ESTUDIOS SOBRE INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CUADRO RESUMEN)

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1 ESTUDIOS SOBRE INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CUADRO RESUMEN) PAÍS ARGENTINA MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL NACIONAL Ley , de 1981, de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. Ley , de 1997, Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad La Ley 25573, que Modifica la Ley 24571de Educación Superior establece que el Estado deberá garantizar la accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes para las personas con discapacidad, así como otras disposiciones específicas dirigidas al tema. Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas Consejo Federal de Discapacidad Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad. Política Integral de Acción para Personas con Discapacidad Pese a que la Ley de Educación Superior ampara particularmente los derechos de las personas con discapacidad a acceder a la educación superior y proseguir sus estudios académicos en ese nivel, no existen estatutos o normativas que reglamenten estos derechos y es notable que pocas personas con discapacidad lleguen a la Universidad. Entre los obstáculos para el acceso y permanencia se enumeran: 1) el número relativamente escaso de personas con discapacidad que acceden a la educación básica y media regular; 2)Existencia de barreras actitudinales, dado que aún existen graves prejuicios relacionados con la discapacidad; 3) Existen dificultades de accesibilidad, tanto en las ciudades (transporte público, señalización, etc) como dentro de las propias universidades, dificultades para acompañar el dictado de clases, dificultades para acceder a la bibliografía, restricciones en lo que concierne a la elección de la carrera deseada, ausencia y/o insuficiencia de las ayudas y soportes técnicos compatibles con sus necesidades, ausencia de intérpretes y acompañantes, etc. Sólo será posible favorecer la participación y la actividad de los alumnos en situación de discapacidad a través de una considerable intervención en estos factores ambientales. La escasez de políticas activas de inclusión no sólo influye en el mínimo ingreso de personas con discapacidad como estudiantes universitarios, sino también en su permanencia. En esta situación particular, la no existencia de acciones específicas lejos de ser inofensiva, refuerza las limitaciones existentes en el contexto social e institucional. Constitución de la Red Interuniversitaria Discapacidad y Derechos Humanos (2003), que agrupa a 11 instituciones que han tomado iniciativas a lo interno y en la coordinación y difusión de la integración de las personas con discapacidad en la educación superior, se apunta como experiencia referencial. Población General Primera Encuesta Nacional de Personas Con Discapacidad ( ): 20,6% de los hogares alberga al menos una persona con discapacidad. El 7,1% de la población tiene alguna discapacidad ( personas), de las cuales 11,5% tiene entre 15 y 29 años. Discapacidades motoras (39,5%), visuales (22%), auditivas (18%), mentales (15,1%). Matrícula Universitaria Según la misma encuesta personas asisten actualmente a nivel universitario (0,9% de los mayores de 17 años).

2 PAÍS BOLIVIA MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL NACIONAL Ley 1678 (1995) de la persona con discapacidad y el Decreto Reglamentario Políticas nacionales contempladas en el Plan de Desarrollo Nacional. Comité Nacional de la Persona con Discapacidad(CONALPEDIS ), órgano ejecutor y coordinador de las políticas y acciones a favor de las personas con Discapacidad, creado por la ley La mayoría de las universidades no cuentan con la infraestructura adecuada de accesibilidad, condiciones y beneficios que coadyuven a dar mejores opciones al bienestar de los discapacitados. En ninguna de las universidades visitadas dentro de sus políticas y reglamentos internos existe restricción alguna respecto a la admisión e ingreso tanto a estudiantes como funcionarios. Sin embargo tampoco tomaron en cuenta en sus reglamentos internos la intervención de discapacitados en sus respectivas casas de