Número de abril de 2013 IX Legislatura PRESIDENCIA. Ilmo. Sr. D. Jesús Miguel Dionisio Ballesteros. Sesión celebrada el lunes 8 de abril de 2013

Transcripción

1 Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid Número de abril de 2013 IX Legislatura COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, ECONOMÍA Y HACIENDA PRESIDENCIA Ilmo. Sr. D. Jesús Miguel Dionisio Ballesteros Sesión celebrada el lunes 8 de abril de 2013 ORDEN DEL DÍA 1.- Designación de los miembros de la Ponencia encargada de informar, conforme al art. 144 del Reglamento de la Asamblea, la PROP.L-7/2013 RGEP PCOC-262/2013 RGEP Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa del Ilmo. Sr. D. Eustaquio Jiménez Molero, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo se van a apoyar la protección de los derechos de las personas consumidoras de la Comunidad de Madrid a través del Arbitraje de Consumo, ante las demandas masivas de los ahorradores engañados por las Participaciones Preferentes, afectadas por las Instituciones Financieras, de Crédito Corporativo y Territorial y

2 las Cajas de Ahorro, en el marco de las competencias de defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en el marco de sus competencias exclusivas en dicha materia, de acuerdo con el artículo núm. 26, punto , así como, en el marco de la legislación básica del Estado, de acuerdo con el artículo núm. 27 punto 10, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 3.- C-143/2013 RGEP Comparecencia del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre informar y realizar balance y resultado en relación con las actuaciones, acciones y medidas adoptadas por los servicios de consumo, en defensa y protección de las personas consumidoras y ahorradoras de la Comunidad de Madrid afectadas por las Participaciones Preferentes, en el marco de competencias de defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en el marco de sus competencias exclusivas en dicha materia, de acuerdo con el artículo núm. 26, punto , así como en el marco de la legislación básica del Estado, de acuerdo con el artículo núm. 27 punto 10, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 4.- C-338/2013 RGEP Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, al objeto de informar sobre acciones desarrolladas por su Consejería en materia de zonas industriales en declive en nuestra Comunidad. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). 5.- Ruegos y preguntas. SUMARIO - Se abre la sesión a las 10 horas y 37 minutos. Página Designación de los miembros de la Ponencia encargada de informar, conforme al art. 144 del Reglamento de la Asamblea, la PROP.L-7/2013 RGEP Página

3 - Intervienen el Sr. Velasco Rami, la Sra. Martínez Martínez y el Sr. Muñoz Abrines designando los ponentes. Página PCOC-262/2013 RGEP Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa del Ilmo. Sr. D. Eustaquio Jiménez Molero, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo se van a apoyar la protección de los derechos de las personas consumidoras de la Comunidad de Madrid a través del Arbitraje de Consumo, ante las demandas masivas de los ahorradores engañados por las Participaciones Preferentes, afectadas por las Instituciones Financieras, de Crédito Corporativo y Territorial y las Cajas de Ahorro, en el marco de las competencias de defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en el marco de sus competencias exclusivas en dicha materia, de acuerdo con el artículo núm. 26, punto , así como, en el marco de la legislación básica del Estado, de acuerdo con el artículo núm. 27 punto 10, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Página Interviene el Sr. Jiménez Molero, formulando la pregunta. Página Interviene la Sra. Directora General de Consumo, respondiendo la pregunta. Página Intervienen el Sr. Jiménez Molero y la Sra. Directora General, ampliando información. Página C-143/2013 RGEP Comparecencia del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre informar y realizar balance y resultado en relación con las actuaciones, acciones y medidas adoptadas por los servicios de consumo, en defensa y protección de las personas consumidoras y ahorradoras de la Comunidad de Madrid afectadas por las Participaciones Preferentes, en el marco de competencias de defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en el marco de sus competencias exclusivas en dicha materia, de acuerdo con el artículo núm. 26, punto , así como en el marco de la legislación básica del Estado, de acuerdo con el artículo núm

4 punto 10, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). Página Interviene el Sr. Jiménez Molero exponiendo los motivos de la solicitud de comparecencia. Página Exposición del Sr. Viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo. Página Intervienen, en turno de portavoces, el Sr. Velasco Rami, la Sra. Martínez Martínez, el Sr. Jiménez Molero y el Sr. Díaz Robles. Página Interviene el Sr. Viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo. Página C-338/2013 RGEP Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes, al objeto de informar sobre acciones desarrolladas por su Consejería en materia de zonas industriales en declive en nuestra Comunidad. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). Página Interviene el Sr. Ruiz López exponiendo los motivos de la solicitud de comparecencia. Página Exposición del Sr. Director General de Industria, Energía y Minas. Página Intervienen, en turno de portavoces, el Sr. Velasco Rami, el Sr. Ruiz López, el Sr. Dionisio Ballesteros y el Sr. Oficialdegui Alonso de Celada. Página Interviene el Sr. Director General dando respuesta a los señores portavoces. Página Ruegos y preguntas. Página No hubo ruegos ni preguntas. Página Se levanta la sesión a las 13 horas y 26 minutos. Página

5 (Se abre la sesión a las diez horas y treinta y siete minutos.) El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda. En primer lugar, además de darles los buenos días a todos, quiero saludar a las personas que hoy nos acompañan y que van a compartir con nosotros este trabajo parlamentario. Comenzamos con el primer punto del orden del día. Designación de los miembros de la Ponencia encargada de informar, conforme al art. 144 del Reglamento de la Asamblea, la PROPL-7/2013 RGEP Les recuerdo que cada Grupo debe designar un ponente. Si son tan amables, pueden comunicárnoslo. Señor Velasco, por parte de Unión Progreso y Democracia? El Sr. VELASCO RAMI: Muchas gracias, señor Presidente. Yo mismo. El Sr. PRESIDENTE. Por parte de Izquierda Unida? La Sra. MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Yo misma. El Sr. PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Óscar Iglesias Fernández. De acuerdo? (Asentimiento por parte de la señora González Ausín.) Por parte del Grupo Parlamentario Popular? El Sr. MUÑOZ ABRINES: Yo mismo, señor Presidente. El Sr. PRESIDENTE: Hay algún inconveniente? (Denegaciones.) Queda aprobado por asentimiento. Pasamos al segundo punto del orden del día. PCOC-262/2013 RGEP Pregunta de respuesta oral en Comisión, a iniciativa del Ilmo. Sr. D. Eustaquio Jiménez Molero, diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, se pregunta cómo se van a apoyar la protección de los derechos de las personas consumidoras de la Comunidad de Madrid a través del Arbitraje de Consumo, ante las demandas masivas de los ahorradores engañados por las Participaciones Preferentes, afectadas por las Instituciones Financieras, de Crédito Corporativo y Territorial y las Cajas de Ahorro, en el marco de las competencias de defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en el marco de sus competencias exclusivas en dicha materia, de acuerdo con el artículo núm. 26, punto , así como, en el marco de la legislación básica del Estado, de acuerdo con el artículo núm. 27 punto 10, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid

6 Para responder a la pregunta, se encuentra ya en la mesa la directora general de Consumo doña Mar Pérez Merino. Les recuerdo que tienen cinco minutos en sus dos intervenciones tanto el diputado que formula la pregunta como la señora Directora. Tiene la palabra don Eustaquio Jiménez para formular la pregunta. El Sr. JIMÉNEZ MOLERO: Gracias, señor Presidente. Cómo se va apoyar la protección de los derechos de los consumidores de la Comunidad a través del arbitraje de consumo ante las demandas masivas de los ahorradores engañados por las participaciones preferentes y deuda subordinada, afectados por las instituciones financieras de crédito corporativo y territorial de las cajas de ahorro, en el marco de las competencias de defensa del consumidor y del usuario? El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palaba la Directora General. La Sra. DIRECTORA GENERAL DE CONSUMO (Pérez Merino): Muchas gracias, señor Presidente. Señor Jiménez, señorías, señoras y señores, como comenté en mi última intervención de 11 de febrero, la Dirección General de Consumo está trabajando en una triple línea de actuación de cara a la posible acometida del proceso de arbitraje en esta materia. La primera línea de actuación es el refuerzo de la información; la segunda, el mantenimiento de una intensa coordinación institucional y, la tercera, estamos acometiendo un plan urgente de organización de los medios y recursos con que contamos. Gracias. El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Directora. Tiene la palabra el señor Jiménez en su segundo turno de intervención. El Sr. JIMÉNEZ MOLERO: Gracias, señor Presidente. Señorías, quiero saludar a las organizaciones de las personas consumidoras aquí presentes y a las personas afectadas, que quieren conocer de primera mano lo que dicen los representantes públicos de sus problemas. Hoy su problema son las participaciones preferentes y la deuda subordinada. El Partido Socialista se viene interesando por las personas afectadas en sus depósitos en entidades nacionalizadas, como Bankia, antes Caja Madrid; Nova Caixa Galicia; Cataluña Bank; etcétera. En primer lugar, le voy a pedir, señora Directora General, que haga un reconocimiento explícito de qué es consumo. Le cuesta mucho al Partido Popular reconocer las evidencias, porque las personas no sabían lo que era, ni sabían que eran depósitos, y en anteriores ocasiones se respondía con evasivas ante la supuesta no concreción en las iniciativas. Yo he oído aquí cómo acusaban al Partido Socialista de preguntar cosas que no eran el motivo de la comparecencia. Bien, pues la pregunta es: estos instrumentos financieros, que llaman híbridos, que adquirieron personas, que no sabían lo que eran, las llamadas participaciones preferentes y deuda subordinada. Y le pregunto: cuál es el mecanismo específico de defensa, señora Directora General? Cómo se realizará el arbitraje, señora Directora General? Cómo aceptarán las instituciones financieras

7 nacionalizadas, Bankia, Nova Caixa Galicia y Cataluña Bank, el arbitraje de consumo? El arbitraje, individual o colectivo, señora Directora General? Aceptando todas las peticiones que formulen los consumidores que se consideren afectados o solo aquellos que sean confirmados en su petición, señora Directora General? Es decir, a los que aceptan, les confirmará la devolución del cien por cien de los ahorros depositados, o no? Me llama la atención, señora Directora General, que diga que han reforzado la información. No será la información que nos preocupa del INC, que también preocupa a la ciudadanía? Voy a leer una comunicación INC del 4 de febrero de 2013 leo literalmente alguna de sus partes-: Punto 1. La solicitud dirigida a Bankia para que esta acepte el arbitraje. Deberá formalizarse ante la oficina bancaria de cada reclamante y no ante las juntas arbitrales. Sabe usted que eso es incumplir la ley, verdad? Sabe usted que no se pueden presentar reclamaciones de consumo de arbitraje ante la entidad que es reclamada. Lo sabe usted? Es decir, cualquier consumidor reclama ante los organismos arbitrales de consumo, que son las juntas arbitrales, o a través de las asociaciones de consumidores, no del reclamado, señorías. Asimismo la aceptación del arbitraje será comunicada por la oficina a sus clientes y allí se formalizará el convenio arbitral entre las partes, que luego se trasladará a la junta arbitral correspondiente en el momento de formalización del convenio arbitral, el inversor reclamante presentará toda la documentación que corresponda. Pero si ya la tienen los bancos, señora Directora General! Esto es incumplir la ley, señora Directora General. Es que esto es un comunicado oficial dirigido a todas las organizaciones, a todas las OMIC de la Comunidad de Madrid, imagino que incluso al resto de España. Sabe usted que la página web del Ministerio dice cómo se tramitan los arbitrajes, y no dice que se lleven a las oficinas, que son las reclamadas. Por tanto, señora Directora General, le digo, por favor, si hacen esto con la ley de arbitraje, cómo interpretan el decreto ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección de los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero? Cómo lo interpretan? Porque si lo interpretan como lo hace el FROB, que lo hace antes de que salga la ley, apañados vamos! Según la Ley de Arbitraje, le insisto, el consumidor plantea su petición y el laudo le da o le quita la razón. Es más, no queremos pensar en que van a ser arbitrajes de una personas sino colegidos, porque la ley tampoco contempla que estos sean arbitrajes de una persona. Si usted ve la ley, tampoco contempla que estos sean arbitrajes de una persona, si usted ve la ley, concretamente no dice que no son los casos excepcionales en que pueden ser tratados porque es una cuantía mayor de 300 euros, en su inmensa mayoría, porque no habrá participaciones preferentes Si fueran de más de 300 euros no tendríamos a personas que están indignadas de cómo los trata el Partido Popular, incluso en la Comunidad de Madrid, porque en una entrevista del Presidente no dice ni una palabra, como si no existieran los ahorradores engañados en esta Comunidad de Madrid. Claro, no se pueden negar a firmar, porque no tienen que firmar, porque el decreto les hace un recorte, obligándoles a recibir lo que no quedan: acciones, y encima recortando sus importes. Cómo los recibirán, señora Directora General? Cómo van a recibir el importe sobre las

