Estrategia española de responsabilidad social de las empresas :

Transcripción

1 SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/77314 y 184/77315, 184/77317 a 184/ /07/ y , y AUTOR/A: SEARA SOBRADO, Laura Carmen (GS) RESPUESTA: El compromiso del Gobierno con las personas con discapacidad ha llevado a adoptar importantes medidas durante 2014, que han tenido como denominador común dos objetivos principales: potenciar la inserción y el desarrollo laboral de las personas con discapacidad y reforzar la protección de estas personas en el ejercicio de sus derechos básicos. La tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, regulada en el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el cual se establecen las condiciones básicas para la emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad que presenten movilidad reducida. Como principal novedad, este Real Decreto garantiza la igualdad en todo el territorio para personas con discapacidad y movilidad reducida, que podrán estacionar su vehículo en las plazas reservadas en toda España, respondiendo así a una demanda histórica. Otra novedad es que podrán obtener la tarjeta de estacionamiento las personas o entidades titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad, siempre que presten servicios sociales. El Sistema Nacional de Garantía Juvenil que se regula en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, eleva la edad límite general para beneficiarse del mismo en el caso de jóvenes con discapacidad, aumentándose en 5 años (hasta los 30 años). Estrategia española de responsabilidad social de las empresas : Se ha favorecido la contratación de personas en riesgo de exclusión social con la que lograr que las empresas ordinarias incorporen en sus plantillas a trabajadores procedentes de las empresas de inserción y de los centros especiales de empleo, prestando especial atención a los jóvenes. También se facilita la financiación de nuevos proyectos que pongan en marcha personas desempleadas, con discapacidad. Además, tal y como prevé la legislación vigente, podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando al menos el 70% de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.

2 Medidas concretas adoptadas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad: 1. En el ámbito de la Administración General del Estado, desde 2013 se viene convocando un proceso selectivo anual con plazas dirigidas a personas con discapacidad intelectual, con elevada participación. 2. Reserva del 7% de las plazas de formación sanitaria. 3. Crecimiento constante de la contratación de personas con discapacidad: Según los datos de empleo de personas con discapacidad que ofrece el SEPE, el año 2014 ha sido el mejor desde el año Se ha producido un importante crecimiento progresivo desde que se aprobó la reforma laboral. AÑO NUMERO DE CONTRATOS La reforma fiscal, que ha entrado en vigor en enero de 2015, beneficia de forma especial a las familias que tienen entre sus miembros a personas con discapacidad. Introduce un fuerte aumento de los mínimos por discapacidad del contribuyente. En concreto, el mínimo por discapacidad del contribuyente es de euros anuales (+29,5%), de (+29,5%) en casos de personas que acrediten requerir ayuda de terceras personas o movilidad reducida y de (+28,2%) si se acredita un grado igual o superior al 65%. Además, incorpora beneficios sociales y nuevas ayudas económicas para familias con un descendiente o ascendiente con discapacidad. Se ha aprobado este Plan de acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad , cuyo objetivo es el de ofrecer el marco de acción que permite abordar las distintas situaciones limitadoras de derechos de las personas con discapacidad. Se centra en la supresión de barreras y persigue el objetivo general de facilitar a las personas con discapacidad que puedan disfrutar de todos sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos y beneficiarse de su participación en todos los ámbitos de la sociedad. La elaboración del Plan contó con la participación de las Comunidades Autónomas, así como con la de las asociaciones representativas de las personas con discapacidad. El principio de igualdad de oportunidades forma parte esencial del Plan, favoreciendo la perspectiva de género y discapacidad, de tal forma que las mujeres con discapacidad, se encuentran expresamente contempladas. Por este mismo principio de igualdad de oportunidades se tienen en cuenta en el Plan a los niños y niñas con discapacidad, a las personas con discapacidad que viven en zonas rurales y también a los mayores con discapacidad. El Plan de Acción se estructura en cinco ámbitos o ejes, definido cada uno por su objetivo estratégico:

