El Derecho de la Competencia en Argentina

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1 El Derecho de la Competencia en Argentina 1. Una breve reseña del Derecho de la Libre Competencia en Argentina En Argentina, el Derecho de la Competencia se ha desarrollado desde las primeras décadas del siglo XX, época en la que se discutieron en la Cámara de Diputados varios proyectos de ley que buscaban prohibir ciertas conductas restrictivas de la competencia. El primer antecedente relevante para el Derecho de la Competencia en Argentina tuvo origen en la Ley de Dicha ley reprimía los monopolios y prohibía una serie de conductas restrictivas de la competencia. Establecía como delito todo acto o convenio que tuviera como efecto la unión de dos capitales que formaran un monopolio del cual se lucrara. La ley de 1923 tenía un carácter penal. Posteriormente, la Ley de 1923 fue derogada por la Ley de Esta norma conservó de la anterior regulación el carácter de delito de las conductas que permitieran el desarrollo de monopolios, además estableció, una cláusula general de prohibición y un listado de conductas prohibitivas que se consideraban tendientes a la creación de monopolios. Sin embargo, dicha ley no fue aplicada durante su vigencia. La Ley de 1946 rigió hasta 1980, cuando fue derogada por la Ley El Derecho de la Competencia en Argentina fue regulado desde 1980 hasta 1999 por la Ley Durante estos 19 años el Derecho de la Competencia Argentino, estableció sanciones penales por infracción de las normas de libre competencia. De acuerdo con los señalado por la Comisión Nacional de Derecho de la Competencia (en adelante CNDC), a partir de 1990, algunas de las medidas adoptadas por el gobierno, produjeron el cambio en el modelo económico: se desreguló totalmente la inversión extranjera hasta asimilarla a la inversión nacional, se eliminaron todos los controles de precios, se privatizaron todas las empresas de servicios públicos, se eliminaron prácticamente todas las restricciones cuantitativas sobre las importaciones, y se impuso un régimen de convertibilidad de la moneda que logró que la inflación dejara virtualmente de existir como problema 1 A partir de 1997 las denuncias de prácticas contrarias a la libre competencia se incrementaron notablemente, haciendo necesario una nueva regulación que se adaptara a las nuevas necesidades del mercado, por lo que se expidió en 1999 la Ley , ley que actualmente constituye el estatuto fundamental de la libre competencia en Argentina. Así como la ley de 1999, La Constitución de Argentina hace alusión expresa al Derecho de la Competencia Económica y a la Protección al Consumidor. No prohíbe los monopolios pero 1 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHO DE LA COMPETENCIA. Memorias. Documento Electrónico consultado en: 1

2 determina que son regulados por las autoridades. Establece varios derechos que permiten el desarrollo de la legislación, entre los que podemos encontrar: a. Libertad de industria, comercio y propiedad privada (artículo 14) b. Derecho de la Competencia y protección al consumidor (artículo 42 y 43) La Ley de 1999 es la Ley de Competencia (en adelante LDC) vigente en Argentina, la cual le dio un nuevo enfoque al Derecho de la Competencia en Argentina, eliminando las sanciones penales y estableciendo mecanismos preventivos, como el control previo para algunas concentraciones, basando su análisis de aprobación o prohibición en el concepto de mercado relevante. A partir de dicha ley se creó el Tribunal Nacional de Derecho de la Competencia (TNDC) como el organismo encargado de velar por el cumplimiento del Derecho de la Competencia, sin embargo, esta institución no ha sido creada, por lo que mientras no se establezca, sus funciones son ejercidas por la CNDC, como se explicará más adelante. En el año 2001 la ley fue modificada por el Decreto 396 de El Gobierno Nacional consideró, como lo expresó en dicha norma, que la LDC en algunas materias perjudicaba la competitividad de la economía argentina, especialmente respecto de la inversión nacional y extranjera, por lo que, mediante el Decreto 396 de 2001 se modificaron los siguientes aspectos: 1. Se excluyó de la autorización las concentraciones que por su monto de activos no se justificara evaluar, 2. Se precisaron aspectos del procedimiento de la autorización de concentraciones, y 3. Se estableció la facultad de opinar y cuestionar la pertinencia de la prueba a producir. El Presidente de Argentina reglamentó varios aspectos de la LDC mediante el Decreto 89 de 2001 (en adelante el reglamento). Las materias objeto de reglamentación fueron: el control de las concentraciones económicas, la integración del TNDC y el procedimiento de aplicación de la ley. Las principales materias que cubre la actual normativa de libre competencia argentina son: a. La creación del Tribunal Nacional de Derecho de la Competencia (TNDC), encargado de adelantar los procesos para determinar la existencia de acuerdos y prácticas que restrinjan la competencia, así como las conductas que constituyan abuso de la posición dominante y la imposición de las respectivas sanciones. Ejerce el control de las concentraciones que realicen los agentes del mercado. b. Determina qué prácticas son consideradas restrictivas y qué prácticas son consideradas abusos de posición dominante. c. Establece la regulación aplicable a las concentraciones. 2. Las autoridades de libre competencia en Argentina y sus principales facultades 2

