. Este matiz plantea dudas sobre si la responsabilidad por la actuación dolosa del administrador recae sobre la sociedad que ostenta el cargo de administrador o sobre su representante persona física. La jurisprudencia en su mayoría defendía la primera de las opciones: era la persona jurídica quien respondía en caso de culpabilidad. Sin embargo, este punto no está tan claro, máxime si tenemos en cuenta que se ha suprimido de la reforma el párrafo que extendía a la persona física representante el régimen de responsabilidad o, lo que es lo mismo, que establecía la responsabilidad solidaria entre ambos. Así pues, serán ahora los tribunales quienes deberán sentenciar sobre la intención del legislador y fijar definitivamente la responsabilidad que afectará a la persona física. Otra de las dudas planteadas por la nueva LSC es la introducción de la definición de los administradores como aquellos que sean tanto de derecho como de hecho. Así lo dispone el artículo 236 que establece que los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales. Sin embargo, qué se entiende por administrador de hecho? Una vez más tendrá que ser la jurisprudencia quien fije los requisitos para tal condición, si bien ya hay algún antecedente como el de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de cuatro de marzo de 2011, que consideró que un apoderado podría ser considerado administrador de hecho si era quien materialmente tomaba las decisiones dentro de la sociedad, ejerciendo en realidad un poder de dirección y gestión similar al de un administrador. DOSTIPOSDERESPONSABILIDADES El modelo legal de responsabilidad de los administradores diseñado por la Ley de Sociedades de Capital plantea dos modelos: la responsabilidad por daños causados por el simple incumplimiento de los deberes; y, en segundo lugar, el producido por la disolución. El primer supuesto no genera especialmente problemas, salvo las novedades introducidas por la posibilidad de que la acción contra los administradores puedan interponerla no sólo la propia sociedad o los socios, sino también los acreedores de la misma. Además, también introduce la Ley en su artículo 237 la responsabilidad social solidaria de todos los miembros del órgano de administración. Una novedad en estos supuestos es, sin embargo, el introducido por la prohibición de los administradores de aprovechar oportunidades de negocio una vez cesados. Previsto en el artículo 228, falta por ver cómo la jurisprudencia determinará cuándo se ha tenido conocimiento con ocasión del ejercicio del cargo. Es sin embargo en los casos de disolución y concurso de la sociedad donde se generan las principales dificultades para determinar la responsabilidad de los administradores. Entre las novedades destaca la previsión de que para todas las sociedades de capital, salvo disposición estatutaria en contra o nombramiento ad hoc de liquidadores, los administradores se conviertan en liquidadores una vez adoptado el acuerdo de disolución, salvo que la disolución derive de la apertura de la fase de liquidación de una sociedad en concurso (artículo 376 LSC). Sin embargo, mayor importancia tiene el artículo 367 que establece la responsabilidad solidaria de los administradores para aquellos casos en que, posteriores el acaecimientos de la causa legal de disolución, los administradores no hayan cumplido con la obligación de convocar la junta en el plazo de dos meses, o el concurso de la sociedad. A este respecto, dos importantes sentencias han marcado las líneas jurisprudenciales en las que parece que se moverá el Tribunal Supremo. La primera de ellas es del 30 de junio de 2010 en la se estudia la responsabilidad en aquellos casos en que concurran simultáneamente las pérdidas constitutivas de causa de disolución y el estado de insolvencia de la sociedad. En este caso, el ponente, el magistrado Gimeno Bayón, estableció que cuando concurre la conducta negligente prevista por la norma y los administradores han incurrido en la responsabilidad prevista, la solicitud de concurso voluntario no opera como causa de exención de la responsabilidad a modo de excusa absolutoria, debiendo haber cumplido con su deber de instar el concurso. Además, la aún más reciente sentencia del 30 de febrero de 2011 ha determinado qué tipo de responsabilidad es la de los administradores, fijando que se trata de una responsabilidad de tipo objetivo, lo que implica que no se exigirá un nexo causal entre la conducta de los administradores y el daño, sino que bastará que se dé un supuesto objetivo para que se presuma su responsabilidad. De igual forma, también establece la responsabilidad solidaria entre un administrador de hecho y otro de derecho. Sin embargo, estas dos resoluciones marcan un camino que aún tendrán que confirmar posteriores sentencias que dejen fijada la responsabilidad de los administradores.

10 10 LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2011 EL ECONOMISTA [al día] Los españoles ponen nota a Hacienda El cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos, la relación entre los impuestos pagados por el contribuyente y la oferta pública del Estado, o la imagen corporativa de Hacienda, son algunos de los aspectos analizados en el último Informe sobre opiniones y actitudes fiscales de los españoles, referente al ejercicio del pasado LUCÍA SICRE Los contribuyentes españoles no mejoran en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. O, al menos, así lo estiman los propios ciudadanos: la mayor parte de ellos -en total, un 57 por ciento- está convencido de que el grado de cumplimiento fiscal no es mejor hoy que hace una década, frente a un 43 por ciento que cree que el grado de compromiso ha aumentado. La opinión pública ha sido más optimista durante el último año, pero poco. Es una de las conclusiones extraídas del último Informe sobre opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2010, publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, en el que se recoge la opinión de los ciudadanos sobre aspectos como la relación entre los impuestos y la oferta pública de servicios y prestaciones, el comportamiento de los contribuyentes de cara al cumplimiento de sus obligaciones fiscales o la imagen corporativa de la Hacienda Pública. Además, el estudio abarca aspectos relacionados con la financiación local. MENOSCUMPLIMIENTOFISCAL Las opiniones vertidas en cuanto al cumplimiento fiscal no han hecho sino empeorar desde 1998, aunque con algunos repuntes: en aquel año un 86 por ciento de la población estaba de acuerdo en que el cumplimiento mejoraba, tendencia que ha ido decayendo, si bien el pasado año la opinión sobre este aspecto fue aun peor que en el 2010: en 2009, el 39 por ciento mantuvo una visión negativa sobre la evolución del cumplimiento con las obligaciones fiscales, frente al actual 43 por ciento. Para superar este escaso cumplimiento, hay ciertos puntos que, para los encuestados -en total, el estudio se basa en entrevistas-, garantizan el efectivo cumplimiento de los contribuyentes. Así, las retenciones salariales, el control ejercido por la Inspección de Hacienda y la moral fiscal o conciencia cívica de los contribuyentes (por ese orden) son los tres pilares clave para sujetar mejor al contribuyente. La estadística revela que el principal factor de control es la retención de parte del sueldo, al atribuírsele a este parámetro un grado de influencia de 3.1 puntos en una escala del 1 al 4. Se trata de una opinión que se ha mantenido constante durante los últimos años, con alguna que otra escasa variación. Y es que, en general, siempre se considera más relevante la obligación impuesta por la Administración -de la que el trabajador no puede escapar-, que el temor a una Inspección o que, por supuesto, la influencia de la propia moral del contribuyente, considerada siempre como el factor menos influyente para los encuestados. Sólo en el año 2000 se consideró más importante la labor de inspección de Hacienda que las propias retenciones. GONZ SE APRECIA QUE FRAUDE Y CUMPLIMIENTO SON NO LAS DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA EMPRESARIOS, PROFESIONES LIBERALES Y AUTÓNOMOS, LOS QUE MÁS DEFRAUDAN MÁSFRAUDEQUEINCUMPLIMIENTO En cuanto al fraude fiscal -los ciudadanos parecen entender por fraude un incumplimiento fiscal de mayor gravedad-, la opinión pública es más estricta: un 72 por ciento está convencido de que ha aumentado en los últimos diez años, frente al 28 por ciento que ve una evolución en positivo de este parámetro. Se constata, sin embargo, que las opiniones sobre este punto son algo dubitativas. Tras un incremento progresivo y constante de la percepción de disminución del fraude, que se mantuvo entre los años 1995 y 1999, llega un periodo que comienza en 2001 y que vuelve a las posiciones negativas, alcanzándose en 2009, con la llegada de la crisis, en los niveles más bajos de la serie. En 2010, sin embargo, parece sentarse una leve tendencia alcista. De la comparación de las estadísticas sobre cumplimiento fiscal y fraude se percibe una pauta algo contradictoria, como si la ciudadanía no