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1 Revista del Consejo General de la Abogacía N 0 79 Mayo Colegios de Abogados Indispensables para la Justicia y la Sociedad Tasas: Nuevos recursos del Consejo, el PSOE y la Junta de Andalucía La controvertida propuesta de reforma del Registro Civil

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3 Carta del editor Escuchen, negocien y no aplasten La función legislativa sigue siendo fundamental en un Estado de Derecho. La Ley, que es la norma que ordena la convivencia, encarna el mandato democrático del legislador, expresión de la voluntad del pueblo. Pero para que las leyes pervivan, sean eficaces, se apliquen adecuadamente y, a la postre, sirvan al fin pretendido de alcanzar la Justicia, necesitan no sólo, en un primer momento, de los votos de la mayoría de los diputados, sino, y lo que es más importante, y una vez se promulgan, del respaldo popular, del consenso, que es fruto del debate sosegado en la sociedad y en el Parlamento, de la aceptación de las enmiendas y aportaciones que pueden mejorarla y del respeto a todos los agentes implicados en la materia que es objeto de la regulación. Las leyes son para facilitar la convivencia y para solucionar problemas reales. Nunca para el enfrentamiento o para crear problemas artificiales. Y aunque parezca un asunto menor, en todo momento, pero especialmente en situaciones de crisis, necesitan de una memoria económica que avale la viabilidad de esas reformas que se emprenden. En los últimos tiempos, algunas de estas premisas, tal vez demasiadas, no se están cumpliendo. Se hurta el imprescindible debate parlamentario, no se escuchan ni atienden las aportaciones sociales, se olvidan o se eluden (que no se sabe qué es peor) los planteamientos económicos; y el resultado es preocupante porque deja indefensa a la mayor parte de la sociedad. En el terreno que afecta de forma plena a nuestra profesión y a su función social, pero también de lleno a la sociedad, ha sucedido con la Ley de Tasas y con la de Asistencia Jurídica Gratuita y está pasando con la Ley de Servicios Profesionales, cuya paternidad ha sido negada por sus responsables hasta que no han tenido más remedio que aceptarla. Pero lo mismo podríamos decir de tantas otras reformas que afectan a la Justicia española y que, para pervivir y ser eficientes para los ciudadanos, necesitan un amplio consenso con los demás partidos y con los operadores jurídicos, los más interesados -de verdad- en que la Justicia funcione (aunque parece que aún hay quien lo pretende ignorar). En algún caso, como la Ley de Tasas, aunque el Gobierno se ha visto obligado a rectificar por la intensa protesta social, la rectificación con la colaboración necesaria del Defensor del Pueblo- ha sido tan insuficiente que no ha servido para nada. Pero miles de ciudadanos han visto ya obstaculizado, y en muchos casos impedido, su derecho a acudir a la Justicia para defender sus derechos. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, una vez implantadas las tasas, duerme en algún cajón de no se sabe dónde. Y la Ley de Servicios Profesionales amenaza con la desaparición de muchos Colegios de Abogados, que no cuestan un euro a las Administraciones Públicas ni a los ciudadanos, pero que cumplen una importante e insustituible labor social. También amenaza con segregar en dos las actividades propias de la Abogacía para crear nuevas profesiones, limitando la colegiación obligatoria sólo para quienes actúen ante los tribunales y eximiendo de cualquier control deontólogico a muchos abogados. Finalmente se amenaza con la eliminación del examen de acceso a la Abogacía, la mejor garantía para los ciudadanos sobre la calidad de la preparación de los abogados que les van a atender y asumen la defensa de sus intereses. El desamparo del ciudadano va a ser evidente, y sin que esa pretendida reforma mejore en ningún caso la actividad económica nacional, bajando los precios o creando nuevos puestos de trabajo. Muy al contrario, puede reducir el empleo en el sector en una cifra alarmante y también los servicios que los Colegios de Abogados prestan hoy a los ciudadanos con cercanía y calidad contrastada, en muchos casos con cargo exclusivamente a las cuotas de sus colegiados. La Abogacía nunca ha puesto barreras al ejercicio profesional y la existencia de más de abogados en libre competencia en su ejercicio profesional así lo demuestra. Pero sea como sea este asunto, lo más preocupante es la falta de diálogo con los principales afectados. Desde el Consejo General de la Abogacía Española defendemos el mantenimiento de la actual estructura, con los 83 Colegios de Abogados, la colegiación obligatoria como garantía y exigencia deontológica y el mantenimiento del máster y el examen de acceso eliminar éste y dejar el curso sería otra burla inclasificable- que aseguran al ciudadano que el abogado que le defiende está adecuadamente preparado para hacerlo. Así pues, una recomendación final al Gobierno y al poder legislativo: escuchen y consulten, negocien y no aplasten. Sobre todo si nadie va a ganar realmente nada y sí pueden perder los ciudadanos. l Mayo 2013_Abogados_

