PRESENTACIÓN PONENCIA Eva Gómez Pérez. Presidenta CAVAS Cantabria. Profesora Universidad Cantabria

Transcripción

1 PRESENTACIÓN PONENCIA Eva Gómez Pérez. Presidenta CAVAS Cantabria. Profesora Universidad Cantabria EXPERIENCIAS DE VICTIMIZACIÓN EN MENORES INFRACTORES ATENDIDOS POR EL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL Y MENORES EN SITUACIÓN DE ACOGIMIENTO. Noemí Pereda Beltrán Hace ya tres años, en mi calidad de presidenta de la asociación CAVAS (Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención del Maltrato Infantil) y de miembro de la Junta Directiva de la FAPMI (Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil) fui invitada a la comisión del senado denominada Comisión especial para el estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines para informar sobre la situación de los menores en hogares tutelares. Dicha comisión trataba de reunir información de personas vinculadas con esta problemática con el objeto de presentar una nueva la ley para la protección de la infancia y adolescencia en nuestro país, dado que la todavía hoy vigente ley (1/1996) necesitaba modificarse para dar respuesta a numerosas problemáticas no previstas en el momento de su elaboración. Las preguntas que constituían la base de mi intervención tenían que ver con un tema, desgraciadamente de moda en aquel momento, y que era precisamente el de los menores tutelados por la administración internos en centros con un régimen cerrado. Las noticias sobre el suicidio de algunos de estos menores así como las situaciones de malos tratos denunciadas por algunos otros, y por algunos educadores de los centros habían conseguido situar en la opinión pública el debate sobre las condiciones en que vivían los chicos y chicas en estos hogares, en su mayoría concertados con organizaciones o empresas privadas. En un primer momento, fue un informe Si vuelvo me mato de Amnistía Internacional (A.I., 2010), el que sirvió de denuncia de esta situación. Así se reflejó en su momento esta información en la prensa: Amnistía internacional ha presentado un informe sobre la violación de derechos humanos de los menores ingresados en centros terapéuticos. Este miércoles la ONU examina a España en Derechos del Niño. Amnistía Internacional valora negativamente las medidas tomadas tanto por el Gobierno de España como por las Comunidades Autónomas desde la presentación de su primer informe, con el

2 mismo título, hace 9 meses 15 /9/2010. (Recuperado de A partir de aquí, algunos de los defensores del pueblo tomaron la iniciativa de contrastar esta información, analizando la situación tras lo cual publicaron algunos informes en este sentido. Algunos de estos informes fueron los siguientes: Infancias Vulnerables del Defensor del Pueblo del País Vasco Ararteko; Menores con Trastornos de Conducta en Andalucía del Defensor del pueblo Andaluz o Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en Situación de Dificultad Social del propio Defensor del Pueblo Español. En general, en todos ellos se coincidían en señalar las numerosas deficiencias tanto en cuanto a la falta de garantías jurídicas en los procedimientos que llevan a estos menores a ser internados en centros, como en lo que afecta a la intervención que se realiza en los mismos. Las recomendaciones que se hacían aludían en general, a la necesidad de que desde las administraciones públicas se arbitraran urgentemente procedimientos jurídicos que garantizasen los derechos de estos menores así como criterios adecuados de funcionamiento de estos centros. Estos informes referían algunos de los problemas que, a su parecer, debían ser objeto de análisis: las condiciones físicas en los centros, los reglamentos internos, la ausencia de criterios de buenas prácticas. Los defensores aludían igualmente a la necesidad de reflexionar sobre el sentido terapéutico que debían cumplir estos centros y para ello, clarificar los procesos de valoración de los menores, la intervención, la evaluación de resultados eran algunas necesidades. Lo encontrado reflejaba una realidad que nada tenía que ver con estas recomendaciones ya que en buena parte de los centros predominaba el carácter controlador y punitivo en las intervenciones profesionales y en muchos menos casos el carácter educativo y rehabilitador de las mismas. Como vemos, la alarma y el debate social estaban plenamente justificados. Precisamente el tema de la ponencia que se presenta en esta mesa, la polivictimización de muchos chicos y chicas que tras sufrir situaciones de desprotección social y familiar padecen nuevas formas de violencia cuando se encuentran acogidos, formas que no siempre están tipificadas como delitos en nuestra legislación. Antes de dar paso a la ponencia quisiera señalar algunas de las conclusiones que podían extraerse tanto de mi intervención en el senado de entonces como de los informes de los defensores de los menores, que nos pueden permitir situar mejor la información posterior.