percibiera que cumplimiento y fraude son las dos caras de una misma moneda. Ambos parámetros se encuentran lejos de coincidir a nivel de esta estadística, aunque también se comprueba que los dos puntos se acercan cada vez más, lo que podría sugerir que la tradicional percepción contradictoria en relación con el cumplimiento fiscal podría estar desvaneciéndose, a costa de una tendencia a la baja en la percepción de mejora del cumplimiento fiscal, y de un mayor pesimismo en cuanto a la disminución del fraude. Sin embargo, aunque persisten los engaños a Hacienda, e incluso los casos de notorio incumplimiento fiscal, los ciudadanos creen que, en general, el pago de los impuestos se realiza de un modo bastante correcto (59 por ciento) frente a los que opinan que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes españoles (un 41 por ciento). Sobre este punto hay un pesimismo mayor entre los empresarios, mientras que en el sector de los inactivos, la idea de la corrección frente al fraude generalizado está en una proporción algo superior al resto de colectivos. QUIÉNESDEFRAUDAN? Si los propios empresarios son negativos en cuanto al grado de fraude, la misma percepción mantienen el conjunto de ciudadanos sobre la gestión fiscal de este concreto sector. La encuesta revela que el colectivo de empresarios es, con diferencia, el peor valorado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias: lo opina un 40 por ciento del total. Le siguen, aunque de lejos, quienes ejercen profesiones liberales (el 19 por ciento cree que son los que más defraudan) y los autónomos (11 por ciento). Destaca además la mención espontánea por parte de los encuestados a categorías que no aparecen en el estudio y que se han clasificado como otros genéricamente, pero que abarcan sectores como la construcción, las

11 EL ECONOMISTA LUNES, 29 DE AGOSTO DE mafias, los políticos, los extranjeros, los inmigrantes, la banca, los famosos, las bajas por enfermedad, los parados o los funcionarios. Además, aquellos colectivos a quienes se atribuye una conducta más deshonesta, por otro lado, también entonan el mea culpa: entre los empresarios, más de una cuarta parte de ellos opina que su colectivo es el que más defrauda. Una proporción que se eleva considerablemente en el caso de los demás segmentos. Los inactivos y los asalariados son los más críticos con las empresas (54 y 42 por ciento respectivamente). La falta de honradez y conciencia cívica es, por otro lado, la principal causa de fraude fiscal en nuestro país -lo cree así un 28 por ciento-, si bien hay otros motivos: una excesiva carga impositiva (19 por ciento), o una ineficaz lucha contra el fraude (18 por ciento) son otras de las principales causas. En general, las causas morales son las más alegadas por los encuestados, y a ellas le siguen las causas económicas (presión fiscal excesiva o necesidad de trampear para salir adelante). La culpa administrativa (impunidad de los grandes defraudadores e ineficaz lucha contra el fraude) es el tercer motivo. Por último, el 63 por ciento de los entrevistados no encuentra justificación alguna al fraude fiscal, mientras un 37 por ciento justifica de algún modo la conducta defraudadora: son las circunstancias las que obligan a defraudar (28 por ciento), mientras que para un 9 por ciento no normal es evadir los impuestos. LAOFERTAPÚBLICAAPRUEBA El estudio se centra, además, en analizar la percepción que los ciudadanos tienen con respecto a la oferta pública que obtienen del pago de sus impuestos. Una opinión que concede a la Administración un aprobado raspado, teniendo en cuenta que la nota media es de un 2,7 sobre cuatro puntos. Sin embargo, la distribución por servicios o prestaciones no se reparte de forma igualitaria. La dotación de infraestructuras y los servicios sociales son los sectores que más contentos tienen a los contribuyentes, que les dan una nota de 2.9 puntos a cada uno. Le siguen la sanidad, la educación y los transportes (todos con un 2,8) y suspenden, aunque por poco, las pensiones de enfermedad e invalidez y el seguro de desempleo (2,4 puntos). Las pensiones de jubilación se quedan en el centro, con 2,5 puntos. De la estadística se desprende, además, que la oferta pública de servicios y prestaciones tiene que mejorar (2,8) porque parece haberse estancado en los últimos cinco años (2,5). Pero, sobre todo, destaca el hecho de que la opinión pública da un suspenso a la relación entre presión fiscal y oferta pública, y también a la contribución a la redistribución de la riqueza (2,4 en los dos casos). Por todo ello, no justifica el pago de impuestos. Sin embargo, también se matiza que los abusos de usuarios de los servicios públicos o de los beneficiarios de prestaciones sociales son, en parte, responsables de esta situación (2,6), aunque dicha responsabilidad recae especialmente en la propia Administración, que no gestiona la oferta pública de servicios y prestaciones de manera correcta (2,2). Por último, aunque ningún servicio público se considera inútil o innecesario, la iniciativa privada suscita aún más dudas para los encuestados, tanto en lo referente a la gestión como en lo relativo a la financiación de los diferentes servicios y prestaciones (1,6 en ambos supuestos). Esta tendencia, además, se ha venido consolidando con el tiempo: cada vez menos personas optan por la financiación y la gestión privada, opinión negativa que, paradójicamente, ha crecido durante los años de crisis. La sanidad es, además, el servicio con mayor margen de mejora, al que le siguen las infraestructuras. LA BUENAPRENSA DEHACIENDA Hacienda es una institución necesaria, y así lo opina un 88 por ciento de la población. En la misma línea, el 81 por ciento cree que no viviríamos mejor sin impuestos, lo que implica que la función social de esta institución está muy consolidada entre los ciudadanos. Lo mismo se deriva de la valoración de los diferentes servicios ofrecidos por la Agencia Tributaria, cuyo paradigma es la comunicación de datos fiscales: el 75,3 por ciento lo considera un servicio bueno o muy bueno. El borrador del IRPF también es muy valorado, con un 70,4 por ciento, y le sigue la atención presencial en las oficinas de la AEAT. Mientras, otros como la firma electrónica y la página web de la Agencia Tributaria son menos valorados, en parte debido a su menor conocimiento: alrededor de la mitad confiesa no conocer estos servicios o no utilizarlos, y los que mayores tasas de no respuesta obtienen. En concreto, 6 de cada 10 españoles no utilizan o no conocen la posibilidad de firma electrónica, y la mitad de los encuestados desconoce o no accede a la página web de Hacienda. El servicio más modesto, en opinión de los encuestados, es el de los números de teléfono de atención al contribuyente: aunque el porcentaje de ciudadanos que lo considera bueno o muy bueno es del 78 por ciento, se trata del menos valorado, por lo que un 22 por ciento estima que se trata de un servicio malo o muy malo. Ello no significa que este servicio suspenda: en general, todos ellos obtienen, según la encuesta, una nota igual o superior a los 3 puntos sobre 4. Sí que obtienen una mala nota los funcionarios, al menos en cuanto a su empatía, que 37 POR CIENTO DE LOS ENCUESTADOS SE MUESTRA UN A FAVOR DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL HACIENDA SUSPENDE EN LA RELACIÓN PRESIÓN FISCAL-OFERTA PÚBLICA, SEGÚN LA ENCUESTA es valorada por los encuestados con 3.9 puntos sobre 8. Sin embargo, sí está bien valorado su grado de corrección (5 puntos), su capacitación (5 puntos) y su imparcialidad (aunque algo menos, con 4,6 puntos). El estudio desvela, además, que en genera, los asalariados son los que tienen en mejor consideración a los trabajadores de la Agencia Tributaria, otorgándoles puntuaciones relativamente superiores a la media global, y bastante por encima del punto medio de la escala en todos los atributos. Los empresarios y, en menor medida, los profesionales, son quienes, en términos generales, se muestran algo más críticos con la empatía de los funcionarios de la Agencia Tributaria. AYUDAPARADECLARAR La estadística se centra también en los usos de los ciudadanos a la hora de presentar su declaración. Es minoritaria la proporción de contribuyentes que cumplimentan por sí mismos declaraciones tributarias, recurriendo la mayoría a distintas modalidades de ayuda externa. En este sentido, la ayuda profesional es la más utilizada, ya sea bajo precio o de forma gratuita: los ciudadanos confían menos en pedir a conocidos, familiares o amigos que les echen una mano con el papeleo. Por ello, asesores fiscales y gestores siguen siendo los más solicitados, con una importante tendencia alcista en los últimos cuatro años, en detrimento de la ayuda profesional gratuita, que no consigue mantener las cotas logradas en los años 2007 y Entre estos servicios gratuitos destacan los propios servicios de la Agencia Tributaria, que se sitúan por delante de los ofrecidos por entidades financieras. Colegios profesionales, sindicatos y otras entidades tuvieron en 2010 una posición casi marginal.

