#/ Exp: CO Res. Nº

Transcripción

1 #/ Exp: CO Res. Nº SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de julio de dos mil doce. Consulta judicial facultativa formulada por el Juzgado de Trabajo de Santa Cruz, Guanacaste, mediante resolución de las catorce horas siete minutos de ocho de marzo de 2012, dictada dentro del expediente número LA, que es proceso de pensión por Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas cincuenta minutos del 7 de mayo de 2012, y con fundamento en los artículos 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el despacho consultante solicita a esta Sala que se pronuncie sobre los artículos 6 y 8 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cuanto infringen los artículos 50, 51, 73 y 74 de la Constitución Política, sea por sus efectos, o por omisión. Duda de la constitucionalidad del artículo 8 toda vez que ésta, no prevé un mecanismo conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al no establecer parámetros de gradualidad para distintos tipos de incapacidad que de acuerdo a la ciencia y a la técnica pudieran reglamentarse y los correspondientes subsidios. El Código de Trabajo regula distintas categorías de incapacidad, no así el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. El Reglamento de la Caja subsidia no por otras opciones, sino que por la gran invalidez, lo que también la norma no guarda relación con las cuotas aportadas al régimen de seguridad social para finalmente no obtener ningún subsidio. En el caso de la actora, al momento de presentar la demanda laboral pudo acceder a la pensión por el número de cuotas cotizadas, sin embargo, en virtud del artículo 6 inciso b) ya no cumple con ese requisito por razones ajenas a su voluntad, y por lo tanto, queda expuesta al desamparo frente a cualquier riesgo sobreviviente que pueda sufrir su persona. Considera que debe aplicarse el principio de reserva de ley, para restringir estos derechos

2 fundamentales. 2.- En atención al emplazamiento conferido a las partes dentro del asunto principal, se apersonaron ante la Sala la Procuraduría General de la República y la Caja Costarricense de Seguro Social. 3.- Mediante auto de las dieciséis horas doce minutos del 9 de mayo de 2012, la Presidencia de la Sala dio curso a la consulta, confiriendo audiencia a la Procuraduría General de la República. Se tuvo de igual manera por apersonado el proceso a Victor Mauro Guzmán León en su condición de apoderado especial judicial de la Caja Costarricense de Seguro Social. 4.- La Procuraduría General de la República contesta a la audiencia conferida, indicando que conforme a las sentencias de esta Sala números y , el sistema de seguridad social está inspirado en el principio de solidaridad, el que tiene efectos sobre la forma en que se configuran los requisitos y presupuestos para acceder a los diferentes beneficios, según las contingencias que se protejan. La seguridad social y el derecho de las personas a recibir protección, no es irrestricto, dado que es necesario establecer condiciones para su disfrute, condiciones que son derivadas de la necesidad de que el régimen resulte sostenible y que resultan de aplicación a las normas cuestionadas. El fundamento para que la Caja Costarricense de Seguro Social regule los seguros no solo deriva del artículo 73, sino de los numerales 1, 2 y 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. De estos numerales, se desprende una delegación constitucional y legal para que sea la Caja Costarricense de Seguro Social, la que establezca por la vía reglamentaria, los requisitos y condiciones para acceder a los beneficios según las diferentes contingencias. En este sentido, cita la «la norma aquí cuestionada no contraviene la Constitución Política en virtud que el artículo 73 de la Constitución Política confía la administración y el gobierno de los seguros sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que la Constitución establece a favor de esta institución autónoma, un grado de autonomía ±administrativa y de gobierno- que le permite regular, por vía de reglamento lo relativo a los seguros sociales. Dicha norma constitucional es desarrollada en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en especial en los artículos 1, 2 y 3, que disponen: «Las normas transcritas confieren a la Caja Costarricense del Seguro Social la potestad de administrar todo lo referente a seguros sociales, lo que implica determinar reglamentariamente los requisitos de ingreso a cada régimen de protección, sus beneficios y condiciones, por lo que el

