EL COBRO DE DEUDAS EN EL REINO UNIDO

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1 EL COBRO DE DEUDAS EN EL REINO UNIDO 1. Introducción al problema 2. Presentación de la solución 3. Procedimiento Judicial 3.1. Inicio del proceso: recomendación de búsqueda de soluciones no contenciosas 3.2. Procedimiento judicial: consideraciones generales 3.3. Fases del proceso judicial de reclamación de deuda dineraria 3.4. Tipos de procedimiento 4. Intereses 5. Ejecución de la sentencia 6. Recuperar dinero de otro país de la Unión Europea 7. El procedimiento de declaración de insolvencia como forma de reclamación de cuantía. 8. Procedimiento de reclamación de deudas online 1

2 1. Introducción al problema Dada la situación económica actual en la que las deudas de particulares y empresas han aumentado exponencialmente, los acreedores tienen menos capacidad y menos garantías para alcanzar el cobro de dichas deudas. Al mismo tiempo, en España destaca la elevada existencia de inversión inmobiliaria por parte de extranjeros. Ello ha supuesto que las entidades bancarias tengan cada vez más problemas para cobrar hipotecas y préstamos. El problema se acentúa cuando estos deudores son personas extranjeras que no disponen de bienes fácilmente ejecutables en España, siendo titulares únicamente de bienes inmuebles en el Reino Unido. Las dificultades con las que se enfrentan las entidades bancarias a la hora de realizar los cobros de deudas con personas extranjeras (en la mayoría de los casos esos deudores no trabajan ni residen en España) provocan, que la única posibilidad factible para el cobro de la deuda sea la ejecución de los inmuebles que los deudores puedan tener en España. Este proceso de ejecución suele ser largo y costoso, y una vez realizado, las entidades bancarias se encuentran con bienes inmuebles cuyo valor de mercado no cubre la totalidad de la deuda que tiene el cliente. Por lo tanto, la opción de ejecutar el bien inmueble que el cliente extranjero tenga en España no puede ser la única debido a la complejidad del proceso de ejecución y a que esto no supone una solución a la falta de liquidez a corto plazo. En este marco es en el que proponemos una solución adecuada al tan extendido problema con el que se enfrentan las entidades bancarias en estos momentos. 2. Presentación de la solución Para ofrecer una solución adecuada a este problema hay que tener en cuenta varios factores: - Muchos de estos inversores tienen nacionalidad y residencia británica. - Estos inversores/deudores no disponen en España de cuentas bancarias con las que sus acreedores puedan ejecutar con facilidad las deudas pendientes. Mientras que en el Reino Unido 2

3 sí disponen de cuentas corrientes y otros bienes muebles de fácil ejecución, además de más bienes inmuebles. - Es difícil tener acceso a la información financiera global de los deudores extranjeros dadas las restricciones legislativas existentes y debido a que el coste de las actuaciones judiciales se ve incrementado cuando se tiene que demandar en el extranjero. Es por ello que, optar por utilizar los servicios de una empresa sita en Reino Unido, especializada en la reclamación de deudas, es la alternativa mas ágil, práctica y menos costosa para los acreedores cuyos deudores tengan residencia o bienes en el Reino Unido. En este contexto presentamos el procedimiento de reclamación de deudas en Reino Unido, que es la vía que ofrece la legislación inglesa para la pronta recuperación de deudas dinerarias. Como introducción a este procedimiento, podemos decir que, a diferencia del sistema español, en Reino Unido este procedimiento está informatizado, por lo que su gestión y trámite se realiza de una forma mucho más ágil y sencilla. Hecha esta breve introducción, pasamos a analizar con más detalle el proceso de cobro de deudas que ofrece la legislación inglesa, para aportar al lector una visión más concreta del sistema. Dependiendo de la cuantía que se pretenda recuperar, el sistema Inglés determina una serie de procedimientos, plazos y tribunales competentes (aunque hay que destacar que en el Norte de Irlanda y Escocia estos procedimientos pueden variar). - Para sumas que no sobrepasen las 100,000 libras, el procedimiento se puede realizar de forma virtual a través de la página Web de HM Court Service. Destacar que este procedimiento online no se puede llevar a cabo en Escocia. Y que en el Norte de Irlanda se realiza a través del llamado Small Claims Court. - Para sumas inferiores a 5,000 libras existe un procedimiento sencillo y rápido a través de los Juzgados locales (lcounty ourts), para los que no es preceptiva la asistencia de abogado. En Escocia, este procedimiento es competencia del Sheriff Court. Destacar, en este caso, que este importe máximo (5,000 libras) difiere en el Norte de Irlanda. - Para las deudas de entre 5,000 y 25,000 libras, es necesario acudir al llamado County Court, mientras que para las deudas superiores a libras habrá que acudir al High Court. 3

