PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ

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1 PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ Doctora en Derecho Civil M ANEXO VI. JURISPRUDENCIA

2 JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (DE CONSUMO) 1. STSJ MAD 6952/1999, de 9 de junio de 1999 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sección: 8 Nº de Recurso: 141/1997 Nº de Resolución: 376/1999 Ponente: RICARDO SANCHEZ SANCHEZ En la Villa de Madrid a nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS, por la Sala, constituida por la Ilma. Sra. y los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso administrativo Núm. 141/97, interpuesto por el Letrado D. Máximo Gil Perezagua, en nombre y representación de AUTO RALLYE ALCALÁ S.A., contra la resolución de fecha 13 de noviembre de 1996 del Consejero de Economía y Empleo, de la Comunidad de Madrid que desestimó el recurso planteado por la entidad actora contra la resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de fecha 17 de julio de 1996 por la que se la impuso una sanción de pesetas. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por un Letrado de la Comunidad de Madrid. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, en el que postuló una sentencia que anulase las resoluciones impugnadas. SEGUNDO.- El Letrado de la Comunidad de Madrid contestó a la demanda suplicando se dictase sentencia desestimando el presente recurso. TERCERO.- Habiendo existido recibimiento a prueba, tras la práctica de la declarada pertinente, cada una de las partes, hizo sus respectivas conclusiones y quedaron, posteriormente, las actuaciones pendientes de señalamiento. CUARTO.- Para votación y Fallo del presente proceso se señaló la audiencia del día 8 de junio de 1.999, teniendo así lugar. QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales. VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y demás de general y pertinente aplicación. Siendo Ponente el Magistrado de la Sección Ilmo. Sr. D. Ricardo Sánchez Sánchez.

3 140 PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Es de interés destacar los siguientes antecedentes: 1) El día 2 de agosto de 1.995, D. Eusebio llevo su vehículo W...-OW a reparar a los talleres de la entidad demandante. 2) El vehículo fue reparado sin haber presupuesto previo. 3) Por resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de fecha 17 de julio de 1996 por la que se impuso a la actora una sanción de pesetas, por la comisión de dos faltas leves. Presentado recurso ordinario fue desestimado por resolución de fecha 13 de noviembre de 1996 del Consejero de Economía y Empleo, de la Comunidad de Madrid. SEGUNDO.- El actor ha venido manteniendo a lo largo del expediente administrativo y, más tarde, en este proceso, indefensión, por no haberse practicado las pruebas que llevarían a ver su inocencia. Sin embargo, en estos autos se declaró pertinente toda la prueba que propuso y no aportó ningún medio distinto a los que figuraban en el expediente administrativo. El proceso, por tanto, se ha hecho con todas las garantías para el demandante. TERCERO. Se sanciona al recurrente por dos hechos diferentes, cada uno con una multa de ptas. El primero por la reparación del vehículo objeto de la reclamación, sin la confección de previo presupuesto por escrito. El segundo por reparar el vehículo sin la renuncia expresa al presupuesto previo y con la indicación de que se confeccionara/el mismo antes de la reparación del vehículo. No cabe duda, teniendo en cuenta lo que consta en el expediente que la reparación se hizo sin dar presupuesto al dueño del vehículo. Sin embargo, no hay constancia de que se pidiera presupuesto antes de la reparación del vehículo. De esta forma la entidad demandante incurrió en la infracción prevista en el art. 19.c) del D. 2/95 de la Comunidad de Madrid, pero no en la otra infracción. CUARTO.- Lo expuesto lleva a que debe haber una estimación parcial de la demanda y no apreciándose temeridad ni mala fe en las partes, no procede la condena al pago de las costas del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley de la jurisdicción Contencioso Administrativa. FALLAMOS Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS parcialmente el recurso contenciosoadministrativo Núm. 141/97, interpuesto por el Letrado D. Máximo Gil Perezagua, en nombre y representación de AUTO RALLYE ALCALÁ S.A., contra la resolución de fecha 13 de noviembre de 1996 del Consejero de Economía y Empleo, de la Comunidad de Madrid que desestimó el recurso planteado por la entidad actora contra la resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo, de fecha 17 de julio de 1996 en la que se la impuso una sanción de pesetas, por dos faltas leves, acordándose que la sanción debe ser sólo de ptas, por una falta leve, al no haber realizado presupuesto para la reparación de un vehículo. Sin costas.