3 Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte emitido por la Junta Directiva, así como sus reformas lo ha sido en ejercicio de esta competencia, derivada del numeral 73 constitucional. En consecuencia, el artículo 9 inciso a) del Reglamento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social no viola el principio de reserva legal. Señala que esta posición ha sido reiterada en las sentencias No , , , y Estas resoluciones reconocen la competencia constitucional y legal de la Caja para definir, por vía del reglamento, los requisitos necesarios para acceder a cada uno de los beneficios contemplados en los seguros administrados por la institución autónoma. Tampoco se considera que el establecimiento de un parámetro de dos terceras partes de la pérdida de su capacidad para el desempeño de la profesión o actividad habitual como requisito para acceder a la pensión por invalidez, violente el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Con apoyo a la sentencia No concluye que el parámetro utilizado no puede considerarse como un parámetro válido para comparar los diferentes regímenes de seguros. Dice que la propia Constitución Política trata a los dos regímenes diferentes, en el tanto el seguro por riesgos de trabajo no parte del principio de contribución tripartita, sino que se establecen como una obligación exclusiva del patrono. Por otra parte, el origen de la contingencia es diferente. En el caso de los riesgos de trabajo, el derecho surge cuando un trabajador ve disminuida su capacidad laboral como producto de un infortunio derivado del riesgo mismo de trabajar. El trabajo es el que de una u otra forma produce la situación de incapacidad. Si bien esta situación puede ser descrita como parte del concepto de enfermedad incapacitante, lo cierto es que el seguro por invalidez parte de una enfermedad no producida por el trabajo mismo, y que imposibilita a la persona para trabajar. El de invalidez es más amplio, pero no debe ser incompatible como lo ha indicado la propia Sala. Por sentencia No se indica que el seguro de invalidez no es asimilable al seguro por riesgos de trabajo, por lo que no podría efectuarse un análisis de razonabilidad y proporcionalidad como el que propone el Juzgado consultante, por lo que la consulta en cuanto a este aspecto debe ser rechazada. Sin embargo, la Procuraduría sí indica que es indiscutible que se requiere de un parámetro a partir del cual se determine que una persona deja de tener capacidad para efectuar labores remuneradas. De no ser así, cualquier persona podría solicitar una incapacidad a pesar de que su dolencia no le incapacita para efectuar las labores remuneradas, por lo que el sistema podría sufrir un colapso financiero. La seguridad social es un sistema de aporte tripartito, que tiene una base solidaria por la cual las personas sanas y económicamente

4 activas colaboran y contribuyen para el mantenimiento de las personas que no puedan, por una razón médica, trabajar, sea en forma permanente o en forma temporal. No debe quedar a la mera elección del asegurado, sino que el establecimiento de un parámetro para definir el estado de invalidez, es necesario a efectos de mantener la sostenibilidad del sistema. Bajo esta misma inteligencia, la medida también resulta idónea. La valoración médica que se realiza parte de un análisis general de la situación de salud de la persona, que permita determinar en general un grado de incapacidad para ejercer las labores diarias. Así, se determina que que se señaló tiene ³ una incapacidad que imposibilita para laborar cuando se alcanza una incapacidad de 2/3 partes, lo que representa en términos absolutos, un 66.66% de incapacidad. Esta incapacidad, es igual a la requerida por otros regímenes, tal y como lo establece el artículo 47 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. La regulación no resulta irrazonable a partir de la consideración de que es necesario establecer un presupuesto para otorgar la condición de invalidez. En cuanto al artículo 6 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, indica que existe jurisprudencia de la Sala que señala que no existe una inconstitucionalidad en orden a la exigencia de un número de cuotas para acceder al beneficio. Apoya su dicho en la sentencia No «Es sabido, porque en los mismos precedentes de la Sala así se ha expresado, que la determinación de los beneficios de un régimen de seguridad social, depende de los estudios actuariales que se hagan, en los que se examinen, cuando menos, la población que entra en la cobertura; se defina el universo de los beneficiarios; se proyecte en el tiempo la movilidad de las personas involucradas y los derechos, se determinen los costos y se definan las contribuciones. El artículo 6 es precisamente un reflejo de lo que se viene afirmando; es precisamente por ello que se ha elaborado la tabla con las edades y los mínimos de cotización y se asegura un mínimo de contribución antes de la declaratoria de invalidez. Como cualquiera otro derecho que proviene de un régimen contributivo, el derecho no puede ser irrestricto, y a la Sala le parece que los límites del artículo 6 son razonables y proporcionados a los fines que persigue la norma, de frente a la universalidad de asegurados en el país. Y en la sentencia estableció que: ³Efectivamente, tal y como lo consideran las representaciones de la Procuraduría General de la República y de la Caja Costarricense de Seguro Social, la norma en cuestión resulta no sólo razonable, sino sobre todo necesaria, y en este sentido, adecuada al fin propuesto, esto es, el poder garantizar la existencia y sostenibilidad económica del régimen de pensiones por invalidez al asegurado o futuro beneficiario, por cuanto lo que

