ANDALUCÍA. Índice. Modelo 4 de Modelo 1 de Modelo 1 de Criterios generales:

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1 ANDALUCÍA Índice Modelo 4 de Modelo 1 de Modelo 1 de Información extraída de la página web de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía: Criterios generales: Se valorarán el conocimiento de las fuentes, los acontecimientos, grandes etapas, procesos relevantes, hechos significativos de la historia de España y su cronología. Se valorarán la correcta expresión, la calidad de los análisis de relaciones, conocimiento de características evolutivas, rasgos definitorios, causas, identificaciones y descripciones de nuestras principales formas históricas.

2 Enunciado de la prueba (Modelo 4 de 2007) Instrucciones: a) Duración 1 hora y 30 minutos. b) Ha de elegir uno de los bloques y, dentro de él, una opción. c) La prueba consiste en la elaboración de una composición relacionada con la información proporcionada en el documento que se le presenta. En dicha composición deberán integrarse los conocimientos sobre el tema y la información facilitada en ese documento. d) La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento de los hechos se valorará entre 0 y 5 puntos; la calidad interpretativa entre 0 y 5 puntos. Opción A Bloque I Realice una composición sobre La restauración del absolutismo e intentos liberales durante el reinado de Fernando VII, a partir del siguiente documento: «[ ] declaro que mi real ánimo es no solo no jurar ni acceder a dicha Constitución ni a decreto alguno de las Cortes Generales y extraordinarias, y de las ordinarias actualmente abiertas, a saber los que sean depresivos de los derechos y prerrogativas de mi soberanía, establecidas por la Constitución y las leyes en que de largo tiempo ha vivido, sino el de declarar aquella Constitución y tales decretos nulos y sin ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubieran pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo alguno, y sin obligación en mis pueblos y súbditos, de cualquier clase y condición, a cumplirlos ni guardarlos [ ]. Que así es mi voluntad, por exigirlo así el bien y la felicidad de la nación». Yo el Rey Fernando VII. Valencia, 4 de mayo de Opción B Realice una composición sobre El liberalismo durante el reinado de Isabel II, a partir del análisis del siguiente documento: «Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas [ ] hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente Constitución. Art. 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13. Idénticos a la Constitución de Art. 11. La religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros. Art. 14. El número de senadores es limitado; su nombramiento pertenece al Rey. Art. 15. Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta años cumplidos pertenezcan a las clases siguientes: Presidentes de alguno de los Cuerpos Colegisladores [ ], Ministros de la Corona, Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Capitanes Generales [ ] Embajadores [ ]. Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además de disfrutar reales de renta, procedentes de bienes propios o de sueldos [ ], jubilación, retiro o cesantía. Art. 45. Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde [ ] nombrar y separar libremente a los ministros». Constitución de 1845

3 Curso Bloque II Opción A Realice una composición sobre La evolución política y social de la Segunda República, a partir del análisis del siguiente documento: «La única ocasión en que en España se dan las condiciones políticas adecuadas para emprender una reforma agraria que afectase a Andalucía en el seno de un estado liberal democrático es, como se sabe, durante la Segunda República. No obstante, el proletariado rural la había estado reivindicando desde mucho antes obteniendo como respuesta, en los más de los casos, la mera represión. [ ] La agricultura tenía gran peso en la economía del país durante aquella época, lo que confería a los terratenientes un poder nada despreciable que además supieron agrandar mediante alianzas con otros sectores sociales de la derecha. Estas alianzas se vieron facilitadas porque otros problemas tales como las demandas autonómicas, la crisis económica, los conflictos laborales, la fuerza del sindicalismo extraparlamentario y el laicismo republicano, entre otros, se superpusieron a la cuestión agraria aglutinando con ello a la derecha tradicional que difícilmente iba a transigir a tantas y profundas reformas simultáneas». Distrito universitario de Andalucía M. Pérez Yruela y E. Sevilla Guzmán. «La dimensión política en la reforma agraria», Papers, Revista de Sociología, n.º 16. Opción B Realice una composición sobre La transición española y la Constitución de 1978, a partir del análisis del siguiente documento: 7

4 Resolución de la prueba (Modelo 4 de 2007) Opción A Bloque I La restauración del absolutismo e intentos liberales durante el reinado de Fernando VII El texto propuesto es una fuente textual primaria de carácter legislativo, ya que es un decreto. En concreto, se trata del decreto de Valencia firmado por Fernando VII a la vuelta de su exilio en Fontainebleau tras la derrota napoleónica en la Guerra de Independencia. Este decreto anulaba la Constitución de Cádiz y el sistema liberal que esta instituyó al tiempo que se proclamaba soberano y restauraba el régimen absolutista. El texto se enmarca en el inicio del reinado de Fernando VII, que se caracterizó por las luchas entre los liberales y los absolutistas. En el decreto, Fernando VII declara que no jurará la Constitución de Cádiz, ni acatará los decretos de las Cortes porque atentan contra los derechos y la soberanía del rey y, por tanto, anula la constitución y las leyes que las Cortes publicaron desde que se constituyeron en 1810 hasta la vuelta del rey, «como si no hubieran pasado jamás tales actos». El reinado de Fernando VII ( ) es una etapa de confrontación entre los liberales, que gobernaban tras la Guerra de Independencia ( ) y los absolutistas apoyados por el rey. Así, su reinado puede dividirse en tres etapas: El Sexenio Absolutista de 1814 a El Trienio Liberal de 1820 a La Década Ominosa de 1823 a Tras el Tratado de Valençay en 1813, Fernando VII, El Deseado, se preparó para regresar a España, donde gobernaban los liberales con una ideología opuesta a sus convicciones absolutistas. Los liberales, una vez acabada la guerra, trasladaron las Cortes a Madrid y exigieron que Fernando VII jurase la constitución para aceptarle como rey. Pero los serviles (absolutistas) esperaban que el rey aboliese la constitución. El rey, apoyado por sus partidarios absolutistas, clausuró las Cortes el 4 de mayo (como se aprecia en el documento) y derogó la constitución y las leyes aprobadas durante la guerra. Comenzó así el Sexenio Absolutista. Este período se caracterizó por la anulación de las reformas liberales y el restablecimiento de los privilegios estamentales del clero y la nobleza, a los que dispensó de pagar impuestos. Además, Fernando VII gobernó de forma absoluta, aconsejado por una camarilla de amigos próximos. Los liberales y los afrancesados eran perseguidos y muchos se exiliaron para evitar la cárcel o la pena de muerte. Frente al absolutismo, los liberales, procedentes de la burguesía y de las clases medias y populares de las ciudades con tradición liberal y una parte del ejército, trataron de restaurar el liberalismo mediante pronunciamientos (sublevaciones militares apoyadas por elementos civiles). De estas sublevaciones cabe destacar la de Espoz y Mina en 1814, la de Díaz Porlier en 1815 o la de Lacy en Todos estos pronunciamientos fracasaron y solo consiguieron que sus dirigentes fueran encarcelados o ejecutados ante la indiferencia general. En 1820 triunfó un pronunciamiento liberal dirigido por el coronel Riego, que proclamó la constitución en Cabezas de San Juan (Cádiz), con lo que dio comienzo el Trienio Liberal. La deuda del Estado y la represión explican que otros militares le apoyasen. El rey tuvo que jurar la constitución, liberar a los presos políticos y convocar elecciones para reunir las Cortes. Los gobiernos liberales restauraron la legislación de Cádiz, abolieron de nuevo la Inquisición (que ya no sería restaurada) y organizaron la Milicia Nacional para defender el régimen. Intentaron afrontar la crisis económica pero no pudieron evitar la independencia de las colonias americanas que había comenzado durante la Guerra de Independencia. En estos años, los liberales se escindieron en dos facciones irreconciliables: Los doceañistas, defensores de reforzar la autoridad del rey, que posteriormente fueron conocidos como moderados. Los exaltados o progresistas, que respaldaban el régimen de Cádiz y eran partidarios de un régimen liberal radical.