estudios superiores. El número de estudiantes que ingresan a las universidades es bajo, debido a que lo gran mayoría son personas de un nivel socio-económico medio-bajo y al no contar con asistencia social para poder cubrir las otras necesidades que conllevan el asistir a la universidad como por ejemplo el presupuesto de transporte cuando hay dificultad de desplazamiento, accesibilidad, los materiales académicos a utilizar de acuerdo al tipo de discapacidad y que mayormente las universidades no cuentan con estos materiales ya que es un presupuesto aparte para los estudiantes y por lo tanto el factor predominante es la economía. Por otro lado la falta de políticas en servicios de apoyo, incentivos, ayudas especiales, el acceso a tecnología y recursos hace más difícil en lo académico la permanencia de estas personas y por esta razón los egresados son muy pocos. Ninguna de las Universidades entrevistadas cuenta con un presupuesto específico para cubrir gastos que ayuden a mejorar el rendimiento de estas personas tanto en lo académico como en el laboral. Población General El censo de 2001, reporta personas con discapacidad, equivalentes al 1,08% de la población total ( h.). Matrícula Universitaria En prácticamente todas las universidades privadas y públicas, no existen registros ni estadísticas respecto a la permanencia de los discapacitados en sus respectivos establecimientos. Las Universidades no cuentan con datos específicos y precisos respecto al número de estudiantes, docentes, administrativos y obreros

3 BRASIL Lei nº , de 1989 Portaria 1679 de 03 de dezembro de MEC (la accesibilidad para las personas con discapacidades, conforme a normas vigentes, como requisito para la autorización, reconocimiento, acreditación de IES), Portaria nº , de 7 de novembro de 2003 (sobre las condiciones de accesibilidad de los alumnos con discapacidad a la educación superior) Decreto Presidencial 5296, de 02 de dezembro de Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência CONADE Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência CORDE. É possível afirmar que, atualmente, as restrições de acesso e permanência - com sucesso - destas pessoas na Educação Superior estão associada às condições sócioeconômicas e a própria história de exclusão peculiar à educação superior no país, com forte tendência a privatização e elitismo. Porque no referente legislação, o Brasil tem alcançado avanços consideráveis. O Brasil, neste sentido, está em um momento no qual a democratização do acesso e permanência na universidade de grupos socialmente desfavorecidos está sendo proposta. A idéia é o desenvolvimento de uma política de Educação Superior que estreite os laços com vários setores e organizações que se dedicam a discutir e construir uma sociedade na qual os direitos sociais das pessoas com deficiência possa ser respeitados. Vale ressaltar, a existência de ações afirmativas da Secretaria de Educação Superior em prol da inclusão. Estas ações envolvem o incremento do acesso e permanência da pessoa com deficiência no ensino superior, a avaliação do desenvolvimento de ações inclusivas por parte das IES e até o financiamento dos estudos de alunos com deficiência, no âmbito do sistema privado de ensino. Percebe-se através da revisão dos anais científicos que as IES não possuem ainda em sua estrutura física e social condições efetivas de promover a inclusão. Portanto, apesar de ser garantida por lei, na prática, a mudança de paradigmas e, por conseguinte, na legislação, ainda não são suficientes para garantir o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos com NEE, ressaltando que a formação dos professores é essencial ao processo de inclusão. Se presentan numerosas experiencias de integración de distinto grado por parte de las IES, en particular el caso de la Universidad de Brasilia. Población General Conforme al Censo de 2001, 14,4% (24,5 millones) de la población total (169 millones) presenta algún tipo de discapacidad. Este dato contrasta con los de la Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD), realizada em 1981, que calcula 2% de la población y con el Censo de 1991 que calcula 1,14%, lo cual pone en evidencia las enormes diferencias estadísticas que surgen de acuerdo al marco conceptual y las definiciones operacionales que se tomen. Matrícula Universitaria Estudiantes con discapacidad: 0,13% Matrícula 2003 Públicas ,2% Privadas ,8% Total ,0% Matrícula de Estudiantes con discapacidad 2003 Públicas ,0% Privadas ,0% Total ,0%

