Madrid, a cinco de febrero de dos mil catorce.

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1 Roj: SAN 176/2014 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 6 Nº de Recurso: 489/2012 Nº de Resolución: Fecha de Resolución: 05/02/2014 Procedimiento: CONTENCIOSO Ponente: ANA ISABEL RESA GOMEZ Tipo de Resolución: Sentencia Encabezamiento SENTENCIA Madrid, a cinco de febrero de dos mil catorce. Visto el recurso contencioso administrativo nº 489/12 que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido elcolegio de Diplomados de Enfermería de Madrid, y en su nombre y representación el Procurador Sr. D. Fernando García Sevilla, estando asistido por el letrado Sr. José Alberto Ortega Pérez, frente a laadministración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobreresolución del Ministerio de Educación de fecha 3 de marzo de 2008 y de 30 de enero de 2013, relativa a homologación Titulo de Diplomado en Enfermaría, siendo la cuantía del presente recurso indeterminada. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª ANA ISABEL RESA GOMEZ, Magistrada de la Sección. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO : Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por Colegio de Diplomados de Enfermería de Madrid en fecha 24 de octubre de 2.012, y en su nombre y representación el Procurador Sr. D. Fernando García Sevilla, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución del Ministerio de Educación de fecha 3 de marzo de 2.008, que homologaba a Dª Macarena al título universitario español de Diplomada en Enfermería el obtenido en Perú, solicitando a la Sala, declare la nulidad de la Resolución impugnada. SEGUNDO : Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte recurrente para que en plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando la anulación de la resolución de homologación antes mencionada y la que resolvía el recurso interpuesto por el Colegio de fecha 30 de enero de Dentro del plazo legal la Administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando la inadmisibilidad del recurso, y subsidiariamente, la desestimación del mismo.

2 TERCERO : Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba y practicadas las declaradas pertinentes, y evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día cuatro de febrero de dos mil catorce. CUARTO: En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás disposiciones concordantes y supletorias de la misma. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Ministerio de Educación de fecha 3 de marzo de 2008, por la que homologa el Título de Profesional Técnico en enfermaría Técnica obtenido por Dª Macarena, con el oficial de Diplomado en Enfermería de España. La recurrente presentó recurso de alzada, calificado después, como de reposición frente a la homologación. Por Resolución del Ministerio de 30 de enero de 2013 se declaró el recurso extemporáneo por la Secretaría General Técnica, actuando por delegación. SEGUNDO.- Queda acreditado documentalmente en el expediente administrativo que Dª Macarena solicitó el 29 de junio de 2009 el ingreso en el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermaría de Madrid. La Corporación recurrente, a raíz de varias denuncias, solicitó del Ministerio de Educación la comprobación de los títulos obtenidos en Perú por enfermeras que ejercían en España, cuando su capacitación podía ser la de Auxiliar de Enfermería. Dichas peticiones no fueron contestadas. TERCERO.- Respecto de la alegación de desviación procesal que formula la demandada hemos de señalar que si bien el recurso contencioso-administrativo se interpuesto frente a la resolución que acordó la homologación, en una interpretación antiformalista y a favor del derecho a la tutela judicial efectiva debemos entender que la voluntad de la Corporación de la recurrente, reflejada en el escrito de demanda, ha sido la de impugnar también la resolución que inadmitió el recurso de fecha 16 de enero de Tampoco observamos defecto formal en el modo de proponer la demanda, pues la falta de alegación sobre la ilegalidad de uno de los actos impugnados, cuando se pide su anulación en el suplico, no implica defecto alguno, sino tan sólo omisión de alegaciones. CUARTO- La resolución impugnada de fecha 30 de enero de inadmite el recurso que califica de reposición, contra el acuerdo de homologación antes citado, respecto de Dª Macarena y además de declarar extemporáneo el recurso, desestima la pretensión de la Corporación recurrente que considera que, conforme a la legislación peruana que aporta, la codemandada no se halla capacitada para el ejercicio de la enfermería en su país, por lo que conforme alart. 5.2.a del RD 285/2004, no puede obtener la homologación del título de Profesional Técnico en enfermaría Técnica obtenido en Perú, con el oficial de

