Transcripción

1 JUZGADO DE LO SOCIAL N 1 SORIA C/AGUIRRE 3-5 Tfno. : N.I.G.: / N AUTOS: DEMANDA 351/2006. MATERIA: DESPIDO. DEMANDA FORUM FILATELICO S.A HOY AUTO n 88/06 En Soria, a 3 de noviembre de HECHOS PRIMERO.- Seguidos los presentes autos en materia de despido, entre D.... como demandante y Fórum Filatélico, S.A. como demandada, la víspera del día señalado para el juicio, la demandada se personó y presentó escrito y documentación adjunta poniendo de manifiesto hallarse declarada en situación legal de concurso y planteando por ese motivo y sobre las consideraciones que estimó oportuno realizar, la posible incompetencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones planteadas por razón de la materia y, en todo caso, la necesidad de citar al procedimiento al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). SEGUNDO.- A la vista de ese escrito y documentación, por providencia de ese mismo día se acordó llamar al procedimiento al Fogasa, con suspensión del juicio, y abrir trámite para dilucidar la cuestión competencial planteada, confiriéndose a las partes y al Ministerio Fiscal la audiencia legalmente preceptiva. Dicha audiencia fue evacuada por la parte actora y por el Ministerio Público en pro de la competencia de este órgano por los motivos, sustancialmente concordantes, que expusieron en sus respectivos escritos. Transcurrido, en cambio, el plazo de audiencia sin que las demás partes se manifestaran, quedó la cuestión pendiente de resolver.

2 FUNDAMENTOS DE DERECHO,('I( IN,( 1 \ PRIMERO. De acuerdo con el art. 5.1 y 3 del Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) si el órgano judicial. Se estimase incompetente para conocer de la demanda por razón de la materia, dictará de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días, auto declarándolo así y previniendo al demandante ante guión y cómo puede hacer uso de su derecho. SEGUNDO.- Pues bien, habiéndose cumplido las formalidades que se acaban de exponer, la cuestión ha de resolverse en el sentido de declarar la incompetencia planteada por la parte demandada, no obstante la oposición del actor y el informe del Ministerio Público a favor de retener la competencia sobre el asunto. En este sentido, es verdad, ante todo, que, de los tres argumentos que esencial y resumidamente articula la empresa demandada, los dos primeros, por sí solos, no podrían llevar a declinar la competencia de este órgano. Se hace referencia en este momento a aquellos puntos en que la demandada afirma que la relación entre las partes no era de carácter laboral, sino mercantil, y que por ende es el juez del concurso, competente conforme al art. 8.1 de la Ley Concursal (LC) respecto de cualquier acción civil con trascendencia sobre el patrimonio del concursado, el que debe conocer del asunto, y ello independientemente de que el demandante se afirme ligado en realidad por una relación materialmente jurídico-laboral, ya que eso constituirá una cuestión prejudicial para la que también es competente el juez del concurso a tenor del art. 9 LC. Pues bien, como se ha adelantado, no lo entiende así quien firma el presente. Y es que, por lo que hace a la afirmación de la relación de servicios entre las partes como de carácter mercantil y no laboral, desde el momento en que lo primero que se plantea en la demanda presentada ante este juzgado (hecho 1 de aquélla) es que el contrato de agencia formalmente suscrito y aportado con la misma demanda encubría de forma fraudulenta una relación materialmente jurídico-laboral, está claro que el carácter mercantil o laboral del vínculo constituye cuestión litigiosa de fondo que habrá de resolverse en la resolución de fondo correspondiente y que, como tal, no puede servir para determinar a priori, como se pretende y plantea aquí y ahora, la competencia de uno u otro juzgado, so pena de predeterminar indebidamente esa cuestión de fondo. Y, si ello es así, desde luego, el hecho de que la jurisdicción mercantil pueda tener competencia para conocer con carácter prejudicial de la naturaleza jurídica de esa relación no puede ser tampoco óbice por sí solo a la competencia de este juzgado, ya que, a su vez, el art. 4 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) también atribuye al orden social competencia para conocer, con efectos limitados al propio proceso de que se trate, de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a dicho orden (dicho sea ello,