4 Para el inicio de todos estos procedimientos se recomienda la asistencia de abogado. En Escocia, el procedimiento para la reclamación de deudas superiores a 5,000 libras se insta mediante una acción de causa ordinaria (ordinary cause actions), siendo necesario acudir al Court of Session en Edimburgo si el caso es particularmente complejo y largo. 3. Procedimiento judicial Antes de iniciar el procedimiento judicial es obligatorio ofrecer un acuerdo a la parte deudora. Con este intento conciliatorio la legislación inglesa pretende evitar el inicio de procedimientos innecesarios. Además, cabe destacar, que los intentos conciliatorios pueden llevar a una más pronta recuperación de la deuda. El no ofrecimiento de acuerdo por parte del actor, tiene como consecuencia que el mismo deba asumir las costas aunque la resolución le sea favorable. Así mismo es de destacar que la cultura del ciudadano británico, en contraposición a la del ciudadano español, es mucho más receptiva a la amenaza de ser reclamado por la vía judicial, en gran parte por su propia idiosincrasia, y en otra gran medida por la contundencia, celeridad y condiciones punitivas que se desprende del procedimiento judicial inglés, tanto en sede de reclamación de cantidad ordinaria, como en sede de declaración de insolvencia Inicio del proceso: recomendación de búsqueda de soluciones no contenciosas El primer paso hacia la reclamación judicial es decidir si la misma es aconsejable o no. Debe tenerse en cuenta que antes de iniciar el procedimiento judicial, se recomienda reclamar la deuda mediante vías no contenciosas. Existen otros medios alternativos a la pura reclamación judicial aunque los mismos tienen que ser aceptados por las dos partes. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: a) Mediación b) Negociación c) Arbitraje También es importante considerar las oportunidades de éxito que se tienen frente al deudor. Y es que, a pesar de que exista el derecho a recuperar el dinero y de tener prueba de ello, si se 4

5 tiene conocimiento de que la situación económica y financiera del deudor es grave (situación de concurso, bancarrota, falta de bienes para poder ejecutar) es preferible no acudir a la vía judicial. Ya que aunque se obtenga una resolución favorable, ésta no va a poder ejecutarse o de poderse ejecutar lo será con mucha dificultad. Tanto si la persona es física como jurídica se podrán hacer búsquedas registrales bien con el nombre completo, bien con la dirección de su domicilio si se tiene este último y averiguar la situación patrimonial antes de iniciar reclamación alguna. Así mismo existen empresas especializadas en obtención de dicha información a las que se puede instruir como último recurso. Nuestros honorarios por llevara a cabo ésta investigación previa es de 205. Nuestros honorarios por llevar a cabo ésta primera reclamación formal previa (pre-action letter) anunciando acudir a la vía judicial de no recibir respuesta satisfactoria (pago de la deuda, proposición de calendarios de pagos, etc ) es de 575. Recordamos que las costas arriba indicadas son recuperables solicitando al demandado su pago Procedimiento judicial: consideraciones generales Acudir finalmente a la vía judicial va a suponer para el acreedor una serie de gastos que exponemos a continuación: - i.) Costas judiciales a pagar por instar la demanda o reclamación judicial (que se deberán pagar por adelantado) y que variarán según la cuantía (incluyendo interés) y forma de reclamación como se indica en la tabla adjunta. (Pág. 2 Adjunto PDF Costas UK). - ii.) Costas judiciales a pagar por ambas partes para impulsar el proceso: 5

