REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

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1 TUTELA/ Improcedencia/Obligaciones dinerarias/ El accionante dispone de otros mecanismos ordinarios para solicitar el rembolso de gastos en que debió incurrir en la prestación de los servicios de salud/confirma y adiciona decisión del a quo. Así las cosas, el accionante dispone de otros mecanismos ordinarios para solicitar el reembolso de los gastos asumidos en la prestación del servicio de salud que requirió su cónyuge en el Hospital Susana López de Valencia, pudiendo entonces presentar la correspondiente reclamación ante la NUEVA EPS, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución No de Por último, es preciso señalar que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales ante la vulneración o amenaza por parte de las autoridades públicas o los particulares, resultando improcedente para resolver controversias sobre derechos prestacionales u obligaciones dinerarias, como lo pretende el accionante dentro del sub lite.por las razones de hecho y de Derecho, concluye la Sala que la presente acción resulta improcedente para solicitar el recobro de los gastos médicos que debió asumir en la prestación del servicio de salud de la señora CARMENZA QUENGUAN GOLONDRINO, en razón a que la acción de tutela no fue adoptada como un mecanismos para demandar el reconocimiento de derechos económicos o prestacionales, y adicionalmente, el actor dispone de otros mecanismos ordinarios previstos por la Ley para reclamar estas pretensiones, motivo por el cual, se confirmará el numeral primero de la sentencia impugnada, por los motivos expuestos en esta providencia. REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Popayán, once (11) de marzo de dos mil trece (2013) MAGISTRADO PONENTE: NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ EXPEDIENTE:

2 Decide el Tribunal sobre la impugnación incoada por la parte accionante contra el fallo No. 005 de febrero 04 de 2013 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, por medio del cual se negó la acción de tutela al considerarla improcedente, por existir otros mecanismos jurídicos de defensa. I. ANTECEDENTES. 1. La Demanda.1 El señor JUAN DE DIOS SUAREZ LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía , obrando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra de la NUEVA E.P.S, a fin de que esta entidad se haga cargo del pagaré por conceptos médicos expedido por el Hospital Susana López y el reembolso de la parte consignada a la deuda. 1.1 Los Hechos Como sustento de las pretensiones, presentó los hechos que a continuación se sintetizan: El señor JUAN DE DIOS SUAREZ LOPEZ, manifestó que desde el año 1985 está afiliado al sistema de seguridad social, como cotizante independiente de manera continua e ininterrumpida. El día 21 de noviembre de 2012 ingresó a urgencias del Hospital Susana López con su esposa, en donde le fue realizada a su cónyuge una cirugía denominada Colecistectomía Laparoscópica. Afirmó que el día 24 de noviembre de 2012, cuando fue dada de alta su esposa le indicaron que no podían salir del Centro Hospitalario en razón a que debía cancelar cinco millones nueve mil novecientos pesos 1Folio 1a 12 2

3 ($ ), por concepto de atención médica; que para lograrlo, tuvo que llegar llegó a un acuerdo debiendo pagar la suma de quinientos mil pesos ($ ) y firmar un pagaré por el saldo. Indicó que canceló los dos meses que debía en salud a la NUEVA EPS el día 24 de noviembre de 2012, y en virtud de ello solicitó a la entidad que asumiera la deuda y le fueran reembolsados los quinientos mil pesos ($ ) ya cancelados al Hospital Susana López, para poder sacar a su esposa del hospital. Expresó que no pudo cancelar los dos meses de aportes a salud por razones económicas y que no cuenta con los recursos económicos para pagar lo que falta de la deuda. 2. Respuesta a la Tutela por la NUEVA E.P.S 2 La NUEVA E.P.S mediante escrito de 23 de enero de 2013 presentó informe de la tutela solicitando negar el presente amparo bajo los siguientes argumentos: Indicó que respecto de la solicitud de pago y/o reembolsos, el actor cuenta con un mecanismo judicial ordinario para solicitar dicho pago, razón por la cual la acción de tutela se torna improcedente. Afirmó que el accionante pretende que la Nueva EPS cancele el valor de la atención médica recibida en una entidad con la cual no tiene convenio y por lo tanto no pertenece a su red de servicios. Considera que el actor debió acudir a centros asistenciales con los cuales tiene convenio la NUEVA EPS, como es el caso de la Clínica La Estancia o el Hospital San José, y que a pesar de estar en mora en unos de sus pagos, la Nueva EPS hubiese autorizado la atención requerida. 2 Folio 15 a 17 3

