COMPARATIVA PROGRAMAS ELECTORALES EN TORNO A LA DISCAPACIDAD. Elecciones Generales 20 diciembre 2015

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1 COMPARATIVA PROGRAMAS ELECTORALES EN TORNO A LA DISCAPACIDAD Elecciones Generales 20 diciembre 2015

2 2 ÍNDICE Propuestas generales..3 Cultura y deporte 6 Protección social.8 Salud.12 Educación..15 Empleo...17 Accesibilidad..18 Enlaces a los programas electorales..20

3 3 PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES Desarrollaremos un plan para la ampliación y mejora de programas públicos de mediación orientados a las familias como alternativa a la resolución judicial de conflictos y en interés de los menores de edad, personas mayores o personas con capacidad jurídica limitada Aprobaremos una Ley Orgánica integral sobre la violencia contra la infancia: que incluya previsiones de prevención, detección, protección y sanción; que abarque todos los ámbitos como el escolar, familiar, cibernético y comunitario; que contemple previsiones específicas grupos vulnerables: menores con discapacidad y con problemas de salud mental, minorías étnicas, víctimas de trata, menores extranjeros no acompañados, etc. Realizaremos, en colaboración con las entidades locales y las Comunidades Autónomas, un mapa de recursos con la información de los servicios ofrecidos por las administraciones públicas relacionados con la promoción de la igualdad de trato y la lucha contra todo tipo de discriminación, y difundiremos buenas prácticas en este ámbito y en el de la gestión de la diversidad. Elaboraremos un protocolo de intervención Para la mujer con discapacidad y pondremos en marcha campañas de concienciación y sensibilización sobre la imagen real de las mujeres mayores en España, destacando su aportación a la sociedad. Desarrollaremos la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, adaptando y actualizando el ordenamiento jurídico a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Reforma de la Constitución Española de 1978 para dotar de rango de derecho fundamental - máximo grado de protección y garantía- a los derechos sociales, comprendidos los de las personas con diversidad funcional/discapacidad, que aseguren su inclusión en la comunidad y la vida independiente, mediante la no discriminación y la acción positiva. Modificación del artículo 49, tanto en su contenido, como de su ubicación, dedicado en el vigente texto constitucional a las personas con diversidad funcional/ discapacidad, para configurar la igualdad y la inclusión como derecho fundamental, actualizando asimismo el enfoque y la terminología al paradigma de derechos humanos de la Convención Internacional de Naciones Unidas de Reforma fiscal para acabar con la fiscalidad injusta y recuperar a las clases medias trabajadores ( ) En ningún caso la reforma planteada empeorará el tratamiento fiscal de minusvalías. Se elevarán los correspondientes mínimos personales y familiares y se aplicará una mejora en la reducción por rendimientos del trabajo en función del grado de minusvalía/ discapacidad. Estableceremos la Secretaría General de la diversidad funcional y atención a la dependencia. Revisaremos el certificado de reconocimiento de la diversidad funcional, para ajustarlo a la realidad de cada colectivo y adecuar el acceso a servicios y recursos. Estudiaremos la implantación de la figura facilitador personal en la Administración de Justicia para personas con diversidad funcional. Desarrollar plenamente la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de alcanzar la plena inclusión de las personas con discapacidad, respetando su dignidad y garantizando el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, y la autonomía personal. Revisar la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y, especialmente, la referida a los internamientos forzosos, la restricción del derecho de sufragio y la esterilización no consentida. Garantizar que las entidades públicas tienen en cuenta en sus contratos todos los criterios relacionados con la compra pública innovadora, sostenible, discapacidad, igualdad, etc. Reforzar la protección jurídica contra la discriminación y delitos de odio por razón de discapacidad, garantizando el desarrollo autonómico del sistema de infracciones y sanciones previsto en la actual legislación y su efectiva puesta en marcha, promocionando el sistema de arbitraje previsto e incorporando indicadores. Promover un acuerdo entre todas las Administraciones para, de manera urgente, acometer medidas que contribuyan a paliar los efectos más graves de la crisis en materia de vivienda, agua, alimentación y energía, especialmente en aquellas familias que carecen de cualquier tipo de ingreso, centrándose especialmente en aquellas en las que haya menores y personas con discapacidad. Posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto a las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo. Modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de hacer efectivo el derecho a ejercer el voto a las personas con discapacidad que hoy lo tienen vedado. Principios y valores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dotaremos de recursos a la Administración para la aprobación y el despliegue de una ley orgánica que adapte el ordenamiento jurídico español a los valores, principios y mandaos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) en lo relativo a los aspectos aún no actualizados que se vinculan a la capacidad jurídica, el acceso a la justicia, la tutela judicial, la educación inclusiva y la libertad de las personas con diversidad funcional. Medidas complementarias para atender situaciones de urgencia social Pondremos en marcha medidas complementarias para atender situaciones de urgencia social: desahucios, gastos de acceso y mantenimiento en la vivienda, pobreza energética, gastos necesarios para mantener una vivienda en condiciones de dignidad, colectivos en situación de riesgo de pobreza, etcétera. Reconocimiento constitucional de las lenguas de signos españolas como lenguas cooficiales. Reversión de los recortes en la financiación de la sanidad, la educación y el cuidado de las personas de forma que en marzo de 2018 se recuperen los niveles anteriores a la crisis. Coexistencia articulada del Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia con los actuales Servicios Sociales reconocidos como un derecho subjetivo de los ciudadanos. Reconocimiento de la interlocución de las organizaciones de mujeres con o sin discapacidad para el seguimiento del Plan Estatal con Diversidad Funcional, quienes centrarán su atención en el principio de transversalidad con todas las áreas de trabajo del propio Plan, dada la trascendencia de esta materia y la necesidad de seguir luchando contra la discriminación de género en nuestro entorno social. Corregir la tendencia a la baja de los ratios de atención que afecta a gran número de personas con diversidad funcional, unido al crecimiento constante del colectivo de mayores. Creación de un Observatorio en cada Comunidad Autónoma sobre la Situación Social de la diversidad funcional para el reconocimiento real y actualizado de la problemática del colectivo para la implementación de las medidas correspondientes.

