Los Reyes de España, en la inauguración de la Central de Telégrafos del Palacio de Comunicaciones, el 16 de febrero de 1922

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1 Los Reyes de España, en la inauguración de la Central de Telégrafos del Palacio de Comunicaciones, el 16 de febrero de 1922

2 Grandes organizaciones que prestan servicios públicos y que gestionan en autoprestación sus propias redes de telecomunicación

3 Sala de Aparatos del Palacio de Comunicaciones de Madrid en En ella se pueden ver las distintas tecnologías que utilizaban los telegrafistas. En esos años los teletipos estaban sustituyendo a los aparatos morse Grandes organizaciones que prestan servicios públicos y que gestionan en autoprestación sus propias redes de telecomunicación

4 Las telecomunicaciones y la Administración en España Sebastián Olivé Roig Introducción al tema Sería una pretensión poco sensata intentar abordar en un capítulo el panorama de las relaciones entre la Administración y las telecomunicaciones en un lapso de 150 años, tiempo que ocasionalmente se está glosando. Por lo tanto, intentaré presentar sólo un aspecto del tema, personificándolo en el Cuerpo de Telégrafos. Esto permitirá contemplar un ciclo completo, puesto que ya el Cuerpo de Telégrafos es historia, y, por otra parte, quizá, resaltar algunos aspectos olvidados o poco conocidos de las relaciones entre los telegrafistas y la Administración. En 1855, la telegrafía era la única aplicación práctica de la electricidad, de modo que había una cierta confusión entre «telegrafistas» y «electricistas», hasta el punto de que, en alguno de los primeros Reglamentos se definían las obligaciones del Cuerpo de Telégrafos como la atención de «todas las aplicaciones de la electricidad que estén o lleguen a estar en dependencia del Gobierno» 1. De esta forma, los primeros telegrafistas se consideraron los «electricistas» de la Administración. Por otra parte, por acceder a sus puestos por oposición, eran inamovibles y permanecían en ellos a pesar de los cambios de Gobierno, cosa poco corriente en la Administración española de mediados del siglo XIX. Esto les hacía, de algún modo, personalizar en sí mismos la continuidad de la Administración, y consideraban normal el estar prestando su servicio en otras dependencias ministeriales. Así por ejemplo, en la Revista de Telégrafos, que recoge la vida telegráfica en los primeros cuarenta años del telégrafo en España, pueden verse multitud de actuaciones de los telegrafistas auxiliando a diferentes ramas de la Administración, sobre todo a la militar, hasta que en el Ejército se constituyeron unidades dedicadas específicamente a las comunicaciones. Recién constituido el Cuerpo de Telégrafos, en la campaña de O Donnell en Marruecos, en 1860, los telegrafistas constituyeron un nutrido destacamento y las primeras Oficinas telegráficas en el Norte de África fueron Oficinas exclusivamente militares, servidas por telegrafistas civiles. En las múltiples acciones militares entre los fieles a Isabel II y los revolucionarios, siempre acompañaba a las tropas un gabinete telegráfico. Los telegrafistas estaban al lado del poder constituido en su territorio, lo que a veces les ocasionaba problemas por los cambios bruscos en los poderes. Un caso curioso se dio en la bata- 1 Artículo 2.º del Real Decreto de 14 de diciembre de 1864, siendo ministro de la Gobernación Luis González Brabo y Artículo 1.º del Reglamento aprobado por Real Decreto de 3 de junio de 1866, siendo ministro de la Gobernación José de Posada Herrera. 275

5 FORO HISTÓRICO DE LAS TELECOMUNICACIONES lla de Alcolea, que ocasionó el destierro de la reina. Las tropas del general Serrano, el vencedor, llevaban su gabinete telegráfico y en recompensa el telegrafista recibió una medalla, pero el general Novaliches, el perdedor, llevaba también su gabinete telegráfico. La Revolución triunfante no ejerció represalias y el telegrafista del gabinete de Novaliches reclamó su medalla, porque su comportamiento había sido el adecuado. Y ambos tuvieron su condecoración. También se señalaron en acciones «civiles» ajenas a su cometido, pero encomendadas a la Administración. Por ejemplo, colaborando en la determinación de las posiciones geográficas en diferentes ubicaciones de la Península o con los astrónomos