Lima, 20 de octubre de 2010 ANTECEDENTES

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1 Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 PROCEDENCIA : COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEUDOR : EDITORA SINDESA S.A. MATERIA : PLAZO PARA APROBAR EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN CONVOCATORIA A JUNTA DE ACREEDORES DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN INICIADA DE OFICIO POR LA COMISIÓN ACTIVIDAD : EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS SUMILLA: se CONFIRMA la Resolución /CCO-INDECOPI del 15 de febrero de 2009, que declaró de oficio la disolución y liquidación de Editora Sindesa S.A., debido a que la junta de acreedores de dicha empresa no cumplió con aprobar el plan de reestructuración dentro del plazo previsto en el artículo 65.1 de la Ley General del Sistema Concursal. Lima, 20 de octubre de 2010 ANTECEDENTES 1. Por Resolución /CCO-INDECOPI del 10 de febrero de , la Comisión de Procedimientos Concursales (en adelante, la Comisión) declaró el inicio del procedimiento concursal ordinario de Editora Sindesa S.A. (en adelante, Editora Sindesa). Dicha situación fue publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de agosto de Por sesión de junta de acreedores del 27 de marzo de 2007, se designó a Impresora Sindesa S.A. (en adelante, Impresora Sindesa) como Presidente de la junta de acreedores de Editora Sindesa. Asimismo, por sesión del 31 de julio de 2007, la junta de acreedores acordó la reestructuración de dicha empresa. 3. El 1 de octubre de 2007, Impresora Sindesa solicitó que la Comisión asigne fechas para convocar a junta de acreedores de Editora Sindesa con la finalidad de aprobar el plan de reestructuración de la deudora. 4. Por sesión del 22 de noviembre de 2007, la junta de acreedores aprobó el plan de reestructuración de Editora Sindesa. Por Resolución /CCO-INDECOPI del 19 de enero de 2009, confirmada por la Resolución /SC1-INDECOPI del 7 de octubre de 2009, la Comisión declaró la nulidad de dicho acuerdo. 1 Confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución /TDC-INDECOPI del 10 de julio de M-SC1-13/1A

2 5. El 3 de abril de 2009, Impresora Sindesa solicitó a la Comisión la asignación de fechas para convocar a junta de acreedores con la finalidad de aprobar un nuevo plan de reestructuración de la deudora. Dicha sesión fue convocada para los días 15 y 20 de mayo de 2009 en el local del Indecopi. Sin embargo, la junta no se instaló Por escrito del 23 de noviembre de 2009, el señor René Martín Oviedo Fuentes (en adelante, el señor Oviedo) 3 solicitó a la Comisión autorización para convocar a junta de acreedores a efectos de adoptar las decisiones a las que se refieren los literales a), c) y d) del artículo 50.4 de la Ley General del Sistema Concursal (en adelante, LGSC). 7. Por Resolución /CCO-INDECOPI del 15 de febrero de 2010, la Comisión declaró de oficio la disolución y liquidación de Editora Sindesa en aplicación de los artículos 65.1 y 96.1 de la LGSC, y declaró improcedente el pedido del señor Oviedo para que se le autorice a convocar a sesión de junta de acreedores. 8. El 3 de marzo de 2010, el señor Oviedo interpuso recurso de apelación contra la Resolución /CCO-INDECOPI alegando que no correspondía que la Comisión declare la disolución y liquidación de Editora Sindesa pues no se habría configurado el supuesto previsto en el artículo 96.1 de la LGSC. A tal efecto, el apelante señaló lo siguiente: (i) (ii) por sesión del 22 de noviembre de 2007, la junta aprobó el plan de reestructuración de Editora Sindesa dentro del plazo de sesenta (60) días al que se refiere el artículo 65.1 de la LGSC. Sin embargo, dicho acuerdo fue declarado nulo por la Comisión, pronunciamiento que fue confirmado por Resolución /SC1-INDECOPI; por lo que el cómputo del plazo para la aprobación del nuevo plan de reestructuración debía iniciarse a partir de la notificación de la Resolución /SC1-INDECOPI a los acreedores de la deudora y, en consecuencia, su pedido del 23 de noviembre de 2009 habría sido presentado oportunamente; y, debido a la demora de la Comisión en la tramitación de su solicitud de cambio de titularidad (mediante la cual se incorporó al procedimiento como acreedor de Sindesa) se le privó del derecho de asistir oportunamente a junta y adoptar los acuerdos necesarios para llevar a cabo la reestructuración de la deudora. 2 De acuerdo con la certificación emitida por un representante de la Comisión (que obra en el expediente a fojas 46), la junta de acreedores de Editora Sindesa no se instaló en segunda convocatoria debido a que no se acreditó el pago de los derechos correspondientes al alquiler de la sala donde se llevaría a cabo la sesión. 3 Acreedor comercial de Editora Sindesa. 2/8

