Tema II. PRINCIPIOS PROCESALES Y CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES.

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1 Tema II. PRINCIPIOS PROCESALES Y CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES. I. PRINCIPIOS PROCESALES EN EL MARCO DEL PROCESO PENAL. En el estudio del Derecho procesal resulta determinante el análisis íntegro de los principios que informan el proceso, que en la actualidad han sido plasmados en la Constitución Española de 1978, y que encuentran fiel reflejo en las leyes de enjuiciamiento correspondientes. Cada vez más las líneas estructurales del proceso transcienden a las Constituciones, cuya regulación en efecto perfila aquellos criterios que inspiran los rasgos intrínsecos de los distintos procesos. Los principios del proceso son el fundamento, la base que subyace a un determinado modelo procesal y al que responden las normas reguladoras del mismo. Por tanto, estos principios procesales constituyen un valioso acervo de interpretación para colmar las lagunas del ordenamiento jurídico, o dicho de otra forma son los criterios de interpretación que permiten integrar las lagunas legales. De esta forma, estas garantías pretenden la tutela de derechos fundamentales como es la libertad, la seguridad personal, la defensa técnica, la presunción de inocencia, la publicidad del proceso, el derecho de información del acusado, etc SÁNCHEZ AGESTA, Sistema político de la Constitución española de 1978, Madrid, 1987, p. 210, señala que el Tribunal Constitucional tiende a simplificar todos estos derechos o requisitos en uno solo, como es la tutela judicial efectiva, enunciada en el art

2 Además de tener su proyección legal en los distintos procesos, los principios que recoge nuestra Constitución son valores que informan la actuación de los jueces, de forma que los órganos judiciales deben controlar el respeto a estos derechos y garantías constitucionales en su misma actuación, y en la actuación de otros poderes del Estado. En definitiva, los principios procesales que reflejan la ideología socio-política dominante en un país determinado en un momento concreto, pueden dividirse en dos grandes grupos: por un lado, aquellos que afectan a su estructura, y por otro aquellos relacionados con la pretensión y el derecho material que subyace en el proceso. II Son diversos los principios que son a su vez PRINCIPIOS INHERENTES A LA IDEA MISMA DE PROCESO: DUALIDAD DE PARTES O PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN; AUDIENCIA E IGUALDAD, todos ellos contenidos en la expresión anterior. 1.) Principio de Contradicción y Principio de audiencia. El principio de contradicción es inherente a la idea misma de proceso, sin contradicción no cabe hablar de proceso. Este principio, aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales, tiene su origen en el aforismo romano audiatur et altera pars y nemo inauditus damnari potest, que significa que nadie puede ser condenado sin ser previamente oído y vencido en juicio. El principio, denominado por DE LA OLIVA principio de audiencia, generalmente se satisface con dar oportunidad a la parte de ser oída, sin que sea necesaria realmente la presencia activa de la parte en el proceso. Se trata de una garantía que nuestro Tribunal Constitucional ha vinculado con la prohibición de padecer indefensión reconocida en el art 24.1 CE, razón por la cual cobra especial importancia la efectividad del acto procesal de comunicación que implica el traslado por el juez al demandado de la pretensión deducida por el actor (STC 97/1992, de 11 de junio). 2

