BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ PROYECTO GUATEMALA

Transcripción

1 BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ PROYECTO GUATEMALA PIM PAQUETE DE INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE GUATEMALA Número 82, julio de NOTAS DE COYUNTURA 2 ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA EN GUATEMALA 2.1 INTERLOCUCIONES CON CUERPO DIPLOMÁTICO, ENTIDADES INTERNACIONALES Y AUTORIDADES GUATEMALTECAS 2.2 REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2.3 ACOMPAÑAMIENTOS 2.4 SEGUIMIENTO 2.5 OBSERVACIONES 3 ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA FUERA DE GUATEMALA 4 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 1. NOTAS DE COYUNTURA IMPUNIDAD La ONU nombra a Dall Anesse nuevo jefe de la CICIG Guatemala, (EP, PL, SV).- Francisco Dall Anesse Ruiz, fiscal general de Costa Rica, fue nombrado como el relevo de Carlos Castresana, al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), según anunció el portavoz alterno de la ONU, Farhan Haq. El Secretario General aprovecha esta oportunidad para reiterar su agradecimiento a Castresana por el excelente trabajo que desempeñó durante los dos años y medio que encabezó la Comisión. Los logros de la CICIG durante ese período han sido destacados por las autoridades y la sociedad civil guatemaltecas, y por la comunidad internacional, dijo Haq. Dall Anesse ha destacado en su labor desde la fiscalía costarricense, por dirigir investigaciones contra el narcotráfico y la corrupción que culminaron en procesos judiciales contra los ex presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón. El ex kaibil Gilberto Jordán admite haber participado en la masacre de Las Dos Erres Guatemala, (CA).- Veintiocho años después de haber asesinado a un bebé arrojándolo al fondo de un pozo, Gilberto Jordán reconoció su participación en el hecho. Durante todo ese tiempo lo ocultó, e incluso mintió sobre su pasado militar en Guatemala para conseguir la nacionalidad estadounidense. Jordán formó parte del grupo kaibil que el 7 de diciembre de 1982 irrumpió en la aldea Las Dos Erres, donde el Ejército guatemalteco asesinó a 252 personas, hombres, mujeres y niños/as. Según declaró ante la justicia estadounidense, este fue uno de los asesinatos que cometió durante la masacre en la aldea, ubicada en el municipio de La Libertad, Petén. Jordán fue detenido en el estado de Florida (EEUU) el pasado 5 de mayo por autoridades migratorias y el 7 de julio reconoció ante los tribunales haber formado parte de las fuerzas especiales kaibil y del grupo responsable de la masacre. Las declaraciones del ex kaibil pueden llevarle a enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa de hasta US$ por las violaciones a la ley migratoria estadounidense. Por su participación en la masacre de Las Dos Erres, existe ya un proceso penal iniciado ante la administración de justicia guatemalteca. Miguel Ángel Albizures, activista guatemalteco, considera que el Ministerio Público (MP) debe solicitar su extradición y establecer las responsabilidades dentro de la cadena de mando del ejército que existía al momento de los crímenes. Sacaron a las personas de sus casas. A los hombres los encerraron en la escuela del parcelamiento, y a las mujeres y niños en la iglesia evangélica. Mientras los mantuvieron encerrados los golpearon e incluso algunos murieron como consecuencia de los golpes, sostiene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que conoció este caso. La resolución también estipula que los kaibiles sacaron a los hombres de la escuela y los llevaron vendados y maniatados a un pozo de agua inconcluso donde los fusilaron. Después sacaron a las mujeres y los niños para llevarlos al mismo lugar. En el camino muchas niñas fueron violadas ( ). Además detalla que ( ) les preguntaban si pertenecían a la guerrilla, luego los golpeaban con un mazo de hierro en el cráneo o les disparaban para luego lanzar los cadáveres al interior del pozo. La incidencia del femicidio registrado en Guatemala fue 30 veces mayor en 2009 que en el año anterior Guatemala, (AC).- La incidencia del femicidio en Guatemala fue 30 veces mayor durante el 2009, en relación al año anterior, aseguró Carlos Castresana, Comisionado Interino de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante la presentación de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la Violencia contra las Mujeres en Costa Rica. También aseguró que los índices de violencia contra las mujeres en Centroamérica, son los más altos del mundo, sobre todo en el denominado Triángulo Norte, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras. De las 1

2 aproximadamente 700 muertes violentas contra mujeres guatemaltecas que se registraron el año pasado, sólo 56 concluyeron en juicio con una sentencia condenatoria, cifra que representa el 8%, dijo Castresana durante el acto de lanzamiento de la campaña. En El Salvador se conocieron 314 casos similares, mientras que en Honduras fueron 181; añadió que las niñas son las más afectadas, ya que ellas no tienen acceso a la justicia, en parte porque quienes poseen la patria potestad son los agresores o la propia familia, son los victimarios. Castresana estuvo de acuerdo con la idea de promulgar una Convención penal internacional para armonizar la legislación que tipifica la violencia contra las mujeres y disminuir de esa forma, el alto índice de impunidad que rodea esos casos. Dicho instrumento internacional debería uniformizar conceptos básicos, como la violencia basada en el género, y definir los tipos penales de homicidio, mutilación genital, agresión sexual, tráfico de mujeres y explotación sexual, entre otros, concluyó el ex titular de la CICIG. TIERRA Vecinas y vecinos de San Marcos demandan al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por falsedad ideológica Guatemala, (PL).