6 - Alojamiento del caso: Para procedimiento Small Track por encima de 1, Para procedimiento Fast Track y Multi Track Cuestiones prejudiciales y vistas: - Otros: (Pág. 4 Adjunto PDF Costas UK). - Apelaciones: (Pág. 5 Adjunto PDF Costas UK). (Pág. 5 Adjunto PDF Costas UK). - iii.) Procedimientos de insolvencia (Pág. 6 Adjunto PDF Costas UK). - iv.) Miscelánea: (Pág. 7 Adjunto PDF Costas UK). - v.) Determinación de costas: (Pág. 8 Adjunto PDF Costas UK). - vi.) Procedimientos de ejecución: (Pág. 8 y 9 Adjunto PDF Costas UK). - En caso de ganar en vía judicial se tiene derecho a la devolución de las costas judiciales y de los gastos ocasionados (entre otros, la asistencia legal). Pero hay que tener en cuenta que aunque se gane el caso, si no se ha propuesto al deudor un acuerdo previo, no se tendrá derecho a esta devolución. 6

7 En cuanto a las costas legales, esto es, lo que sería nuestra intervención, para el Small Claims Track éstas se ven limitadas de forma estatutaria (por ley), como sigue: un máximo de 260 por la asistencia legal, en el caso de que la reclamación judicial incluya una solicitud de medidas cautelares. un máximo de 50 por día en concepto de dietas y alojamiento. Si bien no sería por lo tanto posible recuperar más de lo que marcan dichos límites para el Small Claims Track, para el Fast y Multi Track, en donde sí se entiende necesaria la asistencia letrada, no hay limitación estatutaria como en el anterior caso, quedando a la discreción del juez el determinar la cuantía de dichas costas, tras escuchar a la parte a la que le han sido concedidas (award of costs). En caso de que el actor no consiga una resolución que le sea favorable deberá hacerse cargo de sus gastos y costas judiciales y con toda probabilidad con las costas de la parte contraria. Es necesario destacar sin embargo el importantísimo rol que juegan las ofertas y contraofertas dentro del marco de la regulación PART 36, por las que - en síntesis - se puede llegar a ganar una reclamación y sin embargo ser condenado en el pago de las costas del oponente, al no haber sido capaz de superar en juicio la oferta que la contraparte pudiera haber realizado fuera del procedimiento con anterioridad Fases del proceso judicial de reclamación de deuda dineraria La presentación de la reclamación se hará ante el County Court o ante el High Court, dependiendo de la cuantía reclamada y de la complejidad del asunto. Así, cuando la cuantía de la deuda supere las libras o se trate de un caso complejo, el tribunal competente será el High Court. El inicio del procedimiento viene dado con la preparación del escrito de reclamación N1 y su presentación ante el Juzgado competente. Para ello, serán necesarios los datos del reclamante/acreedor y del deudor, así como la dirección completa de ambos. En el caso de que el actor sea asistido por abogado en el proceso, tendrá derecho a añadir los gastos que ello le 7

8 suponga a las costas judiciales. Además, todos los intereses que se hayan devengado desde la presentación del formulario N1 serán incluidos como objeto de la reclamación. Al presentar el formulario de reclamación es necesario adjuntar toda la documentación que el acreedor tenga para probar la existencia de la deuda, ya que estas pruebas documentales serán las que determinen el fallo del juez que decida sobre el asunto. El demandado dispondrá inicialmente de un plazo de 14 días para contestar a la reclamación, pudiendo solicitar prolongar dicho plazo 14 días más. En todo caso, el plazo máximo para contestar será de 28 días. Las posibles conductas que puede adoptar el demandando son las siguientes: - No contestar - Pagar la cantidad reclamada - Admitir la reclamación y pedir un plazo para pagar la deuda - Contestar a la reclamación - Contestar y oponerse parcialmente a la reclamación, y pagar una parte de la deuda. - Contestar y oponerse parcialmente a la reclamación, y solicitar un plazo para pagar la otra parte de la cantidad reclamada. - Reconvenir Por lo general, la mayor parte de los demandados adopta una actitud pasiva (no contestan a la reclamación) o pagan la deuda, lo que supone que el proceso sea de muy corta duración. En el caso de que el demandado/deudor decida contestar y reconvenir la reclamación, el juzgado enviará un cuestionario de contestación al demandante, en el que se solicitan una serie de datos acerca de la reclamación y donde se ofrece, asimismo, la opción de llegar a un acuerdo mediante la mediación. En ocasiones el juez emite una resolución sin oír a las partes, ya sea por la de existencia de prueba documental suficiente, o por que no exista ninguna evidencia sobre la existencia de la deuda. También es posible que el juez decida que tenga lugar una audiencia preliminar, si el caso lo requiere (por ejemplo, para asegurar el derecho de defensa del demandado). En Escocia, la audiencia preliminar tendrá lugar siempre que la persona demandada se oponga a la reclamación, se cuestione la competencia del tribunal para conocer del caso o si el demandado quiere realizar una oferta de pago de la deuda. 8

