Tema 10. La Segunda República ( ) 1 El sistema de partidos y la Constitución de 1931.

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1 Tema 10. La Segunda República ( ) 1 El sistema de partidos y la Constitución de El sistema de partidos políticos. - La pluralidad de partidos políticos durante la Segunda república se resume en el siguiente cuadro: IZQUIERDA Partidos republicanos: Acción Republicana, después Izquierda Republicana (Manuel Azaña). Partido Republicano Radical-Socialista (Marcelino Domingo). Unión Republicana (Diego Martínez Barrios), escindida del P. Republicano Radical. Partidos autonomistas o nacionalistas: Esquerra Republicana de Catalunya (Francesc Maciá y Lluís Companys). Organización Republicana Gallega Autónoma (Santiago Casares Quiroga). Partidos obreros: Partido Socialista Obrero Español (lndalecio Prieto, Francisco Largo Caballero y Julián Besteiro). Partido Comunista de España (José Díaz y Dolores Ibárruri). Partido Obrero de Unificación Marxista (Andreu Nin y Joaquim Maurín), no estalinista. Partido Sindicalista (Angel Pestaña). CENTRO Partidos republicanos: Partido Republicano Radical (Alejandro Lerroux). Derecha Liberal Republicana (Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura), antiguos monárquicos. Partidos autonomistas: Lliga Catalana (Francesc Cambó). Partido Nacionalista Vasco (José Antonio de Aguirre). DERECHA Partidos republicanos: Partido Agrario. Acción Nacional (después Acción Popular, finalmente integrada a la CEDA). Confederación Española de Derechas Autónomas CEDA- (José María Gil-Robles). Partidos monárquicos: Renovación Española, después Bloque Nacional (José Calvo Sotelo). Comunión Tradicionalista, antiguos carlistas (Manuel Fal Conde). Acción Española (Ramiro de Maeztu). Partidos autoritarios y fascistas: Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) (Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo). Falange Española (José Antonio Primo de Rivera), después FE y de las JONS, tras la fusión de ambos partidos. Durante el bienio republicano-socialista, Acción Republicana (Manuel Azaña), con implantación entre los intelectuales y amplias capas de las clases medias urbanas, fue el núcleo de los gobiernos republicanos de izquierdas, en estrecha colaboración con el PSOE y singularmente con la facción moderada de Indalecio Prieto. Tras la derrota de noviembre de 1933, Azaña logró crear una nueva formación política, Izquierda Republicana, atrayendo a ella a la antigua ORGA de Casares Quiroga y al Partido Radical-Socialista de Marcelino Domingo. El PSOE y la UGT eran las organizaciones más amplias y mejor organizadas de España. Pero la fuerza propia del PSOE se vio muy debilitada por la pugna que se mantuvo, desde los albores de la República hasta el final de la Guerra Civil, entre sus tres máximos dirigentes. Francisco Largo Caballero representó la postura extremista y belicosa del socialismo (el Lenin español). Julián Besteiro era el líder más intelectualizado del PSOE y de la UGT. Indalecio Prieto desempeñó siempre el papel de líder moderado y realista, partidario de coaligarse con los partidos de la izquierda republicana. Por su parte, en el bienio de centro-derecha, las principales fuerzas políticas fueron el Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux, y la CEDA, liderada por José Mª Gil Robles. El Partido Republicano Radical, de antigua implantación (1908), durante la Segunda república abandonó su antigua ideología anticlerical y demagógica y derivó hacia posiciones cada vez más conservadoras. La Confederación Española de Derechas Autónomas CEDA- (José María Gil-Robles) mantuvo una postura ambigua ante la República, e hizo gala a menudo de posturas autocráticas y antirrepublicanas. Por otro lado, eran claras las tendencias parafascistas de las Juventudes de Acción Popular (JAP) En Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya (Francesc Maciá y Lluís Companys) se convirtió en la principal fuerza política. 1.2 La Constitución de Las Cortes surgidas de las elecciones del 28 de junio se encargaron de redactar una nueva Constitución, que fue aprobada el 9 de diciembre de La nueva Constitución reflejó los valores laicos e izquierdistas de la mayoría parlamentaria: La soberanía se declara como radicalmente popular y democrática: los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. 1