12 12 LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2011 EL ECONOMISTA [a fondo] El concurso de persona física: una institución ineficaz en el actual marco legal Durante el primer trimestre de 2011 se han presentado más de 300 concursos de persona física, una institución que, sin embargo, no tiene una suficiente regulación en nuestra normativa lo que la convierte en fuentes de problemas. Por ello, al hilo de la actual reforma en trámite, sería necesario que fuese objeto de una norma específica. POR JUAN NAVARRO ROURA SOCIO DE ADVISORIA- ADMINISTRADOR CONCURSAL. La regulación del concurso de persona física, ya sea con o sin actividad empresarial, en la legislación concursal vigente es insuficiente e ineficaz, especialmente en los casos de liquidación, es decir, aproximadamente en el 90 por ciento de estos concursos. Aunque parezca que sea un proceso infrecuente, no es así. Así, durante el año 2010 en toda España, se presentaron 905 concursos de persona física sin actividad empresarial y 245 concursos de persona física con actividad empresarial y, durante el primer trimestre de 2011, 251 concursos de persona física sin actividad empresarial y 72 concursos de persona física con actividad empresarial. Los datos son suficientemente significativos. Precisamente, en estos momentos, se está tramitando en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Reforma de la Ley Concursal, el cual no contiene una regulación autónoma e independiente del concurso de personas físicas. Por este motivo, algún colectivo profesional ha propuesto enmiendas al citado proyecto de ley, en el sentido de que este tipo de procesos tenga una regulación específica fuera de la Ley Concursal. En este artículo nos centraremos en el concurso de persona física sin actividad empresarial, partiendo de un supuesto que se da habitualmente en los concursos y que consiste en la declaración de un matrimonio sobreendeudado con ingresos insuficientes para atender los pagos. Ante tal situación los principales problemas, de menor a mayor complejidad, que se plantean en la práctica forense, y que deberían ser objeto de regulación específica, serían la acumulación de concursos, el hecho que el concurso de persona física no paraliza la ejecución hipotecaria y la subsistencia de la responsabilidad patrimonial del deudor por las deudas no satisfechas dentro del proceso concursal. En primer lugar, en lo que se refiere a la acumulación de concursos, a pesar de que se inste el concurso de ambos cónyuges, inicialmente deben presentarse dos concursos separados, uno para cada cónyuge, puesto que no todos los juzgados mercantiles admiten la acumulación inicial. Esto se produce por el hecho de que la presentación unificada de concurso por parte de cónyuges no está prevista así, expresamente, por la Ley Concursal. La actual regulación legal sólo permite que, una vez declarado el concurso de ambos cónyuges, la administración concursal pueda so- licitar la acumulación. Este escollo, parece que va a solventarse si se aprueba el proyecto de reforma de la Ley concursal que se está tramitando ante el Congreso, puesto que el texto propuesto permitirá solicitar conjuntamente la declaración de concurso a aquellos deudores que sean cónyuges. En segundo lugar, cuando el concurso de persona física no paraliza la ejecución hipotecaria, se puede detectar otra de los problemas vinculados al inicio de un proceso concursal de personas físicas. En muchos casos se da la paradoja de que la mayoría de este tipo de concursos se presenta para salvar la vivienda familiar y lo más habitual es que se queden sin la vivienda y respondiendo de la parte de la deuda no cubierta con la enajenación del inmueble. La única excepción a la anterior regla es que la vivienda familiar estuviera afecta a una actividad profesional, en cuyo caso sólo LA ACTUAL LEY PENALIZA ALAPERSONAFÍSICACON UNA RESPONSABILIDAD DINERARIA SINE DIE ESTA SITUACIÓN HA PROVOCADO QUE EN LA PRÁCTICA, ALGUNOS EXPEDIENTE SE ETERNICEN podría paralizarse una ejecución hipotecaria, en los términos temporales establecidos en la ley. En tercer lugar y, por último, el problema más importante y, que conduce a situacio- GETTY nes realmente kafkianas, es la subsistencia de la responsabilidad patrimonial del deudor por las deudas no satisfechas dentro del proceso concursal, fruto del principio de responsabilidad universal del deudor consagrado en el artículo del Código Civil que no es mitigado ni atemperado por la Ley Concursal. Dicen que un ejemplo vale más que mil palabras, veámoslo pues con un ejemplo práctico: el Señor A debe euros y tiene una vivienda valorada a precio actual en euros, cuando presenta concurso. En fase de liquidación, la vivienda se vende por euros. Pues bien, el Señor A seguirá siendo responsable del pago de los euros no pagados a los acreedores dentro del concurso. La situación es realmente surrealista, puesto que en el concurso de sociedades mercantiles, cuando se abre la fase de liquidación, el proceso concluye con la extinción de la sociedad y, en consecuencia, de todas las deudas de la compañía no satisfechas con los activos realizados en el concurso. Como contraposición, y como hemos expuesto en el ejemplo práctico, en el caso de personas físicas que, salvo casos excepcionales, están en una posición de inferioridad y mayor desprotección que una sociedad, puesto que en la mayoría de los casos se trata de consumidores, la regulación actual les penaliza con una responsabilidad dineraria sine die de las deudas no satisfechas en el concurso. Esta situación, traducida en la práctica forense, ha provocado que algunos expedientes concursales se eternicen, puesto que mientras el concursado tenga ingresos, aplicando una interpretación literal de la ley vigente, el concurso debe mantenerse abierto y aplicarlos al pago de las deudas concursales. La detección de esta situación problemática ha conllevado que el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona haya dictado una resolución pionera, que comparto totalmente, encauzada a mitigar el principio de responsabilidad universal del deudor. Esta sentencia permite que al darse una serie de circunstancias excepcionales un matrimonio de pensionistas, que propone convenio sin lograr quórum, en fase de liquidación se vende la vivienda familiar que permitió el pago de todo el crédito privilegiado y contra la masa, así como un porcentaje elevado de los ordinarios se extinguiera la parte de crédito ordinario no satisfecho y archivar el concurso. Queda pues en el aire cómo finalizará la regulación de esta institución concursal en el proyecto de reforma de la Ley en trámite. Todo apunta que será ésta la gran oportunidad para dar una reglamentación eficaz a este tipo de proceso, abogo para que no se convierta en una oportunidad perdida.