9 1) Demandado en rebeldía En el caso de que el deudor no conteste a la reclamación, el actor/acreedor puede solicitar una resolución judicial. Estas resoluciones son en la mayoría de los casos favorables al actor. Sin embargo, en cualquier caso, si el demandado, ante dicha solicitud puede aparecer en juicio y solicitar que dicho auto a favor del demandante se anule, y que se continúe el proceso esta vez ya con su presencia. 2) Contestación del demandado Si el demandado contestara a la reclamación, el proceso desembocaría en juicio donde ambas partes serán oídas y se dictará sentencia. El juzgado competente para el conocimiento de dicho juicio será el juzgado local que corresponda según la residencia del demandado. De cualquier forma, y en atención a la voluntad conciliadora del sistema, antes de emitir sentencia, el juez siempre intentará que las partes lleguen a un acuerdo Tipos de procedimiento A) Los Small Claims Ttrack Son procedimientos que destacan por su agilidad y son los utilizados para los casos de reclamación de una cuantía inferior a 5,000 libras (esta cuantía varía en los procedimientos llevados a cabo en Irlanda del Norte y Escocia). Además, se caracterizan por lo siguiente: - las pruebas normalmente no se aportan bajo juramento, esto es, no es necesario hacer una declaración formal (statement). - no es necesaria la asistencia de abogado - hay limitaciones en cuanto a los gastos que se pueden incluir como gastos judiciales - la participación del juez es más activa - hay un servicio de mediación a disposición de las partes, aunque la mediación es en cualquier caso voluntaria. - en caso de que alguna de las partes solicite audiencia frente al juez, la misma deberá ser abonada por las partes. Pero en el caso de que en el seno del proceso se inicie la mediación, si más tarde tiene lugar una audiencia con el juez, el pago de la misma será reembolsado. 9

10 B) El fast track Es el procedimiento utilizado en aquellas reclamaciones de cuantías de entre 5,000 y 25,000 libras. C) El multi-track Es el procedimiento que se debe utilizar para la reclamación de cuantías superiores a 25,000 libras y también para aquellos casos de compleja configuración. Ambos procesos se caracterizan por lo siguiente: - son de más larga duración que el small claims track - constan de más formalismos - siempre se dará el trámite de audiencia ante el juez - es obligatoria la asistencia de abogado para ambas partes - todos los gastos que se produzcan durante el proceso se pueden incluir en las costas Nuestros honorarios para esta fase serían de 100 a 500 para cuantías encuadradas en el procedimiento de Small Claims, de 500 a 3,500 para cuantías encuadradas en el procedimiento de Fast Track y de 5,000 a un máximo del 10% de la cuantía a recuperar para cuantías encuadradas en el procedimiento de Multi Track Asimismo habría en determinados casos y en función de la cuantía o corte ante la que se presenta el procedimiento (High Court) los gastos del barrister. Recordamos que las costas arriba indicadas son recuperables solicitando al demandado su pago. 4. Intereses 10

