LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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1 LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA 1.1. Introducción 1.2. Los seguros sociales voluntarios 1.3. Los seguros sociales obligatorios 1.4. La Ley de Bases de la Seguridad Social 2. LOS REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3. LAS ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4. LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.1. Las pensiones anteriores a Las pensiones del SOVI 4.2. Las pensiones del sistema de Seguridad Social Las pensiones contributivas Las pensiones no contributivas 5. INFORMACIÓN RECOGIDA EN BADESPE 5.1. Importe anual de las pensiones 5.2. Número de pensiones a 31 de diciembre Variación natural de la población Variación de las normas reguladoras de la prestación Variación de la composición de los diferentes regímenes Incorporación de nuevas poblaciones Variación del criterio de clasificación y/o medida 5.3. Cuantía de la pensión mensual media a 31 de diciembre 5.4. Número de afiliados a la Seguridad Social

2 1. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA 1.1. Introducción Según la Recomendación número 67 de la Organización Internacional del Trabajo, de 20 de abril de 1944, sobre seguridad de los medios de vida, la protección en este campo «debería organizarse, siempre que fuere posible, a base del seguro social obligatorio»; las necesidades que no estén cubiertas por éste, «deberían estarlo por la asistencia social»; para ello, «los inválidos, ancianos y viudas que no reciban prestaciones del seguro social porque ellos, o sus cónyuges, según sea el caso, no estuvieron obligatoriamente asegurados, y cuyas entradas no excedan de un nivel prescrito, deberían tener derecho a una asignación especial de manutención de cuantía determinada». Del texto de esta recomendación se desprende que la seguridad de los medios de vida se puede garantizar mediante dos tipos de regímenes: los contributivos y los no contributivos. Son contributivos todos los que se articulan a través de algún tipo de seguro, voluntario u obligatorio, y son no contributivos los que se cubren a través de cualquier tipo de asistencia social, sin que haya mediado aportación previa alguna de los beneficiarios ni de las personas de las que han dependido. No empece el carácter contributivo de un régimen el hecho de que las aportaciones de los asegurados no lleguen a cubrir en su totalidad los gastos de protección, cosa que ocurre con frecuencia sobre todo en regímenes en que la población activa es descendente Los seguros sociales voluntarios Antes de que se hubiese llegado a la convicción de la superior eficacia de los seguros sociales obligatorios se intentó en algunos países cubrir estas necesidades a través de medidas de previsión voluntaria, que habían de ser fomentadas por los poderes públicos. A esta pretensión respondió en España el establecimiento del régimen llamado de libertad subsidiada, nacido de la Ley de 27 de febrero de 1908, que creó el Instituto Nacional de Previsión. Los regímenes de previsión voluntaria entonces establecidos fueron regulados más recientemente, dentro de la Seguridad Social, por el Decreto 1716/1974, de 25 de abril. Este decreto fue derogado por la Ley 33/1984, de 2 de agosto, que relegó la previsión voluntaria al campo del seguro privado Los seguros sociales obligatorios El primer seguro social obligatorio español fue el establecido por el Real Decreto (R. D.) de 15 de octubre de 1919, que impuso a los navieros la obligación de asegurar a sus dotaciones contra los accidentes de mar. A 2

3 éste siguió el Régimen obligatorio del retiro obrero, creado por el Real Decreto-ley (R. D-L.) de 11 de marzo de 1919, pero que no entró en vigor hasta ser aprobado su reglamento por el R. D. de 21 de enero de En cuanto a las prestaciones de asistencia social, se establecieron en España al amparo de la Ley 45/1960, de 21 de julio, sobre fondos nacionales, por el Decreto 1315/1962, de 14 de junio, que creó unos «auxilios» para ancianos y enfermos. A partir de entonces existen, pues, en el país regímenes contributivos, voluntarios y obligatorios, basados en seguros sociales, y regímenes no contributivos, basados en la asistencia social. La Ley 26/1990, de 20 de diciembre, estableció en la Seguridad Social prestaciones de «modalidad no contributiva». Hasta entonces sólo había habido en la Seguridad Social española regímenes de modalidad contributiva, la mayor parte de ellos de carácter obligatorio. En España, las pensiones públicas más antiguas son las de los funcionarios del Estado. Desde el siglo XVIII, los funcionarios civiles y militares del Estado han venido disfrutando, no siempre con regularidad, de pensiones de jubilación por edad y por invalidez, y sus causahabientes, de pensiones de viudedad y de orfandad. Tradicionalmente, y hasta hoy, estas pensiones han estado a cargo de la partida de clases pasivas de los Presupuestos Generales del Estado. El resto de la población, salvo el personal de ciertas instituciones públicas y de algunas compañías privadas, no disfrutó de pensiones hasta la creación del Régimen obligatorio del retiro obrero. Por Ley de 1 de septiembre de 1939, éste fue sustituido por el Régimen obligatorio del subsidio de vejez, y posteriormente por el Seguro obligatorio de vejez e invalidez, conocido por las siglas SOVI, establecido por Decreto de 18 de abril de Paralelamente, a partir de 1941 se fueron creando mutualidades laborales obligatorias de trabajadores por cuenta ajena de distintas ramas de la producción, que concedían prestaciones compatibles con las de los demás seguros obligatorios. Las mutualidades laborales fueron reguladas posteriormente por el Decreto de 10 de agosto de Entre sus prestaciones figuraban pensiones de jubilación, invalidez, larga enfermedad, viudedad, orfandad y en favor de familiares, complementarias en su mayoría de las del SOVI. Todos estos regímenes beneficiaban exclusivamente a trabajadores por cuenta ajena, y no a todos. Por Decreto 385/1959, de 17 de marzo, entró en funcionamiento el Montepío Nacional del Servicio Doméstico, y a partir del Decreto 1167/1960, de 23 de junio, se extendieron los beneficios del Mutualismo Laboral a los trabajadores autónomos. Tanto para el servicio doméstico como para los trabajadores autónomos, las pensiones de estas instituciones eran de carácter básico, ya que no tenían derecho a las del SOVI. 3

