Observatorio Latinoamericano de Geopolítica

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1 Observatorio Latinoamericano de Geopolítica EL PLAN COLOMBIA Y LA INICIATIVA ANDINA EN EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS Los senadores colombianos Gustavo Petro y Antonio Navarro Wolf, crearon un movimiento llamado Vía Alterna. El siguiente es un documento tomado de su sitio de internet: Como parte del proceso de aprobación de la propuesta de asistencia del gobierno de Bush para la región andina para el 2002, en el Subcomité del Hemisferio Occidental (Comité de Relaciones Internacionales) de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos se celebró una audiencia el pasado 28 de junio. Se habló sobre el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina y quedó clara la voluntad de la presente administración de profundizar en la estrategia antidrogas que ha venido impulsando desde hace años Estados Unidos en la región. Vía Alterna reproduce tres de las cuatro intervenciones que tuvieron lugar en dicha reunión. EL PLAN COLOMBIA Y LA INICIATIVA ANDINA EN EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS Palabras inaugurales Por Cass Ballenger, Presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental El tráfico de drogas ilícitas y la actividad criminal que lo acompaña son las amenazas más serias a la seguridad nacional de Estados Unidos. A diferencia de otros retos en la política exterior, las drogas y el crimen apuntan simultáneamente contra nuestros intereses internos y externos. Las drogas ilegales y la criminalidad conexa subvierten las estructuras sociales y económicas estadounidenses. Podemos ver, en los ojos de nuestros niños enganchados por la droga y en los ojos de las víctimas del crimen, lo que el tráfico de droga deja a su paso... Si las drogas tienen tan devastador efecto en Estados Unidos, piensen lo que pueden ocasionar en democracias frágiles con economías inestables. No puedo pensar en un asunto más importante para la estabilidad de nuestro hemisferio que éste. Para mantener nuestra propia seguridad y nuestra estabilidad económica, los Estados Unidos deben estar rodeados por democracias estables con economías sólidas. El crimen transnacional plantea hoy una amenaza clara a nuestra nación. El conflicto ideológico ha cedido al paso de la búsqueda de ganancias ilícitas provenientes de la actividad criminal. Los sindicatos internacionales del crimen se están globalizando. El tráfico de drogas ilegales genera billones de dólares que financian el mercado negro

2 del tráfico de armas, el cual alimenta la violencia y una actividad criminal degradante en Colombia y a lo largo del hemisferio. La reciente captura de la embarcación pesquera Svesda Maru, con bandera de Belice, (16/5/01) que transportaba libras de cocaína, y a una tripulación integrada por ocho ucranianos y dos rusos, es considerada por las autoridades de algunos países un hecho vinculado a la mafia rusa, lo cual constituye una verdadera llamada de alerta. Ninguna nación es inmune al crimen transnacional. Los Estados Unidos deben estar listos y dispuestos a apoyar a aquellas naciones que se nos unan para oponerse al tráfico de drogas que alimenta al crimen transnacional. La situación en Colombia es más compleja y lamentable que ninguna otra que yo haya conocido en los años que llevo en el Congreso. He dicho antes que lo que ocurre en Colombia incide en lo que ocurre aquí, en nuestros propios pueblos natales; y no estoy hablando de una cuestión distante en los años, sino del día a día. Dejar de ayudar a Colombia y a las naciones vecinas sin duda alguna pone en peligro a nuestra propia nación y a sus ciudadanos. El costo puede parecer muy alto ahora, pero les aseguro que será mucho más grande si no actuamos ahora. Junto con mi colega de comité, el señor Smith, hemos regresado hace poco de Colombia. Ambos pudimos constatar de primera mano lo importante que resulta la asistencia norteamericana al Plan Colombia, para esa nación asediada. Por lo que pude observar, no hay lugar a dudas sobre el compromiso de Colombia con el Plan Colombia. Estoy muy complacido de saber que la administración Bush está abordando este tema al plantear más asistencia, tanto en terreno económico como en el de la lucha antidrogas, así como en la extensión de las preferencias comerciales para Colombia y sus vecinos. La renovación del Acta Andina de Preferencias Comerciales, es fundamental para nuestra estrategia antinarcóticos en la región andina. Nuestro primer testigo hoy es el presidente emérito del Comité