Jornada de reflexión sobre la reforma del Código Penal

Transcripción

1 Jornada de reflexión sobre la reforma del Código Penal Mujeres en el horno es una colectiva de mujeres feministas que desde hace varios años trabaja de manera militante por los derechos sexuales y reproductivos y por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. El nombre de la colectiva da cuenta de la situación de las mujeres a nivel mundial, una situación de desigualdad estructural y de opresión en nuestras sociedades y estados patriarcales hetero-normativos y capitalistas. La militancia social, política y profesional ha permitido que Mujeres en el Horno se consolide como una colectiva feminista reconocida por su práctica en derechos sexuales y reproductivos y su vinculación directa con las experiencias vitales de las mujeres. Además, es constante la participación activa y permanente en espacios de militancia, articulación y colaboración con otras organizaciones e instituciones en defensa de los derechos de las mujeres. Mujeres en el Horno comenzó sus actividades en el año 2008 por la preocupación vinculada al aborto inseguro. Es así que, con el objetivo de difundir los derechos establecidos por ley que contribuían a la disminución de los riesgos vinculados a la clandestinidad de la práctica, se profundizó la relación con operadores de salud e instituciones para construir una base de datos de servicios hacia donde derivar a las mujeres que vivían una situación de embarazo no planificado. Esa experiencia en difusión y asesoramiento de mujeres y conocimiento sobre el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, potenció el diseño del proyecto Línea aborto-información segura y *8843 (Gratis desde los celulares Antel) que a partir de la entrada en vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo del 2012, logró establecerse como una Línea Telefónica de acceso público y gratuito. Su objetivo es brindar información, orientación y contención de mujeres que deciden transitar por la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado o no aceptado. Resumen El aborto en el Código Penal Tal fue la violencia de la rebelión femenina en pro del aborto y la inclinación de la sociedad en pro del control de la natalidad, evidentes en el Uruguay a partir de 1890 que la realidad alcanzó el ámbito de la ley con el nuevo Código Penal de 1934 que despenalizó el aborto bajo la condición única de que se realizara con el consentimiento de la mujer (Barrán, 1995: 110). En el marco del Programa de Apoyo a la Reforma de la Justicia Penal, Mujeres en el Horno, elabora el siguiente documento, el cual tiene por cometido, aportar al debate teórico -político y jurídico, sobre la Reforma del Código Penal desde una perspectiva feminista y humanista. Este documento intenta ser un insumo conceptual, que aporte a la sociedad civil en su conjunto y específicamente a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de 1

2 Representantes, al debate y petición de quita del delito de Aborto del Código Penal Uruguayo, a exentas de que sea sin el consentimiento de la mujer. En esta línea, la exigibilidad, en cuanto al ejercicio de los derechos de las Mujeres, es parte constitutiva de la condición de ciudadanía 1, entendida ésta, como un proceso en construcción, el cual se enmarca en un determinado contexto, social, político y cultural, que para el caso de las mujeres, se ha visto nutrido históricamente, al decir de Rosa Sánchez, por dos grandes movimientos sociales, nacionales e internacionales: el de Derechos Humanos y el Feminismo. Para Mujeres en el Horno, es muy importante participar de este espacio reflexivo sobre el Código Penal Uruguayo. Nuestra aspiración es contribuir a la constitución de una norma con mirada de derechos humanos, que acompañe los avances alcanzados tanto en la legislación nacional como a nivel internacional, específicamente en materia de derechos humanos de las mujeres. Argumentos Generales En los últimos años, la sociedad civil organizada, se ha expresado en relación a la Cuarta Generación de Derechos Humanos, teniendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres un lugar protagónico. En este sentido, Uruguay ha sido pionero en la región con la promulgación de la ley de defensa de la Salud sexual y reproductiva y la ley de interrupción voluntaria del embarazo, entre otras. Bajo esta perspectiva, el ejercicio de la ciudadanía, refiere a la intervención activa de las mujeres y los hombres en la vida pública, se materializa en la participación, propuesta y construcción de nuevos derechos, a la vez que exige condiciones y recursos para ejercer los históricamente logrados. Esta ciudadanía activa, presenta diversos ámbitos de expresión en los escenarios políticos: en lo individual se manifiesta como participación; en el ámbito social, como responsabilidad, solidaridad, cooperación en la esfera público-social; y en el ámbito político, como exigencia, fiscalización y rendición de cuentas de lo público-político, pero además como propuesta, intervención, creación de leyes y de políticas públicas que beneficien a la comunidad (Rosa Sánchez, En: f). En términos generales, retomamos algunas de las recomendaciones realizadas en el documento presentado por las organizaciones sociales, ante el Proyecto de reforma, con relación a: a) carece de perspectiva de género manteniendo el fuerte androcentrismo del código vigente, b) mantiene una mirada androcéntrica que no considera las relaciones desiguales de poder que sustentan los delitos vinculados a las violencias de género, como la violencia sexual o la violencia doméstica, c) subsiste una importante carga discriminatoria hacia la víctima y no se incorporan figuras delictivas adecuadas, d) desconoce los instrumentos internacionales de 1 En este sentido, acordando con la autora, entendemos que: La ciudadanía de las mujeres se construye en movimiento, en la práctica social, en la concreción de derechos, en la deconstrucción de identidades patriarcales que propicien en las mujeres asumirse como sujetas de derechos. La ciudadanía es un proceso histórico en construcción, dialéctico, heterogéneo, que alude a los derechos y responsabilidades de las mujeres y los hombres que pertenecen a una determinada comunidad política; es la posibilidad que tienen los ciudadanos de contribuir en la vida pública de su comunidad, mediante la participación política (Rosa Sánchez). 2