2 La forma de gobierno se define como una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y justicia. Los derechos y libertades se reconocen con amplitud: Igualdad absoluta de los ciudadanos ante la ley; libertad de conciencia y de cultos; libertad personal; libertad de circulación y residencia; inviolabilidad de la correspondencia; libertad de expresión y de imprenta; derecho universal al voto; derechos de reunión y de manifestación; derecho de asociación; derecho al divorcio; derecho a la educación y libertad de cátedra. La organización de los poderes se plantea con una clara división de los mismos: poder legislativo: La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados elegidos por sufragio universal. poder ejecutivo; Presidencia de la República electa y Gobierno. poder judicial: jueces y tribunales independientes. Jurado popular. Las relaciones Iglesia-Estado se rigen por el laicismo del estado y la libertad religiosa: El Estado español no tiene religión oficial ; extinción del presupuesto del clero; disolución de la Compañía de Jesús; prohibición de ejercer la enseñanza; libertad de conciencia y de cultos y secularización de los cementerios. La organización del territorio reconocía cierta autonomía a los municipios, cuyos ayuntamientos habían de ser elegidos por sufragio universal; los alcaldes serían designados por elección directa del pueblo o por el ayuntamiento. A su vez, se reconocía el derecho a que una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, acordaran organizarse en región autónoma, presentando un estatuto para su discusión en las Cortes. La Educación y la cultura se conciben como un servicio público y con un carácter laico y libre. La economía se plantea con una subordinación de la riqueza a los intereses generales y la posibilidad de expropiación, nacionalización e intervención en la economía nacional. En resumen, la Constitución de 1931 resultó ser una constitución intensamente democrática e idealista, aunque faltó un amplio consenso en los temas más conflictivos, como el de las nacionalidades y la cuestión religiosa. Este anticlericalismo constitucional se explica porque el pensamiento republicano izquierdista atribuía el retraso de la sociedad española a la Iglesia, que prácticamente tenía el monopolio en la enseñanza. 2 Las reformas del bienio republicano-socialista. Entre el 14 de abril de 1931 y el 19 de noviembre de 1933, se plantearon numerosas reformas, primero por el gobierno provisional y después por el gobierno presidido por Azaña, en el que ya no estaban ni Maura ni los radicales de Lerroux. 2.1 Las reformas sociales. La legislación del gobierno provisional (Largo Caballero).- Con el objetivo de paliar las secuelas de la crisis del 29 (estancamiento económico y paro) y de mejorar de forma inmediata las condiciones laborales del campesinado, Largo Caballero desarrolló una importante legislación laboral, de seguridad social y legislación agraria: Contratos de Trabajo, Jurados Mixtos, Colocación Obrera, seguros de retiro, maternidad y accidentes de trabajo, la jornada de ocho horas; prioridad a los jornaleros de un municipio para trabajar en las fincas de su término, obligación de los propietarios de mantener todas las tierras cultivadas; prohibición de desahuciar a los campesinos arrendatarios, etc. La reforma agraria.- La Ley de Bases de la Reforma Agraria (aprobada el 9 de septiembre de 1932) establecía la expropiación con indemnización de los señoríos jurisdicionales, las tierras incultas o deficientemente cultivadas, las arrendadas durante doce años, o las situadas en las cercanías de pequeñas poblaciones, etc. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria, al que se otorgó un presupuesto anual de 50 millones de pesetas para proveer de material y otorgar créditos a los campesinos asentados, y se proyectó asentar anualmente de 60 a 75 mil campesinos. Con esta ley se pretendía remediar el paro obrero y convertir en propietarios a cientos de miles de campesinos sin tierra, aumentando de paso la capacidad de consumo de las masas rurales que estimularía la producción industrial y el comercio. 2