de Relaciones Internacionales, el honorable Benjamin A. Gilman, de New York. Ningún otro miembro del Congreso supera su dedicación en la lucha contra las drogas. Nos honra su presencia en este subcomité. También le damos la bienvenida al señor James F. Mack, vicesecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Internacionales y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, y al señor Michael Deal, vicesecretario de la Oficina para América Latina y El Caribe de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Ambos caballeros presentarán testimonio sobre la Iniciativa Regional Andina del gobierno. La Iniciativa Regional Andina se monta sobre los recursos ya provistos en apoyo del Plan Colombia. Como ustedes saben, la asistencia estadounidense a este Plan es una política bipartidista desarrollada por el Congreso y por la administración Clinton, que la administración Bush continúa apoyando. Aun cuando el Plan apenas comienza a ser implementado, ya hemos tenido éxitos, y la política está funcionando. Se ha calculado que desde diciembre, unas hectáreas de coca han sido fumigadas. Con Colombia, nosotros debemos continuar redoblando nuestros esfuerzos para erradicar completamente la semilla de opio que está ingresando en Estados Unidos en la forma

3 de heroína de alta pureza y muy adictiva. Tomará tiempo, dedicación y decisión, pero al trabajar juntos, podemos impulsar una estrategia sostenida que conducirá a la victoria final sobre los barones de la droga que venden veneno a nuestros hijos. Hoy estamos realizando esta audiencia para conocer cómo el gobierno planea administrar este paquete de ayuda a la región andina. Cuáles son sus objetivos principales? Cuáles son las funciones y responsabilidades de cada entidad involucrada? Cuáles el cronograma y los parámetros con los que se medirán los resultados de esta iniciativa? Creo que ella permitirá la implementación continua de una estrategia de control a la droga y al crimen. Esperamos escuchar las reflexiones y recomendaciones de nuestros distinguidos invitados sobre cómo implementar un método eficiente y efectivo para combatir este terrible problema. Declaración de Benjamin A. Gilman Presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes Señor Presidente, gracias por convocar esta audiencia sobre la Iniciativa Andina, y por brindarme la oportunidad de testificar. Saludo el nuevo plan andino de la administración, cuyo presupuesto rebasa los 800 millones de dólares. Es una progresión natural, después de nuestro programa de asistencia para la lucha antinarcóticos de US$ en el Plan Colombia. PERÚ Estamos avanzando en nuestra lucha contra las drogas ilícitas en la región andina, en especial, en Perú y Bolivia. Debemos continuar. Es tiempo de reanudar la política de derribamiento de aviones en los cielos de Perú y Colombia, después de establecer las salvaguardas necesarias para prevenir situaciones como el trágico e infortunado incidente de los misioneros, del 20 de abril pasado. No debemos botar al bebé al botar el agua de la bañera, ni permitir más pérdidas de vidas inocentes por culpa de las drogas ilícitas que vienen de la región andina hacia nuestras comunidades y pueblos, mientras retrasamos la decisión de qué hacer respecto de lo que produjo el trágico error en Perú, el cual todos lamentamos sinceramente. BOLIVIA Respecto del tráfico de drogas en Bolivia, encontramos una historia de éxitos en el mar del pesimismo infundado. La eliminación total de la hoja de coca en la región del Chapare y los esfuerzos por controlar los pocos cultivos ilícitos restantes en el área de Yungas, es un modelo para el mundo. Bolivia nos brinda esperanza. Es esencial mantener nuestro apoyo para sostener este brillante éxito boliviano en la lucha contra las drogas.

4 Bolivia ha ofrecido algunas lecciones importantes a sus vecinos sobre cómo la voluntad política puede sustraer a una nación del negocio de las drogas ilícitas y controlar la provisión de precursores químicos. Hoy, en Bolivia, traficar con precursores químicos es un crimen equivalente al narcotráfico, y recibe la misma penalización. Otros deberían seguir este ejemplo. Ello ha tenido un impacto fundamental en la pureza y disponibilidad de las drogas bolivianas, porque sin tales químicos, no hay producción de drogas. COLOMBIA Es gratificante oír que en Colombia hemos reasumido la erradicación del opio. Según el director del programa antinarcóticos de la Policía Nacional y nuestra embajada en Bogotá, es probable que podamos eliminar totalmente el opio en Colombia para finales de este