4 Aunque la Ley de Accidentes del Trabajo, de 30 de enero de 1900, se suele considerar la primera norma de la moderna seguridad social en España, esta contingencia no estuvo cubierta por un seguro obligatorio hasta que el mencionado R. D. de 15 de octubre de 1919 obligó a asegurar a las dotaciones de los buques contra los accidentes de mar; más adelante, el Decreto de 12 de junio de 1931 lo estableció para la agricultura y la Ley de 4 de julio de 1932, para la industria. En cuanto a las enfermedades profesionales, el Decreto de 3 de septiembre de 1941 creó el Seguro obligatorio de silicosis, y el Decreto de 10 de enero de 1947, el Seguro de enfermedades profesionales. La Ley de 22 de diciembre de 1955 refundió la legislación de accidentes del trabajo y el Decreto 792/1961, de 13 de abril, unificó el Seguro obligatorio de accidentes de trabajo y el de enfermedades profesionales. La protección obligatoria por pensiones quedaba, pues, separada en dos ramas: la llamada de contingencias comunes y la de contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) La Ley de Bases de la Seguridad Social A comienzos de los años sesenta se intentó unificar y sistematizar en lo posible el complejo universo de los seguros sociales obligatorios. Para ello se promulgó la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, de Bases de la Seguridad Social, cuyos textos articulados fueron aprobados por los Decretos 907 y 909/1966, de 21 de abril. El uno de enero de 1967 entró en vigor el sistema de la Seguridad Social creado por estas disposiciones. Una importante modificación del sistema de la Seguridad Social se llevó a cabo por medio de la Ley 24/1972, de 21 de junio, de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora del Régimen General de la Seguridad Social. Por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, fue aprobado el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que volvió a ser refundida por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Este segundo texto refundido ha sufrido desde entonces diversas modificaciones (de aquí en adelante se cita como LGSS/1994, aunque se trate de artículos modificados posteriormente). Por la Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social, se introdujeron importantes modificaciones, sobre todo en lo relativo a la reducción de regímenes especiales y a las pensiones. Otros cambios importantes se deben a la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, que estableció en la Seguridad Social prestaciones de «modalidad no contributiva», y a la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del sistema de la Seguridad Social. 4

5 2. LOS REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL El sistema de la Seguridad Social que comenzó a funcionar el uno de enero de 1967 se articula en un Régimen general y diversos regímenes especiales, todos ellos contributivos y obligatorios. El primero es el común a los trabajadores por cuenta ajena de la industria y de los servicios y sirve de patrón a todos los demás. En el momento de su máxima extensión, en 1980, existían además del Régimen general los siguientes regímenes especiales: - Régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que incluye además al personal de órdenes religiosas de la Iglesia Católica. El clero secular de ésta y el de otras confesiones está en el Régimen general. - Régimen especial agrario, subdividido en dos grupos con regulaciones en parte distintas: el de los trabajadores por cuenta ajena y el de los trabajadores por cuenta propia. En esta segunda sección solamente se incluyen los agricultores modestos, pues los demás están en el Régimen de autónomos. - Régimen especial de los trabajadores del mar, con tres grupos de cotización, en el tercero de los cuales se incluyen los trabajadores modestos por cuenta propia, pues el resto de trabajadores del mar por cuenta propia están en el Régimen de autónomos. - Régimen especial para la minería del carbón. Los trabajadores del resto de la minería están en el Régimen general. - Régimen especial de los empleados de hogar, en el cual se distingue entre las personas que trabajan en un solo hogar y las que asisten al mismo tiempo a distintos hogares. Los conductores de automóviles al servicio de particulares están en el Régimen general. - Régimen especial de los trabajadores ferroviarios. - Régimen especial de los representantes de comercio. - Régimen especial de los artistas. - Régimen especial de los escritores de libros. - Régimen especial de los toreros. - Régimen especial de los futbolistas profesionales. - Régimen especial de estudiantes o Seguro escolar. Este régimen especial, cuya singularidad es que no integra a trabajadores, otorga un reducido número de pensiones por invalidez y por infortunio familiar. De todos estos regímenes especiales hay dos que no responden a peculiaridades de la actividad económica del sector: el de la minería del carbón y el de los trabajadores ferroviarios, cuya especialidad consiste simplemente en la razón histórica de que ya disponían de protección social al tiempo de establecerse los 5