5 Curso Fernando VII se había visto obligado a jurar la constitución, que instauraba una monarquía liberal. Por eso apoyó cuantas conjuraciones hubo en el reino y reclamó la ayuda de la Santa Alianza, la coalición de las potencias absolutistas creada en el Congreso de Viena que garantizaba la intervención de Prusia, Austria, Rusia o la Francia de Luis XVIII en un país en el que se instaurase un régimen liberal. Las potencias reunidas en 1822 en el Congreso de Verona acordaron intervenir en España. El 7 de abril de 1823 un ejército francés, conocido como los «Cien Mil Hijos de San Luis», invadió España sin encontrar resistencia popular y restituyó a Fernando VII como rey absoluto en Los últimos diez años del reinado de Fernando VII supusieron la vuelta al absolutismo en lo que se conoció como la Década Ominosa. La represión contra los liberales se reanudó, por lo que unos regresaron al exilio y otros intentaron nuevos pronunciamientos. Ante los problemas de la Hacienda, se modificó el sistema de impuestos y se estableció la obligación de elaborar unos presupuestos del Estado; también se creó el consejo de ministros para modernizar el gobierno. Todo esto disgustó a los absolutistas más radicales, conocidos como realistas, a quienes pareció una medida revolucionaria. Pero no satisfizo a los liberales que demandaban un cambio de régimen político. En 1830 surgió el problema dinástico cuando nació Isabel II. La hija de Fernando VII aseguraba la sucesión, pero posponía los derechos a la corona de su tío don Carlos. Surgieron así dos opciones: Los realistas, que eran partidarios de don Carlos, alegaban que la Ley Sálica, que excluía a las mujeres del trono, estaba en vigor. Los liberales y el gobierno, absolutista moderado, eran fieles a doña Isabel y publicaron la Pragmática Sanción, para derogar la Ley Sálica. La cuestión se plantearía con crudeza al morir Fernando VII en 1833 y estallar la Primera Guerra Carlista. Distrito universitario de Andalucía Opción B El liberalismo durante el reinado de Isabel II El texto propuesto es una fuente textual primaria de carácter legislativo, ya que es una constitución. En concreto, se trata de la Constitución de 1845, que es una reforma de la Constitución progresista de 1837 promulgada por los moderados. Esta constitución se enmarca en el reinado de Isabel II, con el que prácticamente coincide, ya que la reina fue proclamada mayor de edad en 1844, con trece años, y estuvo vigente hasta la promulgación de la Constitución de 1869, cuando la reina ya se encontraba en el exilio a raíz de la Gloriosa Revolución de Como se aprecia en el extracto, muchos artículos de esta constitución coinciden con los de la anterior de 1837, como también coincide el artículo 45 de la Constitución de 1845, que establece la facultad del rey para nombrar a los ministros, con independencia del apoyo con que cuenten en las Cortes y el de Las diferencias entre ambas constituciones se centran en los artículos reproducidos en el documento: En el preámbulo de la Constitución de 1845 se deja claro que esta se hace por la voluntad de la reina y de las Cortes, lo que supone proclamar el principio de la soberanía compartida entre la reina y las Cortes, que representan la soberanía nacional. Principio que formaba parte del ideario moderado, a diferencia de la de 1837 que proclamaba la soberanía nacional que defendían los progresistas. En el artículo 11 se establece la confesionalidad del Estado y la obligación de este de contribuir a la financiación del clero. Mientras que en el mismo artículo de la Constitución de 1837 el Estado solo se compromete a contribuir a la financiación del clero, pero no establece la confesionalidad del Estado. Los artículos 14 y 15 establecen las cualidades requeridas para acceder a la condición de senador. En ellos se fijan una serie de restricciones: por un lado, sociales (solo pueden ser senadores los presidentes de algunos de los cuerpos colegisladores, los ministros, los consejeros de Estado, los arzobispos, los obispos, los grandes de España, los capitanes generales o los embajadores); por otro, de edad (solo se puede ser senador a partir de los treinta años), y, por último, económicas, ya que se exige una cuantía mínima de reales para acceder a la condición de senador, lo que supone instaurar un sistema censatario. Este aspecto también diferencia las constituciones de 1837 y 1845, ya que la primera solo establecía restricciones censitarias. 9

6 Resolución de la prueba (Modelo 4 de 2007) Del análisis del texto propuesto, se deduce que nos muestra el ideario de los moderados españoles de mediados del siglo XIX. María Cristina de Borbón asumió la Regencia cuando murió su marido Fernando VII en 1833, debido a la corta edad de Isabel II que tenía tres años. Al morir el rey, su hermano Carlos María Isidro había publicado el manifiesto de Abrantes, con el apoyo de los absolutistas, por el que se autodesignaba rey y que provocaría la Primera Guerra Carlista. Escasa de apoyos, la regente tuvo que llamar a Martínez de la Rosa, un liberal moderado, para que formase gobierno y se enfrentase a los insurrectos. Martínez de la Rosa llevó a cabo unas reformas muy moderadas. La más importante fue el Estatuto Real, en La política desarrollada por Martínez de la Rosa no contentó a un sector de los liberales y se renovó la escisión entre moderados y progresistas que ya se había producido en el Trienio Liberal. Los liberales progresistas eran los herederos de los exaltados del Trienio y se caracterizaron por: En relación con los derechos civiles eran partidarios de un sistema de libertades amplio. En lo político luchaban por limitar el poder de la Corona, ampliar el cuerpo electoral (aunque eran partidarios del sufragio censitario) y celebrar elecciones locales para designar a los alcaldes y concejales. En lo económico pretendían llevar a cabo reformas radicales como la desamortización de los bienes eclesiásticos y de los ayuntamientos y reducir los aranceles. Para garantizar las libertades y defender la constitución se mostraban partidarios de crear la Milicia Nacional. Los liberales moderados eran los antiguos doceañistas en el Trienio y tenían un programa muy conservador: En cuestiones políticas eran partidarios de fortalecer el poder real y de un sufragio censitario muy restringido además del nombramiento de los alcaldes por el Gobierno. En relación con los derechos civiles eran partidarios de restringir las libertades. En asuntos económicos rechazaban las desamortizaciones porque atentaban contra la propiedad. Aunque aceptaron las desamortizaciones realizadas por los progresistas y no devolvieron sus propiedades al clero o a los ayuntamientos. Finalmente, se mostraban partidarios de suprimir la Milicia Nacional. Debido al desencanto provocado por la gestión de Martínez de la Rosa, la Guardia Real protagonizó en 1836 el Motín de la Granja y los progresistas fueron llamados a gobernar. En los años siguientes, los progresistas llevaron a cabo la liberalización del país: En lo económico, Mendizábal restituyó las medidas de anteriores períodos liberales, transformó los señoríos de los nobles en propiedades privadas y llevó a cabo una desamortización (incautación por el Estado de tierras vinculadas para luego venderlas a particulares) de las propiedades de la Iglesia. En lo político, promulgaron la Constitución de 1837 que asentó el régimen liberal en España, y concedió la autonomía a los ayuntamientos, lo que desagradaba a los moderados. Pero el apoyo de María Cristina a los moderados cuando, de nuevo en el poder, quisieron reformar la constitución en lo tocante a la designación de los alcaldes provocó su destitución. Se inició así la regencia de Espartero en 1840, general de ideas progresistas y muy popular gracias a su victoria en la guerra carlista. Su regencia se caracterizó por: La división de los progresistas debido al autoritarismo de su gobierno, que disgustó a muchos liberales. La reducción de los aranceles (impuestos a la importación). Esta medida provocó la revuelta de los empresarios y obreros de Barcelona, pues temían que la medida generara el cierre de las fábricas ante la competencia de la poderosa industria británica. La sublevación fue sofocada mediante el bombardeo de Barcelona. Este hecho espeluznó a progresistas y moderados, que con un pronunciamiento forzaron la dimisión de Espartero. Isabel II fue declarada mayor de edad en 1843 con solo trece años de edad. Durante los diez primeros años de su reinado, Isabel II solo llamó al gobierno a personalidades conservadoras, por lo que el período se conoce como Década Moderada. El general Narváez fue

