Apuntes para una política de prevención de la violencia juvenil
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- Julián Luis Villalobos Navarrete
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1 Apuntes para una política de prevención de la violencia juvenil
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3 Apuntes para una política de prevención de la violencia juvenil
4 Directora Ejecutiva Claudia Pineda Gadea Coordinadora de Investigación Claudia García Rocha Elaborado por: Viara Sequeira Roberto Orozco B. Edición y diseño gráfico Área de Comunicación e Incidencia Fotografía de portada Fundación Nicaragua Nuestra (FNN) Asesora técnica Elvira Cuadra Managua, Nicaragua Abril, 2012 Lomas de San Juan, casa No. 152 Apartado Postal: LM202 Teléfonos: (505) Con el auspicio de la Embajada de Finlandia. Ieepp es el único responsable por el contenido y las opiniones expresadas en esta publicación, las cuales no necesariamente reflejan las opiniones y puntos de vista de quienes auspician este trabajo.
5 INDICE 1. Introducción Una breve mirada a la situación actual de la violencia juvenil El caso de las pandillas Tendencias regionales de las propuestas para la prevención de la violencia juvenil Elementos de una propuesta para Nicaragua Recomendaciones para su aplicación Bibliografía... 19
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7 1. Introducción La violencia es un fenómeno en constante ebullición en el contexto regional y que incorpora cada vez más a la población joven, particularmente a aquellos con menos oportunidades para lograr un desarrollo integral. En ese sentido, la pobreza entendida como privación para el desarrollo de capacidades es uno de los elementos fundamentales en la situación de vulnerabilidad que viven los adolescentes y jóvenes. El Informe de Desarrollo Humano 1, en el cual se presenta el Índice de Pobreza Multidimensional (IPMJ), refleja dicha condición de vulnerabilidad de estos grupos en materia de salud, educación, empleo y condiciones del hogar. Indica que el 49.3% de los jóvenes y adolescentes son considerados pobres de manera multidimensional, es decir, que presentan privaciones en tres o más indicadores de los doce considerados en los ámbitos mencionados. Asimismo, el documento manifiesta que el grupo de edad que sufre de más privaciones en las esferas mencionadas son los jóvenes entre 25 y 29 años de edad. Claramente la condición de privaciones los hace aún más vulnerables a desarrollar comportamientos violentos o a ser víctimas del mismo. Las tendencias más recientes en torno a la comprensión de dicho fenómeno se centran en considerar los factores que pueden influir en el desarrollo del comportamiento violento, desde condicionamiento biológico e historia personal, hasta la relación de los individuos con su entorno (modelo ecológico). 1 Informe de Desarrollo Humano: Juventudes Construyendo Nicaragua (2011). P.29. PNUD. Managua, Nicaragua. En años recientes el enfoque desde el cual, se ha abordado la sensibilización de instituciones gubernamentales con respecto a este problema, es el de los costos que la violencia genera para los sistemas de salud pública. Usando esa misma perspectiva, los costos económicos van más allá, puesto que la violencia implica inversión de recursos no sólo para la atención médica y psicológica de las víctimas y victimarios sino que requiere de inversión en el sistema de justicia penal (costos de los juicios y del mantenimiento de reos en los sistemas penitenciarios) y en las instituciones policiales. Aunque esto sólo represente otorgar un valor monetario -siempre insuficiente- a millones de vidas destruidas y sociedades desintegradas. Según el Informe Mundial de Violencia y Salud de la OMS (2002), entre el 20 y 45% de los varones y entre el 47 y 69% de las muchachas, que son delincuentes juveniles violentos con edades comprendidas entre los 16 y 17 años, presentan una continuidad de comportamiento violento hasta la edad adulta. Ante un problema de tal magnitud, la prevención de la violencia adquiere mayor importancia, pero las acciones preventivas deben ser contextualizadas y su éxito depende de la existencia de condiciones aptas, que pasan desde la voluntad política de los gobernantes hasta la participación de diferentes actores sociales. En ese sentido, es indispensable la elaboración e implementación de políticas públicas que establezcan pautas para abordar este fenómeno. El presente documento ofrece una aproximación a los elementos que se deben considerar al momento de elaborar políticas públicas dirigidas a la prevención de la violencia juvenil en Nicaragua. 7