3 En primer lugar, y como resumen de muchos de los problemas que aquejan a nuestro sistema de protección señalar que es un sistema paliativo en el que se atienden fundamentalmente las situaciones cuando estas tienen ya un cierto nivel de gravedad. Esto implica que cuando un niño o niña es atendido por nuestro sistema protector, en cualquiera de las modalidades posibles de acogimiento, en general, ha pasado antes por unas cuantas instituciones, entre las que se encuentran al menos: educación, sanidad, servicios sociales básicos, a veces servicios sociales especializados, que no han sabido o podido responder de forma adecuada a su problemática familiar aumentando la gravedad del problema hasta el punto de tener que tutelar a ese menor. El hecho que desde estas instituciones, que comparten la responsabilidad legal de proteger a los niños y niñas o adolescentes con problemáticas sociales y familiares, no se consiga que estos menores tengan contextos de vida adecuados, tanto en sus familias como en el resto de contextos de socialización, constituye un fracaso al que denominamos maltrato institucional. Un primer elemento para el análisis de esta situación tiene que ver con el hecho de que los profesionales de los servicios sanitarios y de los educativos sigan careciendo de formación que les permita ya no solo ayudar a estos niños y a sus familias, si no en muchos casos simplemente reconocer que detrás de algunos comportamientos y/o problemáticas manifestadas por estos niños y niñas, adolescentes se encuentran situaciones de malos tratos. Esto significa que en estos contextos, sus problemáticas no son consideradas como necesidades específicas vinculadas con la desprotección, por lo que la respuesta que se ofrece a estos menores desde estos sistemas es en muchos casos inadecuada. A modo de ejemplo podríamos pensar en un niño que en la escuela tiene comportamientos desobedientes y violentos con sus compañeros y profesores. En general, la escuela responderá a su comportamiento sin tener en cuenta la problemática que lo origina, responderá utilizando un símil médico al síntoma pero no a la causa. La falta de comprensión del problema que impide abordar las consecuencias del maltrato infantil como tales y no como simples problemas conductuales o de aprendizaje impide que estos niños puedan recibir una respuesta integral en la que lo emocional debe constituir el núcleo de la intervención. El maltrato institucional que antes denunciamos se encuentra en este primer nivel en el fracaso de proteger a estos menores, de ayudarles en las problemáticas generadas por la desprotección dejando

4 que estos niños con problemas vayan avanzando en sus trayectorias vitales hasta convertirse en un auténtico problema social que lleva al sistema finalmente a encerrarlos en los centros. Un segundo elemento a tener en cuenta respecto al fracaso del sistema de proteger a los menores antes de tengan que ser internados en centros de acogida tiene que ver con una recomendación derivada ya no solo de los informes de los defensores legales antes citados sino también del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unida. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que examina el cumplimiento de los derechos ratificados por nuestro país, ya en 2002, planteó a España la necesidad de establecer una coordinación eficaz tanto en el seno de los organismos públicos como entre los diferentes órganos nacionales, regionales y municipales para la puesta en marcha de políticas de defensa y protección a la infancia. Esta recomendación no ha sido atendida de forma adecuada aún hoy en nuestro país. Solo en Cataluña, se ha publicado recientemente un decreto que establece el proceso y las estrategias necesarias para la coordinación intersectorial (Decreto 250/2013, de 12 de noviembre, de la Mesa Nacional y las mesas territoriales y locales de infancia) constituyendo una valiosa propuesta organizativa para el trabajo en red. A nivel estatal, desde el Observatorio de Infancia se han hecho algunos esfuerzos por obtener un protocolo unificado para la respuesta al maltrato infantil (Observatorio de Infancia, 2007, 2014), en el que se recogen las funciones de cada una de las instituciones implicadas en la misma, así como las necesarias coordinaciones. Sin embargo, no deja de ser un documento de recomendaciones cuya aplicación no es vinculante para las administraciones autonómicas responsables del este tema. El tercer elemento que debe mencionarse para el análisis del fracaso de nuestro sistema de protección, es la escasa dotación de recursos que permitieran dar respuesta a las necesidades de estas familias inmersas en situaciones de desprotección infantil y a sus hijos cuando la situación aún se encuentra en un nivel incipiente. Sin invertir en programas que aborden este tipo de problemáticas a un nivel más preventivo seguiremos actuando cuando la intensidad y gravedad de las mismas impiden precisamente ofrecer una respuesta eficaz. En palabras del propio defensor del pueblo en una de sus recomendaciones es fundamental que se intensifiquen las actuaciones dirigidas a establecer dispositivos y recursos intermedios y de rehabilitación de las situaciones de dificultad social desde los ámbitos educativo, sanitario y social que hagan innecesaria la institucionalización de los menores (Defensor del Pueblo Español, 2011,pp. 405).