3 9. Por Resolución /CCO-INDECOPI del 12 de abril de 2009, la Comisión concedió el recurso de apelación interpuesto por el señor Oviedo y dispuso la remisión de los actuados a la Sala de Defensa de la Competencia 1 (en adelante, la Sala). 10. Por escrito del 17 de junio de 2008, el señor Oviedo solicitó que la Sala le permita informar oralmente su posición respecto del recurso de apelación interpuesto. 11. El 20 de octubre de 2010, no se realizó la audiencia de informe oral programada debido a la inasistencia de las partes. ANÁLISIS La perentoriedad de los plazos establecidos en la LGSC 12. El establecimiento de plazos perentorios en la LGSC 4 para la instalación de la junta de acreedores, la adopción de decisiones sobre el destino del deudor, la aprobación de los planes de reestructuración o convenios de liquidación, entre otros, tiene como finalidad dinamizar la estructura del procedimiento concursal, privilegiando su rápida tramitación para obtener el máximo valor del patrimonio en crisis, imponiendo a la autoridad concursal la obligación de intervenir en caso se produzca un estado de indefinición, abandono o falta de interés de los acreedores respecto del procedimiento. 13. Asimismo, el carácter perentorio de tales plazos busca disuadir la incorrecta utilización de los procedimientos concursales, generando incentivos para que las partes actúen con diligencia y adopten oportunamente las decisiones empresariales correspondientes en el marco de negociación de la junta de acreedores 5. De este modo se pretende evitar cualquier práctica de los administrados que pueda conllevar a una dilatación excesiva del procedimiento concursal en perjuicio de los demás intervinientes en el concurso La observancia de los plazos perentorios importa que las principales decisiones referidas a la marcha del proceso concursal sean adoptadas por la 4 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL. Artículo Plazos máximos para la tramitación de procedimientos concursales ( ) Los plazos previstos en la Ley son perentorios e improrrogables. Esta disposición se aplica tanto a los plazos procesales como a aquellos que imponga el deber de ejecución de actuaciones a cualquiera de los sujetos del procedimiento concursal. 5 Criterio desarrollado en la Resolución /SCO-INDECOPI y Resolución /SC1-INDECOPI. 6 Tal exigencia característica no solo significa que los acreedores deban actuar diligentemente para adoptar decisiones de manera oportuna sino también impone a que la autoridad concursal el deber de adecuar su actuación a los principios de celeridad y simplicidad que orientan el procedimiento administrativo, efectuando los actos procesales que le corresponden dentro de los plazos que la ley ha establecido en cada caso concreto. 3/8