3 La jurisprudencia constitucional ha delimitado el alcance de las notas esenciales del contradictorio. Así, el derecho de defensa alcanza su máxima intensidad en el ámbito penal, por la trascendencia de los intereses en juego y de los principios constitucionales que lo informan. En el proceso penal es donde se solicita la actuación del poder del Estado en su forma más extrema, en cuanto que la misma puede implicar una injerencia en la libertad del imputado y en el ámbito más personal de sus derechos fundamentales. En ningún caso se admite la indefensión, lo que significa que todo proceso debe respetar el derecho de defensa contradictoria de las partes, preservando la oportunidad de alegar y probar sus derechos e intereses. Por ello, no halla justificación la resolución judicial «inaudita parte», salvo que la incomparecencia sea voluntaria (de forma expresa o tácita), o se deba a un comportamiento negligente imputable a la parte. Efectivamente en el proceso penal, el contradictorio cobra mayor rigor por la imposibilidad de dictar sentencia sin la presencia del acusado, y además como señala MONTERO, son manifestaciones del principio contradictorio: a) el derecho a ser informado de la acusación, b) el derecho a la asistencia letrada, c) el derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes, d) Este principio significa que nadie puede ser vencido en juicio sin antes ser oído. Este principio está implícitamente reconocido en el art. 24 de la CE que proscribe la indefensión y consagra el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías. 2). Principio de igualdad. Por lo que hace al segundo de los principios mencionados, esto es, al principio de igualdad de armas, tradicionalmente considerado uno de los principios jurídico-naturales del proceso, hoy se ha elevado al rango de derecho fundamental; y tiene su proyección tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal, aunque en cada uno con peculiaridades distintas. 3

4 Garantiza que todas las partes procesales gocen de los mismos medios de ataque y de defensa para hacer valer sus alegaciones y utilizar los medios de prueba que tengan por conveniente. El Tribunal Constitucional lo vincula con la prohibición de padecer indefensión consagrada en el art 24 de la CE, porque toda desigualdad injustificada produce indefensión. La vulneración del principio de igualdad puede producirse por razones o en situaciones de diversa índole. Así, en la fase de instrucción del proceso penal porque aún se encuentran supuestos de supremacía del ministerio fiscal frente al acusado. III. PRINCIPIOS RELATIVOS AL OBJETO DEL PROCESO. Junto a los anteriores principios procesales que revisten carácter necesario y configuran siempre los procesos existen principios que hallan su expresión en función de la naturaleza jurídica, pública o privada, del bien que se dilucida en el proceso, que son aquellos principios que algún sector doctrinal ha dado en llamar principios jurídico-técnicos. Estos principios postulan una u otra construcción procesal «según que los bienes jurídicos satisfacción de derechos, cumplimiento de deberes, exacción de responsabilidad por su incumplimiento, etc.,- tengan una satisfacción netamente individual o revistan, por el contrario, una predominante dimensión de interés general o común». Así este gran grupo de principios que rigen el proceso se halla en relación con el objeto o con la relación material jurídica subyacente. La diferencia se verifica primordialmente entre el proceso civil y el penal, ya que el derecho aplicable en ambos casos presenta una diferencia notable. A) EL PRINCIPIO ACUSATORIO Tradicionalmente la formulación del principio acusatorio se ha realizado por contraposición al inquisitivo. La cuestión surge en la Edad Media, donde ya se diferenciaban los dos tipos de procesos. Señalaba TOMÁS Y VALIENTE que en el Derecho local alto medieval predominaba el sistema acusatorio. Y fue en el siglo XV cuando se instauró en Castilla el procedimiento inquisitivo en materia penal. «La introducción del procedimiento criminal de 4

5 oficio era el necesario complemento para el nacimiento del Derecho penal del Estado» 2. Con este proceso se colocaba a la justicia penal en el ámbito del interés público y bajo la tutela del poder del Rey. Se pretendía obtener la verdad material frente a la verdad admitida por las partes, quisieran o no éstas. Y de esta manera se fortalecía, políticamente, el poder del Rey por cuanto que se constituía en objeto de temor, consiguiendo por esta vía el dominio. El proceso penal inquisitivo ha sido siempre un arma autoritaria e intimidatoria 3. En la actualidad, las características del proceso acusatorio cabría sintetizarlas: a) primero, en la necesidad de que la función acusadora y decisora se encomiende a órganos distintos; b) segundo, la división estructural y funcional entre instrucción y juicio oral, y la distribución de la competencia, para instruir y enjuiciar, en órganos distintos y de distinta composición; c) por último, y como manifestación más importante, el órgano ha de fallar en base a los hechos acusados por las partes; de ahí la necesaria correlación entre la acusación y la sentencia. Pero a diferencia de la congruencia, propia del principio dispositivo, en estos casos la correlación entre acusación y sentencia nunca se fundamenta en el respeto a la autonomía de la voluntad, sino en la necesidad de preservar la imparcialidad del tribunal, ya que si el tribunal se pronunciase sobre hechos no alegados en el proceso, las partes quedarían indefensas al no haber sido oídas al respecto. Como resulta evidente, ninguno de los principios del proceso se manifiesta en estado puro y aislado. Y al igual que en el proceso civil en cuanto se producen supuestos en los que existe claro predominio del principio inquisitivo, en el proceso penal también existen situaciones en las que se produce una merma del acusatorio. 2 TOMÁS Y VALIENTE, El Derecho penal de la monarquía absoluta, cit., p. 156, quien a su vez cita a LÓPEZ AMO, El Derecho penal español en la Baja Edad Media, Anuario de Historia del Derecho Español, XXVI, 1956, p TOMÁS Y VALIENTE, El derecho penal de la monarquía absoluta, cit., p