situados en diferentes puntos para tomar datos sobre el desarrollo de un eclipse de sol, o proponiendo encargarse del establecimiento de estaciones meteorológicas en las Oficinas de Telégrafos, incluso manteniendo una información en la Gaceta sobre el «estado atmosférico de las capitales de provincia en el día de la fecha», firmada por el Jefe de Telégrafos. Los telegrafistas creían que la condición de ser «funcionarios del Estado» avalaba la garantía de que guardarían el «secreto de la correspondencia». Este secreto se les exigió «bajo juramento» durante los 150 años de existencia del Cuerpo de Telégrafos y fue considerado por ellos como una honrosa obligación. La misión de atender «a todas las aplicaciones de la electricidad» se fue diluyendo a medida que iban apareciendo «aplicaciones» con características propias y muy diferentes de la telegrafía. De todos modos se mantuvo durante muchos años como reivindicación corporativa, aunque la definición desapareció de los Reglamentos posteriores 2. Las reivindicaciones fueron acotándose dentro del campo de las comunicaciones eléctricas y se mantuvieron muy activas cuando apareció la telefonía, aunque fueron mucho menos fuertes para el tema de la radio. Cuando ya el concepto «telecomunicación» iba tomando cuerpo, hacia 1910, se definieron mejor los campos de intervención del Cuerpo de Telégrafos. En el Reglamento de se dice: «Artículo 2.º: Los servicios de Telecomunicación, que hoy comprenden los de Telégrafos, Teléfonos y Radiotelegrafía, están a cargo del Estado, de Empresas y de particulares. En el primer caso, el Cuerpo de Telégrafos realiza directamente la explotación y la inspección; en los otros dos, solamente la función inspectora e interventora». Esta definición presuponía que todos los sistemas de comunicación eran monopolio del Estado y que alguno de ellos lo ejercía por medio de sus funcionarios, mientras que otros los cedía para que fueran gestionados por particulares, pero manteniendo un cierto control sobre ellos mediante inspecciones. Aquí se intenta comentar las necesidades de la Administración como «usuaria» de telecomunicación y también como «controladora» de la misma, resaltando el papel del Cuerpo de Telégrafos, en ambos aspectos. Los telegrafistas habían defendido el monopolio estatal frente a la explotación privada del telégrafo con tres argumentos: la consideración de las comunicaciones telegráficas como instrumento para preservar el orden público; la garantía de mantener el secreto de la correspondencia y la confianza en que la explotación por el Estado podía ser un negocio. El primer argumento parecía bien probado en los múltiples sucesos revolucionarios de los últimos cincuenta años del siglo XIX; el segundo argumento se puso de relieve, de forma escandalosa, cuando los telegramas para Cuba tenían que pasar por manos norteamericanas; y el tercer argumento se mantuvo en el terreno de los deseos, porque el Estado nunca trató al Telégrafo como negocio. La función inspectora e interventora había sido escasa hasta 1905, y presidida por la idea de que los servicios inspeccionados debían revertir al Estado y reintegrarse al monopolio. 2 En unas conferencias técnicas celebradas en 1884, el Inspector general, Francisco Mora decía: «Supongamos que el Gobierno nos encomienda el establecimiento de la Telefonía en todas las capitales de España, la colocación de pararrayos en los edificios públicos, los relojes eléctricos, los tubos neumáticos, la luz eléctrica en la Estación Central o en la Dirección General, o que nos pregunta cuál es el mejor sistema galvanoplástico para la confección de sellos de comunicaciones, papel sellado o billetes de Banco, y considerémonos individualmente comisionados para cumplir cualquiera de estas órdenes», según aparece en la Revista de Telégrafos, número 97, del 1 de diciembre de Reglamento Orgánico del Cuerpo de Telégrafos, aprobado por Real Decreto de 23 de febrero de 1915, siendo ministro de la Gobernación José Sánchez Guerra. 276