4 cartas al director Presidente Jesús López-Arenas González Consejo Editorial Mariano Durán Lalaguna Silvia Giménez-Salinas i Colomer Tomás González Cueto Rafael López Cantal Nazario de Oleaga Páramo José Manuel Otero Lastres Rogelio Pérez Bustamante José Luis Segimón Escobedo Jesús López-Medel Bascones Javier Ledesma Bartret Juana Balmaseda Ripero Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Vicente Guilarte Gutiérrez Isabel Pont Castejón David Díez Revilla Miquel Sámper Rodríguez Director Francisco Muro de Iscar Redactor Jefe Andrés Garvi Carvajal Redacción Sandra Gómez-Carreño Galán Mar Hedo Cassinello Area de Marketing Laura Palomino Manzanares Cristina Ramírez Fernández Secretaría de Redacción Mercedes Núñez Avilés Delegación del CGAE en Bruselas Julen Fernández Conte Edita Consejo General de la Abogacía Española Pº Recoletos Madrid Tel: Fax: Mail: Diseño Cuerpo 8 Fotografía Alberto Carrasco, Agencias Ilustraciones Arturo Asensio Humoristas Puebla Portada Arturo Asensio TPI edita, S.A. Avda. de Manoteras 26. 3ª planta Madrid Telf.: Fax: Mail: Depósito Legal B ISSN Difusión controlada por Tirada controlada por OJD: ejemplares cambio de domicilio dadas las constantes consultas y peticiones que se reciben en la revista, y con el fin de respetar la normativa de protección de datos, las personas que deseen modificar la dirección de recepción de la revista deberán enviar un correo electrónico con firma digital a indicando nombre, apellidos y nueva dirección, o un fax firmado al , con los mismos datos y adjuntando fotocopia del dni o de su carné colegial. Más sobre tasas Quisiera comentar la opinión expresada por mi ilustre compañero D. Jorge José Arboleda Romero de Granada sobre las tasas judiciales. Desde el más absoluto respeto a su opinión, tengo que disentir profundamente sobre la misma, y ello porque desde un punto de vista fiscal su argumentación es totalmente incorrecta. En primer lugar la tasa no iguala a nadie, es una tasa abusiva y que representa un recorte en los derechos y libertades fundamentales recogidos en nuestra Constitución, propugna la desigualdad e impide el ejercicio de la tutela judicial efectiva. Habrá abogados que estén a favor de la tasa judicial, pero desde luego yo no conozco a ninguno y ejerzo mi profesión en Madrid. En segundo lugar mi compañero confunde churras con merinas. El IVA es un impuesto de CONSUMO, no grava la acción judicial más que cualquier otro tipo de prestación de servicios, no sustituye de ningún modo ninguna tasa o exacción derivada de la acción judicial estrictamente. Posiblemente habrá compañeros que no ingresen o no cobren el IVA, yo tampoco conozco a ninguno pero haberlos haylos, y eso tiene fácil solución. Por ejemplo, una fuente de corruptela es el pago de las costas a que viene condenada la otra parte, porque no hay forma (hoy por hoy) de saber si los ingresos de quien cobra las costas a un particular son abonados al Tesoro Público en sus liquidaciones porque no se pueden cotejar. Pues bien, que se arbitren los medios para que la AEAT y el CGPJ puedan compartir información sobre esos pagos para cruzar datos y detectar desviaciones en las las autoliquidaciones. NO es una tarea difícil. La alternativa a las tasas judiciales, lógicamente no pasa por subir el IVA al 25%, a no ser que el compañero lo que pida es que la prestación de servicios jurídicos se formule bajo un tipo especial de IVA cercano al antiguo impuesto de lujo. Lo que nos faltaba entonces... Y finalmente la propia nota de la redacción desmonta el pobre argumento de lo que tiene que hacer el Consejo General de la Abogacía con la revista, que es exactamente lo que hace, recoger la opinión mayoritaria de un colectivo profesional e intentar paliar el desastre en que nos vemos envueltos por los continuos desatinos del Ministerio de Justicia. Mi enhorabuena por la línea editorial que comparto. >>>>>> Juan Luis Durán García. Colegiado del ICAM Abogacía sostenible Al hilo de la reciente implantación de las famosas tasas judiciales viene siendo preciso dar difusión a nuevas formas de ejercer la Abogacía. La extensión de la pujante y actual práctica de la Abogacía sostenible, que cada vez más abogados ejercitan de conformidad con la evolución actual de la sociedad, supondrá a medio plazo un salto cuántico en el entendimiento de la praxis jurídica y conllevará en un futuro próximo la descarga de los tribunales en grados hasta ahora inimaginables. La Abogacía sostenible trasciende lo meramente mercantil y se empeña en conciliar la rentabilidad económica con valores esenciales de respeto a la sociedad y a sus componentes y el entorno donde ésta se enclava. Comprende que el abogado y su cliente salen ganando cuanto más ganan todas las partes. No es esta una Abogacía ética o moral, sino basada en la pura lógica material. Esta manera de practicar la Abogacía prefiere agotar al máximo la vía extrajudicial, y trata de acompañar al cliente respetando su necesidad bien sea de llegar a un acuerdo o de reclamar el derecho que le corresponde, pues uno de los signos distintivos de la Abogacía sostenible es la comprensión de todos los puntos de vista y el respeto hacia el momento que atraviesa cada parte. Si el contencioso se hace inevitable, el abogado sostenible defiende con firmeza la cuota de razón de sus clientes en el estrado, pero siempre abierto al acuerdo con la parte contraria en cualquier momento. Esta Abogacía emergente es preventiva, del día a día, antes que de urgencias. Es una Abogacía del siglo XXI ejercida por profesionales conscientes de que forman parte de un conjunto, de una sociedad y que brindan un servicio jurídico moderno y honesto, de calidad a precios razonables y que contribuye a la resolución de conflictos con soluciones humanas y sostenibles, y por tanto eficaces. >>>>>> Ricardo García-Salmones Rovira. Titular del despacho Una respuesta legal Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director por correo electrónico a Abogados se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas. Las opiniones vertidas por los colaboradores de esta publicación son de su exclusiva responsabilidad y no son necesariamente compartidas por la línea editorial de Abogados y de su editora, el Consejo General de la Abogacía Española. _Abogados_Mayo 2013