7 Curso el hombre fuerte y presidió varios gobiernos. Se aprobó la nueva Constitución de 1845, que estuvo en vigor durante todo el reinado. En esta se reconocían las principales libertades de los ciudadanos, pero fueron aplicadas de forma restrictiva. En la Década Moderada se consolidó un sistema político unitario: Se hizo efectiva la igualdad legal con la aprobación del código penal y la reforma de la Hacienda pública. Se centralizó la administración local y los alcaldes de las principales ciudades pasaron a ser nombrados por el gobierno. El período se caracterizó por un marcado conservadurismo: Se creó la Guardia Civil en 1844 para mantener el orden en las zonas rurales. Se firmó el Concordato de 1851 con la Iglesia. Por él, la Iglesia reconocía las desamortizaciones, pero imponía un Estado confesional y conseguía notables competencias educativas. El largo dominio moderado se explica por las ideas conservadoras de la reina, pero también por las escisiones de los progresistas. Aparecieron el partido demócrata, que exigía el sufragio universal, y el partido republicano, favorable a la proclamación de la República. Los últimos años del período se caracterizaron por el creciente autoritarismo de los gobiernos, que dejaron de convocar las Cortes. Por eso, en 1854 se produjo el pronunciamiento de Vicálvaro. Lo dirigió el general O Donnell, apoyado por algunos moderados y por los progresistas, y puso fin a la Década Moderada. Tras la Vicalvarada, la reina llamó al poder a los vencedores y Espartero presidió el gobierno con O Donnell como ministro. Se apoyaban en los progresistas y en un partido de centro liderado por O Donnell: la Unión Liberal integrada por moderados y progresistas templados. El nuevo gobierno reanudó la liberalización económica con estas medidas: Decretó una nueva desamortización (la desamortización de Madoz), que afectó a los bienes de los ayuntamientos. Aprobó la ley de Ferrocarriles que facilitó la construcción de la red ferroviaria en los años siguientes. Fue un período castigado por la crisis económica y las protestas de obreros y campesinos. Esta agitación social permitió a la reina formar un nuevo gobierno presidido por O Donnell, que puso fin al Bienio. A partir de 1856 unionistas y moderados se alternaron en el gobierno mientras los progresistas eran nuevamente marginados del poder. El crecimiento económico fue importante hasta 1865 y en esos años despegó la construcción del ferrocarril. O Donnell presidió su gobierno largo durante el que intervino en ultramar, como otras potencias europeas, pero su política fue un rotundo fracaso. Entre 1866 y 1868 la monarquía de Isabel II entró en una profunda crisis que finalmente conduciría al exilio de la reina, motivado por: Los problemas económicos y el hambre, que dieron lugar a revueltas en las ciudades y en el campo. El autoritarismo de los gobiernos moderados provocó matanzas que, como las de la noche de San Daniel o la del cuartel de San Gil, distanciaron a la burguesía y a los militares del régimen. La vida escandalosa de la reina, a la que se le achacaban diversos amantes fuera del matrimonio, le restó popularidad. En 1866 progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende, donde acordaron la expulsión de los Borbones y la democratización de la vida política. La Unión Liberal se sumaría al pacto con posterioridad impulsando la crisis final del reinado en Distrito universitario de Castilla-La Andalucía Mancha Opción A Bloque II La evolución política y social de la Segunda República El texto propuesto es una fuente secundaria, en concreto, de un artículo científico de tema histórico escrito por M. Pérez Yruela y E. Sevilla Guzmán en la Revista de Sociología. En él se propone una explicación del fracaso de la reforma agraria durante la Segunda República española. 11

8 Resolución de la prueba (Modelo 4 de 2007) El texto presentado señala que la Segunda República fue la única ocasión en que se dieron las condiciones para realizar una reforma agraria en España en el seno de un Estado liberal democrático, que esta reforma agraria venía siendo reivindicada por los jornaleros desde mucho antes, pero que los terratenientes habían sabido establecer alianzas con otros sectores sociales de la derecha, por lo que las demandas campesinas habían sido reprimidas. Señala también que durante la Segunda República, otros problemas, tales como las demandas autonómicas, la crisis económica, los conflictos laborales, la fuerza del sindicalismo extraparlamentario y el laicismo, propiciaron la alianza de la derecha social y el fracaso de la reforma agraria. La evolución política de la Segunda República se puede dividir en cuatro fases: El Gobierno Provisional, que comprende desde el 14 mayo de 1931 hasta la aprobación de la constitución en noviembre de ese mismo año. El Bienio Reformista, que comprende desde la aprobación de la constitución, cuando Azaña formó un nuevo gobierno con republicanos de izquierdas y socialistas, hasta noviembre de 1933 en que se celebraron elecciones. El Bienio Radical-cedista, que comprende desde la victoria electoral de los partidos de centro (radicales) y de derecha (CEDA) hasta su derrota electoral en febrero de El Frente Popular, que abarca desde febrero de 1936 hasta el comienzo de la Guerra Civil. Tras proclamarse la República, el Gobierno Provisional ordenó de forma inmediata una serie de reformas a la espera de que las Cortes, una vez constituidas, las ratificasen (son los decretos urgentes). Las reformas se centraron en conceder la autonomía a Cataluña ante las demandas que habían estallado en esta región. También se trató de paliar la miseria de los campesinos mediante la promulgación de dos decretos, que obligaban a los propietarios a cultivar sus tierras y a contratar a los braceros del propio término municipal para combatir el paro. La república se propuso además erradicar el analfabetismo y promover la enseñanza mediante la creación de escuelas y la contratación de maestros, también se estableció la coeducación y la enseñanza de la religión dejó de ser obligatoria en las escuelas. Asimismo quiso conseguir un ejército moderno, eficaz y leal disminuyendo el número de oficiales con retiros voluntarios garantizando el sueldo; se cerró la Academia Militar de Zaragoza y se abolió la Ley de Jurisdicciones. Estas medidas fueron mal vistas por la derecha, el clero y los militares más conservadores. En estos primeros meses la convivencia se crispó debido a varios factores. Por un lado, a la campaña de huelgas promovida por la CNT. Por otro, al asalto y quema de iglesias y conventos en mayo de 1931 provocados por el anticlericalismo de los sectores populares y al enfrentamiento de la Iglesia con el nuevo régimen, lo que provocó que los católicos no se mostraran afectos a la República. El gobierno republicano-socialista, surgido tras la aprobación de la constitución y presidido por Azaña prosiguió la labor reformista. En materia civil y religiosa se aprobaron la Ley de Divorcio y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, por la que el Estado dejaba de costear a la Iglesia y procedía al cierre de los centros docentes religiosos. Respecto a la educación, se construyeron numerosas escuelas e institutos y se aumentaron los maestros y profesores. En cuanto a la organización territorial, la constitución reconocía el derecho de los territorios a organizarse en regiones autónomas. En 1932 se aprobó el Estatuto de autonomía de Cataluña. Otras regiones iniciaron procesos autonómicos, pero solo el País Vasco pudo sancionar su estatuto en octubre de 1936, cuando ya había empezado la Guerra Civil. La política laboral se centró en regular las relaciones entre empresarios y trabajadores con la aprobación de la Ley de Contratos de Trabajo, por la que se regularon los convenios colectivos y la creación de Jurados Mixtos formados por obreros y patronos con funciones de conciliación. La política social se plasmó en la reforma agraria, que fue aprobada en 1932, y para la que se creó el IRA, entidad encargada de expropiar las tierras y distribuirlas entre los campesinos. La política reformista del Gobierno provocó el rechazo de los conservadores más exaltados del país. En 1932 se produjo un golpe de Estado protagonizado por el general Sanjurjo, cuyo detonante fue el debate en las Cortes del Estatuto de autonomía catalán. La Sanjurjada, como se la conoció, fracasó por su escasa preparación y por la falta de apoyos en el ejército y entre la opinión contraria