11 Es posible la inclusión de los intereses devengados en la cuantía de la deuda que se reclama. Pero sólo es posible incluir un tipo de los siguientes intereses: A) Intereses contemplados en un contrato, que tiene prevalencia sobre el resto de tipos de clases de intereses. B) Intereses legales para deudas comerciales Este tipo de interés es el que se puede reclamar para las deudas comerciales, en atención al Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act Actualmente, y según establece periódicamente el Banco de Inglaterra, el interés legal es del 8% anual. Este interés puede ser reclamado de manera independiente, incluso después de haber cobrado la deuda, durante un plazo máximo de 6 años en Inglaterra y Gales. El interés legal para deudas comerciales es aplicable a la suma de la deuda a partir de los 30 días desde que la deuda principal es exigible y puede modificarse o establecerse su no aplicación por vía contractual. C) Intereses reclamados en el formulario con el que tiene inicio el procedimiento de cobro de deudas (8%). Este tipo de interés solo se aplica si el caso se gana o no se contesta por el demandado. Los intereses se empiezan a aplicar desde el momento en que la deuda es exigible hasta la fecha de la resolución judicial. Si el deudor decide pagar antes de que se dicte sentencia y se lleve a cabo el juicio, los intereses se aplicarán hasta dicho momento. Aunque en determinados casos los intereses pueden seguir aplicándose incluso después de haberse dictado sentencia. En Escocia, los intereses se aplican desde que se interpone la reclamación hasta el momento del pago. En referencia a todos los tipos de intereses expuestos, además de los mismos, es posible cargar al deudor los gastos que su demora en el pago hayan podido causar al acreedor. Los posibles gastos a incluir están limitados y se reflejan en la siguiente tabla: Importe de la deuda Gastos de cobro de intereses que se pueden cargar Hasta ,000-9,

12 10,000 o más Ejecución de la sentencia En caso de obtener una resolución judicial favorable a la reclamación de cantidad, es posible que aún así el deudor no pague voluntariamente la deuda, con lo cual será necesario instar la ejecución de la sentencia. Al instar la ejecución de la misma, el deudor va a quedar registrado durante un plazo de 6 años como moroso (dicha información estará a disposición de bancos y entidades financieras). Antes de instar este procedimiento, es importante comprobar la solvencia del deudor. Ello se hará mediante una orden judicial que nos va a facilitar dicha información. Con posterioridad, se podrá optar por uno de los siguientes medios de ejecución que prevé la legislación inglesa (en caso de que existan bienes sobre los que ejecutar la sentencia): a) Alguacil: mediante este sistema se autoriza a una persona para disponer de los bienes del ejecutado con el fin de recuperar el dinero que conforma la deuda. b) Orden de ejecución: mediante este sistema se autoriza un embargo de los bienes del ejecutado, que van a ser consignados en el Juzgado durante un tiempo determinado. Pasado este tiempo, serán embargados para obtener dinero líquido con el que pagar la deuda y los gastos judiciales que ha provocado la ejecución. c) Embargo de salario: el juez determina en este caso el embargo y la deducción de una parte del salario o pensión del deudor. Aquí es importante por tanto tener presente si se conoce la identidad del empleador. d) Embargo de cuentas: el juez ordenará el embargo de una parte o la totalidad de las cuentas que tenga el deudor, para prevenir la transferencia de dichos fondos y hasta el momento en que el juez decida que se pague al acreedor. Aquí es importante por tanto tener presente si se conocen cuáles son los datos bancarios del deudor. En muchos casos esa información es fácilmente obtenible de transacciones bancarias que hubieran sido realizadas con anterioridad por el deudor al acreedor o simplemente de la copia de algún cheque girado por el deudor en el pasado, del que se puedan desprender los datos de la cuenta bancaria desde la que el cheque 12

13 fue girado. En cualquier caso es posible requerir al juzgado y solicitar que obligue al deudor a facilitar esta información. e) Cargas: el juez ordenará el establecimiento de cargas en alguno de los bienes del deudor, ya sean bienes inmuebles o cuentas corrientes. Ello no impide al deudor poder vender la propiedad, pero en caso de hacerlo, deberá pagar primero la deuda. f) Solicitar el llamado receiver : si ninguno de los anteriores sistemas parece viable para poder recuperar el dinero, es posible solicitar al Juzgado el nombramiento de un receiver, que es la persona encargada de recaudar dinero del deudor. g) Instar la quiebra del deudor. En caso de que el deudor sea solvente, como último recurso, es posible solicitar la quiebra del mismo. Hay que destacar que puede que existan otras deudas con preferencia a la que el acreedor pretenda ejecutar. Nuestros honorarios para esta fase se calcularían según el tiempo incurrido a razón de nuestra hora de trabajo, que actualmente se encuentra tasada en 270. A estos honorarios lógicamente habría que añadir las costas judiciales indicadas según el caso que sea de los arriba descritos. Asimismo habría en determinados casos y en función de la cuantía o corte ante la que se presenta el procedimiento (High Court) los gastos del barrister. Recordamos que las costas arriba indicadas son recuperables solicitando al demandado su pago. 6. Recuperar dinero de otro país de la Unión Europea. REGLAMENTO (CE) No 44/2001 DEL CONSEJO de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. En 13