3 Sin embargo, los efectos de la ley fueron muy limitados: en 1934 solo se habían asentado campesinos en 529 fincas. Entre los motivos de este fracaso destacan los siguientes: el corto periodo de vigencia; los insuficientes recursos asignados; las resistencias de la Banca privada a colaborar en la financiación; y la compleja burocracia del I.R.A. Este fracaso de la reforma constituyó uno de los motivos de decepción de los campesinos que explicaría los enfrentamientos sangrientos de las bases socialistas con la Guardia Civi (Corral de Almaguer-Toledo, Palacios Rubios-Salamanca, Castilblanco- Badajoz o Arnedo- Logroño) y, sobre todo, los sucesos de Casas Viejas (Cádiz) que contribuyeron a deteriorar gravemente la imagen de Azaña y de su gobierno ante la opinión pública. 2.2 La reforma del ejército.- Manuel Azaña, como ministro de la Guerra, aplicó medidas importantes con el objetivo de modernizar y democratizar las Fuerzas Armadas. Se ofreció a los generales, jefes y oficiales la posibilidad de jubilarse con el sueldo íntegro. Con esta medida se consiguió reducir el número excesivo de comandantes y se ofreció una salida a aquellos militares cuyas convicciones no les permitían continuar en el Ejército bajo bandera republicana. La reorganización del ejército, por su parte, supuso la reducción a la mitad de las 16 divisiones existentes y la reducción del ejército de África en unos siete mil individuos. Manuel Azaña clausuró también la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco y anuló todos los ascensos por elección o méritos de guerra obtenidos durante la Dictadura. También se abolió la Ley de Jurisdiciones de 1906 y se suprimió el Tribunal Supremo del Ejército, traspasando sus funciones al Tribunal Supremo. En conjunto, la reforma militar y fue duramente combatida por la derecha y por un sector de la oficialidad que veía en ella un propósito político de trituración del Ejército. El intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, en agosto de 1932, fue exponente del malestar de una parte del Ejército. Fracasado el intento de golpe, el general Sanjurjo fue condenado a muerte por un consejo de guerra, e indultado por el presidente de la República. 2.3 La reforma religiosa y educativa. La aprobación de los polémicos artículos 26 y 27 de la Constitución abrió el camino a una serie de leyes y decretos con los que la izquierda gobernante buscaba lograr la secularización legal del Estado: la disolución de la Compañía de Jesús y nacionalización de parte de sus bienes; la secularización de los cementerios; ley de Divorcio y de matrimonio civil; y la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas que establecía la reglamentación del culto público, la supresión de subsidios oficiales y la nacionalización de parte del patrimonio eclesiástico, el veto de los nombramientos de jerarquías religiosas y el cierre de los centros de enseñanza de la Iglesia, salvo los seminarios. Estas medidas condujeron a un enfrentamiento frontal de la Iglesia con el Gobierno. Las medidas adoptadas en el terreno de la Instrucción Pública pretendían reforzar la presencia y el control del Estado en el sector educativo, dominado hasta entonces por la Iglesia católica y sacar al país del atraso que padece. Los decretos establecían un plan quinquenal para crear 5000 plazas escolares al año y que, en su primer año, ampliaba en siete mil la plantilla de maestros estatales; aumentaban el sueldo a los maestros; disponían la coeducación en la Enseñanza Secundaria; suprimían la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas, y creaban las Misiones Pedagógicas para extender el ámbito educativo a sectores de la población hasta entonces marginados. Las misiones se integraban por maestros y estudiantes, que llevaban consigo equipos cinematográficos, gramófonos, reproducciones de cuadros famosos, libros, etc. Representaban además obras teatrales, como las protagonizadas por el célebre grupo de teatro ambulante "La Barraca", con la participación de Alejandro Casona y Federico García Lorca. La Ley de Confesiones y Congregaciones contemplaba la creación en pocos meses de escuelas públicas y 20 institutos nacionales de Bachillerato, que paliasen los efectos del cierren inmediato de los centros religiosos. Pero, tras la derrota electoral de la izquierda, los nuevos gobernantes suspendieron la aplicación de la Ley y permitieron a la Iglesia mantener abiertos sus establecimientos docentes. 3