- Población del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, efectuó este miércoles una marcha para luego interponer una demanda contra Érick Álvarez, Presidente de la CSJ, acusándole de falsedad ideológica por haber inscrito una propiedad comunal a favor de una empresa. En la caminata, desde la Plaza de la Constitución hasta la sede de la CSJ, los denunciantes fueron acompañados por Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, y monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos. La querella señala que Álvarez, como representante de la empresa Peridot, S.A., inició diligencias para la titulación supletoria de un terreno que pertenecía a la población mam, incumpliendo la normativa de la Ley de Titulación Supletoria, que lo prohíbe. La demanda también incluye acusaciones contra Jorge Asensio, representante de la empresa Montana Exploradora, S.A, filial de la canadiense Gold Corp. El terreno que reclama la población mam tiene unos 20 kilómetros cuadrados y está inscrito en el Registro de la Propiedad de Quetzaltenango, a nombre de la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán. Rigoberta Menchú expresó que espera que Álvarez renuncie como Presidente de la CSJ o sea destituido, a consecuencia de la denuncia de actos ilícitos, agregando que debe integrarse una comisión para investigarlo. EFECTOS NEGATIVOS DE LA GLOBALIZACIÓN Comunicadora apela a la sensatez del Presidente en caso Perenco Guatemala, (AC).- El Parque Nacional Laguna del Tigre es el humedal más importante de Mesoamérica por su sistema de lagunas, pantanos y lagunetas, así como por la biodiversidad que en él habita; constituye una barrera natural contra huracanes y es regulador del ciclo hídrico. Ileana Alamilla, columnista de Prensa Libre, opina que la prórroga del Contrato 2-85, destinado a regular la explotación de petróleo en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya por 15 años más, es temeraria de burla a todo el ordenamiento jurídico e implica un nuevo desafío para el cumplimiento de compromisos internacionales. Señala además que según las estimaciones del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar (URL), el beneficio económico que se obtiene de la conservación de la Laguna del Tigre asciende a millones de quetzales (Q). Ello constituye una cifra superior a la ganancia que el Estado guatemalteco podría obtener en concepto de regalías si ampliase el contrato de extracción petrolera, calculada en aproximadamente Q millones. Tanto el IARNA como el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), coinciden en afirmar que la extensión del contrato conllevaría la vulneración de la Constitución Política de la República, y la responsabilidad recaería directamente en el Presidente. La compañía Perenco, parte contratante, produce barriles de crudo al día; entre los años 2002 y 2009, la regalías percibidas por el Estado guatemalteco ascendieron a US$ 660 millones, en tanto en el mismo período de tiempo las exportaciones generaron a la empresa US$1.695 millones, expresó Alamilla. Fuentes: El Periódico (EP), Prensa Libre (PL), Siglo Veintiuno (SV), Agencia Cerigua (AC), Diario de Centroámerica (CA). 2. ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA EN GUATEMALA Equipo: Samuel Jones (Reino Unido), Jorge Palomeque (Argentina), Attilio Altieri (Italia), Julia Paola García Zamora (Colombia), Kathrin Bull (Alemania), Frauke Decoodt (Bélgica), Lena Niehaus (Alemania), Adolfo Pérez-Gascón (España), Janieke Drent (Holanda) y Ricard Hernández Martín (España) 2.1 INTERLOCUCIONES CON CUERPO DIPLOMÁTICO, ENTIDADES INTERNACIONALES Y AUTORIDADES GUATEMALTECAS Las reuniones con autoridades nacionales e internacionales son una herramienta importante para el trabajo de PBI para dar a conocer cuáles son nuestros objetivos y contenidos de trabajo. A través de estas reuniones expresamos, en los casos que sea necesario y de modo reservado, las preocupaciones ante situaciones críticas que conocemos de primera mano debido al trabajo que desarrollamos sobre el terreno. Cuerpo diplomático y otras entidades internacionales en Guatemala: 2

3 Christina Papadoupolou, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Guatemala (OACNUDH), Ciudad de Guatemala, Guatemala. Jennifer Pierce, Desk Officer for Stabilization and Reconstruction Task Force, Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, Ciudad de Guatemala. Autoridades guatemaltecas: Jorge Mario Monzón, director de regiones III, Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Zacapa, Zacapa. Byron Lacs, gerente municipal, Municipalidad de Zacapa, Zacapa. Hugo Martínez, coordinador del Departamento de Defensores de Derechos Humanos, Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), Ciudad de Guatemala, Guatemala. Gerzon Oliva Ramos, director general adjunto, Policía Nacional Civil (PNC), Ciudad de Guatemala, Guatemala. Franklin Asturias, asesor del Viceministerio de Seguridad, Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores y Defensoras de derechos humanos del Ministerio de Gobernación, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Otoniel López, encargado de sección administrativa, División de Protección de la Naturaleza (DIPRONA), Ciudad de Guatemala, Guatemala. José Berreondo Zavala, Gobernador, Gobernación de Santa Cruz del Quiché, El Quiché. Ricardo Rodríguez, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Santa Cruz del Quiché, El Quiché. Escobar Cruz, Comisario de la PNC, Santa Cruz del Quiché, El Quiché. Ramón Olivares Guzmán, oficial segundo de la PNC, Santa Cruz del Quiché, El Quiché. Ruth del Valle, directora de la COPREDEH, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 2.2 REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL El equipo en el terreno se reúne periódicamente con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de dar seguimiento a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, informarnos mutuamente sobre el trabajo que se realiza y recabar elementos que ayuden a desarrollar los análisis de coyuntura internos. Organizaciones y personalidades de la sociedad civil guatemalteca: Arturo Chub, sub-director ejecutivo, Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM), Ciudad de Guatemala, Guatemala. Iduvina Hernández, directora, SEDEM, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Andrés Cabanas, escritor y activista de derechos humanos, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Alfonso Bauer, activista de derechos humanos, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Organizaciones sociales y agencias internacionales: Coordinación de Acompañamiento Internacional en Guatemala (CAIG - Acoguate), Ciudad de Guatemala, Guatemala. David Montesinos, responsable del Programa de Gobernabilidad, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) - Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Guatemala, Cuidad de Guatemala, Guatemala. Anantonia Reyes, facilitadora del Programa de Democratización y Fortalecimiento del Estado de Derecho de la Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo, ICCO, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Claudia López, coordinadora en Guatemala, Abogados sin Fronteras (Advocats sense Frontieres) de Canadá, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 2.3 ACOMPAÑAMIENTOS A la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA. En el mes de julio hemos mantenido las visitas regulares a la oficina de CONAVIGUA en la capital. Persiste nuestra preocupación sobre las amenazas en contra de varias/os de sus miembros. Acompañamos a integrantes de CONAVIGUA a la exhumación de una víctima del conflicto armado asesinada por el ejército en la aldea Las Lomas, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Asimismo, les acompañamos a reuniones con mujeres de las montañas de San Martín Jilotepeque, miembros de organizaciones con las que coopera CONAVIGUA. Además, continuamos dando seguimiento al proceso de preparación de la consulta popular de Buena Fe en el municipio de Uspantán, y hemos acompañando a CONAVIGUA a varias reuniones dedicadas a ello. Miembros de CONAVIGUA han expresado su preocupación ya que, tras la visita del Relator de Pueblos Indígenas de la ONU, ha aumentado la presión relacionada con su trabajo en la defensa del territorio y los recursos naturales. Antecedentes: CONAVIGUA, como parte de su trabajo por la recuperación de la memoria histórica y el resarcimiento, desarrolla procesos de exhumaciones e inhumaciones en diferentes departamentos del país, sobre todo en El Quiché, Chimaltenango y las Verapaces. Estos procesos provocan situaciones de mucha tensión en las comunidades rurales, 3

4 donde conviven víctimas y victimarios, revirtiendo en ocasiones en amenazas que buscan el cese de la labor que realizan las mujeres de CONAVIGUA. Acompañamos periódicamente a la asociación desde el mes de agosto de 2003, con visitas a su oficina y acompañamiento durante los traslados de sus integrante a diferentes departamentos del país y a actividades de exhumación e inhumación en cementerios clandestinos en áreas rurales. Debido al aumento de peticiones por parte de comunidades donde trabaja CONAVIGUA, la organización expandió su trabajo a las áreas de asesoría legal y organizativa a las comunidades en sus procesos de autogestión. Entre otros, CONAVIGUA acompañan el proceso en San Juan Sacatepéquez. A la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral Frente al Sida, OASIS. Continuamos el acompañamiento a OASIS mediante reuniones y visitas regulares a su oficina. También mantenemos encuentros regulares con Zulma Robles, dando seguimiento a la denuncia que interpuso tras haber recibido llamadas sospechosas por parte de desconocidos. Antecedentes: OASIS es una organización que trabaja en la educación y prevención del VIH/SIDA, y en la promoción y protección de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y personas transgénero. El 17 de diciembre del 2005 la persona transgénero Paulina fue asesinada, lo que sumó la cifra del seite asesinatos de trabajadoras transgéneros en ese año. Zulma Robles, quien presenció el crimen, fue gravemente herida. OASIS denunció el caso al MP, y ella, como testigo del asesinato de Paulina, señaló a presuntos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) como los autores del mismo. Sin embargo, miembros de la organización han continuado sufriendo hostigamientos y amenazas. La noche del 22 de enero del 2006 Jorge López, Director de OASIS, denunció la persecución de la que fue objeto por parte de una auto patrulla de la PNC. El 3 de febrero de 2006 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Zulma Robles, Jorge López y otros once miembros de OASIS, solicitando al Gobierno de Guatemala la adopción de las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad física. Esas medidas sólo se efectuaron en febrero de PBI empezó a acompañar a OASIS a inicios del año En el mes de enero de 2009 intensificamos el acompañamiento a Jorge López, a partir del proceso judicial iniciado en su contra bajo acusación de tentativa de asesinato de la trabajadora sexual Laila (Axel Leonel Donis González). Jorge López interpretó este proceso como una nueva demostración de la constante persecución e intimidación que ha venido sufriendo en los últimos años con el fin de impedir el avance del trabajo de la organización y el respeto a los derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual. El 29 de septiembre del 2009 el caso de Jorge fue sobreseído por el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal. A la Asociación para la Protección de la Montaña de Las Granadillas, APMG. En julio, mantuvimos reuniones con varias autoridades para hablar sobre el trabajo de APMG y sobre la lucha de esta organización para proteger la montaña. Un objetivo de estas reuniones es dar seguimiento y alertar contra el proceso de criminalización que se ha venido dando contra líderes de la organización. Asimismo, hemos mantenido reuniones regulares con integrantes de la organización. El 1 de julio observamos una marcha de la organización en Zacapa en la cual se manifestaron sus integrantes y comunidades del área, denunciando públicamente la criminalización de defensores del medio ambiente y demandando una vez más la protección de la montaña Las Granadillas. Nos preocupa la situación de seguridad de varios miembros de la APMG debido a que han recibido amenazas y se han registrado incidentes de seguridad que tienen que ver con vigilancia e intimidación a integrantes de la asociación. Miembros de la organización temen una nueva campaña de criminalización contra los defensores del medio ambiente y de la montaña. Antecedentes: Esta asociación nace en el Departamento de Zacapa en el año 2003, cuando un grupo de personas se dio cuenta de que el ecosistema de la montaña de Las Granadillas (Zacapa) estaba en peligro a causa de la explotación de madera, los