3 a) Igualdad para todas las personas, que significa Garantizar la plena igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de todos sus derechos con el resto de los ciudadanos y se concreta en objetivos operativos centrados en la lucha contra la discriminación, la reducción de la pobreza y la participación social y la protección de la salud en condiciones de igualdad. b) Empleo, que supone Promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación, cuyos objetivos operativos tratan de facilitar el acceso al empleo, el establecimiento como autónomos de los trabajadores con discapacidad, asegurar condiciones laborales dignas y la igualdad de oportunidades, y fomentar la contratación pública socialmente responsable y la concienciación del empresariado sobre las capacidades laborales de estas personas. c) Educación, que implica Reducir la tasa de abandono escolar y aumentar el número de personas con discapacidad con educación superior y se centra en el apoyo a la inclusión en los centros docentes, promover la incorporación de la discapacidad a los planes de estudios y la concienciación de las necesidades de las personas con discapacidad entre los componentes de la comunidad educativa. d) Accesibilidad, que se define por Promover la accesibilidad universal en los bienes y servicios y se ocupa favorecer la accesibilidad en las tecnologías de la información y comunicación, la presencia de esta necesidad en los sectores público y empresarial, profundizar en el desarrollo tecnológico en determinados ámbitos, favorecer la vida independiente y promover un sistema de información accesible. e) Dinamización de la economía, cuyo fin es el de Fomentar que los recursos de atención a la discapacidad constituyan un factor de dinamización económica. Sus objetivos operativos se refieren a la necesidad de acompasar la oferta de productos accesibles a la demanda, fomentar en la gestión empresarial el vínculo entre calidad y accesibilidad universal y apoyar a los sectores más sensibles en la provisión de bienes y servicios accesibles. En desarrollo de las medidas contempladas en este Plan se han realizado los estudios de Situación de los niños y niñas con discapacidad, Situación de las personas con capacidad intelectual límite, Sobre las necesidades de las familias de personas con discapacidad y se ha realizado la primera parte del Estudio de diagnóstico sobre la accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación. Por otro lado se ha dado un gran impulso a la ejecución de la Estrategia integral española de cultura para todas las personas, favoreciendo la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural en toda su amplitud: museos, exposiciones, teatro, cine, etc. Además, se señalan otras medidas de acción positiva, como son: El Plan Integral de Atención a menores de 3 años en situación o riesgo de dependencia. Se ha mejorado y garantizado la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos. El ejemplo más reciente es la presentación de Svisual para mejorar la accesibilidad de las personas sordas al servicio telefónico 016 (violencia de género). Las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF dirigido al colectivo de las personas con discapacidad priorizan su inserción sociolaboral, en especial las mujeres con discapacidad.

4 Se incrementa hasta los 4,1 millones de euros la financiación de las entidades sociales que trabajan por la protección social de las personas con discapacidad. Se incrementa hasta los euros la subvención para facilitar la comunicación de las personas sordas a través de la lengua de signos. Destacan, asimismo, las asignaciones para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción para el fomento de la accesibilidad al contenido audiovisual (cine, museos, teatros y televisión), al Centro Español de Documentación sobre Discapacidad para el mantenimiento de la documentación específica en materia de discapacidad o al Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad (CENTAC) para el fomento del desarrollo de aplicaciones tecnológicas accesibles. Respecto a los Premios REINA SOFÍA en materia de discapacidad, se ha introducido un nuevo premio en el ámbito de las Tecnologías de la Accesibilidad. Consciente de las necesidades especiales de las personas con discapacidad y del peligro que para la sostenibilidad de las entidades sociales de la discapacidad suponía la deuda contraída por las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales, el Gobierno destinó más de millones de euros a garantizar la supervivencia de estas entidades del Tercer Sector de Acción Social y la continuidad de los servicios que prestan a las personas, muchas de ellas con discapacidad, dentro de los mecanismos de pago a proveedores. La participación del sector de la discapacidad ha sido constante a la hora de diseñar y aplicar adecuadamente las políticas públicas y las normas en materia de discapacidad, y también a la hora de evaluarlas. Se ha creado la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector y se ha llevado a cabo su reconocimiento como interlocutores. En esta Plataforma participa activamente la representación de las personas con discapacidad. En la actualidad, se encuentra en trámite parlamentario el proyecto de la Ley del Tercer Sector de Acción Social que refuerza la capacidad del Tercer Sector de Acción Social como interlocutor ante la Administración General del Estado, para el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social mediante la regulación común del conjunto de entidades que lo integran. El Consejo Nacional de la Discapacidad, de acuerdo con lo establecido en su normativa reguladora, realiza su función de órgano consultivo, institucionalizando la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad con la Administración General del Estado, participando en la definición y coordinación de las políticas de atención destinadas a las personas con discapacidad. La principal norma que se ha aprobado desde el inicio de la X legislatura, el 21 de noviembre de 2011, ha sido el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Además, se han aprobado otras normas sobre distintas materias con incidencia directa o indirecta en la discapacidad, de las que se pueden destacar las siguientes:

5 Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo Orden SSI/1474/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden de 2 de noviembre de 2000, por la que se determina la composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la Administración General del Estado. BOE 06/08/2014. Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

6 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral Real Decreto 1720/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea y regula el Foro de Cultura Inclusiva. Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Orden SSI/1209/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, recupera la plena vigencia de la normativa estatal reguladora de las medidas de fomento de empleo para personas con discapacidad y les da el carácter de medidas estatales a efectos de su aplicación para el conjunto del Estado, por parte de las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal. Madrid, 29 de julio de 2015