SITUACIÓN ACTUAL: 1 Memo elaborado por Paola García Rey, abogada del CELS.

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1 RELATO DE LA AUDIENCIA TEMÁTICA ANTE LA CIDH SOLICITADA POR APT SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. 7 DE MARZO DE INTRODUCCIÓN En virtud del mandato establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) solicitó una audiencia ante la CIDH para abordar la problemática de la tortura en los países de América y estudiar los mecanismos nacionales de prevención existentes. La audiencia fue requerida a los efectos de: a) informar a la CIDH respecto de las medidas y mecanismos que deben ser adoptados por los Estados en la región para cumplir con las obligaciones emanadas del Protocolo; y b) colaborar en la profundización de las relaciones complementarias entre CIDH y Subcomité, esto es, acompañar el acercamiento entre los mecanismos regional y universal de protección de los derechos humanos, en virtud de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención contra la Tortura de UN y su Protocolo Facultativo. La audiencia tuvo lugar el pasado Viernes 7 de marzo de Estuvieron presentes: - Por la CIDH: la audiencia fue presidida por la comisionada Luz Patricia Mejia (presidenta de la CIDH) y acompañada por los comisionados: Florentín Melendez (también Relator para los privados de libertad); Paulo Sergio Pinheiro; Felipe González y Santiago Cantón - Por la APT: Claudia Gerez y Marina Narváez - Por el Subcomité de Naciones Unidas del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: Mario Coriolano EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante, el Protocolo ) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de Diciembre de 2002, entró en vigencia en junio de El Protocolo busca implementar herramientas de carácter preventivo para erradicar la tortura, como es el mecanismo de visitas periódicas a todos los lugares de detención. Esta labor se asienta en un doble pilar: por un lado, los llamados mecanismos nacionales de prevención (MNP) y, por el otro, el Subcomité para la prevención de la tortura. SITUACIÓN ACTUAL: 1 Memo elaborado por Paola García Rey, abogada del CELS.

2 Conforme lo establece el art. 17 del Protocolo, desde la entrada en vigencia o su ratificación, los Estado cuentan con un año para implementar el o los mecanismos nacionales independientes para el control y monitoreo de la situación carcelaria. Hasta el momento - 34 países han firmado el Protocolo: en América Latina (AL): Chile, Ecuador y Guatemala lo han ratificado: 9 países en AL: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, México, Perú, Uruguay, Paraguay ya designaron sus mecanismos. En AL de los 9, solo dos lo han hecho: México, que nombró a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Costa Rica, que nombró a la Defensoría de los habitantes. 7 Estados incumplen con su obligación. ARTICULACIÓN CIDH SUB COMITÉ El martes 5 de marzo se reunieron en un almuerzo de trabajo informal la CIDH y el miembro representante del Subcomité para proyectar un trabajo coordinado entre ambos órganos y colaborar conjuntamente con los Estados de la región en la implementación de los mecanismos nacionales de prevención contra la tortura. Se avanzó sobre la posibilidad de articular un trabajo complementario entre ambos sistemas, aunando esfuerzos y evitando superposiciones. En la audiencia del 7 de marzo se formalizó esta propuesta. MECANISMOS NACIONALES DE PREVENCIÓN: - poseen mandato para visitar periódicamente los centros de detención; - ello significa acceso irrestricto a todos los lugares de detención en sentido amplio, --que incluyen lugares oficiales y no oficiales, donde se mantiene a un individuo privado de su libertad, tales como cárceles y estaciones de policía, centros de detención preventiva, centros para jóvenes y adolescentes, lugares de detención administrativa, instalaciones de seguridad y fuerzas militares, centros de detención para inmigrantes y solicitantes de asilo, zonas de tránsito en aeropuertos, puntos de control en zonas fronterizas, instituciones médicas y psiquiátricas--, así como a la información; deben poder mantener entrevistas privadas con las personas detenidas; - poseen mandato para presentar observaciones a los proyectos de ley - deben poseer independencia funcional - deben estar integrados por expertos con la competencia requerida - deben contar con los recursos necesarios - no existe un modelo institucional establecido por el Protocolo, por lo que cada Estado nacional puede optar por el mecanismo que considere más apropiado conforme su institucionalidad. a) El mecanismo nacional de prevención puede constar de uno o varios organismos. 2 2 Protocolo, Artículo 17. 2