8 aportaciones individuales y ahorros, que sin conocimiento ni alce de las instituciones financieras, en su mayoría Caja Madrid, ahora Bankia, han colocado en unos productos que ellos no querían, que no sabían ni su riesgo ni su alcance? En efectivo o en acciones? Si aplican estrictamente el Reglamento de Arbitraje, el consumidor pide como quiere recibirlo y, si lo pide en efectivo, tienen que dárselo en efectivo. Sin embargo, parece ser que en el real decreto se faculta al FROB, y el propio FROB, en esta misma normativa, dice que podrá aceptarlo como acciones. Oigan, señorías, no son acciones, son personas que han sido ahorradores engañados y si el arbitraje les da la razón con un laudo deben ser resarcidos en su dinero. Insistimos, en el arbitraje de consumo, el consumidor pide lo que quiere y, desde luego, pueden pedir la devolución del dinero. Los ahorradores engañados hicieron sus aportaciones sin riesgo, porque no querían correr ningún tipo de riesgo. La inmensa mayoría consideraba que estaban aportando sus ahorros con posibilidad de recuperación inmediata y sin penalización, sin recortes -sin embargo en el decreto ley del día 23 se producen recortes-, que eran remuneradas como los depósitos a plazo, con un rendimiento que. Quienes les atendieron, les dijeron que era un producto impecable. El Sr. PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señoría. El Sr. JIMÉNEZ MOLERO: Muchas gracias, señor Presidente. Voy terminando. Sin embargo se trataba de productos diferentes que, cuando han pretendido recuperar, les han dicho: primero, que no pueden porque no hay mercado en el que coticen y que no lo pueden recuperar; segundo, que, con motivo de la crisis económica, no pueden devolverles dinero, que esperen porque Bruselas no les deja, que después les condiciona su devolución, porque las condiciones de rescate bancario solicitado por el Gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, del señor Montoro, del señor De Guindos pidieron millones, al final solo millones de los cuales millones, precisamente todos han sido para las entidades nacionalizadas, como Bankia. Pero es que para Bankia ha habido millones y para los ahorradores engañados, señora Directora General? No hay nada? No hay nada! Es decir, que el Estado avala una recuperación para los bancos en quiebra y los ahorradores engañados no reciben su dinero. Que no nos digan que devolvamos todo, que les obligan y que les hagamos una quita; es decir, que habiendo banqueros como el máximo gestor de Caja Madrid, el ex Vicepresidente del Gobierno, del señor Aznar, señor Rodrigo Rato, ha gestionado mal la entidad resultante El Sr. PRESIDENTE: Tiene que terminar ya, señor diputado. El Sr. JIMÉNEZ MOLERO: Voy a terminar, señor Presidente. Mire hay que proteger a la ciudadanía, porque un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo quita cuando empieza a llover. Señorías, cómo protegen ustedes a los ahorradores engañados? Señorías, tienen que responder porque no nos pueden volver a hablar de Andalucía. Aquí hay unos señores que se llaman señor Rajoy, señor

9 Montoro y señor De Guindos que debería haber protegido a los ahorradores engañados. El Partido Popular, con el dinero de todos, salva de la quiebra a los bancos, arruina a los ahorradores de participaciones preferentes y de las subordinadas y, al mismo tiempo, salva a los malos gestores. Señora Directora General, deles una respuesta positiva, diga que hace algo, por favor, que son personas ahorradoras engañadas. Muchas gracias, señor Presidenta. respuesta. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Directora General para su La Sra. DIRECTORA GENERAL DE CONSUMO (Pérez Merino): Gracias, señor Presidente. Señor Jiménez, no confunda a la audiencia y no abuse de la demagogia porque hoy tiene más público que habitualmente. Creo que ha quedado claro en las sucesivas comparecencias la competencia que tiene esta Dirección General en esta materia y la que tiene el Estado. Además, le recuerdo que este problema no lo ha generado el Partido Popular, y el único que está tratando de solucionar el problema de estos ahorradores es el Partido Popular. Quién gobierna en Galicia, que está haciendo arbitraje? Quién gobierna en Cataluña, que está haciendo arbitraje? Que yo sepa no es el Partido Socialista. Por qué no han hecho ustedes arbitraje en Andalucía? No utilice, por favor, la demagogia, porque bastante sufrimiento tienen estos ahorradores para que encima aquí juguemos a confundirles con argumentos que usted sabe que no tienen ninguna cobertura legal. No voy a gastar el escaso tiempo que tengo en recordar el tema de la competencia, porque ya en las anteriores comparecencias aquí se ha discutido de ello en profundidad. La realidad actual además nos da la razón en términos de la competencia, porque usted no desconocerá que el 22 de marzo pasado el Gobierno ha aprobado un real decreto ley para articular soluciones para este colectivo. Si nosotros fuéramos competentes, el Estado no hubiera podido sacar esa normativa. Esta norma lo que dice es cómo se va a articular el procedimiento y se nombra una Comisión en la que están ustedes representados para todo ello; con lo cual, no me pregunte a mí cuál va a ser el mecanismo de defensa, cómo se va a hacer el arbitraje y cómo se va a pagar ese arbitraje, porque eso viene regulado en el real decreto y además se pondrá en los trabajos de esta Comisión. Sí que quiero ceñirme, aunque usted dice que no es el objeto fundamental de la comparecencia, a lo que usted me preguntó. Lo que usted me plantea en su pregunta es qué hemos hecho o qué vamos a hacer para apoyar la protección de los consumidores en tema del arbitraje. Al principio de mi intervención le he querido recordar lo que estábamos haciendo desde ese momento, aun con carácter previo a que el Estado hubiera regulado mediante el real decreto