4 Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles STSJ BAL 1104/2000 de 1 de septiembre de 2000 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Palma de Mallorca Sección: 1 Nº de Recurso: 1070/1998 Nº de Resolución: 621/2000 Ponente: FERNANDO SOCIAS FUSTER En la Ciudad de Palma de Mallorca a uno de septiembre de dos mil. Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares los autos N 1070/98, dimanantes del recurso contencioso administrativo seguido a instancias de D. Rodolfo, representado y asistido del Letrado D. Jaime Carbonell Gayà; y como Administración demandada la COMUNIDAD AUTONOMA DE ILLES BALEARS, representada y asistida por Letrado de sus Servicios Jurídicos. Constituye el objeto del recurso la resolución de fecha de la Consellería de Sanitat i Consum por medio de la cual se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la resolución de fecha por la que se impone al ahora demandante una sanción de multa de ptas. por la comisión de tres infracciones en materia de consumo. La cuantía se fijó en ptas. El procedimiento ha seguido los trámites del ordinario. Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Socias Fuster, quien expresa el parecer de la Sala. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Interpuesto el recurso en el plazo prefijado en la Ley Jurisdiccional, se le dio traslado procesal adecuado, ordenándose reclamar el expediente administrativo y anunciar su incoación mediante edictos publicados en el Boletín Oficial de esta Comunidad Autónoma. SEGUNDO. Recibido el expediente administrativo, se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda, lo que así hizo en el plazo legal, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimatoria del mismo, por ser contrarios al ordenamiento jurídico, los actos administrativos impugnados. TERCERO. Dado traslado del escrito de la demanda a la representación de la Administración demandada para que contestara, así lo hizo en tiempo y forma oponiéndose a la misma y suplicando se dictara sentencia confirmatoria de los acuerdos recurridos.

5 142 PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ CUARTO. No recibido el pleito a prueba y declarada conclusa la discusión escrita, se ordenó traer los autos a la vista, con citación de las partes para sentencia, se señaló para la votación y Fallo, el día FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION LITIGIOSA. El demandante, en su condición de titular de un taller de reparación de automóviles, interpone la presente demanda solicitando la anulación de la resolución administrativa que confirma la imposición de una sanción de multa de ptas. derivada de tres presuntas infracciones de la Ley 26/1984 de Defensa de Consumidores y Usuarios, en relación con lo dispuesto en el R.D. 1457/86 y RD 1945/1983. Concretamente se imputan los siguientes hechos: 1ª) carencia de hojas de reclamaciones (sancionada con multa de ptas.). 2ª) no expedir resguardo de depósito a los usuarios (sancionada con multa de ptas.); y 3ª) omisión de datos obligatorios en las facturas (sancionado con multa de ptas.) La demanda se fundamenta en los siguientes argumentos: 1 ) que la falta de hojas de reclamaciones ha sido subsanada y ya se dispone de las mismas. 2 ) que si no se expide resguardo de depósito a los usuarios es porque éstos renuncian al mismo. 3 ) que las deficiencias en las facturas tienen su justificación en el hecho de que, mayoritariamente, el demandante trabaja con entidades que se dedican a la compraventa de coches, las cuales carecen de la condición consumidores y/o usuarios protegidos por la Ley. 4º) importe de la sanción es desproporcionada y falta de motivación. SEGUNDO. FALTA DE HOJAS DE RECLAMACIONES. El art del RD 1457/1986 previene que los talleres de reparación de vehículos tendrán a disposición de los clientes las correspondientes Hojas de Reclamaciones, hojas de las que carecía el taller del demandante en la fecha de la inspección, tal y como se reconoce expresamente. El hecho de que con posterioridad a incoarse procedimiento sancionador se recabasen las indicadas Hojas y el hecho de que actualmente se disponga de las mismas, no excluye el que la infracción ya se hubiese consumado con anterioridad. La sanción de ptas. impuesta por esta infracción, al estar dentro del grado mínimo en la franja comprendida entre ptas. y ptas., está debidamente proporcionada. El nivel de exigencia en la motivación del importe aplicado se incrementaría en el supuesto de que se impusiese dentro del tramo medio o máximo de la franja, pero no es el caso de la sanción impuesta. TERCERO. NO ENTREGA DE RESGUARDO DE DEPÓSITO. El art del RD 1457/86 exige que en todos los casos en que el vehículo quede depositado en el taller, éste entregará al usuario un resguardo acreditativo del depósito del vehículo. El responsable del taller, reconoció ante el inspector que, con