3 b) El Estado puede establecer: - un nuevo organismo nacional: los casos de Argentina, Brasil, Honduras y Paraguay. Argentina y Brasil se les agrega la complejidad de tener Estados federales. Bolivia y Uruguay aun muy apresurado para definir qué modelo están proyectando. - organismos ya existentes 3 -- Entre estos pueden estar las comisiones de derechos humanos, ombudsman, comisiones parlamentarias, organismos de la sociedad civil o esquemas mixtos, entre otros. Es el caso de Costa Rica y México. Es también la tendencia en Europa. Pero pese a algunas ventajas, merece especial atención cuando no encajan o su adecuación a los términos indicados en el Protocolo no es perfecta, o bien hacen falta mayores cambios para cumplir con el Protocolo. - Es de suma relevancia reparar en el proceso seguido adelante por los Estados para definir el mecanismo nacional de prevención a implementar. La calidad de este proceso es fundamental para optar por un mecanismo adecuado. Éstos debe estar dotados de legitimidad y eficacia: para ello, deben ser procesos transparentes inclusivos y participativos, por medio de un debate público y un amplio dialogo entre Estado y Sociedad Civil. Estos criterios fueron recomendados en el marco de la VII Reunión de Atas Autoridades del MERCOSUR, celebrado el año pasado en Paraguay. 2 tipos de procesos: a) Impulsado por organizaciones de la sociedad civil: es el caso de Honduras y Perú (por la Coordinadora de DDHH, para proponer que sea la Defensoría de Pueblo); en México (por la Oficina del Alto Comisionado de las UN). b) Impulsado por el Estado: Argentina (por Secretaria DDHH); Brasil (tmb por la Secretaría DDHH); Costa Rica (por Decreto Presidencial); Uruguay (x Chancillería). Con Mayor o menor grado de consulta con la sociedad civil. PUNTOS A TENER EN CONSIDERACIÓN: Etapa estancamiento. Si bien ha de destacarse que en AL ha existido un fuerte debate sobre los mecanismos mas adecuados según cada Estado parte (a diferencia Europa) y si bien son procesos complejos que así lo requieren (antes que sacar apresuradamente un mecanismo), se ha notado cierto estancamiento en su implementación, que genera preocupación. Aquí la sociedad civil puede jugar un rol fundamental para reinstalar las discusiones. Dialogo entre Sociedad Civil: riesgo que sea, en algunos contextos, más simbólico que real (México, Brasil, Argentina), lo que llevaría a cuestionar la legitimidad de los futuros mecanismos. Marcos jurídicos: no son tan fuertes como deberían ser: Debería ser por ley. En el caso de México es por adaptación al reglamento de la CNDH y por un convenio colaboración con las secretarias competentes. En Costa Rica el mecanismo ha sido designado por decreto hasta tanto se apruebe una ley. Parece que este también es el paso a seguir por Brasil. Cobertura geográfica insuficiente: importancia de llegar a todos los rincones; y la importancia de que sean incluidos todos los tipos o categorías de lugares de detención. 3 Protocolo, Artículo 17. 3