4 2.4 Los estatutos de autonomía.- Uno de los problemas que intentó resolver la Segunda República fue la descentralización administrativa del Estado a través de una nueva organización territorial. En Cataluña, tras el reconocimiento de una Generalitat preautonómica, se elaboró un proyecto de Estatuto (Estatuto de Nuria) que declaraba a Cataluña Estado autónomo dentro de la República española, dotado de un amplio autogobierno. Sometido a plebiscito, el Estatuto de Nuria obtuvo una aprobación clamorosa (1931). Sin embargo, el Estatuto finalmente aprobado por las Cortes (9 de septiembre de 1932) proclamaba a Cataluña región autónoma dentro del Estado español. La autonomía catalana contaba con gobierno y un parlamento propios con competencias en materia económica, social, educativa y cultural y se reconocía la cooficialidad del catalán. Tras las elecciones al Parlamento de Cataluña, ganadas claramente por la coalición encabezada por ERC, Francesc Maciá fue elegido presidente de la Generalitat. En cuanto al País Vasco y Navarra, el proceso fue muy complejo. El 15 de junio de 1931, en una asamblea de ayuntamientos vascos en Estella (Navarra), se aprobó un proyecto de Estatuto, que fue rechazado por el gobierno central. En 1932 se refrendó el llamado Estatuto de las Gestoras que quedó en suspenso por el rechazo de los representantes navarros. En 1933, el nuevo proyecto de Estatuto limitado a los territorios de Álava, Bizkaia y Guipúzcoa fue de nuevo refrendado mayoritariamente. Pero la victoria electoral de la derecha paralizó el proyecto de autonomía vasco que no será aprobado definitivamente por las Cortes hasta el 10 de octubre de 1936, con José Antonio de Aguirre a su cabeza como primer lehendakari (presidente), cuando ya gran parte de la nueva región autónoma estaba controlada por los rebeldes. En Galicia la redacción del Estatuto de Autonomía comenzó ya en 1932 con un anteproyecto impulsado por la ORGA de Casares Quiroga, pero el proceso no avanzó apenas hasta que, en 1936, el estatuto fue aprobado por abrumadora mayoría de electores. En Aragón, Castilla, Asturias, Baleares y Andalucía iniciaron el proceso en El bienio de centro-derecha. 3.1 La contrarreforma.- Tras el triunfo de las candidaturas de derecha y de centro en las elecciones de 1933, el Gobierno centrista de Alejandro Lerroux, que gobierna con el apoyo parlamentario de la CEDA, imprime un giro más conservador a la República y revisa gran parte de las reformas de los gobiernos de Azaña. Los niveles de conflictividad se multiplicaron, destacando la huelga general campesina del verano de 1934 y el enfrentamiento del gobierno central con las nacionalidades catalana y vasca. En Cataluña, la anulación por el Tribunal de Garantías de la Ley de Contratos de Cultivo votada por el parlamento autonómico y los problemas con las transferencias provocaron la retirada de las Cortes de los diputados de Ezquerra Republicana. En el País Vasco, el descontento tuvo su origen en el freno a la aprobación del estatuto vasco por las Cortes y en medidas del gobierno que afectaban a los conciertos económicos y que acarreaban pérdidas millonarias a los ayuntamientos vizcaínos. Todos estos conflictos fueron utilizados por la CEDA, triunfadora en las elecciones de 1933, para presionar a favor de su entrada en el gobierno, lo que finalmente ocurrió el 4 de octubre de La revolución de octubre de 1934 y sus repercusiones.- Pocos meses después del triunfo de la derecha, sectores del PSOE y de la UGT prepararon una insurrección armada que debía ir acompañada de una huelga general. El ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania, en enero de 1933, y la persecución a la que fueron sometidos los socialistas en Austria (febrero de 1934) desataron el temor en la izquierda española a que sucediera algo semejante si Gil-Robles accedía al poder. Así, el 5 de octubre, tras la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno presidido por Lerroux, la UGT hizo un llamamiento a la huelga general, al que la CNT no se sumó (la CNT sólo se alió con la UGT en Asturias). El llamamiento a la huelga encontró eco en ciudades como Sevilla, Córdoba, Valencia o Zaragoza y en numerosos pueblos de todo el país, pero fueron iniciativas aisladas. La falta de planificación y la inhibición de la CNT facilitaron el control por el ejército de los focos rebeldes. En Madrid, el País Vasco y Cataluña, los acontecimientos tuvieron mayor importancia, al incluir conatos formales de insurrección armada, fundamentalmente a cargo de las milicias socialistas. 4