5 En portada 83 Colegios de Abogados, indispensables para la Justicia y la sociedad 08 Ley de Servicios Profesionales, la Abogacía en defensa del interés general 09 Otra manera (esta buena) de hacer las cosas: la Comisión Benson sobre las profesiones legales José Eugenio Soriano Colegios de Abogados al servicio de los abogados, de los ciudadanos y de la Justicia 14 Diputados de PP, PSC y CiU apoyan en Reus el mantenimiento de los Colegios de partido 16 Manifiesto del Pleno del Consejo General de la Abogacía sobre la Ley de Servicios Profesionales Actualidad 26 Abogacía y trabajo social instan al Gobierno a generalizar la intermediación contra los desahucios 28 La controvertida propuesta de reforma del registro civil 30 Muchas críticas pero poca objetividad Alfonso Candau 32 Una reforma perjudicial para la sociedad y el tráfico jurídico José Manuel García Collantes 42 VI Jornadas de Juntas de Gobierno: los problemas y soluciones de la profesión, sobre la mesa 44 La Exposición Derechos Humanos, todavía? comienza su gira por toda España opinión 34 El futuro de nuestra administración de Justicia Juan Antonio Xiol Ríos 38 Los órganos centralizados de prevención del blanqueo y la sentencia Michaud Nielson Sánchez Stewart Ocio 60 Libros por Derecho: Reyes Calderón: Somos un país de pequeños abogados 63 Presentación de El Jurado número 10 en el Club Financiero Génova 64 Otros libros por Derecho Secciones 03 Editorial Escuchen, negocien y no aplasten 04 Cartas al director 46 Tecnología: RedAbogacía presenta nuevos proyectos de interoperabilidad y movilidad para los Colegios de Abogados 50 Fundación Abogacía: El Poder Judicial de Honduras conoce las experiencias española y francesa en eliminación de barreras de acceso a la Justicia 52 Previsión social: Alter Mutua de Abogados: apoyo al abogado joven en opción alternativa 56 Noticias de la Abogacía 66 Microrrelatos 79 sumario 18 La Abogacía continúa la batalla contra las Tasas: nuevos recursos del Consejo, el PSOE y la Junta de Andalucía 20 Los Colegios de Abogados de Europa piden al Rey y a Rajoy la derogación de la Ley de Tasas 22 Manifiesto de la Plataforma Justicia para Todos contra la reforma de la Ley de Tasas LOS 3 TUITS MÁS RETUITEADOS 1. Escrito de la PAH para paralizar desahucios en juzgados tras sentencia TJUE 2) La Reforma del Registro Civil suspende la gratuidad de las bodas, que oficiarán los notarios cobrando 3) La Federación de Colegios de Abogados de Europa pide al Rey y a Rajoy la derogación de la ley de tasas judiciales Más de seguidores. Síguenos Mayo 2013_Abogados_

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8 LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES, LA ABOGACIA EN DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL Existe una constante voluntad de los últimos Gobiernos en regular los llamados servicios profesionales. Ya en la anterior legislatura, en 2008, se anunció una novedad normativa que, sin embargo, quedó fuera de la transposición de la Directiva de Servicios y no se incluyó en las Leyes 17 y 25/2009, aunque en la disposición transitoria cuarta de ésta si se preveía la aprobación en el futuro de una norma sobre la vigencia de las obligaciones de colegiación. Seis años después de las primeras advertencias, se ha conocido un borrador de anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, de cuya paternidad ha renegado el Ministerio de Economía y Competitividad más de tres veces, hasta que tras el Consejo de Ministros del 26 de abril, con la aprobación del Plan Nacional de Reformas, ya se ha atrevido a ponerle el sello oficial. Resulta así que ya casi hay anteproyecto que regula los servicios profesionales y que modifica en gran medida la Ley de Colegios Profesionales. El contenido de esta disposición se basa, como la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, en un cálculo económico mágico, según el cual la liberalización del sector generará por arte de birlibirloque un incremento del PIB del 0,1% (unos 800 millones de euros). Tampoco sorprenderá que no se haya estimado el impacto en las profesiones a las que afecta, ni en sus organizaciones. Esta realidad contrasta poderosamente con los buenos usos normativos seguidos en países de nuestro entorno. El artículo del profesor Soriano y la información que sigue muestran cómo, cuando se quiere, el poder político puede hacer las cosas de manera cabal y ordenada. _Abogados_Mayo 2013

9 portada_ Otra manera (esta buena) de hacer las cosas: la Comisión Benson sobre las profesiones legales Parece que estamos ante un cambio, brusco, quizás imprevisible, sobre la profesión de abogado. Otros países recorrieron ya este camino, que por cierto, dado que la vida siempre continúa, no acaban de una vez las reformas sino que, más bien, suelen constituir un punto y seguido en un movimiento continuo. Lo cual conviene recordar porque hay quienes armados de un fundamentalismo cándido creen que con una simple modificación se arregla todo y que por tanto se cambia la historia y la sociedad por decreto y de una vez por todas. No es cierto y conviene recordarlo especialmente a quienes tienen la responsabilidad de proponer y ejecutar cambios legislativos que de no gestionarse correctamente por falta de información, puede acabar desamortizando una profesión con siglos a sus espaldas y con gran aceptación social, como demuestra entre otros aspectos el alto número de universitarios que desean estudiar la carrera de Derecho y tras graduarse, ejercitar esta profesión de personas libres que dedican su esfuerzo a defender y gestionar los asuntos de otras personas. Quiero fijarme expresamente en un importante precedente regulador de nuestra profesión que desde luego goza de prestigio: el cambio profundo en la regulación de los abogados en Inglaterra (y simultáneamente por extensión en el resto del Reino Unido, siendo su ejecución realizada a través de leyes propias para cada parte del Reino). Una comisión real Efectivamente, ante la necesidad de poner al día todo el servicio legal prestado en las Islas Británicas, con su notable influencia en muchas otras partes del mundo, el Premier Harold Wilson creó la Royal Commission on Legal Service, encargando su Presidencia a Sir Henry Benson, y por cierto con R,G. Dahrendorf, como Vicepresidente del Comité sobre Estudios y Aspectos Educativos de la Profesión legal. La Comisión Benson, tenía una misión muy definida en el encargo del Gobierno: examinar la estructura, organización, aprendizaje y regulación de la profesión legal recomendando aquellos cambios necesarios para mejorar el servicio de la justicia. Para conseguirlo, y no obstante ser un asunto prioritario, se decidió hacer bien las cosas, lo cual llevó desde luego a examinar todos los aspectos referidos durante tres años. Con la Justicia inglesa no se juega y por tanto, todo cambio a realizar, tiene que estar respaldado, como indicó el Informe final, meticulosamente sostenido, respaldado por estadísticas, en definitiva, sólido y solvente. Nada de adoptar un criterio sin saber a dónde se va. Todo lo contrario. Se ofrece así al Poder Político y a toda la sociedad, un informe completo, susceptible de fundar sobre el mismo un debate responsable y digno, donde se tengan en cuenta todos los ámbitos, cultura, formación, responsabilidades, que tiene y ha de seguir teniendo el sector. Como se dijo después sobre este Informe, allí donde había algo bueno y aceptable de la tradición y de la historia, hay que sostenerlo; y allí donde claramente haya fallado, tras un examen concienzudo y yendo al corazón del tema, hay que modificarlo con conocimiento de causa, sin banalidades, ni alegrías de un minuto ni descubriendo Mediterráneos. El Informe, en varios tomos, fue luego publicado con amplia difusión por el Gobierno Británico. La transparencia fue completa. Cualquiera puede hoy pedir tales Informes y disponer de ellos. El Informe concluía que la práctica de la Abogacía era una profesión (en sentido estricto) y que una profesión tiene que ser independiente del Gobierno, porque sin independencia los intereses de los clientes no podrían tener una consideración prioritaria, sino subordinada. Un interés claro, la Justicia Notemos que los tiempos políticos y el calendario de la clase política es siempre igual en todos los países: hasta la próxima elección. Y sin embargo, en esta ocasión, como siempre que hay un interés claro nacional, como es la Justicia - un bien público absolutamente inexcusable para que una Sociedad sea José Eugenio Soriano Catedrático de Derecho Administrativo. Consultor del departamento de Derecho Público de Lupicinio Abogados Mayo 2013_Abogados_