6 En primer lugar, cabe analizar el principio acusatorio dentro del esquema general del proceso penal; a saber, la EXISTENCIA DE DOS FASES DIFERENCIADAS Y ATRIBUIDAS A ÓRGANOS DISTINTOS. Así cada una de las fases en las que se estructura el proceso penal, la instrucción y el juicio oral, se encuentran informadas por principios netamente diferenciados, el inquisitivo y el acusatorio, respectivamente. Partiendo de esta estructura, el proceso penal ha sido considerado como un sistema mixto, procedente de Francia, en el que se dividía el mismo en dos grandes fases: la instrucción o sumario, con notas básicas del procedimiento inquisitivo (secreto, escrito, con iniciativa judicial), y el juicio oral, basado en las notas del sistema acusatorio. En segundo lugar, LA NECESIDAD DE QUE ACUSACIÓN Y ENJUICIAMIENTO ESTÉN ENCOMENDADOS, IGUALMENTE, EN ÓRGANOS DIFERENTES no debe llevar a la conclusión de que la teórica iniciación del proceso de oficio merme este principio. Como señala CORTÉS DOMÍNGUEZ, el juez en estos supuestos pasa comunicación al Ministerio Fiscal para que éste presente en forma la querella 4. Cada una de las manifestaciones del principio acusatorio ha incidido de manera determinante en el sistema procesal penal español. Las progresivas reformas han sido motivadas por la aplicación de este principio. La primera idea que llevó al legislador a modificar la LECRIM fue en 1988, donde se perfiló la separación de la función instructora y la de enjuiciamiento, en el procedimiento abreviado. La Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, dio un paso más al regular la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores. Esta Ley, separó la función instructora, de un lado, y el enjuiciamiento y decisión, de otro, encomendando la primera de 4 CORTÉS DOMÍNGUEZ, La cosa juzgada penal, Bolonia, 1975, p. 35, quien apunta a un debilitamiento teórico del principio acusatorio ya que la acción penal se ejercitará en cualquier caso, bien por querella, bien mediante la petición de apertura del juicio oral. Esta idea nada tiene que ver con los orígenes del proceso penal inquisitivo (s. XV), en el que el juez se colocaba al lado de una parte procesal porque él mismo era beneficiario de las penas pecuniarias impuestas a los condenados. De este modo, la imparcialidad judicial quedaba en entredicho, porque además debían constituirse en parte; TOMÁS Y VALIENTE, El derecho penal de la monarquía absoluta, cit., p