10 Desde que el ministro De Guindos, el 18 de diciembre, anunció que iba a haber una solución en tema del arbitraje, la Dirección General de Consumo, con los recursos que tiene, se puso a trabajar inmediatamente en ello, y no es justo que usted diga que no hemos hecho nada. En esta línea, además, hemos continuado trabajando, reforzando el sistema de información de consumo; sí, señoría, aunque usted diga que qué información damos. Pues sí. Sabe usted que en el 012, desde el 18 de diciembre, se han puesto más de mensajes a móviles y vía correo electrónico informando a los afectados por las preferentes de las noticias que se iban dando? Se mandó un primer correo señalando que seguíamos a la espera de las instrucciones del ministro; además, cuando salió esta norma, se remitió otro correo explicándoles cuáles eran los pasos que iban a tener que seguir. Además, desde ese momento hemos mantenido una intensa coordinación institucional con las autoridades estatales implicadas con otras comunidades autónomas y también con los municipios facilitando información. Usted me pregunta qué ha hecho el INC. Señoría, yo no soy del INC; yo soy la Directora General de Consumo de la Comunidad de Madrid, una modesta directora general, y le puedo asegurar que en la Dirección General se está trabajando para, en su momento, poder acometer el tema del arbitraje, si es que lo tenemos que gestionar nosotros. Desde mi anterior comparecencia, le quiero dar datos, porque hablar por hablar es muy sencillo, y le quiero indicar que el sistema de información telefónica de la Comunidad de Madrid, el 012, ha puesto, como le decía, más de mensajes de correo electrónico y por internet dando la información puntual que íbamos teniendo, y se han atendido casi consultas telefónicas. Además, se ha reforzado la coordinación de las 51 oficinas de información al consumidor con que cuenta la Comunidad de Madrid. En cuanto a la tramitación de solicitudes de información recibidas en la propia Dirección General de Consumo, desde el 20 de diciembre y hasta el 31 de marzo hemos atendido un total de peticiones directas, de las cuales son solicitudes de información referidas a Bankia, 50 son reclamaciones formuladas por escrito y 64 reclamaciones formuladas con fecha anterior a diciembre de 2012, que fueron remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no olvide, señoría, que es quien tiene la competencia. Desde el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo de la Comunidad de Madrid se están tramitando además un total de 319 solicitudes, por escrito, de arbitraje, que hemos recibido, de las cuales 309 corresponden a Bankia, 3 a Novagalicia, 2 a Novacaixagalicia, 1 a Caixa Galicia y 1 a Caixa Vigo e Ourense. El Sr. PRESIDENTE: Señora Directora, que sepa que ya ha transcurrido su tiempo. La Sra. DIRECTORA GENERAL DE CONSUMO (Pérez Merino): Las que no son de nuestra comunidad autónoma, han sido remitidas a la comunidad autónoma respectiva y el resto se ha remitido a Bankia para que conteste. Porque, señoría, parece que el arbitraje se puede imponer vía laudo desde la

11 Dirección General, y usted olvida que el arbitraje lo debe aceptar la entidad, en este caso, Bankia. Nosotros hemos mandado las solicitudes para que Bankia conteste y estamos pendientes de esa contestación, con lo cual, señoría, me parece muy injusto que diga que no hemos hecho nada; me parece muy injusto que trate de confundir a la audiencia con la competencia y con la idea de que a nosotros no nos preocupan los inversores cuando eso no es así, cuando este es un problema que, le recuerdo, no ha generado el Partido Popular y que el Partido Popular está tratando de resolver. Muchas gracias, señorías. orden del día. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Directora General. Pasamos al siguiente punto del C-143/2013 RGEP Comparecencia del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre informar y realizar balance y resultado en relación con las actuaciones, acciones y medidas adoptadas por los servicios de consumo, en defensa y protección de las personas consumidoras y ahorradoras de la Comunidad de Madrid afectadas por las Participaciones Preferentes, en el marco de competencias de defensa del consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, en el marco de sus competencias exclusivas en dicha materia, de acuerdo con el artículo núm. 26, punto , así como en el marco de la legislación básica del Estado, de acuerdo con el artículo núm. 27 punto 10, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). Comparece en este punto el señor Viceconsejero, a quien ruego que ocupe su lugar en la mesa. Tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que solicitó la comparecencia del señor Viceconsejero, el señor Jiménez Molero. El Sr. JIMÉNEZ MOLERO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, señoras y señores, quiero decirles, porque tal vez no lo sepan, que en el año 2013 hay cero euros ninguno-, para los ayuntamientos, desde la Comunidad de Madrid, y para las asociaciones de consumidores. Saben ustedes que en otro tiempo había 1,5 millones de euros? Cero euros! Esa es la preocupación del Gobierno de la Comunidad de Madrid; así es cómo se preocupa. Se ha pedido la comparecencia del Viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo, aquí presente, al objeto de informar y realizar balance y resultados en relación con las actuaciones, acciones y medidas adoptadas por los servicios de consumo, en defensa y protección de las personas consumidoras y ahorradoras de la Comunidad de Madrid afectadas por las participaciones preferentes y deuda subordinada, en el marco de competencias de defensa del consumidor y del usuario