4 junta en el periodo de tiempo establecido en la LGSC; de lo contrario, se pierde el derecho a adoptarlas o, en cualquier caso, la adopción de las mismas con posterioridad al vencimiento de los plazos no tendrá ningún valor 7, sin que para ello sea necesario que la autoridad declare el vencimiento de tales plazos. El cómputo del plazo para aprobar el plan de reestructuración de Editora Sindesa 15. La resolución apelada declaró la disolución y liquidación de Editora Sindesa por considerar que el plazo previsto en el artículo 65.1 de la LGSC había transcurrido sin que la junta aprobara el plan de reestructuración dentro del mismo. 16. En su apelación, el señor Oviedo ha señalado que no correspondía que la Comisión declare la disolución y liquidación de Editora Sindesa pues no se habría configurado el supuesto previsto en el artículo 96.1 de la LGSC. A tal efecto, el apelante ha indicado que la junta aprobó el plan de reestructuración de Editora Sindesa oportunamente (por sesión del 22 de noviembre de 2007). Sin embargo, toda vez que dicho acuerdo fue declarado nulo por la Comisión por Resolución /CCO-INDECOPI, confirmada por Resolución /SC1-INDECOPI, el computo del plazo para la aprobación del nuevo plan de reestructuración debía iniciarse a partir de la notificación de la Resolución /SC1-INDECOPI a los acreedores de la deudora y, en consecuencia, su pedido del 23 de noviembre de 2009 habría sido presentado oportunamente. 17. El artículo 65.1 de la LGSC 8 establece que en caso la junta de acreedores opte por la reestructuración de su deudor, esta deberá aprobar el respectivo plan de reestructuración en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles a partir de la adopción del acuerdo sobre el destino del deudor. Si el plan de reestructuración no es aprobado por la junta dentro del plazo previsto por la ley para tal efecto, la autoridad concursal asumirá la conducción del procedimiento y declarará de oficio la disolución y liquidación del deudor, en aplicación del artículo 96 de la LGSC. Dicha situación no puede ser revertida por decisión de la junta de acreedores 9. 7 MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al proceso civil. Tomo I. Santa Fe de Bogotá: Temis, 1996, p LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL. Artículo 65.- Aprobación del Plan de Reestructuración 65.1 Acordada la continuación de las actividades del deudor, la Junta de Acreedores deberá aprobar el Plan de Reestructuración en un plazo no mayor de sesenta (60) días. ( ) 9 LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL. Artículo 96.- Disolución y liquidación iniciada por la Comisión 96.1 Si luego de la convocatoria a instalación de Junta, ésta no se instalase, o instalándose, ésta no tomase acuerdo sobre el destino del deudor, no se aprobara el Plan de Reestructuración, no se suscribiera el Convenio de Liquidación o no se designara un reemplazo del liquidador renunciante en los plazos previstos en la Ley, la Comisión, mediante resolución, deberá disponer la disolución y liquidación del deudor La disolución y liquidación iniciada por la Comisión no puede ser revertida por decisión de la Junta. 4/8

5 18. En el presente caso, en sesión de junta de acreedores del 22 de noviembre de 2007 se aprobó el plan de reestructuración de Editora Sindesa dentro del plazo de ley 10. Sin embargo, dicho acuerdo de junta fue declarado nulo por la Comisión mediante Resolución /CCO-INDECOPI del 19 de enero de 2009, debido a la existencia de vicios de forma y de fondo en el referido acuerdo, pronunciamiento que fue confirmado por Resolución /SC1-INDECOPI del 7 de octubre de De conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LGSC 11, la interposición de un recurso de impugnación contra un acto administrativo no suspenderá la ejecución del acto impugnado, sin perjuicio de lo cual la autoridad a quien compete resolver dicho recurso puede suspender de oficio o a instancia de parte la ejecución de la resolución impugnada, siempre que medien razones atendibles. 20. En esa misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia ha señalado en el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución /TDC-INDECOPI, que la impugnación contra los acuerdos adoptados por la junta de acreedores no suspende el desarrollo ordinario de los procesos concursales, los cuales deben proseguir en sus etapas correspondientes en beneficio de la masa de acreedores que integran el concurso No obstante que la sesión de junta se instaló el 22 de noviembre de 2007 (fuera del plazo de 60 días hábiles), se considera que dicho acuerdo fue adoptado dentro del plazo legal para tal efecto, debido a que la asignación de fechas para la celebración de la junta fue solicitada por el presidente de la junta el 1 de octubre de 2007, es decir, de manera oportuna en los términos de lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución /SCO-INDECOPI. LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL. Artículo Suspensión de la ejecución de resoluciones impugnadas La interposición de cualquier recurso impugnatorio no suspenderá la ejecución del acto impugnado. No obstante lo anterior, la autoridad a quien compete resolver dicho recurso podrá suspender de oficio o a instancia de parte la ejecución de la resolución recurrida siempre que medien razones atendibles Cuando se interponga impugnación contra sanciones exigibles coactivamente, la ejecución del acto administrativo quedará suspendida en dicho extremo de acuerdo a lo establecido en la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. El citado precedente de observancia obligatoria señala lo siguiente: De conformidad con los artículos I, II y III del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Concursal, el sistema concursal peruano privilegia la acción organizada de los acreedores e incentiva la negociación entre éstos y el deudor como medio de solución del concurso, bajo el marco de procesos céleres y expeditivos que coadyuven a maximizar el valor del patrimonio en crisis y, de ese modo, garanticen, entre otros fines, una eficiente recuperación de los créditos adeudados. En este escenario, la Junta de Acreedores es el órgano que sirve para el desarrollo de las negociaciones que deben llevar a cabo las partes, al que se le confiere atribuciones excepcionales para que se constituya en el instrumento fundamental de formación de la voluntad colectiva de la masa de acreedores. En aplicación de los artículos 55 y 119 de la Ley General del Sistema Concursal, los acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores a través de las mayorías establecidas legalmente tienen efecto vinculante para todos los partícipes del proceso y se ejecutan de manera inmediata a su aprobación, de forma que la puesta en práctica de las medidas adoptadas por dicho órgano deliberativo coadyuve al efectivo pago de las obligaciones y permita que la solución de la crisis patrimonial del deudor se produzca dentro de un contexto de distribución eficiente de los perjuicios originados por la crisis. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley General del Sistema Concursal, las resoluciones expedidas por la Comisión en el marco de procesos de liquidación iniciados al amparo de las normas contenidas en dicha Ley deben cumplirse inmediatamente, sin perjuicio de los recursos que puedan promover las partes del proceso. Ello, 5/8