6 seguros sociales obligatorios. Lo mismo ocurre con una parte de los trabajadores del mar. Son, en cambio, actividades muy peculiares las de la pesca de bajura, las de los representantes de comercio, artistas, escritores de libros, toreros y futbolistas profesionales. La Ley 26/1985 dispuso la integración en el Régimen general de los regímenes especiales de trabajadores ferroviarios, representantes de comercio, artistas, toreros y futbolistas profesionales, y en el Régimen especial de trabajadores autónomos, del de escritores de libros. Su ejecución se llevó a cabo por el R. D. 2621/1986, de 24 de diciembre, con efectos de 1 de enero de La compleja regulación de esta medida y las especialidades que subsisten acreditan las peculiaridades reales de la mayor parte de estos regímenes especiales. Aparte de esto, de 1986 a 1992 se fueron incorporando al Régimen general de la Seguridad Social poblaciones que hasta entonces eran atendidas por las llamadas «entidades sustitutorias». Se trataba de poblaciones incluidas en el campo de aplicación del Régimen general que estaban empleadas en ciertas empresas o instituciones a las que se les había permitido mantener cajas propias de previsión con la condición de que sus prestaciones no fueran nunca inferiores a las de los seguros sociales o sistema de seguridad social vigente. En 1993 se incorporó al Régimen general de la Seguridad Social el de empleados de la administración local, que estaba fuera del sistema. Este régimen nació al crearse, por Ley 11/1960, de 12 de mayo, la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (Munpal). La Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, disposición transitoria 3.ª, autorizó la integración en el Régimen general de la Seguridad Social del personal incluido en el campo de aplicación de la Munpal; esta autorización fue reiterada por la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para En ejercicio de la misma, el Gobierno dispuso esta integración por R. D. 480/1993, de 2 de abril, con efectos del día anterior. 3. LAS ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL La gestión del conjunto del sistema de Seguridad Social estuvo inicialmente a cargo del Instituto Nacional de Previsión. A él se sumó luego la Caja Central del Crédito Marítimo, creada por el R. D. de 10 de octubre de 1919, convertida en Instituto Social de la Marina por R. D. de 26 de febrero de Por Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de octubre de 1946 se estableció el Servicio de Montepíos y Mutualidades Laborales, órgano de dirección, vigilancia y tutela de dichas instituciones, denominado Servicio del Mutualismo Laboral a partir del Decreto 3527/1974, de 20 de diciembre. El R. D. 2318/1978, de 15 de septiembre, creó la Tesorería General de la Seguridad Social y el R. D-L. 36/1978, de 16 de noviembre, de Gestión Institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, introdujo 6

7 importantes cambios en este campo; por él se suprimieron el Instituto Nacional de Previsión y el Servicio del Mutualismo Laboral, se mantuvo el Instituto Social de la Marina y se crearon las entidades gestoras que todavía subsisten, a saber: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Nacional de la Salud (Insalud), el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) y el Instituto Nacional de Empleo (INEM). Desde ese momento, las operaciones del INEM no figuran en las cuentas de la Seguridad Social. La Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de 8 de enero de 1980 creó la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Por R. D. 140/1997, de 31 de enero, el Inserso se convirtió en Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso). 4. LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Dentro de la seguridad social, aparte de las pensiones de previsión voluntaria y del Seguro escolar que no se recogen en BADESPE, se pueden distinguir las pensiones acogidas a regulaciones anteriores al sistema de Seguridad Social iniciado en 1967 y las pensiones del sistema de Seguridad Social, reguladas por la legislación derivada de la Ley de Bases de la Seguridad Social de Las pensiones anteriores a 1967 En la Seguridad Social, por lo general, quienes, en un momento determinado, obtuvieron el reconocimiento de una cierta prestación siguen disfrutándola con arreglo a las normas vigentes al tiempo de su obtención, sin más variaciones, por lo común, que la actualización reiterada de sus cuantías. En este grupo de pensiones acogidas a regulaciones anteriores al sistema de Seguridad Social iniciado en 1967, se incluyen tanto pensiones correspondientes a contingencias comunes como a contingencias profesionales. Las pensiones por contingencias comunes más importantes son las referidas al antiguo SOVI, aunque también se encuadran dentro de este grupo pensiones procedentes del extinguido Mutualismo Laboral, que fueron desapareciendo a lo largo de los años ochenta. En lo referente a las pensiones por contingencias profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, todavía siguen en vigor algunas pensiones anteriores a la aparición del sistema de la Seguridad Social Las pensiones del SOVI Entre las pensiones acogidas a regulaciones anteriores al sistema de Seguridad Social, que entró en vigor el uno de enero de 1967, se encuentran las correspondientes al SOVI. 7

