Informe Guatemala. El pasado dice cosas que interesan al futuro

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1 Informe 2003 Guatemala El pasado dice cosas que interesan al futuro La situación de los derechos humanos siguió empeorando. Los abusos se dirigieron principalmente contra personas que intentaban que se cumplieran los acuerdos de paz de 1996 en sus aspectos relacionados con los derechos de los indígenas, los derechos laborales y los derechos sobre la tierra, o que trataban de combatir la impunidad que seguía amparando a los autores de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en los años del conflicto. Siguieron siendo lentos los avances en el cumplimiento de los acuerdos de paz y de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada en virtud de aquéllos. Un oficial del ejército fue declarado culpable de ordenar una ejecución extrajudicial durante el conflicto, aunque días después se anularon las sentencias condenatorias dictadas contra otros tres oficiales del ejército que en 2001 habían sido declarados culpables de una ejecución extrajudicial. Los esfuerzos dentro del país para conseguir la imposición de condenas por otros abusos de gran resonancia seguían teniendo que hacer frente a aplazamientos, irregularidades y obstrucciones legales. Las causas iniciadas en el extranjero en ejercicio del principio de jurisdicción universal seguían sin resolverse. Resurgieron las patrullas civiles, exigiendo compensación por los servicios, a menudo forzosos, prestados durante el conflicto. Los esfuerzos del gobierno para satisfacer sus exigencias parecían indicar la aceptación oficial de las patrullas y de los abusos que habían cometido durante el conflicto, y no parecían ajustarse a los acuerdos de paz. Se recibieron informes sobre nuevos linchamientos cometidos por ex miembros de patrullas civiles. Información general Guatemala padeció un conflicto civil durante más de 30 años, hasta que las fuerzas armadas y la oposición armada acordaron los trascendentales acuerdos de paz de La llegada a la presidencia de Alfonso Portillo en el año 2000 marcó el regreso al poder del Frente Republicano Guatemalteco, partido estrechamente vinculado a las fuerzas armadas. La opinión de muchos era que su gobierno estaba controlado por el general Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso y jefe militar durante uno de los peores periodos de represión, y por las «estructuras paralelas de poder» vinculadas a él. El tristemente célebre Estado Mayor Presidencial, que debía ser desarticulado en cumplimiento de los acuerdos, continuó operativo y se aumentó su presupuesto. El gobierno siguió recurriendo al ejército para intervenir en operaciones de control policial. Según informes, se proporcionaron fondos al Estado Mayor Presidencial a expensas de la asignación de la Secretaría de Paz de la Presidencia, encargada de velar por el cumplimiento de los acuerdos. 1

2 La persistente influencia del general Ríos Montt y sus seguidores, y el hecho de que no se hubiera procesado a los responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado salvo en unos cuantos casos muy reñidos, animaron a los perpetradores y a otros a abusar de su autoridad y cometer nuevos abusos con impunidad. El hecho de que el Estado no combatiera la impunidad ni dispusiera el pago de indemnizaciones y programas de salud mental para las víctimas, como las mujeres indígenas que habían sufrido violaciones y abusos sexuales a manos de patrullas civiles y militares durante el conflicto, era la causa de que muchos padecieran lo que se ha dado en llamar el «trauma nacional». Con todo, algunos niños que sobrevivieron a las matanzas y fueron entregados en adopción localizaron a familiares sobrevivientes, y grupos de reciente creación siguieron intentando localizar a niños «desaparecidos» durante el conflicto. La corrupción generalizada y el aumento de la tensión durante el periodo previo a las elecciones previstas para el año 2003 estaban asociados a nuevos abusos contra los derechos humanos. Ataques contra la comunidad de derechos humanos La comunidad de derechos humanos continuó recibiendo amenazas de muerte y sufriendo actos de intimidación casi a diario. Se registraron numerosas oficinas y se sustrajeron equipos y archivos informáticos. Dos presuntas ejecuciones extrajudiciales parecieron dirigidas a intimidar a grupos destacados de derechos humanos. En octubre, Guillermo Ovalle de León, de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, fue abatido a tiros en la Ciudad de Guatemala. Manuel García de la Cruz, que participaba activamente en los esfuerzos de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) para conseguir la exhumación de restos enterrados en fosas comunes en las zonas de Guatemala habitadas por grupos indígenas y para proteger los derechos de estos grupos, fue secuestrado, torturado y muerto en septiembre en el departamento de El Quiché. En marzo fueron amenazados 11 peritos científicos que participaban en unas exhumaciones destinadas a reunir pruebas en relación con las matanzas perpetradas por el ejército durante el conflicto. Quienes formularon las amenazas estaban claramente vinculados a las fuerzas armadas. Conflictos sobre la tierra y abusos contra los derechos humanos Aumentaron los abusos contra los que presionaban para que se cumplieran los acuerdos de paz en lo relacionado con los derechos sobre la tierra. En marzo, varios dirigentes de los trabajadores rurales indígenas fueron amenazados en los departamentos de Retalhuleu y San Marcos y, en este último, varias personas asociadas a la iglesia fueron amenazadas de muerte y sufrieron otros actos de intimidación debido a sus intentos de mediar entre poderosos terratenientes particulares y campesinos indígenas que reclamaban la propiedad de tierras en virtud de la reforma agraria guatemalteca de También en marzo, activistas campesinos que reclamaban unas tierras dedicadas a plantaciones bananeras en Morales, departamento de Izabal, fueron agredidos por policías y paramilitares vinculados a terratenientes locales. Un destacado activista resultó muerto. 2