8 2. Una breve mirada a la situación actual de la violencia juvenil Las cifras oficiales de la Policía Nacional indican que desde hace cinco años la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se ha mantenido en 13. A pesar de que es una tasa relativamente baja en comparación con los países del triángulo norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, significa que la violencia en Nicaragua es endémica, puesto que supera en tres puntos la tasa mundial aceptada: de 9 homicidios por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con el PNUD 2, este hecho debería preocuparnos porque tanto las víctimas como los victimarios son per- sonas esencialmente jóvenes. Sólo en el 2006, el impacto económico de la violencia representó para Nicaragua 529 millones de dólares, es decir, un 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Los jóvenes están matando y se están matando. En el 2010, de las 824 personas detenidas por muertes violentas 3, el 82% eran jóvenes varones en edades comprendidas entre los 18 y 45 años, siendo el grupo etario con el mayor número de victimarios. En el caso de las mujeres, el grupo que más muerte causó, se ubica entre los 25 y 45 años. Gráfico 1: Comparativo Víctimas Vs. Victimarios % 80.00% 60.00% 40.00% a a a % 0.00% Hombres víctimas Mujeres víctimas Hombre victimarios Mujeres victimarias 13 a Fuente: Policía Nacional 2 Ver el documento Seguridad Ciudadana , Nicaragua: Riesgos, Retos y Oportunidades, publicado en agosto del Asesinatos, homicidios y parricidios. 8
9 Cuando analizamos las cifras de las víctimas varones, descubrimos ese mismo patrón: el 76% está ubicado en el rango de edad comprendido entre los 18 y 45 años, mientras que en las mujeres, el grupo que más víctima presenta se ubica entre los 25 y 45 años. Ante lo cual, se podría afirmar que en Nicaragua, los hombres son las principales víctimas de la violencia, y también son ellos los que más la ejercen. 2.1 El caso de las pandillas En Nicaragua no existen maras como las que hay en los países del triángulo norte de Centroamérica, es decir, grupos que han evolucionado y desarrollado con características de crimen organizado: presentan estructuras jerárquicas, control sobre zonas geográficas específicas, tanto urbanas como rurales y, además, generan recursos económicos a partir de la comisión de ciertos delitos como la extorsión y explotación sexual femenina, entre otros. Algunas maras por ejemplo, tienen el control del comercio interno de drogas ilegales en barrios capitalinos de San Salvador, Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala. Las pandillas en Nicaragua son menos sofisticadas. Aunque ejercen violencia y cometen delitos, el peso de la criminalidad de éstas no se puede comparar con el que ejercen las maras del triángulo norte (Ballager, W. 2006, p. 333). Algo que resulta clave es que las pandillas en Nicaragua no tienen líderes oficiales; son grupos atomatizados y con pocos vínculos, por no decir nulos, con el crimen organizado. Aunque estas características se mantuvieron más o menos similares durante los últimos cuatro o cinco años, sin embargo la violencia que ejercen ha evolucionado de alguna manera. El estudio Una mirada a las causas de los delitos en los Distritos IV, V y VI de Managua, elaborado por el Instituto de Estudios Estratégicos (Ieepp) en el 2010, destaca que el expendio y consumo de drogas produjo un cambio negativo en la forma en que se enfrentaban las pandillas de estos distritos. El estudio establece que hace tres o cuatro años (las pandillas) utilizaban como instrumentos de agresión en los pleitos callejeros, piedras y otros objetos contundentes. Luego se pasó al uso del arma blanca, principalmente el machete y, en la actualidad, los instrumentos de agresión son las armas de fuego, tanto hechizas 4 como de fabricación. Ante lo cual la violencia se recrudece. Los pandilleros nicaragüenses están teniendo fácil acceso a las armas pequeñas y ligeras por medio de cinco fuentes que el mismo estudio determinó: 1-. Traficantes locales de armas; 