5 pretende es allegar recursos económicos al fondo, para poder sostenerlo. También pretende evitar que quienes ya aportaron las cuotas requeridas por la tabla para obtener una pensión, dejen de contribuir al fondo. Por otra parte, en la «pues como también lo ha dicho la Sala ³«el principio esencial de los fondos jubilatorios, es el equilibrio que debe existir entre los ingresos y los egresos, que se determinan por cálculos actuariales periódicos. Efectivamente, según consta en el expediente, es de conformidad con cálculos actuariales que se diseñó el sistema actual que ahora se impugna por la accionante, al determinarse la necesidad del cambio en el número mínimo de cuotas exigidos a fin de lograr un equilibrio entre ingreso y egreso, es decir, entre cantidad de cuotas aportadas y años de disfrute, lográndose una fórmula de tipo objetivo que lejos de perjudicar a los asegurados, les beneficia puesto que varían los requisitos de conformidad con la edad del beneficario, de forma tal que entre menos edad tenga la persona al ser declarada inválida menos cuotas se le exigen, que en todo caso siempre es mucho menos al mínimo que exige el Convenio (artículo 57 párrafo 1 inciso a) del Convenio 102 de la O.I.T.). Los criterios anteriores han sido reiterados por el Tribunal Constitucional, por sentencia y más recientemente, por resolución No , el cual transcribe parcialmente en el informe. Finalmente concluye que la consulta es admisible, sin embargo que los artículos consultados no contienen los vicios señalados. 5.- La Caja Costarricense de Seguro Social contesta la audiencia conferida, por medio de Victor Mauro Guzmán León, señalando que la Caja es la institución encargada, por disposición constitucional, de la administración y gobierno de los Seguros Sociales (art. 73). En el ejercicio de esa especial competencia, tiene la potestad de establecer los parámetros que estime necesarios respecto de los requisitos y condiciones de ingreso, permanencia y disfrute de los distintos regímenes, lo que hace fundamentalmente en estudios específicos (Art. 14 inciso f) de la Ley Constitutiva). Por esta razón, se ha legitimado su proceder de reglamentar tales lineamientos, estableciendo los límites, siempre que resulten razonables y proporcionados. La pensión de invalidez protege el derecho a la seguridad social y establece como uno de sus componentes esenciales la protección de las personas que por diversos motivos caen en circunstancias de discapacidad, condición que le dificulta obtener los medios de subsistencia propios de una vida digna. El orden nacional recoge la salvaguarda internacional, en el artículo 73 de la Constitución Política, Ley Constitutiva de la Caja en sus artículos 1 y 2, son ejemplos de esta protección. La protección se aplica en función