4 4 PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES Desarrollaremos una Estrategia de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, que tendrá como objetivos el empleo, la accesibilidad, la prevención, el ocio normalizado, la cultura, la sanidad y todos los aspectos de la vida de una persona con discapacidad Garantizaremos, a través del informe previo de impacto, que la perspectiva de la discapacidad estará presente en todas las políticas de todas las administraciones públicas Regularemos la expedición y uso de la Tarjeta Europea de la Situación de Persona con Discapacidad para acreditar a los beneficiarios en los distintos países de la Unión Europea y que puedan acceder a los derechos y prestaciones que estén establecidas. Promoveremos, en colaboración con las entidades del sector de la discapacidad, un mayor seguimiento de las medidas a favor de las personas con discapacidad, favoreciendo su implicación en las políticas que les afectan. Impulsaremos actividades e iniciativas que contribuyan a la difusión de información relacionada con la discapacidad como el proyecto Guía de Recursos de Atención a la Discapacidad (GRADis). Reformaremos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho fundamental de sufragio con garantías y con privacidad, garantizando la disponibilidad de votos en Braille en todas las citas electorales. Impulsaremos el desarrollo normativo de la Lengua de Signos. Adaptación del ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional/Discapacidad. Aprobaremos una Ley Orgánica que adapte todo el ordenamiento jurídico español a los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), en los aspectos aún no actualizados: 1) igual capacidad jurídica, 2) acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, 3) educación inclusiva (acabar con la educación segregada por razón de diversidad funcional/discapacidad y disponer de una estrategia para disponer y habilitar apoyos efectivos para la atención social y educativa de las personas con diversidad funcional/discapacidad en todo el sistema educativo en España). 4) Libertad personal (eliminación del ordenamiento jurídico de la posibilidad de los internamientos no voluntarios por razón de trastorno mental). 5) Apoyos públicos suficientes para la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión social en la comunidad. 6) España todavía no ha adecuado su normativa legal interna al marco de derechos humanos de la Convención Internacional de Naciones Unidas, por lo que con esta ley marco se adecuaría nuestro contexto legal, eliminando discriminaciones y exclusiones para las personas con diversidad funcional/discapacidad. Derecho de sufragio (activo y pasivo) para todas las personas con diversidad funcional que no tengan limitadas sus capacidades cognitivas. Reforma inmediata de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General apra que ninguna persona con diversidad funcional/discapacidad pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio. Se trata de poner fin a la vulneración de la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional, con la legislación vigente, pueden ser privadas del derecho de sufragio, lo que entra en clara contradicción con los derechos humanos de las personas con diversidad funcional/discapacidad. Incorporar elementos de carácter social y de igualdad en los procedimientos de contratación pública, tanto en el diseño del objeto de los contratos como en los criterios de adjudicación de los mismos. En los contratos que superen un determinado importe exigir como requisito de solvencia, o establecer como criterio de adjudicación, que las empresas sigan determinadas prácticas de responsabilidad social corporativa que tengan aprobados planes de igualdad, que tengan implantados procesos de gestión medioambientalmente sostenibles, que posean un porcentaje mínimo de personas con discapacidad, que no superen determinado porcentaje de temporalidad en los contratos de su plantilla o que hayan suscrito compromisos contra la corrupción. Crear un código de buenas prácticas para la contratación pública al que se podrán adherir todas las empresas que tenga interés en trabajar con las Administraciones Públicas. Impulsar un proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que garantice la igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, origen social o étnico, sexo, religión convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, incorporando a nuestro ordenamiento la Autoridad contra la Discriminación, con competencia en todos los campos y por todos los motivos de discriminación, autónoma y eficaz, los mecanismos de inversión de la carga de la prueba y la ampliación de la legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y la no discriminación. Mejorar la atención de los poderes públicos a las personas con discapacidad, suprimiendo la referencia a "disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales". Promover ámbitos de interlocución con las organizaciones representativas de los colectivos de discapacidad. "Ley 14" para la igualdad de trato y para el fomento de la convivencia. Aprobaremos una ley integral para la igualdad de trato y no discriminación y para el fomento de la convivencia, la "Ley 14", que asegure la independencia del Observatorio Español del racismo y la xenofobia y lo haga más accesible. Además de funciones de diagnósticos y recopilación de datos, este observatorio elaborará propuestas, funciones preventivas y de asistencia integral y protección a las víctimas de cualquier forma de discriminación. Ampliación del derecho al voto a las personas con diversidad funcional. Nos aseguraremos de que todas las personas con diversidad funcional puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública, en igualdad de condiciones que las demás, a través del derecho al voto. Foro Ciudadano Permanente sobre Dependencia y Diversidad Funcional. Organizaremos el Foro Ciudadano Permanente sobre Dependencia y Diversidad Funcional. Se reunirá periódicamente y, aunque recibirá una financiación estable del Estado, su funcionamiento será independiente, abierto, transparente y democrático. Pretendemos que en él participen tanto empresas como fundaciones, asociaciones del tercer sector que tengan relación con la dependencia y la diversidad funcional. El objetivo del foro será debatir, analizar, informar y proponer una legislación y unas políticas públicas en el ámbito de la dependencia y la diversidad funcional, que cuenten con el conocimiento y el consenso de la sociedad civil implicada, sin perjuicio de que se puedan articular procedimientos vinculantes en aquellos temas de mayor relevancia. Democratización de todas las organizaciones del sector de la Diversidad Funcional, como condición para su reconocimiento y apoyo por los poderes públicos y control por la administración de la correcta aplicación de los recursos a los fines sociales y del cumplimiento de éstos.