monocultivos y las grandes extensiones para ganadería. Sobre todo se alertaron porque las reservas de agua iban a desaparecer ya que todo el agua de la región proviene de los bosques de la montaña. La organización buscó el apoyo de la iglesia luterana, en particular del Reverendo José Pilar Álvarez Cabrera, y del Colectivo Madre Selva. Estas organizaciones realizaron un diagnóstico sobre el deterioro del lugar y entre sus resultados destaca que en su parte baja la montaña ha perdido el 70% de la cobertura del bosque debido a su explotación ilegal, y a la débil aplicación de la Ley Forestal en la región. Ahora el objetivo principal es proteger el 20-30% de bosque que queda y reforestar. Los miembros de la asociación quieren convertir la montaña en área protegida para su defensa. Pero este propósito se ha tornado difícil y peligroso a causa de los intereses económicos que existen a su alrededor. Las amenazas contra integrantes de la asociación comenzaron cuando ésta intentó denunciar el comercio ilegal de madera. Acompañamos a la APMG desde agosto de A principios de 2009 el Reverendo José Pilar Álvarez y dos miembros de la APMG enfrentaron acusaciones judiciales vinculadas al desarrollo de su trabajo de protección de la montaña; las causas fueron sobreseídas en la primera audiencia ante el juez. En mayo de 2010, un informe interno elaborado por la PNC acusaba a miembros de la Asociación de amenazar con la adopción de acciones de hecho, tales como bloquear la carretera para evitar el paso de los camiones que transportan la madera cortada desde la finca Tashoro o movilizar a la comunidad La Trementina para propiciar un bloqueo. La APMG, en una reunión ante el Gobernador, la PNC y la DIPRONA, manifestó la falta de fundamento y veracidad de estas acusaciones y solicitó su rectificación. Dos días después, durante una reunión con los mismos actores, la PNC y la DIPRONA acordaron realizar una investigación y elaborar un nuevo informe, que fue concretado posteriormente, y en el que rectificaron las acusaciones. 4

5 A la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, AMISMAXAJ. Realizamos varias reuniones con miembros de AMISMAXAJ en el mes de julio. Antecedentes: AMISMAXAJ se fundó en febrero de 2004 como una asociación de mujeres trabajadoras, y se incorporó al Sector de Mujeres en junio del mismo año. Actualmente AMISMAXAJ, está integrada por 75 mujeres liderezas representantes de 15 comunidades Xinkas de la montaña Santa María Xalapán (Jalapa). Actualmente, el trabajo de AMISMAXAJ se realiza a nivel local, departamental y nacional, desde un planteamiento político contra toda forma de opresión patriarcal, neoliberal, racista, homófoba y lesbofóbica. Ha establecido alianzas estratégicas territoriales y nacionales para el impulso de su accion política. La asociación trabaja activamente en la región de Jalapa en la defensa de los derechos de las mujeres, la revitalización de su identidad étnica Xinka y en la defensa de tierra y territorio. En particular, desarrolla un trabajo activo en la defensa de los recursos naturales y en oposición a la actividad y los planes de la industria minera y petrolera presentes en la región. A la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día. En el mes de julio acompañamos a una asamblea de la organización en la cual eligieron representantes de cada municipio. Además mantuvimos reuniones regulares con miembros de la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día. Mencionamos ante varias autoridades nuestro acompañamiento a la organización, su trabajo y la situación en la región. Mantenemos nuestra preocupación tras la emisión de varias órdenes de captura en contra de dirigentes de las comunidades, que denuncian procesos de criminalización en su contra y por amenazas que han sufrido sus dirigentes debido a su trabajo en la defensa de la tierra. Asimismo, continuamos dando seguimiento activo a la situación de las comunidades que pueden verse afectadas por el desarrollo del proyecto denominado Corredor Tecnológico 1. Antecedentes: La Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día, organización que forma parte de Plataforma Agraria, trabaja en los municipios de Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Hermita, departamento de Chiquimula, capacitando a las comunidades rurales sobre temas relativos a la economía campesina, el medio ambiente, derechos y territorio, en coordinación con otras organizaciones locales. En el año 2006 Nuevo Día se enteró de la existencia de proyectos de construcción de tres hidroeléctricas en dos de los municipios del departamento: El Orégano, que se construiría en el Río Grande en el municipio de Jocotán, y que tendría capacidad para generar 120 megavatios, y Caparjá, en el municipio de Camotán con un potencial de 57 megavatios. Ambos son proyectos de la compañía Desarrollo de Generación Eléctrica y Manejo de Recursos Naturales Las Tres Niñas S.A. Junto a ellos, la hidroeléctrica El Puente, en Jocotán, es un proyecto de la empresa Generación Limpia de Guatemala, S.A., y tendría un potencial de 27 megavatios. Desde entonces Nuevo Día empezó a informar a las comunidades sobre tales proyectos y sus efectos. Integrantes de Nuevo Día han recibido amenazas y ataques que se relacionan con su trabajo informativo a las comunidades sobre los proyectos hidroeléctricos. Uno de sus dirigentes fue víctima, a mediados del mes de septiembre de 2009, de un ataque con armas de fuego cerca de su comunidad. A la Asociación Campesina Camoteca. Hemos seguido manteniendo reuniones regulares con miembros de la Asociación. La situación de seguridad de los miembros de la Asociación continúa siendo crítica, debido a las amenazas que han recibido algunos de sus miembros. Entre ellos, nos preocupa la situación de Carlos Hernández y Santos Vázquez, que han recibido amenazas de muerte. Seguimos atentamente la situación de las comunidades que pueden verse afectadas por el desarrollo del Corredor Tecnológico (ver nota a pie de página número 1), cuyo acto de presentación tuvo lugar en Camotán a finales del mes de octubre de Antecedentes: La Asociación Campesina Camoteca fue fundada en 1988, compuesta en aquel entonces por promotores de salud y comadronas del municipio de Camotán, departamento de