8 Las personas que al entrar en funcionamiento el actual sistema de la Seguridad Social se encontraban en actividad fueron incorporadas, por lo general, al nuevo sistema, con reconocimiento de las cotizaciones pagadas bajo el sistema anterior, y quienes se hallaban percibiendo pensiones del SOVI, continuaron haciéndolo. Pero además, como de acuerdo con la regulación del SOVI habiendo cotizado días al mismo se tenía derecho a sus prestaciones cuando se produjese el correspondiente hecho causante (edad de jubilación, lesión de la que se deriva invalidez, viudedad), una disposición transitoria de la Ley General de la Seguridad Social estableció lo siguiente: «Quienes en 1 de enero de 1967, cualquiera que fuese su edad en dicha fecha, tuviesen cubierto el período de cotización exigido por el extinguido Seguro de Vejez e Invalidez o que, en su defecto, hubiesen figurado afiliados al extinguido Régimen de Retiro Obrero Obligatorio, conservarán el derecho a causar las prestaciones del primero de dichos Seguros, con arreglo a las condiciones exigidas por la legislación del mismo, y siempre que los interesados no tengan derecho a ninguna pensión a cargo de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social» (LGSS/1994, disposición transitoria séptima). Esta disposición ha mantenido extraordinariamente vivo el «extinguido» SOVI y, aunque sus prestaciones se consideran fuera del actual sistema, sus gastos se incluyen en los presupuestos del INSS, se financian con cargo a sus recursos corrientes y figuran en las cuentas de la Seguridad Social Las pensiones del sistema de Seguridad Social Las pensiones del sistema de Seguridad Social son aquellas reguladas por la legislación derivada de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963; desde la entrada en vigor de la Ley 26/1990 hay que distinguir las de modalidad contributiva y las de modalidad no contributiva Las pensiones contributivas Dentro de las pensiones de modalidad contributiva se distinguen las correspondientes a contingencias comunes y las de contingencias profesionales. Las primeras, además, aparecen separadas según los diferentes regímenes, Régimen general y cada uno de los regímenes especiales. Las pensiones correspondientes a contingencias profesionales pueden deberse a accidentes de trabajo o a enfermedades profesionales. Dado que las pensiones de la Seguridad Social de carácter contributivo y obligatorio se perciben bajo una gran variedad de regímenes y que, además, durante los años a que se refieren las series numéricas recogidas en este área temática de BADESPE, , han experimentado diversos cambios legislativos por lo que sería demasiado prolijo detallar todas las variantes, la descripción que aparece a continuación intenta únicamente orientar sobre los rasgos más destacados de cada prestación, generalmente los que vienen referidos al Régimen general. 8

9 Pensión de jubilación. Para acceder a ella se requiere haber cumplido 65 años y tener cubierto un periodo mínimo de cotizaciones (LGSS/1994, art. 161). Según una disposición transitoria de la Ley General de la Seguridad Social de 1966, en el Régimen general quienes tuvieran la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967 y hubieran cumplido en dicha fecha los cincuenta años de edad, podrían causar el derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años; en cuyo caso, se reduciría reglamentariamente la cuantía de la pensión, ponderando la edad real de jubilación en relación con la general. Por Orden del Ministerio de Trabajo de 17 de septiembre de 1976 se modificó esta norma legal en el sentido de ampliar este derecho a la jubilación anticipada a todos los trabajadores por cuenta ajena que en 1 de enero de 1967 o en cualquier otra fecha anterior hubieran tenido la condición de mutualistas de cualquier mutualidad laboral de trabajadores por cuenta ajena. Según la redacción dada a dicha disposición transitoria por la Ley 24/1997: «Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 podrán causar el derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años. En tal caso, la cuantía de la pensión se reducirá en un 8 por 100 por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad que se fija en el apartado 1.a) del artículo 161» (disposición transitoria tercera, apartado 1, regla 2.ª). La cuantía de la pensión se determina aplicando a una base reguladora un porcentaje de acuerdo con la escala que se fije en función de los años de cotización (LGSS/1994, art. 163). Como es natural, en la rama de contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) no existen pensiones de jubilación: las que figuran como tales a partir de 1997 son, en realidad, pensiones de incapacidad permanente de personas de 65 años o más. Pensiones y otras prestaciones de invalidez. La invalidez puede ser congénita y adquirida. En el campo de la protección social, la invalidez congénita sólo puede generar derecho a pensión de modalidad no contributiva. En la modalidad no contributiva, podrán ser constitutivas de invalidez las deficiencias, previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que anulen o modifiquen la capacidad física, psíquica o sensorial de quienes la padecen. En la modalidad contributiva, es invalidez la situación de alteración continuada de la salud que imposibilita o limita a quien la padece para la realización de una actividad profesional. La invalidez, en su modalidad contributiva, puede ser provisional o permanente. La invalidez provisional da lugar a subsidios temporales mientras que la invalidez permanente abre el derecho a pensiones vitalicias. Desde 1997 estas pensiones de invalidez permanente se llaman de incapacidad permanente. Tienen derecho a ellas las personas declaradas en tal situación y que acrediten unos periodos mínimos de 9

10 cotización, que no se exigen en caso de accidente de cualquier tipo o enfermedad profesional (LGSS/1994, art. 138). La legislación distingue los siguientes grados de incapacidad: - incapacidad permanente parcial; - incapacidad permanente total (en principio, para la profesión habitual); - incapacidad permanente absoluta; - gran invalidez, grado que se da cuando el interesado «por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos» (LGSS/1994, art. 137). La prestación por incapacidad permanente parcial es una cantidad a tanto alzado. En la rama de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales anterior al sistema de Seguridad Social iniciado en 1967 existía también una pensión de incapacidad permanente parcial de la que sobreviven aún bastantes beneficiarios. En el caso de incapacidad permanente total para la profesión habitual, la prestación consiste en una pensión vitalicia que podrá ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de 60 años. La cuantía de la pensión podrá ser incrementada cuando, por la edad, falta de preparación y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia del beneficiario, se presuma la dificultad para encontrar empleo; en estos casos se suele hablar de incapacidad permanente total «cualificada». Para la incapacidad absoluta, la prestación es también una pensión vitalicia, que puede verse incrementada en un 50 por ciento si la incapacidad absoluta es calificada además de gran invalidez. (LGSS/1994, art. 139). La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual se fija en el 55 por ciento de la base reguladora, pudiéndose incrementar hasta el 75 por ciento si se presume dificultad para encontrar empleo; la de incapacidad absoluta para toda profesión, en el total de dicha base. En la rama de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la base de cotización es el salario real promedio del último año, por lo que las prestaciones suelen ser más altas; además, las cuantías de estas prestaciones se pueden ver incrementadas de un 30 a un 50 por ciento, a cargo del empresario, cuando la lesión se produzca por incumplimiento de las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo (LGSS/1994, art. 123). Según el apartado 4 del artículo 143 de la Ley General de la Seguridad Social, añadido por disposición de la Ley 24/1997, de 15 de julio: «Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan 10