5 5 PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES PROPUESTAS GENERALES Elaboraremos y pondremos en marcha el Plan especial para las Personas con Discapacidad en el Medio Rural. Fomentaremos medidas de apoyo al envejecimiento activo de las personas con discapacidad. Garantizaremos a las entidades del Tercer Sector de ámbito estatal el ejercicio de sus funciones en todo el territorio nacional, a través del 0,7% del IRPF. Culminaremos la adaptación al Convención de la Organización de Naciones Unidas de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, eliminando obstáculos a la participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Aplicaremos de manera efectiva las medidas de integración social de la persona con diversidad funcional en todos los sectores, escolarización, educación, universidad, inserción laboral, transporte, establecidas en la legislación: reserva del 2% de los puestos en plantillas de más de 50 empleados, así como la reserva del 5% de las vacantes de la Administración Pública. Reforma de la regulación normativa de la participación política y el acceso a los procesos electorales de las personas con diversidad funcional/discapacidad para garantizar la igualdad efectiva y la accesibilidad universal, sin discriminaciones ni exclusiones, que comprende también la provisión de apoyo de todo tipo para que estas personas puedan ejercer las funciones electorales como el resto de la ciudadanía. Apostar decididamente por el voto accesible para personas con diversidad funcional en todos los procesos electorales y consultas. Regular modalidades de voto accesible para las personas con diversidad funcional en las elecciones locales, autonómicas y nacionales a través de procedimientos tecnológicos que permitan un pleno y completo ejercicio de sufragio de modo autónomo, seguro y cómodo. Elaboraremos una estrategia regional junto con las asociaciones del tercer sector para combatir el estigma asociado a la enfermedad mental. Elaborar una Ley de Familias con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los bienes y servicios públicos, contribuyendo a la redistribución de la renta y la riqueza de las familias. Dicha reforma incluirá a todos los modelos de familia, con independencia de las circunstancias tales como el estado civil, la orientación sexual o el origen de la filiación, y atenderá situaciones que requieran protección y que actualmente no se contemplan en la ley, o se hace de manera insuficiente, entre las cuales se incluirán las familias monoparentales, las numerosas, las que cuenten con progenitores o hijos e hijas con discapacidad, o las familias acogedoras. Reformar el artículo 49 de la Constitución para sustituir el término "disminuido" por el de personas con discapacidad, en la consideración de las capacidades diferentes de las personas, derivadas de la formación, posibilidades diversas y la plena integración social laboral. Modificar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, las leyes orgánicas que regulan el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, el Código Penal y la Ley del Jurado, para adaptar dichas normas a lo establecido por la Convención. Emitir informes anuales sobre el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Diseñar la Estrategia de la Discapacidad en el Medio Rural. Aprobar un Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad, que contemple las especiales dificultades de las mujeres con discapacidad (casi el 60%) en los ámbitos laborales, educativos, de acceso a servicios y de forma específica, la Violencia de Género. Financiación de las organizaciones del tercer sector dedicadas a la atención de personas con diversidad funcional o dependencia. Realizaremos un contrato social con el tercer sector para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con diversidad funcional o en situación de dependencia. A través de él, el Estado facilitará los recursos para el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la diversidad funcional y la dependencia y que estas asuman un compromiso ético con la mejora continua, los criterios de transparencia y la calidad en la gestión de los programas y servicios, así como unos mecanismos de participación democrática y gobernanza que permitan que las personas con diversidad funcional o dependientes sean atendidas como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho con plena participación en todos los aspectos que les afecten en las distintas etapas de su vida.

6 6 CULTURA Y DEPORTE CULTURA Y DEPORTE CULTURA Y DEPORTE CULTURA Y DEPORTE CULTURA Y DEPORTE El Partido Popular apuesta por una cultura para todos, accesible y viva, fiel reflejo del dinamismo de nuestra sociedad. Continuaremos potenciando la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones en el deporte y en especial en edad escolar. Se potenciará especialmente el deporte federado, como espacio de práctica del deporte con las mejores garantías y condiciones. Se invitará a las Federaciones a participar en los proyectos educativos, sanitarios y sociales que con su ayuda y complicidad serán mucho más eficaces. Las Federaciones serán también el cauce prioritario para la transmisión de las enseñanzas deportivas, garantía de que los técnicos del futuro puedan recoger el testigo y mantener y mejorar el nivel del deporte español. El apoyo claro a las Federaciones Deportivas como medio para que se pueda desarrollar la práctica del deporte en nuestro país se acompañará de la actualización precisa en la legislación de 1990, para que estas entidades cuenten con los instrumentos necesarios para afrontar los nuevos objetivos que se plantean. Impulsaremos la inclusión social en diversos ámbitos para la gestión del ocio, la cultura, el turismo y el deporte inclusivo. Entre otros, garantizaremos la existencia de espacios deportivos abiertos a la inclusión, la oferta cultural accesible e inclusiva y promoveremos sellos de calidad inclusiva para empresas de turismo. Diseñaremos y desarrollaremos un Plan Integral de Promoción Deportiva en el que participen todos los actores involucrados, con el objetivo de conseguir optimizar los niveles de práctica deportiva en todos los estratos de la población, incidiendo principalmente en los grupos más vulnerables, el deporte para personas mayores, y el deporte para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Fomentaremos planes y programas en colaboración con las autoridades sanitarias y con los centros de atención primaria, dirigidos a la prevención y recuperación de patologías, que serán desarrollados por equipos multidisciplinares formados por diferentes profesionales de la Salud y la Actividad Física. Impulsaremos el deporte como valor prosocial, desarrollando programas deportivos estratégicos que fomenten los comportamientos y valores positivos, la interculturalidad, igualdad de género y la inclusión social, promoviendo el deporte como elemento inclusivo para todas las personas. Crear un Plan para el Conocimiento Público, Accesible y Universal en Red, en formatos libres y reutilizables, de los contenidos de conocimiento generados por la Administración General del