14 Cuando estemos ante una deuda intracomunitaria, en la cual deudor y acreedor tienen sus domicilios situados en el ámbito europeo, gracias al Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, en vigor desde el 1 de marzo de 2002, el procedimiento de reconocimiento y ejecución de sentencias y otros títulos ejecutivos extranjeros es aún más ágil que bajo el régimen anterior. Norma general en materia de competencia judicial El principio fundamental es que la jurisdicción competente es la del Estado miembro donde el demandado tiene establecido su domicilio, cualquiera que sea su nacionalidad. La determinación del domicilio se efectúa en función de la ley del Estado miembro del tribunal competente. Cuando una parte no tiene un domicilio en el Estado miembro cuyos tribunales conocen del asunto, para determinar si dicha persona tiene un domicilio en otro Estado miembro, el juez deberá aplicar su legislación interna. Para las personas jurídicas y las sociedades el domicilio se define en función del lugar en que se encuentra su domicilio social, su administración central o su establecimiento principal. Para los grupos, el domicilio es definido por el juez del Estado miembro cuyo tribunal conoce del asunto; el juez aplica las normas de su Derecho internacional privado * (artículo 60 III). Atraer al demandado a otro Estado miembro A pesar del principio básico de que el tribunal competente es el del Estado miembro donde está domiciliado el demandado, este último puede ser llevado ante los tribunales de otro Estado miembro; ello ocurre en el marco de las competencias enumeradas por el Reglamento: competencia especial, competencia en materia de seguros, contratos de consumo, contratos de trabajo individuales y competencias exclusivas. El Reglamento prevé competencias exclusivas de los tribunales sin consideración del domicilio en los casos de: derechos reales inmobiliarios y contratos de arrendamientos de bienes inmuebles (es competente el tribunal del Estado miembro donde está situado el inmueble); validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas o las decisiones de sus órganos (el tribunal donde tiene la sede la persona jurídica); 14

15 validez de las inscripciones en los registros públicos (el tribunal del Estado miembro donde se encuentra el registro); inscripción o validez de patentes, marcas, diseños y modelos o derechos análogos (los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se efectuó el depósito o registro con arreglo a un instrumento comunitario o algún convenio internacional); ejecución). ejecución de resoluciones judiciales (los tribunales del Estado miembro del lugar de Cuando por lo menos una de las partes tenga su domicilio en el territorio comunitario y hayan acordado un convenio que estipule un acuerdo de elección del fuero en caso de litigio, serán competentes los tribunales determinados por las partes. El Reglamento prevé varios trámites respecto a dicho convenio atributivo de jurisdicción: debe concluirse por escrito o de tal forma que se ajuste a las prácticas habituales entre las partes o de una forma conforme a los usos del comercio internacional y conocida de las partes. Del mismo modo, están previstas normas en materia de codefensores, obligaciones de garantía, intervención de terceros o demanda reconvencional, así como en el caso de una acción contractual anexa a una acción en materia de derechos reales inmobiliarios. El Reglamento prevé también un mecanismo de litispendencia y conexión. Reconocimiento y ejecución Las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro son reconocidas en los otros Estados miembros, sin que sea necesario recurrir a un procedimiento complementario. El Reglamento entiende por «resolución» cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como: auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución. La decisión extranjera no puede nunca ser objeto de una revisión de fondo. Una resolución no será reconocida si: el reconocimiento fuera manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido; 15