2-. Expendedores de drogas en los barrios capitalinos; 3-. Agentes corruptos de la Policía Nacional; 4-. Robo de armas a vigilantes de las empresas privadas de seguridad; y 5-. A través del alquiler que contratan con propietarios legales de las mismas. Las estadísticas oficiales sobre el problema de las pandillas y la violencia juvenil son insuficientes en Nicaragua. Las cifras presentadas por la Policía Nacional tienen un grave problema de desagregación. Por ejemplo, se estableció que para el 2010, la cifra total de homicidios ascendió a 785 5, pero el Informe de la Policía Nacional no indica cuántos de estos homicidios fueron causados por la violencia juvenil y, tampoco cuántos estuvieron vinculados al accionar de las pandillas. Por otro lado, la información oficial sobre las mismas pandillas es dispersa y confusa. En el 2011, un artículo de opi- 4 Así son conocidas en Nicaragua las armas de fuego de fabricación artesanal. 5 Por un asunto de tipificación de delitos, los asesinatos se diferencia de los homicidios en Nicaragua, pero para efectos prácticos de indicadores internacionales de seguridad, en esta cifra que damos como homicidios, están incluidos también los asesinatos. 9
10 nión elaborado por un oficial de la Policía 6, en el cual se citan estadísticas de la institución policial, revela que existían 48 pandillas juveniles en el país, integradas por unos 800 jóvenes. Son datos que no confirma ni rechaza la Dirección de Asuntos Juveniles de esa institución, oficina encargada de dar atención a este problema, como tampoco aparecen disponibles en la página web de esta dirección, vinculada al portal de la Policía Nacional. La información estadística oficial sobre pandillas desapareció del portal de la Policía Nacional y de otras instituciones del Estado a partir del Se desconocen los motivos, pero algunos expertos creen que probablemente se deba a una nueva política gubernamental que intenta ocultar el problema 7. Sin embargo, algunas cifras que se presentaron hasta ese año muestran parte de la dimensión del problema. Hemos actualizado esas cifras con la recopilación de otras cifras dispersas. De acuerdo a la Policía Nacional, existen diferencias bien marcadas entre el concepto de pandillas y grupos juveniles en alto riesgo social. Esas diferencias pueden resumir- se en que las pandillas son un grupo de jóvenes organizados, con identidad de grupo, lenguaje de símbolos, que cometen delitos y ejercen violencia; en cambio los grupos en alto riesgo carecen de estas características. La tabla anterior indica que desde el 2002 ha habido más grupos juveniles en alto riesgo social que pandillas en Nicaragua, por lo que se puede inferir que la actividad delictiva de estas es casi inexistente: apenas el 0.07% de la actividad delictiva nacional del De los delitos cometidos por las pandillas en el 2007, el mayor porcentaje recae en las distintas modalidades de robos 8, mientras que los homicidios representaron el 7.5%. Sin embargo, existe una gran cifra negra compuesta por delitos que cometieron las pandillas, pero que no fueron denunciados ante la Policía Nacional por diversos motivos, entre los cuales destacan la intimidación, el temor y el desinterés ciudadano producto de la escasa respuesta institucional. Tabla 1: Pandillas y grupos juveniles en riesgo en Nicaragua ( ) Año Con criterio regional Grupos en alto riesgo social Pandillas Integrantes Grupos Integrantes , , ,147 Enero ,827 Noviembre , , Fuente: Policía Nacional y otras fuentes 6 Ver 7 Entrevista a Roberto Orozco, experto en seguridad ciudadana del IEEPP. 8 Robos con intimidación, robos con fuerzas y robos con violencia. 10
11 Gráfico 2: Distribución de los delitos de pandillas (2007) 33% 7% 38% 22% Homicidios Lesiones Robos Faltas penales Fuente: Policía Nacional A pesar de lo anterior, existe una percepción bien marcada entre la población de que las pandillas son un grave problema de inseguridad. Desde el 2007, la población considera que la violencia y delincuencia generada por pandillas es uno de los principales problemas de inseguridad tanto a nivel nacional como a nivel local y vecinal 9. En la Encuesta de Percepción de la Seguridad Ciudadana que publicó el y Políticas Públicas (Ieepp) 10 en el 2010, señala que un 64.4% de los entrevistados, de una muestra nacional de 1,600, ubica a la delincuencia provocada por las pandillas como el principal problema de inseguridad del país. Es decir, que aunque las cifras oficiales sobre los delitos cometidos por las pandillas reflejan una realidad, los ciudadanos perciben todo lo contrario. 9 II Encuesta sobre Percepción de Seguridad Ciudadana, realizada por el IEEPP. 10 III Encuesta sobre Percepción de Seguridad Ciudadana IEEPP. 11