10 portada_ LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES, LA ABOGACIA EN DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL reconocida como tal y un Estado también hay que madurar la decisión para que ésta sea digna, esto es, sirva precisamente al ciudadano, lo cual exige sumo cuidado en la formulación de las políticas que le afectan directamente. Y sin dudar, entre tales políticas, aparecen las que se refieren a los elementos fundamentales, supremos puede incluso decirse, que configuran a un ciudadano dentro de un Estado de Derecho. En Reino Unido, cuando se trata de aunar Democracia y Estado de Derecho, saben cómo hacer las cosas bien, no en vano, ambos conceptos se anclan en la historia profunda de la Gran Bretaña. Y por cierto, también, atendiendo claramente a robustecer a sus propios bufetes, ya que, hoy, casi se puede hablar también de una industria del pleito de base anglosajona que supone que una parte importante de los servicios legales en todo el mundo, revierte al PIB británico. Por algo será. Procede de la legislación que se puso en marcha tras el debate abierto por este Informe, la unión de Barristers y Solicitors, y la aceptación de que los Solicitors fueran Queens Bench, con lo cual apareció la figura del Solicitor advocate. Importa destacar que esta fusión fue provocada ya en sede parlamentaria, incluso apartándose de parte del Informe Benson, lo cual quiero subrayar para mostrar que no se trata de conseguir aquí una Técnica que esté por encima de la Política, sino que los políticos han de tener en cuenta los aspectos que ofrece siempre el estudio profundo de las cuestiones, incluso para encontrar razones para apartarse de ellas. Soberanía de la Política, pues, pero siempre con el apoyo y la reflexión previa, sin fútiles atrevimientos que solamente desembocan en baladíes posiciones que acaban en frívolas normas. La hora de la reflexión seria y digna Es hora de reflexionar seriamente sobre las profesiones legales y en particular sobre la de abogado. Mas hay que hacerlo de forma seria, digna, con atención y examen real a la situación de la profesión. Con estudios, datos y datos, análisis. No de manera superficial. Hay que tener cuidado con los movimientos triviales, insustanciales, que pueden de un golpe desestabilizar una profesión entera y con ello la confianza depositada en quienes la profesan, valga la redundancia. Por ello, y ante las anunciadas reformas de los Servicios Profesionales, hacemos un llamamiento a la reflexión y a disponer de una actitud responsable no banal ni meramente ideológica, sino basada sobre elementos y datos que mejoren indudablemente un servicio sine qua non existe una Democracia y un Estado de Derecho de calidad. No deben desconfiar los políticos de la Sociedad y sus representantes, sino escucharles con datos y análisis, hacer preguntas y finalmente madurar una reflexión que no puede ser sin más una simple decisión. Esperemos que ante la anunciada Ley de Servicios Profesionales, sepa el Gobierno de España actuar con la rectitud profesional que tienen sus homólogos en países que hacen gala de la mejor Abogacía, a la que respetan, exigen y desde luego, aceptan. l Hay que tener cuidado con los movimientos triviales, insustanciales, que pueden de un golpe desestabilizar una profesión entera y con ello la confianza depositada en quienes la profesan 10_Abogados_Mayo 2013

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12 portada_ LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES, LA ABOGACIA EN DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL 83 Colegios de Abogados al servicio de los abogados, de los ciudadanos y de la Justicia El desamparo del ciudadano será evidente si el texto excluye de colegiación a quienes sólo desempeñen actividades de asesoramiento legal El Consejo de Ministros del 26 de abril aprobó tramitar en el primer semestre de 2013 el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, dentro del Plan Nacional de Reformas. El conocimiento por la Abogacía del articulado de anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, sin membrete ministerial que respalde su autoría, merece tras su lectura una fundamentada crítica formal y procedimental. Además En nuestro estado de Derecho corresponde al Poder Legislativo definir cuál es el interés público o el interés general que se debe proteger y cómo ha de hacerse. Por tal razón es lógico que sean las Cortes Generales las que decidan qué restricciones responden a necesidades del interés público, a qué profesiones deben afectar y de qué manera. No todas las profesiones son iguales ni deben estar sujetas a idénticos requisitos de acceso y de ejercicio, como tampoco son iguales todos los Colegios profesionales. La actual organización de la Abogacía y la tradicional existencia de determinados Colegios de Partido Judicial, con razones históricas pero también de acercamiento de servicios fundamentales a los ciudadanos la Justicia Gratuita, el Turno de Oficio, los Servicios de Asistencia y Orientación Jurídica, las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, etc.- ha sido pacífica en España y se ha mostrado eficiente, sin coste alguno ni para las Administraciones Públicas ni para los ciudadanos. El Tribunal Supremo en sentencias de 5 de octubre de 2010 y 13 de abril de ha interpretado y aplicado en este sentido el artículo 2.3 del Estatuto General de la Abogacía Española que señala que en las provincias con varios Colegios de Abogados, cada uno de ellos tendrá competencia exclusiva y excluyente en su ámbito territorial cualquiera que sea el número de partidos judiciales que ahora comprenda. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA, HISTÓRICA Y SOCIAL El Tribunal Constitucional en sentencia 97/2001 considera que la determinación territorial de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita por referencia exclusiva a la provincia no garantiza a los administrados un tratamiento común ante todas las Administraciones. Para el Tribunal, la garantía de esa igualdad exigiría que el ámbito territorial de dichas Comisiones fuera distinto del ámbito provincial. Los Colegios de Abogados responden a las necesidades sentidas por la sociedad civil para la defensa y servicio, allí donde se ha entendido necesario, de los derechos de los ciudadanos. Su creación y delimitación territorial nunca ha sido arbitraria ni aleatoria, como lo justifican las sentencias del Tribunal Supremo que han amparado la regulación contenida en el Estatuto General de la Abogacía Española. Se aúnan criterios estrictamente jurídicos con otros de carácter histórico y social para justificar la idoneidad de la organización colegial actual de la Abogacía española también en todo lo que se refiere a su implantación territorial. En el proyecto articulado no se da razón alguna que avale un criterio contrario al existente. Sobre la mesa no se han puesto razones de eficacia, eficiencia o economía para justificar la supresión de los llamados Colegios de Partido. Estos argumentos respaldan que la situación actual -con los 83 Colegios de Abogados que operan en España- es absolutamente correcta y garantiza la igualdad de trato de todos los españoles en el territorio. UNA PROFESIÓN QUE ASESORA Y DEFIENDE Otro de los aspectos censurable del borrador de anteproyecto es la ruptura del carácter unitario de la profesión de abogado. En España, las normas de aplicación determinan el conjunto de derechos y deberes que configuran la profesión de abogado, buscando siempre la satisfacción del interés gene- 12_Abogados_Mayo 2013