Chiquimula. En la actualidad, la Asociación Campesina Camoteca es miembro activo de la Coordinadora de Organizaciones Populares Indígenas Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO). Su objetivo primordial es la defensa de la vida y de los recursos naturales y su fin último es la búsqueda del bienestar del ser humano y de la naturaleza en la que vive. Actualmente está compuesta por 718 socios/as que velan por el cumplimiento de las leyes y dan seguimiento a la violación de los derechos humanos en la región del oriente. Mantienen una estrecha relación de cooperación con la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día, en particular respecto de temas como la tierra, la agricultura y la defensa del medio ambiente. Cuando la asociación conoció los planes de construcción de las hidroeléctricas El Orégano, Caparjá y El Puente 1 Con un costo de 12 mil millones de dólares, el proyecto de infraestructura conocido como Corredor Tecnológico pretende unir para el 2015 el Océano Atlántico con el Pacífico en Guatemala. El proyecto comprende la construcción de una carretera de cuatro carriles que unirá la frontera de Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta (en el Departamento de Jutiapa), con el puerto de Santo Tomás de Castilla (en el Departamento de Izabal). Esta infraestructura atravesará Chiquimula, Zacapa, Izabal y Jutiapa. También incluye la construcción de una vía férrea para trenes de mercancía y un gasoducto. Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Alcaldes firman pacto para construcción de vía terrestre que unirá el Pacífico y el Atlántico, 5

6 (ver arriba, en Central Campesina Chortí Nuevo Día) y del Corredor Tecnológico, comenzaron a trabajar para informar a las comunidades sobre los efectos de los mega-proyectos para el medio ambiente y su situación económica. A Qamoló kí Aj Sanjuani-Unamos Pueblos Sanjuaneros. Durante el mes de julio, continuamos nuestras visitas regulares a las comunidades de San Juan Sacatepéquez. Mantenemos nuestra atención a la situación de vulnerabilidad de la organización, las personas que la integran y las comunidades que demandan que los resultados de las consultas populares sean vinculantes. Las difamaciones sobre miembros de la organización constituyen también una preocupación central. Antecedentes: Qamolo Kí Aj Sanjuani - Unamos Pueblos Sanjuaneros, es una organización que aglutina a vecinos de diversas comunidades del Municipio de San Juan Sacatepéquez, que participan en la lucha por la defensa del territorio y los recursos naturales de la región. Desde el 2006, la empresa guatemalteca Cementos Progreso S.A. viene trabajando en el proyecto San Juan, que incluye la construcción de una fábrica y una cantera en la finca San Gabriel Buena Vista y las aldeas San Jose Ocaña y San Antonio las Trojes I y II. En esta fábrica, Cementos Progreso participa con 80% de la inversión, y el 20% restante pertenece a la empresa multinacional suiza Holcim, la mayor productora de cemento del mundo. En enero del 2007 varias comunidades de San Juan Sacatepéquez solicitaron a la municipalidad la realización de una consulta sobre la conveniencia de instalar dicha fábrica. Sin embargo, la consulta se aplazó hasta que finalmente quedó revocada. Como consecuencia de ello, las comunidades a través de sus Consejos de Desarrollo, y sin el respaldo de la municipalidad, decidieron reactivar el proceso de consulta que se llevó a cabo el 13 de mayo del 2007 y contó con la participaron de personas, de las cuales votaron en contra y 4 a favor. El Consejo Municipal se comprometió, junto con el alcalde, a tomar en cuenta los resultados de la consulta, previo al otorgamiento de cualquier licencia de construcción. Desde entonces, los habitantes de San Juan Sacatepéquez han denunciado numerosos abusos a los Derechos Humanos y una fuerte campaña de criminalización en su contra. El reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) de noviembre de 2009 dejó en suspenso la revocatoria del Concejo Municipal de San Juan Sacatepéquez de abril del 2007 por la que se había dejado sin efecto la convocatoria a los vecinos a participar en una consulta acerca del tema en cuestión. El fallo de la CC declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por los Consejos Comunitarios de Desarrollo de las Comunidades El Pilar I y II, del Sector 1 del Caserío San Antonio Las Trojes, de la aldea Lo de Ramos y del Caserío Cruz Ayapán, exhortando a la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez a atender el requerimiento de una nueva consulta popular de los vecinos de ese poblado para que se pronuncien sobre las explotaciones mineras. Si bien la resolución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y debe notificarse al Organismo Ejecutivo, el resultado de la consulta no tendría efecto vinculante. Al Consejo de las Comunidades de Cunén Durante este mes hemos mantenido reuniones regulares con miembros del Consejo. Observamos un taller que realizó el Consejo sobre formación política para las comunidades. También acompañamos miembros del consejo a una reunión con el alcalde de Cunén. Nuestra presencia en la área nos permite continuar atentos a lo que sucede en la región, informándonos sobre la situación y el contexto del proceso de defensa del territorio y los recursos naturales, compartiendo información sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, y manteniendo reuniones y encuentros para ello con diversos actores locales. Asimismo nos permite dar seguimiento a los procesos de consulta comunitaria en El Quiché. Antecedentes: El Consejo de las Comunidades de Cunén nació con la primera asamblea de las comunidades en San Siguán. Está conformado por 22 miembros de 8 micro-regiones de Cunén. Los 22 miembros fueron nombrados por sus comunidades. Uno de los ejes centrales de trabajo del Consejo de las Comunidades de Cunén es la defensa de la tierra y de los recursos naturales. Organizaron en octubre 2009 una consulta comunitaria sobre las actividades de explotación minera e hidroeléctrica, y en general respecto de la implementación de mega-proyectos, en la que alrededor de personas de 71 comunidades se pronunciaron en contra. PBI observó parte del proceso de preparación y el desarrollo de esta consulta