16 la cédula de emplazamiento del procedimiento no se hubiera notificado con tiempo suficiente al demandado para que pueda defenderse; es inconciliable con una decisión dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido; es inconciliable con una resolución dictada anteriormente en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tiene el mismo objeto y la misma causa. Un tribunal puede suspender el procedimiento si una resolución dictada en otro Estado miembro fuere objeto de un recurso ordinario. Las resoluciones se ejecutan en otro Estado miembro después de haber sido declaradas allí ejecutorias a instancia de cualquier parte interesada. Las partes pueden interponer un recurso contra la decisión relativa a la solicitud de declaración que constata la fuerza ejecutoria. Para el caso que nos ocupa, estas son las principales novedades y sus ventajas prácticas: Documentos El solicitante debe presentar ante el tribunal requerido la correspondiente solicitud o demanda de reconocimiento y ejecución, junto con los siguientes documentos anexos: - Una copia auténtica del título ejecutivo; puede tratarse de una sentencia o de otra resolución judicial, de un título no judicial (por ejemplo un documento notarial), o de un documento de transacción judicial. - Una certificación utilizando el formulario estándar del Anexo V del Reglamento para títulos judiciales o del Anexo VI para títulos no judiciales. Dicho formulario, que debe ser rellenado por el tribunal o autoridad requirente, contiene todas las informaciones que necesitará el tribunal requerido. Este sistema de formularios únicos establecido por el Reglamento simplifica realmente los trámites y evita las dificultades causadas por las divergencias formales existentes entre los diferentes regímenes jurídicos nacionales. 16

17 - Un poder si las leyes del Estado requerido lo exigen. Es el caso por ejemplo de España, pero no en otros países como el Reino Unido donde, en cambio, en los procedimientos de reconocimiento y ejecución, basta con una simple designación de domicilio del demandado en el territorio del tribunal requerido. Traducción jurada de los documentos redactados en lengua extranjera, si el tribunal lo exige. Desde el punto de vista práctico, vale la pena presentarla ya junto con el escrito de solicitud o demanda. Con respecto a todos los documentos extranjeros, tal como venía ya establecido en el Convenio de Bruselas, no se requiere ninguna legalización o trámite análogo, por lo que no es exigible la Apostilla del Convenio de La Haya. Carácter ejecutivo y notificación del título El Convenio de Bruselas exigía la presentación, ante el tribunal requerido, de documentos que acreditaran el carácter ejecutivo y la notificación al demandado de la sentencia u otro título extranjero en cuestión. El Reglamento modifica estas exigencias. En efecto, el carácter ejecutivo del título queda ya incluido en la certificación del Anexo V (o en su caso VI) antes mencionada. Y, si la sentencia u otro título todavía no ha sido notificado al demandado, puede serlo al mismo tiempo que la resolución del tribunal requerido, adjuntándose a ésta. Demandado en rebeldía Para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras dictadas contra un demandado en rebeldía, bajo el Convenio de Bruselas se requería que el documento que dio inicio al procedimiento principal o documento equivalente hubiera sido notificado al demandado de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse, y se exigía que ello fuera acreditado mediante la presentación del original o de una copia auténtica de dicho documento. 17

18 El Reglamento introduce dos modificaciones al respecto. En primer lugar, sustituye la exigencia de presentación de tal documento por la sola manifestación de la autoridad requirente en la antes citada certificación del Anexo V ó VI. Y, en segundo lugar, establece que, a falta de dicha notificación, puede ejecutarse igualmente la sentencia si el demandado condenado en rebeldía tuvo la oportunidad de recurrir contra la misma y no lo hizo. En la práctica, estas modificaciones, sin renunciar a la protección frente a una eventual indefensión, permiten en numerosos casos superar las dificultades o incluso la imposibilidad de reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas contra un demandado en rebeldía. Orden público Para que el reconocimiento de un título extranjero que cumple todos los requisitos pueda ser rechazado, deberá ser no sólo "contrario" (Convenio de Bruselas) sino "manifiestamente contrario" (Reglamento) al orden público del Estado requerido. A mayor abundamiento, según la jurisprudencia mayoritaria, el concepto jurídico indeterminado de "orden público" debe ser interpretado de forma restrictiva, de manera que sólo excepcionalmente puede servir como fundamento de rechazo del reconocimiento de un título ejecutivo extranjero. Procedimiento El Reglamento mantiene esencialmente el mismo procedimiento de reconocimiento y ejecución que el Convenio de Bruselas. Así, una vez presentados la solicitud o demanda y los documentos anexos, el tribunal requerido debe comprobar el cumplimiento de todos los requisitos e inaudita parte y sin entrar en el fondo del asunto, dictar ("en breve plazo" según el Convenio, "inmediatamente (...) una vez cumplidas las formalidades" según el Reglamento) su resolución afirmativa (o en su caso negativa) relativa al reconocimiento y ejecución del título extranjero. Dicha resolución debe ser notificada a las partes, las cuales podrán eventualmente interponer recursos contra la misma. 18