4 CHILE LEY Nº que establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), incentiva la integración a la educación superior, como parte de su línea de equiparación de oportunidades, a través del financiamiento de proyectos orientados a establecer redes de apoyo técnico multidisciplinario, la implementación de material de apoyo específico, capacitación de agentes educativos, sensibilización, información y difusión a la comunidad educativa, realización de adaptaciones arquitectónicas y desarrollo y aplicación de adecuaciones curriculares. El sistema de educación superior de nuestro país, si bien presenta algunas señales de integración, aún está lejos de acoger en toda su dimensión a quienes tienen algún tipo de discapacidad. Las barreras van desde la falta de adaptaciones en la infraestructura, ajuste a las mallas curriculares o información respecto de las reales "capacidades" de las personas con discapacidad, hasta la dificultad para aceptar las diferencias. Una primera impresión que surge de este estudio es que a través del Ministerio no se hace nada concreto en pro de la inclusión en la educación superior. A falta de normas específicas, sí existe el compromiso de favorecer los procesos de integración educativa a través de iniciativas como el apoyo a la capacitación de docentes, aumento de becas y flexibilización de los requisitos para acceder a ellas, No existe ninguna normativa particular que regule el ingreso de alumnos discapacitados a la educación superior De las alrededor de 50 universidades que existen en el país, ocho universidades han flexibilizado sus requisitos de ingreso (más bien han abierto procesos especiales de selección) para los estudiantes con discapacidad, estableciendo limitaciones sobre las carreras a estudiar y el número de plazas, abriendo la posibilidad de procedimientos de selección adicionales y exigiendo certificaciones de la discapacidad. Sólo la Universidad de Concepción tiene un registro detallado del progreso de los estudiantes con discapacidad. Existen cinco universidades con Programas de Apoyo a estudiantes con discapacidad que están institucionalizados y que realizan actividades sistemáticas. El Fondo Nacional para la Discapacidad (FONADIS), ha financiado escasos proyectos a las universidades, reconoce una deuda en este sentido. Los proyectos que ha financiado FONADIS han beneficiado tanto a estudiantes con discapacidad en la educación superior como a estudiantes en otros niveles del sistema Población General La encuesta de caracterización socioeconómica Casen 2000, registró un 5,3% de personas ( ) que declararon tener al menos una discapacidad. El Censo 2002, registró un 2,2% de personas que declararon tener una discapacidad total ( ). Primer Estudio Nacional de la Discapacidad: Una mirada integral de la discapacidad, (FONADIS - INE): encuestó a cerca de 14 mil hogares, 12,9% de la población chilena presenta algún tipo de discapacidad; una de cada ocho personas vive con discapacidad, en cualquiera de sus grados. Uno de cada tres hogares alberga, al menos, a una persona con discapacidad. El 83,6% de la población con discapacidad se concentra en áreas urbanas y el 16,3% en áreas rurales. Mujeres: 58,2%, Hombres: 41,8% Sólo una de cada tres personas con discapacidad en edad de trabajar, realiza trabajo remunerado. Matrícula universitaria Según la encuesta Casen, en Chile hay cerca de cien mil jóvenes, entre 15 y 29 años de edad que presentan discapacidad. De ellos, sólo una mínima parte logra cursar estudios superiores No existen estudios censales ni registros en las universidades que permitan cuantificar la población con discapacidad. Encuesta CIF FONADIS INE: una de cada dos personas con discapacidad ha completado la enseñanza básica, una de cada ocho ha cursado Enseñanza Media completa y sólo una de cada veinte personas con discapacidad ha logrado acceder a la educación superior.