6 de la pérdida de las dos terceras partes o más de su capacidad de desempeño profesional, actividad habitual o compatible con su capacidad residual, invalidez determinada por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El concepto se utiliza en otros regímenes especiales: Ley 7531 Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, Ley Orgánica del Poder Judicial, capítulo de jubilaciones del Régimen de Hacienda (Ley Marco de Pensiones). Incluso otros regímenes del mundo utilizan este concepto. Debe existir un aspecto técnico ± médico declarado, lo cual, en caso de ser denegatorio, deberá acudirse a la vía judicial. Con la pericia médica forense, lo que se hace es confirmar el padecimiento alegado en la demanda, o descalificar los padecimientos al no alcanzar los mismos de la pérdida de las dos terceras partes de la capacidad general orgánica (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 951 de las 11:35 horas del 07 de diciembre de 2007). Desde el punto de vista técnico jurídico, no procede consignar el porcentaje de invalidez del solicitante. 6.- En el procedimiento se cumplió con las formalidades establecidas por ley. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- Sobre la admisibilidad. El artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que ³Todo juez estará legitimado para consultarle a la Sala Constitucional cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento. En el caso que nos ocupa, quien formula la consulta es el Juez del Juzgado de Trabajo de Santa Cruz, licenciado Oscar Javier Cadenas Meza, en el proceso que tramita ante su despacho de pensión por invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el que señala, mediante resolución fundada, las razones de la duda de constitucionalidad de los artículos 8 y 6 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que debe aplicar para resolver el proceso. En este sentido, la consulta de constitucionalidad es admisible. II.- Sobre el fondo. La consulta del Juez radica en dilucidar primero si, efectivamente, la Caja Costarricense de Seguro Social carece de la potestad de regular los requisitos para acceder a este tipo de pensión, dado que como derecho fundamental a la seguridad social solo se puede regular mediante ley. Es importante señalar que sobre el tema existe abundante jurisprudencia de esta Sala, que se refiere a la constitucionalidad de la potestad normativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, dada su autonomía administrativa y de gobierno

7 en materia relacionada con los seguros sociales. El segundo punto, es si la pérdida del derecho a la pensión por el incumplimiento de cuotas resulta inconstitucional, por violación al principio de reserva de ley, tema sobre el cual, también existe un antecedente. manera: La consulta, entonces se evacuará en el mencionado orden, y de la siguiente A.- Para efectos de ilustrar la normativa, se transcribe el artículo 8 en cuanto establece lo siguiente: ³Artículo 8º²Para efectos de este Seguro se considerará inválido el asegurado que, por alteración o debilitamiento de su estado físico o mental, perdiera dos terceras partes o más de su capacidad de desempeño de su profesión, de su actividad habitual o en otra compatible con su capacidad residual, y que por tal motivo no pudiere obtener una remuneración o ingreso suficiente, todo a juicio de la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. También se consideran inválidos las personas que sean declaradas en estado de incurables o con pronóstico fatal que aún ante la posibilidad de realizar algún trabajo, razones de conveniencia social o de humanidad, justifiquen a juicio de la Comisión Calificadora el otorgamiento de una pensión. En estos casos la resolución deberá ser aprobada por la Junta Directiva, a propuesta de la Gerencia respectiva. En todo caso el derecho de pensión se supedita a que el estado de invalidez se origine en fecha posterior a la de ingreso a este Seguro. En el evento de que la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez determine que el asegurado no se encuentra inválido, y de no existir nuevos elementos de juicio no valorados por dicha Comisión, el asegurado podrá presentar nueva solicitud de pensión, una vez transcurrido un plazo mínimo de doce meses, contados a partir del momento en que se le denegó administrativamente su gestión anterior. (Lo escrito en negrita no es del original). La consulta de constitucionalidad sobre el párrafo primero del artículo 8, en cuanto delimita el acceso a la pensión por invalidez, a personas que hayan perdido 2/3 partes o más de su capacidad de trabajo o desempeño, se basa en el argumento de que el desarrollo normativo de este requisito debió estar regulado en una ley, al implicar una limitación a un derecho fundamental, y no en un reglamento. cuando la Sala no se ha pronunciado sobre el artículo 8 del Reglamento Aun consultado, es importante tomar en cuenta la sentencia No , entre otras, que estableció que: ³II.- DE LA COMPETENCIA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL PARA DICTAR NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE

8 LOS DIVERSOS REGÍMENES DE PENSIÓN. Ya con anterioridad, y en forma reiterada ±en este sentido, entre otras, ver las sentencias números , , y , esta Sala ha considerado que en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política, le confiere a la Caja Costarricense del Seguro Social la "administración y gobierno de los seguros sociales", lo cual implica para esa institución, una especie de autonomía administrativa y de gobierno, que le permite regular, por vía reglamentaria, lo relativo a la administración de los seguros sociales; en otros términos, implica el conferimiento de competencias especiales en la reglamentación de la administración de esta materia, precisamente en lo que se refiere a la definición de los requisitos, beneficios y condiciones de ingreso de cada regímenes de protección, competencia que es desarrollada en lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 14 de la Ley Constitutiva de la Caja, que en lo que interesa disponen: "Artículo 1.- La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que motivaron su creación. [...]" "Artículo 3.- La cobertura del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivadas de la relación obrero - patronal. [...] La Caja determinará reglamentariamente los requisitos de ingreso a cada régimen de protección, así como los beneficios y condiciones en que éstos se otorgarán"; "Artículo 14: Son atribuciones de la Junta Directiva: [...] f) Dictar los reglamentos para el funcionamiento de la

9 Institución; f) Dictar los reglamentos para el funcionamiento de la Institución;" motivo por el cual el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte emitido por la Junta Directiva de la Caja, así como sus reformas, han sido dados en ejercicio de la competencia reglamentaria reconocida expresamente a esa institución, sin que ello implique una violación del principio de reserva legal en lo que respecta a la regulación y limitación de los derechos fundamentales. En este sentido, ha sido conteste la Sala Constitucional, en diversos casos, que no existe quebrantamiento al principio de reserva de ley, cuando la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social reglamenta los seguros sociales definiendo los requisitos, beneficios y condiciones de ingreso, siempre y cuando cumplan con los principios de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales. En el criterio de la Sala, el constituyente decantó esa atribución en la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que fue recogido por el legislador, con las distintas potestades de regulación, incluso por criterios técnicos, como se verá. Por otra parte, el Juez consultante extraña un sistema escalonado que opera en el sistema de riesgos profesionales o de trabajo regulado en el Código de Trabajo, sin embargo, se tratan de regímenes distintos de la seguridad social, en el tanto este es financiado por el patrono, pues cubre los diferentes riesgos del trabajador en ejecución del trabajo al amparo del patrono, mientras que el administrado por la Caja es un sistema de seguridad social más general, que protege de la invalidez de la población cubierta por el seguro. Si bien, ambos tienden a ser universales, este último forma parte de un sistema contributivo financiado por los trabajadores, patronos y el Estado, el cual, por el grado de autonomía de la Caja y la atribución constitucional otorgada por el Constituyente le permite establecer las condiciones de acceso. De esta forma, la protección se determinó otorgarla a quien supere una pérdida de 2/3 partes o más de incapacidad para trabajar o dedicarse a una actividad remunerada. Lo que cubre el régimen es la invalidez como imposibilidad de laborar y procurarse una forma de vida autónoma e independiente. Lo que también es coincidente con otros regímenes de pensión o jubilatorios, según lo argumentó el representante de la Caja Costarricense de Seguro Social, al señalar los otros regímenes que contienen similares disposiciones, como el de la Ley del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, el Régimen de Pensiones del Poder Judicial, y la Ley Marco de Pensiones. También es posible

10 entender que el sistema de la Caja es residual en el tanto que agotada la póliza del INS (o del asegurador privado), en el caso de una declaratoria de incapacidad permanente o de gran invalidez permite la gestión de la pensión por invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social, según el artículo 3 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. B.- El artículo 6 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte establece que: ³Artículo 6º²Tiene derecho a la pensión por invalidez, el asegurado que sea declarado inválido por la Comisión Calificadora, conforme con lo previsto en los artículos 7º y 8º de este Reglamento y siempre que el asegurado se encuentre en alguna de las siguientes condiciones: a) Haber aportado al menos 180 cotizaciones mensuales a la fecha de la declaratoria de invalidez, cualquiera que sea la edad del asegurado. b) Haber aportado al menos doce cuotas durante los últimos 24 meses antes de la declaratoria del estado de invalidez si ocurre esta antes de los 48 años de edad, o haber cotizado un mínimo de 24 cuotas durante los últimos 48 meses, si la invalidez ocurre a los 48 ó más años de edad. En ambos casos se requiere, además, que cumpla el número de cotizaciones de acuerdo con la edad, que se detalla en la siguiente tabla: Requisitos para Pensión de Invalidez Edad a la declaratoria (Años) Mínimo de cotizaciones (Mensuales) 24 ó menos