9 Curso a la república y tuvo como efecto que se acelerase la aprobación del Estatuto de Núria y Sanjurjo fue condenado a muerte, aunque el Gobierno le conmutó la pena por cadena perpetua. Por su parte, la CNT impulsó desde fines de 1931 una intensa campaña de huelgas y tomas de fincas, con la que pretendía provocar la huelga general y establecer el anarquismo libertario. Ante esta actividad revolucionaria, el gobierno reaccionó con contundencia lo que degeneró en refriegas entre campesinos y las fuerzas policiales. En enero de 1933, la matanza de campesinos en Casas Viejas minó la confianza en el gobierno y motivó en gran medida su caída. Las elecciones de 1933 dieron paso a los gobiernos de centro derecha. Los primeros gobiernos estuvieron formados por el Partido Radical, con el apoyo parlamentario de la CEDA. Estos gobiernos iniciaron una política de rectificación consistente en paralizar la aplicación de leyes como la de congregaciones religiosas o la de términos municipales, desvirtuar el sentido de la reforma laboral y la devolución de tierras a los latifundistas expropiados por la reforma agraria. Desde el primer momento hubo conflictos de competencias con la Generalitat y se concedió la amnistía a Sanjurjo, lo que provocó la división del Partido Radical y una crisis de gobierno. La crisis se solventó con la entrada en el gobierno de miembros de la CEDA, a lo que se negaba la izquierda, que llamó a la huelga general, dando lugar a los sucesos de octubre. La huelga tuvo poco seguimiento excepto en Asturias, donde socialistas y anarquistas colaboraron y el llamamiento se transformó en la revolución de Asturias, en la que las organizaciones obreras ocuparon las cuencas mineras y las principales ciudades, y que fue sofocada por el ejército de Marruecos (dirigido por el general Franco) y la Guardia Civil. La revolución se saldó con más de mil muertos entre los insurrectos y unos 300 entre la policía y el ejército. En Cataluña se produjo la insurrección de la Generalitat, que comenzó cuando proclamó la República catalana dentro de la República Federal Española. El movimiento catalanista fue abortado por la intervención del ejército. Como represalia, la Generalitat fue disuelta y los líderes del gobierno autónomo, encarcelados. La represión fue muy dura; se encarceló a miles de militantes de izquierda, muchos de los cuales sufrieron torturas, y se aplicó la pena de muerte. Tras los sucesos de octubre, la revisión emprendida por el Gobierno no se culminó por la descomposición del Partido Radical debido a los escándalos de corrupción, del estraperlo y el asunto Nombela; la situación desembocó en unas nuevas elecciones, que se celebrarían a principios de Las nuevas elecciones convocadas para febrero de 1936 estuvieron muy polarizadas entre las posiciones de izquierda y de derecha. La izquierda se presentó unida en el Frente Popular, mientras que las derechas y el centro concurrieron desunidos. Así, el Frente Popular ganó de forma muy ajustada, pero obtuvo una amplia mayoría de diputados. Tras la victoria se formó un Gobierno republicano presidido por Azaña que decretó la amnistía, restauró la Generalitat y reanudó la reforma agraria, religiosa y militar. Mientras, en la calle el ambiente se fue crispando con rapidez y desde abril fueron frecuentes los enfrentamientos violentos entre falangistas y las milicias obreras de socialistas, comunistas y anarquistas. Por otra parte, los partidos obreros se radicalizaron y comenzaron a sostener posturas revolucionarias, mientras la derecha daba un giro antidemocrático. En paralelo, y una vez conocido el resultado electoral, comenzó la conspiración militar que el Gobierno trató de desarticular trasladando a los principales jefes militares. Pero continuó adelante bajo la dirección del general Mola y el apoyo de monárquicos, falangistas y carlistas. El asesinato del líder de Renovación Española, Calvo Sotelo, sumó al golpe a los indecisos, como Franco, y precipitó la sublevación, que comenzó el 17 de julio en el protectorado de Marruecos. Distrito universitario de Castilla-La Andalucía Mancha Opción B La transición española La fuente que se presenta es un diagrama de sectores de 180º que refleja los resultados electorales de las primeras elecciones democráticas celebradas, tras el final de la dictadura franquista, en Se trata de una fuente estadística que muestra los escaños obtenidos por las distintas formaciones políticas en el Congreso de los Diputados y el porcentaje de votos que alcanzaron en aquellos comicios. Por tanto, es una fuente secundaria de carácter político y público. 13

10 Resolución de la prueba (Modelo 4 de 2007) El diagrama muestra la existencia de dos partidos mayoritarios: la UCD (Unión de Centro Democrático), liderada por Adolfo Suárez, y el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), cuyo dirigente era Felipe González. Asimismo se observa la existencia de dos grupos minoritarios de ámbito nacional: el PCE (Partido Comunista de España), de Santiago Carrillo, y AP (Alianza Popular), inspirada por Manuel Fraga. También se percibe la existencia de dos minorías nacionalistas: el PDC (Pacte Democràtic per Catalunya), que encabezaba Jordi Pujol, y el PNV (Partido Nacionalista Vasco), conducido por Xavier Arzalluz. Además otras formaciones obtuvieron escaños, entre las que cabe destacar el PSP (Partido Socialista Popular), dirigido por Enrique Tierno Galván, que posteriormente se integraría en el PSOE. Para concluir la lectura de los datos, hay que hacer notar que el documento permite advertir una de las características del sistema electoral español aprobado en la transición democrática, como es la sobrerrepresentación en escaños que obtienen los grupos mayoritarios. En aquel año, la UCD y PSOE obtuvieron más del 80 % de los diputados, cuando ni siquiera representaban el 66 % de los votos que habían recibido las formaciones políticas con presencia en el Congreso. La transición política ( ) fue el proceso por el que España pasó de la dictadura franquista al actual sistema democrático. Comenzó con la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975) y la proclamación de Juan Carlos I como rey de España y finalizó con la victoria electoral del PSOE, en octubre de 1982, cuando se produjo la primera alternancia pacífica en el gobierno después de la Guerra Civil. Este hecho demostró la consolidación de la democracia en España. La democracia se estableció sin ruptura con la dictadura, que fue desmantelada desde las propias instituciones franquistas. El cambio fue pacífico y resultado de un pacto entre las fuerzas políticas franquistas (el sector aperturista del régimen) y de la oposición democrática (los liberales y la izquierda), que abandonó sus propuestas más radicales. Los inmovilistas del franquismo (el llamado búnker) y la extrema izquierda estuvieron en contra del cambio político. La historia de la transición se divide en tres fases: la reforma política (entre finales de 1975 y junio de 1977), el período constituyente (desde junio de 1977 a finales de 1978) y la consolidación de la democracia (desde 1979 hasta octubre de 1982). Durante la reforma política hubo dos presidentes: Arias Navarro y Adolfo Suárez. El primero (que había sido nombrado por Franco y ratificado por el rey) fue incapaz de llevar a cabo la transición política a la democracia, por lo que durante su gobierno crecieron las demandas de amnistía y libertad, que fueron duramente reprimidas, como en Vitoria. Al tiempo, la idea de ruptura con el franquismo unía a la oposición agrupada en torno a la Coordinación Democrática, organismo que exigía la amnistía general para los presos políticos, la legalización de todos los sindicatos y partidos políticos (incluido el PCE), libertades (sindicales, de huelga, de manifestación, de expresión, etc.), autonomía de las nacionalidades históricas y elecciones libres. Ante esta grave situación, el rey forzó la dimisión de Arias Navarro. El monarca aprovechó para nombrar como presidente de las Cortes franquistas a Torcuato Fernández Miranda y, siguiendo el consejo de este, a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Adolfo Suárez promulgó una amnistía parcial en julio de 1976, consiguió que las Cortes franquistas votasen la Ley para la Reforma Política (sancionada después en referéndum) y prometió convocar elecciones libres. Así consiguió el apoyo de la oposición moderada. Entre tanto, el terrorismo se agravó. Las principales organizaciones terroristas, ETA y GRAPO, atentaban principalmente contra militares y fuerzas policiales, mientras grupos de extrema derecha perpetraron una matanza de abogados laboralistas, ligados al PCE, en la calle Atocha de Madrid el 24 de enero de El objetivo de estas organizaciones era desestabilizar el país y hacer fracasar la transición a la democracia. Paulatinamente, los partidos y sindicatos fueron legalizados, proceso que culminó con la legalización del PCE en la Semana Santa de Finalmente, se celebraron las primeras elecciones desde la Guerra Civil el 15 de junio de Estas fueron ganadas por la coalición que apoyaba a Suárez, la UCD, que acabaría por transformarse en partido político. Con la celebración de las elecciones y la formación del nuevo Gobierno se pasó a una nueva etapa de la transición: el período constituyente. El nuevo Gobierno, sin mayoría absoluta, practicó una política