5 PAÍS COSTA RICA MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL NACIONAL Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, aprobada en mayo de1996, en la que se garantiza el acceso a la educación superior mediante la provisión de servicios de apoyo y ayudas técnicas. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, CNREE, (la Universidad de Costa Rica forma parte de su Junta Directiva) las cuatro universidades estatales han hecho esfuerzos conjuntos para desarrollar sus propias políticas y programas dirigidos a crear universidades cada vez más accesibles para esta población. En el proceso de admisión se pone énfasis en la asesoría para la realización de los trámites de admisión y valoración de la población que solicita adecuaciones para la aplicación de Prueba de Aptitud Académica, servicios de orientación vocacional y apoyo para ingreso a carrera. Las acciones desarrolladas por la Oficina de Orientación actualmente son ejecutadas por personal del COVO y CASED conjuntamente con especialistas de diferentes áreas de la discapacidad. En lo relacionado con la PAA el CASED es responsable de vigilar que se cumplan las condiciones requeridas por los estudiantes: por ejemplo, la PAA en braille, grabación de la PAA, letra ampliada en diferentes tamaños y tipos de letra, adecuaciones en la iluminación, interpretación en Lengua de Señas Costarricense LESCO entre otras. En el proceso de permanencia, los servicios contemplan la prestación de una variedad de apoyos para responder a las necesidades individuales de los estudiantes y crear condiciones óptimas de accesibilidad. Por ejemplo, se prestan servicios de interpretación en LESCO en las aulas universitarias, transcripción de textos y exámenes en braille, toma de apuntes, grabación de textos, lectura directa, orientación y movilidad dentro del campus, asesoría y seguimiento en el trámite de adecuaciones de acceso y curriculares. Se brinda capacitación permanente a los docentes y al personal administrativo sobre el tema de la discapacidad, buscando la eliminación de barreras actitudinales, la revisión permanente de la normativa y la implementación de nuevas alternativas curriculares que faciliten el acceso de los estudiantes con discapacidad. Se brinda asesoría sobre los procedimientos de matrícula, se favorece el acceso a la información y documentación, se asesora a las Unidades Académicas para la aplicación de adecuaciones curriculares y se da seguimiento permanente a la población estudiantil en su avance y éxito académico. Por último, el eje accesibilidad debe retomar también el proceso de graduación. En esta etapa la accesibilidad al trabajo constituye una preocupación, que requiere de servicios de apoyo para la preparación de la búsqueda de empleo. La Oficina de Orientación desde las instancias del COVO y el CASED tienen un papel importante en la asesoría a los futuros profesionales y a empleadores potenciales.se contemplan las necesidades y condiciones de accesiblidad requeridas por el estudiante para su participación en el acto de graduación, tanto las condiciones de espacio físico, como de requerimientos de acceso a la comunicación y a la información como la interpretación en LESCO o la publicación de materiales en diversos formatos entre otras. Se reportan 379 estudiantes con discapacidad en las Universidades Nacionales UCR 155 TEC 95 UNED 92 UNA 37 (El estudio solo cubre Universidades)

6 PAÍS CUBA MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL NACIONAL No está establecida una ley marco general reguladora de la materia referida a la discapacidad. Las regulaciones están dispersas en diferentes materias y diversas discapacidades, que en unas oportunidades toma como punto de referencia el sujeto de la modalidad de discapacidad de que se trate (criterio subjetivo) y en otros el objeto o materia que requiere ser regulado (criterio objetivo) No existe una política discriminatoria relacionada con el acceso a la educación superior de discapacitados en calidad de profesores, personal administrativo y obrero, ya que la Legislación Laboral cubana no resulta excluyente por estas razones. De tal manera los discapacitados forman parte de la comunidad universitaria en todas estas categorías ocupacionales, teniendo iguales derechos y deberes que el resto del personal que labora en estas instituciones educativas a las que acceden libremente y a través del Programa de Empleo para las Personas con Discapacidad (PROEMDIS). Las dificultades principales que se manifiestan en el acceso de los discapacitados a la educación superior cubana son de orden material. Por una parte las barreras arquitectónicas y la lejanía como factores limitantes y por otra la carencia de recursos esenciales para facilitar el acceso a la educación de los discapacitados en cualquiera de los niveles de enseñanza, los que también impactan a la educación superior. Se