12 3. Tendencias regionales de las propuestas para la prevención de la violencia juvenil La violencia juvenil no es el único tipo de violencia que se vive en nuestra sociedad, pero sí es una de las más visibles y abordadas por los medios de comunicación social, especialmente en lo referente a las pandillas. El énfasis que ponen los medios de comunicación social en la violencia juvenil, hace que la sociedad conciba a los adolescentes y jóvenes como los principales perpetradores de la violencia, pero raras veces se reconoce que también son las principales víctimas del ciclo de la violencia. Esa visión es lo que ha llevado a diferentes Estados a ejecutar medidas punitivas en materia de violencia juvenil, en vez de considerarlo como un problema que requiere de medidas integrales para la prevención. La ruptura de los ciclos de violencia juvenil se está convirtiendo en un elemento de debate y prioridad en el desarrollo de políticas públicas en Centroamérica. Existen algunas iniciativas promovidas para fortalecer las políticas públicas en materia de prevención de violencia juvenil tanto a nivel local como nacional. Recientemente se han publicado propuestas de lineamientos estratégicos para la prevención de violencia juvenil producto de procesos de consultas intersectoriales llevadas cabo en el marco del proyecto Hacia una política de consenso sobre la problemática de las maras y pandillas juveniles en Centroamérica (POLJUVE), a cargo de la a cargo de la Alianza Internacional para la consolidación de la Paz (INTERPEACE) y sus socios locales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Usualmente, la violencia juvenil involucra una serie de dinámicas que por muy nocivas que sean constituyen los únicos espacios en los que adolescentes y jóvenes en alto riesgo social se sienten protagonistas. Debido al fracaso de la sociedad en brindarles oportunidades, sienten que sólo dentro de las pandillas son tomados en cuenta, están protegidos, y son reconocidos. Es por eso en parte que las políticas de mano dura han fracasado. Según el Informe Mundial sobre la violencia y la salud, entre el 20 y 45% de los varones y, entre el 47 y 69% de las mujeres, que cometen actos violentos a la edad de 16 a 17 años, presentarán un comportamiento violento en su adultez. El enfoque que promueven, realza la importancia de la atención integral en cuanto a la prevención de violencia juvenil y basa el abordaje en principios que guían los procesos de intervención y atención, en una dirección opuestas a los enfoques de mano dura y exclusivamente policíacos que se han desarrollado en la región centroamericana en años anteriores. La tendencia regional gira en torno a la promoción de una cultura de paz, partiendo del respeto de los derechos humanos, específicamente de los derechos de la niñez y adolescencia, lo que introduce el tema de la participación protagónica de éstos en los procesos de prevención y en el desarrollo de políticas públicas al respecto. Este reconocimiento indica un cambio en la percepción de adolescen- 12
13 tes y jóvenes, quienes pasan de posibles transgresores a sujetos de derechos, cuyo involucramiento en la violencia juvenil está relacionado con la violación de sus derechos humanos. Otro elemento importante es que la violencia se aborda como un problema estructural que también debe ser atendido a nivel comunitario, por lo que la voluntad política es indispensable para la inversión social, la descentralización de medidas y la construcción de confianza en las instituciones del estado, tanto de parte de los adolescentes y jóvenes, como de la sociedad civil organizada. Todo ello es indispensable para un abordaje integral de la problemática. Para dar salida a los nuevos planteamientos con respecto a la prevención de violencia juvenil, existe una tendencia a establecer los principios rectores que dirijan los lineamientos estratégicos, las propuestas y acciones. Entre ellos, se menciona la promoción de una cultura