11 la edad de sesenta y cinco años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación no implicará modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación que se viniese percibiendo». Se dispuso la aplicación de esta norma por el R. D. 1647/1997, de 31 de octubre. Esta medida no ha afectado a las pensiones del SOVI ni a las de modalidad no contributiva. Pensión de viudedad. Hasta la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1983, de 22 de noviembre, que declaró inconstitucional la disposición correspondiente de la Ley General de la Seguridad Social, sólo tenían derecho a esta pensión las viudas y los viudos incapacitados que dependiesen de su esposa. Después de esta sentencia tienen derecho a la pensión de viudedad en igualdad de condiciones las viudas y los viudos. Pueden causar pensión de viudedad quienes, al tiempo del fallecimiento o desaparición en accidente, se encuentren afiliados a la Seguridad Social y en alta o en situación asimilada al alta, y hayan completado el periodo de cotización que reglamentariamente se determine (o, sin encontrarse en alta, hayan cotizado al menos 15 años, desde la Ley 50/1998); también pueden causarla los inválidos provisionales, los pensionistas por incapacidad permanente y jubilación, ambas en su modalidad contributiva y los trabajadores con derecho a pensión por incapacidad permanente total que optaron por la indemnización a tanto alzado. Si la causa de la muerte es un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exige periodo alguno de cotización (LGSS/1994, arts. 172 y 174). La pensión es, en principio, vitalicia, pero se extingue si la persona beneficiaria contrae nuevo matrimonio, así como por las demás causas que reglamentariamente se establezcan. Sin embargo, hay que mencionar una excepción a partir del R. D /2001, de 27 de diciembre: la pensión de viudedad no se extingue por nuevo matrimonio si el pensionista es mayor de 61 años o menor incapacitado; la pensión constituye la principal fuente de ingresos del pensionista; y el matrimonio tiene unos ingresos menores de dos veces el salario mínimo interprofesional. En los supuestos de separación o divorcio, la pensión corresponde a quien sea o haya sido cónyuge legítimo y en cuantía proporcional al tiempo vivido con el cónyuge fallecido o desaparecido en accidente. En caso de nulidad matrimonial, la pensión corresponde al superviviente respecto del que no cupiera la apreciación de mala fe, en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante (LGSS/1994, art. 174). La cuantía de la pensión de viudedad en el Régimen general y asimilados era, por lo común, del 45 por ciento de la base reguladora. En 2002 y 2003 se fue incrementando gradualmente y a partir del 1 de enero de 2004 es del 52 por ciento con carácter general y del 70 por ciento mientras se cumplan ciertos requisitos simultáneamente que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos del pensionista, aquéllos no superen ciertos límites y el pensionista tenga cargas familiares. A diferencia de otras pensiones, la de viudedad es compatible con cualesquiera rentas del trabajo (LGSS/1994, art. 179) y con la pensión de jubilación o incapacidad permanente. 11

12 Pensión de orfandad. Pueden causar esta pensión las mismas personas que pueden causar la de viudedad, y en las mismas circunstancias. Tienen derecho a ella los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, menores de 18 años (edad que se ha ido ampliando a partir de 1997, si se cumplen ciertos requisitos) o incapacitados en el momento del hecho causante y, en determinadas circunstancias, los hijos del cónyuge sobreviviente aportados al matrimonio. La pensión de orfandad es compatible con cualquier renta del trabajo del propio huérfano (salvo que, siendo mayor de 18 años y no incapacitado sus ingresos superen ciertos límites), o de quien sea o haya sido cónyuge del causante, así como con la pensión de viudedad que éste perciba, pero será incompatible con el desempeño por el huérfano de un puesto de trabajo en el sector público o con la percepción de una pensión de la Seguridad Social por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. En lo que respecta a la cuantía, en principio se asigna a cada huérfano un 20 por ciento de la base reguladora, sin que la suma de las cuantías de todas las pensiones por muerte y supervivencia supere el total de dicha base. En el caso de orfandad absoluta, el porcentaje de la base reguladora correspondiente al cónyuge viudo se reparte entre los huérfanos este incremento sólo será aplicable a la pensión originada por uno de los causantes. La pensión se paga a la persona que tenga a su cargo a los huérfanos o a ellos mismos si son mayores de 18 años no incapacitados. Pensión en favor de familiares. Tienen derecho a esta pensión ciertas personas que, sin ser cónyuge ni hijo con derecho a pensión de orfandad de la fallecida o desaparecida en accidente, están emparentadas con ella y vivían bajo su dependencia económica. Pueden causar esta pensión las mismas personas que pueden causar la de viudedad. Cuando el causante sea un trabajador, estas personas pueden ser nietos y hermanos huérfanos absolutos y menores de 18 años o incapacitados o siendo menores de 22 sus ingresos no superen ciertos límites, padre, madre, abuelos o abuelas del mismo; cuando sea un pensionista de jubilación o invalidez, hijos y hermanos. En ambos casos deben cumplir los siguientes requisitos: convivencia, carencia de medios de subsistencia y ausencia de pensión pública. En el segundo, además, deben ser mayores de 45 años, solteros, separados, divorciados o viudos, y acreditar dedicación prolongada al causante (LGSS/1994, art. 176). Las cuantías de estas pensiones se determinan por procedimientos similares a los de las pensiones de orfandad y son compatibles con las pensiones de viudedad y orfandad causadas por el mismo sujeto Las pensiones no contributivas Las prestaciones de asistencia social se establecieron en España, como se ha dicho, al amparo de la Ley 45/1960, de 21 de julio, sobre fondos nacionales, por el Decreto 1315/1962, de 14 de junio, que creó unos «auxilios» para ancianos y enfermos, cuyas cuantías no podían exceder del 80 por ciento de las de menor 12