6 Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles 143 carácter general, dicho resguardo no se entregaba, por lo que la infracción del precepto queda evidenciada. En el recurso administrativo y en esta fase judicial se invoca el que los clientes renuncian a dicho resguardo y que dicha renuncia es jurídicamente válida y no puede repercutir en perjuicio del responsable del taller. No obstante, de la norma descrita se desprende que en todo caso es obligación del propietario del taller entregar dicho resguardo, por lo que lo renunciable para el usuario es el uso que haga del mismo. La exigencia de entregar resguardo es una medida de control impuesta administrativamente que no depende de la voluntad del destinatario, de la misma forma que no queda a la voluntad del usuario el que la factura que debe emitir el empresario, esté o no completa, o cumpla o no con los requisitos exigidos por la normativa administrativa aplicable a las mismas. El empresario debe emitir el resguardo y la factura con todos los requisitos exigidos y por tanto la renuncia del consumidor se limita al uso que pueda hacer de la misma. La sanción de ptas. impuesta por esta infracción, al estar dentro del grado mínimo en la franja comprendida entre ptas. y ptas., está debidamente proporcionada. Debe reiterarse aquí lo arriba indicado respecto al nivel de exigencia de motivación de la resolución sancionadora que impone multa comprendida en el tramo inferior. CUARTO. DEFICIENCIAS FORMALES EN LAS FACTURAS. El demandante reconoce que las facturas no detallaba datos relativos a NIF del usuario, operaciones realizadas de forma desglosada; horas de trabajo empleadas en la reparación, piezas o elementos utilizados en la reparación, precio de cada uno de los conceptos, y se excusa en la circunstancia de mayoritariamente, el demandante trabaja con entidades que se dedican a la compraventa de coches, las cuales carecen de la condición consumidores y/o usuarios protegidos por la Ley. No obstante, dicho argumento debe quedar rechazado por la simple razón de que, al menos en parte, se reconoce que se realizan trabajos para particulares; así como por el hecho de que la afirmación de que la actuación generalizada para empresas de compraventa de coches no protegidos por la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, sencillamente no ha quedado acreditada. Respecto al importe de la sanción, debe estarse a lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores. Por todo ello, debe desestimarse el recurso. QUINTO. COSTAS PROCESALES. No se aprecia ninguno de los motivos que, de conformidad con el art. 131 de la Ley Jurisdiccional, obligue a hacer una expresa imposición de costas procesales, por lo que se estima adecuada su no imposición. Vistos los preceptos legales mencionados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS 1 ) Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo 2 ) Que declaramos adecuados al ordenamiento jurídico los actos administrativos impugnados y, en consecuencia, los confirmamos. 3 ) No se hace expresa declaración en cuanto a costas procesales.

7 144 PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ 3. STSJ PV 4289/2000 de 14 de septiembre de 2000 Órgano: Tribunal Superior de Justicia País Vasco. Sala de lo Contencioso Sede: Bilbao Sección: 3 Nº de Recurso: 1563/1997 Nº de Resolución: 770/2000 Ponente: MARIA BEGOÑA ORUE BASCONES Tipo de Resolución: Sentencia En la Villa de BILBAO, a catorce de setiembre de dos mil. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el número 1563/97 y seguido por el procedimiento ordinario, en el que se impugna: la resolución de 5 de marzo de 1997 de la Viceconsejera del Comercio y Consumo del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno Vasco que resuelve desestimar el recurso ordinario interpuesto por el recurrente frente a la resolución de 20 de Noviembre de 1996 del Director de Consumo del referido Departamento que acordó imponer al actor una sanción pecuniaria de pts. por una infracción del artículo 14.7 del Real Decreto 1457/86, de 10 de Enero, en relación con el artículo del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio. Son partes en dicho recurso: como recurrente Marco Antonio y, representado por el Procurador GERMAN ORS SIMON y dirigido por el Letrado D. ALFONSO MATAS FRIAS. Como demandada GOBIERNO VASCO, representado y dirigido por el LETRADO DEL GOBIERNO VASCO. Ha sido Magistrado Ponente la Iltma. Sra. Dña. BEGOÑA ORUE BASCONES ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El día siete de abril de 1997 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que el Procurador D. GERMAN ORS SIMON, actuando en nombre y representación de Marco Antonio, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 5 de marzo de 1997 de la Viceconsejera del Comercio y Consumo del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno Vasco que resuelve desestimar el recurso ordinario interpuesto por el recurrente frente a la resolución de 20 de Noviembre de 1996 del Director de Consumo del referido Departamento que acordó imponer al actor una sanción pecuniaria de pts. por una infracción del artículo 14.7 del Real Decreto 1457/86, de 10 de Enero, en relación con el artículo del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio; quedando registrado dicho recurso con el número 1563/97. La cuantía del presente recurso quedó fijada en ptas. SEGUNDO.- En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por