13 EL ECONOMISTA LUNES, 29 DE AGOSTO DE [resoluciones administrativas] LALIQUIDACIÓNNO ALTERA EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN SOCIAL La atribución en exclusiva a los liquidadores de una sociedad no supone la extinción de los poderes voluntarios conferidos a quien anteriormente ostentaba el poder. Así se estima en esta resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) que resuelve el caso planteado por el apoderado de una sociedad que se encuentra en estado de liquidación y que comparece ante el Registro Mercantil al efecto de proceder a la compraventa de un inmueble propiedad de la sociedad que representa. Sin embargo, el registrador rechaza la inscripción porque, a su juicio, la disolución de la sociedad provoca la ineficacia de los poderes anteriormente conferidos. Estima la DGRN que el poder de representación se mide por el intuitus personae, de forma que si no existe una causa legal de extinción del poder sólo la voluntad del poderante o del apoderado producen la extinción, de donde se deduce que, no dándose ninguna de aquellas, el poder de representación continúa vigente. Y, continúa la resolución, esto es igualmente aplicable a los poderes conferidos por personas jurídicas y, señaladamente, por sociedades de capital, pues en ellas la voluntad social, ejercida por quien tenga atribuido el poder orgánico de representación, será la que determine si un poder concreto a favor de un tercero es revocado o no. Por ello, concluye, que si bien es cierto que el estado de liquidación abierto tras el acuerdo de disolución tiene consecuencias sobre los fines y actuaciones que debe llevar a cabo la sociedad por medio de sus representantes, así como sobre el modo de ejercer sus funciones, no supone la derogación del régimen general de representación, por lo que a falta de una voluntad expresa que derogue los poderes voluntarios conferidos en nombre de la sociedad, los mismos subsisten a pesar de la situación de liquidación en que se encuentra la sociedad. (DGRN, ) GETTY Inscripción de una parcela No es posible inscribir una finca a favor de un solicitante si ésta consta inscrita a nombre de una persona que no ha sido parte en el proceso, ya que ello iría en contra del principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y contra el principio de tracto sucesivo. Según recoge una reciente resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), en estos casos se debe entender que el registrador no ha incumplido término alguno, ya que las consecuencias de un proceso no pueden extenderse a quienes no han sido parte en él. En este caso, la registradora denegó la inscripción señalando como defectos, entre otros, que la finca aparecía inscrita a favor de otra persona que, además, no había sido parte en el procedimiento judicial seguido ni se mencionaba en la sentencia declarativa del dominio y exceso de cabida. En este sentido, la resolución establece que no puede alegarse la limitación del ámbito calificador respecto de los documentos judiciales, pues, si bien es cierto que los registradores de la propiedad, como funcionarios públicos, tienen la obligación de respetar y colaborar en la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que el principio constitucional mencionado impide extender las consecuencias del proceso. Esta exigencia determina la imposibilidad de practicar asientos que comprometan una titularidad inscrita. (DGRN, ) NOCABESEGREGAR UNA FINCA POR EXISTIR SILENCIO ADMINISTRATIVO La inscripción de la segregación de una parcela -en este caso, de un polígono- no podrá llevarse a cabo si la pretensión del solicitante se basa en el silencio de la Administración sobre ese punto, y menos aún si la reparcelación anterior de este terreno fue anulada a través de una sentencia. Será necesario, por lo tanto, tramitar previamente una reparcelación del polígono para que pueda llevarse a cabo dicha parcelación, así como obtener una respuesta positiva. Lo recoge una reciente resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), que resuelve un caso en que el registrador denegó la inscripción del título porque se recibió en aquel Registro una certificación expedida por el jefe de la Administración General del Ayuntamiento de Castrillón en la que constaba una resolución de la Junta de Gobierno de ese Ayuntamiento, de la que resultaba que la parcela objeto de debate -resultante de la reparcelación- fue anulada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, no siendo posible, por lo tanto, llevar a cabo nuevas parcelaciones sin tramitar previamente una reparcelación del polígono. La resolución, por lo tanto, parece admitir la falta de respuesta tempestiva de la Administración a la solicitud de licencia, pero razona que a la vista de ese informe no podía entenderse adquirida por silencio administrativo la licencia de parcelación conforme a la doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo. En concreto, la resolución hace referencia a un fallo de 28 de enero de 2009, en el que se habla del artículo 8.1.b), párrafo tercero, del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008, en el que se dice que en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. Por ello, la DGRN decide desestimar el recurso y confirmar la calificación del registrador. (DGRN, ) [protección de datos y defensa de la competencia] s Recepción de datos erróneos y uso sin consentimiento. Cuando una empresa de telefonía reciba y use los datos bancarios de un cliente, a raíz de la comunicación de modificación de datos de domiciliación de recibos de una línea de teléfono efectuada por una entidad financiera, no cabe que sea culpable de una infracción por incorporar esos datos personales en su fichero sin consentimiento del cliente, cuando la infracción la llevó a cabo la entidad financiera. En este caso, la empresa realizó un tratamiento de los datos personales del denunciante sin su consentimiento, cobrándole facturas que no le correspondían. La imputada trató los datos de carácter personal en sus propios ficheros, de los que tiene la consideración de responsable, utilizándolos para emisión de facturas sin haber obtenido el consentimiento expreso del afectado. A la vista de lo expuesto cabe cuestionar si ha existido culpabilidad en la comisión de la conducta infractora. En este sentido, no cabe duda de que la culpabilidad constituye nota esencial en materia sancionadora, según esta resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. Así, la responsabilidad objetiva no tiene cabida en Derecho administrativo sancionador. Efectivamente, el artículo de la LRJPAC dispone que sólo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa los responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia, de lo que se desprende que es evidente la ausencia de culpabilidad de la empresa operadora, que actuó conforme a la normativa y usos del sector bancario, por lo que no cabe imputarle la infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). (Aepd, Informe 0213/2011) s Creación de convenio marco entre empresas para evitar el cese de actividad. Adoptar, mediante un convenio marco, una posición en la que se recomiende a la inserción de anuncios en unos medios y no en otros, así como requerir a potenciales clientes de servicios que se abstuviesen de contratar con determinados negocios, trasladando dicho convenio marco con la indicación de que sirva de ejemplo, constituye una infracción tipificada como muy grave por el artículo 62.4.a) de la Ley de Defensa de la Competencia. La afectada es una asociación que alegó crear el convenio, ante un momento de incertidumbres e inseguridades jurídicas motivadas por la nueva regulación del artículo 32.1 TRLPI, impedir que fruto de esa situación las empresas de press clipping se vieran abocadas a tener que cesar en su actividad. Sin embargo, la falta de intencionalidad anticompetitiva no puede servir como descargo ante una infracción probada de la Ley de Defensa de la Competencia, según recoge esta resolución de la Comisión Nacional de Competencia. (CNC, )

