PROGRAMA DE PREPARACIÓN JURÍDICA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DESARROLLO RURAL EN AMÉRICA LATINA

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1 PROGRAMA DE PREPARACIÓN JURÍDICA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DESARROLLO RURAL EN AMÉRICA LATINA PLANES DE ACCIÓN LEGAL: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y la Península de Yucatán Contexto de la Península de Yucatán ante el cambio climático y el desarrollo rural Características geográficas, biodiversidad, composición multicultural y de Población indígena y rural de los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y la Península de Yucatán (Yucatán, Quintana Roo y Campeche) En términos generales los Estados meta analizados se encuentre localizados al sur del territorio nacional, representando sus extensiones territoriales en conjunto el 19% de la superficie de México. Destacan por su combinación de climas tropicales, húmedos y la presencia de grandes cadenas montañosas que los convierten en un polo innegable de la biodiversidad del país. Oaxaca y Chiapas destacan al ocupar el primer y segundo lugar respectivamente, en materia de presencia de biodiversidad en México. En cuanto a la composición poblacional de los Estados meta analizados, todos estos comparten na importante y muy diversa composición indígena y cultural, en su mayoría ubicada en el medio rural, dado el bajo desarrollo industrial de la región. Es precisamente en estos Estados donde la presencia indígena es mayoritaria y, tristemente, los que comparten además, de forma consistente los más altos niveles de pobreza extrema del país. Contexto económico, principales sectores de la economía y fenómenos climáticos e impactos sufridos por el cambio climático En general la economía de los Estados meta de este Programa se centra en el sector primario ganadería, silvicultura, pesca, agricultura y pecuarios-. La actividad turística también se presenta en los Estados de Chiapas y Oaxaca, aunque en menor medida pero con una tendencia ascendente, y de forma más consolidada en los Estados de Guerrero y en la Península de Yucatán (excepto Campeche). Ambos tipos de actividades son altamente vulnerables a los efectos de los fenómenos meteorológicos y al cambio climático. Los Estados meta también presentan otro rasgo en común, que es el hecho de haber sufrido profundos y dramáticos daños y emergencias producidas por fenómenos meteorológicos generados por el cambio climático. Por ejemplo, en 2010 Chiapas sufrió afectaciones en 51 de sus 118 municipios o, más recientemente, los daños ocasionados por los huracanes Ingrid y Manuel en Guerrero generaron 13,701 viviendas afectadas y costos al Fondo de Desastres Naturales por $1,703.5 millones pesos en los sectores hidráulico, carretero, educativo, urbano, salud, turismo, vivienda y medio ambiente. Marco jurídico institucional en materia de cambio climático y desarrollo rural Instrumentos regulatorios y estratégicos de orden federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Es el eje rector de la Legislación Federal y Local. Los principales artículos que rigen la política ambiental en México son el artículo 4 que establece el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; El artículo 25 que establece que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable; El artículo 27 que establece el régimen jurídico de los recursos naturales y el artículo 73 que establece que el órgano facultado

2 para legislar en materia de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente es el Congreso de la Unión. Posteriormente, las Leyes Generales reglamentan dichas disposiciones constitucionales. Ley General de Cambio Climático, sus objetivos principales son el tránsito a una economía competitiva, sustentable y de baja emisiones de carbono; la reducción de la vulnerabilidad de la población y ecosistemas frente a los efectos adversos del cambio climático; y la creación de una política nacional de cambio climático, poniendo énfasis en la corresponsabilidad de la sociedad. Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, tiene como objetivo la promoción y consecución del desarrollo rural por la vía de la sustentabilidad, la protección del medio ambiente y la equidad en materia de desarrollo económico. La Ley define legalmente el concepto de desarrollo rural sustentable, reconoce la interacción de las vertientes económica y ambiental en el desarrollo rural, y crea mecanismos institucionales para el cumplimiento de sus objetivos dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles. Estrategia Nacional de Cambio Climático, es el instrumento rector a mediano y largo plazo para combatir el cambio climático mediante el aumento de la resiliencia de la población, adoptando un enfoque de transición hacia una economía baja en emisiones de carbono sostenible en términos