3 2.1. Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC) La Ley de Competencia Argentina creó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, el cual no se ha conformado hasta el día de hoy. Esta autoridad tiene una naturaleza administrativa y sus decisiones son de igual forma administrativas. Por su misma naturaleza, el Tribunal no conoce del resarcimiento de daños y perjuicios, los que deben ser solicitados al juez competente de la materia. En la actualidad, de acuerdo con el art. 58 de la LDC, mientras el TNDC no sea creado, sus funciones serán ejercidas por la Comisión Nacional de Competencia. Las decisiones que emita la Comisión son apelables ante el Secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, mientras que las resoluciones del Tribunal serán conocidas en segunda instancia por la Cámara Nacional de Apelaciones en materia Comercial o la Cámara Federal que corresponda en el interior del país. El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia es un organismo autárquico del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, creado para aplicar y vigilar el cumplimiento de la LDC. Está integrado por siete miembros, de los cuales dos deben ser abogados y otros dos profesionales en ciencias económicas. Deben tener más de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. La Ley de Competencia establece un mecanismo de designación de los miembros del Tribunal diferente del sistema utilizado para la elección de los miembros de la Comisión Nacional de Competencia. Estos últimos son nombrados por el Ministro de Economía. Mientras que, los miembros del Tribunal serán elegidos por concurso público de oposición y antecedentes. El art. 24 de la LDC, establece las funciones del Tribunal Nacional de Competencia que consisten, principalmente, en: a. Realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes; b. Celebrar audiencias con los presuntos responsables, denunciantes, damnificados, testigos y peritos, c. Recibir declaración y ordenar careos, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública; d. Realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás elementos conducentes la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u otros bienes; e. Imponer las sanciones establecidas por la ley; 2.2. Subsecretaria de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor La Subsecretaria de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor tiene la función de efectuar la propuesta, ejecución y control de la política comercial interna relacionada con la defensa del consumidor y de la competencia. Ejerce la supervisión de las actividades de abastecimiento, realiza el seguimiento y verificación de los asuntos de metrología legal. 3