4 Expresó que no se ha recibido por parte del actor solicitud de aprobación de servicios en el Hospital Susana López, para la atención de afiliados de la entidad. Señaló que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 5261 de 1994, artículo 14, el accionante debió tramitar la solicitud de reembolso o pagos, situación que no aconteció según se observa en el sistema de la entidad. Por último, indicó que la acción de tutela no fue instituida para resolver conflictos de tipo económico y/o prestaciones. 3. La sentencia Impugnada 3 En sentencia N 005 de 04 de febrero de 2013, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, negó la acción de tutela por improcedente, al considerar que existen otros medios jurídicos de defensa para el reembolso pretendido por el señor JUAN DE DIOS SUAREZ LOPEZ. Como sustento de su decisión, el A Quo consideró que la entidad prestadora de salud con su actuar no ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud y seguridad social en conexidad con la vida en condiciones dignas del accionante. 4. La impugnación 4 Mediante escrito de fecha de 6 de febrero de 2013, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 3 Folios18 a 19 4 Folio 21 4

5 El Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo establecido por el Decreto Ley 2591 de 1991 en su artículo 32, en SEGUNDA INSTANCIA. 2. Problema Jurídico Corresponde a la Sala determinar si el fallo Nº 005 de 04 de febrero de 2013, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, por medio del cual resolvió negar la acción de tutela invocada por el accionante al existir otro mecanismo de defensa para el reembolso de gastos médicos, se encuentra o no ajustada a Derecho. 3. Improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. La Constitución Política establece en su artículo 86 que cuando una persona vea quebrantado su derecho fundamental y no cuente con otro mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela es procedente. En razón a ello, el juez constitucional en el estudio de los casos puestos a su consideración, debe evaluar en primer lugar que no se cuente con otro instrumento de protección por medio del cual se pueda garantizar el derecho vulnerado. En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado que es necesario ( )entender que los mecanismos judiciales ordinarios son los instrumentos preferentes a los cuales deben acudir las personas para lograr la protección de sus derechos; pues los jueces ordinarios están obligados a resolver los problemas legales que a aquellas aquejen, garantizando en todo momento la primacía de los derechos inalienables. De ahí que la tutela por parte de la jurisdicción constitucional adquiera carácter subsidiario frente a los restantes medios de defensa judicial 5 En efecto, la tutela está caracterizada por ser esencialmente subsidiaria, es decir, su procedencia está sujeta a la verificación previa de la no existencia de otros medios de defensa o a que ante su existencia, éstos no sean lo suficientemente eficaces para la protección inmediata de los 5 Sentencia T-565 de 2008 M.P. Jaime Araújo Rentería. 5

6 derechos fundamentales de los asociados 6. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU- 037 de 2009 con ponencia del Dr. Rodrigo Escobar Gil, al estudiar la naturaleza y características del principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, sostuvo lo siguiente: El principio de subsidiariedad de la tutela aparece claramente expresado en el artículo 86 de la Constitución ( ) Respecto de dicho mandato, ha manifestado la Corte que, en cuanto el ordenamiento jurídico cuenta con un sistema judicial de protección de los derechos constitucionales, incluyendo por supuesto los que tienen la connotación de fundamentales, la procedencia excepcional de la tutela se justifica en razón a la necesidad de preservar el orden regular de competencias asignadas por la ley a las distintas autoridades jurisdiccionales, buscando con ello no solo impedir su paulatina desarticulación sino también garantizar el principio de seguridad jurídica. ( ) Así las cosas, conforme con su diseño constitucional, la tutela fue concebida como una institución procesal dirigida a garantizar una protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales fundamentales, razón por la cual no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional. En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del 6 Corte Constitucional. Sentencia del 21 de junio de M.P. Jorge IgnacioPreteltChaljub 6