económicos, sociales y ambientales, mediante acciones en materia de adaptación y de mitigación. La Estrategia señala los ejes estratégicos y líneas de acción para orientar las políticas de los tres órdenes de gobierno al mismo tiempo que fomenta la corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad, bajo el principio de no regresión ambiental. Programa Especial de Cambio Climático, medio para aterrizar acciones concretas acorde a los objetivos de adaptación y mitigación planteados por los instrumentos anteriores. De este instrumento derivan la Política Nacional de Cambio Climático. Estrategia Nacional REDD+, se han implementado programas de acciones tempranas REDD+ que impulsan un enfoque de gestión integral de ecosistemas y cuencas, constituyéndose como un mecanismo que contribuye positivamente al desarrollo rural sustentable y manejo integrado del territorio. Además, la CONAFOR ha creado una serie de Programas que han ayudado a fortalecer las instituciones comunitarias; a construir y fortalecer estructuras ejidales y comunales; y a implementar la empresa forestal comunitaria fortaleciendo su organización y capacidades gerenciales. Estrategia Nacional de Energía, que busca estimular el uso y participación de México en energías renovables a fin de dar cumplimiento a la meta señalada en la LGCC, que establece que el 35% de la producción eléctrica deberá ser producto de energías limpias para el año Acciones de Desarrollo Rural, entre las que destacan los Convenios de Colaboración entre SAGARPA y los gobiernos estatales para conjuntar capacidades técnicas, institucionales y financieras para la implementación de programas para estimular la productividad y el desarrollo rural sustentable. También, el Programa de Pagos por Servicios Ambientales que SAGARPA implementa en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), ha generado transformaciones novedosas en los esquemas jurídicos. Específicamente en el Estado de México, el Programa PSA motivó la modificación del Código Fiscal estatal para imponer a los contribuyentes el 3.5% de la factura doméstica de agua a favor de un Fideicomiso para la Protección y Conservación de los Bosques., lo que permite atraer recursos y fortalecer las estrategias forestales con impactos de empoderamiento en el sector rural. Es de resaltarse que con la expedición de la LGCC México se constituyó en el segundo país del mundo en contar con una legislación climática, estableciendo una mejor práctica legal a nivel global para abordar el cambio climático de manera integral, a través de un enfoque multisectorial y participativo que se tradujo en el reconocimiento de la atención al cambio climático como un compromiso de Estado a largo plazo.

3 Con esta Ley México está legalmente obligado a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a evitar la deforestación, a adaptarse a los impactos del cambio climático y a producir el 35% de su electricidad mediante energías limpias para el 2024 a fin de lograr 3 objetivos principales que son: 1. Transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono, 2. Reducir la vulnerabilidad climática de la población y los ecosistemas, y 3. Crear una política nacional de cambio climático incluyente, que garantice la coordinación y la transversalidad con transparencia y participación corresponsable de la Sociedad. En consecuencia, el objetivo de los demás ordenamientos es lograr la articulación de las autoridades y estrategias en los diferentes niveles, para que se cumplan los objetivos planteados en la Ley General y se habilite la implementación eficaz de las políticas públicas. Instrumentos regulatorios y estratégicos del Estado de Chiapas Constitución Política del Estado de Chiapas, integra los objetivos del milenio como objetivos a cumplirse por la autoridad estatal otorgándoles rango constitucional, reconoce al cambio climático como uno de los mayores desafíos en la actualidad y establece la necesidad de instaurar políticas de adaptación y mitigación de sus efectos adversos. Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, propone la formulación e instrumentación de políticas públicas para la adaptación al Cambio Climático y mitigación de sus efectos adversos para la protección de la población y coadyuvar al desarrollo sustentable. Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola del Estado de Chiapas, tiene como propósito fomentar un desarrollo agrícola sustentable sin hacer mención a temas de Cambio Climático. Se complementa con la Ley para el Fomento y Regulación de Productos Orgánicos del Estado de Chiapas y la Ley de Ciudades Rurales Sustentables para el Estado de Chiapas, que aportan innovadoras definiciones legales de agricultura sustentable y ciudades rurales sustentables. Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas, establece un marco institucional que permite desarrollar políticas y programas transversales para el diseño, desarrollo e implementación de estrategias de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Plan de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en el Estado de Chiapas, cuyo propósito es establecer, implementar e impulsar los procesos de educación, capacitación y comunicación ambiental y participación social para el desarrollo sustentable. Respecto del Marco Jurídico del Estado de Chiapas es de destacarse la innovación de la definición legal de agricultura sustentable como: aquella que preserva sus recursos básicos, la fertilidad de sus suelos y la biodiversidad, utilizando sus recursos renovables, sin exceder el ritmo de su reposición natural; consume los recursos naturales no renovables al ritmo de la creación de sustitutos renovables, no genera contaminación o residuos, son de rápida absorción y biodegradables en sumideros plantarios, se esfuerza constantemente por mejorar su eficiencia energética y evitar la contaminación de tierra, agua, aire, en especial con substancias persistentes.. Y el concepto de Ciudades Rurales sustentables: constituyen una estrategia de política pública, tendiente a promover el desarrollo regional; combatir al binomio dispersión-marginación con la mas amplia participación ciudadana y la colaboración de la sociedad civil organizada; proporcionar servicios de calidad y oportunidades de desarrollo económico y social a la población. Estos instrumentos legales en conjunto facilitan la coordinación y corresponsabilidad de todos los actores en las acciones que se implementen impulsando en todo momento el desarrollo de los grupos rurales, incluyendo un importante tema transversal como lo es la educación ambiental. Instrumentos regulatorios y estratégicos del Estado de Oaxaca Constitución Política del Estado de Oaxaca, La Constitución del Estado de Oaxaca no incluye regulación específica relativa a la adaptación o mitigación del cambio climático, sin embargo dispone que el Estado debe fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

4 procurando una distribución de la riqueza pública, asegurando la conservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente impulsando el desarrollo sustentable de la economía y la sociedad. Ley de Cambio Climático del Estado de Oaxaca, contiene acciones de adaptación, prevención de desastres y mitigación con una planificación de corto, mediano y largo plazo con un enfoque sistemático, participativo e integral tal como lo rige la Ley General. De igual mofo enfatiza el desarrollo de mecanismos que garanticen la participación ciudadana e incluye mecanismos económicos como el sistema estatal de bonos de emisiones de carbono, el fondo estatal para el cambio climático, estímulos fiscales, mecanismos financieros e instrumentos de mercado para incentivar acciones de reducción, además de facultar a los municipios para generar sus propios fondos para el cambio climático. Plan Estatal de Desarrollo , busca promover un desarrollo comunitario a través de estrategias para fortalecer la economía local a través de iniciativas comunitarias y familiares que garanticen la seguridad alimentaria y respeten la naturaleza, promover las prácticas de agricultura sostenible y protección de la biodiversidad; transferir técnicas sostenibles para la adaptación y mitigación de los pueblos y comunidades indígenas al cambio climático, así como prevención y atención a los desastres y emergencias ambientales. Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado, busca promover el desarrollo sustentable, la seguridad alimentaria y el otorgamiento de apoyos económicos a los productores rurales, especialmente en áreas de alta marginación, estableciendo estrategias, mecanismos y actividades de fomento al desarrollo rural creando organismos regionales con la finalidad de promover la descentralización y la corresponsabilidad entre las autoridades estatales y municipales. Ley del Fideicomiso que administrará el Fondo del Programa Estatal concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con la cual se busca lograr la captación, administración y aplicación de los recursos financieros provenientes de los programas federales y/o estatales, instituciones públicas o privadas y otras fuentes, a fin de impulsar actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y de pesca, y sistemas destinados a promover el desarrollo rural sustentable de la entidad. Es de desatacarse que el marco jurídico del Estado de Oaxaca es formalmente consistente con los objetivos planteados para atender las problemáticas de cabio climáticos y desarrollo rural, y establece claramente responsabilidades y sanciones para los funcionarios involucrados, lo cual claramente representa un gran avance en la implementación de las políticas que sean necesarias para atender las consecuencias del cambio climático. Instrumentos regulatorios y estratégicos del Estado de Guerrero Constitución Política del Estado de Guerrero, si bien no prevé acciones concretas en materia de cambio climático, dentro del texto de la misma si están previstas las facultades para el Gobernador y para los Municipios para que puedan llevarlas a cabo. Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero, que tiene como propósito generar un marco jurídico que asuma el diagnóstico y la planeación participativa del territorio, como punto de partida para el desarrollo de actividades agropecuarias, pesqueras, forestales, acuícolas teniendo como soporte la aptitud y potencial de los recursos para fomentar la productividad, competitividad y agregación de valor y comercialización justa en beneficio de los pobladores del Estado. Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero , que plantea la creación de una instancia permanente de auditoría ambiental de las actividades de protección climática y preparación de planes de acción y de mejores prácticas en la materia. Programa Estatal Forestal de Guerrero , presenta un análisis completo del manejo forestal del Estado, siendo una valiosa herramienta para combatir los efectos adversos del cambio climático.

5 Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable este instrumento fue firmado por el Estado de Guerrero y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación con objeto de establecer bases de coordinación y cooperación para implementar proyectos, estrategias y acciones para el desarrollo rural sustentable en el Estado. Subcomité sectorial de Ecología y Cambio Climático de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerreo, tiene como objetivos la planificación estratégica del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático. Si bien el Estado de Guerrero no cuenta con legislación Estatal de Cambio Climático, es de destacarse el esfuerzo que la llevado a cabo en la expedición de una Ley de Desarrollo Sustentable que impulsa la coordinación de los tres niveles de gobierno con la sociedad civil rural, para planear de manera integral el camino definido en la norma a fin de lograr una política de desarrollo exitosa. La legislación de Guerrero incluye una visión de sistema con la cual, una vez expedida la Ley Estatal de Cambio Climático, se facilitará la implementación y coordinación de acciones en favor de sus habitantes para hacer frente al cambio climático. Instrumentos regulatorios y estratégicos de los Estados que conforman la Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán) Ley de Acción de cambio Climático en el Estado de Quintana Roo, plantea como objetivo mitigar las emisiones y lograr un territorio mejor adaptado a los impactos del cambio climático, estableciendo el marco de planeación y ejecución de políticas de adaptación correspondiente. Los Estados de Campeche y Yucatán no cuenta con una legislación en materia de acción o adaptación al cambio climático. Ley de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, ordenamiento que establece las bases para alcanzar el desarrollo rural sustentable del Estado, mediando la coordinación del gobierno y sociedad civil, incluyendo la planeación y organización de la producción agropecuaria, la industrialización y comercialización de los bienes y servicios del medio rural y las acciones para elevar la calidad de vida de la población rural. Los Estados de Quintana Roo y Campeche aún no cuentan con leyes en materia de desarrollo sustentable. Otros esfuerzos: Acuerdo general de Coordinación sobre el Cambio Climático de la Península de Yucatán que establece los lineamiento para diseñar y aplicar medidas, acciones y políticas públicas para reducir la vulnerabilidad de ciertos sectores socioeconómicos, sistemas naturales y mitigar emisiones de efecto invernadero, garantizando la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sustentable y la calidad de vida de los habitantes de la región. (REDD+ PY) cuyo objetivo general es estructurar la visión regional de la iniciativa de acción temprana REDD+ para la Península de Yucatán, vinculando en consultas a los principales agentes clave para el desarrollo territorial sustentable de la región. La estrategia prevé la creación de Consejos Estatales Forestales y dentro de sus objetivos están elaborar el plan de acción para la ENREDD+ PY, y avanzar hacia una política conjunta de desarrollo rural sustentable para los tres Estados. Experiencia de éxito en la gobernanza climática y desarrollo rural sustentable Políticas y Programas exitosos El Estado de Chiapas innova y va a la vanguardia dentro de las legislaciones locales definiendo los conceptos de ciudad rural sustentable y agricultura sustentable, dando claridad en el cómo y para que son necesarias las acciones sustentables y cuales son los elementos que deben contener para lograr su finalidad.