12 Como no ha respondido la señora Directora General, le pregunto: qué órgano arbitral va a funcionar, que esa es su competencia? El colegiado o el individual, el único? Le pregunto: qué actuaciones han hecho? Qué acciones? Qué medidas han adoptado los servicios de consumo en defensa y protección de las personas consumidoras y ahorradoras, además de los cero euros contemplados en los presupuestos del año 2013? Se ha pedido su comparecencia, señor Viceconsejero, porque a nosotros nos preocupan los ciudadanos afectados, los aquí presentes y los no presentes. Nos preocupa este tema porque son productos no idóneos o inadecuados para el perfil de personas ahorradoras, que se los han vendido los bancos, no el Partido Socialista! Señores y señores diputados, las personas que tienen estos perfiles deben ser resarcidas y se les debe devolver su dinero. Son, uno, personas con falta de documentación relevante; dos, personas con irregularidades en la documentación; tres, personas que les falta la firma o que han puesto la firma digital sin su consentimiento; cuatro, con la firma de menores; cinco, con la firma de personas con minusvalía psíquica y la firma de tutores legales; seis, con la ausencia del obligatorio test de idoneidad MIFID, obligado por la normativa europea; siete, personas ancianas o de edad avanzada; ocho, personas cuyo fondo proceden de depósitos a plazo; nueve, personas cuyos fondos proceden de pequeños ahorros; diez, personas de rentas bajas; once, personas jubiladas; doce, personas asalariadas con profesiones manuales, no cualificadas y que nunca han invertido en productos de renta variable, como acciones etcétera; por último, personas sin estudios superiores. Saben ustedes que las sentencias judiciales les dan la razón a aquellas personas que no tienen estudios superiores y que les han colocado, las instituciones financieras, participaciones preferentes, sin ser idóneos? El Partido Popular arruina a los ahorradores y rescata a los malos bancos y a los malos gestores; eso es lo que hace, y quiero que lo sepan. Posteriormente tendré otro turno de intervención, luego intervendrá el Partido Popular y otra vez el Viceconsejero, que, probablemente, eche una cortina de humo hablando de Andalucía. Gobiernan en la Comunidad de Madrid, gobiernan en el Ayuntamiento de Madrid y son el Gobierno de España, y tienen que resolver el problema de los afectados en la Comunidad de Madrid, señorías. Eso es lo que pido que resuelvan, no lo de Andalucía. Si estuviera en Andalucía, pediría que resolvieran lo de Andalucía, pero estoy en Madrid, señorías. Estas personas tienen atrapados sus ahorros, y la inmensa mayoría de ellos -a los que llamamos ahorradores engañados- por una comercialización indebida de productos híbridos, complejos, que no debieron colocárseles jamás. Todos los días salen nuevos conocedores y nuevos afectados. Saben ustedes que todas las semanas me llama alguien diciendo que tiene un familiar engañado por participaciones preferentes y que no lo sabe, o ancianos a quienes no se lo pueden decir los familiares? Señoría, hay muchos ahorradores engañados por Caja Madrid, que era competencia de esta Comunidad. Quienes gestionaban eran quienes

13 vendían las preferentes; alguno incluso es diputado del Partido Popular y hoy se sienta en el Congreso de los Diputados y ha reconocido que ha vendido indebidamente participaciones preferentes o deuda subordinada. Han creado una alarma social, y no se le ocurre otra cosa al Partido Popular que hacer una amnistía. Ahora sabemos por qué: para favorecer a algunos. Sí. Porque, en lugar de amnistiar a esas personas, lo que hay que hacer es perseguir el fraude para devolver a los ahorradores engañados el dinero que se les debe devolver. Los bancos han pedido el rescate, al que responde el resto de los españoles, ellos también, y ellos deben ser resarcidos; cuando son engañados, deben recibir su dinero, no acciones. No querían acciones. Si hubiesen querido acciones, las hubiesen perdido, como las van a perder los accionistas de Bankia. Ellos sabían que corrían riesgos, pero un ahorrador que tiene un depósito al que colocan un producto que no sabe lo que es Permítanme que ponga este entusiasmo, pero es que este entusiasmo lo pone uno cuando le hierve la sangre por las cosas que ve. A ustedes parece que no les importa, porque la mayoría de las personas a las que ustedes representan son personas cualificadas a las que no les ocurriría esto. Qué curioso que la afectación se produce en lugares donde habita gente humilde, gente mayor, que es a quienes se engaña. Y no se trata de repartir culpas, señorías, porque se referirán otra vez a Andalucía. Mire, no cabe reparto de culpas. Llevan 13 años gobernando en esta Comunidad y ahora gobiernan en el Estado y hacen un real decreto que perjudica a estos ahorradores engañados. El Sr. PRESIDENTE: Señoría, por favor, debe ir terminando. El Sr. JIMÉNEZ MOLERO: Sí, señor Presidente. Voy a terminar este primer turno. Al Partido Popular solo le queda decir: como Gobierno de ustedes que soy, les debo una explicación, y esa explicación que les debo se la voy a pagar. Es lo único que le falta al Partido Popular para reírse más de las personas afectadas. Deberían ser más sensatos y darse cuenta de que están jugando con el dinero de todos los ciudadanos y quedándose o permitiendo legalmente que se queden con el dinero de los ahorradores afectados. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Viceconsejero. El Sr. VICECONSEJERO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y CONSUMO (Beltrán Pedreira): Muchas gracias, señor Presidente. Quiero saludar a las personas que nos acompañan en esta Comisión. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que se me brinda para poder participar en esta sesión de la Comisión de Economía y Hacienda de esta Cámara y expresar mi firme voluntad de colaborar cuantas veces sea necesario con esta Comisión. Comparezco hoy ante esta Comisión a petición del diputado del Grupo Parlamentario Socialista don Eustaquio Jiménez Molero para informar y realizar balance de los resultados en relación con las actuaciones,

14 acciones y medidas adoptadas por los servicios de consumo en la defensa y protección de las personas consumidoras y ahorradoras de la Comunidad de Madrid afectadas por las participaciones preferentes, en el marco de las competencias de defensa del consumidor y del usuario. Señorías, han sido ya numerosas las veces que desde el mes de mayo de 2012 la Consejería de Economía y Hacienda, representada por su titular o por las titulares de la Dirección General de Consumo, ha acudido a esta Cámara para dar explicaciones detalladas sobre las actuaciones llevadas a cabo en este asunto. Sin querer extenderme demasiado, les realizo una breve radiografía: la primera comparecencia tuvo lugar el día 22 de mayo de 2012, en ella, la entonces Directora General de Consumo, la señora Martínez de Sola, dio respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista; una segunda intervención del Gobierno regional en la Asamblea ocurría el día 8 de octubre de 2012, cuando intervino de nuevo la Directora General de Consumo señora Martínez de Sola, para responder a otra pregunta planteada, una vez más, por el Grupo Parlamentario Socialista; una tercera vez, el día 20 de noviembre de 2012, en la que el Grupo Parlamentario Socialista plantea otras preguntas y, en esta ocasión, es el señor Consejero de Economía y Hacienda quien responde en el Pleno a las mismas. La última intervención de la Consejería de Economía y Hacienda sobre este asunto ha tenido lugar recientemente, el 11 de febrero pasado, con una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, acudiendo a la Asamblea la actual Directora General, que acaba de hacer uso de la palabra, doña Mar Pérez Merino. Todas ellas han sido a instancias del señor Jiménez Molero. Señorías, hoy, con ocasión de mi comparecencia, he repasado estas intervenciones y todas ellas me corroboran que la información puesta a disposición de SS.SS. es el reflejo de una actuación coherente, responsable y eficaz por parte de las autoridades de consumo de la Comunidad de Madrid, y ya le anticipo, señor Jiménez Molero, que mi comparecencia variará en relación a las anteriores en una sola cosa: el Gobierno de la nación ha encarado la solución de este problema que afecta a muchos de nuestros ciudadanos, solución que ustedes no quisieron o no supieron adoptar en su momento. Dicho esto, y antes de empezar con el fondo de la comparecencia, quisiera decir a SS.SS. que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue muy de cerca, como no podía ser de otra manera, el conflicto surgido por la emisión de instrumentos libres de capital y deuda subordinada, fruto de la comercialización generalizada de un producto financiero complejo, como son las acciones o participaciones preferentes, pero que, hay que decirlo, fue autorizado en su momento por los órganos supervisores, que no son otros que el Banco de España y el Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y es que, señorías, por mucho que insista el señor Jiménez Molero, la Comunidad de Madrid no tiene competencias para actuar en esta materia, como reiteradamente se ha puesto de manifiesto en esta Cámara por los distintos comparecientes que me han precedido. Efectivamente, las competencias que el artículo del Estatuto de Autonomía, que usted, señor Jiménez Molero, señala en su solicitud de comparecencia,