caracteriza una tendencia creciente a la incorporación de las personas con discapacidad a la Educación Superior, a partir de la consolidación del Sistema General de Educación y la ampliación de la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el egreso, así como para su vinculación a la vida de la comunidad universitaria.las transformaciones que se han producido en la educación superior cubana a partir del año 2000, en su nueva etapa de universalización de la enseñanza superior, garantizan la plena integración de los discapacitados a la educación superior con una creciente participación de la familia y la comunidad, y el interés gubernamental para reducir las serias limitaciones materiales personas con discapacidad para una tasa de 3,26 por cada 100 habitantes, sólo el 3,42% (12547) de la población estudiada resulta potencialmente posible de ingresar a la Educación Superior, por estar comprendidos en el grupo etéreo de 20 a 29 años. VER TABLA Sobre información levantada para el estudio FÍSICO MOTORAS VISUAL AUDITIVA HOMBRES MUJERES TOTAL Univ. de La Habana Univ. Central de Las Villas Univ. de Oriente Univ. de Camaguey Univ. de Holguín TOTALES

7 PAÍS ECUADOR MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL NACIONAL Ley sobre Discapacidades Reformada y aprobada en el Registro Oficial No. 301 en Abril del 2001, Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades, aprobado en Febrero del 2003: CONADIS - Consejo Nacional de Discapacidades Disposición General decimosexta de la Ley de Educación Superior: DÉCIMO SEXTA.- Todas las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior garantizarán, en sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas discapacitadas no sean privadas del derecho a la educación por su situación de discapacidad. Disposiciones transitorias DUODÉCIMA.- La adecuación de las instalaciones de los centros de educación superior para dar facilidades a los discapacitados se hará en un lapso de cuatro (4) años. El estudio permite señalar la existencia de importantes restricciones que dificultan el acceso, permanencia y egreso de la población con discapacidad, lo cual contrasta con un marco legal que explícitamente señala las obligaciones de instituciones y organismos, a fin de propiciar la integración de las personas discapacitadas al Sistema de Educación Superior. Las personas con discapacidad que han superado las barreras arquitectónicas, psicológicas y sociales de los Centros de Educación Superior y han accedido a este nivel educativo lo han hecho gracias a los esfuerzos individuales y familiares. En el Ecuador existe un Marco Normativo que regula las acciones del Sistema Educativo de Nivel Superior en materia de integración de personas con discapacidad. Las iniciativas existentes para integrar a las personas con discapacidad a la educación superior son escasas, aisladas, centralizadas en las grandes ciudades del país, desintegrados y no responden a una política gubernamental común. El diseño, implementación y circulación de las ayudas técnicas a nivel educativo es extremadamente precaria en el Ecuador. El diseño de materiales didácticos accesibles (adaptados) es producto del esfuerzo individual de cada institución educativa. La socialización de estos materiales es muy limitada. Se han dado grandes avances en la integración educativa de las personas al sistema de educación preprimario, primario, y medio, implementándose para dicho fin programas de adaptaciones curriculares y tecnológicas. Mas se evidencia una falencia en la integración educativa de personas con discapacidad a nivel universitario, los contenidos académicos, las pedagogías utilizadas, el nivel de especialización, requieren de mayores adaptaciones para permitir el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad. Existe una propuesta legal, política y curricular, Universidad para Todos, para facilitar el ingreso, permanencia y culminación de una carrera universitaria, que permita el acceso al trabajo a personas con discapacidad del país, para lograr su real integración social en igualdad de oportunidades, liderada por el CONESUP y el CONADIS. Universidad Central del Ecuador y el CONADIS : Sólo 1,8% de las personas con discapacidad han alcanzado los estudios universitarios. 37,9% no han alcanzado ningún grado educativo, 42,3% sólo primaria y 10,5% secundaria 80% de este porcentaje reside en el sector urbano, y el 20% restante reside en el sector rural. El 57,1% de la población con discapacidad que ha accedido a la educación superior reside en la región de la Costa, el 40% en la Sierra y el 2,9% restante en el Oriente ecuatoriano. Los hombres con discapacidad (62,9%) ingresan en mayor porcentaje que las mujeres: 37% CONADIS de Octubre del 2004, señala que de personas con discapacidad mayores de edad, es decir en condiciones de ingresar a la Universidad, el 5,9 % ha ingresado a la Universidad.