14 14 LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2011 EL ECONOMISTA [a fondo] Un cambio radical en los estudios y en el acceso a profesiones jurídicas Con la nueva Ley se pretendía mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores, pero las consecuencias del nuevo régimen probablemente irán mucho más allá de un mero cambio en el acceso a estas profesiones: incidirán, sin duda, en los estudios de derecho y lo más previsible es que todas las profesiones jurídicas se vean afectadas. POR ANDRÉS RECALDE CASTELLS DECANO. CONSULTOR DE CMS ALBIÑANA&SUÁREZ DE LEZO Después de cinco años de vacatio, por fin, el próximo 30 de octubre entrará en vigor la ley 34/2006, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales. Y, también, por fin, después de un azaroso y larguísimo periodo de negociación que reflejaba las divergencias entre universidades, la Administración (con diferentes posiciones de los Ministerios de Educación y Justicia) y los Colegios Profesionales, el Gobierno aprobó el Reglamento de desarrollo (Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, BOE 16 de junio), sin el cual la Ley difícilmente podría aplicarse. La Ley pretendía mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores, para garantizar a los ciudadanos una representación técnica de calidad como fundamento del derecho a una tutela judicial efectiva. Pero, las consecuencias del nuevo régimen probablemente irán mucho más allá de un mero cambio en el acceso a las profesiones de abogado y de procurador. Incidirán, sin duda, en los estudios de derecho y lo más previsible es que todas las profesiones jurídicas se vean afectadas. La Ley respondía a una comprensible preocupación por la formación de los juristas que desde hace tiempo se decía que había venido experimentando un paulatino deterioro. Por ello, se consideró que los estudios universitarios de licenciatura, ahora de grado, no deberían ser suficientes para poder representar a un cliente ante los tribunales. Para ejercer la abogacía o la profesión de procurador no bastará ya (como siempre ha ocurrido hasta ahora) con poseer el título de licenciado o graduado en derecho (u otro título de grado equivalente, concepto que no dejará de suscitar serias dudas). El futuro graduado que pretenda ser abogado o procurador deberá reforzar su formación mediante la superación de alguno de los cursos suplementarios que se ajusten a lo previsto en el reglamento, realizar un periodo de formación en prácticas en despachos profesionales, y, sobre todo, superar una prueba final, que debería acreditar la capacitación profesional del aspirante. La Ley y el Reglamento prevén que los cursos de formación serán el resultado de la colaboración entre las universidades y los colegios de abogados y procuradores. Estos cursos deben adoptar la forma de máster oficial impartidos por las universidades (por su cuenta o en colaboración con los colegios de abogados) o de cursos de formación impartidos por las escuelas de práctica jurídica de los colegios. BELÉN ESPEJO EL TIEMPO REAL DE LOS ESTUDIOS DIFÍCILMENTE SERÁ A PARTIR DE AHORA INFERIOR A SEIS AÑOS ESTE MODELO PODRÍA EXTENDERSE A OTRAS PROFESIONES COMO JUECES Y FISCALES La obligación de los colegios profesionales de aceptar los convenios de colaboración solicitados por las universidades permite presumir la proliferación de este tipo de cursos organizados por ambas instituciones. Los másteres para la formación de abogados o de procuradores tendrán una extensión mínima de 60 créditos ECTS (peculiar y arcana unidad de medida a la boloñesa). Esos 60 créditos equivalen, aproximadamente, a un curso académico. Previsiblemente las prácticas externas se desarrollarán bajo la tutela de los colegios profesionales y tendrán también una duración de 30 créditos ECTS, por lo que, de nuevo, cabe pensar en una duración que no será inferior a 4 meses. Sólo después de ambos obstáculos podrá accederse a la prueba de evaluación final. Esta tendrá carácter de única e idéntica para cada una de las profesiones en todo el territorio español. La prueba servirá para verificar la formación suficiente del aspirante para el ejercicio de la profesión y la adquisición de las competencias que se impartieron en los cursos de formación. Tendrá carácter escrito y estará integrada por dos partes: un primer ejercicio consistente en una prueba objetiva de contestaciones o respuestas múltiples, y un segundo ejercicio consistente en un caso práctico elegido por el aspirante entre varias alternativas. La competencia para evaluar la prueba corresponderá a una comisión única designada en cada comunidad autónoma, con intervención de representantes del Ministerio de Justicia, de Educación, de la comunidad autónoma, un abogado o procurador, un profesor universitario y un representante del Consejo General del Poder Judicial. Esta prueba puede convertirse en el fiel de la balanza del nuevo modelo. Más allá de su mayor o menor rigor, en el futuro va a constituir una barrera que hasta ahora era desconocida y cuya necesaria superación puede conducir a una significativa elevación del nivel de formación de los abogados y procuradores, tal como sucede en otros países que cuentan con similares barreras. Así, el tiempo real de los estudios para el acceso a la correspondiente colegiación difícilmente será inferior a seis años: los cuatro años del grado, el curso anual de formación, los cuatro meses de prácticas y el periodo necesario para preparar la prueba final en la convocatoria o convocatorias (se comenta que puedan ser dos anuales) que se convoquen. Pero el modelo no dejará de tener más consecuencias. Previsiblemente en otras profesiones jurídicas de prestigio jueces y fiscales, notarios, abogados del Estado, registradores- tienda a exigirse, también, una formación complementaria al grado, de acuerdo con el modelo implantado por el máster de acceso a las profesiones de abogado y procurador. La cuestión es si esto conducirá a másteres especializados para cada profesión o a una formación generalista. Es cuestionable que el máster de acceso a la abogacía, debido a su focalización hacia conocimientos especializados hacia el ámbito forense, pueda servir a estos efectos. Pero la viabilidad económica de la realización de cursos para cada profesión es cuestionable. Otro cambio importante que se habrá de producir afecta al actual mercado de cursos de postgrado. No es imaginable que los estudiantes que finalicen los estudios de derecho dejen de preparar el máster o curso de formación general que las universidades y los colegios exigen para el acceso a la abogacía. Esto redunda en una reducción de la demanda de los actuales cursos de postgrado. En fin, el mismo concepto de máster y la concepción académica vinculada a esta calificación de raíz universitaria anglosajona no dejará de verse afectado. En un entorno en el que los másteres de cada universidad y colegio profesional compiten en la formación no es desdeñable imaginar un escenario en el que esos cursos de formación para el acceso a la abogacía se dediquen, de manera preferente, a una mera preparación de la prueba o evaluación final. Mientras tanto seguiremos a la espera de conocer los términos de la referida prueba y con cierta decepción porque su resultado posible sea sólo de apto o no apto, y no sirva para discriminar positivamente a los mejores a través de una calificación más ajustada.

