1.1. Las fuerzas del cambio social en el surgimiento del capitalismo y creación de condiciones para el origen del Estado

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1 Unidad 1 ORIGEN Y DESARROLLO DEL ESTADO MODERNO 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL ESTADO: ORÍGENES Y DESARROLLOS DEL ESTADO MODERNO: Se define el concepto de Estado y su papel en las sociedades contemporáneas, y se esboza el contexto histórico de su origen en el proceso económico del capitalismo y en el proceso sociopolítico de la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. El Estado, tal como se conoce actualmente, no ha existido desde siempre. Es importante reconocer que su aparición en la vida social obedece a procesos sociales porque sólo así se comprenderán los valores e ideas que sustentan una determinada noción de Estado. Una aproximación a este concepto pasa, pues, por estudiar la historia de las luchas sociales y políticas que permitieron su aparición y que le asignaron ciertas responsabilidades, límites y retos a su actuación. En esta unidad se han privilegiado dos rutas históricas que permiten esclarecer los principales componentes del concepto de Estado, no obstante en ellas no se agota la totalidad de su contenido histórico. Tales rutas son, por un lado, el surgimiento del capitalismo y la creciente centralización del poder que conlleva este hecho. Por el otro, la historia de los derechos humanos, de la cual se derivan aspectos cruciales para el entendimiento de la actividad del Estado en la actualidad Las fuerzas del cambio social en el surgimiento del capitalismo y creación de condiciones para el origen del Estado Durante la Edad Media, la economía en Europa estuvo marcada por el feudalismo rural y la organización gremial de la producción. En uno y otro caso, la estratificación de la sociedad en estamentos era la condición social sobre la que se fundaba el orden económico. Es decir, era la opresión de los vasallos por sus señores y de los oficiales por sus maestros la que constituía la condición de posibilidad de la producción de bienes principalmente agrícolas y, en menor medida, artesanales. Dado que el poder estaba dividido territorialmente entre los señores feudales, no puede hablarse en este periodo de la existencia de un Estado en el sentido moderno del término. De hecho, algunas de las funciones que hoy competen al Estado y cuyo carácter público pareciera indiscutible, en aquella época eran ejercidas de forma privada por cada señor en su territorio. Por otra parte, a pesar de que existía la figura del rey, no es posible afirmar que éste tuviera la capacidad de gobernar sobre los demás señores, sino que era considerado sólo como un primus inter pares a quien se confiaba la función de dirigir los ejércitos y defender el territorio frente a posibles invasiones. En este contexto, el crecimiento de la población, la navegación hacia África y Asia y el descubrimiento de América, condujeron a expandir la demanda de bienes, mientras que la producción agrícola y gremial era insuficiente para dar respuesta a tal crecimiento. Por lo anterior, las fuerzas sociales del cambio representadas en la naciente burguesía, contribuyeron a la concentración del poder en el rey en detrimento de los señores feudales, quienes representaban la existencia de un orden estamentario rígido y contrario a la expansión del comercio y la producción. Es así como se da origen al Estado absolutista, pues la burguesía requiere la liberación de la fuerza de trabajo, que el orden esté asegurado y que se garantice la seguridad civil, por lo que decide apoyar con recursos y hombres al rey, quien por su parte toma esta ayuda y la utiliza para eliminar los privilegios de los que ha gozado la nobleza hasta el momento.