año, mediante el uso de los (helicópteros) Black Hawks para cuya adquisición nuestro comité allanó el camino. Ellos salvarán vidas y ayudarán a proteger niños aquí, en casa, del flagelo de la heroína colombiana, que tanto impacto ha tenido en nuestra costa este. LA LÍNEA DE SUMINISTROS Todavía necesitamos resolver los problemas de la línea de suministros en Colombia, el talón de Aquiles del Plan Colombia, como todos sabemos y hemos reconocido por largo tiempo. No sirve la propuesta del Departamento de Estado de utilizar una aeronave de carga C-27, que es costosa de operar, cuyos repuestos vienen de Italia, que requiere la contratación de más tripulaciones en Colombia, y que no puede aterrizar en el 80% de las pistas donde la Policía Nacional necesita que se descarguen el combustible y el herbicida. Este proyecto ni siquiera va a arrancar. Debemos conseguir para la Policía Nacional de Colombia los aviones de aprovisionamiento Buffalo que los mandos policiales han solicitado para volar durante los últimos años. LAS FARC Sigo preocupado sobre qué negociaciones, si las hay, puede estar haciendo el gobierno colombiano con las FARC para limitar la fumigación aérea llamada a erradicar los cultivos de coca. Así mismo me preocupa la protección y seguridad de los estadounidenses en Colombia, en la medida en que actuamos agresivamente contra las drogas. Ya es tiempo de poner fin a la ficción de la ayuda exclusiva para la lucha antinarcóticos. Los estadounidenses corren riesgos y son blancos de ataque en Colombia. Por ejemplo, deberíamos ayudar a elevar la capacidad de las unidades antisecuestro de la Policía Nacional, que han reducido los secuestros en Bogotá en un 50%, y que acaban de capturar a cincuenta criminales y guerrilleros vinculados al plagio de los trabajadores estadounidenses de una empresa petrolera secuestrados en Ecuador. Sobre todo, necesitamos mantener e incrementar nuestras acciones en la región. Debemos proseguir lo iniciado en lugares como Perú, Bolivia y Colombia; también

5 debemos ayudar a vecinos de Colombia -como Ecuador, Venezuela, Brasil y Panamá-, que enfrentan la amenaza del rebote, típica de la lucha antidrogas. Ecuador, que ha permitido la instalación de una base operativa después de que salimos de Panamá, merece nuestro sólido respaldo, en especial, en momentos en que enfrenta a una insurgencia de las FARC remozada y entrenada. Debemos continuar mostrando que somos serios y hacer más todavía. PREFERENCIAS COMERCIALES PARA LOS PAÍSES ANDINOS Este año el Congreso debe renovar el ATPA (Andean Trade Preference Act o Acta Andina de Preferencias Comerciales ), iniciativa que ya tiene diez años y que inicialmente buscaba ayudar a la región para nuestra lucha común contra las drogas ilícitas. La renovación del ATPA es un componente esencial del paquete regional para dar viabilidad a los cultivos y al desarrollo alternativo. Hago un llamado a la administración para que gestione duro y eficazmente en favor de la renovación de esta norma. Con ello enviamos un mensaje importante de que somos serios, buenos socios y aliados confiables en la región. EL APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA Por último, llamo al Departamento de Estado y a los gobiernos de la región andina a gestionar ante los gobiernos europeos y la Unión Europea para que también contribuyan a frenar el flujo de drogas desde la región andina. Una tercera parte de la cocaína que proviene de esta región se dirige hacia Europa, y países como Holanda, Bélgica y otros, proveen grandes cantidades de precursores químicos, sobre los que no ejercen control. Ellos sirven a la producción de drogas, y éstas a su vez fluyen hacia Europa. Los europeos no deberían pararse ociosamente en los lados de la cancha. Necesitamos su cooperación, tanto en el control de estos precursores químicos, como en la asistencia para el desarrollo alternativo, así como nosotros y nuestros vecinos andinos hacemos nuestra parte, que es la más dura. Dado que las drogas ilícitas nos afectan a todos, no es demasiado esperar alguna ayuda europea en el patio trasero de Estados Unidos. Gracias. Intervención de James Mack Vicesecretario adjunto del Departamento de Estado en la Oficina de Asunto Internacionales y Aplicación de la Ley (INL) Buenos días, señor presidente y miembros del comité. Estoy complacido de estar aquí hoy para discutir con ustedes el estado del Plan Colombia y describirles los programas del Departamento de Estado que forman parte de la Iniciativa Regional Andina (Andean Regional Initiative, ARI) propuesta por el gobierno.