15 EL ECONOMISTA LUNES, 29 DE AGOSTO DE [legislación] s Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para mejora de la calidad del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para (BOE, ) s Resolución de 28 de julio de 2011, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se acuerda la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones correspondientes a recursos de derecho público de la hacienda pública estatal recaudados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por importe inferior a tres euros. (BOE, ) s Corrección de errores del Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. (BOE, ) s Corrección de errores del Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras y el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, de fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito. (BOE, ) s Orden SPI/2293/2011, de 11 de julio, por la que se convoca el procedimiento para concesión del distintivo Igualdad en la empresa del año 2011, y se establecen sus bases reguladoras. (BOE, ) s Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se publican las subvenciones convocadas por Orden TIN/3297/2010, de 15 de diciembre. (BOE, ) s Real Decreto 1193/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el procedimiento de aplicación de la escala conjunta de deducciones a la facturación mensual de cada oficina de farmacia. (BOE, ) s Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el procedimiento para que una sustancia sea considerada estupefaciente en el ámbito nacional. (BOE, ) [legislación autonómica] GALICIA REGULACIÓN DE LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DE DIRECTIVO El nuevo Decreto 172/2011, de 4 de agosto, por el que se modifica el Decreto 294/1992, de 10 de septiembre, y que regula el diploma de directivo, moderniza este régimen teniendo en cuenta la promulgación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, y del Decreto legislativo 1/2008, de 13 de marzo. En el nuevo texto se tienen en cuenta los requerimientos de los empleados públicos que hasta ahora estaban excluidos de su realización; y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos docentes, mediante una específica respuesta formativa dirigida a los empleados públicos de las administraciones locales de Galicia. (BOG, ) ASTURIAS Consejería de Hacienda Se aprueba en Asturias el Decreto 166/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público. Un Decreto que responde a lo recogido en el Decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, que atribuye en su actual redacción a la Consejería de Hacienda y Sector Público, junto a las competencias tradicionalmente asociadas al ámbito de la Hacienda Pública, otras ajenas a éste, como pueden ser las relativas a Función Pública, Administración Local o relaciones con la Administración de Justicia. Así, en virtud de tal reorganización, las competencias de carácter financiero hasta entonces residenciadas en la Consejería de Economía y Hacienda pasan a estarlo en la nueva Consejería de Hacienda y Sector Público que asume también las que en materia de Función Pública y planificación de Recursos Humanos ha venido ostentando la anterior Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y, además, las que en materia de Justicia ejercía la anterior Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. En este contexto y para el desarrollo y ejecución de las políticas atribuidas a la Consejería de Hacienda y Sector Público, se hace preciso establecer su estructura orgánica en el marco de una política de contención del gasto de la que, orgánicamente, es exponente la supresión de unos centros directivos y la refundición de otros y, funcionalmente, la proscripción expresa del percibo de indemnizaciones por asistencias por parte de los Altos Cargos. (BOPA, ) EXTREMADURA NORMAS PARA LOS PRESUPUESTOS GENERALES La Orden de 19 de agosto de 2011 por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2012, desarrolla las normas relativas al procedimiento, documentación y plazos necesarios para la elaboración del presupuesto que ha de regir para ese ejercicio. La principal novedad de esta orden radica en la adaptación de la estructura orgánica de ingresos y gastos a la reciente reestructuración de la Administración autonómica articulada a través del Decreto del Presidente 15/2011, de 8 de julio, y de los correspondientes decretos de estructuras orgánicas.(doe, ) CASTILLA Y LEÓN Normas de cajas de ahorros ASTURIAS Plan de control financiero Castilla y León se ha dotado del Decreto-Ley 1/2011, de 25 de agosto, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorro. En él, se concreta el momento de la primera renovación parcial de los órganos de gobierno en las nuevas entidades de crédito surgidas de una fusión. También, se establece la obligación de adaptar los estatutos y reglamentos de procedimiento electoral de las mismas al tiempo de adoptarse los acuerdos de cesión global del activo y pasivo, escisión, de adhesión a un sistema institucional de protección o de ejercicio indirecto de la actividad financiera, de modo que respondan a la nueva situación de la entidad tras su transformación. (BOCYL, ) ALBERTO MARTÍN La Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias publica en su Boletín Oficial la resolución por la que se modifica el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2011 que había sido aprobado el 12 de mayo de este año por el anterior Ejecutivo. La norma aprobada señalaba que había tres entidades públicas obligadas a someterse anualmente a auditoría financiera, mientras que la nueva norma añade que la Intervención General con el alcance que a tal efecto determine, podrá efectuar auditorías sobre cualesquiera entidades, fundaciones y empresas públicas con participación mayoritaria o dominio efectivo, directo o indirecto, del Principado de Asturias. Para su ejecución, la Intervención General podrá proponer la contratación de empresas privadas de auditorías. Se introducen también modificaciones en cuanto a las subvenciones y ayudas públicas, de modo que se añade un punto que señala que la Intervención General podrá acordar el inicio de actuaciones de auditoría de subvenciones y ayudas públicas financiadas con cago a los presupuestos del Principado de Asturias correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y Además, se añade un punto al apartado 2, Plan Anual de Control Financiero Permanente, en el que se incluye la Administración del Principado de Asturias, sus Organismos, Entes Públicos y demás entidades integrantes de su sector público cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de sus presupuestos de gastos. (BO- PA, )

16 16 LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2011 EL ECONOMISTA [vida colegial] Atasco jurídico en el turno de oficio madrileño El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) denuncia que la Comunidad de Madrid continúa sin atender sus obligaciones de pago del servicio de asistencia jurídica gratuita y sin responder a la propuesta de acuerdo presentada hace varias semanas. Por ello, denuncian la falta interés de la Comunidad, que aboca a mantener en estos momentos el cese de todas las actividades del Colegio en la gestión de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita que no afecten al derecho de defensa de los ciudadanos que puedan sufrir un perjuicio directo e irreversible, por este motivo y dificulta el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia para los próximos meses. El cese de designaciones ha provocado ya la suspensión de actuaciones, especialmente en aquellas materias que no requieren una designación inmediata de abogado de oficio, siendo el ámbito civil el más afectado, con exclusión del derecho de familia. Asimismo se ha visto muy afectado el ámbito laboral puesto que, en esta materia, se efectúan designaciones para casi la totalidad de los asuntos. En materia penal, la suspensión ha afectado más a las asistencias a imputados no detenidos alcanzando el 90 por ciento el número de solicitudes de asistencia no atendidas. Entre los días 1 y 21 del mes de agosto de 2011, se ICAM. S.S.MUNILLA han realizado designaciones de abogado de oficio, cifra que contrasta de modo muy significativo con las que se produjeron en los mismos días del mes de agosto de Esta cifra supone un descenso superior al 59,4 por ciento en la actividad desarrollada por el Turno de Oficio en este periodo. Asimismo, hasta el pasado 14 de agosto, se han dejado de atender el 96,3 por ciento de las peticiones que ha recibido el Colegio de Abogados sobre la designación de letrado de oficio para la celebración