13 cuantía del SOVI. Estas pensiones asistenciales fueron reguladas más tarde por el R. D. 2620/1981, de 24 de junio. Más adelante, por Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), se crearon, destinadas a estas personas, diversas prestaciones en especie y en dinero, éstas últimas de carácter periódico, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Las pensiones de «modalidad no contributiva» no estaban previstas en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963; aparecieron con la Ley 26/1990 y fueron reguladas reglamentariamente en 1991: son pensiones de invalidez y pensiones impropiamente llamadas de jubilación. Al crearse, por la Ley 26/1990, las prestaciones de la Seguridad Social de «modalidad no contributiva», se ha buscado que éstas sustituyan a anteriores prestaciones de asistencia social. Así, por Decreto-ley 5/1992, de 21 de julio, fueron suprimidas las pensiones reguladas por el R. D. 2620/1981, manteniéndose, con todo, en vigor las ya reconocidas o en trámite de reconocimiento. Se pretendía con ello que quedaran, como únicas prestaciones de este género, las pensiones de «modalidad no contributiva» de invalidez y de jubilación de la Seguridad Social establecidas por la susodicha Ley 26/1990. Los rasgos principales de las pensiones de modalidad no contributiva son los siguientes: Pensión de jubilación en su modalidad no contributiva. Para acceder a ella se requiere haber cumplido los 65 años de edad, carecer de rentas o ingresos en cuantía superior a la legalmente establecida, residir en territorio español y haberlo hecho durante diez años entre la edad de 16 años y la de devengo de la pensión, dos de los cuales consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la misma (LGSS/1994, art. 167). La cuantía anual de la pensión se fija cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; pero la misma se reducirá en un importe igual al de las rentas o ingresos anuales de que, en su caso, disponga el beneficiario (LGSS/1994, art ). Pensión de invalidez en su modalidad no contributiva. Tienen derecho a ella las personas mayores de 18 años y menores de 65 que residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la misma, estén afectadas por una minusvalía o una enfermedad crónica en un grado de incapacidad igual o superior al 65 por ciento y carezcan de rentas o ingresos suficientes en los términos legalmente establecidos (LGSS/1994, art. 144). 13

14 La cuantía anual de la pensión se fija cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; pero la misma se reducirá en un importe igual al de las rentas o ingresos anuales de que, en su caso, disponga el beneficiario (LGSS/1994, art ) y se aumentará en un 50 por ciento para quienes estén afectados por una minusvalía o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos (LGSS/1994, art ). 5. INFORMACIÓN RECOGIDA EN BADESPE Las series que se ofrecen en BADESPE sobre todos los regímenes de la Seguridad Social, excepto el Seguro escolar 1 y sobre los tipos de prestaciones recogidos en el punto anterior, se refieren a importes, número y cuantía mensual media de las pensiones desde el año 1980 al También se proporciona información sobre el número de afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral, en cuanto esta última información es imprescindible en cualquier análisis que se realice en el ámbito de las pensiones. Las entidades de la Seguridad Social publican los gastos en pensiones por contingencias comunes acogidas a regulaciones anteriores al sistema de Seguridad Social iniciado en 1967, distribuidas entre los distintos regímenes, por lo que es imposible recogerlas (ni siquiera las pensiones del SOVI) de manera desagregada en BADESPE. De igual modo, los gastos en pensiones por contingencias profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales anteriores a la aparición del sistema de Seguridad Social que siguen en vigor no se publican separadas de las recibidas del actual sistema de la Seguridad Social, por lo que tampoco pueden aparecer desagregadas en BADESPE. El número de pensiones recogido en BADESPE viene referido a una fecha concreta, generalmente el 31 de diciembre. No se publica, por lo que no se dispone para difundir en BADESPE, el número medio de pensiones a lo largo del año, lo que imposibilita el cálculo de la pensión anual media. La pensión media que se recoge es la pensión mensual media pagada el 31 de diciembre de cada año (últimamente también a 1 de enero) y únicamente para determinados regímenes de la Seguridad Social. La Seguridad Social tampoco proporciona información sobre el número y las características de los pensionistas; sólo lo hace en relación con las pensiones y con las limitaciones anteriormente señaladas. 1 Tampoco aparece la previsión voluntaria, por no formar parte del sistema de Seguridad Social. 14