5 Por lo que respecta a Cataluña, la insurrección obrera estuvo acompañada por una maniobra secesionista. El día 6, Lluis Companys, nuevo Presidente de la Generalitat, rompe con el Gobierno Central y proclama el Estado Catalán dentro de la República federal española. La insurrección catalana, que no cuenta con el respaldo de los anarquistas, es aplastada por el ejército, después de 10 horas de lucha. Se producen 46 muertos. El Gobierno republicano suspende temporalmente el Estatuto, y encarcela a su presidente. El único movimiento armado de gran entidad lo protagonizaron los mineros asturianos y del norte de León, donde la grave crisis laboral de la minería hullera había facilitado la entrada de los anarcosindicalistas en la Alianza Revolucionaria. Los trabajadores en armas asaltan los cuarteles de la Guardia Civil, del Ejército y de las fábricas de armas. Después de hacerse con la cuenca minera, toman Oviedo. El Comité regional de la Alianza asumió el control de la situación y estableció un eficaz poder obrero durante dos semanas. Finalmente, las tropas de la legión y del ejército regular que Franco trajo de África sofocaron la insurrección. El movimiento había adoptado en algunos sitios auténtico aire de guerra civil. Sólo en Asturias, las víctimas se acercaban a las cuatro mil (casi un millar de ellas eran muertos) y las destrucciones fueron enormes. Los asesinatos de 34 sacerdotes y de varios guardias civiles y paisanos de ideología conservadora conmovieron a la opinión derechista, que exigió represalias. Vencida la insurrección, la represión alcanzó gran dureza, especialmente en Asturias. Se realizaron miles de detenciones (30.000) y abundaron las torturas y ejecuciones. Numerosos dirigentes políticos de izquierdas fueron apresados, entre ellos Largo Caballero y Azaña. En cuanto a Cataluña, se acordaba la suspensión definitiva del Estatuto de Autonomía y la recuperación por la Administración central de las competencias transferidas en los dos años anteriores a la Generalidad (Ley de 2 de enero de 1935). 3.3 El hundimiento del Partido Radical. - A raíz de la profunda crisis de octubre de 1934, los gobiernos de centro-derecha quedaron relativamente erosionados desde el punto de vista político. La represión, los juicios, las prohibiciones de la prensa socialista y comunista, etc., despertaron las simpatías de la población hacia los presos y los perseguidos políticos. Además, las actuaciones del Gobierno durante 1935 fueron muy impopulares: la contrarreforma agraria; el bloqueo en las Cortes del Estatuto de Autonomía vasco; los nombramientos en el Ejército de militares poco o nada partidarios de la democracia, como el general Franco, que fue nombrado jefe del Estado Mayor, etc. En septiembre de 1935, el gobierno de Lerroux se vio obligado a dimitir como consecuencia del escándalo de corrupción del estraperlo. Los gobiernos que le sucedieron fueron breves a causa de la falta de consenso entre las fuerzas parlamentarias. Ante esta situación política, el presidente de la República disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 16 de febrero de Las elecciones de 1936 y el triunfo del Frente Popular. Las elecciones de 1936 dividieron en dos a la opinión pública española. La izquierda se presentó unida en una coalición (Frente Popular) que reunía desde los republicanos de Azaña hasta los comunistas. La derecha, en cambio, no se pudo presentar unida. El Frente Popular consiguió el 34,3% de los votos, y la derecha, en coalición con el centro, el 33,2%. En virtud de la ley electoral, que otorgaba el 75% de los escaños a la lista ganadora, el Frente Popular obtuvo la mayoría en el Congreso. 4.1 Los gobiernos del frente popular.- Después de las elecciones, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, encargó la formación de gobierno a Manuel Azaña, quien empezó a aplicar el programa del Frente Popular, basado en cuatro ejes principales: la continuación de la reforma agraria, la intensificación del desarrollo de la política educativa, la amnistía de los presos políticos, y el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña y el impulso definitivo para aprobar los estatutos de autonomía del País Vasco y de Galicia. El 7 de abril, Alcalá Zamora fue destituido de la presidencia de la República y en su lugar fue elegido Manuel Azaña. En esta elección no quisieron participar los diputados de la derecha. La presidencia del Gobierno fue asumida por Santiago Casares Quiroga. 5