3 derechos humanos ratificados por el país que obligan a armonizar la legislación interna, incluida la legislación penal, e) incorporan una serie de penas alternativas en el Título de las Penas, pero no se establecen las condiciones en las cuales se aplican, a qué delitos, ni el tiempo de duración de las mismas, f) proyecto está omiso nada menos que en relación a un elemento esencial y específico del Derecho penal, la consecuencia jurídica del delito 2. Para nuestra organización es fundamental esbozar algunas reflexiones al debate sobre el Código, apostando a que el Derecho Penal Uruguayo, elabore un instrumento que tenga como fundamento filosófico, jurídico e ideológico, la protección de Derechos Humanos de las personas. Es así que apostamos a que nuestro Código Penal proteja bienes jurídicos como la libertad y la integridad física de la mujer, evitando la criminalización del aborto, protegiendo la autonomía reproductiva. Argumentos específicos con relación al Aborto Nuestra petición y propuesta refiere a la eliminación del delito de aborto del Código Penal siempre que ocurra por voluntad de la mujer. Resulta preocupante que la reforma proyectada pretenda introducir un título de protección de la vida prenatal, agravando la categorización del delito 3. En este sentido entendemos que El Derecho penal ha de estar al servicio de los seres humanos, habrá de proteger intereses reales de éstos, ya estén directamente vinculados a su individualidad -vida, integridad física, libertad sexual, patrimonio- ya se encuentren mediados por instituciones de las que a su vez dependen intereses individuales, como la Administración de Justicia (Ibídem: 5). En esta línea, la política criminal es sobre todo política de los bienes jurídicos. Principales objeciones al proyecto de reforma: a) Concepción Tutelar: En el Proyecto de reforma del Código Penal, predomina la concepción tutelar sobre las mujeres, figura a ser modificada imperativamente a partir de la reciente legislación nacional en la materia no es coherente con la concepción que rige las leyes Nº de salud sexual y reproductiva y Nº sobre aborto. b) Consideraciones sobre el bien jurídico a proteger 4, en este sentido nos referimos (más adelante) a la inclusión del concepto de vida prenatal c) Atenuantes 5 : consideramos que los atenuantes de honor, y aquellas que incluyan intereses de parejas y familia deben ser eliminadas pues refuerzan estereotipos y erróneas imágenes de una mujer tutelada, además de anacrónicos. No debe haber atenuantes en caso que el aborto sea en contra de la voluntad de la mujer. No tienen razón de existencia si el aborto consentido por la mujer deja de ser delito. d) Referirse como título a los delitos contra la persona física y moral del hombre hace constar que no ha sido tomado en cuenta la importancia del lenguaje inclusivo, cuando todos y todas tenemos claro que las palabras no son solo palabras sino que 2 Documento presentado por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Montevideo Uruguay, El sistema penal en Uruguay debe incluir tipos penales no contemplados en la legislación actual ni en la reforma, como la esterilización forzada, inseminación forzada, manipulación del cuerpo de la mujer contra su voluntad y violencia obstétrica; de forma tal de garantizar sus derechos a la salud, integridad física, a no sufrir tortura y a decidir libremente número y espaciamiento de hijos, formas de familia, orientaciones sexuales, identidad de género, derechos que están protegidos por tratados e instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Ibídem. 4 Ibídem. 5 Ibídem. 3