5 En segundo lugar, los problemas de nuestro sistema de protección no finalizan con los fracasos en este nivel básico, si no que se mantienen y en ocasiones se acrecientan cuando estos niños, niñas y adolescentes entran a formar parte del sistema tutelar ingresando en los centros. Ya hemos señalado al principio del documento que este fue precisamente el nivel que generó el debate social sobre los centros de menores en régimen cerrado. El análisis de la realidad de lo que estaba y está ocurriendo en estos centros puso de manifiesto una serie de deficiencias que se podrían resumir en la idea ya expuesta, de que nuestro sistema de protección carece de criterios que determinen lo que se consideran buenas prácticas en los centros residenciales y/o hogares tutelados que permitan unificar su funcionamiento en todo el país. Cada administración autonómica puede decidir, a falta de dicha regulación estatal, sus propios criterios o dejar en manos de las propias entidades que gestionan estos recursos la mayoría de aspectos que inciden en la calidad de los servicios dirigidos a estos menores. Aspectos como el número y el tipo de profesionales necesarios por recurso, las titulaciones necesarias, los programas formativos para estos profesionales, procedimientos de valoración de los niños, niñas o adolescentes, enfoques válidos en la intervención terapéutica y educativa, reglamentos de régimen internos y externos, procedimientos de evaluación de los objetivos terapéuticos y educativos.son algunos de los señalados en los diferentes informes. Señalamos a continuación algunas de las problemáticas que afectan a nuestro sistema de protección cuando éste asume la tutela de un menor: 1. Vulneración de las normas internacionales que obligan a la existencia de autorización judicial para el ingreso de los menores en los centros en los que existe privación de los derechos fundamentales como es el caso de los centros especiales tanto respecto a la libertad como al uso de medidas especiales de contención y protección. 2. Disparidad en lo que se considera que deben de ser los centros tutelados en general, y especialmente en el caso de los centros de socialización. Esta disparidad puede reflejarse en el precio que se está pagando por cada menor. La horquilla se sitúa entre los 21 y 180 euros según la comunidad autónoma y el hogar de que se trate. Esto significa que tanto la dotación de personal, cualificación, condiciones, etc.mantiene la misma disparidad.

6 3. Falta de profesionalización del personal que atiende a los menores tutelados. Cuando nos referimos a este aspecto, no solo estamos hablando de titulaciones exigidas sino también de su experiencia profesional y la formación específica relacionada con esta problemática. Respecto a la titulación exigida, los equipos educativos de los centros varían enormemente, desde diplomaturas, licenciaturas relacionadas o no con educación hasta graduado escolar para la categoría de auxiliar. Alguien se imagina tener un problema de corazón y acudir a un centro en el que los requisitos de entrada sean tener una titulación, sea cual sea, y en el mejor de los casos que esa titulación sea medicina general?. Si realmente las personas que trabajan con estos chicos y chicas pueden ser cualquiera el pedir que exista formación específica relacionada con estas problemáticas es una entelequia. 4. Relacionado con todo lo anterior, se encuentra la falta de estabilidad laboral de estos profesionales. Los sueldos, horarios y las situaciones que han de afrontar relacionadas con la convivencia, etc., hace que en muchos casos exista una gran inestabilidad laboral, lo que significa que los chicos y chicas pierden referencias estables que es en ocasiones lo que más les ayuda. 5. Falta de un enfoque comunitario en las intervenciones realizadas desde el centro aislando al chico de su contexto de vida. El acogimiento residencial, sea de socialización o exclusivamente de tutela, solo puede llevar a cabo su papel si otros programas de protección coordinan este trabajo y lo complementan con el trabajo realizado en otros contextos, ejemplo, la intervención familiar. 6. Por último, deben de existir garantías de que si la actuación de los organismos públicos no es la adecuada a las necesidades del menor, generándose maltrato institucional, deben articularse los medios correctores para estas actuaciones inadecuadas, como se hace cuando esta corresponde a los padres, estableciendo las responsabilidades civiles y penales en las que puedan incurrir dichas administraciones por malas prácticas también en el ejercicio de su tutela. Se debe evitar por todos los medios la doble victimización de estos menores. Desde el observatorio de infancia de la comunidad de Cantabria se realizó en 2010 un estudio sobre las historias de vida de un número de adolescentes que estaban o habían pasado por centros de socialización. Los resultados del estudio, aunque no pueden ser generalizables, podrían ser un anticipo interesante de lo que probablemente nos encontraríamos si se decidiese investigar esta situación.