6 Por su parte Oaxaca es un Estado que dentro de su marco legal enfatiza la participación ciudadana y el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la política ambiental, actores fundamentales para la adecuada implementación de las políticas estatales. La península de Yucatán es un ejemplo de visión regional de manejo integral del territorio, lo cual facilita la coordinación y vinculación de los principales actores con la finalidad de estimular la cooperación sinérgica para el desarrollo de políticas públicas en la región. Por su parte el Estado de Guerrero incorpora la visión sistémica en sus ordenamientos tanto legales como de planeación, lo cual facilita la solución de los problemas ambientales de manera holística tomando en cuenta todos los elementos naturales procurando su sustentabilidad y preservación. a pesar de ser los que tienes los niveles de pobreza extrema más elevados de México, han llevado a cabo con un profundo compromiso un profundo trabajo legislativo a efecto de generar los instrumentos jurídicos base para alinear su orden jurídico interior a las metas fijadas por la legislación federal en materia de cambio climático y desarrollo rural sustentable y los programas específicos derivados de ella. Chiapas cuenta con un Programa de Acción ante el cambio Climático, compuesto por diversos ejes estratégicos en materia de adaptación y mitigación, que cubre todas las aristas de la problemática incluyendo el desarrollo institucional, la articulación, instrumentación y evaluación de políticas y la gestión de riesgos, conservación de la biodiversidad y mantenimiento de servicios ambientales, adaptación en los sectores de agricultura y ganadería, adaptación de la zona costera, asentamientos humanos y transformación de uso de energía, consideraciones sobre salud humana y diversos ejes en materia de mitigación. Adicionalmente se ha desarrollado un plan de educación específico para el tema de sustentabilidad alineado a las políticas y acciones antes referidas. Oaxaca, mediante la Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca, incluye innovaciones importantes en materia de gobernanza climática pues incluye una verdadera distribución de competencias entre todas las autoridades del Estado, dando especial énfasis a la autoridad municipal. Obliga a todas las autoridades, no sólo ambientales, a incluir políticas y programas de desarrollo, medidas de mitigación, adaptación y gestión de riesgos en materia cambio climático. Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, han generado importantes estructuras orgánicas de carácter estatal para la implementación de sus leyes estatales en materia de cambio climático, incluyendo Comisiones Intersecretariales para la atención de estos temas, así como comités técnicos con una composición equilibrada entre instituciones académicos, autoridades y sociedad civil organizada, alineando además las medidas y acciones en materia de cambio climático a los propósitos y objetivos del desarrollo rural sustentable. Chiapas y Oaxaca (Quintana Roo y Guerrero, está en proceso de implementación), han generado y cuentan con Planes específicos de actuación en materia de cambio climático. Todos los Estados meta se han adherido a los programas concurrentes de la Federación en materia de desarrollo rural sustentable y han firmado convenios de coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de donde han obtenido recursos para programas y proyectos específicos. El hecho que las regiones menos desarrolladas económicamente pero con un alto componente de biodiversidad y recursos naturales, así como climas que facilitan y sientan condiciones inmejorables para las actividades rurales, estén tomando el liderazgo en la generación de leyes e instrumentos de política pública alineando y equilibrando por un lado el componente económico del desarrollo económico con la sustentabilidad y la adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático, es una clara muestra de la dirección, humanista que el Estado Mexicano está imponiendo en la atención a esta problemática, pues trata de vincular y equilibrar dos vertientes teóricamente opuestas, desarrollo y sustentabilidad, en la consecución de mejores condiciones de desarrollo para las personas.