7 ellas al Ministerio fiscal y las otras dos al juez de menores. Con esto se comprueba que este desdoblamiento y asignación de las enunciadas fases procesales a dos órganos diferentes, reestablece el principio acusatorio en un procedimiento reformador, como es el caso del proceso de menores con anterioridad a la LO 4/1992, que se encontraba informado por el principio inquisitivo 5. En tercer término LA RESOLUCIÓN DEBE SER CONGRUENTE. La incongruencia consiste en un desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones o peticiones. En consecuencia la sentencia no puede otorgar más de lo pedido en la demanda o acusación, menos de lo admitido, ni cosa distinta. En el ámbito penal a diferencia de la congruencia la fundamentación de la correlación entre el escrito de acusación y la sentencia nunca se fundamenta en el respeto a la autonomía de la voluntad, sino en la necesidad de preservar la imparcialidad del tribunal, ya que si el tribunal se pronunciase sobre hechos no alegados en el proceso, las partes quedarían indefensas. Nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra el acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria. Consecuencia de ello es que en el proceso penal el acusado ha de conocer de la acusación formulada contra el en el curso del proceso y el pronunciamiento del juez deberá efectuarse sobre los términos del debate. Existe una vinculación del Tribunal a algunos aspectos de la acusación: a) A la identidad de la persona contra la que se dirige. b) A los hechos que constituyen su objeto 5 La posibilidad el juez de menores, consistente en acometer determinadas actuaciones preparatorias del juicio o de carácter aseguratorio, aparece expresamente contemplada en diversos pasajes. Así, por un lado, el ministerio fiscal ha de solicitar del juez de menores la práctica de diligencias que no pueda efectuar por sí mismo, y por otro, le corresponde al juez la adopción de medidas cautelares como es el depósito o internamiento provisional del menor. Estos actos le están vedados legalmente al ministerio fiscal ya que no constituyen en puridad actos de investigación o de instrucción, sino que son única y exclusivamente limitativos de los derechos fundamentales, es decir, actos puramente jurisdiccionales que la Constitución expresamente reserva a jueces y magistrados. 7

8 c) Y a la calificación jurídica de manera que no puede condenarse por un delito más grave, o que aun no siéndolo, deberá ser homogéneo con el contenido de la acusación. Además el Tribunal no puede imponer una pena más grave a las concretamente interesadas por las acusaciones, por lo que la vinculación del Tribunal también se extiende a este aspecto ( Vid STS 22-enero-2007 que se refiere al Acuerdo del TS celebrado 20 Diciembre 2006.) En último término, el TC ha declarado que en virtud del principio acusatorio, nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria. Consecuencia de ello es que, en el proceso penal, el acusado ha de conocer la acusación formulada contra él en el curso del proceso para poder defenderse de manera contradictoria, y que el pronunciamiento del juez o tribunal ha de efectuarse sobre los términos del debate, tal y como han sido formulados en las pretensiones de la acusación y la defensa 6. Ello significa que ha de existir una correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia. La sentencia del juez penal debe respetar los hechos considerados punibles, y para su enjuiciamiento se halla vinculado por la acusación que mantienen las partes. No obstante, la calificación jurídica de tales hechos corresponde en principio al tribunal que los juzga, si bien esta calificación no es ajena al debate contradictorio en el proceso penal. Este debate no recae sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica. El tribunal puede condenar por un delito distinto del apreciado en los escritos de calificación, siempre y cuando lo haga dentro de los límites sentados por la jurisprudencia. Tal posibilidad requiere el cumplimiento de dos condiciones: la primera, sería la identificación del hecho punible, de forma que el hecho señalado por la acusación sea el mismo objeto de pronunciamiento en la sentencia, y la segunda, es que la nueva calificación sea homogénea, es decir, que tenga la misma 6 SSTC 36/1996, 150/1996, 43/

9 naturaleza, porque el hecho que configure los tipos correspondientes sea sustancialmente el mismo. En caso contrario, o faltando uno de estos dos presupuestos, la sentencia lesiona el principio acusatorio que la Constitución garantiza 7. En definitiva, no puede hablarse de un proceso penal acusatorio puro, por cuanto ello dependerá de determinados aspectos, y podemos encontrarnos en alguna fase predominio del principio contrapuesto. No obstante, sí cabe afirmar que el principio acusatorio es característica esencial del proceso penal 8. 7 SSTC 95/1995, 225/1997, AATC 59/1997, 307/1997, 202/1998, 21/ GARCÍA VALDÉS, Derecho Procesal Criminal, cit., p. 19; FAIRÉN GUILLÉN, Doctrina general del Derecho Procesal, cit., p. 51; RAMOS MÉNDEZ, Derecho y proceso, cit., p

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