7 Incluimos algunas de las conclusiones finales del mismo por visibilizar algunas de las cuestiones anteriores analizadas en este documento y que sirven de presentación del trabajo realizado por la ponente de esta mesa sobre las experiencias de victimización de los menores tutelados. Según los resultados recogidos en nuestro estudio, el paso por Socialización ha tenido efectos determinantes y perjudiciales en las trayectorias vitales y en la subjetividad de estos adolescentes. Castigos y sanciones, sobre todo la habitación blanca, la violencia simbólica o el encierro en sí son experiencias traumáticas y de sufrimiento que tiene efectos determinantes en su subjetividad. La entrada en socialización supone una potenciación de sus trayectorias de exclusión. La estigmatización que implica la entrada en un centro cerrado es un agravante más de sus trayectorias, aunque hay que señalar que el inicio de estas carreras no atañe exclusivamente a su paso por Socialización sino a toda la trayectoria vital en la que han intervenido distintos agentes sociales. En este mismo orden, los objetivos educativos, sociales o familiares que propone son cuestionables: ninguno ha conseguido ninguna titulación escolar ni se les ha iniciado en esa carrera, las expectativas laborales son escasas, las relaciones sociales y comunitarias son más frágiles, etc. Esta supuesta intervención socio-educativa es relegada por los aspectos punitivos y de control. Los adolescentes perciben que el control institucional es el principal ámbito de acción institucional. Aislar a estos adolescentes y despolitizar su situación impide alcanzar soluciones dignas y reales que permitan la elaboración de un proyecto vital. Por mucho que incidamos en su yo interior, sin redes sociales sólidas, sin vínculos familiares y sin una formación es una ilusión que encuentren un lugar en la sociedad. (pg , Observatorio Infancia, 2010). BIBLIOGRAFIA Amnistía Internacional (2010). Si vuelvo me mato II. Informe de Seguimiento sobre la situación de los menores en centros de protección terapéuticos en España. Sección Española de Amnistía Internacional. Agosto, 2010.

8 Autores varios (2011): 20 Propuestas para mejorar la atención a la infancia en España. FAPMI. A partir de las conclusiones del X Congreso de Maltrato Infantil. Sevilla, En WEB FAPMI (Federación Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil. Bravo Arteaga, A. (2006): Acogimiento residencial ajustado al cambio de modelo: Nuevas necesidades de niños y jóvenes. Actas del VIII Congreso Estatal de Maltrato Infantil. Asociación CAVAS. Santander, Defensor Pueblo Andaluz (2007): Menores con trastornos de conducta en Andalucía. BOPA, 778. Defensor del Pueblo Español (2009): Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Informes, Estudios y Documentos, febrero, Fernández del Valle, J. (2006): Las residencias de protección de menores en España. Documento Interno no publicado. García-Agundez Pérez- Coca, C. (2008): Claves para mejorar la calidad y el bienestar profesional en el trabajo de caso. Actas del Congreso Estatal de Maltrato Infantil. Asociación Rea. Valladolid. García Fernández, A. (2008): Los profesionales de los centros: contentos pero Actas del IX Congreso Estatal de Maltrato Infantil. Asociación Rea. Valladolid. López Ochoa, P. (2010): Trayectorias de vida de Adolescentes en Socialización. Informe accesible en página WEB del ICSS. Cantabria. Observatorio Estatal de Infancia (2007): Protocolo de intervención en casos de maltrato infantil. MTAS. Palacios, J. (2010): Restos en la protección a la infancia en España: la transición que no llega. Actas del X Congreso Estatal de Maltrato Infantil. Asociación ADIMA. Sevilla.