6 Primero, me gustaría exponerles los antecedentes de esta iniciativa presidencial. En julio de 2000, el Congreso aprobó una aprobación suplementaria de US $1.300 millones, para adelantar actividades antinarcóticos en la región andina. De esa suma, aproximadamente mil millones de dólares constituían la contribución estadounidense a lo que se conoce como Plan Colombia, una estrategia comprehensiva, integral e integrada para enfrentar los complejos problemas colombianos. Las actividades de la fase inicial del Plan Colombia, con una duración de dos años, se concentran en el sur del país. Ella inició con una intensa ofensiva antinarcóticos en el sur del país, acompañada por la expansión de programas que apuntan a la acción social y al fortalecimiento institucional, así como al desarrollo alternativo. El Plan Colombia se está implementando ya, y con buenos resultados. Además de disminuir el flujo de narcóticos que ingresan a Estados Unidos, nuestra asistencia busca apoyar la reforma institucional y judicial, así como el progreso económico en una de las más antiguas democracias de este hemisferio. Miembros del Congreso, de organizaciones no gubernamentales y otros observadores, han expresado preocupaciones respecto de algunos aspectos de la ayuda del gobierno de Estados Unidos al Plan Colombia. Estas preocupaciones se refieren en particular a tres hechos: que no hicimos consultas lo suficientemente amplias al diseñar el paquete de ayuda; que hicimos un énfasis excesivo en los temas de seguridad y de aplicación de la ley en detrimento de los temas de desarrollo y de reforma institucional; y que nuestra ayuda se concentró demasiado en Colombia, descuidando el resto de la región. El gobierno ha tomado muy en serio tales preocupaciones al formular la Iniciativa Regional Andina del Presidente. Ésta es producto de intensas consultas con los equipos de trabajo, los comités y miembros del Congreso, con los gobiernos de la región y con otros países potencialmente donantes. La Iniciativa Regional Andina se dirige a tres temas centrales respecto de los desafíos que enfrenta la región: la democracia, el desarrollo y las drogas. La Iniciativa establece un balance entre la necesidad de seguir enfrentando los continuos desafíos que plantea Colombia, pero sin descuidar la prioridad de trabajar con el resto de la región, para evitar una eventual expansión de los problemas colombianos o un retroceso en los países donde ha habido progreso en esta lucha. El Presidente Bush ha propuesto $882 millones de dólares para la Iniciativa Regional Andina $731 millones son para financiar la Iniciativa Andina Antidrogas, y serán ejecutados por la Oficina de Asuntos Internacionales y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. La Iniciativa también incluye la financiación de fondos de apoyo económico, asistencia para el desarrollo, y asistencia a la niñez, así como una pequeña suma para financiar programas militares en el extranjero. Tales recursos se destinarán a programas en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, así como a las áreas y programas en Panamá y en Brasil más afectados por los problemas regionales en los que nuestra asistencia puede marcar la diferencia. Además de ser más balanceado en términos geográficos, nuestro presupuesto también es equilibrado en términos programáticos. Alrededor del 54% de los recursos se

7 destinarán a programas centrados en el desarrollo y a fortalecer las instituciones democráticas. Y como parte integral de la Iniciativa están las posibilidades de desarrollo económico y de generación de empleo emanadas de las mayores oportunidades comerciales. El Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, puede ayudar a la región en su conjunto a través de crecientes inversiones y generación de empleo. De manera más inmediata, la renovación y realización del ATPA, puede brindar alternativas reales a la producción y tráfico de drogas para campesinos y trabajadores desesperados por asegurarse medios que les permitan mantener a sus familias Nuestro apoyo al Plan Colombia fue el primer paso en responder a la crisis de Colombia. La Iniciativa Regional Andina es la siguiente fase de un esfuerzo de largo plazo llamado a enfrentar la amenaza de los narcóticos y las causas subyacentes de la industria del narcotráfico y de la violencia en Colombia. Al tiempo, ayuda a los vecinos de este país a conjurar esos mismos peligros. El éxito de estos países es vital para nuestros propios intereses nacionales de promover y expandir sólidas instituciones democráticas, de asegurar el avance del comercio y de las oportunidades de inversión para los empresarios y trabajadores estadounidenses, así como de reducir la producción y el tráfico de narcóticos que amenazan a nuestra sociedad. Mi colega de la AID describirá en detalle el estado de los proyectos alternativos. Sin embargo, deseo destacar que el desarrollo alternativo es una parte integral de nuestro plan para poner fin a los cultivos de coca y de amapola en Los Andes. Hemos desarrollado grandes programas de desarrollo alternativo en Bolivia y Perú durante muchos años, y ellos han sido bastante exitosos, combinados con programas agresivos de erradicación e interdicción llamados a reducir de manera significativa los cultivos de coca en esos países. Colombia busca replicar ese éxito con el Plan Colombia, el cual combina programas cada vez más grandes