Estado (estudios, libros, investigaciones). Elaborar una Ley sobre el Derecho de Acceso a la Cultura, en colaboración con las CCAA y los Ayuntamientos, que defina las prestaciones básicas de acceso a los servicios culturales para toda la ciudadanía en todo el territorio, con medidas especialmente dirigidas a facilitar el acceso a la cultura a la ciudadanía con discapacidad, personas mayores y menores de edad y así como colectivos más alejados de la oferta cultural por razones socioeconómicas. Establecer un plan Específico de desarrollo de la creación y producción del Videojuego en España. Llevar a cabo incentivos para desarrollar videojuegos adaptados para las personas que necesiten un sistema aumentativo/alternativo de comunicación o tengan movilidad reducida. Potenciar la televisión inteligente o híbrida como un nuevo modelo de negocio que generará riqueza y empleo, que favorecerá la libertad y el pluralismo d3e los medios de comunicación audiovisual pero garantizando unas condiciones óptimas de competitividad y de regulación para salvaguardar unos intereses sociales de importancia primordial, entre los que se encuentran la protección de los menores de edad y la no discriminación por razón de origen étnico o cultural, género, orientación sexual, religión, discapacidad o nacionalidad. Garantizaremos el acceso a la cultura científica, con independencia de la situación personal, económica o de la autonomía funcional: 1) Los museos de ciencia serán gratuitos durante un día al mes, para evitar diferenciaciones sociales en el acceso. 2) Aseguraremos que todos los centros de investigación, museos, ferias y otros eventos científicos dispongan de planes de acceso para las personas con diversidad funcional. 3) Se fomentarán jornadas de puertas abiertas en todos los centros de investigación y universidades para la población de cualquier edad. 4) Los medios de comunicación públicos ofrecerán contenidos rigurosos y adecuados, con los que se establecerá una fuerte conexión entre la sociedad y la comunidad científica. Plan Operativo de Cultura por la Igualdad e Igualdad en la Cultura. Impulsar actividades culturales centradas en la participación e iniciativas de mujeres migrantes, gitanas y con diversidad funcional, para facilitar su acceso a la participación en la vida pública. Plan Operativo de Inclusión Social en Materia Cultural. Con el objetivo de hacer visible y poner en valor todas las formas y prácticas culturales, impulsaremos las diferentes escenas culturales de la migración, las manifestaciones artísticas de la infancia, la juventud y la tercera edad y el acceso, el disfrute y la creatividad en personas con diversidad funcional o con distintas discapacidades. Será obligatorio el acceso a todos los bienes del Patrimonio Español de titularidad pública, excepto en los casos en que su conservación lo impida. En los casos que no sea posible, el acceso directo, se garantizará el acceso público mediante exposiciones y proyecciones rotatorias en las instituciones culturales públicas y mediante el acceso a las partes públicas que, no comprometan la seguridad en el patrimonio inmueble. Los museos deben estar dotados de un presupuesto suficiente y acorde con sus funciones. Los días y horarios de apertura gratuita deben ampliarse y los profesionales deben tener acceso libre y gratuito siempre para el desarrollo profesional de los mismos. Recuperación y fomento de la investigación en temas socioeconómicos, con especial énfasis en estudios de marginación y exclusión social, emigración, discriminación, consecuencias sociales del paro y de la precariedad laboral y de la exposición a tóxicos.

7 7 CULTURA, OCIO Y DEPORTE CULTURA, OCIO Y DEPORTE CULTURA, OCIO Y DEPORTE CULTURA, OCIO Y DEPORTE CULTURA, OCIO Y DEPORTE Plan 2030 para el Desarrollo del Mercado Digital de Contenidos y apoyo a la industria cultural. Impulsar políticas de convergencia de humanismo y tecnología que articularemos a través de los elementos siguientes: políticas de apoyo y acceso a la cultura para las personas con discapacidad y con riesgo de exclusión social. Políticas de apoyo y acceso a la cultura para las personas con discapacidad y con riesgo de exclusión social. Elaborar una nueva Ley del Deporte y del Deporte Profesional, con el máximo consenso de la ciudadanía, los deportistas, incluidos los que sufren algún tipo de discapacidad, y sus organizaciones, para alcanzar la transparencia necesaria y las fórmulas democráticas adecuadas para las organizaciones deportivas e incorporando una regulación profesional de la actividad física en todos sus niveles. Plan Estratégico para el Deporte Adaptado. Asentaremos el Plan Estratégico para el Deporte Adaptado sobre tres pilares fundamentales. Crear un área específica de Deporte Adaptado en el Consejo Superior de Deportes que se encargue de: 1) La promoción, la detección de talentos, la tecnificación y el alto rendimiento en el Deporte Adaptado. 2) El fomento de actividades de promoción del deporte adaptado con deportistas en edad escolar. 3) La coordinación del Comité Paralímpico Español y otros centros estatales dependientes del Ministerio de Sanidad para la captación de deportistas con discapacidad. 4) El impulso de planes de formación técnica adecuada en materia de discapacidad para técnicos y oficiales deportivos. 5) La evaluación de las instalaciones de entrenamiento de los y las deportistas paralímpicos para fomentar su mejora y ampliación. 6) La promoción de los estudios e investigaciones en materias como la clasificación funcional de los deportistas, los nuevos materiales para las prótesis deportivas, las sillas de ruedas, las bicicletas, las embarcaciones adaptadas, etc. Equiparar las ayudas que reciben los y las deportistas olímpicos a las que reciben los y las deportistas paralímpicos, las Federaciones Españolas y el Comité Paralímpico Español. Generar una estructura de gestión del deporte adaptado que se aborde de forma transversal desde cuatro áreas: la deportivo-competitiva, la recreativa, la terapéutico-sanitaria y la educativa. Establecimiento de un presupuesto mínimo dedicado a temas socioeconómicos en cada instrumento del programa. Línea de financiación para proyectos de investigación que responsan a las demandas de las organizaciones sociales. Promover, gestionar y plasmar un deporte integral, transversal, multidisciplinario, constante, masivo, gratuito, accesible y de cobertura ilimitada en cuanto al tiempo, espacio, modalidad y disciplinas intervinientes. Crear programas específicos de amplia cobertura y accesibilidad en deportes adaptados a personas con capacidades diferentes o con diversidad funcional. Deberá haber una estrecha colaboración con las organizaciones sociales representantes y con las Federaciones Deportivas involucradas. Fomentar la práctica del deporte base de amplia cobertura en personas con capacidades diferentes o diversidad funcional. Fomentar, promocionar y darle un valor de prioritario a los equipos paralímpicos que nos representen en todas las disciplinas deportivas. Diseñar un plan integral para que todas las instalaciones deportivas sean absolutamente accesibles.