3 Varios dirigentes campesinos del departamento de Alta Verapaz denunciaron amenazas de muerte en octubre. El 14 de octubre, en Senahú, alrededor de un millar de agentes de la Fuerza Especial Policial y la Policía Nacional Civil desalojaron violentamente a mujeres y niños de las tierras que ocupaban; según informes, cuatro mujeres y ocho niños «desaparecieron». Abusos asociados a la corrupción Un número creciente de los abusos fueron atribuidos al llamado «Estado de Mafia Corporativa» o se cometieron en su nombre. Se trataba de una alianza criminal de autoridades públicas, empresarios, elementos de la policía y las fuerzas armadas y delincuentes comunes que actuaban en connivencia para reforzar su control tanto de las industrias de extracción legales como de las operaciones ilegales: tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, robo de vehículos, secuestros a cambio de rescate, adopciones ilegales y uso ilícito de tierras protegidas por el - Estado. Fueron habituales los casos de implicación del Departamento de Operaciones Antinarcóticas (DOAN) en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, al parecer en complicidad con los carteles del narcotráfico, el poder judicial, la policía y las fuerzas armadas, así como con altas autoridades del gobierno. Según la información recibida, el DOAN cometió graves violaciones de derechos humanos con el objeto de suprimir la competencia. En octubre se anunció la desarticulación de este departamento, que había sido solicitada por las autoridades estadounidenses. En enero, agentes del DOAN efectuaron una redada en el pequeño poblado del Chocón, en Livingston, departamento de Izabal. Mataron a dos de sus habitantes y otro «desapareció». Varios lugareños fueron detenidos y torturados, y posteriormente acusados de los homicidios. Prosecución de los esfuerzos para combatir la impunidad El caso de Myrna Mack La antropóloga Myrna Mack fue ejecutada extrajudicialmente en 1990, meses después de haber publicado su conclusión de que la política de contrainsurgencia del gobierno había provocado el desplazamiento interno y el consiguiente sufrimiento de las comunidades indígenas guatemaltecas. En 1993, tras una campaña ininterrumpida organizada por su hermana, Helen Mack, un miembro de baja graduación del Estado Mayor Presidencial fue declarado culpable del homicidio y condenado a 25 años de prisión. No obstante, Helen Mack continuó presionando para que se procesara a los oficiales militares que ella consideraba responsables de ordenar la muerte de su hermana. La causa contra tres oficiales de mayor graduación del ejército llegó finalmente a los tribunales en 2002, pero, conforme se aproximaba el juicio, las personas que representaban a Helen Mack fueron amenazadas. En agosto fue tiroteado el domicilio de su abogado, Robert Romero, quien recibió además amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas. En octubre, un coronel del ejército fue condenado a 30 años de cárcel por ordenar la muerte de Myrna Mack. Sus dos mandos superiores del Estado Mayor Presidencial fueron absueltos. 3