7 ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 Superior. Sobre este particular, ha precisado la jurisprudencia que si existiendo el medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción de tutela en procura de obtener la protección de un derecho fundamental. En estas circunstancias, la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo. (Resalta el Tribunal) Así las cosas, conforme con el precedente jurisprudencial en cita, la acción de tutela fue concebida como una institución procesal dirigida a garantizar una protección efectiva, pero a la vez supletoria de los derechos fundamentales, razón por la cual no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca remplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. 4. Reembolso de gastos médicos mediante la acción de tutela. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que por regla general la tutela en principio es improcedente para obtener el reembolso de gastos médicos, en razón a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, indicando lo siguiente: Este Tribunal Constitucional ha indicado, de manera general, que en principio, la acción de tutela es improcedente para obtener el reembolso de gastos médicos, por las siguientes razones: La presunta 7

8 afectación o amenaza del derecho fundamental a la salud en la que pudo incurrir la E.P.S., se entiende superada con la prestación del mismo. Además, el hecho que el ordenamiento jurídico tiene previstos otros mecanismos de defensa judicial a los que puede acudir el usuario para obtener el reembolso de los gastos médicos en que pudo incurrir y respecto de los cuales considera que legalmente no está obligado a asumir 7. No obstante, el juez constitucional podrá ordenar el reembolso de los gastos médicos cuando se presente una flagrante vulneración de los derechos fundamentales de los pacientes afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud. Al respecto ha indicado el Alto Tribunal: Empero, se presentan circunstancias especiales que ameritan la intervención del juez constitucional, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte, cuando se evidencia el desconocimiento flagrante de los contenidos del Plan Obligatorio de Salud por parte de las E.P.S., tratándose del Sistema General de Seguridad Social en Salud 8. Desde esta perspectiva, de la jurisprudencia de esta Corporación se desprende que el amparo de tutela es procedente, de manera excepcional, para obtener el rembolso del dinero pagado por servicios de salud no suministrados al paciente por parte de la E.P.S, en los siguientes casos: (i) cuando la entidad que tiene a cargo dicha prestación se niega a proporcionarlo, sin justificación legal 9 y; (ii) existe orden del médico tratante que sugiere su suministro Desde esta perspectiva, se entiende que el amparo de tutela es procedente de manera excepcional, para obtener el reembolso de los gastos médicos no suministrados al paciente cuando: i) la entidad que tiene a cargo dicha prestación se niega a proporcionarlo, sin justificación legal, y ii) existe orden del médico tratante que sugiere su suministro 12, aun cuando el mismo haya sido prescrito por un médico no adscrito a la entidad responsable, cuando el concepto de este último no es considerado por la E.P.S, ni para controvertirlo, modificarlo o confirmarlo. 7 Corte Constitucional. Sentencias T-414 de 2001, T-385 de 2002, T-05 de 2003, T-489 de 2003, T-590 de 2003, T-342 de 2004, T-616 de 2004, T-835 de 2005, T-703 de 2005, T-1306 de 2005, T 919 de 2009, T 346 de Corte Constitucional. Sentencias T-1066 de 2006, T 919 de 2009 y T 346 de Ibíd. 10 Corte Constitucional. Sentencias T-500 de 2007, T 919 de 2009 y T 346 de Corte Constitucional. Sentencia T-091 de Sentencias T-500 de M.P. Manuel José Cepeda, SentenciaT 919 de 2009 y T-346 de M.P. GabrielEduardo Mendoza T 346 de