19 En este sentido, en el Reino Unido prevé una especialidad en el procedimiento de ejecución de sentencias extranjeras (Art. 38.2), por la que es necesario el previo registro de la solicitud de ejecución. La resolución sobre la solicitud de ejecución podrá ser recurrida por cualquiera de las partes. Pero en cualquier caso, sólo podrá ser recurrida por motivos formales y nunca se podrá entrar en la revisión del fondo de la resolución a ejecutar. El recurso se sustanciará según las normas que rigen el procedimiento contradictorio. Por lo que sólo en este caso, la parte que va a ser ejecutada si recurre la resolución de ejecución, podrá ser escuchada por el tribunal. De lo contrario la ejecución se llevará a cabo inaudita parte si bien la ejecución podría no prosperar si el juez conisdera no acreditada la comunicación de la demanda dictada por el ribunal de origen. Nuestros honorarios para el caso de que se nos instruyera la ejecución de la sentencia extranjera en el Reino Unido en atención a esta normativa, serían de 100 a 500 para cuantías encuadradas en el procedimiento de Small Claims, de 500 a 3,500 para cuantías encuadradas en el procedimiento de Fast Track y de 5,000 a un máximo del 10% de la cuantía a recuperar para cuantías encuadradas en el procedimiento de Multi Track. A estos honorarios no habría que añadir costas judiciales de ningún tipo ya que el reglamento específicamente lo prohíbe, si bien en caso de litigio sí que habría que añadir los costes del barrister. Además habrá que tener en cuenta los gastos de traducción de la sentencia. Normas de competencia, tribunales competentes y recursos Las listas de normas de competencia nacionales, de tribunales competentes y de recursos susceptibles de ser interpuestos pueden ser fácilmente consultadas en los Anexos I a IV del Reglamento. Competencia territorial 19

20 El Convenio de Bruselas establecía que la competencia territorial venía determinada por el domicilio del demandado o, si éste no estaba domiciliado en el Estado requerido, entonces por el lugar de la ejecución. En este ámbito el Reglamento nos aporta asimismo ventajas, al establecer simplemente que la competencia territorial vendrá determinada por el domicilio del demandado o por el lugar de la ejecución. Conclusión Las novedades introducidas por el Reglamento 44/2001 constituyen pues desde el punto de vista práctico, con respecto al Convenio de Bruselas de 1968, medidas muy favorables al reconocimiento y ejecución efectiva de las sentencias y otros títulos ejecutivos extranjeros, por lo que se hace cada vez más difícil para los deudores el escapar de la justicia civil y mercantil en la Unión Europea. Es sin embargo de capital importancia realizar las notificaciones arriba menicnads de forma oportuna para evitar que la ejecución sea denegada por dicha causa. (Arts. 34, 43.4 y 26.2 a 4). 7. El procedimiento de declaración de insolvencia como forma de reclamación de cuantía. Las Statutory Demands. Una alternativa al inicio del procedimiento judicial por la vía ordinaria, es instar el concurso de acreedores o la bancarrota del deudor. El concurso o winding-up se refiere a las empresas o sociedades, mientras que la bancarrota o bankruptcy se aplica a particulares. Como paso previo, la legislación inglesa prevé la solicitud de un informe sobre la situación financiera del deudor. Esta información va a determinar si es necesario acudir al procedimiento judicial para poder recuperar la deuda o si más bien es preferible instar el concurso de acreedores directamente. Hay que tener en cuenta que la quiebra como es lógico tampoco garantiza el cobro efectivo de la deuda, ya que junto con nuestra deuda, coexisten otras, que pueden tener prioridad sobre la nuestra. En otros casos, puede que sólo se recupere un porcentaje de la deuda (en caso de que el patrimonio del deudor no llegue a cubrir todas sus deudas). En este último 20

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