6 LAS TELECOMUNICACIONES Y LA ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA Uso del telégrafo Celador en trabajos de mantenimiento de las líneas telegráficas. Hacia 1950 En la Europa continental, el telégrafo, primer brote de las telecomunicaciones, siempre formó parte de la Administración. En algunos países, al principio, se prestó el servicio público de telegramas por añadidura, pero el telégrafo era, principalmente, un instrumento del Gobierno. En España sólo se transmitían telegramas «oficiales», es decir emitidos y dirigidos a personas con cargos dentro de la Administración civil y militar. Cuando se abrió al público el servicio telegráfico, después de la Ley de 22 de abril de 1955, los telegrafistas, además de conocer la técnica de la transmisión de los mensajes, tenían que velar por «el orden público». Los primeros tratados internacionales, que hicieron posible la creación de una red telegráfica europea, admitían esta filosofía y la plasmaban en su articulado. El Convenio de Telégrafos entre España, Bélgica, Francia, Cerdeña y Suiza, firmado en París el 29 de diciembre de 1855 incluía: «Artículo I. Todo individuo tendrá derecho a servirse de los telégrafos eléctricos internacionales de los Estados contratantes; pero cada Gobierno se reserva la facultad de hacer acreditar la identidad de todo el que pida la transmisión de uno o mas despachos.»artículo VIII. Las oficinas telegráficas en el punto de partida y en el lugar del destino de cada despacho tendrán derecho a negarse a expedirlo, o comunicarlo, si su contenido les parece contrario a las buenas costumbres o a la seguridad pública». El Reglamento para el régimen y servicio interior del Cuerpo de Telégrafos 4 recogía y reforzaba esas normas. «Artículo 439. Toda persona tiene derecho a servirse del telégrafo; pero el Gobierno se reserva la facultad de suspender el servicio telegráfico por tiempo indeterminado, si lo juzga conveniente, sea para todas las comunicaciones, sea solamente para las de cierta naturaleza o bien para determinadas líneas». Artículo 454. «En las Estaciones de partida no se dará curso a ningún despacho privado, cuyo texto, a juicio de los Jefes de Telégrafos, sea contrario a las leyes o que parezca inadmisible por razones de seguridad pública, o de buenas costumbres, a cuyo efecto se consultará en el primer caso sobre su expedición con el Gobernador de la provincia, y aun en caso necesario con la Dirección general». Cuando, en 1865, se creó la Unión Telegráfica Internacional (UTI), estas normas se incluyeron en los Convenios que periódicamente se celebraban y que, al ser ratificados por los Estados, se convertían en leyes en los respectivos países. En España, para reafirmar esta característica, la Dirección General de Telégrafos se asignó al Ministerio de la Gobernación, y, salvo ligeros paréntesis, durante 150 años se mantuvo en el mismo Ministerio. Los gobiernos hicieron uso de lo establecido por el artículo 439, no sólo para prevenir alteraciones del orden público que parecería normal en aquellos tiempos revueltos de la segunda mitad del siglo XIX sino para otras cuestiones; por ejemplo, se prohibía el envío de noticias sobre las subastas de «bienes nacionales» o sobre la «licitación para la venta de los metales y compra de artículos y servicios para la explotación de las minas del Estado» durante las horas en las que se celebraban las subastas en las diferentes ciudades. La censura prevista en el artículo 454 se aplicaba sin rebozo en los primeros años, a pesar de que los periódicos lo denunciaban muy a menudo, y, con mayor discreción, se siguió aplicando después. A veces el control rizaba el rizo y se ejercía sobre el propio Ministerio. Puede leerse en una Circular de la Dirección General, de octubre de 1864, la orden de que se le envíen «en sobre especial, con la calificación de reservado, los despachos cifrados recibidos, expedidos o de escala procedentes del Ministerio o dependencias de Gobernación» 5. Al estar la Central de Madrid situada en el mismo edificio del Ministerio de la Gobernación, se reforzaba el control sobre las comunicaciones telegráficas, aunque en alguna etapa los «hombres fuertes» estuvieran en el Ministerio de la Guerra y en algún momento, en los últimos tiempos del reinado de Isabel II ( ), se ideó un sistema de «censura total» haciendo que todos los hilos telegráficos que salían de la Central de Madrid pasaran por el «gabinete» del 4 Reglamento para el régimen y servicio interior del Cuerpo de Telégrafos, aprobado por Real Decreto de 25 de diciembre de 1876, siendo ministro de la Gobernación F. Romero Robledo. 5 Circular de 31 de octubre de 1864, recogida en el Libro de Circulares de 1864, que se encuentra en la Biblioteca del Museo Postal y Telegráfico. 277