13 ral. Y no es posible segregar actividades propias de la abogacía para configurar nuevas profesiones. Sin embargo, el borrador insiste en una idea que ya apareció en otras ocasiones, como es la de limitar la colegiación obligatoria para quienes actúen sólo ante los Tribunales. La profesión de abogado es suficientemente bien conocida y su contenido se encuentra regulado con carácter general y explícito en el art. 542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere al abogado como aquél que actúa ante los Tribunales ejerciendo funciones de dirección y defensa de las partes y también como quien asesora y da consejo jurídico. Además, el derecho/deber de secreto profesional, se impone para cualquiera de las modalidades de su actuación profesional. El Tribunal Supremo sigue idéntico criterio, definiendo al abogado con un carácter omnicomprensivo respecto a la actividad jurídica, sin limitarla a la de carácter procesal (STS de 10 de noviembre de 1990). Por ello, la norma propuesta en el borrador resulta contraria a lo previsto por la LOPJ y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Supone además la ruptura de una profesión que es y debe seguir teniendo un carácter unitario, con idéntica reserva de actividad que la prevista por la LOPJ. Además, la no incorporación al Colegio implicaría una absoluta falta de control deontológico y disciplinario, una inacción frente al desvío en el ejercicio profesional, cercenando derechos del ciudadano. El asesoramiento jurídico resulta esencial para permitir el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes por parte de los ciudadanos, así como para la conciliación de conflictos que de otra forma colapsarían los tribunales. Esto significa que sirve al interés general de una manera nítida. Su vinculación al Colegio de Abogados es fundamental: si los profesionales pueden desarrollar su actividad al margen del Colegio, la deontología no existe. La Directiva de Servicios 2006/123/CE establece que los Colegios de Abogados son autoridad competente y que les corresponden una serie de obligaciones relevantes para garantizar el correcto ejercicio transnacional de la Abogacía. Particularmente, deberán facilitar la información que sobre las circunstancias que puedan afectar a la capacidad para el ejercicio de la abogacía les sea solicitada motivadamente por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la UE. El desamparo del ciudadano va a ser evidente si el borrador mantiene sus previsiones y excluye de colegiación a quienes se limiten a desempeñar ciertas actividades de la abogacía. La protección del ciudadano por parte de los Colegios de Abogados se encuentra garantizada frente a cualquier negligencia o incorrecta prestación del servicio por un abogado. Sin embargo, el control directo por parte de la Administración será más complejo y más difícil, exigiendo una regulación completa del ejercicio profesional en esa función de asesoramiento jurídico que se pretende deslindar de la profesión de abogado, el establecimiento de una estructura administrativa que controle, resuelva las reclamaciones de los consumidores y usuarios y exija la responsabilidad disciplinaria del profesional infractor. UNA LEY DE ACCESO QUE NOS HOMOLOGA AL RESTO DE EUROPA Por otro lado, la eliminación del examen de Estado que recoge el borrador de anteproyecto cuestiona una Ley de Acceso que ha sido reconocida como una exigencia constitucional y, en consecuencia, jurídicamente imprescindible. Su mera existencia nos homologa con los Estados de nuestro entorno, especialmente en el ámbito de la UE. La implantación de nuevas exigencias trata de garantizar, por razón de interés público, la calidad de los prestadores de servicios de la abogacía. La mejor formación no pretende beneficiar a los abogados, sino a los clientes, a los ciudadanos. Y el examen evalúa objetivamente esa formación suficiente. El foco de cualquier reforma debe situarse en el ciudadano y en la calidad de los servicios que se le prestan. Sorprende que el redactor del borrador proponga suprimir un examen objetivo y no al menos expresamente- las enseñanzas oficiales previas impartidas por Universidades y Escuelas de Práctica Jurídica. Indudablemente el actual examen goza de grandes ventajas para garantizar un tratamiento igualitario, resulta fácil de implantar y, a diferencia de otras alternativas, no supone coste económico insalvable para quien desee realizarlo. l La eliminación del examen de Acceso nos vuelve a situar como una excepción en Europa y quita garantías a los ciudadanos Los Colegios de Abogados responden a las necesidades sentidas por la sociedad civil para la defensa y servicio, allí donde se ha entendido necesario, de los derechos de los ciudadanos. Su creación y delimitación territorial nunca ha sido arbitraria ni aleatoria Mayo 2013_Abogados_13

