Justicia ambiental y gran minería: la discriminación de las comunidades OLCA.
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- Mario Ramírez Franco
- hace 8 años
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1 Justicia ambiental y gran minería: la discriminación de las comunidades OLCA. Felipe Grez. OLCA es una institución comprometida con los derechos de las mujeres, los hombres y las comunidades en su defensa del medio ambiente, teniendo como eje principal de trabajo la Justicia Ambiental. Pretende encontrar solución a los problemas ambientales mediante la búsqueda de una relación justa entre los distintos actores de los conflictos, contribuyendo a la democratización de la sociedad a través de los procesos de empoderamiento, organización, concientización y defensa de los derechos ambientales desde las necesidades de las propias comunidades, para fortalecer sus capacidades y enfrentar de forma adecuada los proyectos que amenazan el desarrollo de sus vidas. Contexto Socio Político chileno La realidad chilena en la que se enmarca nuestra labor, muestra que los conflictos ambientales en las últimas tres décadas están vinculados a un patrón dominante que genera inequidad social y degradación ambiental. Esta lógica neoliberal extractivista fue implantada durante la dictadura y profundizada por los gobiernos democráticos que la han seguido. Chile se ha transformado en un país en el cual se privilegia la inversión extranjera transnacional. Así, a partir de los bienes comunes, entendidos como recursos naturales -y por tanto si son recursos, son explotables- se generan los capitales económicos más importantes del país, donde destacan la extracción minera, la industria forestal y la pesca; con facilidades tanto tributarias como legales, para la apropiación y explotación desenfrenada. Estableciendo el lucro como el objetivo final de la planificación nacional. Así, las empresas transnacionales terminan por llevarse la mayor parte de la riqueza al exterior, de forma acelerada, plagada de irregularidades laborales, corrupción política, impactos ambientales y vejación de derechos humanos. En este contexto, en el trabajo que desarrolla el OLCA, se rescata el concepto de Justicia Ambiental; el que surge en la década de los 80 durante un proceso de luchas afroamericanas de los estratos socioeconómicos bajos en Estados Unidos, quienes mediante la movilización social buscaban impedir la instalación de industrias contaminantes en su entorno. Con el paso del tiempo se ha ido conceptualizando esta idea de Justicia Ambiental hasta entenderse como el aseguramiento de que ningún grupo social, étnico, racial, socioeconómico o de género, deba soportar una mayor carga de las consecuencias socioambientales negativas que producen las operaciones económicas, decisiones políticas, programas de Estado, estudios, y la ausencia u omisión de políticas relacionadas con estas temáticas, que están detrás de este tipo de emprendimientos, que se sitúan en sus territorio sin su consentimiento. Se plantea una distribución igualitaria tanto de las cargas como de los beneficios relacionados con los bienes naturales; se establece entonces como un tratamiento
2 justo y un involucramiento significativo de todas las personas por igual, promoviendo así la no vulneración de los derechos de los involucrados en este tipo de conflictos. En Chile, esta crisis socio-ambiental se refleja de mejor manera en la minería, ya que el incremento de las inversiones extranjeras y los avances tecnológicos enfocados a los procesos extractivos, han permitido que esta actividad se extienda por el territorio nacional a ritmo descabellado. En los últimos 20 años se invirtieron 20 millones de dólares en minería, dejando una huella de devastación sin precedentes en la historia nacional, pero esto, lejos de desestimular la actividad, la ha potenciado de tal modo, que para los próximos 8 años se ha proyectado una inversión de 100 mil millones de dólares. Pese a que la minería es reconocida mundialmente como la actividad que más impacta el medioambiente, por consumir mucha agua, ser altamente contaminante y destructiva, esta industria pretende establecerse a partir de un rol fundamental en el crecimiento económico de Chile. Situación que con el paso del tiempo, se ha demostrado en constante retroceso. A comienzos de la década del 70`, el 70% de la producción minera en Chile era estatal y un 30% estaba en manos de privados. Hoy en día, esa relación se invirtió y el 72% de la producción está en manos transnacionales y solo un 28% es de propiedad del Estado. Sumado a esto, la legislación ambiental actual es débil, ya no regula de forma preventiva, sino que apunta a agilizar los procesos extractivos y a mantener el interés de la inversión extranjera en el país, entregando privilegios territoriales, aduaneros y tributarios a las empresas. Tampoco se consideran mecanismos para distribuir los beneficios y los costos ambientales de manera justa, ni menos herramientas jurídicas que protejan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades. Todo aspecto de ésta que involucre a las comunidades y su calidad de vida, de considerarse, está entendido en el sistema dentro de la lógica de una mitigación económica, que no reviste mayores complicaciones para las empresas a cargo, donde las multas están prácticamente consideradas dentro de los presupuestos. Con esta realidad de mala distribución de los costos y beneficios del modelo económico impuesto en Chile, los pueblos y comunidades afectadas por la minería se levantan y buscan, cada vez con más ganas, organizarse para construir y participar en movimientos socioambientales. Las comunidades del norte de Chile son las que actualmente viven las consecuencias más crudas de la expansión minera. La actividad es más extensiva e intensa en dicha zona, pues allí se encuentran los principales depósitos minerales del país. Estas comunidades llevan años de lucha, de defensa del medio ambiente y de sus derechos, pero ven mermados sus esfuerzos con una política ambiental que no va acorde a la situación de crisis que se provoca en la zona, producto de esta industria.