7 FORO HISTÓRICO DE LAS TELECOMUNICACIONES 150% 100% 50% 0% Relación telegramas oficiales / telegramas privados Relación entre el número de telegramas privados y el número de telegramas oficiales, comparando los primeros y los últimos años estudiados ( y ). Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de las Memorias de la Dirección general de Correos y Telégrafos Periodo Periodo Ministerio de la Guerra, de forma que desde allí se pudiera dar, o impedir, la continuidad de los mismos. El proyecto estaba listo, pero no llegó a realizarse. Pero, además de aquella sutil gestión policial, la organización del telégrafo en España se orientó a prestar servicio a los diferentes departamentos de la Administración. Los telegramas «oficiales» representaban un porcentaje notable del tráfico que se cursaba por la red telegráfica. Este servicio no producía ingresos monetarios, de modo que desde el primer momento los telegrafistas consideraron que era un capítulo que distorsionaba la rentabilidad del mismo, y así lo manifestaban en la discusión de los Presupuestos anuales, si bien lo consideraban una de sus principales obligaciones. Sin embargo, algunas veces tenía que ponerse coto al uso abusivo de las comunicaciones «oficiales». Curiosamente, con cien años de diferencia, se pueden encontrar similares prohibiciones para evitar esos abusos: En abril de 1856, una Circular de la Dirección General «inventaba» el lenguaje telegráfico y establecía que «los partes diarios de tranquilidad que comunican las autoridades de provincia al Gobierno, se sujetarán todos por regla general a la fórmula: Sin novedad»; en diciembre de 1957 una Orden Ministerial prohibía las felicitaciones oficiales de Navidad por Organismos, Servicios y funcionarios del Estado que hasta entonces se cursaban como telegramas oficiales. A lo largo de los treinta primeros años desde el inicio de este servicio, el porcentaje de los telegramas oficiales, respecto de los telegramas privados, osciló alrededor del veinte por ciento, variando según las circunstancias políticas de cada momento, manteniéndose bastante estable hasta 1970, momento en que empezó a descender la imposición de telegramas privados. En los últimos años el número de telegramas oficiales constituye la mayoría del tráfico que se cursa. Para facilitar el uso del telégrafo por la Administración se institucionalizaron, hacia 1870, los «gabinetes ministeriales». Al «gabinete» de cada Ministerio se le asignaba una estación telegráfica, dotada con uno o varios telegrafistas, conectada a la Central de Madrid. La función del «gabinete» era facilitar la rápida transmisión de los telegramas generados en el Ministerio. Pero también posibilitaba la conexión personal del ministro con algún responsable de cualquier punto de la Península y Baleares. Con la colaboración del director de la Central de Madrid, podía establecerse comunicación directa con cualquier punto, mediante la asignación de un hilo para el enlace y la intervención de los telegrafistas, manejando el morse, en ambos extremos. Los primeros «gabinetes telegráficos» fueron el del Ministerio de la Gobernación (que en realidad estaba en la misma Central telegráfica) y el del Ministerio de la Guerra. También el Rey tenía enlaces telegráficos, tanto desde el palacio de Madrid, como desde El Pardo. Sabemos que conferenciaba habitualmente, a través de los telegrafistas, con sus ministros en Madrid desde La Granja de San Ildefonso (Segovia), incluso parece que tenía alguna afición a manejar los aparatos. En algunos viajes internacionales de personas de la Casa Real se consiguió, a través de los telegrafistas franceses, conferenciar con ellos desde Palacio. Aparato telegráfico Hughes perteneciente al gabinete telegráfico del Palacio de Oriente, objeto de la curiosidad real 278