2 Sin embargo, el crecimiento de la industria y el comercio y la acumulación de capital por la burguesía, condujeron a romper los fundamentos de este mutuo apoyo. A pesar de que los ejércitos habían tenido un crecimiento considerable, dicho crecimiento no era proporcional al aumento de la población, de la riqueza social producida ni del poder de la burguesía. Al mismo tiempo, empezaron a chocar las dos fuerzas inicialmente complementarias del poder político del rey y el poder económico de la burguesía; esta última requería de una organización política mucho más comprometida con sus intereses de clase. Ya no bastaba el poder económico; también era necesario el poder político. Estos choques y su resolución en el Estado liberal tuvieron implicaciones muy importantes: el liberalismo burgués se expresó en la máxima de laissez faire, laissez passer en lo económico, circunscribiendo el radio de injerencia del Estado a los asuntos de seguridad territorial y garantía del derecho a la propiedad privada. Por esta razón, el Estado liberal también es conocido como Estado gendarme o Estado policía; su patrón de comportamiento sobre las relaciones sociales está dado por su no hacer. De lo anterior puede observarse cómo los procesos sociales entraban en contradicción con las instituciones vigentes. Inicialmente esta contradicción tendió a resolverse en la concentración de poder en manos del rey, para luego pasar a un ente mucho más impersonal llamado Estado. En efecto, el absolutismo tenía aún rasgos del orden feudal y de la tradicional unión entre poder político y religión: el poder de los reyes provenía de un origen divino, el cual le otorgaba la legitimidad necesaria para ser ejercido. La pujante burguesía controvertiría esta visión sobre el Estado y los cambios culturales que venían gestándose desde el Renacimiento afirmarían una nueva concepción en la que el hombre, y no Dios, era el centro y fin de la organización de la sociedad. En suma, para el desarrollo del capitalismo era necesaria tanto la concentración del poder político como su racionalización. Por otra parte, como se verá a continuación, la historia de los derechos humanos permite esclarecer otros aspectos del proceso de evolución del Estado moderno, en el cual no sólo se garantiza la existencia del capitalismo como modo de producción dominante, sino que también ha implicado el reconocimiento de los derechos y libertades de las personas La evolución de las luchas sociales materializa el reconocimiento de los derechos humanos e impone límites y retos a la actuación del Estado Como se vio en el módulo de Derechos Humanos, en la historia de la humanidad se pueden diferenciar tres generaciones de derechos: los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales y, finalmente, los colectivos. Estas tres generaciones han determinado la imposición de límites y retos a la actuación del Estado, por lo que es pertinente su mención en el presente módulo. Retomando el capítulo precedente, cabe anotar que las fuerzas sociales del cambio en el surgimiento del capitalismo y del Estado moderno en Europa se desarrollaron en un contexto cultural y filosófico a partir del cual fue posible la racionalización del poder político y el reconocimiento de los derechos del hombre como barreras para el ejercicio de un poder absoluto. Lo anterior significa que la transición al Estado liberal no sólo fue posible por la existencia de condiciones materiales resumidas en el poder económico de la

3 burguesía. No sólo los hechos sino también las ideas hacen parte de la historia de la humanidad. En su momento, la corriente filosófica iusnaturalista moderna fue determinante para dar fin al ejercicio absoluto del poder. En efecto, una de las consecuencias del iusnaturalismo en relación con la política es el reconocimiento de derechos innatos del individuo frente a los cuales las autoridades deben asumir una actitud de respeto. Por otra parte, las implicaciones de estos planteamientos sobre el concepto de Estado se condensan en el postulado de que éste sólo existe por la voluntad de los individuos, quienes precisamente lo requieren para que asegure sus derechos naturales. Es decir, el Estado surge de un acuerdo contrato social entre los ciudadanos y el soberano, y dicho acuerdo no sólo impone límites al ejercicio del poder sino que convierte en fin último de ese poder el garantizar los derechos y libertades de los individuos. Desde entonces el poder político no tiene una justificación metafísica sino racional, que viene dada por la necesidad de mantener la paz y la estabilidad, no obstante lo cual existe una esfera de inmunidad y derechos frente a las intervenciones arbitrarias de quienes detentan el poder. Bajo esta perspectiva, el poder del Estado se debe a los administrados; sólo se legitima en la medida en que brinde seguridad y libertad a los hombres. Estas ideas, unidas a los acontecimientos del siglo XVII y XVIII, condensan las luchas sociales que marcaron el origen del Estado moderno y, mediante la racionalización del poder que implicaron, dieron origen al reconocimiento jurídico de la primera generación de derechos humanos, esto es, los derechos civiles y políticos. Tales derechos se resumen en la idea de libertad e igualdad ante la ley, reclamando la ausencia de cualquier clase de intromisión o coerción en una esfera de privacidad por parte del poder político y de los demás miembros del cuerpo social. Sin embargo, el desarrollo de las luchas sociales que, en el marco del capitalismo como modo de producción predominante en el mundo, se dieron en los años venideros, pronto demostraría que no bastaba con el reconocimiento formal de los derechos y libertades si al mismo tiempo no existía la voluntad de distribuir la riqueza social de tal manera que se brindaran las condiciones materiales que permitieran una igualdad real. De qué servía la igualdad ante la ley si el capitalismo había institucionalizado en las relaciones sociales la existencia de un nuevo orden estamentario, ahora en dos grandes clases llamadas burguesía y proletariado? Los movimientos obreros del siglo XIX y XX, inspirados en las ideas anarquistas y socialistas, y en la tradición filosófica marxista, dieron lugar, junto con otros actores sociales, a transformaciones revolucionarias del Estado. De maneras diversas se construyeron Estados socialistas en los que se abolió la propiedad privada de los medios de producción, se consolidó el pleno empleo y se avanzó en la creación de la igualdad material. Por su parte, los países que continuaron siendo capitalistas experimentaron una transformación del rol del Estado hacia una mayor intervención en la economía que contrarrestara su carácter cíclico, por un lado, y por el otro, hacia una creciente función de regulación social que mediara entre los intereses de los dueños del capital y los dueños de la fuerza de trabajo. Esta mediación era necesaria para disminuir los niveles de conflicto social y evitar el fortalecimiento de los movimientos comunistas, socialistas y anarquistas, que estaban en auge luego de la Revolución Rusa de 1917.