3 Diplomado en Enfermería de España. Como correctamente señala el Sr. Abogado del Estado, es pacifica la cuestión del inicio del computo para interponer el recurso, en el caso de homologación de títulos, y en las circunstancias que examinamos. Así lasentencia del TS de 19 de febrero de 2008, recurso 100/2007, sección 4ª, Sala Tercera: "El motivo de inadmisión debe estimarse. Es cierto que, como señala el Abogado del Estado, numerosas Sentencias de la Sala han desestimado recursos prácticamente idénticos al que aquí resolvemos, con la particularidad de que tales Sentencias han venido a modificar radicalmente la doctrina que hasta entonces mantenía esta Sala en relación con las alegaciones de extemporaneidad bien como alegaciones previas, bien en la contestación a la demanda, siguiendo el criterio deesta Sala plasmado en Sentencias, por ejemplo de 10 de Julio de 2.001y10 de Junio de 2.002en que se venía a considerar como una notificación defectuosa el conocimiento que tenía el Colegio profesional de las órdenes individuales de homologación de títulos y, por tanto el cómputo del plazo para interponer el contencioso contra dichas órdenes se realizaba desde que la corporación profesional tuviera conocimiento de los actos administrativos correspondientes, por más que esta solución en los casos en que las homologaciones databan de varios años atrás, fuera difícilmente compatible con la seguridad jurídica, según señaló esta Sala en alguna sentencia. Sin embargo, a partir de lasentencia de 20 de julio de 2006, el criterio de computación del plazo de impugnación ha variado sustancialmente y así, en otra denuestras Sentencias, esta de 20 de diciembre de 2006 (recurso de casación nº 1334/2003), se señaló lo siguiente: "(...) la fecha a tomar en consideración es, tal cual hace la sentencia de instancia, la fecha en que el titulado cuya titulación es objeto de impugnación solicitó la pertinente alta en la organización corporativa. Fue en tal momento y no otro en que se tuvo conocimiento de la homologación que se pretende combatir. Por ello no es admisible que el plazo se compute desde la fecha en que el órgano colegial celebra reunión plenaria y no desde la fecha en que la solicitud de colegiación tuvo entrada en el Colegio. La doctrina «pro actione» que, por otro lado no desarrolla al articular el motivo, no puede conducir a que se eludan el cumplimiento de los plazos procesales. Y, como expresa lasentencia de 16 de enero de 2006, en que la parte recurrente era la misma que aquí recurre «nos encontramos en un proceso en el que se discute la legalidad de una actuación administrativa por quien no fue parte en el procedimiento que condujo a ella. Ciertamente, no se niega la legitimación que le asiste al Colegio en la medida en que defiende los intereses que la Ley le confía. Pero que el ordenamiento jurídico le habilite para impugnar aquellos actos que considere contrarios a Derecho y lesionen esos intereses profesionales tan pronto tenga conocimiento de ellos si es que no se le han notificado, no significa que pueda hacerlo en cualquier momento. Al contrario, tal singularidad obliga a comprobar con especial cuidado la concurrencia de los requisitos a los que está sometido el recurso. Entre ellos, el cumplimiento de los plazos y de los hechos que determinan su cómputo». Por tanto resulta ser inadmisible el motivo de casación formulado, habida cuenta de la desestimación de dicha pretensión en otros recursos sustancialmente iguales al presente."