de desarrollo alternativo con actividades de erradicación aérea e interdicción en el sur del país, donde existe la mayor concentración de cultivos de coca de todo el mundo. Me complace informar que el Departamento está agilizando la implementación de nuestra ayuda al Plan Colombia. Más adelante me referiré a la entrega de los helicópteros, de los aviones para la fumigación aérea y otros equipos, la cual transcurre satisfactoriamente. También describiré nuestro apoyo al programa de fumigación aérea del gobierno colombiano. Me gustaría referirme a la propuesta de US $731 millones para la Iniciativa Regional Antidrogas que es parte de los US $882 millones fijados para la Iniciativa Regional Andina, en nuestra solicitud de presupuesto del Esta Iniciativa Antidrogas plantea un abordaje holístico al flagelo de los narcóticos a lo largo de toda la región andina, al proveer asistencia para el desarrollo económico y social y en igual medida para los esfuerzos antinarcóticos y de seguridad. Estamos esperanzados de que este

8 abordaje macro eliminará el efecto de rebote que hemos observado cuando los programas se desarrollan de manera individual de país a país. Intervención de James Mack - continuación Por último, me referiré a nuestro apoyo a la renovación del ATPA. ESTADO DEL GASTO EN EL PLAN COLOMBIA En menos de un año, el Departamento ha comprometido aproximadamente el 75% de los US $1.018 millones contemplados para dos años en el acta suplementaria que cobija al Plan Colombia. Con la expresión "comprometido" queremos decir que hemos contratado equipos o servicios, hemos firmado acuerdos con otras agencias y oficinas del Departamento, y hemos aportado a las Naciones Unidas. En conjunto, estos "compromisos" suman más de US $760 millones de la partida suplementaria. La administración está terminando el informe bianual ordenado por el Congreso respecto de la ejecución de esta Acta Suplementaria. ESTADO DE LA ENTREGA DE EQUIPOS En cuanto a la entrega de equipos, puedo decir que se ha procedido satisfactoriamente, por lo general, en los plazos previstos. En algunos casos, las entregas se han anticipado a lo establecido. Para el 22 de junio de 2001, el estado de los helicópteros UH-60, UH-1N, Huey-II y de los aviones de fumigación, es el siguiente: - Los Black Hawks para el ejército y la policía. Se firmó un contrato con Sikorsky el 15 de diciembre para la adquisición de catorce Black Hawks destinados al ejército colombiano, y de otros dos a la Policía Nacional. Las especificaciones sobre la configuración de las aeronaves se basaron en las recomendaciones de SOUTHCOM y los aportes formulados por las respectivas entidades colombianas. Se están haciendo los arreglos para la entrega, el próximo mes, de las dos aeronaves de la Policía y de la primera aeronave del ejército. Las entregas restantes se realizarán antes de diciembre próximo. El contrato incluye un año de apoyo logístico por parte del contratista y esperamos extenderlo dependiendo de la disponibilidad de recursos en el presupuesto del UH-1Ns para el ejército. Los UH-1N ya entregados a Colombia brindan movilidad aérea en apoyo de las tropas de la Brigada Antinarcóticos. - Huey-Iis para la Policía. Las autoridades colombianas estuvieron de acuerdo en utilizar los US $20.6 millones excedentes del rubro de los Huey-II y los US $5 millones excedentes del rubro de aeronaves de la Policía de la partida suplementaria, para modificar nueve aeronaves según especificaciones determinadas, y reacondicionar 22 de los primeros Huey II producidos, con opciones adicionales, como piso blindado y (passive infrared countermeasures). Ya se emitió una orden de entrega para cuatro modificaciones que deberá realizar U.S. Helicopter, que será efectiva hacia agosto o septiembre. Otras cinco modificaciones se realizarán en Colombia por parte de la Policía con equipos suministrados por INL. (Nota: 25 helicópteros Huey-II

9 han sido entregados a la Policía Nacional, con recursos de los presupuestos de 1998 y 1999). - Huey-Iis para el ejército. SOUTHCOM presentó sus recomendaciones sobre la configuración de los Huey-Iis para el ejército el 22 de febrero. Un equipo interinsticuional seleccionó una configuración que incluye (a passive IR engine exhaust system), piso blindado, puertas para armas de fuego M60D, radios, altímetro para el radar y otros equipos. Calculamos que los 25 Huey-IIs modificados de esta manera, junto con el equipo para la tripulación y algunos repuestos, pueden adquirirse por los US $60 millones del rubro correspondiente en la apropiación suplementaria. Hemos establecido una orden de entrega de las veinte modificaciones iniciales, con opciones para otras aeronaves. Este trabajo está en marcha y creemos que las entregas pueden empezar, más o menos, hacia enero del Aviones de fumigación OV-10D. Tres aeronaves están siendo modificadas en la Base Patrick de la Fuerza Aérea y deben estar listas para agosto del presente año. - Otros aviones de fumigación (Ayres Turbo-Thrush). Existe un contrato para nueve aviones de fumigación agrícola adicionales. El primero debe ser entregado en agosto, y los demás, antes de febrero de LA FUMIGACIÓN AÉREA Las operaciones de fumigación aérea relacionadas con el Plan Colombia, comenzaron el 19 de diciembre de 2000 en el departamento sureño de Caquetá. Después se movieron hacia el departamento vecino de Putumayo, el 22 de diciembre. Posteriormente, las