15 atribuye a la Comunidad de Madrid en materia de defensa del consumidor nada tienen que ver con las participaciones preferentes comercializadas por la banca; aquellas, las del artículo de nuestro Estatuto, están referidas, como usted perfectamente conoce como experto en la materia, las actuaciones de inspección, control de calidad y seguridad sobre todo tipo de productos, bienes y servicios destinados a los consumidores, comprobándose que se adecúan a la legalidad en cuanto a sus características técnicas, higiénico-sanitarias, de seguridad y comerciales. En el caso concreto que hoy nos ocupa, la atribución competencial de la Comunidad de Madrid prevista en el artículo del Estatuto de Autonomía se limita exclusivamente a la ordenación y planificación de las instituciones de crédito corporativo, público y territorial y de las cajas de ahorro, si bien estas competencias se deben ejercer siempre de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general del Estado. Precisamente en desarrollo de esta previsión estatutaria se aprobó la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid. Sobre la base de esta ley, la competencia de la Comunidad de Madrid se ciñe a la regulación, sobre la creación y extinción de las cajas de ahorro, así como a otras cuestionas relativas a su régimen jurídico, en particular a la regulación de sus órganos de gobierno y su régimen sancionador. Por lo tanto, señorías, repito, dicha competencia nada tiene que ver con el control y supervisión sobre los instrumentos que comercializan distintas entidades financieras, cuya competencia corresponde en exclusiva al Gobierno central, a través, insisto, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su condición, ambos, de órganos reguladores. En ese sentido, la Ley 24/98, de 28 de julio, del Mercado de Valores, tal y como recogen en su artículo uno, regula los sistemas españoles de negociación de instrumentos financieros, estableciendo a tal fin los principios de su organización y funcionamiento, las normas relativas a los instrumentos financieros objeto de su negociación, a las emisoras de estos instrumentos, la prestación en España de servicios de inversión y el establecimiento del régimen de supervisión, inspección y sanción. Y qué son las participaciones preferentes o instrumentos híbridos y deuda subordinada? Pues bien, los instrumentos híbridos son una forma de financiación que combina características de capital y de deuda. Este tipo de emisiones ha venido siendo muy utilizada por las entidades financieras en los últimos años, especialmente entre los años 2007 a 2009, señor Jiménez Molero. Son, por tanto, señorías, instrumentos financieros cuyas normas de emisión y negociación corresponde, insisto, en virtud del régimen competencial establecido en esta Ley 24/98, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en su caso, al Banco de España. Y por si quedara alguna duda, señoría, el propio artículo 2 de esta norma, en su apartado 8, incluye las participaciones preferentes como uno de los elementos comprendidos en el ámbito de la presente ley

16 Por lo tanto, cualquier actuación o iniciativa que en materia de supervisión, inspección y sanción sobre participaciones preferentes se produjera, corresponde al Banco de España en colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, excediendo el marco de las competencias que el artículo del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Madrid en materia de defensa al consumidor, como reiteradamente se ha puesto de manifiesto a esta Cámara. Esto, señorías, es lo que dice la ley, y las Administraciones Públicas, como usted perfectamente sabe, estamos para cumplir la ley. Dicho esto, y no siendo competente la Comunidad de Madrid, no significa que no se haya actuado en defensa de los consumidores madrileños, nada más lejos de la realidad, sino todo lo contrario, y los comparecientes que me han precedido así lo han puesto de manifiesto a esta Comisión reiteradamente. Efectivamente, señorías, el Gobierno regional ha actuado con la mayor celeridad posible en cuanto tuvo conocimiento de la problemática planteada. Así, paso a detallar las actuaciones más importantes realizadas en este sentido. Como ya se ha dicho aquí, el pasado 11 de febrero, lo primero que hizo esta Comunidad fue enviar requerimientos en el mes de febrero de 2012 a siete entidades financieras: Caixabank, BBVA, Bankia, Banco Santander, Banco Popular Español, Caja España y Banco de Sabadell, que podían haber comercializado estos productos con consumidores de la Comunidad de Madrid. Estos requerimientos se centraron en pedir documentación a las entidades sobre productos denominados participaciones preferentes. Así, entre otras cuestiones, se requirieron a las entidades que informasen sobre la forma que habían obtenido el consentimiento de los usuarios, se les pidió acreditación documental de la información contractual y precontractual, la publicidad y los folletos informativos, el número de usuarios de la Comunidad de Madrid que habían suscrito estos productos de las entidades, copia de los últimos contratos suscritos, etcétera. Pues bien, algunas de estas entidades, al ser notificadas por los requerimientos, se pusieron en contacto con el órgano supervisor: la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En este sentido, debo señalar que la CNMV fue meridianamente clara ya se ha dicho aquí- en señalar que era este órgano de control, el que ostenta la competencia en la gestación de este tipo de productos, cuya emisión y publicidad a los clientes, como bien saben SS.SS., autoriza la propia CNMV como supervisora, motivo por el cual se aceptó anular los requerimientos practicados por consumo y trasladar las reclamaciones a la CNMV; todo ello en cumplimiento, señor Jiménez Molero, de la normativa vigente. Señorías, hasta la fecha, en la Comunidad de Madrid, a través de los servicios municipales de consumo y de la Dirección General de Consumo, se han presentado un total de 637 reclamaciones sobre participaciones preferentes. Los municipios con mayor incidencia de reclamaciones son: Fuenlabrada, con un 19 por ciento; Móstoles, con un 16 por ciento; Alcalá de Henares, con un 16 por ciento, y Madrid, con un 10 por ciento. Tengo que decirles que desde el primer momento en el que se recibió la primera consulta sobre preferentes en la Dirección General de Consumo, se ha mantenido la coordinación y colaboración que en todo