11 y más 120 También, tiene derecho a una pensión proporcional el asegurado que sea declarado inválido después de haber acumulado al menos 60 cuotas al momento de la declaratoria, siempre y cuando cumpla con los requisitos indicados en el párrafo del inciso b) de este artículo, con excepción de lo requerido en la tabla incluida en él. Cuando con anterioridad al momento de la declaratoria de la invalidez existiere una incapacidad contínua en el Seguro de Salud y la Comisión Calificadora dictamine que la condición del padecimiento haya impedido al asegurado o asegurada laborar, el período dentro del cual se debe haber cotizado se contará en relación con el inicio de la incapacidad o condición del padecimiento y no de la declaratoria. En cualquier caso, la vigencia del derecho se determinará de acuerdo con lo que establece el artículo 19º de este Reglamento. (Así reformado en sesiones N 8009 del 17 de noviembre del 2005 y N 8019 del 15 de diciembre del 2005). Si bien la norma declara el derecho a la pensión por invalidez a la persona que haya sido asegurada y que haya sido declarado como tal por la Comisión Calificadora, existen otros requisitos que debe cumplir, lo cual son igualmente procedentes a la luz de lo dispuesto para el artículo 8 señalado arriba. Pero además de lo anterior, ya la Sala ha tenido oportunidad de analizar el artículo 6 impugnado, específicamente en el inciso b) señalado por el Juez consultante. En esa oportunidad, la Sala declaró la constitucionalidad de la norma con fundamento en los siguientes razonamientos: ³«La constitucionalidad del artículo 6 del Reglamento de Invalidez,

12 Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, en especial lo relativo al inciso b) de dicha norma, es un tema sobre el cual ya la Sala se ha pronunciado al resolver un caso previo igualmente presentado como consulta judicial, así como una concreta acción de inconstitucionalidad planteada posteriormente, definiendo en ambas ocasiones, que la norma en cuestión dista de ser contradictoria con el Derecho de la Constitución. En efecto, mediante sentencia de esta Sala, número , de las catorce horas treinta y dos minutos del 8 de agosto de 2001, reiterada por sentencia número , de las quince horas treinta y tres minutos del 7 de febrero de 2007, señaló la Sala que: ³[D]el artículo 6 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, se afirma que su constitucionalidad es dudosa, porque establece como requisito para obtener la pensión de invalidez, haber aportado cierto número de cotizaciones inmediatamente antes de la declaratoria de invalidez. Es sabido, porque en los mismos precedentes de la Sala así se ha expresado, que la determinación de los beneficios de un régimen de seguridad social, depende de los estudios actuariales que se hagan, en los que se examinen, cuando menos, la población que entra en la cobertura; se defina el universo de los beneficiarios; se proyecte en el tiempo la movilidad de las personas involucradas y los derechos, se determinen los costos y se definan las contribuciones. El artículo 6 es precisamente un reflejo de lo que se viene afirmando; es precisamente por ello que se ha elaborado la tabla con las edades y los mínimos de cotización y se asegura un mínimo de contribución antes de la declaratoria de invalidez. Como cualquiera otro derecho que proviene de un régimen contributivo, el derecho no puede ser irrestricto, y a la Sala le parece que los límites del artículo 6 son razonables y proporcionados a los fines que persigue la norma, de frente a la universalidad de asegurados en el país. En cuanto a las normas de la Ley Constitutiva, la facultad reglamentaria de la institución baja del párrafo segundo del artículo 73 constitucional. Administrar y gobernar los seguros sociales, implica que es la propia institución la que debe establecer los elementos y requisitos necesarios para poder tener acceso a los derechos del bienestar social y toda la jurisprudencia de la Sala ha sido consistentemente elaborada en el reconocimiento que eso es así. Es precisamente de la conjunción de los artículos 73 y 50, que se estructura formalmente el estado social de derecho de nuestro país y lo que da base a que los principios de solidaridad y justicia, informen a todo el régimen de seguridad social. Por último, en torno a la prescripción y a los plazos de conservación de los derechos, el criterio expuesto por la Procuraduría General de la República coincide con los precedentes de la Sala, el derecho subjetivo a la pensión de invalidez surge cuando se han cumplido todos los requisitos del artículo 6 del Reglamento. Antes de ese evento, lo que se tiene es el derecho a la