comunitaria. A la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, UDEFEGUA. Seguimos prestando especial atención a la situación de seguridad de los y las miembros de UDEFEGUA y mantenemos reuniones frecuentes en su oficina en la capital. Antecedentes: La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) fue fundada en 2004 con el objetivo de promover la seguridad de defensores/as de derechos humanos en Guatemala, y contribuir así a la protección de sus espacios de trabajo. Sus programas apoyan a defensores/as de derechos humanos amenazados/as y a organizaciones de las que forman parte, y les asesoran en la prevención y respuesta frente a amenazas y ataques, a través de información, capacitación, monitoreo y apoyo psicológico. Junto a ello, UDEFEGUA promueve la protección de estas personas por parte de instituciones gubernamentales y de la comunidad internacional. PBI mantiene desde hace años una relación de colaboración con UDEFEGUA, y en 2007 le ha prestado acompañamiento internacional tras otro episodio de amenazas. Después de las amenazas recibidas durante mayo del 2009, las personas afectadas denunciaron los hechos al Ministerio Público. Varias organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por éstos y han 6

7 expresado que se trata de un serio patrón de persecución 2. Intensificamos de nuevo el acompañamiento Ee 5 de marzo cuando varias personas desconocidas allanaron la casa de Erenia Vanegas, verificadora de la organización. No se llevaron nada pero examinaron un armario y documentos guardados en una caja. Después de este incidente, que se sumó al sufrido por la Directora de la organización -Claudia Samayoa- el 2 de febrero, cuando los frenos de su vehículo personal fueron manipulados, PBI ha intensificado el acompañamiento a la organización a través de visitas a la oficina, reuniones periódicas con integrantes de la organización y acompañamiento durante sus desplazamientos a departamentos del interior del país, necesarios para desarrollar sus actividades de investigación y verificación de denuncias sobre ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. 2.4 SEGUIMIENTO Regularmente recibimos peticiones de acompañamiento por parte de organizaciones sociales y defensores/as de derechos humanos que son o se sienten amenazados/as. A través del acompañamiento internacional, buscamos la reducción de las amenazas y la apertura de un espacio más seguro para su actuación. Una vez que disminuyen el nivel de riesgo, las amenazas y los incidentes de seguridad de las organizaciones y personas acompañadas, continuamos el acompañamiento en fase de seguimiento. Ello implica que disminuimos el acompañamiento físico y nos mantenemos en contacto con ellas a través de visitas y/o llamadas a sus lugares de trabajo y oficinas. Al mismo tiempo, permanecemos con disponibilidad para atender solicitudes concretas de su parte que, por razones específicas, requieran de la presencia internacional. Damos seguimiento a la situación de las siguientes organizaciones sociales: Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, UVOC. En el mes de julio hemos mantenido reuniones regulares con miembros de la organización. Mantenemos nuestra preocupación por amenazas que han recibido algunos miembros de UVOC, y continuamos prestando atención y mostramos presencia en el territorio y en las comunidades donde trabaja la organización. Hemos acompañado en julio a miembros de UVOC a una reunión con dirigentes comunitarios de la finca San Miguel, en El Estor, Izabal. La finca San Miguel fue ocupada por 90 familias que fueron desalojadas hace dos años sin reconocimiento de sus derechos laborales. Temen un nuevo desalojo después de la entrada de 400 hombres armados en el territorio. Además, acompañamos a miembros de UVOC a reuniones con la Secretaría de Asuntos Agrarios. Observamos una rueda de prensa de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) que trató también la situación en la finca San Miguel. Miembros de la UVOC expresaron sus preocupaciones por la situación de las familias campesinas de la antigua finca La Mocca porque están muy afectadas por la tormenta Ágatha. Antecedentes: La UVOC es una organización campesina de los Departamentos de Alta y Baja Verapaz que trabaja fundamentalmente en la defensa y promoción del acceso a la tierra de la población campesina, y les brinda asesoría sobre la legalización de sus terrenos. También ofrece capacitación y apoya a las comunidades que integran la Unión mediante la gestión de proyectos de desarrollo. Hemos acompañado a Carlos Morales, dirigente de la UVOC, desde mayo de 2005, porque ha sido víctima de amenazas de muerte, intimidaciones y persecución por sujetos desconocidos. Igualmente, continuamos prestando atención a la delicada situación de algunas comunidades que integran la organización. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH. En el mes de julio hemos mantenido reuniones regulares en la oficina de la organización. Antecedentes: Desde 1994 CALDH tiene su sede en la capital, donde recibe denuncias de violaciones de Derechos Humanos e impulsa su investigación y acceso a la justicia. Una de sus áreas de trabajo clave se centra en la promoción y la búsqueda de justicia en casos de genocidio y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Hemos acompañado a integrantes de CALDH en diferentes ocasiones entre 2004 y En febrero de 2007 varios miembros del equipo jurídico sufrieron amenazas directas. Ese mismo mes, José Roberto Morales Sic, Coordinador del Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas de CALDH, fue víctima de un secuestro temporal por dos hombres armados, quienes le amenazaron de muerte. Comenzamos a acompañarle entonces de forma regular. En febrero de 2009 empezamos a observar otras actividades de CALDH tras un incremento de las amenazas y los riesgos de seguridad en otros marcos de actividad de la organización, por su papel activo en los procesos de búsqueda y recuperación de memoria histórica y en la entrega de los archivos militares desclasificados por el Ejército relativos a acciones desarrolladas durante el conflicto armado interno. Comisión de Resistencia Pacifica de San Rafael Pie de la Cuesta, CRP. En julio hemos dado seguimiento a la tensa situación en el departamento de San Marcos debido al conflicto generado entre la empresa española de electricidad Unión FENOSA (DEOCSA, en Guatemala) y comunidades de varios municipios. En la actualidad 2 Human Rights First (HRF), Washington Office on Latin America (WOLA), Network in Solidarity with the people of Guatemala (NISGUA), Grassroots International, American Jewish World Service, Latin America Working Group (LAWG), Institute for Peace and Justice University of San Diego, Carta al Presidente Álvaro Colom, 8 de mayo de