11 Curso de consenso, es decir, de acuerdos con las diferentes fuerzas políticas para encarar los problemas del país. Los compromisos se centraron sobre todo en tres cuestiones: Abordar la situación económica derivada de la crisis del petróleo de 1973, para lo que se firmaron los Pactos de la Moncloa de octubre de 1977 por el Gobierno, los partidos parlamentarios, los representantes empresariales y los sindicatos. Con estos acuerdos se redujeron el déficit exterior y la inflación, pero su aplicación quedó truncada por la crisis del petróleo de La aprobación de la actual constitución, que fue sancionada en La descentralización política con la concesión de las preautonomías, es decir, la autonomía provisional de las regiones cuyos parlamentarios la solicitaran. Cataluña, el País Vasco y Galicia accedieron a estas autonomías provisionales antes de que se aprobase la constitución. Aprobada la constitución se celebraron elecciones que volvió a ganar UCD y se pasó a la última etapa de consolidación de la democracia. El Gobierno continuó la política de reformas y se aprobó el divorcio, pero no pudo superar la crisis económica. En 1981 Adolfo Suárez dimitió por las divisiones de UCD y fue sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo. Los principales acontecimientos de esta etapa fueron: El fracasado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando los diputados y el Gobierno fueron secuestrados en las Cortes durante la sesión de investidura de Calvo Sotelo. La integración en la OTAN (1982) a pesar de la oposición de la izquierda, cuyo principal partido, el PSOE, prometió convocar un referéndum sobre la permanencia del país en esa organización si llegaba al gobierno. El envenenamiento múltiple en 1981 por aceite de colza adulterado, que supuso una terrible conmoción social. En esta situación, Calvo Sotelo no pudo detener la disgregación del partido, muchos de cuyos dirigentes se integraron en AP o en el PSOE. En las elecciones de octubre de 1982 el PSOE ganó por mayoría absoluta y se produjo la alternancia política, con lo que terminó la etapa de transición política a la democracia en España. Distrito universitario de Castilla-La Andalucía Mancha La constitución La constitución fue redactada por una ponencia integrada por siete diputados que preparó un anteproyecto debatido en las Cortes. Fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de La constitución establece nuestro sistema político, que tiene un carácter democrático; proclama la soberanía nacional, instaura los poderes públicos por los que nos gobernamos y las libertades de que nos dotamos. Las principales características de nuestro sistema de gobierno son las siguientes: España se define como un Estado social y democrático de derecho, cuyo fin es la justicia social, y cuya fórmula política es la monarquía parlamentaria. El sufragio universal (masculino y femenino) es el sistema de elección de los cargos públicos y expresa la soberanía nacional. El poder político está integrado por el poder legislativo, que aprueba las leyes y representa al pueblo, y está constituido por las Cortes Generales; el poder ejecutivo, que dirige la política interior y exterior, formado por el presidente del Gobierno y sus ministros, y el poder judicial, compuesto por los tribunales de justicia, que juzga los delitos. Las Cortes Generales están formadas por dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, ambas elegidas por sufragio universal. Los españoles nos hemos dado en la constitución un completo repertorio de derechos y libertades que el Estado debe respetar y proteger. Por eso podemos decir que nuestra forma de gobierno es un sistema liberal. Las facultades que nuestra constitución reconoce a los ciudadanos se pueden clasificar en dos grandes grupos: Los derechos y libertades de carácter individual. Aquellos que ejercen las personas a título individual, como la libertad de practicar cualquier religión o de no practicar ninguna. Estos derechos son de dos clases: Los de carácter civil, como la supresión de la pena de muerte, la libertad ideológica, la libertad de expresión o el derecho de propiedad. Los de carácter social, como el derecho al trabajo, a la educación o a una vivienda digna. 15

12 Resolución de la prueba (Modelo 4 de 2007) Los derechos y libertades de carácter colectivo. Aquellos que afectan a grupos sociales o territoriales, o al conjunto de los españoles como ciudadanos. Un ejemplo de este tipo de libertad es el derecho de huelga de los trabajadores. Estos también pueden diferenciarse en derechos de carácter político y de carácter social: Entre los de carácter político caben destacar el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades del Estado español, el derecho de asociación o el derecho de reunión. Entre los segundos, además del derecho de huelga, destacan el derecho a sindicarse libremente y a disfrutar de un medio ambiente sano. Nuestra constitución obliga al Estado a acatar y hacer respetar esos derechos y libertades. Algunas instituciones, como el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, tienen por misión velar por que las leyes y las autoridades respeten la constitución y que no se vulneren derechos y libertades de los ciudadanos. La constitución supuso una radical transformación de la organización territorial del Estado español al contemplar la creación de autonomías. Los sentimientos nacionalistas, que los cuarenta años de centralismo político franquista no habían anulado, afloraron de nuevo en Cataluña, el País Vasco y Galicia con el fin de la dictadura en Al tiempo, la demanda de autonomía se extendió a otras regiones durante la transición política; democracia, libertades y autonomía regional aparecían unidas, algo que ya había ocurrido en las breves experiencias democráticas de nuestra historia, representadas por las dos repúblicas. Las reivindicaciones nacionalistas comenzaron a ser atendidas desde 1977 por el Gobierno de Adolfo Suárez. Se reconoció entonces la autonomía de las tres regiones que ya la habían aprobado durante la Segunda República, antes de la Guerra Civil: Cataluña recuperó la Generalitat en 1977, con Josep Tarradellas como presidente. Ese mismo año se legalizó la ikurriña, reconocida como la bandera del País Vasco y al año siguiente se estableció el Consejo General Vasco. En 1978 se creó la Xunta de Galicia. Tras la aprobación de la constitución se inició el proceso de creación del resto de las autonomías, con la concesión de los diferentes estatutos aprobados por las Cortes, que culminó en el año Desde entonces, España está constituida por 17 Comunidades Autónomas cada una de ellas con su respectivo estatuto de autonomía que regula sus competencias y funcionamiento y dos Ciudades Autónomas; es lo que se conoce como el Estado de las Autonomías.

13 Enunciado de la prueba (Modelo 1 de 2006) 2 Opción A Bloque I Realice una composición sobre La Guerra de la Independencia, a partir del siguiente documento: «Los diferentes hechos de la revolución española se sucedieron con sorprendente rapidez. Las provincias más alejadas de la capital proclamaron la guerra contra los franceses, y llegó el momento en que había que tomar partido en el enfrentamiento inevitable [ ]. Yo estaba convencido de que si el pueblo pudiera permanecer tranquilo bajo la forma de gobierno a que estaba acostumbrado mientras el país se libraría de una dinastía de la que no era posible esperar ninguna mejoría, la humillación política de recibir un nuevo rey de manos de Napoleón quedaría ampliamente compensada con los futuros beneficios de esta medida. En efecto, en pocos años la nueva familia real se identificaría con el país. Muchos de los españoles más ilustres y honestos se habían puesto al lado de José Bonaparte. Se había preparado el marco de una Constitución que, a pesar de la forma arbitraria con la que había sido impuesta, contenía la declaración explícita del derecho de la nación a ser gobernada con su propio consentimiento y no por la voluntad absoluta del rey. La Inquisición [ ] iba a ser abolida inmediatamente, y lo mismo sucedía con las órdenes religiosas [ ]». Distrito universitario de Andalucía Escritos de José María BLANCO White, Opción B Realice una composición sobre El intento de revolución democrática: el Sexenio Revolucionario ( ), a partir del análisis del siguiente documento: Amadeo I ante el cadáver de Prim, obra de Antonio Gisbert (1870). 17

14 Curso Opción A Bloque II Realice una composición sobre España en el primer tercio del siglo XX: sociedad y economía. La crisis de 1917, a partir del análisis del siguiente documento: Julián Besteiro, Largo Caballero, Anguiano y Saborit: el comité de huelga del PSOE encarcelado tras los sucesos de agosto de Opción B Realice una composición sobre El régimen de Franco: fundamentos ideológicos, bases sociales e instituciones, a partir del análisis del siguiente documento: El Fuero de los Españoles (1945) «Art. 12. Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado [ ]. Art. 15. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registros en él [ ], a no ser con mandato de la Autoridad competente. Art. 16. Los Españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes [ ]. Art. 18. Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las leyes. En el plazo de setenta y dos horas todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial [ ]. Art. 33. El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España [ ]. Art. 35. La vigencia de los artículos 12, 13, 14, 15, 16, y 18 podrá ser temporalmente suspendida por el Gobierno total o parcialmente mediante Decreto-Ley [ ]».