13 pertenencia en el régimen y la expectativa de adquirir el derecho, cuando se hayan cumplido absolutamente todos los requisitos formales de la norma. A mayor abundamiento de razones, esta Sala Constitucional, en la sentencia número de las catorce horas treinta y un minutos del ocho de agosto del dos mil uno, que rechazó por el fondo la acción de inconstitucionalidad que se tramitó en el expediente número CO, examinó la constitucionalidad del artículo 6 aquí cuestionado, declarando, que no es contrario al Derecho de la Constitución. Esta definición resulta de plena aplicación y observancia en la actualidad, pues la Sala no encuentra motivo alguno para variar el criterio expuesto en las sentencias de cita. Al respecto, debe reiterarse que con base en los precedentes jurisprudenciales de comentario, la Sala define que la norma consultada se encuentra conforme con el Derecho de la Constitución, pues precisamente de acuerdo con los principios de la seguridad social, y tomando en consideración la naturaleza contributiva de estos regímenes, resulta impropio aducir la existencia de derechos irrestrictos, por lo que los límites impuestos en la norma de cita sí resultan jurídicamente proporcionados y razonables, que define el universo de beneficiarios, los límites de cotización, y el rango de edades para el reconocimiento de este tipo de pensión. En consecuencia, lo que procede es evacuar la consulta del Tribunal de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Cartago, estableciendo que el inciso b) del artículo 6 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social no es contrario a la Constitución Política. Por lo expuesto en este extremo, debe estarse el Juez a lo resuelto en la sentencia citada, pues no existen razones para variar el criterio expuesto. III.- Sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Por último, el juez consulta si la normativa impugnada también infringe los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. Como ha ocurrido en otras ocasiones, esta Sala ha establecido los alcances de estos principios en su jurisprudencia, construcción que se ha nutrido de diferentes doctrinas, pero que sirven para conducir al Juez constitucional a determinar un grado de legitimidad de la normativa desde un punto de vista constitucional. En el caso que nos ocupa, se cuestiona la decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social de establecer requisitos mínimos para acceder a una pensión por invalidez. Si partimos de que un régimen de pensiones no puede concretarse sino hasta el

14 momento en que la persona cumple con los requisitos, lo anterior significa que las personas tienen un derecho a pertenecer al respectivo régimen para la formación de un fondo común y la expectativa a un derecho fundamental, pero siempre y cuando cumplan con los presupuestos para el otorgamiento de esa pensión, que se constituye el momento a partir del cual, éste derecho queda consolidado al cumplir requisitos. La falta de ellos, en consecuencia, no podría otorgar el acceso a dicha pensión, dado que existen razones fundadas en estudios actuariales que establecen estos mínimos y aseguran la sostenibilidad del régimen. Ahora bien, sobre el principio en discusión, la jurisprudencia de la Sala ha establecido lo siguiente: ³ («) V.- DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD COMO PARÁMETRO CONSTITUCIONAL. La jurisprudencia constitucional ha sido clara y conteste en considerar que el principio de razonabilidad constituye un parámetro de constitucionalidad. Conviene recordar, en primer término, que la "razonabilidad de la ley" nació como parte del "debido proceso sustantivo" (substantive due process of law), garantía creada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, al hilo de la Enmienda XIV a la Constitución Federal. En la concepción inicial "debido proceso" se dirigió al enjuiciamiento procesal del acto legislativo y su efecto sobre los derechos sustantivos. Al finalizar el siglo XIX, sin embargo, se superó aquella concepción procesal que le había dado origen y se elevó a un recurso axiológico que limita el accionar del órgano legislativo. A partir de entonces podemos hablar del debido proceso como una garantía genérica de la libertad, es decir, como una garantía sustantiva. La superación del "debido proceso" como garantía procesal obedece, básicamente, a que también la ley que se ha ajustado al procedimiento establecido y es válida y eficaz, puede lesionar el Derecho de la Constitución. Para realizar el juicio de razonabilidad la doctrina estadounidense invita a examinar, en primer término, la llamada "razonabilidad técnica" dentro de la que se examina la norma en concreto (ley, reglamento, etc.). Una vez establecido que la norma elegida es la adecuada para regular determinada materia, habrá que examinar si hay proporcionalidad entre el medio escogido y el fin buscado. Superado el criterio de "razonabilidad técnica" hay que analizar la "razonabilidad jurídica". Para lo cual esta doctrina propone examinar: a) razonabilidad ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre cuando ante la existencia de un determinado antecedente (ej. ingreso) se exige una determinada prestación (ej. tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la misma es equivalente o proporcionada; b) la razonabilidad de igualdad, es el tipo de valoración jurídica que parte de que ante iguales antecedentes deben haber iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias; c) razonabilidad en el fin, en este punto se valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos por el