9 Es así como en sentencia T-650 de , la Corte señaló lo siguiente: Así, en sentencia T-104 de 2000 la Corte señaló: ( ) En cuanto a la pretensión relacionada con el reembolso de dineros gastados ( ), en repetidas oportunidades la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, en casos como en el presente la tutela sólo procede cuando la acción u omisión de la entidad encargada de prestar el servicio público de salud, amenaza o vulnera derechos fundamentales, en manera alguna para definir obligaciones en dinero, cuyo pronunciamiento corresponde a la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, no es posible obtener por vía de tutela el pago de dichas sumas, dado que existe un mecanismo alternativo de defensa judicial, al cual [se] deberá acudir ( ), si considera que [se] tiene derecho a dicho reconocimiento ( ).. Por consiguiente, esta Sala de Revisión reitera una vez más que la tutela no procede para resolver controversias sobre derechos prestacionales u obligaciones dinerarias. Frente a éstas debe acudirse ante la jurisdicción ordinaria para que sean resueltas. De lo anterior, se concluye que el propósito de la acción de tutela es la salvaguarda de los derechos fundamentales ante eventuales vulneraciones o amenazas ocasionadas por la acción u omisión de las entidades públicas o privadas, que tienen el deber constitucional y legal de prestar el servicio público de salud. Cuando la debida atención médica, ya ha sido suministrada, garantizándose con ello la protección de los derechos en conflicto, en principio no es factible tutelar los derechos a la salud y a la seguridad social, en tanto que la petición se concreta en la reclamación de una suma de dinero. El camino constitucional y legal adecuado para tramitar este tipo de controversias es la jurisdicción ordinaria. 5. Caso Concreto. 5.1 No se encuentra demostrado que la entidad que tiene a cargo la prestación del servicio de salud se hubiese negado a proporcionarlo, sin justificación legal. 13 Sentencia T-650 de M.P. Jorge IgnacioPreteltChaljub. Sentencia T- 067 de M.P. 9

10 El señor JUAN DE DIOS SUAREZ LOPEZ, interpuso acción de tutela en contra de la NUEVA E.P.S, con el fin de que ordene el reembolso de los servicios médicos realizados a su esposa en el Hospital Susana López de Valencia. Por su parte, la entidad accionada, argumentó que la solicitud de pagos y reembolsos pretendida por el actor cuenta con un mecanismo ordinario para solicitar dicho el cual no ejerció dentro del término previsto en la ley, que éste debió acudir a centros asistenciales adscritos a la red de servicios de la entidad y que a pesar de estar en mora se le hubiese autorizado la atención debido a la urgencia médica. Por las anteriores razones, solicitó se niegue la acción de tutela en razón a que no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno al señor JUAN DE DIOS SUAREZ LÓPEZ. Revisado el expediente, se observa que el accionante se encuentra afiliado a la Nueva EPS como cotizante, siendo beneficiaria su cónyuge la señora CARMENZA QUENGUAN GOLONDRINO, según consta en la certificación expedida por la Entidad Promotora de Salud 14 Según lo consagrado en la Factura Parcial de 26 de noviembre de 2012, 15 expedida por el Hospital Susana López de Valencia, la cónyuge del actor ingresó al Centro Hospitalario por urgencias, y se le practicó un procedimiento terapéutico quirúrgico denominado COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA, así como diferentes procedimientos de diagnóstico. A su vez, se observa que fueron suministrados medicamentos, se emplearon materiales e insumos, y tuvo una estancia en el Hospital. Los servicios de salud fueron liquidados por el Hospital Susana López de Valencia en un valor de cinco millones nueve mil novecientos pesos ( ). Por otra parte, según copia simple de liquidación de servicios prestados 16 expedido por el Hospital Susana López de Valencia, se reseñó la siguiente información de la paciente CARMENZA QUENGUAN GOLONDRINO Particula (sic) paciente suspendida nueva eps Por mora. Sin cubrimiento. Así 14 Folio 5 15 Fólios 3 y 4 16 Folio 6 10