8 LAS TELECOMUNICACIONES Y LA ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA La conexión de las diferentes sedes de los Ministerios con la Central de Madrid y, en alguna capital de provincia, las conexiones de dependencias oficiales, Capitanías generales, Gobiernos civiles, etc., con la respectiva Oficina telegráfica, constituyó la que se denominaría «Red oficial». Por la relación personal que, muchas veces tenía que establecerse entre el titular de Ministerio o dependencia oficial y los telegrafistas, estos últimos tenían que ser especialmente discretos. Con frecuencia, a causa de las relaciones establecidas, se les asignaban en la Dependencia en la que servían, otras funciones ajenas a las estrictamente telegráficas 6. Los «gabinetes telegráficos» han seguido funcionando hasta el día de hoy. Los cambios de régimen político no modificaron la idea de una oficina especial, aunque cambiaran en algún punto sus cometidos. Como ejemplo se citan los «gabinetes» que existían en 1935, ya ajustados al reciente el cambio de régimen: Operadora del Servicio Telebén gestionando telegramas por teléfono en la década de los años 60 del siglo XX 1. Congreso Diputados 2. Delegación de Hacienda 3. Dirección General de Sanidad 4. Dirección General de Seguridad 5. Dirección General de Trabajo 6. 1.ª División Militar 7. Gobierno civil 8. Instituto Geográfico 9. Instituto Meteorológico 10. Ministerio de Estado 11. Ministerio de Gobernación 12. Ministerio de la Guerra 13. Ministerio de Hacienda 14. Ministerio de Instrucción 15. Ministerio de Justicia 16. Ministerio de Marina 17. Ministerio de Obras Públicas 18. Palacio de Justicia 19. Presidencia del Consejo 20. Presidencia de la República 21. Subsecretaría de Industria y Comercio 22. Tribunal de garantías 23. Reforma agraria En 1965 existían 47 «gabinetes», 37 en departamentos civiles y 10 en dependencias militares. La constitución de los gabinetes se hacía por petición del Departamento interesado, aunque era obligada su constitución en cada Ministerio. Hacia 1990 se mantenían 34 «gabinetes», siendo los mas importantes los de la Presidencia del Gobierno, Asuntos Exteriores con especial actividad en la Secretaria de Estado para las Comunidades, con un gran volumen de servicio ocasionado por las comunicaciones con Bruselas y el Ministerio de Justicia 7. Con el paso del tiempo fueron incorporando las novedades que iban aportando las telecomunicaciones y, en muchos casos, asumiendo otras funciones que el Ministerio correspondiente les asignaba. Una de las funciones típicas encargadas, según testimonio de los telegrafistas, tanto de 1890 como de 1990, era la de proporcionar resúmenes de las noticias de prensa. Desde el punto de vista de la Administración como «controladora» de la actividad telegráfica, la actuación, hasta 1924, fue irrelevante puesto que el servicio telegráfico se prestó en exclusiva por ella misma. El régimen de monopolio sólo tuvo ligeras excepciones, la más importante de las cuales fue la existencia de una red telegráfica para el servicio ferroviario que era totalmente independiente de la red estatal. Inicialmente no existía un control de la Administración sobre esa red ferroviaria; sin embargo, con motivo de uno de los intentos de pronunciamiento del general Prim, en enero de 1865, se produjo una intervención casi policial, mediante la «ocupación» de sus Oficinas por funcionarios del Cuerpo de Telégrafos. En cada estación férrea se situaba un funcionario y en las estaciones de Madrid se montaron estaciones de enlace con el Ministerio de la Gobernación 8. Pero esto fue una actuación excepcional que no se mantuvo. 6 «Los empleados del Cuerpo de Telégrafos en los Ministerios», por Patricio Peñalver, en la Revista de Telégrafos de 1 de septiembre de «Gabinetes telegráficos», de Susana de Pablo y Ángel Rodríguez, en El Correo Postal y Telegráfico, número 24, de febrero de Revista de Telégrafos de 1 de febrero de

9 FORO HISTÓRICO DE LAS TELECOMUNICACIONES A partir de 1882 la red telegráfica de los ferrocarriles se conectó con la red telegráfica estatal, integrándose ambas. En la Ley que posibilitó la conexión se especificaba que «el Gobierno se reserva el derecho de inspeccionar e intervenir las estaciones de los ferrocarriles, y el de suspender el servicio privado, parcial o totalmente, cuando lo estime oportuno para la seguridad del Estado y la conservación del orden público, sin que en ningún caso tengan las Compañías derecho a reclamar indemnización alguna» 9. La intervención se realizaba a través de las Oficinas de Telégrafos que servían de enlace en cada cabecera de las líneas de Ferrocarriles y en las que se realizaba el intercambio