7 Retos y desafíos para la gobernanza climática y el desarrollo rural sustentable Chiapas: Si bien existen algunas carencias en la regulación del desarrollo rural sustentable, es claro que en términos generales, formalmente el Estado de Chiapas es un referente nacional y probablemente internacional en materia de adecuación del marco normativo a las necesidades del cambio climático. Oaxaca: El marco jurídico de Oaxaca es consistente con los objetivos planteados por la Ley General de Cambio Climático, no obstante, aún es necesario ahondar en esfuerzos para asegurar la debida implementación de la normatividad analizada y generar los mecanismos procedimentales para que cualquier ciudadano pueda exigir el cumplimiento de los derechos en términos de la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Desarrollo Sustentable. Península de Yucatán: El impulso de sectores como la agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura son el eje de la política de desarrollo rural sustentable en la sub- región. En este rubro, si bien ya se cuenta con la estrategia Nacional REDD+PY, uno de los grandes retos será dar adecuado seguimiento a las acciones emprendidas y evaluar resultados. Guerrero: Uno de los grandes desafíos que enfrenta Guerrero es su retraso en la expedición de la Ley de Cambio climático. Si bien ha sido innovador en incluir en sus instrumentos de planeación la visión sistémica, es indispensable contar con los instrumentos normativos para la puesta en marcha de cualquier plan o política en beneficio de una economía con visión sustentable y de desarrollo rural. Oportunidades y Recomendaciones Crear los reglamentos y mecanismos procedimentales necesarios para implementar las acciones respectivas para asegurar que la ciudadanía, especialmente a nivel estatal, pueda exigir el cumplimiento de los derechos correspondientes. Definir la distribución de competencias institucionales y establecer normas específicas para imponer sanciones ante la falta de seguimiento y cumplimiento por parte de los funcionarios públicos encargados de la aplicación e instrumentación de los objetivos planteados por la propia legislación. Generar los instrumentos económicos y de aplicación coercitiva que son necesarios para asegurar la implementación efectiva de los planes y políticas pertinentes. Continuar alentando la coordinación entre las autoridades competentes en materia de protección civil a sin de fortalecer las capacidades de la prevención y atención de desastres. Crear mecanismos para dar adecuado seguimiento a los programas, incluyendo indicadores para evaluar su impacto y resultados, y esquemas de rendición de informes para reportar los avances respectivos con transparencia. Hacia una acción regional fortalecida México ha mostrado su gran compromiso en la generación de acciones para hacer frente al cambio climático con la expedición de la Ley General de Cambio Climático y legislaciones estatales, e instrumentos de planeación que conforman una política pública en su mayoría alineada a los objetivos de la Ley Marco. Reconoce las necesidades específicas de cada una de las entidades que componen el vasto territorio y por esa razón los programas y planeas atienden las cualidades de los Estados, atendiendo a las capacidades y posibilidades de cada uno de ellos. Se advierte en los ordenamientos el establecimiento puntual de atribuciones para cada uno de los actores gubernamentales y de la sociedad y su alineación para el cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Cambio Climático.

8 Los acuerdos regionales como es el caso de la Península de Yucatán son un ejemplo de coordinación y sinergia entre entidades que comparten un territorio común y que pueden llevar a cabo acciones debidamente articuladas para hacer frente al cambio climático.

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