11 mismo, se registró que el valor neto a pagar asciende a CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ ). Al expediente se aportaron copias de los recibos de pago de las planillas de los meses de septiembre a noviembre del , cancelados por el señor JUAN DE DIOS SUAREZ LOPEZ. Partiendo de la pruebas aportadas al expediente, resulta claro que dentro del sub lite no se ha configurado una vulneración al derecho a la salud de la señoracarmenza QUENGUAN GOLONDRINO, por parte de la NUEVA EPS, pues no existe prueba alguna que permita concluir que esta entidad le haya negado la prestación de los servicios de salud a la cónyuge del accionante, y por el contrario de las pruebas aportadas al expediente, se observa que la señora QUENGUAN GOLONDRINO ingresó por urgencias al Hospital Susana López de Valencia de la ciudad de Popayán, en donde se le prestó el servicio de salud requerido. Así las cosas, de la situación fáctica planteada no existe una negación de los servicios médicos por parte de la EPS de la cual es beneficiaria la señora QUENGUAN GOLONDRINO, pues la atención brindada se prestó en razón al sistema nacional de urgencias, situación que conlleva a determinar la inexistencia de una posible vulneración al derecho a la Salud de la cónyuge del accionante. Teniendo en cuenta lo anterior, precisa la Sala que si bien al accionante le correspondió asumir los gastos que se derivaron de la atención en salud de su cónyuge, lo cierto es que el servicio de salud fue prestado por el Hospital Susana López de Valencia de la ciudad de Popayán, con lo cual, se le garantizó su derecho fundamental a la vida y la salud. Por las razones expuestas, se deberá adicionar la sentencia impugnada, en el sentido de no tutelar el derecho a la salud de la señora CARMENZA QUENGUAN GOLONDRINO, como en efecto se hará. 17 Fólios 7 a 9 11

12 5.2. El accionante dispone de otros mecanismos ordinarios para solicitar el rembolso de gastos en que debió incurrir en la prestación de los servicios de salud que requirió la señora CARMENZA QUENGUAN GOLONDRINO. Dentro del sub examine se encuentra acreditado que a la cónyuge del señor JUAN DE DIOS SUAREZ LOPEZ se le proporcionó el servicio de salud en el Hospital Susana López de Valencia, entidad con la cual la NUEVA EPS no tiene convenio, tal y como se aseguró en el informe de la tutela presentado por la entidad accionada, razón por la cual el accionante debió asumir los costos que se generaron como consecuencia de la prestación del servicio. Según lo dispuesto en la Resolución No de 1994 expedida por el entonces Ministerio de Salud, el accionante puede solicitar a la EPS el reembolso de los dineros cancelados por la prestación del servicio, cuando este fue prestado en un entidad con la cual no hubiese suscrito un contrato o convenio. Al respecto, el artículo 14 de la citada Resolución dispone lo siguiente: RECONOCIMIENTO DE REEMBOLSOS. Las Entidades Promotoras de Salud, a las que esté afiliado el usuario deberán reconocerle los gastos que haya hecho por su cuenta por concepto de: atención de urgencias en caso de ser atendido en una I.P.S. que no tenga contrato con la respectiva E.P.S., cuando haya sido autorizado expresamente por la E.P.S. para una atención específica y en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud para cubrir las obligaciones para con sus usuarios. La solicitud de reembolso deberá hacerse en los quince (15) días siguientes al alta del paciente y será pagada por la Entidad Promotora de Salud en los treinta (30) días siguientes a su presentación, para lo cual el reclamante deberá adjuntar original de las facturas, certificación por un médico de la ocurrencia del hecho y de sus características y copia de la historia clínica del paciente. Los reconocimientos económicos se harán a las tarifas que tenga establecidas el Ministerio de Salud para el sector público. En ningún caso la Entidad Promotora de Salud hará reconocimientos económicos ni asumirá ninguna responsabilidad por atenciones no autorizadas o por profesionales, personal o instituciones no contratadas o adscritas, salvo lo aquí dispuesto.(resalta la Sala) Así las cosas, el accionante dispone de un mecanismo ordinario para 12