15 Los datos sobre importes de las pensiones que aparecen en BADESPE proceden de las Cuentas de la Seguridad Social; los relativos a número y cuantía, en su mayor parte, de la Memoria estadística anual del INSS, que en los últimos años recibe el nombre de Informe estadístico de [año] INSS. También se han tenido en cuenta los datos que se publican en los anexos al Informe económico-financiero que acompaña anualmente a los presupuestos de la Seguridad Social. En último término, todos los datos proceden de explotaciones informáticas de los ficheros de la Seguridad Social realizadas por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y que han aparecido en publicaciones del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales (MTAS). Así por ejemplo, el número de pensiones no contributivas procede de la explotación de los ficheros del Imserso, y se publica en el Boletín de Estadísticas Laborales del MTAS Importe anual de las pensiones El importe anual de las pensiones se recoge, como se ha señalado anteriormente, de las Cuentas de la Seguridad Social y de los anexos incluidos en el Informe económico-financiero que acompaña a los presupuestos de la Seguridad Social. Dentro de las obligaciones reconocidas de cada año por pensiones se incluyen, además de los importes de las pensiones mensualmente en vigor, los de pensiones atrasadas que se abonan de una vez al tiempo del reconocimiento inicial de las mismas, y que pueden no corresponder al año en que aparecen contabilizadas. A la hora de analizar la evolución de las pensiones de incapacidad permanente, es necesario tener en cuenta que han pasado a denominarse pensiones de jubilación cuando sus beneficiarios cumplen la edad de sesenta y cinco años, debido al cumplimiento del ya citado apartado 4 del artículo 143 de la LGSS/1994, añadido por disposición de la Ley 24/1997, de 15 de julio. Las Cuentas de la Seguridad Social no recogen esta modificación en el ejercicio de En el ejercicio de 1998, las partidas correspondientes a pensiones de jubilación y de incapacidad permanente se han acomodado a la nueva denominación de manera incompleta: se ha realizado la adaptación en contingencias comunes y no en contingencias profesionales. A partir del año 1999 se ha realizado ya la completa adaptación a las nuevas denominaciones Número de pensiones a 31 de diciembre El INSS ha venido refiriendo los datos anuales sobre número de pensiones a 31 de diciembre de cada año, sin publicar medias anuales ni en el caso de las pensiones ni en el de los afiliados. Este dato referido a 31 de diciembre es el que también ha venido apareciendo en los anexos al Informe económico-financiero que anualmente se presenta a las Cortes con los presupuestos de la Seguridad Social. Últimamente también publica estos datos a uno de enero. 15

16 En la evolución del número de pensiones de la Seguridad Social que se produce anualmente intervienen distintos factores, a saber: la variación natural de la población, la variación de las normas que regulan la prestación, la variación de la composición de los regímenes dentro del sistema, la incorporación de nuevas poblaciones a los mismos y, por último, la modificación de los criterios de clasificación y/o medida Variación natural de la población Todas las pensiones menos las de orfandad son, en principio, de carácter vitalicio. Por lo tanto, en su mayor parte, el número de pensiones aumenta con las altas iniciales de cada año y disminuye con los fallecimientos que se dan en el transcurso del mismo. En el caso de las pensiones de orfandad, las bajas se producen mayormente al cumplir los beneficiarios la edad máxima de disfrute de la pensión, salvo en lo que respecta a los beneficiarios incapacitados para el trabajo, para quienes la pensión tiene carácter vitalicio; para éstos y para pocos más, las bajas se producen por fallecimiento. Las pensiones de viudedad y las otorgadas en favor de familiares, aunque vitalicias, se pueden extinguir por contraer el beneficiario matrimonio. En algunos casos, las bajas se producen por renuncia o por extinción al no tenerse derecho a la prestación. Algunas pensiones de jubilación quedan en suspenso por volver a emplearse el beneficiario. Lo mismo ocurre con las pensiones de orfandad cuando el huérfano desempeña un puesto de trabajo en el sector público o siendo mayor de 18 años tiene unos ingresos superiores a los límites establecidos Variación de las normas reguladoras de la prestación Una modificación en las normas que regulan la prestación puede cambiar el volumen de beneficiarios y la cuantía de la prestación. Así, a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1983, de 22 de noviembre, que declaró inconstitucional la disposición correspondiente de la Ley General de la Seguridad Social por la que sólo tenían derecho a esta pensión, además de las viudas, los viudos incapacitados que dependiesen económicamente de su esposa, comenzaron a reconocerse también pensiones de viudedad, con carácter general, en favor de los varones Variación de la composición de los diferentes regímenes Por disposición de la Ley 26/1985, como ya se ha dicho, ciertos regímenes especiales se integraron en el Régimen general y en el de autónomos. Aunque esta redistribución no afectó al conjunto de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, sí lo hizo con respecto a estos dos últimos regímenes. 16

