Foro de ONG Internacionales - Fongi Informe sobre la visita de campo en el Valle de Polochic; 27 y 28 de febrero de 2012

Transcripción

1 Foro de ONG Internacionales - Fongi Informe sobre la visita de campo en el Valle de Polochic; 27 y 28 de febrero de 2012 Introducción El área conocida como Polochic comprende los municipios de Tamahú, Tucurú, La Tinta, Panzós y Senahú (Alta Verapaz) y El Estor (Izabal). Tiene una población de 220 mil habitantes, con un 90% de población indígena (Q eqchi y Pocomchí) 1. Entre el 14 y 18 de marzo de 2011, se inició un proceso de desalojo de catorce comunidades, habitadas por unas 800 familias Q eqchi, en el municipio de Panzós en el Valle del Polochic. Las tierras fueron ocupadas en noviembre de 2010, por poblaciones campesinas, luego que el Banco Centroamericano de Integración Económica sacó a subasta pública estas fincas, por incumplimiento del pago del préstamo realizado por la empresa Chabil Utzaj, que había estado explotando la tierra para monocultivos de caña de azúcar. La empresa Chabil Utzaj, ante una situación de litigio, solicitó y financió el desarrollo del desalojo por parte de policías y militares. La población afectada es de aproximadamente 565 familias, cerca de personas, que incluirían alrededor de 325 niños menores de 5 años en las 11 comunidades. 2 La población desplazada se encuentra hoy dispersa en las márgenes de las zonas del desalojo, con escasa o ninguna condición de habitación y acceso a alimentos. Algunas comunidades que se encuentran a la orilla de la finca desalojada, como Paraná y Miralvalle, se encuentran bajo constante vigilancia e intimidación de grupos de seguridad privada de la empresa Chabil Utzaj. El 20 de junio de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de las 14 comunidades indígenas Q eqchi del Municipio de Panzós, en Guatemala. En dicha solicitud, se alega que 14 comunidades indígenas Q eqchi habrían sido desalojadas forzosamente en el municipio de Panzós, Departamento de Alta Verapaz, entre el 15 y el 23 de marzo de 2011 y que la orden judicial de desalojo no fue comunicada a las comunidades afectadas y que no se ejecutó en cumplimiento de los requisitos de la ley. 3 1 Informe Especial, Acción contra el Hambre, marzo 2011; 2 Informe Preliminar de la Comitiva médica para atención inmediata y levantamiento de datos a población desalojada en el Valle del Polochic, por problemas de salud derivados de la falta de alimentos; noviembre Comisión Interamericana de Derechos Humanos; MC 121/11 14 Comunidades Indígenas Q eqchi del municipio de Panzós, Guatemala; 20 de junio de 2011; Homepage de la Organización de Estados Americanos: 1

2 Asimismo, se afirma que, transcurridos más de dos meses desde el desalojo, entre 700 y 800 familias de la comunidad se encontraban viviendo en condiciones precarias, sin acceso a alimentos y agua y sin que agencias estatales les hubieren proporcionado albergue y ni soluciones nutricionales. Además se señalaban varios hechos de violencia contra las comunidades el 13 y 21 de mayo y el 4 de junio, en los cuales habían fallecido dos personas. La Comisión, solicitó entonces al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 14 comunidades, de adoptar las medidas necesarias para brindar asistencia humanitaria, incluyendo alimentación y albergue, y concertar las medidas con los beneficiarios y sus representantes. 4 El 5 de enero 2012 y ya interpuestas las medidas cautelares por parte del CIDH, fueron desalojados los comunitarios de Agua Caliente por un fuerte contingente de Policía Nacional Civil, cuadrilleros y la seguridad privada del Ingenio, destruyendo también sus cultivos e hiriendo a dos personas. 5 A casi un año de realizados los desalojos y ante la preocupación que genera la situación habitacional, alimentaria y de seguridad en el área, los días 27 y 28 de febrero del 2012, una delegación del Foro de ONG Internacionales efectuó una visita de campo en el valle del Polochic, al fin de conocer de cerca la situación de las comunidades desplazadas. La visita fue coordinada por el Comité de Unidad Campesina y la Fundación Guillermo Toriello. Visita de campo de la delegación del Foro de ONG Internacionales La visita de campo permitió escuchar los testimonios de representantes de las comunidades desalojadas: 8 de Agosto, Rodeo, Agua Caliente, Bella Flor, Miralvalle, Santa Rosita, Rio Frío, Tinajas, El Recuerdo, Paraná, La Isla, San Pablo, Siquinich; con el objetivo de conocer de la situación actual de dichas comunidades en el ámbito del trabajo de seguimiento del Foro sobre el tema. Organizaciones participantes, en representación del Fongi: Acsur-Las Segovias, Centro Cooperativo Sueco, Veterinarios sin Fronteras y Plataforma Holandesa Contra la Impunidad. 4 Ibidem; 5 tpp://valledelpolochic.wordpress.com/12/01/07/comunicado-urgente-desde-las-comunidades-del-valle/ 2