15 Resolución de la prueba (Modelo 1 de 2006) 2 Opción A Bloque I La Guerra de la Independencia La Guerra de Independencia es el acontecimiento que inicia la Edad Contemporánea en España, pues provoca la crisis del Antiguo Régimen. El 2 de mayo de 1808 una sublevación popular en Madrid dio comienzo a la Guerra de Independencia. Antes, una serie de hechos habían conducido al estallido del conflicto: El rey Carlos IV, se alió con el resto de las monarquías europeas contra la Francia revolucionaria en 1793, pero la derrota militar española se saldó con la firma de la Paz de Basilea, por la que nuestro país perdió la parte española de Santo Domingo, y mediante el Tratado de San Ildefonso de 1796 se alió con Francia contra Inglaterra. Godoy, primer ministro de Carlos IV, firmó el Tratado de Fontainebleau en 1807 en el que acordó la invasión franco-española de Portugal y el paso por España de tropas napoleónicas. El ejército francés aprovechó la ocasión para ocupar algunas ciudades españolas. A esas alturas, la figura de Godoy era crecientemente criticada en los medios influyentes del país. La derrota naval de la armada franco-española en Trafalgar desbarató el poder marítimo y avivó la oposición de la nobleza, desairada por el favor real a un «advenedizo» como Godoy. Fernando (príncipe de Asturias) utilizó el descontento para instigar el Motín de Aranjuez y forzar la dimisión del impopular Godoy y la abdicación de Carlos IV. Ante la confusa situación española, Napoleón atrajo a los miembros de la familia real a Bayona (Francia), lo que provocó la desconfianza del pueblo llano de Madrid. En esta situación el descontento popular estalló en la insurrección del 2 de mayo de 1808 en Madrid sofocada por las tropas napoleónicas. En los días siguientes se produjeron alzamientos antifranceses en todo el país, con los que comenzó la Guerra de la Independencia ( ). Mientras tanto, en Francia se produjeron las abdicaciones de Bayona, por las que Fernando VII y Carlos IV cedieron el trono a Napoleón Bonaparte, que promulgó el Estatuto de Bayona para atraerse a los ilustrados españoles y nombró rey a su hermano José I. A consecuencia de las abdicaciones de Bayona, el país se dividió entre afrancesados (ilustrados que reconocieron a José I confiando en que hiciera las reformas que deseaban) y quienes se mantuvieron fieles a Fernando VII (fernandinos). Así pues, la contienda fue a la vez una guerra de liberación contra los franceses y una lucha civil entre afrancesados y fernandinos. El 2 de mayo de 1808 fue el detonante de la insurrección general. Se formaron Juntas en las ciudades y provincias coordinadas en la Junta Suprema Central, que asumió el gobierno y firmó una alianza con Gran Bretaña. La guerra había comenzado. La guerra se desarrolló en tres fases: Los éxitos iniciales españoles, en el año Ocupación del territorio nacional, entre 1809 y Ofensiva anglo-española entre 1812 y En 1808, Zaragoza, que era fundamental para controlar las comunicaciones en el valle del Ebro y Gerona, fue sitiada por el ejército francés. Poco después, las tropas napoleónicas dirigidas por el general Dupont fueron derrotadas en la batalla de Bailén por un ejército español reclutado por algunas juntas andaluzas y dirigido por el general Castaños. La derrota francesa de Bailén tuvo una gran repercusión propagandística en toda Europa, ya que por primera vez un ejército napoleónico era vencido en una batalla campal. La asombrosa resistencia española provocó la intervención directa del emperador Napoleón en la Península. El emperador organizó la Grande Armée, un ejército de soldados dirigidos por el propio Napoleón, que invadió el país y tras la batalla de Somosierra instaló a José I en Madrid. Solo Cádiz, sitiado, quedó libre de la ocupación. Sería en esta ciudad donde las Cortes, reunidas durante Distrito universitario de Andalucía 19

16 Resolución de la prueba (Modelo 1 de 2006) el cerco, elaborarían la primera constitución española, la Pepa, que sería el símbolo del liberalismo español a lo largo del siglo XIX. Frente al control de la Península por los franceses, surgieron las guerrillas, partidas de antiguos militares españoles y campesinos armados. Durante seis años los guerrilleros, ayudados por el ejército británico y la población civil que colaboraba con ellos, hostigaron a las tropas napoleónicas y entorpecieron el control del territorio por el ejército francés. En la primavera de 1812, Napoleón retiró de España parte de sus tropas para engrosar la invasión de Rusia. Los ejércitos anglo-españoles, dirigidos por el general británico Wellington, iniciaron una ofensiva en la que derrotaron a las tropas francesas en las batallas de Arapiles, Vitoria y San Marcial, y expulsaron al ejército napoleónico de la Península. En 1813 se firmó el Tratado de Valençay que restableció a Fernando VII en el trono y puso fin a la guerra. Opción B El intento de revolución democrática: el Sexenio Revolucionario ( ) Entre 1866 y 1868 la monarquía de Isabel II entró en una profunda crisis, que finalmente conduciría al exilio de la reina motivado por: Los problemas económicos y el hambre, que dieron lugar a revueltas en las ciudades y en el campo. El autoritarismo de los gobiernos moderados provocó matanzas que, como las de la noche de San Daniel o la del cuartel de San Gil, distanciaron a la burguesía y a los militares del régimen. La vida escandalosa de la reina, a la que se le achacaban diversos amantes fuera del matrimonio, le restó popularidad. Progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende en 1866, en el que acordaron la expulsión de los Borbones y la democratización de la vida política. La Unión Liberal se sumaría al pacto con posterioridad impulsando la crisis final del reinado en En 1868, fruto del Pacto de Ostende, se produjo la Gloriosa Revolución, un pronunciamiento para deponer a Isabel II. En septiembre de 1868 el almirante Topete (apoyado por los líderes del movimiento, los generales Serrano y Prim) se sublevó en Cádiz y el levantamiento militar rápidamente fue apoyado por revueltas populares en todo el país. Inmediatamente se organizaron Juntas Revolucionarias que controlaron ciudades y provincias y establecieron unas milicias conocidas como Voluntarios de la Libertad. Las tropas leales a Isabel II presentaron una débil resistencia en la batalla del puente de Alcolea, pero fueron derrotadas. Tras esta batalla, Madrid se sumó al levantamiento e Isabel II marchó al exilio en Francia. La revolución había triunfado rápidamente, sin apenas derramamiento de sangre, y había despertado las esperanzas populares de cambio, pero también el recelo de la oligarquía. Con la Gloriosa Revolución comenzó el Sexenio Democrático, período cuya importancia radica en que por primera vez España se organizó de forma democrática. Tras el triunfo de la revolución, se constituyó un Gobierno Provisional presidido por el general Serrano y con el general Prim como ministro de la Guerra. El gabinete estaba integrado por miembros de la Unión Liberal, progresistas y demócratas. El nuevo Gobierno suprimió las Juntas Revolucionarias y disolvió y desarmó a los Voluntarios de la Libertad para estabilizar el nuevo régimen. Además tomó las primeras medidas que le distanciaban claramente de la época isabelina: promulgó la libertad de asociación e imprenta, la libertad de cultos y disolvió la Compañía de Jesús. También afrontó la crisis económica estableciendo el arancel librecambista de Figuerola (1869), creó la peseta y procedió a la liberalización de la explotación del subsuelo. Finalmente, convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino, en las que vencieron los progresistas. La nueva Constitución de 1869 fue la más avanzada del siglo XIX. Sus principales características son: La proclamación de la soberanía nacional, que se pronunciaba mediante el sufragio universal para los varones mayores de veinticinco años, por la presión de demócratas y republicanos.