8 8 PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL Pondremos en marcha un Plan de incentivo fiscal para las familias. Desarrollaremos un sistema de información que agrupe las ayudas que las familias reciben de las diferentes administraciones públicas. Revisaremos, además, la forma de cómputo de las cargas familiares para asegurar un tratamiento uniforme a efectos de aplicar beneficios fiscales y sociales a las familias. Vamos a seguir dotando de una atención especial a las familias que peor lo están pasando, y daremos un trato específico a las familias numerosas, monoparentales, en riesgo de exclusión social, con personas dependientes o que padecen violencia familiar. Elaboraremos un mapa de recursos que permita a las familias con niños con Enfermedades raras conocer los diferentes especialistas y centros. Nos comprometemos a analizar nuevas fórmulas de apoyo a las familias con cáncer u otra enfermedad grave. Seguiremos fomentando el acceso a la vivienda a las personas y familias socialmente vulnerables, especialmente para hogares con menores y personas discapacitadas o dependientes entre sus miembros. Potenciaremos las políticas empresariales que faciliten la conciliación, como las guarderías de empresa, los sistemas complementarios de ayuda y la prestación de servicios para el cuidado a personas dependientes, mayores, etc., para crear una nueva cultura de compromiso empresaempleado- sociedad. Promoveremos igualmente estos servicios en las administraciones públicas y en los centros oficiales, en función de las necesidades y disponibilidades existentes. Ciudadanos establecerá el derecho a los servicios sociales como un derecho fundamental en la reforma constitucional que proponemos. Elaboraremos una Ley Marcos de Servicios Sociales que garantizará en toda España el derecho subjetivo a la atención social, una cartera mínima de servicios, unos mínimos de calidad, la equiparación de derechos, servicios y prestaciones, criterios técnicos de igualdad en las condiciones de acceso y una financiación estable. Estableceremos mecanismos de coordinación entre administraciones para garantizar la equiparación de las ayudas a familias numerosas, monoparentales y con diversidad funcional, especialmente en situaciones donde el progenitor trabaje y no tenga donde dejar a sus hijos. Introduciremos un Complemento Salarial Anual Garantizado. El excesivo uso de la rotación laboral y del tiempo parcial involuntario no sólo impide que un número muy elevado de personas no alcancen el salario mínimo anual, sino que les impide también consolidar derechos a otras prestaciones contributivas. Nuestra solución es un Complemento Salarial Anual Garantizado que complemente los ingresos laborales de los hogares y del que se beneficiarán aquellos trabajadores con salarios más bajos y empleos más precarios. Promoveremos los horarios flexibles acordes a las necesidades de los trabajadores con hijos pequeños, al cuidado de personas mayores o dependientes. Protegeremos a los niños y a las familias frente a desahucios y desalojos. Favoreceremos la reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias, prioritariamente de las numerosas, monoparentales y con discapacitados. Establecer mediante una Ley un sistema de garantía de Ingreso Mínimo Vital de carácter no contributivo. Este sistema ofrecerá recursos mínimos a familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. El Sistema incluirá: a) Crear una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad, sea cual sea la causa, como prestación no contributiva de la Seguridad Social. Para su reconocimiento, la Seguridad Social contará con la colaboración de los servicios sociales de las CCAA; mediante pacto con éstas, la gestión de esta prestación se coordinará con los Planes de Inclusión Social y de Atención Integral a la Familia. Modificar la regulación del subsidio por desempleo para dar cobertura a todas aquellas personas en situación de desempleo que tengan responsabilidades familiares, las mayores de 45 años, aunque no tengan dichas responsabilidades, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad. Este subsidio por desempleo no podrá parcializarse y tendrá una duración máxima de 24 meses, salvo para los parados mayores de 52 años, en cuyo caso el umbral de renta se situará exclusivamente en la correspondiente a la persona beneficiaria y no en la unidad familiar, la cotización será del 125% de las rentas y la duración se extenderá hasta que encuentren un nuevo puesto de trabajo o accedan a la pensión de jubilación. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Incrementar las pensiones mínimas para garantizar los parámetros fijados por el Convenio 102 de la OIT. Elevar hasta el IPREM anual el umbral de rentas estableciendo para el acceso a las prestaciones no contributivas y, en consecuencia, su cuantía. Renta garantizada. Crearemos un programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza monetaria, para lo que aumentaremos la cuantía de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de convivencia. La cuantía inicial se establecerá en 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo miembro, y aumentará progresivamente en función del número de miembros. Este plan integrará todas las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de ese umbral. Programa de Renta Complementaria. Estableceremos un complemento para trabajadores con baja remuneración para eliminar la discriminación que supone "la trampa de la pobreza", y para garantizar el acceso de estos trabajadores a niveles suficientes de bienestar. Universalización del derecho a que los servicios públicos den atención a la autonomía personal plena. Universalizaremos el derecho a que los servicios públicos de atención a la dependencia proporcionen una autonomía funcional plena, con un plan de implantación progresiva, y equipararemos, además, la situación laboral de las empleadas del hogar a la del resto de personas trabajadoras. Jubilación a los 65 años y lucha contra la pérdida de poder adquisitivo. Compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva. Se garantizará el cumplimiento de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia: dotando financiación a lo que se consideró el cuarto pilar del Estado de bienestar. Dotando a las Comunidades Autónomas de partidas presupuestarias suficientes y finalistas. Presupuesto extraordinario de urgencia para recuperar los puestos de trabajo y garantizar los servicios. Disminuir los trámites y el tiempo de resolución para la concesión de ayudas. Se revisarán los criterios de aplicación del Baremo de Valoración, establecimiento un protocolo de actuación, para una aplicación adecuada y no restrictiva del mismo. Modificación de las Leyes de Adaptación a la Comunidad Autónoma de la Ley 2133 de Racionalidad y Adaptación de la Autonomía Loca. Estas leyes reducen los Servicios Sociales Municipales a un papel restringido y asistencialista, lejos de las funciones de promoción social y protección de las personas más vulnerables. Pretendemos atender las necesidades sociales de la ciudadanía desde la administración más próxima, la que mejor conoce la realidad de cada territorio. Se aumentarán las pensiones públicas de acuerdo con el IPC anual. Se evitará el desmantelamiento del sistema de pensiones mediante la constante reducción y deducciones de cuotas. Por el contrario, se garantizará su suficiencia mediante los Presupuestos Generales del Estado.