8 el Gobierno mantiene el estado de prevención que fue decretado el 22 de diciembre de 2009, y que dura ya siete meses. Antecedentes: La CRP, fundada en 2007 en el Municipio de San Rafael Pie de la Cuesta (Departamento de San Marcos), tiene como objetivo investigar e informar sobre un proyecto de hidroeléctrica en particular, cuya construcción fue anunciada para los primeros meses de 2008 por parte del Alcalde en una audiencia pública realizada a principios de septiembre de Este proyecto estaba basado en otro anterior que no se había llevado a cabo, y que hasta entonces era desconocido por los habitantes del municipio. Desde diciembre del 2007 acompañamos a los miembros de la CRP, tras haber sido atacados e interrogados algunos de sus integrantes por agentes de policía durante una sesión de reunión de la organización. Diversos miembros de la CRP recibieron amenazas posteriormente. Sin embargo, tras un análisis positivo de su seguridad, el acompañamiento está en fase de seguimiento desde noviembre de OBSERVACIONES PBI en Guatemala proporciona observación internacional en aquellos eventos públicos en que las organizaciones sociales guatemaltecas lo requieren para mostrar la atención y el interés internacional y para poder comunicar fuera del país aquello que observamos. El jueves 1 de julio observamos una rueda de prensa de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) sobre la situación en la finca San Miguel, en el municipio de El Estor (Izabal). Varias organizaciones sociales expresaron su solidaridad con las familias de la finca, entre ellas la UVOC y el Comité de Unidad Campesina (CUC). Observamos varias actividades de preparación de la consulta de Buena Fe en el municipio de Uspantán (El Quiché), en cuya organización están participando junto a las comunidades del municipio varias organizaciones sociales, entre ellas CONAVIGUA y UKUXBE. El 28 de Julio observamos una marcha organizada por el Consejo de los Pueblos de Occidente, la Fundacion Rigoberta Menchú, la Diócesis de San Marcos y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) para entregar una denuncia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En la denuncia acusan a Érick Álvarez, presidente de dicho tribunal, de falsedad ideológica por inscribir una propiedad comunal a favor de una empresa. 3. ACTIVIDADES DE PBI GUATEMALA FUERA DE GUATEMALA Las Representantes Regionales, la Oficina de Coordinación del proyecto y otros miembros del comité y la oficina del proyecto, así como los grupos nacionales de PBI, llevan a cabo campañas de relaciones públicas con numerosas ONG s, agencias y gobiernos nacionales, parlamentarios, etc. Estas reuniones se traducen en el desarrollo y fortalecimiento de una Red de Apoyo del proyecto, herramienta imprescindible para el funcionamiento de la presencia internacional de PBI en Guatemala. En julio la representante europea del proyecto participó en el 12º edición del Foro sobre derechos humanos de la Unión Europea (UE) y ONG (12th EU-NGO Forum on Human Rights), en Bruselas. En particular participó en el taller sobre el papel de la UE en la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. A finales del mes de julio todo el equipo de trabajo de PBI Guatemala se reunió en Ciudad de Guatemala durante una semana para llevar a cabo un ejercicio de análisis de coyuntura, evaluación y planificación del trabajo. Participaron en la reunión el equipo de volunatarios y voluntarias, el comité y la oficina de coordinación el proyecto. 4. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES En esta sección reproducimos algunos comunicados (algunos abreviados) de las organizaciones defensoras de DDHH, donde expresan sus preocupaciones frente a algunos hechos recientes. 8

9 Comunicado de la Convergencia por los Derechos Humanos sobre la coyuntura de violencia en Guatemala Detener la barbarie! Garantizar el derecho a al vida! La Convergencia por los Derechos Humanos, alerta a los pueblos y pueblo de Guatemala por el terror que intenta imponerse con el incremento de ejecuciones y ataques contra usuarias, usuarios y pilotos del transporte urbano, los asesinatos de mujeres, niños y niñas, así como la criminalización de la actividad de defensores y defensoras de derechos humanos. El terror y el miedo vienen acompañados de documentos apócrifos y discursos, en los cuales, al justificar esta situación alarmante, se utiliza un lenguaje propio del autoritarismo que invoca la impunidad como moneda de cambio. En estos, se descalifica y discrimina a cualquier tipo de diferencia, mientras se alienta el desprecio a la vida pues, se promueve una falsa idea de que un sector determinado tiene la exclusividad para acceder al poder público. Ese lenguaje violento recuerda y hace presente los años de las amenazas de muerte, el desplazamiento forzoso, la persecución criminal, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los actos de tortura, la violencia sexual y el genocidio que las fuerzas de seguridad cometieron contra la población civil no combatiente de los pueblos y del pueblo guatemalteco. Violaciones a los derechos humanos por las cuales, sobrevivientes y familiares de las víctimas aún esperan y reclaman justicia al Estado. Vemos con preocupación que no hay diferencia entre los asesinatos del pasado y el lenguaje inquisidor de la actualidad. Tenemos muy poco para dudar que este terror y miedo que día a día se siembra con los ataques a los y las usuarios y pilotos del servicio del transporte urbano capitalino y de municipios aledaños, así como contra la ciudadanía en general, se origina en esos factores de poderes ligados a las violaciones a los derechos humanos y graves delitos de lesa humanidad y genocidio, y son ellos los que hoy invocan la impunidad ante la total pasividad de las autoridades del Estado. El miedo y el terror que se siembra en estos días son el nicho en el cual anida, crece y se reproduce la impunidad, y con ella, la proliferación inusitada de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Sin la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos, la impunidad y los aparatos de seguridad de nuevo se multiplican y hoy crecen vinculados a la incesante actividad del crimen organizado, que atraviesa incluso los poderes económicos en el país. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, ninguno de los presidentes electos a la fecha, ni los integrants del Congreso de la República, han tomado medidas serias para erradicar el flagelo de la impunidad y desmantelar los cuerpos paramilitares. Menos aún, para administrar la justicia pronta y cumplida a la cual los pueblos y el pueblo guatemalteco tienen derecho. El Acuerdo Global de Derechos Humanos identifica con mucha claridad el problema y ofrece caminos a seguir para fortalecer el Estado de Derecho. A instancia de propuestas de organizaciones sociales y de derechos humanos, la comunidad internacional expresada en las Naciones Unidas, acordó la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde hace tres años. No ha sido fácil el camino de la Comisión. Como fiscalía especial, en sus investigaciones, la CICIG ha identificado y golpeado a estructuras ligadas a la impunidad, al crimen organizado y a aparatos de seguridad. Son numerosos los detenidos por la acción de la fiscalía especial y públicos sus nombres. Además de ser responsables de violaciones a los derechos humanos del pasado, hoy los detenidos están ligados a múltiples ilícitos del crimen organizado. El Estado de Guatemala tiene responsabilidad en la barbarie. El gobierno, por su actitud indolente, el Congreso por su irresponsabilidad y su preocupación exclusiva por la reelección, el Organismo Judicial por su ineptitud para depurar sus estructuras. Así las cosas, no hay manera de que el conjunto del sistema de procuración y administración de justicia, reaccione con decisión y cumpla su obligación de proveer la garantía del derecho a la vida. Ante ello, los pueblos y el pueblo de Guatemala -en su mayoría usuario del transporte colectivo-, está sometida nuevamente al desprecio, a la discriminación y el racismo que justifican esta ola de violencia. Por lo anterior, las organizaciones que integramos la Convergencia por los Derechos Humanos emplazamos al Estado de Guatemala y exigimos al Presidente y gobierno de la República que de una vez por todas, desmantele las estructuras que producen y procuran impunidad. De igual forma, demandamos a las y los diputados al Congreso, que dejen de lado sus afanes reeleccionistas e inviertan el tiempo en promulgar las leyes y reformas en materia de seguridad propuestas por la CICIG, a fin de dotar al sistema de seguridad de las herramientas necesarias para el combate a la impunidad. Al Organismo Judicial, en particular a la Corte Suprema de Justicia, que concentre sus esfuerzos en el combate a la corrupción dentro de sus estructuras. Guatemala, 23 de julio de ************************ CONTRA EL DESPOJO Y LA USURPACIÓN DE LA MADRE TIERRA EN NUESTRO TERRITORIO. Los representantes del Pueblo Maya Mam de San Miguel Ixtahuacán (FREDEMI) del departamento de San Marcos, miembro del Consejo de los Pueblos de Occidente, acompañados por la Convergencia Nacional Maya Waqib' kej, comunidades de San Juan Sacatepequez, y de otros pueblos afectados por la minería. Asi como el Obispo Monseñor, Alvaro Ramazzini de la Diócesis de San Marcos, Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, Nery Rodenas de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas y Campesinas -CONICel Comité de Unidad Campesina CUC y Organizaciones de Derechos Humanos. 9

10 MANIFESTAMOS: 1. Que la totalidad del territorio del municipio de San Miguel Ixtahuacan San Marcos, pertenece al Pueblo Maya Mam inscrito en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango, bajo el número de finca 20,697, folio 58 del libro 133 del departamento de San Marcos. 2. A pesar de esto con fecha 6 de septiembre del año 2001, el señor ERICK ALFONSO ALVAREZ MANCILLA, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de representante legal de la empresa PERIDOT, SOCIEDAD ANONIMA, inició diligencias de titulación supletoria de una fracción de dicha finca ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de esta ciudad, (Expediente C ) el cual está prohibido por la Ley de Titulación Supletoria que literalmente regula: el que pretenda mediante las diligencias de titulación supletoria titular un inmueble cuya titulación está prohibida por la ley, o que ya esté inscrito en el Registro de la Propiedad, incurrirá en el delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA que establece el Código Penal. 3. Que en este delito han incurrido los señores ERICK ALFONSO ALVAREZ MANCILLA Y JORGE ASENCIO AGUIRRE, en su calidad de representantes legales de Peridot, S. A por lo que hemos interpuesto una querella en su contra, con el fin de que las instituciones correspondientes del Sistema de Justicia, procedan a investigar y juzgar a los responsables y en consecuencia se ordene el desalojo de la las empresas Peridot, S.A. y Montana Exploradora de Guatemala, S.A. propiedad de la transnacional canadiense Gold Corp, por ocupación ilegal de nuestro territorio. Guatemala 28 de julio de 2010 FRENTE DE RESISTENCIA MIGUELENSE, (FREDEMI) MIEMBRO DEL CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE OCCIDENTE (CPO) PBI GUATEMALA NO SE IDENTIFICA NECESARIAMENTE CON LAS OPINIONES Y CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS Y COMUNICADOS REPRODUCIDOS. LAS NOTAS DE COYUNTURA DEL APARTADO 1 NO SON COPIA LITERAL DE LAS FUENTES CONSULTADAS: SE HA SIMPLIFICADO LA REDACCIÓN Y SINTETIZADO EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS ORIGINALES. - PROYECTO PBI GUATEMALA - Oficina del Equipo en Guatemala 3ª Avenida A, 3-51, Zona 1, Ciudad de Guatemala Teléfono/fax: (+502) Correo-e: equipo@pbi-guatemala.org Página Web: Oficina de Coordinación del Proyecto Plaza Manuel Granero 9, Puerta 18; Valencia (España) Teléfono: (+34) Correo-e: coordinacion@pbi-guatemala.org 10