6 4.2 La radicalización social y política y el desorden público. En la derecha política se constató un incremento de las actividades violentas de la FE y de las JONS que planteaba sin tapujos implantar en España un régimen fascista. Tanto la Falange como los carlistas, especialmente fuertes en Navarra, estaban entrenando por aquellos días unidades paramilitares. Esta violencia de La Falange comportó la persecución legal del partido y el encarcelamiento de su líder, José Antonio Primo de Rivera. También en la izquierda se observaba, en los meses anteriores a la guerra, una fuerte radicalización. Los sectores del PSOE liderados por Francisco Largo Caballero, eran partidarios de la revolución social. Por su parte, los anarcosindicalistas de la CNT confirmaron su posición revolucionaria y antirrepublicana (congreso de Zaragoza de mayo de 1936) con un programa en el que se proponía la supresión del culto religioso público, la confiscación de todos los bienes productivos, la organización colectiva de la propiedad y la creación de comunas libres y autogestionarias en sustitución del Estado. El Ejército, por su parte, estaba dividido en asociaciones clandestinas: Unión Militar Española (UME) y Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). El desorden público se manifestó básicamente de tres maneras. En primer lugar, la violencia en el campo, con huelgas y ocupación de tierras, especialmente en Extremadura y en Andalucía, y otros conflictos laborales. En segundo lugar, los ataques a edificios eclesiásticos y la quema de algunos conventos realizados por grupos espontáneos que actuaban a partir de rumores absurdos. Por último, los atentados políticos protagonizados por falangistas y monárquicos, por un lado, y por comunistas y anarquistas, por otro. El más significativo de estos atentados fue el que costó la vida, el 13 de julio de 1936, a José Calvo Sotelo, diputado y dirigente monárquico del partido Renovación Española. El atentado fue perpetrado por miembros de la Guardia de Asalto como represalia por el asesinato del teniente de este cuerpo armado, José del Castillo, cometido por falangistas. 4.3 La conspiración militar.- Desde el momento en que se proclamó la República, una parte del Ejército mostró abiertamente su hostilidad al nuevo régimen y no dejó de conspirar contra él. El fracasado golpe de Estado del general José Sanjurjo, en 1932, fue un ejemplo de ello. Por otro lado, en la misma noche de las elecciones de febrero de 1936, conocido el triunfo electoral del Frente Popular, el general Franco, jefe del Estado Mayor, propuso la declaración del estado de guerra, a lo que se opusieron el ministro de la Guerra, el general Nicolás Molero, y el director general de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas. El gobierno, consciente de este peligro, situó como jefes de las capitanías generales a militares de probada fidelidad republicana y, por el contrario, envió a los generales menos adictos al régimen a capitanías poco importantes o a las insulares: Franco a Canarias; Manuel Goded, a Mallorca. Nadie sospechó que el general Emilio Mola, de escasa fe monárquica y destinado a Pamplona, se entendería con los carlistas navarros. Los mandos del ejército de África, el más profesional y efectivo, también eran fieles a la República. Los primeros días de marzo de 1936 empezaron a tramarse varias conspiraciones, de manera paralela y confusa, por grupos de generales y de políticos de la Comunión Tradicionalista (carlistas), de Falange Española y de Renovación Española. Pero, a partir del mes de abril, fue el general Mola quien prepararía una red golpista más consistente, que obtendría la confianza de todos los movimientos antirrepublicanos. Todos los intentos civiles quedaron diluidos en el proyecto militar. A principios de julio, la planificación técnica del golpe estaba casi terminada. El plan de Mola preveía un levantamiento coordinado de todas las guarniciones comprometidas, que implantarían el estado de guerra en sus demarcaciones. Las tropas africanas iniciarían el pronunciamiento, que sería seguido por las guarniciones insulares y peninsulares. Luego, Mola, al mando de las fuerzas del Norte, se dirigiría hacia Madrid, donde se habrían sublevado los cuarteles. Si algo fallaba, Franco cruzaría el Estrecho con el ejército de Marruecos y avanzaría desde el sur y el este sobre la capital, que caería en una operación de tenaza. La Constitución de 1931 sería suspendida, se disolverían las Cortes y se produciría una breve etapa de represión contra los elementos izquierdistas y los militares no comprometidos en el alzamiento. Después, Sanjurjo, vuelto del exilio, encabezaría un Directorio militar de cinco miembros, a la espera de una salida a la crisis de la República. 6