17 momento han demandado las oficinas de información al consumidor de nuestros municipios. Al igual que la Dirección General de Consumo en todos estos servicios municipales donde se han tramitado esas reclamaciones, se han remitido a los servicios de atención al cliente, a las entidades financieras y, posteriormente a la CNMV como órgano competente. Entiendo que este proceder obedece simple y llanamente a que conocen la ley y la aplican, porque, me imagino, señoría, que coincidirá conmigo en que a todos nuestros alcaldes, independientemente del partido político al que pertenezcan, les interesan sus ciudadanos. Señorías, conocemos las soluciones que se están aplicando en otros territorios del Estado, en concreto, el arbitraje de consumo en las comunidades autónomas de Galicia y Cataluña, y, como no podía ser de otra manera, nos parece una solución adecuada, siempre, claro está, sea aceptada por las partes. Como bien saben SS.SS., el arbitraje de consumo es un procedimiento extrajudicial en la resolución de conflictos entre consumidores y usuarios y empresarios o profesionales. Lo más importante, señor Jiménez Molero, es que es de carácter voluntario, gratuito, ejecutivo y vinculante. Finaliza con la emisión de un laudo por parte de un órgano arbitral independiente que pone fin al conflicto; es decir, que tiene el mismo valor que una sentencia judicial firme. El sometimiento a arbitraje supone pues la renuncia a la vía judicial. Pueden someterse a arbitraje aquellos conflictos que no versen sobre intoxicación, lesión o muerte, o existan indicios razonables de delito y en materias que sean de libre disposición de las partes. Por lo tanto -y para dejarlo claro-, el arbitraje es voluntario, insisto, tanto para el consumidor como para el empresario. Es más, señorías, nosotros creemos en el arbitraje y apostamos por él. No es cierto que nosotros queramos, como usted ha pretendido dar a entender en otras comparecencias, vía la desacreditación del arbitraje, no hacemos cargo del tema de las preferentes. Señorías, no podemos olvidarnos de que vivimos una realidad marcada por la normativa europea. El marco europeo también nos está marcando determinadas pautas que señala la competencia y que no tenemos más remedio que respetar. Precisamente el propio Ministro de Economía y Competitividad, el señor De Guindos, en la Comisión de Economía del Congreso, el 18 de diciembre de 2012, daba a conocer la posibilidad de reglamentar un procedimiento de arbitraje para los casos de mala praxis o comercialización inadecuada a las participaciones preferentes en el que intervendrían las autoridades autonómicas de consumo. Señorías, el Gobierno de la nación es un Gobierno decidido a solucionar este problema, y así el pasado 22 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 6/2013, de Protección a los Titulares de Determinados Productos de Ahorro e Inversión y otras Medidas de Carácter Financiero, que contiene un paquete de medidas para proteger a los afectados por esto productos financieros. Con esta norma se impulsa la creación de una Comisión de Seguimiento a los procesos de arbitraje relativos a participaciones preferentes, que está presidida por la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la sazón expresidenta

18 de esta Cámara, y que ya le adelanto que se reunirá por primera vez el próximo día 17 de abril. Esta Comisión tiene como objetivo analizar y evaluar, como usted sabe, los procedimientos de arbitraje a las entidades que han recibido apoyo público, dando liquidez inmediata a los afectados, pidiendo a los bancos un dinero adicional para que el Fondo de Garantía de Depósitos pueda hacer líquidas las participaciones preferentes convertidas en acciones. A su vez, la Comisión invitará a participar esto es importante-, con voz pero sin voto, a los representantes designados por las autoridades de consumo de las comunidades autónomas y del Instituto Nacional de Consumo. Quiero anunciar, como no podría ser de otra manera, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid colaborará, como siempre lo ha hecho, con el Gobierno de la nación, y estamos a la espera de que nos comuniquen cuáles serán las pautas para llevar a cabo esta colaboración. En definitiva, señorías, quiero destacar que al Gobierno de la Comunidad de Madrid le preocupa la problemática que rodea a las participaciones preferentes, porque afecta a personas concretas, con nombre y apellido, como las que hoy nos acompañan aquí, que han visto muchas ilusiones y objetivos truncados; en definitiva, a nuestros ciudadanos. Desde el Gobierno regional estamos haciendo todo aquello que podemos y entendemos resulta necesario para encontrar la mejor solución posible para las personas afectadas, como no podría ser de otra manera y es nuestra obligación como gestores públicos. Muchísimas gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Viceconsejero. Tienen la palabra ahora, de menor a mayor representación, los Grupos parlamentarios, por tiempo de diez minutos. El señor Velasco tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. El Sr. VELASCO RAMI: Muchas gracias, señor Presidente. Este es un tema lamentable y estoy seguro de que a todos nos preocupa; a todos los que estamos aquí y, por supuesto, a los afectados, a quienes saludo con la máxima cordialidad y simpatía. A todos nos gustaría tratar de encontrar la mejor solución. Este tema tiene unos responsables, unos por acción y otros por omisión. Responsables por acción son las entidades financieras, fundamental o casi exclusivamente cajas de ahorros y destacadamente Caja Madrid, cuando era Caja Madrid. Creo que es importante distinguir ese matiz. Son las responsables por acción, porque eso incluye, por supuesto, los órganos rectores de las cajas respectivas, que dieron determinadas instrucciones de vender estas preferentes pensando en su carácter híbrido entre capital y deuda, y, por supuesto, los directores de sucursales de las agencias, en los cuales confiaban estas personas. Tengo la impresión, simplemente viendo las fotografías de las manifestaciones, que no son sofisticados inversores dicho sea en su elogio-, sino que son modestos ahorradores, y eso es mucho más grave. Si fuesen personas que sabían perfectamente dónde invertían y cuál era el riesgo, bien, allá ellos, es inherente el riesgo a esa función; pero me da la impresión de que ese no es el caso. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que se trata de personas con recursos modestos, que han ahorrado y que han comprado esas preferentes fundamental o casi exclusivamente por recomendación de la persona en la que confiaban, que era el director de la sucursal de la esquina. Creo que