4 La Subsecretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor está encargada, a su vez, de inspeccionar las acciones de la Comisión Nacional de Competencia o del organismo que en el futuro lo sustituya (Tribunal de Defensa de la Competencia) y las actuaciones de los tribunales arbitrales de defensa del consumidor. 3. Sanciones que se pueden imponer por atentados a la Libre Competencia La CNDC (Tribunal Nacional de la Competencia) está facultada para imponer sanciones de tipo civil a las personas naturales o jurídicas que incurran en conductas anticompetitivas sancionables y descritas por la ley. Las sanciones aplicables por el Tribunal se describen en el art. 46 de la LDC N de 1999 en los siguientes términos: a. Cese de los actos o conductas. b. Multas de diez mil pesos ($ ) hasta ciento cincuenta millones de pesos ($ ). c. Cuando se verifiquen actos que constituyan abusos de posición dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de la Ley de Competencia, la Comisión Nacional de Competencia puede imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas. d. Los que no cumplan con las siguientes obligaciones: notificar las concentraciones, realizar el cese o la abstención de la conducta lesiva que ordene la Comisión Nacional de Competencia, en cualquier estado del proceso y el compromiso del investigado de cesar la conducta o variarla se les impondrá una multa de hasta un millón de pesos ($ ) diarios, contados desde el vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica o desde el momento en que se incumple el compromiso o la orden de cese o abstención. La aplicación de las multas mencionadas con anterioridad es susceptible de graduación en virtud de los siguientes criterios: - La pérdida, en la que incurrieron todas las personas afectadas por la actividad prohibida. - El beneficio obtenido, por cada una de las personas involucradas en la actividad prohibida. - El valor de los activos, involucrados de las personas participantes de la actividad prohibida, al momento en que se cometió la ilegalidad. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplican. En virtud del art. 58 de la LDC, cuando una persona jurídica es sancionada la multa también se aplica solidariamente a los directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes legales que por su acción o por la omisión de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hayan contribuido, alentado o permitido la infracción. 4

5 Además, el artículo citado también dispone que la Comisión Nacional de Competencia pueda imponer una sanción complementaria de inhabilidad para ejercer el comercio de uno (1) a diez (10) años. 4. Algunos aspectos del procedimiento El procedimiento para investigar a los infractores de la Ley de Competencia se inicia de oficio o por denuncia interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. La Comisión Nacional de Competencia estimará la pertinencia de la denuncia para dar traslado por diez (10) días al investigado. Durante éste término, el denunciado puede dar las explicaciones que estime conducentes. En caso de que el procedimiento se inicie de oficio, se corre traslado al sospechoso de los hechos y los fundamentos que dieron lugar a la apertura del proceso. Si la explicación dada por el presunto responsable es consistente y convincente, la Comisión Nacional de Competencia puede archivar en esta instancia la investigación. Posteriormente, la Comisión procede a ( ) notificar a los presuntos responsables para que en un plazo de quince (15) días efectúen su descargo y presenten las pruebas que consideren pertinentes. El periodo probatorio tiene una duración de 90 días. Durante cualquier etapa del proceso la Comisión puede imponer al presunto responsable el cumplimiento de ciertas conductas o el cese de otras para evitar un mayor perjuicio al mercado. La medida es tomada mediante una resolución que puede ser apelada en el efecto devolutivo. De igual forma, a petición de parte o de oficio puede ser modificada o suspendida la medida gracias al cambio de las circunstancias que dieron su origen o por situaciones no conocidas en el momento de la adopción de la medida. Las actuaciones de la Comisión Nacional de Competencia son administrativas. Con la expedición de la resolución que se pronuncia sobre los antecedentes del caso, la ilicitud de la conducta y la sanción aplicable, se agota la vía administrativa. Por otra parte, El Tribunal Nacional de Competencia podrá de oficio o a instancia de parte dentro de los tres (3) días de la notificación y sin substanciación, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones Las resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de Competencia pueden ser objeto de apelación. El art. 53 de la LDC establece que El recurso de apelación debe interponerse y fundarse ante el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (La CNDC mientras no se cree el Tribunal) para ante la Cámara Nacional de Apelaciones dentro del plazo de quince (15) días de notificada la resolución, siempre y cuando la decisión ordene alguno de los siguientes aspectos: a) El pago de una multa; b) El cese o la abstención de una conducta; c) La oposición o condicionamiento de una concentración; d) La desestimación de la denuncia. La CNDC es la encargada de recibir el recurso y debe enviar el expediente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la interposición del mismo, a 5

6 la Cámara Nacional de Apelaciones en Comercial o la Cámara Federal que corresponda en el interior del país El art. 56 de la LDC permite la remisión interpretativa a otras normas en caso de vacíos en la regulación. Para los casos no previstos se deberá aplicar el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, siempre y cuando sean compatibles con las disposiciones de la LDC. 6

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