13 acudir ante la NUEVA EPS con el fin de solicitar el reconocimiento del reembolso de los gastos en que incurrió por la atención en salud brindada a su cónyuge en el Hospital Susana López de Valencia de la ciudad de Popayán, toda vez que las condiciones fácticas del accionante se encuadran dentro de lo dispuesto en el precitado artículo. Lo anterior se precisa, en razón a que la entidad accionada en el informe de la tutela indicó que a la fecha el accionante no ha presentado ninguna reclamación mediante la cual solicite el reembolso de los gastos que debió asumir como consecuencia de la atención médica que recibió su esposa en el Hospital Susana López de Valencia, y en de las pruebas aportadas al expediente, solamente reposa un escrito con el nombre del accionante de fecha 6 de diciembre de , sin firma y constancia de recibido, que permita determinar que el señor JUAN DE DIOS SUAREZ LOPEZ hubiese presentado la correspondiente reclamación. Ahora bien, respecto al término para la presentación de la reclamación de reembolso, la jurisprudencia de la Corte Constitucionalha señalado que el plazo de 15 días establecido en la precitada Resolución no puede ser entendido bajo ningún concepto como un término prescriptivo de la obligación que tienen las EPS de reconocer a sus usuarios el reembolso de los dineros que le corresponda asumir comoentidades Prestadoras de Salud. Al respecto, el Alto Tribunal Constitucional señaló: Adicionalmente, la vulneración de los derechos de la accionante se torna más gravosa por cuanto la entidad accionada negó el reconocimiento de dicha prestación con fundamento en el incumplimiento de un requisito meramente formal, como es la extemporaneidad de la reclamación, esto es, vencido el término establecido en el artículo 14 de la resolución 5261 de 1994, según la cual la solicitud de reembolso deberá hacerse dentro de los quince (15) días siguientes al alta del paciente. De este modo, se resolverá de acuerdo a lo establecido en la sentencia T-594 de 2007, en donde se manifiesta que el plazo para efectuar la reclamación establecido en la Resolución referida, no puede entenderse de ningún modo como un término prescriptivo de la 18 Folio 2 13

14 obligación que tiene Coomeva de reconocer a sus usuarios el reembolso de los dineros que le corresponda asumir a la E.P.S. por expresa disposición del régimen de seguridad social en salud. En efecto, el plazo corresponde simplemente al término con el que cuentan los afiliados para adelantar el trámite administrativo de su solicitud ante la entidad, razón por la cual el cumplimiento del mismo, no puede tener como consecuencia la pérdida del derecho del usuario a obtener el reembolso, ni la exoneración de la entidad de cumplir con las obligaciones que le concurren 19.(Resalta la Sala) Así las cosas, el accionante dispone de otros mecanismos ordinarios para solicitar el reembolso de los gastos asumidos en la prestación del servicio de salud que requirió su cónyuge en el Hospital Susana López de Valencia, pudiendo entonces presentar la correspondiente reclamación ante la NUEVA EPS, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución No de Por último, es preciso señalar que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales ante la vulneración o amenaza por parte de las autoridades públicas o los particulares, resultando improcedente para resolver controversias sobre derechos prestacionales u obligaciones dinerarias, como lo pretende el accionante dentro del sub lite. Por las razones de hecho y de Derecho, concluye la Sala que la presente acción resulta improcedente para solicitar el recobro de los gastos médicos que debió asumir en la prestación del servicio de salud de la señora CARMENZA QUENGUAN GOLONDRINO, en razón a que la acción de tutela no fue adoptada como un mecanismos para demandar el reconocimiento de derechos económicos o prestacionales, y adicionalmente, el actor dispone de otros mecanismos ordinarios previstos por la Ley para reclamar estas pretensiones, motivo por el cual, se confirmará el numeral primero de la sentencia impugnada, por los motivos expuestos en esta providencia. III. DECISION 19 Corte Constitucional. Sentencia T-650 de M.P. Jorge IgnacioPreteltChaljub 14

15 En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia de 4 de febrero de 2013 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, en cuanto declaró la improcedencia de la acción de tutela para reclamar el reembolso de gastos médicos, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de 4 de febrero de 2013 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, en el sentido de NO TUTELAR el derecho la salud de la señora CARMENZA QUENGUAN GOLONDRINO, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: REMITIR este fallo a la H. Corte Constitucional para lo de su cargo. COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE Se hace constar que el proyecto de esta providencia fue considerado y aprobado por el Tribunal en sesión de la fecha. Los Magistrados, NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ 15

16 DAVID FERNANDO RAMIREZ FAJARDO CARLOS H. JARAMILLO DELGADO 16

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