15 legislador con su aprobación. Dentro de este mismo análisis, no basta con afirmar que un medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, verificar la índole y el tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un derecho personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar buscando otro medio que produzca una limitación menos gravosa a los derechos personales, el medio escogido no es razonable («). En el caso que nos ocupa, es claro que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene la potestad suficiente que se deriva de la autonomía administrativa y de gobierno para emitir la normativa regulatoria de los seguros sociales, lo que implica el poder de establecer requisitos y otros condicionantes atinentes al otorgamiento y disfrute de la pensión. Por otra parte, también ha declarado esta Sala que no se requiere de una ley para tales regulaciones, por cuanto es claro que la misma Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social había regulado este derecho fundamental, delegación que recibe del artículo 73 de la Constitución Política. En consecuencia, no se puede afirmar que existe una prohibición a la Caja de definir administrativamente los requisitos y momentos para el otorgamiento de una pensión. En el caso que nos ocupa, regulado constitucionalmente el derecho fundamental a la seguridad social, que se compone entre otros del principio de solidaridad y de universalidad, una vez acaecido el presupuesto fáctico para el otorgamiento de una pensión por invalidez, es decir, para quien alcance en términos absolutos el 66.66% de invalidez para procurarse un medio de subsistencia, entonces, la persona podría acceder a ese derecho (artículo 8 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte). En este sentido, ante el antecedente de una declaratoria de invalidez permite avanzar hacia la protección solidaria de la sociedad. Pero conforme se ha establecido en otras legislaciones, para que una persona alcance ese derecho debe constatarse aquel supuesto calificado, además de la concurrencia de los otros requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento, de lo contrario podría convertirse en otro tipo de seguro, para personas que no han alcanzado aquel grado de incapacidad, ni cumplidos los requisitos basados en estudios actuariales. Las normas entonces garantizan una igualdad de trato para aquellas personas que tienen un mismo antecedente. Por otra parte, si el fin es proteger a una persona que por su grado de enfermedad o cualquier otro acaecimiento le impide procurarse sus medios de subsistencia, entonces resulta en el criterio de esta Sala un fin legítimo, en el tanto proporcionaría los medios para que la persona no quede al desamparo social, y es el momento en el que operan los principios de solidaridad y de universalidad. Por tanto:

16 Se evacua la consulta judicial formulada en el siguiente sentido: a) El artículo 8 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte no es contrario al principio de reserva de ley; y b) el Juzgador debe estarse a lo resuelto por esta Sala en la sentencia No de las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del 14 de septiembre de 2011 en cuanto consulta la constitucionalidad del artículo 6 del mismo reglamento; y c) en lo que se refiere a los artículos consultados, no infringen el principio de razonabilidad y proporcionalidad de las normas. Ana Virginia Calzada M. Presidenta Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C. Fernando Castillo V. Paul Rueda L. Teresita Rodríguez A. "(% + 1 (3 2BHE1K4Q43HS61