3 Resultados acordes a las medidas cautelares I. Garantías de vida y de integridad física No hay evidencia de ninguna medida que garantice la vida y la integridad física de las 14 comunidades. Salud: Los niveles de desnutrición son altos; según los testimonios, en la mayoría de los casos, muchas de las familias no alcanzan ni siquiera una comida diaria. Al deterioro de la salud física, afectada por la escasez de alimentos y de viviendas, se suma el trauma por los actos violentos durante los desalojos, las mujeres comentan que sufren de pérdida del sueño y padecen de graves problemas nerviosos (fue notorio que muchas de ellas reaccionan a cualquier ruido). Varias personas resultaron gravemente heridas durante los desalojos, y nunca recibieron asistencia médica. Hay una persona a la cual todavía no se le ha extraído una bala que se le disparó el 19 de diciembre durante un desalojo y otra que perdió un dedo. Amenazas: Los miembros de las comunidades siguen siendo perseguidos por parte de los miembros de la empresa de seguridad del ingenio. Estos últimos, en muchos casos circulan sin uniforme, en motos y hasta en bicicleta, lo cual provoca, en especial para las comunidades que viven cerca de la carretera, un estado de alerta continua. Cada vez que un vehículo se encuentra transitando por la carretera, se crea un clima de temor tangible, que la misma delegación del Foro pudo percibir estando allí. De acuerdo a los relatos de los comunitarios, tres días antes de la visita, miembros de la empresa de seguridad del Chabil habían pasado disparando en contra de gente que estaba trabajando con balas de 9mm (ellos guardaron las balas). En la noche hay disparos en los alrededores de todas las comunidades, especialmente las que se encuentran cerca de la carretera, en particular la comunidad 8 de Agosto, que es la más expuesta, dónde hasta hubo un caso reciente en que miembros de la empresa persiguieron a unos niños que iban saliendo de la escuela. Parece que la empresa de seguridad va circulando por las demás comunidades, preguntando por desplazados que se hospedan en las mismas, lo cual provoca que las mismas comunidades tengan miedo de hospedarlos y que esa gente tenga que vivir escondida y en el anonimato. Hubo quien habló de un censo promovido por la empresa, para recuperar informaciones sobre ellos, pero no estuvimos en capacidad de verificarlo. 3

4 Sobre las instituciones estatales: Las instituciones estatales siguen apoyando a la empresa; según algunos testimonios, después de los desalojos de Paraná, cuando los pobladores contactaban al juez y a la PNC, siempre se les contestaba con alguna excusa (por ejemplo que no tenían gasolina o que no había nadie), mientras que las patrullas de la PNC seguían circulando o estaban parqueadas en el comedor del Chabil situado en frente de la entrada del ingenio. Las visitas a dicho comedor, de parte de las fuerzas policiales, según muchos, siguen haciéndose. Se pudo observar durante la visita a la zona un autobús con trabajadores de Chabil Utzaj acompañado por una patrulla de la PNC en el tramo entre Teleman y Paraná. La Policía Nacional Civil, no hace nada para impedir las acciones extrajudiciales de la empresa de seguridad; este año, la empresa destruyó, poco antes de la cosecha, 260 cuerdas de maíz, 600 de frijol, yuca, plátano y otros productos ante la presencia de la PNC. II. Alimentación y albergue Asistencia humanitaria: En la misma línea del Gobierno anterior, el 28 de enero de este año, en Telemán, se organizó un evento mediático alrededor de la entrega de una bolsa de alimentos, por una cantidad insuficiente de Maseca (5 libras que, según el número de miembros de las familias, alcanza para el sustento de 3 a 8 días) y una bolsa de frijol de baja calidad (de los que generalmente se descartan antes de la venta, según testimonios). De acuerdo con los campesinos entrevistados, en ese evento, estuvieron presentes representantes del Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Seguridad Alimentaria, el Ministerio del Trabajo y medios de comunicación, entre otros. Durante la entrega de comida, se invitó a firmar un acta que iba a ser utilizada ante la CIDH para demostrar que el Estado cumplió con las medidas. Las comunidades se organizaron y las firmas no se obtuvieron, por lo que el evento fue suspendido. Trabajo y vivienda: Varios miembros de las comunidades desplazadas se sustentan trabajando la tierras de otros y viven hospedados en casas de conocidos en otras comunidades; muchos están alquilando viviendas y pronto no tendrán suficiente dinero para pagarlas y otros fueron menos afortunados, no teniendo dónde vivir en los últimos meses. Algunos líderes viven en el anonimato por razones de seguridad, siendo buscados por los cuerpos de seguridad de la empresa. En tales condiciones es evidente que no encuentran (ni les dan) trabajo en ninguna empresa de la zona. 4

5 Conclusiones El Estado de Guatemala no cumplió con las medidas cautelares solicitadas por la CIDH, no habiendo garantizado alguna protección a la integridad de mujeres, niños y ancianos de las 14 comunidades afectadas por los desalojos en el valle del Polochic. Las comunidades viven en condiciones de miseria extrema y bajo amenaza continua de parte de la empresa de seguridad del Chabil Utzaj. Prescindiendo del hecho de la falta de cumplimiento de las medidas, cabe destacar que el tema de preocupación principal, entre las comunidades, es la reivindicación de su derecho a las tierras que constituyen su fuente de vida, asunto que ni siquiera está mencionado entre las medidas cautelares de la CIDH. No pudimos constatar la presencia de ningún organismo del Estado en la zona. Tampoco la PDH está presente ni parece haber gestionado ningún apoyo para la población desalojada. Las medidas, parciales y temporales que han encontrado en materia de vivienda gracias al apoyo internacional no son suficientes y son complejas, debido a la falta de tierra para asentarse y la dispersión actual de las comunidades. Se debe tener en cuenta además de la precariedad en la que viven las familias afectadas (muy especialmente las mujeres), la desarticulación social comunitaria y la presión que ejerce la cercanía con la cabecera de Panzós. 5