14 portada_ LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES, LA ABOGACIA EN DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL Manifiesto del Pleno del Consejo General de la Abogacía sobre la Ley de Servicios Profesionales Ante la existencia de un borrador de Ley de Servicios Profesionales que establece la desaparición de muchos de los 83 Colegios de Abogados actualmente existentes en España, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española adoptó recientemente el siguiente pronunciamiento público: 1 Los Colegios de Abogados desarrollan sus funciones financiándose, en su mayor parte, con sus propios fondos a cargo de sus colegiados, sin que su existencia suponga por tanto carga económica alguna para el Estado, ni para los ciudadanos. 2 Los Colegios de Abogados tienen como una de sus principales funciones organizar y garantizar la asistencia jurídica gratuita por abogados a los ciudadanos que carecen de medios suficientes para costearse el acceso a la Administración de Justicia. 3 Es importante que la labor de atención a los ciudadanos se desarrolle desde la mayor cercanía geográfica posible, lo cual en la actualidad está razonablemente asegurado por la distribución territorial de los 83 Colegios de Abogados existentes. 4 La supresión de cualquiera de los Colegios de Abogados actualmente existentes supondría una severa obstaculización al derecho de los ciudadanos a contar con la atención próxima y adecuada de abogados para la defensa de sus derechos y para el acceso a la Administración de Justicia. 5 Los Colegios de Abogados garantizan el correcto desarrollo de la actividad profesional y la deontología de los abogados, por lo que sería un error de alcance incalculable la supresión de la colegiación obligatoria de todos los Abogados y el examen de acceso a la profesión. 6 La Abogacía, sin perjuicio de las competencias de los poderes públicos, tiene plena capacidad organizativa de los 83 Colegios que la integran, garantizando la existencia de unas normas comunes para todos de conformidad con el artículo 36 de la Constitución. 7 Por todo ello el Consejo General de la Abogacía Española solicita la reconsideración del proyecto normativo existente para que en el mismo se respeten la existencia de los 83 Colegios de Abogados españoles y el actual estatuto jurídico de la profesión, como garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos. l 14_Abogados_Mayo 2013

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16 portada_ LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES, LA ABOGACIA EN DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL El decano de Álava presidirá la nueva Comisión de Competencia del Consejo El pleno del Consejo General de la Abogacía aprobó por unanimidad, en la reunión celebrada el 25 de abril, la creación de una nueva comisión ordinaria denominada Comisión de Competencia, cuyas funciones serán el seguimiento y estudio de todos los temas relacionados con la competencia, con especial atención a las directrices provenientes de la Unión Europea y su adaptación al derecho nacional; la resolución de todas las consultas que se efectúen con relación a temas de competencia; la evacuación de informes relacionados con la competencia y junto con la Comisión de coordinación, seguimiento de todas las cuestiones relacionadas con la competencia que se susciten a nivel autonómico. También se va a ocupar del estudio del borrador del Anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales. La Comisión estará presidida por el Consejero-Decano del Colegio de Álava, Javier García Pascual quien deja la presidencia de la Comisión de Resolución Alternativa de Litigios que ocupará el consejero-decano de Sevilla, José Joaquín Gallardo. El consejero-decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa Boissier pasa a presidir la Comisión de Coordinación y el consejero-decano de Barcelona, Pedro Yúfera, presidirá la Comisión de Formación Continuada. l El Gobierno catalán apoya los Colegios de Partido El consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordó, ratificó en la Jornada de Colegios de Partido celebrada en Reus que, ante la posibilidad de que la Ley sobre Colegios Profesionales salga adelante y este hecho suponga la desaparición de uno de los colegios profesionales más antiguos, con más de 150 años de historia, el de Reus defenderemos nuestras competencias, nuestros abogados, nuestros profesionales y nuestros colegios. El consejero realizó estas declaraciones en el marco de la festividad organizada por el Colegio de Abogados de Reus en conmemoración del patrón de su colectivo, San Raimundo de Peñafort. En este sentido, el titular de Justicia recordó que el Gobierno de la Generalitat interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la centralización de las competencias de los colegios profesionales en el Estado. Gordó realizó un repaso de la importancia del partido judicial de Reus, que cuenta con 28 municipios con una población de más de habitantes, con seis juzgados de primera instancia, cuatro de instrucción, uno social, dos de penal y 27 juzgados de paz. Estamos hablando de una realidad judicial, una comunidad humana que necesita su propio Colegio y que tiene derecho a una relación tan cercana como sea posible entre profesionales, ciudadanos y juzgados. l 16_Abogados_Mayo 2013

17 Diputados de PP, PSC y CiU apoyan en Reus el mantenimiento de los Colegios de partido El Colegio de Abogados de Reus, en colaboración con el Consejo de la Abogacía Catalana y el Consejo General de la Abogacía Española, organizó el 26 de abril una jornada para reflexionar sobre el futuro de los Colegios de partido y el papel que han desarrollado en la sociedad. Durante la celebración de la Jornada, en la que participaron decanos de Colegios de Partido, junto con los decanos de los Colegios de Abogados de Álava, Cáceres y Lleida, así como la secretaria general del Consejo, Victoria Ortega, el tesorero Enrique Sanz y el consejero electivo Javier Caballero, se trataron los temas y acuerdos alcanzados en el Pleno del Consejo General de la Abogacía celebrado el día anterior, fundamentalmente sobre los problemas que podrían derivarse de la aprobación de la Ley de Servicios Profesionales. Además, en el acto participaron varios representantes políticos como el diputado Francesc Vallés Vives, coordinador de los diputados y senadores del PSC en las Cortes Generales, y el diputado de CiU y vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados, Jordi Jané i Guasch, que mostraron su respaldo a los planteamientos puestos sobre la mesa en Reus para mantener los Colegios de partido, ofreciendo su apoyo durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Servicios Profesionales. Por su parte, Daniel Serrano Coronado, diputado por Barcelona del PP, expresó su comprensión ante la problemática surgida en las localidades donde existe un Colegio de Partido y agradeció a los asistentes la información trasladada por los decanos reunidos en Reus. El diputado aseguró que esta documentación será tratada con interés por el partido del Gobierno a lo largo de la tramitación parlamentaria. Durante la jornada se analizó diversos temas, como la legislación europea sobre competencia y su incidencia en los Colegios, a cargo de Berta Álvarez, letrada de la Delegación en Bruselas del Consejo General de la Abogacía; el modelo francés, que, con 163 colegios, es un ejemplo de estructura colegial para una eficaz defensa del derecho a la defensa y mejora, por lo tanto, del estado de Derecho, un tema que defendió Pierre Becque, ex decano del Colegio de Abogados de Perpiñán, y las externalidades positivas de los Colegios locales, a cargo de José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena. El Colegio de Reus, a la vista del borrador de anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que pretende suprimir los Colegios denominados de partido, quiso hacer coincidir la celebración de San Raimundo de Peñafort con la jornada para así reafirmar la necesidad de mantener unas instituciones que están dando un extraordinario servicio a la sociedad, siendo por otro lado garantía de competitividad y servicio, en palabras de su decano Pere Lluis Huguet. La desaparición de estos Colegios sólo puede provocar la disminución de las garantías de los ciudadanos, aseguró el decano de Reus. l Mayo 2013_Abogados_17