de juicios rápidos con imputados no detenidos, motivo por el que no han podido celebrarse las correspondientes vistas. El ICAB organza un viaje jurídico a Fráncfort en octubre ICAB. ee El Departamento Internacional del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) organiza un Legal Link (viaje jurídico-empresarial) a Fráncfort los próximos días 6 y 7 de octubre de Se trata de una actividad organizada por el ICAB con el fin de fomentar la internacionalización de sus colegiados y sus despachos. Este viaje jurídico se perfila, según ha publicado el propio ICAB, como una excelente ocasión para hacer contactos y establecer relaciones con abogados alemanes con una clara finalidad profesional y de negocio. Así, con este tipo de actividad se espera potenciar la búsqueda de socios extranjeros, así como crear nuevas oportunidades de negocio y ampliar la cartera de clientes, etc. El programa creado para este viaje incluye visitas institucionales a Fráncfort Rechtsanwaltskammer, el Banco Central Europeo (BCE), en la Bolsa de Frankfurt y el Deutsche Bank, así como visitas a las siguientes firmas: Hogan Lovells, Fuhrmann Wallenfels, Orrick Holters & Elsing, Heuking Kühn Luer Wojtek y Pienso Rechtsanwälte. Además, aquellos que acudan a esta visita disfrutarán de bolsas de networking y de una cena con abogados de Fráncfort. Este viaje se inscribe en el programa de actividades internacionales que podrían disfrutar de la subvención de Acc1ó/ Cidem Idem Copca (organismo autonómico que tiene como misión apoyar a las empresas catalanas para ser más competitivas, elevando su nivel tecnológico y su capacidad de innovación así como su posicionamiento internacional), por lo que cada colegiado asistente recibiría una subvención aún por determinar. Para formalizar la reserva, cada colegiado podrá efectuar el pago del billete de avión hasta el día 1 de septiembre para poder disfrutar de la tarifa de grupo. Los gastos de alojamiento y desayuno está previsto que se paguen in situ en el hotel Falk Suite en el momento de hacer el check-out, así como las comidas y la cena de networking organizada por Frankfurt Rechtsanwaltskammer. Sobre las condiciones para poder asistir al evento, es necesario estar colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, cumplir con la asistencia obligatoria a todas las actividades programadas, y se podrá enviar como máximo a un colegiado por despacho. Además, las plazas se encuentran limitadas a un grupo de 15, que se asignarán por riguroso orden de llegada y pago. Se necesita, además, dominio de los idiomas inglés y/o alemán, ya que serán los idiomas que se manejen durante el viaje. En la primera de las jornadas está planeada la asistencia de los miembros de la junta de Administración (Vorstand) y los abogados locales, así como la impartición de explicaciones de las actividades de la Rechtsanwaltskammer, y del sistema de notarios públicos en Hessen. Para el viernes, además, está programada la visita al despacho de abogados Orrick Hölters y Elsing, así como a la ciudad Francfort, al banco central de Hessen, al despacho de abogados Heuking Kühn Lüer Wojtek, y, por último, al despacho de abogados Pense Rechtsanwälte. EL ICAV PONDRÁ EN MARCHA UN PROYECTO DE VOLUNTARIADO El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia promoverá desde septiembre un proyecto para fomentar el espíritu solidario El El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia promoverá entre sus colegiados y empleados a partir del próximo mes de septiembre un proyecto de Voluntariado Profesional y Voluntariado Corporativo, dirigido a fomentar el espíritu solidario de los abogados y recabar su ayuda para quienes más lo necesitan, tanto desde su ámbito profesional el jurídico- como desde otras áreas. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de Responsabilidad Social Corporativa de la Abogacía Valenciana puesto en marcha por la Junta de Gobierno del ICAV, cuyo primer paso fue la aprobación de un Código de Buen Gobierno para la entidad. Para poner en marcha el proyecto de Voluntariado Profesional y Corporativo, el ICAV firmará un convenio de colaboración con la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunitat Valenciana (Fundar), cuyo fin será fomentar entre la Abogacía valenciana la participación en las tareas de voluntariado en entidades registradas con Fundar. El Colegio ofrecerá THINKSTOCK a sus voluntarios dos opciones: el Voluntariado Profesional y el Voluntariado Corporativo. El primero estará relacionado con el ejercicio de la Abogacía, de modo que los abogados voluntarios desempeñarán tareas jurídicas o relacionadas con la profesión, mientras que el Voluntariado Corporativo ofrecerá un abanico más amplio de opciones, con la posibilidad de participar voluntariamente en proyectos sociales de otras áreas: medio ambiente, labores asistenciales, etc. El ICAV creará a partir de septiembre una bolsa de abogados voluntarios, donde todos los colegiados podrán inscribirse.

17 EL ECONOMISTA LUNES, 29 DE AGOSTO DE [resoluciones administrativas] CANARIAS IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO: APLICACIÓN DEL TIPO En relación con el Impuesto sobre las Labores del Tabaco (ILT), la Dirección General de Tributos de Canarias entiende que no están sujetas las fabriciones o importaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2001 que estuviesen almacenadas en un establecimiento que no tenga la consideración de depósito del Impuesto. Tampoco están sujetas las labores del tabaco que salgan de esos establecimientos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2011 pero antes de la autorización, provisional o definitiva, del establecimiento como depósito del Impuesto. A estos efectos, se estará a la fecha de la autorización del depósito. (DGTC, ) VIZCAYA Sociedad de nueva creación Los ingresos derivados de los servicios que preste una sociedad de nueva creación no podrán acogerse a la reducción regulada en el artículo 22 bis de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades (NFIS), en caso de que no haya cesión por su parte de un know-how preexistente para su explotación por el licenciatario, sino la realización de servicios técnicos, dirigidos a la adaptación y aplicación de unos conocimientos científicos ya poseídos por la consultante a las circunstancias y a los problemas concretos de cada uno de los despliegues para los que sea contratada. En este caso, la sociedad de nueva creación participará en los despliegues encargados por terceros, prestando un servicio de elaboración de los proyectos. (DFB, ) GETTY ÁLAVA SUPERFICIE DE UTILIDAD PÚBLICA Y HERENCIA DE UNA PARCELA El interesado promueve en esta reclamación que el Catastro Inmobiliario reconozca a sus herederos como titulares de una parcela, al tratarse de un abejal poseído por sus antepasados. En este caso, se resuelve estimar y reconoce la titularidad catastral particular del abejal porque consta una información posesoria inscrita desde el año 1883 a favor de los causantes del peticionario, convertida después en inscripción de dominio al solicitar certificación del Registro y sin que el Ayuntamiento haya demostrado que toda la superficie incluida dentro de los límites del monte en que se encuentra el bien sea de utilidad pública. (OJA, ) CANARIAS Centralitas telefónicas La Dirección General de los Tributos de Canarias (DGTC) informa sobre la sujeción al pago del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en el caso de las prestaciones de servicio consistentes en el mantenimiento e instalación de centralitas telefónicas que la empresa consultante realice a empresarios o profesionales que no tienen la sede de su actividad económica, o un establecimiento permanente o, en su defecto, su domicilio o residencia habitual en las Islas Canarias: en estos casos, declara que no se encuentran sujetas al IGIC. Por el contrario, sí que se encuentran sujetas las prestaciones de servicio de mantenimiento e instalación de centralitas telefónicas que subcontrate el consultante a empresas radicadas fuera de las Islas Canarias, al estar el consultante, destinatario de la operación, establecido en ellas. Como la empresa subcontratada no se encuentra establecida en las Canarias, será de aplicación el supuesto de inversión del sujeto pasivo a que se refiere el artículo 19, 1, 2º Ley 20/1991, por lo que en la factura que la empresa subcontratada emita a la entidad consultante por su prestación de servicios deberá incluir en ella que el sujeto pasivo del impuesto es el destinatario de la operación. En este caso, la sociedad consultante afirma que desarrolla la actividad de comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctrico y electrónico, y explotación electrónica por cuenta de terceros, habiendo contratado una empresa peninsular, no establecida en las Islas, para que realice un mantenimiento de un equipo en Madrid de un cliente de la consultante, por lo que consultó por la facturación de la empresa peninsular a la consultante. (DGTC, ) GUIPÚZCOA CUOTAS A COMPENSAR PROCEDENTES DEL IVA DE EJERCICIO PRESCRITO Respecto al IVA, la Administración está facultada para comprobar cuotas a compensar provenientes de ejercicios prescritos cuando se compensan en ejercicios no prescritos, por lo que, en este caso, se rechaza la pretensión de la parte interesada, que interpone una reclamación en la que pide anular las liquidaciones de IVA, en base a la eliminación de las cuotas soportadas en operaciones que no originan el derecho a deducir y en el incremento de la base imponible en el importe del valor normal de mercado de las entregas de locales a título gratuito, por considerarse autoconsumos. En este sentido, el TEAF de Guipuzcoa acuerda desestimar. (TEAF, ) VIZCAYA REINVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS En referencia a la reinversión de beneficios extraordinarios esta resolución aclara que, si con carácter general toda operación de la que se obtenga un beneficio fiscal debe responder a una motivación jurídica o económica, y no ha de ser notoriamente artificiosa, cuando se produzca una reinversión de beneficios extraordinarios que se pretenda materializar en la suscripción de participaciones representativas del capital social de una SI- CAV (Sociedades Anónimas acogidas a la legislación específica de Instituciones de Inversión Colectiva) -con la que, además, la compareciente se encontrará estrechamente vinculada- debe aplicarse el mismo principio. (DFB, ) [doctrina de hacienda] Valoración de habitaciones de hotel adquiridas para arrendar Una entidad, cuyo objeto social es el arrendamiento de inmuebles, que adquiere en Londres cuatro habitaciones de hotel que en el mismo acto de adquisición quedan arrendadas a una cadena hotelera, a los efectos de amortización fiscal de la inversión podrá proceder a la distribución del precio de adquisición de las cuatro habitaciones entre el suelo y la construcción a partir del valor de mercado de ambos elementos en el año en que se realiza la inversión. Para ello, deberá tener en cuenta que será la propia entidad la encargada de probar los hechos constitutivos del derecho para valorar la inversión de la forma enquelohaga.(dgt, ) Consideración como primera vivienda de la opción de compra La entrega de la vivienda por el promotor al arrendatario que la viene ocupando, en virtud de un contrato de arrendamiento con opción de compra, tiene la consideración siempre de primera entrega conforme a lo establecido anteriormente, sin que se considere que ha existido una entrega anterior por el hecho de que la vivienda ya haya sido objeto de otro arrendamiento con opción de compra anterior, en el que dicha opción no fue ejercitada por su titular. (DGT, ) Tipo de la tributación por IVA de las operaciones de limpieza Las operaciones de mantenimiento periódico y limpieza de sistemas de detección y extinción de incendios en edificios realizados por empresas a comunidades de propietarios de viviendas no tienen la consideración, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de ejecuciones de obra, condición que resulta indispensable para que pueda aplicarse el tipo impositivo reducido del 8 por ciento, previsto en el artículo 91.Uno.2.15º de la Ley 37/1992 del citado Impuesto. Las operaciones consideradas como prestaciones de servicios, tributan en el IVA al 18 por ciento. La normativa del tributo establece que la ejecución de obra es una prestación distinta de las de tracto sucesivo, que persigue un resultado futuro sin tomar en consideración el trabajo que lo crea, en tanto que el arrendamiento de servicios se instrumenta de forma continuada en el tiempo, atendiendo a la prestación en sí misma y no a la obtención del resultado que la prestación produce, siendo la continuidad y periodicidad las notas esenciales de ese tipo de operaciones. (DGT, )

18 18 LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2011 EL ECONOMISTA [agenda] 4 a 6 de septiembre Derecho mercantil s El Consejo General del Notariado acogerá del 4 al 6 de septiembre en Sitges la tercera de las sesiones del 11º Congreso Notarial Español, dedicada en esta ocasión al análisis de La Autonomía de la Voluntad en el Derecho Mercantil. El Congreso tiene por objeto realizar un profundo estudio de GONZ nuestro Derecho Privado desde el punto de vista de la libertad personal. Así, en este proyecto participan representantes de la Universidad y del Notariado, junto con altos cargos de las administraciones públicas y de la economía española. En esta tercera sesión se debatirán cuestiones como la configuración estatutaria de las sociedades de capital o los pactos parasociales. 26a28deoctubre Congreso de la Abogacía s El Congreso Nacional de la Abogacía de Cádiz se celebrará por décimo año consecutivo, esta vez en Cádiz, reuniendo a más de mil abogados, junto a jueces, magistrados, juristas y periodistas. El Encuentro se celebra en un momento crucial para la Abogacía, ya que a la reciente aprobación del ReglamentodelaLeydeAcceso que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, se unen otros temas de suma trascendencia como la tramitación para la aprobación de la Ley de Servicios Profesionales y el Nuevo Estatuto General de la Abogacía, además de otros de interés. El Congreso, además, conmemorará el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz de [esquemas básicos] CONOZCA LAS CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Iuris&Lex le informa sobre cuáles son las características de las prestaciones del Régimen General de la Seguridad y, en concreto, sobre quiénes son titulares de este derecho y cuáles son los requisitos que deben cumplir sus beneficiarios para poder disfrutar de estos servicios médicos y farmacéuticos. Régimen General de la Seguridad Social: prestaciones Titulares del derecho: Trabajadores afiliados y en alta o en situación asimilada a la de alta. A los efectos de esta prestación, se considera en alta de pleno derecho a los trabajadores aunque el empresario incumpla sus obligaciones. Pensionistas y perceptores de prestaciones periódicas de la Seguridad Social, salvo las prestaciones familiares por hijo a cargo. Beneficiarios: El cónyuge de los titulares del derecho o persona que conviva maritalmente, al menos con un año de antelación a la solicitud, así como los hijos de ésta. Los descendientes, tanto del titular como del cónyuge, cualquiera que sea su filiación legal, hermanos y acogidos de hecho, sin límite de edad. Hijos adoptivos y durante el período de acogimiento familiar del menor, hasta la formalización de la adopción. Los ascendientes del titular y de su cónyuge. Todos estos beneficiarios deben reunir los siguientes requisitos: Vivirconeltitularyasusexpensas.Noseapreciaráfaltadeconvivencia en los casos de separación transitoria y ocasional por razón del trabajo, imposibilidad de encontrar vivienda en el nuevo punto de destino y demás circunstancias similares. No realizar trabajo remunerado, ni percibir renta patrimonial ni pensión superior al doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). No tener derecho por título distinto a recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social. BLOOMBERG Calendario fiscal de septiembre HASTA EL 20 RENTA Y SOCIEDADES Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. Julio y Agosto Grandes Empresas - 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 libros registro del IVA y del IGIC Julio y Agosto Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias Julio y Agosto Grupo de entidades, modelo agregado Julio y Agosto Operaciones asimiladas a las importaciones IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS Julio y Agosto Agosto Grandes Empresas Agosto , 566 Agosto 2011 (*) - 570, 580 (*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fiscales y receptores autorizados (Grandes Empresas), utilizarán para todos los impuestos el modelo AGOSTO SEPTIEMBRE IVA Julio y Agosto Régimen General. Autoliquidación Julio y Agosto Grupo de entidades, modelo individual Julio y Agosto Declaración de operaciones incluidas en los IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN Junio Grandes Empresas (*) - 553, 554, 555, 556, 557, 558 Junio Grandes Empresas - 561, 562, Fuente: AEAT. eleconomista

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