4 implican preconceptos y construcciones culturales; cuando son prejuiciosas y desvalorativas, quienes legislan tienen la obligación de deconstruirlas en la normativa que impulsan e).el desajuste del tratamiento del aborto con la normativa reciente respecto a la interrupción del embarazo. Sin embargo, en el proyecto aparece de modo expreso una disposición que hace referencia a la ley de salud sexual y reproductiva, sugiriendo que fue tenida en cuenta; lo que no fue así (artículo 105). Afirmamos que la práctica del aborto debe ser regulada legalmente para garantizar el acceso a abortos seguros y gratuitos en el marco de los servicios de salud. La efectiva protección de los derechos sexuales y reproductivos es aquella que garantice la capacidad de disfrutar de la sexualidad, de decidir libremente, sin coacción ni violencia, el derecho a diseñar y llevar a cabo el proyecto de vida, protegiendo el derecho a la vida de la mujer que se encuentre transitando un proceso de embarazo no deseado, alcanzando su máxima expresión en el derecho a no morir y a no ser criminalizada o enjuiciada por la interrupción voluntaria del mismo. De esta manera, se vuelve indispensable la creación de leyes y políticas públicas que eliminen todo tipo de barrera u obstáculo existente en relación al acceso a las instituciones y servicios de salud y el acceso a información científica, validada y reconocida por organismos internacionales del área de la salud, protegiendo a las mujeres frente a cualquier forma de violencia institucional, tratos crueles, inhumanos y degradantes y contra toda forma de discriminación ejercida por el personal de la salud, reforzando acciones que permitan garantizar el acceso a la justicia y la debida defensa de sus derechos. La protección del embrión deberá ejercerse de forma gradual a través del cuerpo de la mujer, amparando en primer orden el derecho a la vida y salud de la mujer así como su derecho a auto determinarse, siendo inadmisible todo juicio de valor tendiente a impedir, limitar o condicionar su decisión. EL aborto como delito tiene determinadas características que lo hacen especial en relación al resto de los delitos que, en general, son considerados violatorios a las normas de convivencia en todo el mundo. Sin embargo, el aborto presenta excepciones según la forma, los motivos por el que se comete, el lugar, etc. Nuestra legislación es un claro ejemplo de ello. Es un delito pasible de sanción dependiendo de las circunstancias y procedimientos. La variedad en la concepción del aborto como delito es enorme por lo que entendemos no hay un consenso a nivel mundial sobre tal consideración en forma absoluta. Desde países que no lo incluyen en su legislación penal (Rusia), hasta aquellos que no admiten ningún tipo de excepciones, entendiéndose tal como homicidio (Chile). Así como encontramos esta diversidad normativa, también encontramos situaciones constantes que perviven en los países con legislación restrictiva sobre el poder de decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, salud sexual y vida reproductiva: la clandestinidad de la práctica del aborto, la connivencia social con tal situación, la criminalización de la mujer, etc. En nuestro país el aborto ha estado penalizado hace más de 70 años, (hasta el 2012 eximido bajo determinadas circunstancias.) y esta modalidad, ha fracasado en su intento por impedir el aborto voluntario. Cualquier concepto moralizante que se imponga desde la normativa penal y la penalización cultural, no modifica esta realidad. Ha sido una práctica reconocida y a la vez invisibilizada por toda la sociedad uruguaya. 4

