LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO. Managua. Agosto 2013 Dra. Patricia Olamendi

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1 LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO. Managua. Agosto 2013 Dra. Patricia Olamendi

2 o Convención Sobre la Eliminación de Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer CEDAW. o Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres (Belém Do Pará). o Estándares derivados de las Recomendaciones y Sentencias Sistema Internacional y Sistema Interamericano.

3 RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS La Constitución del Estado de Nicaragua establece en sus artículos 9 y 10, que el Estado se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional y Americano, reconocido y ratificado soberanamente y añade que solamente reconocerán las obligaciones internacionales que hayan sido libremente consentidas de conformidad con ese instrumento y el Derecho Internacional, es decir, solo aceptará esas obligaciones que se desprendan de aquellos Tratados Internacionales en los que el Estado sea parte.

4 RATIFICACIÓN DE CEDAW Y BELÉM DO PARÁ De lo anterior se concluye que los Tratados Internacionales que potegen los derechos humanos de las mujeres como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW-(1981) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer Convención Belem do Pará- (en adelante Convención Belem do Pará )1995, entre otros instrumentos internacionales, tienen fuerza vinculante y obligan a Nicaragua a cumplir cada una de sus disposiciones ante las mujeres nicaraguenses y por supuesto, ante Tribunales Nacionales como Internacionales.

5 EFECTOS DE LA RATIFICACIÓN DE TRATADOS Es fundamental tener presente la especificidad de los tratados de derechos humanos y los efectos que ello tiene sobre su interpretación y aplicación. Por una parte, el objeto y fin es la protección de los derechos humanos de las personas; por la otra, significa la creación de un orden legal en el cual los Estados asumen obligaciones no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.

6 RECOMENDACIÓN GENERAL 28 CEDAW APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN. Los Estados partes deben ocuparse de todos los aspectos de sus obligaciones jurídicas para respetar, proteger y hacer cumplir el derecho de la mujer a la no discriminación y al goce de la igualdad. La obligación de respetar requiere que los Estados partes se abstengan de elaborar leyes, políticas, normas, programas, procedimientos administrativos y estructuras institucionales que directa o indirectamente priven a la mujer del goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en pie de igualdad con el hombre.

7 RECOMENDACIÓN GENERAL 28 CEDAW La obligación de proteger requiere que los Estados partes protejan a la mujer contra la discriminación por parte de actores privados y adopten medidas directamente orientadas a eliminar las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que alimenten los prejuicios y perpetúen la noción de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y los roles estereotipados de los hombres y las mujeres.

8 RECOMENDACIÓN GENERAL 28 CEDAW La discriminación puede ocurrir cuando los Estados no adoptan las medidas legislativas necesarias para asegurar la plena efectividad de los derechos de la mujer, no aprueban políticas nacionales para alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer y no dan cumplimiento a las leyes pertinentes.

9 OBLIGACIONES DEL ESTADO CON LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, QUE DEBEN LEGISLARSE Respeto a su vida. Respeto a su integridad física, psíquica y moral. A la libertad y a la seguridad personales. A no ser sometida a torturas. A la no discriminación Respeto a su dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia. Reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Igualdad de protección ante la ley y de la ley. A un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos.

10 OBLIGACIONES DEL ESTADO CON LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, QUE DEBEN LEGISLARSE (Artículo 7, Belém do Pará) a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;

11 OBLIGACIONES DEL ESTADO CON LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, QUE DEBEN LEGISLARSE (Artículo 7, Belém do Pará) d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

12 OBLIGACIONES DEL ESTADO CON LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, QUE DEBEN LEGISLARSE (Artículo 7, Belém do Pará) f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces,

13 MARÍA Da PENHA VS BRASIL OBLIGACIONES DEL ESTADO En el caso María Da Penha Vs. Brasil (2000), presentado por una víctima de violencia doméstica, la Corte Interamericana aplicó por primera vez la Convención Belém do Pará y decidió que el Estado había menoscabado su obligación de ejercer la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, al no condenar y sancionar al victimario durante quince años pese a las reclamaciones oportunamente efectuadas. Se crea la Ley Especial Maria Da Penha, comisarias y juzgados especiales.

14 CAMPO ALGODONERO VS MÉXICO GARANTÍA DE LOS DDHH Sobre la obligación de garantía de los DDHH la Corte ha establecido que puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

15 Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. CAMPO ALGODONERO VS MÉXICO ADOPCIÓN DE MEDIDAS POSITIVAS

16 DEBIDA DILIGENCIA En 1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados a proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares y lo mismo hizo la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing..