3 En este contexto es que surge desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, la necesidad de profundizar en estas temáticas, y fruto de ello es que surge el libro: Justicia Ambiental y Gran Minería: la discriminación de las comunidades, como un esfuerzo por generar un análisis crítico y fomentar el debate público sobre las condiciones en que la gran minería se establece como pilar del desarrollo económico del país. La idea es mostrar las consecuencias que este modelo ha tenido para quienes viven en territorios afectados por la mega minería.así, se generó una investigación realizada en el norte de Chile orientada a mostrar el estado de la Justicia Ambiental en proyectos de gran minería. Mediante una metodología cualitativa, que permite acceder al discurso de las propias comunidades, se realizó un estudio descriptivo dirigido a estudiar la forma y condiciones en que dicho fenómeno ocurre, generando un diagnóstico que da cuenta de las problemáticas que aquejan a las comunidades mencionadas. Así mismo, se elaboró un mapa que permite ubicar geográficamente a las localidades afectadas por proyectos mineros, además de mostrar información relativa a las características de cada comunidad, de sus problemáticas, la cantidad de proyectos por lugar y otros datos relevantes que permiten contextualizar de mejor forma, la situación de cada localidad. A modo de síntesis de los resultados, además de los fuertes impactos culturales, sociales, económicos y a la salud que las comunidades manifiestan, respecto de la percepción comunitaria de la institucionalidad ambiental, se observa que existen altas expectativas, en torno a cómo ésta lograría protegerlos u obligaría a las empresas a respetar los derechos ambientales. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para los representantes de las comunidades partícipes del estudio, es la única instancia en la cual el gobierno está presente en los conflictos, como ente regulador entre las empresas y los habitantes de las zonas afectadas por sus proyectos. Por lo tanto, al ser percibida esta herramienta como un mecanismo ineficiente, se produce la sensación de que toda la política ambiental chilena es irrelevante para la prevención y resolución de las problemáticas generadas por la minería y por todo tipo de proyectos contaminantes de gran escala. Desde la perspectiva de las comunidades, esto se traduce en un abandono y una constante decepción respecto a la voluntad política y la capacidad de la ley para protegerlas. Los vacíos descritos en la institucionalidad ambiental en Chile, son interpretados por la comunidad como una crisis ética de la clase política y una reformulación neoliberal del rol de Estado. Lo que al interior de las comunidades se traduce en una constante sensación de vivir en una evidente situación de injusticia ambiental. Parece ser una necesidad urgente establecer cierto programa o planificación respecto de la explotación minera, tendiente a ordenarla y a establecer límites
4 claros respecto de sus impactos, la cantidad de minerales explotados y las condiciones en que esta actividad se lleva a cabo. Además, tener una conciencia y preocupación tales por la Justicia Ambiental, que se establezca como eje central al momento de la evaluación, tanto de los proyectos en sí, como de todos los procesos de formulación de políticas y normativas referentes al futuro de estos, para que mediante este filtro de Justicia Ambiental, se tomen decisiones de mejor calidad en lo referente a las comunidades y las zonas implicadas en los distintos proyectos, que permitan lograr que se tome la mejor decisión posible, considerando una gama mucho más amplia de factores. En lo referente a Derechos Humanos, Chile ha establecido diversos compromisos internacionales al respecto. Convenios que se han materializado a lo largo de la historia con la comunidad internacional. Pese a ello, hay herramientas y tratados como la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), órgano constitucional autónomo que busca proteger los derechos de las personas y comunidades, que Chile aún no ha adoptado y que pudiese ser una herramienta útil para alcanzar la anhelada Justicia Ambiental. Exigir que la participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental sea vinculante. A lo largo de la historia de los conflictos ambientales y de las demandas comunitarias frente a la institucionalidad, siempre ha estado presente la necesidad de que la participación ciudadana dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sea de forma vinculante con las decisiones que se toman y no sólo de carácter consultivo e informativo como ocurre actualmente, aun luego del cambio en la institucionalidad, materializado durante el actual gobierno. De esta forma las comunidades tendrían un nivel de injerencia real sobre las decisiones que se toman respecto de los lugares que habitan. Transparentar el proceso de evaluación, que los estudios sean desarrollados de forma independiente a las empresas, encargándose el Estado de que esto ocurra y resguardando que no exista vínculo alguno entrela empresa a cargo del proyecto y los encargados del estudio, que pudiese dar cabida a las dudas que hoy surgen respecto a la rigurosidad de los estudios. Donde además se consideren todos los impactos producidos, considerando los impactos acumulados en la zona, debido a distintos proyectos que se llevan a cabo, o fases anteriores del proyecto que pretende ampliarse, o incluso proyectos que se presentan divididos para que su impacto individual no sobrepase la norma permitida. La fiscalización de los proyectos y de sus impactos, debe ser siempre una responsabilidad del Estado, y es éste el que la debe garantizar. Las comunidades afectadas por los distintos proyectos, deben continuar en sus esfuerzos por exigir el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es también importante que las comunidades se coordinen en diversas acciones y demandas que establezcan estos problemas como situaciones ambientales y sobre todo sociales, que afectan a distintos grupos, por lo que es posible establecer intercambios de
5 información entre distintas organizaciones, para, mediante la experiencia de cada una, lograr estrategias de acción efectivas, aunando esfuerzos para obtener soluciones satisfactorias a los distintos casos de injusticia ambiental. Es necesario también ampliar la reflexión en torno a la idea de que la minería es el pilar económico fundamental del país. Esta es una afirmación que cada día queda más en entredicho. A los grandes impactos socioambientales que se han descrito, se suma el gran porcentaje de la actividad que es realizado por empresas transnacionales, las que tributan de manera muy reducida, llevándose la mayor parte de las ganancias a sus países de origen. No es mentira que la minería genera recursos para el país, pero estos son mucho más limitados de lo que se piensa.
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