6 21. Atendiendo a la normativa citada, se colige que, a partir de la notificación a los acreedores de la Resolución /CCO-INDECOPI -que declaró la nulidad del acuerdo de aprobación del plan de reestructuración adoptado por la junta de acreedores en noviembre de la junta de acreedores pudo reunirse nuevamente a efectos de aprobar el plan de reestructuración de Editora Sindesa con independencia de que el referido acto administrativo fuera o no impugnado, por tratarse de un pronunciamiento eficaz desde la fecha de su notificación a las partes, conforme a lo previsto en el artículo 16.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 13. A diferencia de lo alegado por el recurrente, esta situación descarta cualquier posibilidad de recomputar el plazo previsto en el artículo 65.1 de la LGSC. 22. La declaración de nulidad del acuerdo de aprobación del plan de reestructuración de Editora Sindesa retrotrae el estado del procedimiento a la fecha en que dicho acuerdo fue adoptado, sin interrumpir el plazo ya transcurrido hasta ese momento. Ello considerando que en este caso la nulidad no derivó de vicios incurridos en la tramitación del procedimiento concursal de la deudora, sino de vicios limitados a la representación de uno de los acreedores en la citada sesión de junta y al contenido del plan de reestructuración. 23. En cambio, sostener que el plazo para aprobar el plan de reestructuración se recomputa una vez resueltas en última instancia administrativa las impugnaciones contra la validez de los acuerdos de junta de acreedores implicaría ampliar el plazo perentorio que por ley tiene la junta para aprobar el referido instrumento concursal, situación que no procede dado el carácter improrrogable del plazo en mención, según lo dispuesto en el artículo de la LGSC. 24. En el presente caso, luego de emitida y notificada la Resolución /CCO-INDECOPI, el 3 de abril de 2009, el presidente de la junta de acreedores solicitó a la Comisión la asignación de fechas para convocar a dicho órgano deliberativo con la finalidad de aprobar un nuevo plan de reestructuración. Dicha sesión fue convocada los días 15 y 20 de mayo de con el objeto de evitar que el proceso concursal sufra dilaciones que afecten el valor del patrimonio en concurso y, con ello, las legítimas expectativas de cobro de los acreedores. Por tanto, atendiendo a la especial naturaleza de los procedimientos concursales y de los acuerdos que se toman bajo el marco de negociación de la Junta de Acreedores, la interposición de impugnaciones de acuerdos de Junta de Acreedores y de recursos administrativos contra resoluciones expedidas en el marco de procesos de liquidación iniciados al amparo de la Ley General del Sistema Concursal no limita el desarrollo ordinario de tales procesos, los cuales deben proseguir en sus etapas correspondientes en beneficio de la masa de acreedores que integran el concurso. 13 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo 16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. 6/8