4 A la larga, el propósito de contener la conflictividad social implicó el reconocimiento formal de derechos económicos y sociales como el derecho a la huelga, la limitación de la jornada laboral, la creación de sistemas de seguridad social y el derecho al trabajo en las constituciones nacionales. De esta manera, la transición del Estado liberal al Estado de Bienestar se abría paso y los derechos económicos, sociales y culturales conocidos como de segunda generación, junto a los civiles, políticos y de participación, serían objeto de una declaración universal en En el contexto de Guerra Fría que sobrevino a la II Guerra Mundial, la confrontación por la hegemonía mundial entre el sistema socialista y el sistema capitalista haría que en este último las promesas de bienestar se fueran materializando en políticas redistributivas para hacer real la democracia política mediante una democracia económica. Por lo tanto, las luchas sociales abrían un nuevo espectro de intervención para el Estado; ya no debía limitarse a no hacer sino trabajar para el logro de fines sociales de igualdad y prosperidad generalizada. Sin embargo, en contra del modelo de Estado de Bienestar surgieron críticas diversas. Mientras que los liberales argüían una hipertrofia del Estado que limitaba la iniciativa privada y cuestionaba la existencia de un verdadero Estado de derecho, los socialistas discrepaban con respecto al hecho de que la dominación del trabajo por el capital hubiera cesado, a la vez que pronosticaban un hundimiento del capitalismo por sus propias contradicciones. De otro lado, la aparición de nuevos movimientos sociales cuestionaba el hecho de que la identidad estuviera plenamente condicionada por los intereses de clase. De hecho, estos nuevos actores sociales surgían de la necesidad de romper con la idea de una única contradicción entre burguesía y proletariado, pues otras formas de dominación y de relación tenían lugar y por lo tanto otros derechos eran reclamados. Por ejemplo, los movimientos feministas, ecologistas y pacifistas, entre otros, evidenciaban una crítica al Estado de bienestar debido a que sus acciones no demandaban el mejoramiento de las condiciones materiales sino la transformación de contenidos culturales presentes en la sociedad. De igual forma, en la medida en que el Estado había colonizado todos los espacios políticos, lo que se reclamaba no era la inclusión en éste, sino la posibilidad de crear espacios públicos no estatales, esto es, la autonomía de la sociedad civil. Sin embargo, este reclamo de autonomía no condujo a despojar al Estado de sus responsabilidades frente a la sociedad. Si bien con ocasión de las reformas neoliberales, que iniciaron desde los años setenta y se consolidaron en los ochenta y noventa, el Estado de bienestar se desmonta, los cambios en el rol de Estado no conducen a despojarlo de su compromiso social con la realización de los derechos. Al contrario, lo que se constata es una tendencia histórica hacia la ampliación de los derechos que sigue imponiendo límites pero también trazando retos y determinando obligaciones a su quehacer. En este sentido, no es sorprendente que el postulado neoliberal de retorno a un Estado mínimo, se acompañe, no obstante, por un aumento de los derechos reconocidos constitucionalmente. Como tercera generación surgen los derechos colectivos a la paz, a un ambiente sano, a la protección de las minorías, y al auxilio de los grupos más vulnerables de la sociedad, todos ellos inspirados en el principio ético de solidaridad.

5 En suma, la historia de los derechos humanos permite identificar que las generaciones de derechos sí están atravesadas por diferentes concepciones acerca del papel que el Estado debe tener de cara a la regulación de las relaciones sociales, pero ello no quiere decir que un paradigma excluya al otro, sino que todos ellos, producto de las luchas de la humanidad, son complementarios y necesarios para la afirmación del ser humano como fin último de la política institucional Conclusión Hasta aquí se ha presentado de forma general el origen y desarrollo del concepto de Estado atendiendo a algunos hechos e ideas que históricamente han determinado su contenido. El Estado es una realidad en permanente proceso de construcción y transformación, puesto que sigue siendo un escenario y un objeto de confrontación entre diferentes concepciones de la vida social, entre distintas maneras de entender y valorar el mundo. Sin embargo, más allá de las diferencias, en general el Estado es reconocido hoy como un ente impersonal que concentra el poder político, y cuya razón de ser es gobernar una sociedad a fin de garantizar la seguridad, la libertad, la igualdad, el bienestar social, la dignidad humana y, en general, los derechos de los ciudadanos, aunque se difiera sobre las maneras de lograr estos objetivos. Gozan de altos niveles de legitimidad aquellos estados que han logrado el efectivo respeto por la autonomía e inmunidad de los individuos y grupos sociales, con arreglo a una legalidad determinada en este sentido Estado de Derecho, así como por su compromiso con la materialización de los derechos humanos en expansión Estado Social. A continuación se verá cómo de esta definición y de las particularidades que ella adquiere en el ordenamiento político se derivan consecuencias prácticas para la comprensión de la estructura y actividad del Estado en Colombia.

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