de los telegramas cursados por ambas redes. Otro aspecto de la intervención consistía en gestionar el uso compartido de las líneas de postes por donde se encaminaban conjuntamente hilos de ambas redes que, muchas veces, ocasionaban conflictos de competencia. Un campo en el que también intervenía la Administración fue el de los cables submarinos. Los telegrafistas no consiguieron convencer a lo sucesivos Gobiernos de la conveniencia de establecer cables submarinos propios con Cuba, ni siquiera con Canarias. Los cables submarinos que se establecieron fueron todos de propiedad extranjera salvo los de Baleares y los de Ceuta y Melilla y, de algún modo, se estableció un cierto control sobre su funcionamiento. En los contratos figuraba que la Administración establecería «el servicio de intervención más acomodado a los Reglamentos vigentes» 10. Los controles los realizaba el personal de Telégrafos y eran de dos clases: un control económico, que era un simple ejercicio de contabilidad, puesto que el Estado cobraba una parte de las tarifas que el concesionario percibía por la transmisión de los telegramas, y un control político, es decir una censura, puesto que también se establecía que la Administración se reservaba «la facultad de suspender la transmisión de los despachos por el cable, en caso de que ofrezcan peligro para la seguridad del Estado». Para que esta condición pudiera cumplirse, los funcionarios de Telégrafos hacían de intermediarios, tanto en transmisión como en recepción, entre el público y los operadores del cable, de modo que pudieran conocer el texto de todos los telegramas. Como complemento a la concesión de algunos cables submarinos, se autorizó el tendido de hilos telegráficos para unir el terminal del cable (Bilbao, Vigo y Barcelona) con Madrid. El tendido se realizaba a expensas de la Compañía del cable y la conservación corría a cargo de Telégrafos, que tenía opción de «colgar» sus hilos en los postes de la Empresa. Fuera de los cables submarinos no hubo concesiones privadas de telegrafía, aunque sí algunos intentos de promocionarlas. Por ejemplo, ya en 1864 se autorizó a empresas y establecimientos públicos o privados a implantar líneas y estaciones telegráficas que se conectarían a la red estatal, autorización que se reiteró en 1868, con el triunfo de la Revolución, y en 1871, reinando Amadeo de Saboya, pero sin ningún resultado práctico. A partir de 1924 el nacimiento de Telefónica supuso la creación de una red de conductores idéntica a la red telegráfica, con el mismo tipo de postes y de hilos y, por lo tanto, hábil para proporcionar enlaces telegráficos. Y, aunque en el Contrato de Telefónica con el Estado se prohibía que prestara «un servicio público de mensajes telegráficos» (Base 11), se le autorizaba «para arrendar medios a y de particulares, asociaciones o entidades para la intercomunicación privada o cualquier otro uso legal» (Base 13) 11. En 1929 se autorizó el establecimiento de «instalaciones telegráficas privada» (ITP) para uso exclusivo de un concesionario que enlazara su propio domicilio con otra dependencia de su propiedad. La Dirección General de Correos y Telégrafos debía dar la correspondiente autorización, previa aprobación del Proyecto y pago de la tasa correspondiente. Diferentes modalidades de estas comunicaciones privadas, que utilizaban, generalmente, canales proporcionados por la Compañía Telefónica, fueron admitidas por la Administración. Un apartado especial de estas ITP fueron los enlaces que las Compañías Eléctricas establecían a través a su propia red de transporte de electricidad. También debían ser autorizadas por 9 Gaceta de Madrid de 19 de noviembre de Pliego de condiciones para el cable Bilbao-Inglaterra, en Revista de Telégrafos de 15 de enero de Las citas del Contrato con la Compañía Telefónica corresponden al aprobado por Decreto de 31 de octubre de 1946, y está tomado de La Telecomunicación como factor histórico, de Afrodisio Hernández. 280