17 Curso Una neta separación de poderes, que establecía: Un poder ejecutivo, que detentaba el Consejo de Ministros. Un poder legislativo atribuido a unas Cortes bicamerales, formadas por el Congreso y el Senado elegidos mediante sufragio. Un poder judicial en manos de los tribunales. Como concesión a unionistas y progresistas se proclamaba la monarquía. Su poder estaba, sin embargo, limitado por la constitución. Contenía una amplia declaración de derechos, entre los que destacan: La libertad de culto religioso. El derecho de reunión. El derecho a la libertad de expresión y de cátedra. Una vez aprobada la constitución, se nombró regente al general Serrano, y Prim pasó a presidir el Gobierno. La situación política era complicada, pues el Gobierno tenía que enfrentar una insurrección en Cuba y llevar a cabo las reformas prometidas; además debía buscar un nuevo monarca. La sublevación de Cuba, que había comenzado con el Grito de Yara en octubre de 1868, estuvo dirigida por Céspedes y tuvo un carácter independentista. La guerra impidió que el nuevo régimen cumpliera con una de las promesas más populares que le habían brindado el apoyo del pueblo, la abolición de las quintas. El conflicto enturbió la historia del Sexenio Democrático, ya que se prolongó durante diez años y solo terminó con la Paz de Zanjón, firmada ya durante la Restauración borbónica. La búsqueda de un nuevo monarca se mostró difícil, toda vez que el candidato no podía ser un Borbón. Se tardó más de dos años en encontrar un rey que fuese aceptado tanto por los poderes fácticos del país, como por las potencias europeas. Finalmente, fue elegido el príncipe italiano Amadeo de Saboya. Amadeo I desembarcaba en Valencia para asumir la corona a principios de 1871, mientras Prim era asesinado en Madrid; perdía así a su principal valedor. Se encontraba con el desprecio de la aristocracia y la indiferencia de las clases medias y populares y con el único apoyo de unionistas y progresistas. Pero la coalición gubernamental se deshizo y dio paso a dos nuevos partidos irreconciliables, el Partido Constitucionalista de Sagasta y el Partido Radical de Zorrilla, que hicieron imposible la estabilidad política. El reinado de Amadeo estuvo marcado además por la Guerra de Cuba y por una nueva insurrección carlista que dio lugar a la Tercera Guerra Carlista entre 1872 y Durante esta guerra, los carlistas llegarían a establecer un Gobierno en Estella, Navarra, apoyados por las guerrillas afines a Carlos VII. Estas guerras, las disputas entre sus partidarios y el desprecio de la población, llevaron a Amadeo de Saboya a abdicar en febrero de Las Cortes, mayoritariamente monárquicas, proclamaron la República en febrero de Fue el primer intento de organizar un sistema político descentralizado, pero la historia de la Primera República tuvo una vida corta. Desde el principio tuvo que afrontar la oposición de la gran burguesía y los terratenientes, así como de los altos mandos del ejército y de la jerarquía eclesiástica, pero también de los trabajadores, que apoyaban al movimiento anarquista o al carlismo. Los escasos republicanos pertenecían a la clase media urbana. Con la proclamación de la República se nombró jefe del ejecutivo a Figueras, que hubo de enfrentarse a diversos brotes revolucionarios, a pesar de lo cual convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal, que fueron ganadas por los republicanos gracias a la abstención y al retraimiento de la mayoría de los partidos que no se presentaron a las elecciones para no darles legitimidad. Las nuevas Cortes se aprestaron a elaborar una constitución democrática y federal nunca aprobada debido a la inestabilidad de la República, lo que también provocó la dimisión de Figueras. Tras la dimisión de Figueras fue nombrado presidente del ejecutivo Pi i Margall. Durante su presidencia se produjo la revolución cantonalista en la que federalistas y miembros de la AIT proclamaron numerosos cantones, pequeños estados regionales cuasi independientes del Gobierno central. El movimiento se inició en Cartagena y se extendió por toda la costa mediterránea. A pesar de su magnitud, el ejército pudo controlar la insurrección, excepto en el cantón de Cartagena, donde la rebelión se prolongó durante casi un año. Distrito universitario de Andalucía 21

18 Resolución de la prueba (Modelo 1 de 2006) Debido a la sublevación cantonalista, Pi i Margall dimitió y fue sustituido por Salmerón, un republicano unitario que reprimió el movimiento cantonalista e hizo frente al avance carlista. Tras su dimisión fue sustituido por Castelar, que suspendió las sesiones parlamentarias para enfrentar la grave situación política y gobernó autoritariamente. Cuando se reabrieron las Cortes (4 de enero de 1874) se produjo el golpe de Estado de Pavía, que las disolvió con ayuda de la guardia civil. Se entregó el gobierno al general Serrano, que suspendió la constitución y los derechos y libertades. El régimen republicano se mantuvo hasta la restauración de los Borbones por el golpe de Estado del general Martínez Campos el 29 de diciembre de Opción A Bloque II España en el primer tercio del siglo XX: sociedad y economía. La crisis de 1917 El documento es una fuente iconográfica perteneciente al año 1917, es por lo tanto una fuente de carácter primario. La imagen nos muestra a los líderes del PSOE encarcelados tras la huelga general de aquel año por haber formado parte del comité de huelga de la misma. Para entonces y, debido al crecimiento económico que había experimentado España en las primeras décadas del siglo XX, las organizaciones de clase habían logrado una notable influencia entre el proletariado y el campesinado. Entre estas fuerzas destacaban el PSOE (entre cuyos dirigentes se contaban las personas de la imagen), que era la principal fuerza política obrera del país, y los sindicatos UGT (socialista) y CNT (anarquista). Entre 1875 y 1930 la sociedad española se transformó de forma notable gracias al crecimiento económico y demográfico, que experimentó sobre todo a partir de comienzos del siglo XX. Sin embargo, los desequilibrios persistieron y España continuó sumida en el subdesarrollo. España todavía era un país predominantemente agrario, en el que la mayor parte de la población trabajaba en el sector agropecuario. La propiedad de la tierra no se modificó y el latifundio en el sur y el minifundio al norte dominaban el paisaje y perpetuaban la pobreza de la población, el descontento de los jornaleros y la influencia de los caciques. Solo el litoral levantino y el País Vasco escapaban a esta situación. La agricultura de secano característica del interior, productora de cereales, vid y olivo sobre todo, experimentó un ligero crecimiento. La política proteccionista de los gobiernos después de 1891 y la utilización de abonos químicos algunos años después explican este aumento. La agricultura comercial se desarrolló en Valencia y Murcia, donde aumentaron los regadíos dedicados al cultivo de cítricos y hortalizas. En el valle del Guadalquivir se extendieron las tierras dedicadas al algodón y a la remolacha azucarera. La escasa industrialización se mantuvo y las principales regiones industriales siguieron localizadas en Barcelona, Asturias y Vizcaya. La producción artesanal conservó una notable importancia durante este período en el resto del país. El servicio doméstico continuó teniendo un peso fundamental en el sector terciario. El estancamiento de las zonas rurales del interior contrastaba con el dinamismo de las grandes ciudades y de la costa de Levante, sobre todo de 1900 en adelante. La minería conoció un extraordinario auge en estos años debido a las grandes inversiones extranjeras que aumentaron, diversificaron la producción y convirtieron a España en uno de los principales exportadores de minerales. Algunas regiones como Madrid o Valencia iniciaron su desarrollo industrial, aunque la mayor parte de la industria siguió concentrada en Cataluña y el litoral cantábrico. El crecimiento manufacturero se basó en la aparición de nuevas actividades industriales: La industria química, abastecedora de la industria farmacéutica y de abonos para la agricultura. La agroalimentaria, dedicada a la conservación de productos agrarios y pesqueros.