8 PAÍS GUATEMALA HONDURAS MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL NACIONAL Ley de atención a las personas con discapacidad Comisión Nacional de la Discapacidad CONADI, Anteproyecto de Ley de Protección e Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, Ley para la creación del Consejo Nacional de Rehabilitación Integral. Ley de Habilitación y Rehabilitación de la persona Minusválida. Ley de Promoción y Empleo para Personas Minusválidas. Políticas Especiales de Educación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Durante la investigación se hizo evidente la necesidad de integrar a las personas con discapacidad en las diferentes universidades, sin embargo quizá porque la demanda no es significativa, no se ha priorizado o acelerado la creación de mecanismos efectivos para superar la desigualdad de oportunidades en educación superior y aún prevalecen las barreras arquitectónicas, la falta de servicios y del acceso al conocimiento, pues fue común el desconocimiento de la temática y evidente la ausencia de los registros respectivos de estudiantes, docentes y personal administrativo con discapacidad. Hasta la fecha la mayoría de las Instituciones de Educación Superior, no cuentan con programas y servicios que brinden acceso y optimicen la permanencia de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Sin embargo existen algunas iniciativas lideradas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) la cual cuenta con el Programa de Servicios a Estudiantes con Discapacidad (SED) que propicia el acceso al entorno físico de la UNAH y propicia un ambiente de aprendizaje favorable para que los estudiantes tengan la oportunidad de participar plenamente en todos los aspectos de la vida universitaria y posteriormente integrarse a la sociedad en igualdad de oportunidades. Ante la ausencia de datos confiables sobre las personas con discapacidad en el último censo de población y habitación efectuado en Guatemala durante el año 2002, el Instituto Nacional de Estadística INE, realiza a partir del mes de marzo del 2005, un censo específico con el fin de caracterizar a este importante sector poblacional. Sin embargo, diferentes organizaciones especializadas suponen la existencia de más de medio millón de personas en tal situación, tradicionalmente víctimas de la exclusión, discriminación y trato compasivo, lo cual limita su participación y su integración a la sociedad como sujetos con derechos, seres productivos, propositivos y emprendedores. 40% de las universidades incluidas en el estudio llevan registros de estudiantes con discapacidad habitantes con alguna discapacidad, sobre una población total de h. Universidad Nacional Autónoma: 117 personas con discapacidad. 1 egresado Carreras: Derecho 20, Informática Administrativa 20, Periodismo 11, Psicología y Comercio Internacional. 51 movilidad reducida 35 disc. Visual o 28 auditiva 3 problemas de aprendizaje 51 activos, 65 inactivos

9 PAÍS PANAMÁ MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL NACIONAL Educación Pública. Ley 42 de 27 de agosto de 1999 (equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad) Dirección Nacional de Personas con Discapacidad Por lo general, no se desarrollan políticas especiales para la inserción de las personas con discapacidad a la educación superior; y de existir, se asocian con la provisión de accesos arquitectónicos, como rampas, estacionamientos y sanitarios, cuando existen. De 10 universidades consultadas para el estudio: 4 reportan servicios de apoyo, 2 existencia de incentivos y ayudas especiales, 1 la existencia de grupos o asociaciones. en la mayoría de las universidades cuentan con rampas, estacionamientos, aulas y baños diseñados para facilitar en acceso de las personas con discapacidad. Entre los recursos especiales se encuentran: método Braille, equipo informático y audiovisual para el desarrollo de las clases. Actualmente el acceso de las personas con discapacidad no es objeto de estudio de las universidades; las adecuaciones en la infraestructura son el resultado de disposiciones legales que las exigen, pero las mismas no responden a una política de integración y de accesibilidad de las personas con discapacidad al nivel superior. En la República de Panamá el censo del año 2000 reveló una cifra total de 52,197 personas discapacitadas de 0 hasta 70 años y más de edad, que representa el 1.83% del total de la población que es de 2,839,177 habitantes. 29,236 son hombres y 22,961 son mujeres Deficiencia física 22.2% (11,592 personas) Otro tipo 19.9% (10,396 personas). Retraso mental 19.51% (10,185 personas), Ciegos 15.2% (7,981 personas), sordera 14.7% Parálisis cerebral 7.2%. 1.0% no declarado. Menos de 15 años, 13,3% (6943) 15 a 64, 59,3% (30931) 65 o más, 27% (6093) Las universidades que participan del Consejo de Rectores de Panamá no cuentan con ningún sistema de registro que posibilite la generación de información estadística, válidas y confiable, sobre el número y las características de la población discapacitada, sean estos, estudiantes, profesores o administrativos.