10 LAS TELECOMUNICACIONES Y LA ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA la Dirección General de Correos y Telecomunicación, amparadas por el correspondiente proyecto. Una vez concedida la autorización para la ITP y establecida la comunicación, era inspeccionada por funcionarios de Telégrafos que comprobaban su correcta instalación desde el punto de vista de evitar perturbaciones eléctricas en el entorno y certificar que no se dedicaba a proporcionar comunicaciones a terceros. Las tasas cobradas por la Dirección General de Correos y Telégrafos por la autorización de las ITP figuran en sus Memorias de Gestión hasta 1971 con cantidades muy pequeñas. En 1971 se recaudaron por este concepto pesetas. La aparición de la telefonía Aparato telefónico construido en los talleres de Telégrafos en la temprana fecha de enero de 1878, que sirvió para que la infanta Mercedes hablara, desde Aranjuez, con el rey Alfonso XII la víspera de su boda El teléfono llegó a España a finales de 1877 y la Dirección General de Telégrafos realizó, con carácter oficial, las primeras pruebas en el mes de enero de Los primeros ensayos se hicieron, precisamente, entre la Central de Telégrafos y el gabinete del Ministerio de la Guerra. Los primeros usuarios de la telefonía «a larga distancia» fueron Alfonso XII y la infanta Mercedes, que hablaron desde Aranjuez a Madrid el 18 de enero de 1878, cuando la Infanta acudía a Madrid para casarse con el Rey. Los ensayos se hicieron por telegrafistas sobre líneas telegráficas, pero la implantación del servicio telefónico se hizo esperar. Los telegrafistas eran reacios a ponerlo en marcha y la iniciativa privada, por el contrario, se mostraba muy activa. El 1 de junio del mismo 1878, la Revista de Telégrafos decía que se denegaba la petición de D. Federico Font de la Vall, vecino de Barcelona, solicitando autorización para establecer en las carreteras generales líneas telefónicas para poner en comunicación la capital con otros pueblos. La petición se denegaba porque se hallaba en oposición con el Decreto de 30 de junio de 1871 (en esa fecha, el Decreto no podía tener nada que ver con la telefonía y, sin embargo, paradójicamente, autorizaba el establecimiento de oficinas telegráficas por particulares). En 1882, por Real Decreto de 20 de marzo, el Gobierno rectificó y permitió la explotación privada, por concesión administrativa de veinte años de duración, de redes urbanas, mediante un canon del 5 por 100 de la recaudación. La extensión de la red podía tener un radio de diez kilómetros. No hubo mucha demanda y solamente en Madrid y Barcelona se establecieron pequeñas redes. En realidad todavía no se sabía muy bien qué podía hacerse con el teléfono y se le asignaba un cometido que quizá podría calificarse como frívolo. Un comentarista técnico empezaba su artículo con esta frase: «El teléfono, ese aparato capaz de llevar a la soledad de nuestro gabinete de trabajo los armoniosos acordes de lejana orquesta...» 12. Mientras tanto, para el servicio oficial, los telegrafistas habían establecido una red en Madrid. La Revista de Telégrafos de 1 de noviembre de 1883 dice: «en estos momentos está el Cuerpo de Telégrafos montando en Madrid la red telefónica que ha de enlazar entre sí todos los Ministerios, el Palacio Real y las principales Oficinas del Estado». Se añadía a los gabinetes telegráficos un enlace para telefonía. El éxito de esta red y el cambio de Gobierno, producido en 1884, hicieron que se cambiara la legislación y se dispusiera que las redes telefónicas tenían que ser explotadas por el Estado, es decir, por el Cuerpo de Telégrafos. Al poco tiempo, a través de un Real Decreto de 13 de junio de 1886, se volvió a la explotación privada, pero el Real Decreto que la establecía daba por hecho que la telefonía se consideraba un monopolio del Estado y, por ello, se definía la misión de vigilancia e inspección que el gobierno ejercería sobre esas redes privadas. «Artículo 12: El gobierno vigilará e inspeccionará por medio de sus delegados la ejecución de las obras, el desempeño del servicio telefónico en todas sus partes y el puntual cumplimiento de las obli- 12 Revista de Telégrafos de 1 de agosto de 1885, «El condensador y el teléfono» de I. González Martí, que con el tiempo sería Catedrático de Física de la Universidad Central y Director de la Escuela de Telégrafos en 1920, cuando salió la primera Promoción de Ingenieros de Telecomunicación. 281