17 Incorporación de nuevas poblaciones Más importantes y menos visibles han sido las incorporaciones al sistema de la Seguridad Social de distintos colectivos que habían permanecido al margen. Así, según el Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales 2000 del MTAS, en los últimos años se han incorporado al Régimen general las pensiones siguientes: Periodo Colectivo Jubilación Invalidez permanent e Viudedad Orfandad A favor de familiares Diversas entidades sustitutorias Organización Nacional de Ciegos Institución Telefónica de Previsión Mutualidad de Administración Local Las entidades sustitutorias de la Seguridad Social han venido atendiendo a determinadas poblaciones, que, al amparo de disposiciones transitorias de la Ley General de la Seguridad Social, podían permanecer al margen de las instituciones de ésta, pese a estar incluidas en su campo de aplicación, hasta tanto se establecieran las condiciones en que tales poblaciones se integraran en el correspondiente régimen de la Seguridad Social. Estas entidades venían obligadas a dispensar a sus afiliados una protección igual al menos a la de la Seguridad Social. El Gobierno, por R. D. 2248/1985, de 20 de noviembre, dispuso dicha integración Variación del criterio de clasificación y/o medida Como consecuencia de una revisión que se efectuó, en el año 1990, de los tratamientos informáticos que se venían realizando hasta ese momento, muchas pensiones que anteriormente se habían clasificado como de invalidez permanente total cualificada pasaron a clasificarse como de invalidez permanente total normal. La Memoria estadística anual 1990 del INSS, recoge en relación con este cambio de criterio lo siguiente: «es preciso señalar que en la Invalidez Permanente Total Normal (55 % de la base reguladora) y Cualificada (75 % de la base reguladora) los incrementos interanuales que aparecen no reflejan un aumento y un descenso de pensiones de ambos grados, sino un trasvase de pensiones de Invalidez Permanente Total Cualificada a la Invalidez Permanente Total Normal, ya que hasta este año y debido a un tratamiento informático erróneo las pensiones de I. P. T. N. (55 % de la base reguladora) se asignaban a I. P. T. C. (75 % de la base reguladora), corrigiéndose este error en 1990 y originando así estos incrementos que pueden dar lugar a una mala interpretación.». 17

18 Por otro lado, hasta octubre de 1996 no se registraba el número de pensiones de orfandad y en favor de familiares sino el número de perceptores de este tipo de pensiones. Las pensiones de tres hermanos huérfanos que se pagaban a un solo perceptor, se contaban como una sola pensión. A partir de esa fecha, lo que se cuenta es el número de pensiones, con lo que se contabilizan un número mayor de pensiones y unas cuantías medias más bajas. En las pensiones de jubilación hubo un cambio legislativo en el año 1997 que fue únicamente un cambio de criterio de clasificación por el cual las pensiones de incapacidad permanente de las personas de 65 y más años pasaron a denominarse pensiones de jubilación. Este cambio de criterio se originó por la nueva redacción que la Ley 24/1997, ya citada, dio al artículo 143 de la LGSS/1994, según la cual las pensiones de incapacidad permanente de las personas de 65 años y más pasan a denominarse de jubilación, sin cambio de las condiciones en las cuales se venían percibiendo. Esto hizo aumentar en el número de pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social el 31 de diciembre de 1997 con respecto al 31 de diciembre de 1996 (incremento del 31,36 por ciento); por el contrario, el número de pensiones de invalidez permanente disminuyó en en el mismo periodo de tiempo Cuantía de la pensión mensual media a 31 de diciembre Tal como se ha señalado en el punto anterior, no existe información publicada sobre el número medio de pensiones de cada año por lo que no es posible calcular la pensión anual media. La pensión mensual media que se recoge en BADESPE viene referida al 31 de diciembre de cada año y no incluye las pagas extraordinarias. La información sobre la pensión mensual media a 31 de diciembre, modalidad contributiva, procede de las publicaciones anuales del INSS, generalmente la Memoria estadística anual del INSS en los primeros años y el Informe estadístico de [año] INSS en los últimos; también se ha utilizado el Informe económico-financiero en aquellos casos en que el utilizar esta fuente permitía suministrar una información más homogénea. Por ejemplo, las publicaciones estadísticas cuando proporcionan datos sobre pensiones mensuales medias correspondientes a jubilación, invalidez permanente y viudedad incluyen algunos años las pensiones del SOVI, y otros años no las incluyen. BADESPE ha incluido en el Régimen general de la Seguridad Social los regímenes especiales que se incorporaron a dicho régimen a partir del 1 de enero de La cuantía de la pensión mensual media a 31 de diciembre del Régimen general para los años 1980 a 1986 se ha calculado incluyendo las pensiones de los regímenes especiales que posteriormente han pasado a incluirse en el Régimen general. Como se ha señalado anteriormente, las estadísticas oficiales del MTAS han venido suministrando las cuantías de la pensión media mensual referida a 31 de diciembre de cada año y últimamente se dan también a 1 de enero. Las diferencias entre estas dos cifras son notables, ya que los incrementos anuales de las 18

19 pensiones entran en vigor precisamente el día primero de cada año; las cifras son evidentemente similares cuando se refieren al número de pensiones. Recordar también, tal como se señaló al hablar del número de pensiones, que, en el caso de las pensiones de orfandad y en favor de familiares, las cuantías que se ofrecen hasta 1995 no son estrictamente las de las pensiones, sino las de las percepciones de las personas que las reciben, y que pueden corresponder a más de una pensión. BADESPE también recoge información sobre la cuantía de la media mensual, a 31 de diciembre de cada año, de las pensiones de modalidad no contributiva. Tal como se ha señalado anteriormente, los regímenes de la Seguridad Social fueron en España siempre de modalidad contributiva hasta que la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, estableció prestaciones de modalidad no contributiva; concretamente, pensiones de jubilación, invalidez y prestaciones por hijo a cargo Número de afiliados a la Seguridad Social La información sobre el número de afiliados a la Seguridad Social se recoge a los únicos efectos de facilitar el análisis de las pensiones. La información viene referida al 31 de diciembre de cada año ya que, tal como ocurría en el caso de las pensiones, no se dispone de la media anual. Los datos aparecen clasificados por regímenes, incluyendo únicamente los afiliados en situación de alta laboral; es decir, el número de afiliados por los que hay obligación de cotizar. Además, en BADESPE también se ofrece información sobre el número de beneficiarios de prestación de desempleo por los que el INEM cotiza a la Seguridad Social. 19

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