4 Anulación de las sentencias en el caso del obispo Gerardi Días después de concluido el juicio sobre el caso de Myrna Mack se anularon las sentencias contra tres oficiales del ejército que en 2001 habían sido declarados culpables del homicidio del obispo Juan José Gerardi, cometido en 1998, dos días después de que éste había hecho público un informe pormenorizado de la iglesia guatemalteca sobre los abusos cometidos en los años del conflicto. También se anuló la sentencia dictada contra un sacerdote por complicidad. La causa podría ser remitida nuevamente al tribunal, aunque muchos de los testigos originales estaban en el exilio o habían muerto víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Actuaciones sobre casos de genocidio A mediados de 2002, el departamento de casos especiales del Ministerio Público había tomado declaración a unos 100 testigos presenciales, había realizado cuatro inspecciones de lugares donde se habían perpetrado matanzas y había recibido los informes periciales de las exhumaciones practicadas en todos esos lugares en relación con los cargos de genocidio y otros - crímenes contra la humanidad formulados en Guatemala contra los altos mandos militares de los gobiernos del general Romeo Lucas García ( ) y el general Ríos Montt (marzo de agosto de 1983). Los cargos habían sido formulados por sobrevivientes de las matanzas agrupados bajo el nombre de Asociación para la Justicia y Reconciliación. Tres de los oficiales acusados en el proceso relacionado con Ríos Montt presentaron también documentos y declararon ante el fiscal especial. El caso de la Fundación Rigoberta Menchú Tum Al final del año seguía aguardándose la decisión del Tribunal Supremo de España en relación con una decisión de la Audiencia Nacional española, de diciembre de 2000, según la cual ésta no era competente para atender la querella presentada por la Fundación Rigoberta Menchú Tum en 1999 contra ex altas autoridades guatemaltecas, entre ellas el general Ríos Montt, por genocidio y otros crímenes contra la humanidad. Amnistía Internacional hizo público su propio análisis jurídico, según el cual los tribunales españoles sí eran competentes para ver la causa. Actuaciones a través del sistema interamericano A pesar de la participación del gobierno guatemalteco en acuerdos de «solución amistosa» negociados bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de los cuales Guatemala aceptaba que las instituciones del Estado habían sido responsables de abusos concretos cometidos en el pasado y que debía pagar indemnizaciones por ellos, las actuaciones contra los presuntos responsables se estancaron. Aunque habían transcurrido ocho años desde el inicio de las actuaciones judiciales sobre la matanza de 300 personas cometida en 1982 por la unidad del ejército guatemalteco conocida como «los kaibiles» en Dos Erres, El Petén, aún no se habían ejecutado las órdenes de detención cursadas por el Ministerio Público. Linchamientos Continuaron los informes sobre linchamientos instigados o llevados a cabo por ex miembros de patrullas civiles en el contexto de unos índices de delincuencia cada vez mayores y de la falta de fe en el sistema judicial para combatir el crimen o la impunidad. A mediados de 2002, la Misión de Verificación de la ONU en Guatemala informó de que se habían documentado 354 linchamientos de esta clase desde

5 Pena de muerte Aunque 30 personas seguían condenadas a muerte, no se dictaron sentencias de muerte ni se llevaron a cabo ejecuciones. En julio, tras un llamamiento del Vaticano en favor de la suspensión de las ejecuciones con anterioridad a la visita del papa Juan Pablo II a Guatemala, el presidente Portillo anunció su intención de garantizar que no se llevarían a cabo más ejecuciones durante su mandato. El presidente presentó al Congreso una propuesta de ley para abolir la pena de muerte, que no fue aprobada. Preocupación internacional En febrero, el Grupo Consultivo formado por los principales países e instituciones internacionales donantes, señaló varias áreas de trabajo en las que era preciso ver progresos antes de proporcionar fondos, como la protección de los derechos humanos y la impunidad. La representante especial del secretario general de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, visitó Guatemala en junio y solicitó al gobierno que tomara medidas para combatir la impunidad y proteger a los defensores de los derechos humanos frente a amenazas y actos de intimidación. En octubre, varias altas autoridades estadounidenses expresaron su preocupación ante el Congreso de Estados Unidos por la corrupción en Guatemala, el progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos, el estancamiento de los acuerdos de paz y los vínculos que unían a organismos y funcionarios públicos con la delincuencia organizada. Informes Informes y visitas de Amnistía Internacional El legado mortal de Guatemala: el pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos (Índice AI: AMR 34/001/2002/s) El legado mortal de Guatemala: Llamamientos contra la impunidad (Índice AI: AMR 34/003/2002/s) Guatemala: Briefing Prepared for Hina Jilani, Special Representative on human rights defenders of the United Nations (Índice AI: AMR 34/040/2002) Tras la visita del Papa, se abre una puerta a la abolición de la pena de muerte? (Índice AI: AMR 34/054/2002/s) Reaparecen las Patrullas de Autodefensa Civil (Índice AI: AMR 34/055/2002/s) 5

6 Visita Una delegación de Amnistía Internacional visitó Guatemala en febrero y reunió datos relacionados con los derechos humanos, planteó a representantes del gobierno los asuntos que preocupaban a la organización y se reunió con representantes de la comunidad de derechos humanos. En julio, Amnistía Internacional asistió a la Segunda Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos, celebrada en Guatemala. 6

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