operaciones se realizaron en regiones del norte y del este del país. Algunos alegan que el glifosato empleado por el programa de fumigación tiene efectos secundarios para las poblaciones expuestas. En primer lugar, permítanme enfatizar en que el glifosato es uno de los herbicidas menos dañinos disponibles en el mercado internacional. Este producto ha sido objeto de innumerables escritos científicos que muestran que no plantea riesgos para las personas y que es extremadamente amigable con el medio ambiente. Se lo emplea a lo largo de los Estados Unidos y en otros cien países, y ha sido probado rigurosamente en cuanto a su seguridad para los animales y los humanos. Sin embargo, nos sentimos obligados a indagar sobre las denuncias de que el glifosato está produciendo enfermedad en la gente. Por solicitud del Congreso, la embajada en Bogotá está patrocinando dos estudios al respecto. El primero incluyó a individuos que informaron haber sufrido reacciones como consecuencia de la fumigación. El informe final no está terminado, pero los médicos que revisaron tales casos no encontraron evidencias consistentes de que las reacciones se hubieran producido por la exposición al glifosato. De hecho, algunas se habían manifestado antes de la exposición al programa de fumigación. El segundo estudio está en proceso y va a comparar el estado de las poblaciones antes y después de que sus regiones fueron fumigadas, para evaluar qué cambios pueden ser atribuidos a la fumigación. El Centro para Control de Enfermedades está asesorando

10 el diseño de una metodología adecuada para seleccionar la muestra objeto de esta investigación. La elección de la fecha para realizar las operaciones de fumigación en Putumayo se basó en una serie de factores. Algunos estaban relacionados con necesidades operativas, como las condiciones del clima, dada la estación. Además, se buscó desestimular el retorno de los raspachines, quienes por lo general salen de la zona para pasar las fiestas navideñas en sus lugares de origen. Otro factor importante fue el esfuerzo de convocar a las comunidades para que se involucraran en programas de desarrollo alternativo. Mientras se publicitó la intención gubernamental de emprender la fumigación aérea en el sur del país, las comunidades productoras de la región mostraron poco interés en participar en los programas de desarrollo y prefirieron mantener su actividad ilícita. Sólo después de las fumigaciones iniciales (...) las comunidades expresaron un interés real de abandonar sus actividades ilegales a cambio de asistencia. Ya existía financiación para tales programas, en el momento en que las operaciones iniciaron, y en la medida en que cada comunidad suscribió su adhesión al programa, se comenzaron a diseñar paquetes de asistencia según sus necesidades específicas. Son muchas las salvaguardas impuestas en la selección de las áreas objeto de fumigación y constantemente se están introduciendo mejoras en el sistema. Y aun cuando el Departamento de Estado no selecciona las localidades a fumigar (decisión que corresponde al gobierno de Colombia), a través de la Sección de Narcóticos de la embajada en Bogotá, asesora la selección y apoya los esfuerzos de la Policía Nacional. Según las leyes colombianas, un comité técnico interinstitucional determina qué áreas pueden ser fumigadas. La Policía realiza cálculos trimestrales sobre los cultivos de coca, con base en sobrevuelos a las áreas productoras. Esta información es revisada por auditores y regresa al comité técnico interinstitucional. La Dirección de Estupefacientes tiene asiento en el comité, donde también participan representantes de la Policía Antinarcóticos, el Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Plante, agencias regionales del medio ambiente, y auditores técnico-ambientales. La Policía notifica a la Sección Narcóticos de la Embajada estadounidense sobre las áreas que no pueden ser fumigadas. De esta manera, las operaciones de aspersión aérea son coordinadas y realizadas sólo en áreas que han sido aprobadas. Por lo general, se conducen vuelos de reconocimiento sobre las áreas que han sido identificadas por la Policía Nacional en sus cálculos trimestrales. Con la ayuda del SATLOC, un sistema de posicionamiento que funciona en la aeronave, estos vuelos permiten identificar las coordinadas geográficas precisas donde crecen los cultivos. Se elaboran entonces planos de las áreas de mayor concentración y un programa de computador establece las líneas de vuelo exactas, según la amplitud de la aspersión, que depende del avión empleado. (...) Además, no se escatiman esfuerzos para proteger las actividades lícitas de los campesinos de posibles daños resultantes del programa de fumigación aérea. Las