8 Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles 145 la que sea estimado el recurso formulado y declarando la no conformidad a derecho de Acta núm y de la resolución que en base a la misma han impuesto la sanción impugnada, anule dicha Resolución dejándola sin efecto, y condenando a la Administración demandada al pago de las costas. TERCERO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que sea estimado el recurso en todos sus pedimentos con expresa condena en costas a la parte recurrente. CUARTO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose las que obran en autos. QUINTO.- En los escritos de conclusiones, las partes reprodujeron las pretensiones que tenían solicitadas. SEXTO.- Por resolución de fecha se señaló el pasado día para la votación y fallo del presente recurso. SEPTIMO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones legales. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- Se impugna, a través del presente recurso Contencioso-Administrativo, la resolución de 5 de marzo de 1997 de la Viceconsejera del Comercio y Consumo del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno Vasco que resuelve desestimar el recurso ordinario interpuesto por el recurrente frente a la resolución de 20 de Noviembre de 1996 del Director de Consumo del referido Departamento que acordó imponer al actor una sanción pecuniaria de pts. por una infracción del artículo 14.7 del Real Decreto 1457/86, de 10 de Enero, en relación con el artículo del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio. Los hechos que determinaron la sanción que ahora se combate tienen su origen en que, como consecuencia de una reclamación efectuada por un cliente de Taller de Carrocerías Marcos López y del Acta nº 1761 levantada el día 12 de junio de 1996 por la inspección de la Delegación Territorial, en el precitado establecimiento se ha tenido conocimiento de que al depositar el cliente su vehículo para reparación, no le fue entregado el preceptivo resguardo de depósito. La parte recurrente ejercita pretensión anulatoria del acto administrativo impugnado por sostener la improcedencia de imponer sanción alguna toda vez que, según explicita, la mecánica que se sigue en la empresa es la de elaborar un presupuesto de la reparación a efectuar y que, tras dar su conformidad el cliente y llevar a cabo la oportuna reparación, el citado presupuesto se sustituye por la factura final, actuación ésta que es la que se llevó a cabo en el supuesto de autos, en el que el cliente del taller, D. Ignacio, pidió en principio un presupuesto de la reparación, sin sustitución de piezas, lo que fue efectuado dando lugar a la emisión de una factura por importe de pts. (IVA incluido). Posteriormente, solicitó una factura proforma de la reparación efectuada, contemplando esta vez la sustitución de las piezas del vehículo deterioradas por otras nuevas, al habérselo solicitado su Com-

9 146 PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ pañía de Seguros, lo que propició la emisión de un documento que no puede presentar por haber sido aportado a los Autos de juicio de Cognición nº 512/96 seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao. En dicho procedimiento, el demandante Sr. Ignacio reclamaba el abono de una cantidad que estimaba procedente precisamente en base a tal documento; documento éste que, según se afirma, no es sino un presupuesto de reparación en el que se prevé la sustitución de piezas pero que no constituye factura final, tal y como quedó acreditado en los Autos del juicio de cognición referido, en los que recayó en fecha 14 de enero de 1997 sentencia desestimatoria de la demanda por considerar acreditado que la reparación efectuada no era la referida por tal presupuesto sino la que reflejaba la factura final por importe de pts. que se encuentra aportada en dichos autos. En definitiva, concluye el recurrente que se elaboró un presupuesto y una factura final por una reparación que fue efectuada, así como un presupuesto (el que consta en el expediente administrativo) que contempla una reparación que nunca fue llevada a cabo por lo que no procede imposición de sanción alguna ya que la reparación fue presupuestada y realizada por lo que el único documento que puede existir es el de la factura final en que consta el recibí. SEGUNDO.- El artículo 14, apartado 7 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de Enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes dispone que En todos los casos en que el vehículo quede depositado en el taller, tanto para la elaboración de un presupuesto como para llevar a cabo una reparación previamente aceptada, el taller entregará al usuario un resguardo acreditativo del depósito del vehículo. En los casos que exista presupuesto, éste debidamente firmado por el taller y el usuario hará las veces de resguardo de depósito. A su vez, el artículo del Real Decreto 1945/1983 tipifica como infracción administrativa el incumplimiento de las normas relativas a documentación, información, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la Empresa, instalación o servicio y como garantía para la protección del consumidor o usuario. Con base en ambos preceptos, la resolución combatida impuso al recurrente una sanción pecuniaria de pts. Pues bien, las actuaciones documentadas en el proceso contienen base suficiente para considerar que la actuación del recurrente integra el tipo aplicado por la Administración pues él mismo reconoce no poder presentar el presupuesto que dice haber efectuado, aduciendo como razón para ello el haberlo aportado en los Autos del juicio de Cognición anteriormente referidos, siendo lo cierto que tal aseveración carece del menor sustento probatorio; siendo así que fácil le hubiera sido acreditar la veracidad de sus afirmaciones, y no habiéndolo efectuado así pese a disponer de oportunidad para ello en el presente recurso, la falta de probanza de tal extremo sólo a él le es imputable. TERCERO.- Las anteriores consideraciones obligan a concluir con la conformidad a derecho de la resolución sancionadora y, por ende, con la desestimación del recurso; sin que se infieran méritos para, atendidas las especiales circunstancias a que se refiere