10 PARAGUAY 1979 se crea, por Ley N 780, el Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales (INPRO) dependiente el Ministerio de Educación y Culto, Ley 122/90 de derechos y privilegios para los impedidos No existe ninguna restricción legal al ingreso a la educación superior. Sí existen problemas socio-económicos de acceso a la educación ante el incumplimiento por parte del Estado de proveer la enseñanza gratuita a los discapacitados, a pesar de las múltiples fundaciones que se dedican a impartir educación y rehabilitación a los impedidos. Las Universidades Públicas reconocen que, además de las dificultades para el egreso de la Educación Media y la insuficiente oferta de la Educación Superior Pública y gratuita, existen restricciones como el costo de la formación universitaria, el traslado de los estudiantes, los currículos poco flexibles y la escasa formación de los docentes para cumplir con los requerimientos de educación de las personas con discapacidad. Las Universidades privadas en general, consideran que las restricciones de índole social y económica asociadas a la discapacidad son las que más frecuentemente inciden para el acceso y la permanencia de este grupo de personas en la educación superior. Las razones aducidas, en orden de frecuencia, son: El costo de las Universidades Privadas, la no adecuación del transporte público para los traslados, la necesidad de un acompañante para su movilidad, la falta de equipos y materiales adecuados que faciliten el aprendizaje, limitaciones económicas de las propias universidades, que dificultan la respuesta a las necesidades específicas de este grupo de personas. Las organizaciones de personas con discapacidad señalan que es muy escaso el número de personas discapacitadas que logra terminar los estudios secundarios (preuniversitarios). A esto se acompaña: la existencia de barreras arquitectónicas en las Universidades, el escaso interés por parte de la administración de las mismas, y el prejuicio de muchos profesores tanto como su escasa preparación para lidiar con las situaciones diferentes. Todo ello, afirman, ayuda a la deserción de los estudiantes. Las Organizaciones señalan que no existen estudios sistemáticos referentes a la retención, por parte del sistema educativo, de los beneficiarios de sus respectivas instituciones. Otro aspecto relacionado con las restricciones sociales para el acceso al educación superior por parte de los jóvenes con discapacidad, tiene que ver con las dificultades para el ingreso posterior al campo ocupacional, en el sentido de la competencia en desigualdad de condiciones, y la discriminación por parte de los empleadores por falta de implementación de las políticas respectivas, así como por prejuicios que todavía existen en la sociedad. Las Universidades Públicas y Privadas no han elaborado políticas tendientes a la inclusión e integración de las personas discapacitadas. La Universidad Pública más antigua e importante

11 PERÚ Ley General de la Persona con Discapacidad, Nº 27050, vigente desde el 6 de enero del año 1999, la cual crea el Concejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONADIS),. Oficina de atención a las personas con discapacidad.(regonales y municipales) La población con discapacidad aún no halla un nivel de integración compatible con las disposiciones legales, siendo visible la vinculación que hay, en términos de recurrencia, entre la condición de personas con discapacidad y la pertenencia al sector social de pobreza o extrema pobreza. En cuanto a la existencia de mecanismos de promoción del ingreso y participación de las personas con discapacidad en la educación universitaria, así como en el tratamiento curricular, tales normas tienen escasa observancia, siendo en todo caso interpretadas según la particular política institucional que acuerda cada universidad desde su condición autónoma. El efecto de las disposiciones legales en la educación superior ha sido mínimo. Aún en la legislación de las instituciones de educación superior directamente dependientes del Ministerio de Educación, prácticamente no se han incorporado aún disposiciones relativas al tratamiento de personas con discapacidad Censo Nacional 1993 Población con discapacidad 288, % de la población censada 146,392 son hombres y 142,134 mujeres Pérdida de extremidades superiores e inferiores28.0% Ceguera (20.9%) Sordera (14.4%) Retardo mental (12.4%), Alteraciones mentales (9.8%) y otros (7.9%). El 64% de los minusválidos se concentran en el área urbana. Por Grupos de edad: Menores de 15 años 20.2%; 15 a 39 años: 32.2%; 40 a 64 años (24.5%) y de 65 a más (23.1%) mientras que el Censo estimó la población con discapacidad del país en 1.3% de la población total, el estudio de la OPS lo hizo en 13.1% (Maldonmado Zambrano)