7 2009 en el local del Indecopi. Sin embargo, la junta de acreedores no se llegó a instalar en ninguna de las convocatorias efectuadas debido a que no se acreditó el pago de los derechos correspondientes al alquiler de la sala donde se llevaría a cabo la sesión. 25. De lo expuesto se aprecia que si bien la nulidad del acuerdo de aprobación del plan de reestructuración de Editora Sindesa retrotrajo el procedimiento al estado de volver a someter a votación de la junta la aprobación de dicho instrumento concursal en la fecha límite para hacerlo 14 ; al volverse a convocar a la junta de acreedores para tal efecto, esta no se instaló por causas imputables exclusivamente a ella, venciéndose con ello el plazo establecido en el artículo 65.1 de la LGSC. 26. Así, a la fecha en la que el señor Oviedo solicitó a la Comisión autorización para convocar a junta de acreedores (23 de noviembre de 2009) para someter a consideración de la misma la aprobación del plan de reestructuración, el plazo legal previsto por el artículo 65.1 de LGSC había transcurrido en exceso (desde el 31 de julio de 2007, fecha del acuerdo de reestructuración de la empresa), por lo que, al haberse verificado el supuesto previsto en el artículo 96.1 de la LGSC, correspondía que la Comisión declare de oficio la disolución y liquidación de la deudora. La apelación del señor Oviedo 27. Por otra parte, el señor Oviedo ha señalado que debido a la demora de la Comisión en la tramitación de su solicitud de cambio de titularidad se le privó de asistir a junta y adoptar los acuerdos necesarios para llevar a cabo la reestructuración de la deudora. 28. El artículo 34 de la LGSC 15 establece que tienen derecho a participar con voz y voto en las sesiones de junta de acreedores, aquellos acreedores que hayan solicitado el reconocimiento oportuno de sus acreencias y cuenten con créditos reconocidos por la Comisión, dicha regla también es aplicable para los supuestos de cambios de titularidad total o parcial, toda vez el nuevo titular de los créditos solo podrá participar en las sesiones de junta de Ver pie de página 11. Por tanto, se considera que la sesión de junta de acreedores para la aprobación del plan de reestructuración de Editora Sindesa debió tener lugar el último día del plazo previsto en el artículo 65.1 de la LGSC, en aplicación del precedente de observancia obligatoria aprobado por Resolución /SCO-INDECOPI. LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL Artículo 34.- Apersonamiento de acreedores al procedimiento 34.1 Tienen derecho a participar con voz y voto en la reunión de instalación de Junta y en las posteriores los acreedores que soliciten el reconocimiento de sus créditos dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha de publicación del aviso que informa sobre la situación de concurso, más el término de la distancia, y que hayan obtenido su reconocimiento. ( ) 34.5 Cuando se produzca un cambio total o parcial en la titularidad de un crédito reconocido el nuevo titular tendrá los mismos derechos del acreedor original. 7/8

8 acreedores una vez que se haya declarado fundada la solicitud de cambio de titularidad correspondiente. 29. En tal sentido, toda vez que el señor Oviedo fue declarado acreedor de Editora Sindesa por Resolución /SC1-INDECOPI del 4 de agosto de 2009 (que revocó la resolución que declaró improcedente la solicitud de cambio de titularidad de créditos presentada por el señor Oviedo), recién a partir de tal fecha contó con facultades para participar con voz y voto en las sesiones de junta de acreedores de dicha empresa. Tal situación no configura un supuesto de privación ilegítima del ejercicio de los derechos del señor Oviedo, toda vez que previamente este no contaba con facultades para participar en el presente procedimiento. Por tanto, también corresponde desestimar el argumento del apelante en este extremo. 30. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada. RESUELVE: confirmar la Resolución /CCO-INDECOPI del 15 de febrero de 2009, que declaró de oficio la disolución y liquidación de Editora Sindesa S.A. Con la intervención de los señores vocales Juan Luis Avendaño Valdez, Héctor Tapia Cano, Juan Ángel Candela Gómez de la Torre, Raúl Francisco Andrade Ciudad y Alfredo Ferrero Diez Canseco. JUAN LUIS AVENDAÑO VALDEZ Presidente 8/8

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