10 Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles 147 el artículo de la Ley Jurisdiccional, hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas. CUARTO.- Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación. FALLO QUE CON DESESTIMACIÓN DEL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO Nº 1563/97 INTERPUESTO POR EL PROCURADOR D. GER- MÁN ORS SIMÓN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE D. Marco Antonio, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 5 DE MARZO DE 1997 DE LA VICECONSEJERA DE COMERCIO Y CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO, CONSU- MO Y TURISMO DEL GOBIERNO VASCO QUE RESUELVE DESESTIMAR EL RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO POR EL RECURRENTE FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1996 DEl DIRECTOR DE CONSUMO DEL REFERIDO DEPARTAMENTO QUE ACORDÓ IMPONER AL ACTOR UNA SANCIÓN PECUNIARIA DE PTS. POR UNA INFRACCIÓN DEL ARTÍ- CULO 14.7 DEL REAL DECRETO 1457/86, DE 10 DE ENERO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO DEL REAL DECRETO 1945/1983, DE 22 DE JUNIO, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS: PRIMERO.- QUE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA ES CONFORME A DERECHO Y, POR ELLO, DEBEMOS CONFIRMARLA Y LA CONFIRMAMOS. SEGUNDO.- NO HACER EXPRESA IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS DEVENGADAS EN EL PRESENTE FPROCESO. 4. STSJ MAD 15286/2000 de 14 de diciembre de 2000 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 9 Nº de Recurso: 2264/1997 Nº de Resolución: 1025/2000 Ponente: CRISTINA CONCEPCION CADENAS CORTINA En la Villa de Madrid a catorce de Diciembre de dos mil. Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el presente recurso contencioso administrativo n 2264/97, interpuesto por el letrado Sr. Fernández Palomo, en nombre y representación de TALLERES LAPIZ S.A., contra la resolución de la Consejería de Economía de fecha 17 de noviembre de 1997, que desestima recurso ordinario interpuesto contra resolución de la Dirección General de Comercio, de 22 de mayo de 1997, habiendo sido parte la Administración demandada representada por la letrada Sra. Castiñeira Fernández.