17 DEBIDA DILIGENCIA La CEDAW estableció que los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. (Recomendación General 19). La Convención Belém do Pará en su artículo 7.b obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

18 CAMPO ALGODONERO VS MÉXICO DEBIDA DILIGENCIA Los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias.

19 CAMPO ALGODONERO VS MÉXICO DEBIDA DILIGENCIA La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará.

20 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Jessica Lenahan vs Estados Unidos En relación a la importancia de contar con las medidas de protección y seguridad en caso de violencia contra las mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso (2011) que, al reconocerse judicialmente el riesgo de las víctimas y la correspondiente necesidad de protección, el Estado se encuentra obligado a asegurar que su estructura responda efectivamente y en forma coordinada para hacer cumplir los términos de la orden de protección.

21 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Ello requiere que: las autoridades a las que se le confió la ejecución de la orden de protección conocieran de su existencia y sus términos; Que entendieran que una orden de protección representa una determinación judicial de riesgo y cuáles eran sus responsabilidades a partir de esta determinación;

22 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Que entendieran las características del problema de la violencia doméstica; y Que estuvieran capacitados para responder a informes de posibles violaciones. Una respuesta adecuada hubiera requerido la existencia de protocolos o directivas y de capacitación sobre cómo implementar las órdenes de protección, y sobre cómo responder a llamadas como las realizadas por Jessica Lenahan.

23 COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMÁ REPÚBLICA DOMINICANA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA A FAVOR DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONCEPTO Ordenar el allanamiento de la morada cuando, por violencia intrafamiliar, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Si resiste, se utilizará la fuerza pública. Decomisar las armas en posesión del presunto agresor, aun cuando tenga licencia de portación. Prohibir al agresor de abstenerse de hostigar, perseguir, intimidar, Suspenderle provisionalmente, al presunto agresor, la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. Disponer de personal de seguridad pública para resguardar la seguridad de la víctima Suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas, en caso de agresión sexual contra menores de edad. Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio. Fijar una obligación alimentaria provisional, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Disponer el embargo preventivo de bienes del presunto agresor. Para aplicar esta medida no será necesario ningún depósito de garantía. Ordenar al presunto agresor, la restitución de los bienes o reparación en dinero efectivo de los daños ocasionados a la persona agredida, o a los bienes que le sean indispensables para continuar con su vida normal.

24 Objetivos Dar cumplimiento a los DDHH de las mujeres y eliminar la discriminación. Contar con legislación integral Promover políticas publicas Garantizar el acceso a la justicia.

25 RECOMENDACIONES MESECVI - Establecer mecanismos judiciales eficaces y ágiles para sancionar toda forma de violencia contra las mujeres. - Sensibilizar y crear conciencia entre los y las operadoras de justicia a fin de que haya una adecuada aplicación de la ley y para que las sentencias tomen en consideración el Derecho Internacional en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres.

26 RECOMENDACIONES MESECVI Aumentar el número de las entidades encargadas de recibir las denuncias de violencia contra las mujeres, para atender mejor a las denunciantes, y garantizar que se efectúe un trabajo coordinado entre éstas para evitar la demora o ineficiencia en la atención y el apoyo a las víctimas. Entre estas entidades se debe contar con comisarías de las mujeres, unidades de género en las delegaciones policiales, establecer Fiscalías, juzgados o tribunales competentes.

27 RECOMENDACIONES MESECVI Asegurar que las medidas de protección sean expedidas en todos los casos de violencia contra las mujeres. Vigilar su proceso de aplicación, realizando evaluaciones y estudios sobre su implementación y efectividad, a fin de adoptar las medidas correctivas y/o de fortalecimiento apropiadas.

28 RECOMENDACIONES MESECVI Implementar mecanismos para el cumplimiento de las medidas de protección otorgadas a favor de las mujeres, sus familiares y/o testigos/as. Asegurar fondos para traslados; mecanismos de rescate de mujeres; cambio de identidad de las víctimas; protección de testigos/as; salvoconductos para salir del país; redes seguras de referencia, entre otras.

29 La Ley 779 cumple con los Estándares establecidos en los tratados de derechos humanos de las mujeres y las recomendaciones de los mecanismos de protección. Constituye la mejor práctica en la materia en la región.

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