19 Curso La energética, con el desarrollo de plantas hidroeléctricas y de centrales térmicas. Los sectores ligados al transporte, dedicados a la fabricación de componentes ferroviarios o de automóviles. Las manufacturas de cemento y de vidrio, vinculadas a la construcción y a las obras públicas. La banca se desarrolló gracias a la repatriación de los capitales cubanos tras la pérdida de las colonias. Se fundaron entonces algunos bancos importantes como el Hispano Americano (1900) o el de Vizcaya (1901). También en estos años se desarrollaron las comunicaciones (telégrafo, teléfono y radio) y se incrementaron las obras públicas con la construcción de los primeros embalses y el asfaltado de las carreteras. Pero los cambios económicos, aun siendo importantes, fueron insuficientes para recortar el retraso de la economía española. La población española creció lentamente hasta el siglo XX, según el modelo demográfico antiguo, caracterizado por elevadas tasas de natalidad y mortalidad y crisis periódicas de sobremortalidad. Con el nuevo siglo comenzó la transición demográfica; descendió la mortalidad, seguida después por la natalidad, y finalizaron las crisis epidémicas, ya que la última se registró en Como consecuencia, el crecimiento de la población se aceleró a partir de En el último cuarto del siglo XIX solo creció en dos millones de personas, pero entre 1900 y la Guerra Civil aumentó en más de siete millones. Al tiempo se produjeron movimientos migratorios favorecidos por la mejora de los transportes: Más de tres millones de personas emigraron con destino a Latinoamérica y el norte de África (Argelia y Túnez) fundamentalmente. Cerca de un millón de personas se desplazaron en el interior del país y se instalaron en las grandes ciudades y en las regiones litorales, donde la economía era más dinámica. El cambio demográfico fue sin embargo más profundo, pues se dieron importantes transformaciones en la estructura de la población. Aumentó la población urbana. Las ciudades más importantes crecieron de manera considerable: Madrid y Barcelona alcanzaban medio millón de habitantes en 1900 y un millón cuando estalló la Guerra Civil. Otras ciudades como Valencia, Sevilla, Bilbao, etc., experimentaron un crecimiento considerable. La población urbana pasó de constituir un 32 % en 1900 a representar cerca del 50 % al final del período. La población agrícola se redujo desde 1910 y dejó de ser mayoritaria en 1929, cuando fue superada por la suma de la población industrial y terciaria. Así, España pasó a tener una población agraria e industrial en vías de modernización en los años treinta. La progresión demográfica, la creciente urbanización y el aumento de la población dedicada a la industria y a las actividades terciarias se explica en gran medida por la modernización de la economía. Sin embargo, el insuficiente desarrollo económico es la causa de la importante emigración exterior. La sociedad se caracterizó entre 1875 y 1939 por la polarización entre la oligarquía y las clases populares y por la debilidad de las clases medias. La oligarquía estaba integrada por grandes propietarios agrícolas, empresarios industriales y banqueros, muchas veces emparentados. Tenía un elevado nivel de vida y detentaba el poder político. En el extremo opuesto de la jerarquía social se encontraban las clases populares, mayoritariamente campesinos y obreros industriales: En el sur los campesinos eran jornaleros sin tierras, desempleados gran parte del año, que trabajaban en los latifundios de sol a sol durante la siembra y la cosecha. Al norte del Sistema Central solían ser dueños de minifundios. Las condiciones de vida de los campesinos eran muy precarias y el hambre era una amenaza constante. Los obreros industriales trabajaban diez o doce horas diarias y no tenían seguros de accidentes, ni de enfermedad, ni de desempleo. Sus salarios eran muy bajos, por lo que las mujeres y los niños debían trabajar para contribuir a los ingresos familiares. Vivían en barrios próximos a las fábricas, carentes de servicios y por tanto insalubres. Distrito universitario de Castilla-La Andalucía Mancha 23

20 Resolución de la prueba (Modelo 1 de 2006) Las clases medias incrementaron sus efectivos a partir del siglo XX. Tenían una posición desahogada y estaban formadas por funcionarios, comerciantes, profesionales liberales y labradores. Sin embargo siguieron siendo escasas como para amortiguar los conflictos sociales. La mujer siguió relegada a la vida doméstica y supeditada a la autoridad de un varón, fuese este su padre o su marido. Esta situación estaba sancionada tanto por las leyes como por la mentalidad de la época. Esta jerarquía social fue avalada por la Iglesia católica, que presentaba la miseria de las clases populares, y el sometimiento de la mujer al hombre como algo natural. La dualidad de la sociedad española también se reflejó en la vida cotidiana, en la que el modo de vida ancestral de las zonas rurales contrastaba con la vida cosmopolita de las ciudades. Las enormes diferencias sociales que caracterizaban a la población española condicionaron diferentes formas de sociabilidad según la clase a que se perteneciese: Las clases pudientes disponían de mucho tiempo libre, que empleaban en la práctica de deportes elitistas como la equitación o el automovilismo e iniciaron la costumbre del veraneo y el turismo. La clase media, acomodada pero menos opulenta, empleaba su tiempo en tertulias y sociedades literarias, científicas o recreativas en las que se popularizaron deportes como el tenis o la natación. Las clases populares entretenían su escaso ocio en los patios de vecindad donde organizaban verbenas y solían asistir a las casas del pueblo o a los ateneos libertarios. A pesar de las diferencias, algunas aficiones eran comunes a todas las clases sociales. Los toros, la zarzuela, la revista y tradiciones, como el cante o los juegos populares, destacan entre los entretenimientos comunes a todos los ciudadanos. El cine o el fútbol fueron espectáculos que surgieron en este período con un carácter interclasista. Su éxito hizo que se instalaran por entonces los primeros cinematógrafos y se organizaran las primeras competiciones deportivas de alcance nacional, como la Copa del Rey de Fútbol, cuya primera edición se celebró en Las primeras protestas de obreros se dieron en Barcelona en la década de 1830 y fueron protagonizadas por artesanos que quemaron la fábrica de Bonaplata por temor a perder sus empleos. En el campo, las revueltas se dieron a partir de las desamortizaciones, cuando los nuevos dueños dejaron de renovar los arrendamientos a los campesinos. Desde entonces, los jornaleros llevaron a cabo numerosas ocupaciones de tierras que se prolongarían hasta la Guerra Civil. Estas primeras manifestaciones dieron paso a la fundación de organizaciones asistenciales a partir de mediados del siglo XIX. Durante el Sexenio Democrático se produjo la llegada a España de las principales ideologías obreras del siglo XIX. El anarquismo era dominante. Estaba dividido entre los partidarios de la acción directa (atentar contra gobernantes y propietarios para acabar con el sistema) y quienes se inclinaban por la propaganda y la educación popular, creadores de numerosas revistas y ateneos libertarios. Pero, a pesar de su importancia, el anarquismo no contó con una organización estable hasta la fundación de la CNT en El socialismo fue la corriente minoritaria del movimiento obrero en España. Era partidario de la lucha política y creó dos organizaciones perdurables: el PSOE (1879) y la UGT (1888), fundados por Pablo Iglesias. En 1921 sufrió la escisión del PCE, en el que se integraron quienes apoyaban la Revolución Bolchevique. La lucha del movimiento obrero y la inquietud reformista de muchos gobiernos del primer tercio del siglo XX dieron lugar a la primera legislación laboral española, que reguló, entre otros aspectos, el derecho a la huelga (1909), la jornada laboral de 8 horas (1919) y la negociación entre obreros y empresarios. La relegación de la mujer también originó un movimiento social, el sufragismo, que reclamaba el derecho de voto para las mujeres y la equiparación legal de mujeres y hombres. El sufragio femenino fue reconocido por la Constitución de 1931 y las mujeres ejercieron por primera vez este derecho en las elecciones de 1933.