12 REPÚBLICA DOMINICANA La realidad planteada nos indica que si bien es cierto, que algunas personas con discapacidad han logrado vencer las barreras que les han permitido el éxito en el ámbito educativo superior, no es menos cierto que ellas, tradicionalmente han estado expuestas a una práctica excluyente, en distintos contextos de la sociedad. Estas consideraciones, deben conducirnos a favorecer un discurso acompañado de una práctica que implique ante todo, el respeto a los derecho ciudadanos y que conllevan una serie de transformaciones, entre éstas: Definir nueva política institucionales que comprendan: Mejorar actitudes y crear conciencia colectiva para la integración de las personas con discapacidad a la educación superior. Adecuar estructura física para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad físico motora. Integrar recursos tecnológicos que faciliten el acceso a la comunicación de las personas con discapacidad visual y auditivas Reformar y crear marcos normativos que posibiliten la integración educativa de las personas con discapacidad a la educación superior. Capacitar recursos humanos para optimizar la posibilidad de oferta educativa para todos. Fomentar la investigación sobre aspectos que favorezcan la integración de personas con discapacidad al contexto educativo. Crear centros de recursos educativos que faciliten la participación de los estudiantes en cuestión. Implementar planes de becas Involucrar como docentes a personas con discapacidad que reúnan las condiciones para ocupar puestos como docentes.

13 URUGUAY Ley : "Equiparación de oportunidades para las personas discapacitadas" promulgada el 26 de octubre de Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (CNHD), El estudio permite visualizar la existencia de importantes restricciones que dificultan el acceso, permanencia y egreso de la población con discapacidad al espacio de la educción superior, lo que no condice con un marco legal que establece en forma genérica y específica diversas obligaciones a cargo de instituciones y organismos, con el fin de propiciar la integración de las personas discapacitadas a la sociedad, de la que por supuesto, debe considerarse como parte al Sistema de Educación Superior. Encuesta de Hogares ( ) INE, basada en CIF: Personas con discapacidad 7.6% de la población total residente en hogares particulares urbanos de localidades de o más habitantes (aproximadamente un 82% de la población total del país). En cifras absolutas la población con al menos una discapacidad se estima en algo más de personas Edades Población general Media 35,6 57,8 Mediana 29,4 52,8 Pers con discap. La cuarta parte de la población adulta mayor padece alguna discapacidad. VENEZUELA Ley para la Integración de Personas Incapacitadas (1994) Derecho de las personas con discapacidad a una Educación Superior de Calidad (MES, 2004) Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas (CONAPI) Antes del año 2004, puede observarse la ausencia de normativas y políticas del sistema universitario al respecto. Encontramos, por una parte, iniciativas institucionales dirigidas a la integración y por otra, la pervivencia de condiciones que explícita o implícitamente convalidan un trato discriminatorio hacia la población con discapacidad. Aun cuando no existan restricciones explícitas que impidan el acceso de la población con discapacidad a la Educación Superior, las condiciones de ingreso en igualdad de condiciones no están dadas. En general, las instituciones de educación superior no cuentan con los medios necesarios para garantizar la permanencia y el buen desempeño de los estudiantes con discapacidad, ya que no disponen de condiciones en cuanto a infraestructura adecuada, personal docente y administrativo capacitado y sensible en el trato y atención a esta población; también carecen de programas de apoyo en cuanto al uso de tecnologías y dotación de ayudas técnicas que faciliten la prosecución académica de estos estudiantes. El MES, otros organismos del Estado y algunas IES han definido políticas para la integración y realizado acciones específicas al respecto. CENSO 2001 (INE): Población total personas, de las cuales (3,67%) tienen alguna discapacidad. OPS/OMS, 2000: la población de personas con discapacidad, en Venezuela, es de , lo equivalente a 10% de la población CONAPI: personas con discapacidad (6% del total de la población) La mayoría de la población con discapacidad vive en pobreza relativa o pobreza crítica. No existen registros acerca del número de personas con discapacidad (estudiantes, profesores y obreros), en el nivel de Educación Superior, por lo cual no se conoce con exactitud sus características y condiciones.