19 ha funcionado así. Es lamentable, y estos son los principales responsables por acción: quienes les vendieron estas participaciones sabiendo que era un producto sofisticado, y les engañaron seguramente en el momento de vendérselas. Los responsables por omisión son los órganos que se han nombrado aquí, y yo coincido con eso: la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, fundamentalmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores; no la actual Comisión nacional del Mercado de Valores, sino la anterior, presidida por don Julio Segura y cuyo vicepresidente ahora es, curiosamente, el subgobernador del Banco de España y Presidente del FROB; y también, por supuesto, el Banco de España, con un gobernador nombrado por el Partido Socialista, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Esos también tienen una responsabilidad por omisión en este lamentable suceso en el que me da la impresión de que aparecen elementos posiblemente constitutivos de un fraude o quizá de una estafa. Esto seguramente es un magro consuelo para quienes han ahorrado y han invertido en estos productos y que se encuentran con esas sensibles pérdidas. Creo que todos tratamos de encontrar una mejor solución. Yo valoro personalmente y soy testigo lo he sido en varias de estas reuniones de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda- de los planteamientos y los esfuerzos que ha dedicado el portavoz del Partido Socialista. Los valoro y creo que es honesto por mi parte reconocerlo; pero pienso, y coincido con lo que dicen el Viceconsejero y antes la Directora General de Consumo, que este es un tema yo lo entiendo así- competencia de la Administración central, del Gobierno de la nación. Precisamente por ello, se ha dictado ese decreto al que se ha hecho referencia anteriormente, el Decreto 6/2013, que no es satisfactorio para los intereses de estos ahorradores, evidentemente. No lo es, y mi Grupo Parlamentario, Unión Progreso y Democracia, votó en contra cuando se examinó en el Congreso y cuando se aprobó, y en el trámite de convalidación va a plantear una serie de modificaciones; pero, repito, este tema es enormemente difícil de resolver y yo me temo es una opinión personal- que no va a ser resuelto a plena satisfacción de los ahorradores, porque, aparte, interviene -ha hecho referencia a ello el Viceconsejero- un condicionante que es Bruselas, Frankfurt, la troica o como ustedes quieran llamarlo. Estamos en un sistema financiero intervenido y las condiciones en gran parte vienen definidas por esos elementos externos. Repito, es una situación lamentable en la que hay responsables directos e indirectos, unos por acción y otros por omisión, y los grandes perjudicados como, naturalmente, siempre ocurre, es el eslabón más débil de la cadena: en este caso, esos ahorradores que se fiaron de quienes les vendieron estos productos. Entiendo y lamento disentir con el portavoz del Grupo Socialista, repito, que ha hecho esfuerzos y ha planteado siempre este tema con el mayor interés- que este es un tema, al menos en su parte fundamental y en su parte central, competencia del Gobierno de la nación

20 En esto ha habido, como digo, una serie de desmanes. Yo he leído también y lo ha dicho el Viceconsejero- que, evidentemente, si se opta por la vía del arbitraje, la vía judicial queda cerrada automáticamente, porque el arbitraje equivale a una sentencia judicial. He leído por parte de algunas asociaciones de consumidores confieso que no conozco el tema a fondo- que entonces recomiendan no seguir la vía del arbitraje. He visto que hay algunas posibilidades de sentencias que podrían ser favorables a las reclamaciones. Entiendo que en estos momentos determinados segmentos del poder judicial tienen una sensibilidad social importante con respecto a este tema porque son conscientes del daño realizado. Quiero terminar diciendo que seguramente no es un ejemplo a seguir, pero, como hemos visto desmanes en determinadas entidades financieras como, por ejemplo, Caja Madrid y otras como, por ejemplo, Caja Segovia y Caja Navarra, hoy Banca Cívica, mi Grupo llevó a los tribunales -como seguramente ustedes conocen-, ya presentó una demanda, que ha sido admitida a trámite, contra los gestores de Bankia, es decir, Caja Madrid, porque los desastres de Bankia han sido recibidos de Caja Madrid, Caja Segovia y Banca Cívica. Entiendo que este es un procedimiento, es una opción que queda siempre; es decir, reclamaciones por la vía judicial, con nombres y apellidos, para que respondan de estas operaciones, como digo, que aportan indicios racionales de delitos. Nada más y muchas gracias. El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Martínez, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes. La Sra. MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Buenos días, señor Presidente, y buenos días, señor Viceconsejero. Quiero sumarme a dar las gracias a los invitados que tenemos hoy aquí, seguramente todos afectados por las preferentes, y si no ellos, sus allegados. Esto es algo, señor Viceconsejero, que espero que usted también, y la señora Directora General que antes ha participado, conozcan con nombre y apellidos a las personas afectadas, más que nada porque ya es difícil no encontrarte en algún sitio a alguien que no haya sido afectado. Voy a empezar por donde acabé la última vez que hablamos de ese asunto gracias al portavoz del Partido Socialista en el tema, que, efectivamente, trae de forma habitual este tema a la Comisión, cosa que le agradecemos, y se lo agradecemos porque seguramente es cierto que esto es una competencia del Estado, pero no es menos cierto que las Administraciones Públicas, tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos, deberían estar al servicio de los ciudadanos, que son los afectados, y en este caso en concreto con lo que se encuentran es con la espalda de los Gobiernos de turno del Partido Popular que recurren sistemáticamente a ese acuerdo. En esto tengo que hacer una importante crítica a los compañeros del Partido Socialista: ese terrible acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular en lo que tiene que ver con el arbitraje. Ya no hay asociaciones de consumidores que digan a sus gentes que acudan a ese arbitraje, porque directamente lo que ocurre en el arbitraje es que el trozo que te van a comer se lo dan directamente por