3 Incluso, en la medida en que pudiese entenderse ajena, ya que precisamente se trata de dilucidar si se trata de una relación jurídica propia o ajena a ese orden). Así las cosas, hasta este punto de la argumentación de la empresa, deben prevalecer los razonamientos del demandante y del Ministerio Público, esencialmente concordantes con lo que se acaba de expresar. TERCERO.- Por ello, la solución debe venir dada por la propia naturaleza, de la acción que con carácter principal, y orillada la controversia sobre la verdadera clase del vínculo contractual,se ejercita en la demanda, en la medida en que, en lo que aquí interesa, que son las diversas acciones referentes a la extinci,ón de las relaciones jurídicolaborales entre la empresa concursada y sus trabajadores, es legalmente claro e indiscutido que al juez del concurso únicamente tiene atribuidas por el ir-t. 8.2 LC "las acciones sociales que tengan por objeto 1a extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado" (así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, que obviamente no interesa al Caso) mientras que el r e s t o de acciones continúan correspondiendo, de acuerdo con el art. 2. a) LPL, al órgano clc,l orden social que sea menester conforme a la distribución competencial propia de ese orden Ẏ precisamente en este punto es donde el demandante y el Ministerio Fiscal entienden que no se está ejercitando una demanda de las del art. 8.2 LC, sino una mera demanda por despido improcedente de un trabajador individual. Sin embargo, entiende este tribunal que ello es así sólo aparentemente y que, en este aspecto, tiene razón la empresa demandada. Así, es verdad que estamos ante una demanda de un (posible) trabajador individual que acciona frente a lo que describe como un cese igualmente individual en su trabajo por cierre de hecho de un centro de trabajo. Pero hay que tener en cuenta que no estamos, según la propia demanda, ante un despido disciplinario o una extinción del contrato por causas objetivas ni por ninguna de las heterogéneas causas previstas en los subapartados a/ a h/ del art del Texto Refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores (ET) sino ante un supuesto despido tácito, derivado del simple cierre del centro de trabajo en cuestión. Sin embargo, ese cierre, aparentemente aislado en el relato de la demanda, no es tal. Al contrario, y conforme se deriva del auto del Juzgado de lo Mercantil n 7 de Madrid, de (fls ) que autoriza a la empresa a la extinción colectiva de los contratos con sus 304 trabajadores reconocidos como tales en la resolución, se enmarca en una situación de cese total o al menos sustancial de las actividades de la empresa concursada que, como se acaba de d ecir, ha dado lugar a la extinción colectiva de las relaciones jurídico-laborales de la misma. Por lo tanto, existiendo tal cese de actividad y consiguiente extinción colectiva de contratos, es evidente que la competencia para conocer sobre ésta corresponde al juez del

4 concurso, como en efecto se ha producido. Y si ello es así, entiende este órgano, como bien dice la parte aquí demandada, que si el demandante considera que es trabajador y no mero colaborador mercantil, lo que procede es que ejercite ante el Juwz del Concurso las acciones y/o recursos que le Correspondan para, previo reconocimiento, si procede,de su alegada condición de trabajador (para lo que basta recordar que el artículo 8 Lcconcede a aquelcompetencias prejudiciales) obtener su inclusión en ese colectivo sometido a extinción de esa misma índole colectiva de sus contratos de trabajo, o, incluso, impugnar la validezmisma de la resolución por su exclusión del proceso si fuese menester. Mas no se estima posible considerar competente a este Juzgado de lo Social, al no estar realmente, por lo expuesto, ante un despido aislado de un concreto trabajador. CUARTO.- De acuerdo con los arts. 5.1 y 4, y 2, 186 y LPL contra este auto cabe recurso de reposición en la (forma.-- y plazo previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, contra el auto que resuelva ese recurso, el de Suplicaciòncon arreglo a las disposiciones de la LPL. En atención a lo expuesto y a los preceptos de general y pertinente aplicación; PARTE DISPOSITIVA Debo declarar y declaro la falta de jurisdicción para conocer de la demanda promovida por D.... contra Fórum Filatélico, S.A., previniendo al actor que, si lo estima oportuno, podrá hacer uso de su posible derecho ante el Juzgado de lo Mercantil n 7 de los de Madrid. Una vez firme, en su caso, esta resolución, procédase al archivo de las actuaciones. Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, a los que se hará saber que contra la misma cabe recurso de reposición en la forma y tiempo establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y, contra el auto que en su caso lo resuelva, recurso de suplicación con arreglo a la Ley de Procedimiento laboral. Así lo acuerda, manda y firma D. Alberto Benéitez Antón, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n 1 de Soria. Doy fe. EL MAGISTRADO-JUEZ LA SECRETARIO JUDICIAL

5 u;.c1ón i'1 U la DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los requisitos establecidos en los Arts. 55 a 60 doy fe.