9 9 PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL Avanzaremos y consolidaremos el fortalecimiento del sistema de pensiones: es nuestro primer objetivo, y lo alcanzaremos en provecho de quienes reciben una pensión hoy y también de quienes están generando, con su trabajo diario, el derecho a tener un retiro tranquilo el día de mañana. Promoveremos un Pacto de Estado por los Servicios Sociales que incluya un proceso de evaluación de la Ley de Dependencia en España y de su sistema de financiación, consensuado con las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible en todas las Comunidades Autónomas de la Ley de Dependencia. Estableceremos un programa nacional de educación para la prevención de la dependencia. Seguiremos reforzando a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las estrategias de promoción de la salud y de abordaje de la cronicidad e impulsaremos, de forma continuada, la rehabilitación preventiva en las enfermedades crónicas. Fomentaremos la libertad de elección en todos los dispositivos de atención social, plazas de residencia de mayores, servicios de ayuda a domicilio, etc., estimulando a su vez una mejora de la calidad de los mismos Incluiremos la condición de familias monoparentales en los factores que determinan la aportación del usuario en las prestaciones ortoprotésicas financiadas por la seguridad social. Crearemos un Plan Nacional de Dependencia, siendo éste pilar básico de la política nacional del partido en esta área, que desarrolle las medidas que sean necesarias para que las personas dependientes, así como los trabajadores del sector, puedan salir de la situación extrema y angustiosa en la que muchos se encuentran, recuperando la dignidad y devolviéndoles la sensación de que la Administración y la sociedad les tiene en cuenta. Estableceremos una reducción drástica de los plazos de acceso, simplificando y agilizando el proceso de obtención las prestaciones por dependencia. Estableceremos la plena integración de la Dependencia dentro del sistema de Servicios Sociales, y regeneraremos el Plan de Coordinación sociosanitaria. Suprimiremos duplicidades administrativas, centralizando el sistema, unificando servicios y estableciendo una misma calidad para todo el territorio nacional. Unificaremos los criterios de evaluación y baremación a nivel nacional. Propondremos la creación de una ley marco de baremos y requisitos que no penalice a ninguna persona dependiente por el hecho de vivir en uno u otro municipio. Blindar el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía. Derogar la recientemente aprobada Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Recuperar los principios inspiradores de la Ley para el adecuado cumplimiento de sus objetivos. Modificar la Ley para incluir la eliminación de las medidas incorporadas en la actual legislatura, suprimir las restricciones incorporadas en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, garantizando el acceso con carácter universal, con equidad mediante derecho en el sistema público de servicios sociales, que se han visto gravemente afectadas. Derogar el incremento del copago introducido en esta legislatura. Establecer la garantía de gestión pública de la valoración, seguimiento e inspección. Reforzar la gestión pública del sistema, priorizando la titularidad pública de los recursos sociales, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar actividades complementarias. Desarrollar los aspectos de la ley, como el caso del asistente personal. Aumento de las pensiones no contributivas. Diseñaremos una estrategia que permita el aumento progresivo de las pensiones no contributivas a lo largo de los cuatro años de la legislatura. Creación de una Cartera Estatal de Servicios Sociales Garantizados. Garantizaremos a través de una ley estatal que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a un catálogo de servicios sociales mínimo y común, independientemente de la comunidad autónoma donde residan. Un centro de servicios sociales por cada veinte mil habitantes. Garantizaremos la prestación de servicios sociales públicos de proximidad para toda la ciudadanía. Dotación estatal de 85 millones de euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en corporaciones municipales. Recuperaremos el nivel de crédito estatal para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para la financiación de corporaciones municipales a los montos de gasto de Elevar la pensión mínima hasta 756 o 831 si se tiene cónyuge a cargo. Se incrementará la cuantía de la prestación de asistente personal, fijándose en el 150% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento para el Grado III y en el 100% del SMI para el grado II. Reconocimiento por parte de Seguridad Social del trabajo de cuidados y cotización de estos trabajos. La ayuda a domicilio tendrá una financiación suficiente para cumplir el número de horas de atención mensual establecido inicialmente por la Ley en función del grado reconocido. Se incrementará la financiación del número adecuado de plazas residenciales y centros de día en centros públicos, respetando el espíritu de la ley y que suponía la dotación de infraestructuras y servicios colectivos frente a la ayuda económica para los cuidados familiares. Todos estos centros estarán coordinados con los centros sanitarios y los servicios sociales. Se realizarán inspecciones y controles de calidad en las residencias privadas. Apostaremos por la atención en centros de titularidad y gestión pública directa.