18 portada_ No a las tasas. Justicia para todos La Abogacía continúa la batalla contra las Tasas: nuevos recursos del Consejo, el PSOE y la Junta de Andalucía La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, se reunió con representantes de la Plataforma Justicia Para Todos. La batalla de la Abogacía contra las tasas no se ha detenido, continúa. Al margen de las gestiones que viene realizando de forma individual o con la Plataforma Justicia Para Todos, el Consejo General de la Abogacía Española recurrirá por segunda vez la orden ministerial que regula la aplicación de las tasas judiciales por estar convencida de que impiden el acceso de los ciudadanos a la justicia, tal como se aprobó en el Pleno celebrado el 25 de abril. La Abogacía Española ya recurrió la primera orden ministerial que implantó las tasas y, nuevamente el Departamento Jurídico del Consejo ha presentado ante la Audiencia Nacional el recurso contenciosoadministrativo directo contra la orden HAP/490/2013 del Ministerio de Hacienda que modifica los modelos 696 de autoliquidación y el modelo 695 de solicitud de devolución de la tasa. La modificación de los modelos de Hacienda se aprobó un mes después de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tasas realizada por medio del real decreto-ley 3/2013, una rectificación que la Abogacía considera forzada, insuficiente y tardía. El PSOE se reúne con la Plataforma Justicia para Todos y anuncia un nuevo recurso ante el Constitucional Además del recurso de la Abogacía, también el PSOE volverá a recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Tasas, que la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez consideró abusiva e injusta, que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en nuestra Constitución, al constituir un impedimento desproporcionado e irrazonable para el acceso de los ciudadanos a la justicia. En resumen, un ataque brutal contra los derechos individuales. La decisión fue hecha pública tras la reunión mantenida por el Grupo Parlamentario Socialista y la Plataforma Justicia para Todos, La Plataforma, integrada por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos representativos de la Administración de Justicia, CCOO, UGT, CIS-F, USO y STAJ, pidió al Grupo Parlamentario Socialista que presentara este nuevo recurso contra la reforma de la Ley de Tasas para que no decaiga el presentado hace dos meses, porque existen ya numerosas denuncias de personas que se han visto privadas del acceso a la Justicia por no poder pagar las tasas y por el hecho de que hay nuevos motivos jurídicos para solicitarlo. Trato diferente a empresas y personas físicas Los miembros de la Plataforma denunciaron que, al margen de los casos generales, la reforma ha reducido sustancialmente las tasas que han de pagar las personas jurídicas, mientras permanecen casi sin tocar las que afectan a las personas físicas. Además, denunciaron que se está vulnerando la capacidad de defensa y los derechos profesionales de los empleados públicos, se ha omitido el trámite de audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios y que muchas tasas siguen estando por encima, incluso, del salario mínimo, lo que es una barrera infranqueable para el acceso a la Justicia. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer manifestó que no existe la urgencia o necesidad de aplicar estas tasas, que la corrección que el Ministerio fija en un 5 por ciento- es claramente insuficiente y que la cuantía de las tasas sigue siendo extraordinariamente perversa. Carnicer indicó a Soraya Rodríguez, que estuvo acompaña del portavoz de Justicia en el Congreso, Julio Villarubia, y de Antonio Camacho, vocal de la Comisión de Justicia, que las reducciones del derecho de defensa en distintos órdenes jurisdiccionales ya son muy graves por la aplicación de las tasas que están convirtiendo la tutela judicial efectiva en papel mojado y el acceso a la justicia en una barrera infranqueable para muchos ciudadanos. Los miembros de la Plataforma manifestaron sentirse defraudados por la actuación del Defensor del 18_Abogados_Mayo 2013