11 aeronaves empleadas aplican el glifosato desde bajas altitudes sobre los campos seleccionados. Los aviones cuentan con un equipo computarizado de monitoreo, que graba sus posiciones y el uso del equipo de fumigación. Este sistema ayuda a verificar que el glifosato sea aplicado de manera exacta en las áreas predeterminadas. Tras la operación, equipos combinados de norteamericanos y colombianos visitan algunos de los campos fumigados, si la seguridad lo permite, para verificar que los cultivos tratados eran efectivamente de coca. En este sentido, el gobierno de Colombia está trabajando en elaborar un mapa digitalizado en el cual aparezcan identificadas las áreas que no deben ser fumigadas. Más aún, el gobierno colombiano ha diseñado un sistema para compensar a los campesinos por posibles daños ocasionados por el programa. Durante los últimos meses, hemos estimulado al gobierno a reforzar el proceso y estos esfuerzos han empezado a educar mejor al público respecto de esta opción. Recientes visitas de campo registraron evidencia de que los cultivadores de coca en el sur de Colombia están empleando químicos peligrosos, como el paraquat. Esto nos preocupa, ya que representa un riesgo real para la gente de la región. En nombre del lucro, los traficantes no se preocupan por la salud humana o la seguridad ambiental. En este sentido, no reparan en el envenenamiento de millones de personas que consumen sus productos ilegales; tampoco en la destrucción del bosque tropical húmedo, en la contaminación de suelos y fuentes de agua con ácidos y sales químicas, o en los riesgos que corren sus trabajadores, o incluso ellos mismos, al exponerse al efecto de químicos letales. La expansión del cultivo, la producción y tráfico de coca en Perú, Bolivia y Colombia ha destruido por lo menos 2,4 millones de hectáreas de bosque tropical en la región andina durante los últimos veinte años. Además, el procesamiento de las hojas de coca para obtener cocaína, por sí solo, genera un considerable daño al medio ambiente, dada la disposición irresponsable de grandes cantidades de químicos tóxicos que se emplean en el proceso. Un estudio realizado por la DEA (Drug Enforcement Administration) en 1993, sobre la producción de cocaína en la región del Chapare, en Bolivia, mostró que la producción de un kilo de pasta de coca demandaba la utilización de tres litros de ácido sulfúrico, diez kilos de cal, 60 a 80 litros de kerosene, 200 gramos de permanganato de potasio y un litro de amoníaco concentrado. Los procesadores se deshacen de estos productos de manera indiscriminada, con frecuencia, arrojándolos a la fuente de agua más cercana, lo cual incrementa la magnitud del daño. También botan estos químicos al suelo, de donde se pueden filtrar hacia las aguas subterráneas. Un informe de la Universidad Nacional Agraria, de Lima, Perú, calculó que en América Latina se usan unos 600 millones de litros de precursores químicos al año en la producción de cocaína. Esto significa unas dos toneladas métricas de desperdicios químicos por cada hectárea de coca procesada. Estas preocupaciones ambientales constituyen otra razón por la cual debemos mantener los esfuerzos de ayudar a los gobiernos de la región andina en su lucha contra la industria de narcóticos.

12 LA INICIATIVA ANTIDROGAS La región andina representa un reto significativo y una oportunidad para la política exterior de Estados Unidos en los próximos años. Importantes intereses nacionales norteamericanos están en juego. La democracia está bajo presión en todos los países andinos. El desarrollo económico es lento y el progreso hacia la liberalización es inconsistente. Los Andes producen prácticamente toda la cocaína del mundo, y una cantidad creciente de la heroína. Por ende, representa una amenaza directa a nuestra salud pública y a nuestra seguridad nacional. Todos estos problemas están interrelacionados. Las economías golpeadas producen un clima de agitación política que amenaza a la democracia y provee el material humano requerido para el tráfico de drogas o para la subversión armada. La debilidad de las instituciones democráticas, la corrupción y la inestabilidad contribuyen a desacelerar el crecimiento económico y ofrecen el terreno fértil para el florecimiento de los narcotraficantes y otros grupos fuera de la ley. El tráfico de drogas ejerce una influencia corruptora que mina las instituciones democráticas, estimula el desarrollo de grupos armados ilegales y crea distorsiones en la economía, desestimulando las inversiones legítimas. En consecuencia, ninguno de los problemas de la región puede ser abordado de manera aislada. De los US $882 millones solicitados para financiar la Iniciativa Regional Andina, 731 millones serán destinados a la Iniciativa Antidrogas Andina. Nuestras metas para la región son las siguientes: Promover y apoyar la democracia y las instituciones democráticas. Promover el desarrollo económico sustentable y la liberalización del comercio. Reducir de manera significativa la oferta de drogas ilegales a Estados Unidos en la fuente. De la misma manera como el Plan Colombia representaba una aproximación más acertada, al considerar al narcotráfico como parte de una crisis más amplia que afecta a Colombia, la Iniciativa Antidrogas Andina se nutre de una visión de la industria de las drogas ilegales como parte de un fenómeno más amplio. El narcotráfico es un problema que no respeta las fronteras nacionales, que vive de las dificultades económicas y sociales que los países andinos buscan resolver, pero que también las alimenta e intensifica. Ningún país de la región está libre del narcotráfico o de los males derivados de otras formas del crimen y de la corrupción. Para combatir tales males, proponemos una política regional, en contrapeso de la política centrada en Colombia, así como un paquete integral y comprehensivo que promueve al mismo tiempo la democracia, el desarrollo y las iniciativas antidrogas. Por esta razón, planeamos asignar casi la mitad de los US $731 millones solicitados para financiar la Iniciativa Antidroga, a países diferentes de Colombia. Con ello, pretendemos potenciar los esfuerzos y grandes logros obtenidos en Perú y Bolivia, al