10 10 PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL Contribuiremos a la generación de empleo estable, profesional y vocacional, en el ámbito de la atención a la dependencia, a través de la oferta de servicios de calidad, tanto domiciliarios como en centros asistenciales. Impulsaremos un mayor reconocimiento a la acreditación profesional y la cualificación de todas aquellas personas que han dedicado su tiempo y esfuerzo al cuidado de sus familiares dependientes. Reforzaremos los recursos destinados a atenuar o solventar situaciones de especial necesidad en personas de discapacidad. Fomentaremos la consideración preferente de las personas con discapacidad en el acceso a las ayudas o incentivos previstos en los planes estatales para el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. Reforzaremos la atención especial a los padres de niños con discapacidad, o al cuidador principal en el entorno laboral, en caso de aquellas personas gravemente afectadas para su incorporación al mundo laboral. Impulsaremos programas que promuevan el desarrollo de las habilidades y competencias adecuadas en los padres y madres para el ejercicio de sus responsabilidades de cuidado, apoyo, atención y educación de sus hijos con discapacidad, así como la promoción de un entorno que favorezca y potencie dicho ejercicio. Acercaremos el sistema de prestaciones por dependencia a los ciudadanos a través de los municipios, otorgándoles el liderazgo de la gestión de los servicios Aumentaremos las plazas de residencias para mayores y/o dependientes, así como viviendas tuteladas para mayores, ampliando las horas de asistencia en el hogar. Con el objetivo de favorecer la autonomía personal, potenciaremos los programas de envejecimiento activo, también para mayores con diversidad funcional. Promoveremos el reconocimiento y ayuda para el "cuidador familiar", grandes olvidados en la dependencia, promocionando el Día Nacional del Cuidador familiar. Estableceremos un plan de apoyo integral al cuidador que incluya planes de formación, asesoramiento para la adaptación, así como ayuda psicológica. Estudiaremos recuperar el reconocimiento efectivo del derecho de cotización y paro de los cuidadores. Ampliaremos el derecho al servicio social de respiro o al descanso para personas que atienden familiares con dependencia y/o discapacidad, para mejorar su vida personal, familiar y laboral. Incrementaremos las plazas diurnas en centros ocupacionales y centros de atención a personas con diversidad funcional. Agilizaremos la recepción de las ayudas económicas y técnicas para personas con discapacidad con el objeto de hacerlas inmediatas. Promover mecanismos de financiación adicionales en la atención a la dependencia que se vinculen a la reducción de listas de espera, la incorporación al sistema de todas las personas en situación de dependencia moderada, la mejor calidad del servicio prestado y la creación de empleo de calidad. Priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a los mismos y potenciar la red de centros y servicios, ya que ambas medidas generan empleo estable y garantizan atenciones de calidad a las personas dependientes. Incorporar con carácter inmediato al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia. Compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado de la persona con la invalidez. Excluir de los ingresos computables a efectos de la carencia de rentas, el importe de las becas o compensaciones por la realización de prácticas profesionales laborales de personas con discapacidad. Derogar el incremento del copago en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia introducido en esta legislatura, así como el sistema de incompatibilidades. Revisión de los copagos farmacéuticos. Ley de Autonomía y Dignidad de las personas en situación de dependencia, sus asistentes y sus familias. La nueva ley pretenderá reducir o eliminar la violación cotidiana de los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de dependencia, la grave discriminación económica que sufren junto a sus familias, el patrón de intensa desigualdad de género existente en la economía de los cuidados, la economía sumergida y la explotación laboral a los que conduce el actual sistema. Integrará las reivindicaciones del Movimiento Feminista y del Movimiento de Vida Independiente y reconocerá la labor que desempeñan tanto el tercer sector como los profesionales de los servicios sociales de la Administración. Igualmente apostará por una asistencia personal que se ajuste a las necesidades de las personas y permita llevar adelante proyectos de vida independiente de modo real y efectivo y, asimismo, abogará por esquemas de vida que potencien la permanencia de las personas en su entorno social. Su objetivo será proteger, y a la vez fomentar, la emancipación de las personas en situación de dependencia, así como la de sus actuales cuidadores familiares, mediante una sólida apuesta por una cartera de servicios públicos bien financiados que concreten el reconocimiento de los derechos. Asegurar la atención social de las personas a través de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. Todas las personas tendrán un trabajador/a social de referencia que recogerá sus demandas, realizará un diagnóstico de situación y prescribirá la prestación más adecuada para dar respuesta a su situación de necesidad social. Se proporcionará a las familias que tengan dificultades para atender las necesidades básicas de manutención, protección, cuidado y seguridad de sus miembros, los apoyos necesarios para atender adecuadamente a todos los miembros de la unidad familiar. Ayuda a domicilio a las personas o unidades familiares que necesiten apoyo para atender a menores, que les permita conciliar vida familiar y laboral, o se encuentre en una situación de convalecencia con motivo de una enfermedad. Por tanto, no circunscrita a situaciones de dependencia. Atención residencial a aquellas personas que no puedan permanecer en su domicilio o entorno comunitario, que carezcan de familiares o aún teniéndolos, no pueden prestarle la atención que requiere, ya sean personas con discapacidad, dependencia o avanzada edad. Exigimos el compromiso presupuestario para atender toda la demanda que se produzca en materia de dependencia evitando las listas de demanda y la articulación de un sistema eficaz de atención en situaciones de urgencia.

11 11 PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL Apoyaremos la investigación y la formación en nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, ayudas técnicas, productos, aparatos y dispositivos que puedan contribuir a la vida independiente y a la participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Apoyaremos las acciones formativas, destinadas a personas con discapacidad, en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Aprobaremos una ley básica de Servicios Sociales de ámbito nacional que garantice, con carácter uniforme para toda España, unas prestaciones comunes, y nos permita avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos subjetivos en el ámbito social. Avanzaremos en una mayor armonización del Sistema de Servicios Sociales para alcanzar una mayor cohesión, calidad y equidad en toda la Nación, dotando de carácter vinculante a las decisiones del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Promoveremos la creación de una Oficina de Innovación Social, que coordine las oficinas locales ya existentes para estimular un mayor intercambio de conocimiento y puesta en común de buenas prácticas entre las distintas administraciones, como mecanismo para incentivar la innovación, la evaluación y la mejora de nuestros servicios sociales. Impulsaremos, mediante líneas de crédito independientes, los servicios de vida independiente para desarrollar el derecho de las personas con diversidad a vivir en comunidad. Promocionaremos e impulsaremos la figura de la Asistencia Personal, para todas las personas con discapacidad que necesiten este recurso, para cubrir sus necesidades personales y que sean suficientes para garantizar su proyecto vital. Crearemos y dotaremos de presupuesto, programas de descanso familiar como sistema de apoyo a los familiares que cuidan personas ancianas y menores, enfermas o discapacitadas. Estos programas incluirán la atención nocturna, fines de semana y vacaciones. Habilitaremos un programa específico de acceso a la vivienda tutelada o autónoma para personas con diversidad funcional, potenciando los servicios de asistencia personal, así como fomentar la implantación del uso de la tecnología en las viviendas, siempre que tenga por finalidad la mejora de su autonomía. Plan de choque por la dignidad de las personas en situación de dependencia y sus familias. Durante los primeros cien días de Gobierno se adoptarán las siguientes medidas: 1) Derogar el Real Decreto 20/2012 que ha recortado los derechos efectivos y la financiación de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas. 2) Reponer el nivel acordado y el 13% del nivel mínimo de financiación. 3) Eliminar el "limbo de la dependencia" que afecta a más de personas y exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la ley. 4) Garantizar en los PIA una asistencia personal suficiente y unos derechos para todos los adultos con planes de vida independiente y en todas las comunidades autónomas. Nuevo mapa de servicios sociales. Es necesario una nueva ordenación y configuración de los Servicios Sociales que aseguren unas prestaciones mínimas por territorios, por lo que es necesario aprobar un nuevo Mapa de Servicios Sociales que defina las prestaciones mínimas que deben articularse por territorio: ayuda a domicilio, estancias diurnas, centros residenciales, etc. y los ratios de Atención trabajador/a social de referencia y los ratios de atención equipos interdisciplinares de profesionales. Ratios de atención ayudas a domicilio. Es necesario recuperar los programas de formación y la supervisión dirigidas a mejorar los resultados y lograr una mayor eficiencia en la intervención de los profesionales y por ende conseguir que las personas mejoren su situación personal.