11 FORO HISTÓRICO DE LAS TELECOMUNICACIONES gaciones contraídas por el concesionario con el Gobierno y con el público. Al efecto podrán penetrar dichos delegados a cualquier hora en las oficinas o Estaciones de teléfonos y exigir los datos y noticias que estimen convenientes, limitándose en la parte referente a contabilidad a lo que permitan las disposiciones del código de comercio». Además de la vigilancia e inspección, el Gobierno se reservaba a la manera que se establecía en las concesiones telegráficas la posibilidad de «suspender en cualquier tiempo, parcial o totalmente, el servicio telefónico, sin que el concesionario ni sus abonados tengan derecho a reclamarle indemnización alguna». La explotación privada de las redes telefónicas, y el que fuera muy escaso el número de teléfonos, dio origen a lo que se denominó «telefonema», que era un mensaje dado por teléfono a un «encargado» para que se lo hiciera llegar a un destinatario, pagando por ello. Es decir, era un sustituto del telegrama y Telégrafos protestó por ello y lo hizo objeto especial de su «vigilancia e inspección». En 1990 se volvió a modificar la legislación y se estableció un régimen mixto de explotación: redes privadas por concesión administrativa, que podrían ser explotadas por Telégrafos al caducar, o ser anulada, la concesión. Esta modalidad, con más o menos vicisitudes, se mantuvo hasta En general las «líneas interurbanas» las construía Telégrafos, incluso las que permitían el establecimiento de comunicaciones internacionales, y las redes locales eran de propiedad privada. Hubo varios intentos de constituir redes «regionales», tanto por parte de empresas privadas, la más importante de las cuales fue la Compañía Peninsular de Teléfonos, como por parte de Ayuntamientos y Diputaciones, pero el servicio telefónico no alcanzó la misma importancia que en otros países europeos. En este periodo de tiempo, , la Administración fue una modesta usuaria de la telefonía, limitándose a utilizar la Red Oficial en Madrid, y estableciendo enlaces esporádicos, mediante hilos telegráficos, con alguna de sus dependencias provinciales. La telefonía tenía, todavía, poco protagonismo como elemento de telecomunicación y se mantenía como curiosa novedad. La anécdota siguiente refleja esta percepción. La revista La Reforma, de 1905, cuenta que «S. M. El Rey, con el Conde de San Román y el capitán de navío Sr. Ferrer, pasó la tarde yendo en automóvil por la carretera de El Escorial y luego al tiro de pichón. En el kilómetro 12, es decir, allá por El Plantío, hizo el Monarca aplicaciones del aparato telefónico de Ericsson, de Stokolmo. El chauffeur se encaramó por uno de los postes que sostienen los hilos telefónicos, a los que adaptó los del referido aparato, y hecha así la derivación estuvo el Rey conferenciando con S. M. La Reina». También en este periodo se reafirmó que el servicio telefónico era un monopolio del Estado que se cedía, mediante concesión administrativa, por un determinado tiempo y bajo condiciones pactadas, a particulares. La Administración ejercía la «vigilancia e inspección» para el correcto cumplimiento de dichas condiciones. Cuando en 1924 se crea la Compañía Telefónica Nacional de España varía el panorama, aunque las funciones de la Administración, por lo menos teóricamente, se mantienen. En el Contrato de 1924, se establece que «el Ministerio de la Gobernación, por medio de la Dirección general de Comunicaciones, ejercerá la inspección de las instalaciones y de los servicios de la Compañía, y todas las reclamaciones que resultaren de la inspección, o las que recibieran del público, serán elevadas con su informe al Ministerio de la Gobernación, en el caso que hubiera lugar, por parte de este último, a alguna actuación de acuerdo con los términos generales de este contrato 13. Para facilitar el cumplimiento del Contrato, el Gobierno designará un Delegado cerca de la Compañía». Esta intervención de la Administración tenía que ser, forzosamente, intrascendente toda vez que sería inútil que abordara puntos importantes de desavenencia, puesto que el mismo Contrato establecía que «no podrán aplicarse en contradicción con el mismo las leyes o disposiciones de carácter general o particular dictadas por el Estado o las Corporaciones de carácter público» (Base 26). 13 «Informe emitido por la Comisión de revisión de concesiones de servicios de Telecomunicación», de la Dirección General de Telecomunicación. Madrid,

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