4 Entendemos que esta doctrina es aplicable al presente caso. Cierto es que la recurrente argumenta en su demanda que su conocimiento de los problemas de la homologación se producen con posterioridad a la colegiación, cuando colegiados de origen peruano, ponen de manifiesto que en los centros de trabajo se encuentran prestando servicios otros sanitarios de origen peruano, cuyos títulos no se corresponden con la diplomatura en enfermería española. Y entendemos que es aplicable por dos razones, en primer lugar, tales circunstancias son hechos nuevos que han de hacerse valer por vía distinta a un recurso, a todas luces extemporáneo, frente a una orden de homologación, como puede ser la revisión de oficio. La segunda es que el colegio reconoce tener conocimiento de los hechos en julio y septiembre de 2009 y la reposición se interpone en 2012, también de forma extemporánea. Pues bien, aplicando la doctrina del TS antes citada, el plazo para la impugnación comenzaría el 29 de junio de 2009, fecha en que Macarena solicitó la colegiación. Es evidente que la reposición presentada en 2012 es extemporánea. En cuanto a los escritos formulados ante el Ministerio de Educación dirigidas a obtener una certificación de que los títulos obtenidos en determinados centros peruanos son homologables y no concurren presuntas irregularidades, o en los que se solicita un informe favorable sobre las homologaciones efectuadas, se trata más bien, de verdaderas solicitudes de consulta o denuncia que carecen de contenido impugnatorio alguno, y que si bien debieron ser contestadas por la Administración demandada, de entenderse denegadas, en una interpretación en exceso pro actione, debieron ser objeto del oportuno ejercicio de una acción procesal, pero no dejar transcurrir casi tres años hasta la formulación de un recurso en Por consiguiente, una interpretación acorde con la seguridad jurídica (art.9.3 de la CE) que impida a la Administración demandada y a los posibles codemandados verse sometidos a un control jurisdiccional intempestivo más allá del momento de la colegiación y por la mera interposición de un recurso cuando la Corporación recurrente lo estima oportuno, nos obliga a confirmar la declaración de extemporaneidad efectuadas por la Administración demandada. No cabe invocar, como hace la actora, una causa de nulidad de pleno derecho para eludir el ejercicio de los plazos procesales, pues dicha tesis, mantenida por alguna doctrina y cierta Jurisprudencia ha sido superada. Así lo recoge lasts de , recurso 2515/93: y ha de ser desestimado. "TERCERO.- El motivo alegado no puede prosperar, En efecto: es harto reiterada la Jurisprudencia de esta Sala en torno a la necesidad de apreciar la extemporaneidad de los recursos articulados contra una decisión administrativa, siquiera se basen en la supuesta nulidad radical de la misma, a no ser en el caso de que se haya acudido a la vía de

5 instar la revisión del acto viciado a través de la vía que posibilita el artículo 109 de la Ley de Mientras en este último supuesto no existe plazo perentorio alguno, ya que se otorga una acción para solicitar que la Administración inicie el procedimiento revisorio, lo siga por todos sus trámites y lo concluya por medio de una decisión - favorable o adversa a la nulidad- que podrá dar lugar a la interposición del recurso contencioso judicial, en el caso de intentarse la vía judicial directa contra el acto supuestamente nulo está obligado el impugnante a atenerse a los plazos legales de interposición de los recursos que pretenda ejercitar, sin que le dispense de ello la absoluta falta de validez del acto. Así lo han venido declarando lassentencias de este Tribunal, entre las que merecen ser recordadas las de 25 de marzoy27 de julio de 1.992, yen los últimos tiempos la de 2 de diciembre de " Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de acudir al ejercicio de la acción de revisión de oficio (art.102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), la cual tiene naturaleza diferente del recurso de reposición formulada, pues requiere seguir un concreto procedimiento, con unas determinadas garantías, límites y controles que la Corporación recurrente no puede eludir. QUINTO. - Procede imponer las costas a la recurrente, conforme a los criterios contenidos en elartículo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa 29/1998 en su redacción dada por la Ley 37/2011. VISTOS.- los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, por el poder que nos otorga la Constitución: FALLAMOS Que debemosdesestimar Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto porcolegio de Diplomados de Enfermería de Madrid, y en su nombre y representación el Procurador Sr. D. Fernando García Sevilla, frente a laadministración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, contra laresolución del Ministerio de Educación de fecha 3 de marzo de 2008 y de 30 de enero de 2013, que expresamente confirmamos con expresa imposición de costas procesales a la parte actora. Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la mismacabe recurso ordinario de casación, que se podrá preparar en esta Sección, en el plazo de los diez días siguientes al de su notificación, siguiendo las indicaciones prescritas en elartículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985, y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue leída y publicada en la forma acostumbrada por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, hallándose constituido en audiencia pública, de lo que yo el Secretario, doy fe.

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