de paz, el respeto a legalidad de los derechos humanos y los derechos de la adolescencia y la juventud, impulsar el protagonismo de la juventud, el respeto a la diversidad y pluralismo, la promoción de la equidad de género, regirse por el interés superior de los adolescentes, un enfoque integral, la implementación descentralizada, el enfoque comunitario y la construcción de confianza en las instituciones del Estado. Aunque todos los principios anteriormente mencionados son de gran importancia, es preciso resaltar el enfoque integral que va de la mano con la implementación descentralizada y el enfoque comunitario. A partir de las experiencias que deja la implementación de políticas de mano dura en lo referente a la prevención de violencia, una de las lecciones aprendidas es que el fenómeno de la violencia no se puede resolver con coerción; puesto que ha avanzado de tal manera, que una solo institución gubernamental -la Policía o el Ejército en algunos casos- no puede atender, ni mucho menos solucionar el problema. Las políticas de mano dura las ejecutan exclusivamente los órganos policíacos o el Ejército, respaldados por el sistema judicial, y se ha corroborado que en varios países centroamericanos los sistemas penitenciarios están al límite de sus capacidades y los niveles de violencia no disminuyen. Por eso se promueve la inclusión de la comunidad en el trabajo preventivo, cuya ejecución no debe estar a nivel del gobierno central ni de unas pocas instituciones públicas, sino que además debe involucrar a varios actores a nivel local: a las organizaciones de la sociedad civil, las familias, la comunidad, líderes comunitarios. Los principios establecidos giran en torno a dos enfoques principales: una cultura de paz y la atención integral. Entre los principios relacionados con la construcción de una cultura de paz encontramos: 1. Promoción de una cultura de paz. 2. Respeto a legalidad de los derechos humanos y los derechos de la adolescencia y la juventud. 3. Impulsar el protagonismo de la juventud. 4. Respeto a la diversidad y pluralismo. 5. Equidad de género. 6. Interés superior de la adolescencia. 7. Enfoque integral. 8. Implementación descentralizada y enfoque comunitario. 9. Construcción de confianza en las instituciones del Estado. En lo que se refiere a las estrategias de prevención primaria, en cada uno de los países mencionados se plantea la necesidad de concentrar esfuerzos en la prevención de la violencia en los diferentes escenarios: la familia, la comunidad y la escuela. Para ello, es necesario promover el protagonismo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, crear oportunidades de formación para el trabajo e inserción laboral, lo que a su vez implica prevenir la deserción escolar 13
14 y promover la educación alternativa para adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo. Las estrategias en prevención secundaria, dirigidas exclusivamente a jóvenes en riesgo, se enfocan en la atención integral y la reinserción social de grupos vulnerables y a la recuperación de comunidades con altos índices de violencia. En el caso de las estrategias para la prevención terciaria, que quizás no se debería llamar prevención, se presenta la necesidad de promover la justicia restaurativa, que pasa por mejorar el sistema de administración de justicia para adolescentes y jóvenes en conflictos con la ley y asegurar el respeto de los derechos humanos de aquellos que ingresan al sistema penal. 14
15 4. Elementos de una propuesta para Nicaragua Hay que reconocer que aunque Nicaragua no presenta un contexto tan agravado como el resto de los países centroamericanos, la violencia muestra una tendencia a incrementarse. En tanto, los esfuerzos en materia de prevención de violencia juvenil de las organizaciones de la sociedad civil y del Estado están desarticulados, reduciendo así la posibilidad de tener un impacto mayor. A partir de la propuesta de INTERPEACE, el Instituto de Estudios Estratégicos (Ieepp) promovió un taller en el que participaron organizaciones y expertos en temas de seguridad en Nicaragua, quienes reiteran la necesidad de un abordaje integral de prevención de la violencia, que incluya tanto a los actores públicos a nivel local y central como a la sociedad civil organizada y el sector privado. Los expertos señalaron que deben dirigirse