4 Potencialidad del mecanismo: la implementación o designación del/los mecanismos nacionales de prevención debe entenderse como una oportunidad para potenciar, generar vínculos y coordinar el trabajo que ya vienen realizando en la materia distintas agencias estatales y diversas organizaciones de la sociedad civil. De esta forma se evitará, por un lado, una superposición de funciones, esfuerzos y recursos y, por otro, la deslegitimación de quienes actualmente cumplen funciones de monitoreo de la situación carcelaria. Si bien esto no fue planteado en la audiencia, el debate sobre la implementación del Protocolo genera un marco propicio para identificar los factores que promueven la violencia y la situación de hacinamiento carcelario, avanzar sobre posibles soluciones y la evaluación de algunas que ya intentaron implementarse. El Protocolo sólo establece un marco mínimo de actuación para el mecanismo nacional y que en modo alguno inhabilita la posibilidad de ampliar sus facultades 4. El mecanismo podría considerar también otras obligaciones de derechos humanos cuyo incumplimiento afecta a las personas privadas de libertad (tal como, por ejemplo, el derecho a la asistencia médica, a recibir visitas, a una comida adecuada, etc.) o tener también competencia para determinar de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos la capacidad de alojamiento de los establecimientos de detención y disponer la adopción de alguna medida de atenuación o alternativa a la prisión preventiva o a la forma de ejecución de la pena. De esta manera se lograrían maximizar las potencialidades del mecanismo, al punto de otorgarle competencias no sólo de monitoreo y denuncia sino también de tipo ejecutorias 5. MIEMBRO SUBCOMITÉ PROTOCOLO TORTURA MARIO CORIOLANO En el marco de al audiencia, Coriolano propuso dar continuidad a las distintas actividades que se vienen desarrollando, como aquella realizada en Paraguay en 2007 (en el marco de la VIII Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados). Resaltó que el mandato del Subcomité subraya la necesidad de cooperar con organismos regionales, evitando duplicaciones y aunando esfuerzos, para prevenir y erradicar la tortura en los Estados de todo el mundo. Finalmente, destacó la necesidad de complementariedad y asistencia mutua entre la CIDH, el Subcomité y el Relator Especial contra la Tortura, en acciones y actividades tales como: la circulación e intercambio de información, seguimiento de recomendaciones, monitoreo de las medidas adoptadas, visitas in loco, acceso a archivos y testimonios, etc. En los casos de los MNP: también trabajar conjuntamente apoyando a los Estados y asesorarlos en la implementación de sus mecanimos, como una forma concreta de proteger a las personas privadas de libertad. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DDHH: Paulo Sergio Pinheiro: 4 Ver Art. 19 del Protocolo. 5 En esta línea se enmarcan el Anteproyecto de Ley Control de la sobrepoblación carcelaria, elaborado por el CELS y el INECIP, para la Prov. de Buenos Aires, y el Proyecto de Ley de Sobrepoblación Carcelaria, elaborado por el Equipo de Investigación de Ejecución de la Pena del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que coordina el Prof. Marcos SALT. 4

5 - Instó a todos los involucrados a aprovechar audiencia para pensar un mecanismo concreto. - Aprovechar la instalación del Subcomité para dar impulso a un trabajo de prevención. No perder tiempo en declaraciones y avanzar en herramientas y propuestas concretas. - Vio con satisfacción la mayor conciencia de la sociedad civil con respecto a la tortura en la región. Remarcó lo positivo de la toma, paso previo para su abordaje serio y comprometido. - Resaltó la necesidad de articular directamente con los estados federales, donde se cometen los casos mas graves de tortura y malos tratos, más allá de los compromisos asumidos por los estados nacionales. Tener en cuenta el control y monitoreo de las policías provinciales. - Invitó al Relator Especial para la Tortura (Nowak) a sumarse a este esfuerzo. Luz Patricia Mejía: - Resaltó la importancia de realizar visitas consecutivas o separadas, y no de manera conjunta, para fortalecer el trabajo y sumar esfuerzos. - Destacó que la CIDH debe diseñar una estrategia de prioridades para saber a que dar prioridad y centrar esfuerzos para brindar mecanismos efectivos. También aprovechar esta oportunidad para ampliar la evaluación a los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos. - Pensar idas para concretar trabajos. - Además, advirtió sobre la duda que existe en algunos países respecto de la tipificación del delito de tortura. En función de ello, evaluar los mecanismos ya existentes para abordar el problema legislativo. Florentín Meléndez - Resaltó la inminente publicación de Los Principios sobre Privados de libertad, que ayudará a ampliar el marco normativo ya existente para establecer estándares precisos en materia de condiciones de personas privadas de la libertad, así como de tortura y tratos crueles, inhumanos, y degradantes. Felipe González - Destacó la importancia de sumar a la discusión el rol de los Poderes Judiciales en el control, de las penas privativas de la libertad. 5

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