11 148 PALOMA TAPIA GUTIÉRREZ ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la Ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que suplica se dicta sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución administrativa objeto de la impugnación. SEGUNDO.- La letrada Sra. Castiñeira Fernández contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplican se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a Derecho. TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo. CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 12 de Diciembre de 2000 teniendo así lugar. QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales. Siendo Ponente el Magistrado Ilma. Sra. Dª. Cristina Cadenas Cortina. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo fue interpuesto por el Letrado Sr. Fernández Palomo, en representación de TALLERES LÁPIZ S.A., contra resolución de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, de 17 de noviembre de 1997, que desestima el recurso interpuesto contra resolución de la Dirección General de Comercio de 22 de mayo de 1997, que impone sanción de pesetas a la recurrente por diversas infracciones en materia de consumo. Como consecuencia de una denuncia formulada por un usuario del Taller, propiedad del recurrente, se considera que se ha cometido infracción consistente en 1. No consta existencia de presupuesto previo por escrito. 2. No consta renuncia al mismo. 3. No consta en Orden de Reparación la inscripción en el Registro de Talleres de Reparación de vehículos automóviles. 4. No consta en las facturas la duración de la garantía. Debido a estos hechos se siguió el oportuno expediente sancionador, que concluyó con la resolución impugnada que sanciona al recurrente por lo dispuesto en el art de la Ley 26/84, y art del Real Decreto 1945/83, en relación con el art. 14.1, 5 y 9.1 a) y 16 del Decreto 2/95, DE 19 de enero, y se impone al recurrente pesetas de sanción, que corresponden a pesetas por cada una de las infracciones. La demanda alega que los puntos 1 y 2 de los hechos que se consideran cometidos no pueden imputarse al recurrente, puesto que la no constancia de renuncia es una condición sin la cual queda injustificada la inexistencia de presupuesto escrito, de modo que es una sola infracción (art y 5 del Decreto 2/95 ). En cuanto al punto 3, entiende que existe un error de calificación, puesto que el art del Decreto, se refiere al resguardo de depósito. En cuanto al punto 4, alega que se entregaba un sobre con documentación, en la que se hacía constar la garantía. Entiende que no existe intencionalidad alguna. Solicita la anulación de la sanción impuesta, en todo caso, rebajando a ptas, por la inexistencia de presupuesto previo por escrito.

12 Manual de derechos del usuario de los servicios de reparación de automóviles 149 SEGUNDO.- La Letrada de la Comunidad de Madrid contesta la demanda y alega que los hechos que se imputan al recurrente están suficientemente tipificados, y que las infracciones se han calificado como leves imponiendo una multa proporcionada. Solicita la desestimación del recurso. TERCERO.- El recurrente en este supuesto no niega los hechos que se imputan, como consecuencia de la denuncia formulada, que según consta en autos, se realizó el 19 de septiembre de 1996, en relación con la reparación de un vehículo de D. Carlos Manuel. Se imputan al recurrente varios hechos, en concreto, 1. No consta presupuesto previo. 2. No consta renuncia al mismo, en las órdenes de reparación. 3. No consta en factura ni en Orden de Reparación la inscripción en el Registro del Taller y 4. No consta en las facturas la duración de la garantía. En primer lugar, respecto a estos hechos, alega el recurrente que los señalados con el nº. 1 y nº 2 son en realidad el mismo, que sería la falta de presupuesto previo. Con carácter general el nº. 6 del art. 34 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores considera infracción en esta materia el incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización, o tipificación, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios. En relación con este precepto general, el Decreto 2/95 regula la actividad industrial y prestación de servicios en talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Este Decreto se refiere en el art. 14 al Presupuesto y resguardo de depósito, y establece en el punto 1 que todo usuario o quien actúe en su nombre tiene derecho a un presupuesto escrito... El precepto detalla los datos que deben contenerse en los presupuestos. Este hecho está en realidad asumido por el recurrente, ahora bien, entiende que no puede además, considerarse infracción la falta de renuncia del presupuesto, puesto que ya se encuentra contemplado el hecho en la falta del mismo. Sin embargo, la regulación es independiente y de hecho se contempla en el punto 5 del art. 14 del Decreto mencionado que la renuncia a la confección del presupuesto se hará constar de forma expresa en el resguardo de depósito, con la frase renuncio a presupuesto, escrita de puño y letra del cliente y la firma de éste. Se trata por tanto de dos hechos distintos, susceptibles de ser sancionados con carácter independiente, puesto que así lo dispone la norma aplicable. De hecho, la renuncia al presupuesto es una circunstancia que debe recogerse expresamente, toda vez que el cliente puede verse sorprendido por una reparación en cuantía muy superior a la esperada, o a la que pudo comentarse con el taller cuando llevó el vehículo para la reparación. No consta en este supuesto la renuncia al presupuesto, y éste es un hecho diferente a la falta del mismo. En cuanto a la infracción señalada como 3, es decir, que no consta en la Orden de Reparación la inscripción en el Registro de Talleres de reparación de vehículos, número que no consta en el resguardo ni en ningún otro lugar, constituye una infracción prevista en el art del Decreto 2/95, que dispone la necesidad de que en todo caso en que el vehículo quede depositado en taller, sea para un presupuesto o sea para reparación, se entregará resguardo acreditativo del depósito, que deberá contener una serie de datos y entre ellos el número de taller en el Registro correspondiente Esta

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