esfuerzos hacia: 1. La apertura de espacios para desarrollar el protagonismo de adolescentes y jóvenes. La promoción del protagonismo, en el entendido de que la participación activa, consiente y voluntaria de adolescentes y jóvenes en alto riesgo social o que están en conflicto con la ley, siempre debe tomarse en cuenta, principalmente por la tendencia de considerar su presencia en las actividades de los proyectos sin que los jóvenes tengan la oportunidad de expresar sus opiniones o influir en cómo se desarrollan los procesos. En ese sentido, resulta indispensable desarrollar capacidades que les permita ser protagonistas en los temas o espacios de su interés, para generar un verdadero civismo y cambios en su comportamiento. 2. Especialización de personas que trabajan en los diferentes niveles de prevención de violencia con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Una inquietud que surgió en el grupo de expertos, es la especialización de las personas que trabajan directamente con los jóvenes. Mencionaron que aunque poseen conocimiento a nivel práctico y reciben capacitación para acercarse a los jóvenes, es necesario fortalecer los conocimientos teóricos sobre los procesos de prevención de violencia juvenil. 3. Mejorar las ofertas de educación alternativa formación técnica- para la juventud, especialmente para adolescentes y jóvenes en riesgo o en conflicto con la ley. Uno de los ejes de las diferentes iniciativas de prevención de violencia es la promoción de la educación: retención escolar para aquellos que aún son parte del sistema de educación formal y reintegración para otros que están fuera. A pesar de ser uno de los focos más importantes, usualmente es el más difícil de cumplir, dado que la oferta del sistema de educación formal no responde a la demanda de los jóvenes en alto riesgo social o en conflicto con la ley, quienes en el mejor de los casos, prefieren cursos cortos de formación técnica. 15
16 4. La creación de oportunidades de empleo. El sistema de educación formal no presenta las condiciones adecuadas para motivar a los jóvenes en alto riesgo social o que están en conflicto con la ley, a que deseen continuar con sus estudios. Por otro lado, los jóvenes están conscientes de que el estudio no necesariamente les brindará la oportunidad de acceder a un empleo, y siendo que usualmente se encuentran en una situación socio-económica vulnerable, su interés radica en acceder a fuentes de ingreso inmediatas, empleos. Por este motivo, cuando forman parte de algún programa o proyecto de prevención, una de sus demandas es que les ayuden a acceder a un empleo o romper con el estigma que tienen en sus comunidades; desean convertirse en personas confiables para tener un trabajo y colaborar en sus hogares. organizaciones de la sociedad civil pero, aunque sean estas últimas las que poseen el conocimiento y la experiencia. 6. Sensibilizar a la sociedad para prevenir la estigmatización y asegurar que los adolescentes y jóvenes en riesgo o que están en conflicto con la ley, sean considerados sujetos de derecho. Los estigmas en contra de los adolecentes y jóvenes en riesgo social, afectan su autoestima y es uno de los elementos que impide que superen su condición de vulnerabilidad. Estos jóvenes suelen tener niveles de autoestima muy bajos, y a pesar de los esfuerzos empleados para superar esa valoración negativa sobre ellos mismos, el estigma que poseen en sus entornos los afecta en gran medida y puede generar recaídas. 5. La creación de sinergias entre actores para un abordaje adecuado de la violencia juvenil. La sinergia entre diversos actores debe generarse en varios sentidos para lograr que los esfuerzos tengan un mayor y mejor impacto. Se plantea la necesidad de fortalecer la colaboración entre las mismas organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, mencionan que es indispensable la articulación de las OSC con las instituciones gubernamentales para ejecutar iniciativas en materia de prevención de violencia en sus distintos niveles. El fenómeno de la violencia juvenil va más allá de lo que algunos proyectos de organizaciones civiles pueden atender, por lo que es indispensable vincular el trabajo que realizan en materia de prevención de violencia juvenil con las acciones que ejecutan las instituciones estatales correspondientes, quienes son las