13 tiempo que prevenimos la expansión del problema del narcotráfico a otros países de la región, como Brasil, Panamá, Venezuela y Ecuador. Además de buscar el equilibrio de la ayuda para la región, la Iniciativa Antidrogas también busca un balance en el logro de los objetivos propuestos (lucha antinarcóticos, desarrollo económico y fortalecimiento de las instituciones democráticas). El presupuesto global de la Iniciativa Regional, de US $882 millones, estará dividido aproximadamente 50/50 entre las actividades antinarcóticos y los programas de desarrollo alternativo fortalecimiento institucional. Y su componente antinarcóticos (de US $731 millones) se distribuirá así: 60/40; 60% para actividades antinarcóticos y 40% para programas de desarrollo y democracia). Todos los vecinos de Colombia están preocupados frente a la posibilidad del "rebote", en concreto, de que la presión aplicada por el gobierno colombiano en el sur del país, resulte en el desplazamiento de la población civil, de guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes a través de fronteras porosas. Trabajaremos con los países de la región para fortalecer su capacidad de enfrentar estos eventualidades. Trabajaremos con los gobiernos de Perú y Bolivia para que mantengan sus esfuerzos de reducir la producción de coca a través de acciones combinadas de erradicación, interdicción y desarrollo alternativo. En todos los países trabajaremos para fortalecer la democracia y las instituciones locales, con el objeto de atacar las redes del narcotráfico que movilizan precursores, dinero, documentos fraudulentos y personas. Como creemos que el Plan Colombia ocasionará un quiebre considerable en la industria de la cocaína, el abordaje de una Iniciativa Antidrogas regional es indispensable. Sin duda, los narcotraficantes intentarán reubicarse, en la medida en que sus operaciones en el sur de Colombia se vean interrumpidas. Creemos que primero buscarán migrar hacia otras áreas del país, y más adelante intentarán regresar a las áreas tradicionales de cultivo de Perú y Bolivia. Pero si tales opciones se ven obstruidas, buscarán mover los cultivos, el procesamiento y las rutas de tráfico a otros países, como Ecuador, Brasil, o Venezuela. Las naciones de la región ya están fuertemente comprometidas en las tres áreas que abarca esta estrategia: la democratización, el desarrollo económico y la lucha antinarcóticos. Todos dedican porcentajes significativos de sus presupuestos anuales al logro de objetivos en estas áreas, y todos están dispuestos a trabajar con nosotros en el diseño e integración de planes exitosos. Es difícil mencionar cifras exactas, pero los países de la región están invirtiendo miles de millones de dólares en el logro de metas de desarrollo económico, democratización y erradicación de las drogas ilícitas. Ecuador ha establecido una Iniciativa de la Frontera Norte, para garantizar mayor seguridad y desarrollo en esa región colindante con Colombia. Brasil ha lanzado la Operación Cobra, un esfuerzo para asegurar la aplicación de la ley en la región de la frontera con Colombia. Bolivia ha venido atacando la producción de droga con su Plan Dignidad y está desarrollando una estrategia integral de reducción de la pobreza. Colombia, por su parte, persiste en sus compromisos a la luz del Plan Colombia. Panamá ha tomado iniciativas concretas para mejorar la seguridad y el desarrollo de la región

14 del Darién. El nuevo gobierno peruano ha decidido priorizar en la reforma de las instituciones democráticas y mantiene con agresividad sus actividades antidrogas. En Venezuela, las autoridades locales han cooperado admirablemente en las actividades de interdicción, como ocurrió el año pasado durante la Operación Orinoco. Los programas llamados a brindar asistencia humanitaria a los desplazados, a ayudar a los campesinos y a los pequeños productores de coca a encontrar alternativas legítimas al narcotráfico, a fortalecer la gobernabilidad, la aplicación de la ley y los derechos humanos también serán incorporados en la Iniciativa Antidrogas regional. LA RENOVACIÓN DEL ATPA La renovación del Acta Andina de Preferencias Comerciales (Andean Trade Preferences Act), ATPA, es quizás, por sí sola, la contribución de corto plazo más importante para el crecimiento económico y la prosperidad de los países andinos. Al renovar esta acta y ampliar sus beneficios, podemos continuar ofreciendo alternativas económicas al narcotráfico en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Así ha ocurrido hasta ahora, sino que se hayan producido impactos adversos para Estados Unidos. Si bien la justificación original que dio pie a esta legislación se mantiene en pie, la norma expira al final del presente año, y debería renovarse tan pronto sea posible. Esto serviría para fortalecer la credibilidad en los gobiernos democráticamente elegidos de la región y brindar a estos países una clara demostración de los beneficios que les significaría continuar cooperando en la lucha antidrogas. También frenaría el éxodo de industrias estadounidenses que se reubicaron cuando se estableció el ATPA. Agradezco la oportunidad que me han brindado para hablarles, y con gusto responderé a las preguntas que deseen formular. (Traducción de Vía Alterna)