5 Por otro lado, el aborto profundiza la discriminación hacia las mujeres pobres y especialmente las más jóvenes, que históricamente han sido las que más han sufrido las consecuencias del aborto inseguro. Esta situación histórica donde uno de los argumentos a favor de la penalización, era que se transformaría en un método anticonceptivo que agravaría las bajas tasas de natalidad, generalmente se ve desmentida, a nivel mundial, cuando la liberalización de las políticas restrictivas se afianza y la cantidad de abortos no aumenta en función de las estimaciones previas, sobre todo cuando va acompañada de una legislación integral en salud sexual y reproductiva. La inclusión del aborto como delito, contribuye a impedir un proceso de despenalización cultural que afecta a las mujeres directamente. La criminalización de la práctica fundamentada en el corpus legal, expone a las mujeres a situaciones riesgosas, a la revictimización, al maltrato institucional, a la falta de garantías en la calidad de la atención, (ej. no respeto a la confidencialidad). Estas son las consecuencias de la penalización del aborto, no la inhibición de su práctica. En cuanto a la idea de vida prenatal, entendemos que la vida existe en todo lo que nos rodea. No comienza con la concepción. Una célula es vida, un espermatozoide tiene vida, un óvulo tiene vida. Defender el comienzo de la vida desde el momento de la concepción es elegir un momento determinado del proceso de la vida, no el comienzo. El comienzo es inestimable. Qué significa esto? Que defenderlo a pesar de los intereses de la persona refleja una postura filosófica, religiosa, y personal. Para las discusiones jurídicas es necesario que el estado se coloque en un lugar alejado de esas disquisiciones u opiniones. El estado tiene como obligación proteger y garantizar los derechos humanos. Es en este sentido que a partir de la restauración democrática ha progresivamente ratificado acuerdos internacionales que van en esta dirección, y donde los derechos humanos de las mujeres (en consideración a la histórica discriminación que ha sufrido, violencia, etc.) han sido de especial tratamiento (nombrar acuerdos) y la legislación ha intentado acompañar dichos acuerdos. En este sentido, encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos 6 en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 7, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 8 y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 9 la protección del derecho a la vida. Según el orden en el cual han sido mencionados, no se haya prevista dentro de los primeros tres la protección del producto de la concepción como parte de este derecho, siendo únicamente la Convención Americana de Derechos Humanos la que hace mención en su artículo 4.1, estableciendo una protección que será en general desde la concepción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado con respecto al alcance del mencionado artículo en el caso Baby Boy vs Estados Unidos 10,, concluyendo su pronunciamiento sobre el estudio de los trabajos preparatorios de la Convención. Entendiendo que de los mismos se desprende que la disposición en general ha sido introducida en el texto del artículo 4.1 debido a objeciones presentadas por determinados países, con el fin de enmendar la posible colisión que pudiere suscitarse entre la obligación de los Estados de proteger la vida del producto de la concepción y las circunstancias en que esos 6 Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 7 Artículo 6.1 El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 8 Artículo 1 Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 9 Artículo 4.1 Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente 10 CIDH, Caso Baby boy vs. Estados Unidos de América. Resolución 23/81, 6 de marzo de

6 países consideran lícita la interrupción voluntaria de la gestación 116. Esta situación pone de manifiesto que dicha protección no es absoluta. Es por esto que el derecho a la vida, debe enmarcarse en ellos, y consignar que se garantice nunca en detrimento del derecho sobre el propio cuerpo, que solo pueden ejercer las personas, tal cual define el derecho, con capacidad de vida autónoma. Desde Mujeres en el Horno consideramos que el aborto es un derecho reproductivo de las mujeres, razón por la cual interesa que sea eliminado totalmente como delito en el código penal actual, cuando este es realizado con su consentimiento. En caso contrario, cuando se tratare de un aborto practicado sin el consentimiento de la mujer, entendemos que es un delito que debería ubicarse dentro del código penal dentro de los delitos contra la libertad. Exigimos se retire el capítulo de protección de vida prenatal del documento del código en discusión. Actualmente existe una incoherencia entre el código penal que penaliza a las mujeres que se realizan abortos y la legislación actual (Leyes de SSR e IVE) que permiten en determinadas condiciones la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto en Uruguay la práctica de aborto, puede ser catalogada como delito y penalizar a la mujer que realiza el mismo procedimiento si accede a la medicación por fuera del sistema sanitario y sin realizar el procedimiento pautado pero la práctica en sí es la misma. Nos preguntamos cuál es la diferencia entre un procedimiento y otro si uno está permitido actualmente y formando parte de una prestación de salud institucional. Cerrando nuestra exposición queremos citar a Irureta Goyena que en 1932 decía: Sería absurdo que el respeto a la vida se interpretase de tal modo, que valiese más para la justicia la esperanza de una vida que una vida real, y el embrión que evoluciona en el seno materno que la existencia de la propia madre. Mujeres en el Horno Soriano 762. contacto@mujeresenelhorno.org 11 Ibídem, párrafo 25 de los considerandos. 6