que tienen mejor oportunidad de implementar políticas a largo plazo, en el sentido que pueden garantizar la sostenibilidad que no tienen muchas 7. Involucrar al sector privado. La responsabilidad social empresarial no es una práctica o concepto nuevo, sin embargo, ha sido muy poco aprovechado en Nicaragua. Debido a la naturaleza del sector privado, las empresas ejecutan sus acciones de responsabilidad social disociada de otros sectores de la sociedad. a experiencia que poseen en la implementación de proyectos sociales es diferente a la que poseen organizaciones de la sociedad civil, lo que resulta un beneficio perfecto para promover la complementariedad de ambos sectores. Aparte de recursos económicos poseen amplia experiencia en temas relacionados con el emprendimiento empresarial y relaciones con tomadores de decisión. Algunas organizaciones de la sociedad civil consideran que sería una alianza ideal para implementar estrategias de prevención de violencia y hacer llegar propuestas a tomadores de decisión. 16
17 8. Sensibilizar e involucrar a actores claves como los medios de comunicación social y la policía. Las organizaciones de la sociedad civil consideran que los medios de comunicación social tiene el potencial para colocar temas en la discusión pública e influenciar la opinión pública de manera positiva, por lo que su sensibilización ante el fenómeno de la violencia es indispensable, primero para que sea abordado de manera adecuado y segundo, para que se conviertan en aliados de las estrategias que deben implementarse. Actualmente, en Nicaragua son pocas las organizaciones de la sociedad civil que saben cómo involucrar a los medios de comunicación, es una relación que la mayoría no ha logrado establecer. 17
18 5. Recomendaciones para su aplicación Uno de los elementos más importantes mencionados por el grupo de expertos es la necesidad que las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas aúnen esfuerzos para atender un problema que trasciende los esfuerzos individuales, sin embargo, no existe información sistematizada sobre las diferentes experiencias de prevención ya sean individuales o en coordinación con otras organizaciones e instituciones. Asimismo, se conoce muy poco o de manera superficial los esfuerzos que realizan las instancias del gobierno (Mifamilia, Sejuve, MINED, Policía Nacional) lo que hace mucho más difícil conocer cómo los diferentes actores conciben la prevención, quienes están trabajando y en qué niveles. Esto no permite diseñar una estrategia verdaderamente nacional y reduce el impacto positivo que podríamos tener. fundamental trabajar a nivel de sensibilización de actores para lograr coordinación de estrategias y acciones cuyo impacto sea más favorable de lo que se ha visto hasta el momento. De ahí la importancia de realizar un mapeo de las diferentes acciones que se están realizando en este ámbito desde cada uno de los sectores (sociedad civil organizada, gobiernos locales, instituciones gubernamentales, entre otros). Por otro lado, cada actor debe estar sensibilizado en cuanto a la magnitud del problema y nuestra incapacidad como sociedad de abordarlo eficazmente a través de esfuerzos desarticulados. La desconfianza que existe entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil y la poca voluntad política mostrada por las instancias estatales no permite una verdadera atención integral del problema de la violencia. Es 18
19 6. Bibliografía 1. Construyendo un Futuro de Paz: Propuesta de política pública integral para prevenir la violencia que afecta a la adolescencia y la juventud. (2011). Interpeace: POLJUVE El Salvador Estrategias para Prevenir la Violencia Relacionada con la Adolescencia y Juventud (2011). Interpeace: POLJUVE Guatemala. 3. De la Prevención Local a la Nacional (2011). Interpeace: POLJUVE Honduras. 4. Informe mundial sobre la violencia y la salud (2002). OPS. Washington D.C. 5. Maras y pandillas en Centroamérica, las respuestas de la sociedad civil organizada. (2006). UCA Editores. 6. Una mirada a las causas del delito en los Distritos IV, V y VI de Managua. (2010). Ieepp. 19
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22 Apuntes para una política de prevencion de la violencia juvenil Esta publicación del se realizó gracias al apoyo de
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