19 Pueblo que no sólo no ha recurrido la Ley de Tasas, desatendiendo las peticiones de todos los colectivos sino que ni siquiera ha conseguido que el Ministerio de Justicia cumpliera lo que el Defensor le pidió y que el Ministerio se comprometió a aceptar. Asimismo, se comentó la grave incidencia que estas realidades pueden suponer en la pérdida de empleo en el sector de los profesionales de la justicia. Andalucía también volverá a recurrir al TC Por su parte, el Consejo de Gobierno andaluz también decidió interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Tasas, que el Ejecutivo autonómico ya acordó recurrir el pasado mes de enero, porque, según explicó el consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, la reforma aprobada por el Gobierno central es light y no impide que dicha medida siga promoviendo la desigualdad y limitando el acceso a la Justicia. Durante un Pleno del Parlamento andaluz, el consejero subrayó que el nuevo recurso se interpondrá por responsabilidad política y seguridad jurídica, y se sustenta en los mismos motivos de inconstitucionalidad que en su día se esgrimieron para recurrir la ley estatal de tasas judiciales. A su juicio, el decreto sigue generalizando el pago por el acceso a la Administración de Justicia, originando un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Según De Llera, el importe de la cuantía de las tasas continúa afectando a principios esenciales del Estado de Derecho, ya que perjudica y limita el acceso de los ciudadanos a los tribunales para reclamar los derechos que les corresponden y que están reconocidos en el ordenamiento jurídico y en la Constitución. A modo de ejemplos, el titular andaluz de Justicia señaló que un recurso de apelación y otro de casación --en sus tramos variables-- siguen costando, tras la modificación del Gobierno central, 800 y euros más, respectivamente. Asimismo, indicó que, en el caso de las multas, se tendrá que abonar como tasa el 50 por ciento del valor la sanción, la misma cuantía que su abono en periodo voluntario, lo que, en su opinión, tiene un evidente efecto disuasorio. Según informó la Consejería en una nota, en su nuevo recurso la Junta esgrime que el decreto que modifica las tasas judiciales tampoco recoge en su integridad las recomendaciones formuladas por la Defensora del Pueblo al ministro de Justicia para preservar los principios constitucionales. Así, la Junta alega en su recurso que no se han suprimido tasas en el orden social que pueden afectar a personas y colectivos muy vulnerables, especialmente en el contexto de la actual crisis económica, de forma que se contribuye a aumentar la desigualdad entre las partes, se discrimina a los trabajadores en la defensa de sus derechos y se elimina el ordenamiento compensador de la superioridad del empresario en estos litigios. Otros ejemplos destacados que motivan la interposición del nuevo recurso, según la Junta, son que en los supuestos de una reclamación a una empresa asegurada que se niega a cubrir un siniestro por valor de euros la tasa fija baja sólo diez euros, de 312 a 302; en la interposición de un recurso al banco por el cobro de una factura indebida por euros se reclama el pago de 303 euros frente a los 315 establecidos antes de la reforma, y en las infracciones de tráfico, pese a la rebaja acordada, se mantiene el efecto disuasorio, ya que recurrir una multa de 100 euros supone el abono de 50 euros, la misma cuantía que su pago anticipado en periodo voluntario. Además, el Gobierno andaluz considera que la imposición de tasas no es la mejor vía para reducir los índices de litigiosidad, y se decanta para ello por la mediación como fórmula alternativa al contencioso judicial, un mecanismo que, según la Junta, el departamento que dirige De Llera está impulsando con el desarrollo de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos en todos los órdenes jurisdiccionales. Aragón y Canarias negocian con el Gobierno una solución a su discrepancia sobre las tasas Los Gobiernos de Aragón y Canarias han acordado iniciar negociaciones con el Gobierno dentro de las respectivas Comisiones Bilaterales de Cooperaciónpara resolver las discrepancias manifestadas en relación con la regulación de las tasas aplicables a la casación, que se encuentra contenida en el Título I de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales. La activación de estas Comisiones Bilaterales se realiza según lo recogido en la normativa de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que en su artículo 33.2 establece la posibilidad de resolver las discrepancias entre Comunidades Autónomas y Estado, pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo. El acuerdo podrá hacer referencia a la invocación o no de la suspensión de la norma en el caso de presentarse el recurso de inconstitucionalidad en el plazo de nueve meses desde la aprobación de la Ley de Tasas. Aragón y Canarias han puesto en marcha este sucedáneo jurídico -alternativo a presentar recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional- sin requerir al Gobierno la suspensión de la norma sobre la que discrepan. l La Plataforma pidió al Grupo Parlamentario Socialista que presentara este nuevo recurso contra la reforma de la Ley de Tasas para que no decaiga el presentado hace dos meses, porque existen ya numerosas denuncias de personas que se han visto privadas del acceso a la Justicia Mayo 2013_Abogados_19

20 portada_ No a las tasas. Justicia para todos Los Colegios de Abogados de Europa piden al Rey y a Rajoy la derogación de la Ley de Tasas El presidente de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa (FBE), Lutz Simon, se ha dirigido por carta al Rey de España, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, solicitando la derogación de la Ley de Tasas o la reducción de las cuantías fijadas hasta unos límites razonables que no impidan u obstaculicen el acceso a la Justicia. El representante de la Abogacía europea muestra su preocupación por la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales porque los motivos alegados para su promulgación por el Ministerio de Justicia son inconsistentes. Ni la intención disuasoria de una litigiosidad injustificada, ni la de financiar el servicio de la Asistencia Jurídica Gratuita bastan para ello, asegura Lutz Simon en las cartas. La FBE considera El abogado Fabián Valero entrega en el Ministerio más de firmas contra las tasas El abogado Fabián Valero, junto con miembros de la Abogacía Española, entregaron el 1 de abril en el registro del Ministerio de Justicia más de firmas de ciudadanos en contra de las tasas judiciales. Estas firmas se han conseguido a través de adscripciones por medio de Internet para pedir la derogación de la Ley de Tasas, a través de la página y se consiguieron en dos meses de campaña online. Estas firmas se suman a las más de ya entregadas por la Plataforma Justicia para Todos, con lo que la cifra supera ya el medio millón, sin que el Ministerio haya rectificado. LAS TASAS AFECTAN A LA ACTIVIDAD DE LOS JUZGADOS Tal y como se esperaba, la entrada en vigor de las tasas judiciales ha reducido la actividad de los juzgados, ya que los ciudadanos no acuden a los tribunales porque no pueden pagar la alta cuantía de las tasas. Además, tal y como denunció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, las tasas pueden generar una huida a la vía penal, donde no se pagan, lo que sería un efecto perverso de la medida. Estos son algunos ejemplos de la bajada de litigiosidad en los órdenes civiles, recogidos en el último mes. Las tasas han disminuido un 22 por ciento las demandas judiciales en Primera Instancia en Valencia, un 25 por ciento en lo contencioso y un 10 por ciento en los Juzgados de lo Mercantil. Uno de los asuntos más llamativo es el desplome de las reclamaciones por multas de tráfico. El TSJ prevé que las demandas por concursos de acreedores desciendan también un 10 por ciento. Los contenciosos en los juzgados de Murcia caen un 62% tras aprobarse las tasas Los juzgados de Primera Instancia de Alicante registran reclamaciones menos por las tasas En el País Vasco se ha constatado un recorte de las demandas de entre el 20 y el 30 por ciento En Málaga, el orden contencioso-administrativo reflejó una caída del 44,9 por ciento en el primer trimestre del año, respecto a La caída en el orden social fue del 15,3 En Palencia, el número de apelaciones registradas en la Audiencia Provincial ha caído un 5% por ciento en los tres primeros meses del año Los recursos de suplicación interpuestos ante Juzgados de lo Social de Ferrol bajaron ya un 50 por ciento y la mayoría de los presentados corresponden a organismos y entidades exentas del abono de las tasas. l 20_Abogados_Mayo 2013

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