12 12 SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD Vamos a aprobar un modelo de financiación de la sanidad que garantice la cobertura de las necesidades reales, equilibrado y que tenga en cuenta la edad y la dispersión de la población y garantice la igualdad de derechos sanitarios de todos los españoles. Continuaremos desarrollando herramientas que garanticen la continuidad asistencial entre Atención Primaria, Atención Especializada y los Servicios Sociales, orientando la coordinación a la atención de los enfermos crónicos, el perfil más frecuente en el sistema sanitario actual. Garantizaremos la movilidad geográfica de los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud, en equidad de acceso a servicios y prestaciones sanitarias. Reconoceremos el valor sanitario de las asociaciones de pacientes y potenciaremos sus relaciones con las administraciones, por compartir su experiencia con otras familias, por ofrecer acompañamiento a los enfermos; por apoyarles con recursos sociales, psicológicos, económicos y educativos; y por informar y sensibilizar a la sociedad sobre las diferentes enfermedades. Suscribiremos un Acuerdo Marco con las asociaciones de pacientes que mejore su participación en todas las acciones que se desarrollen en el ámbito sanitario y social. Impulsaremos una atención integral y continua de los pacientes como principio irrenunciable de nuestro proyecto social y sanitario Orientaremos el sistema sanitario hacia un modelo que evite la enfermedad, la detecte a tiempo si se produce, y retrase su progreso una vez detectada. Potenciaremos la capacidad de decisión de los pacientes crónicos para afrontar, junto al profesional sanitario, su recuperación y la mejora de su calidad de vida y su bienestar emocional Propondremos un Pacto de Estado al objeto de definir la cobertura sanitaria de población, en el contexto de nuestra pertenencia a la Comunidad Europea. No puede haber diferencias de cobertura poblacional entre las diferentes comunidades. La salud es un derecho y el acceso a la Sanidad no deben estar condicionada por edad, sexo, clase social, domicilio o comunidad autónoma. Favoreceremos mediante dotaciones presupuestarias que los pacientes, con independencia de la Comunidad Autónoma donde residan, puedan acudir a los centros de referencia nacionales (CSUR) donde se tratan las enfermedades más complejas. Adoptaremos políticas que impliquen la promoción del autocuidado y el conocimiento de la propia enfermedad, especialmente en los colectivos con enfermedades crónicas. Implantaremos medidas para el tratamiento y mejora de las personas que padecen fibromialgia y síndrome de fatiga crónica e impulsaremos equipos de tratamiento multidisciplinarios. Promoveremos la investigación de enfermedades raras (poco frecuentes) y estableceremos acciones que eviten su diagnóstico tardío y garanticen una atención adecuada a los pacientes y sus familiares. Adoptaremos el sistema sanitario a la nueva realidad sociosanitaria, estableciendo objetivos nacionales de Salud para dar respuesta al envejecimiento, las enfermedades crónicas, la pluripatología y la fragilidad. Promocionaremos la implantación de la Estrategia de crónicos en todas las CC.AA. Esta estrategia debe ser liderada por Atención Primaria y tendrá un enfoque poblacional que permitirá clasificar a los pacientes por su necesidad de atención y les proporcionará los recursos preciosos. Reconocer como derecho fundamental en la Constitución el derecho a la protección de la salud. Asegurar una Sanidad Pública, Universal, Sostenible y de Calidad, un derecho fundamental que tenga garantizada la suficiencia financiera. El PSOE recuperará el carácter universal de la asistencia sanitaria derogando el RDL 16/2012 con carácter inmediato a su llegada al Gobierno. Concebir la Atención Primaria de Salud como la puerta ordinaria de entrada al sistema sanitario, promoviendo medidas que mejoren el uso de los servicios de urgencia y reforzando también los servicios en la comunidad y domicilio. Impulsar la investigación en la atención primaria con perspectiva de género, especialmente en materias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y discapacidad. Adaptar el sistema sanitario al estado de salud de la sociedad española, teniendo en cuenta, en especial, el envejecimiento y la dispersión de la población, y la cronicidad de las enfermedades. Ello, a su vez, debe ser conjugado con las nuevas tecnologías y la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. Capacitar a las personas con enfermedades crónicas de instrumentos y de formación suficiente para autogestionar su enfermedad y reforzar su autonomía personal. Reforzar el Plan Nacional sobre Cronicidad, impulsado desde la atención primaria, con el fin, no sólo de mejorar su salud, sino también la percepción de sí mismos, así como su autoestima y confianza. Promover nuevas formas de apoyo y de colaboración con los enfermos crónicos que son una de cada cuatro españoles; diseñando un modelo de intervención de "Pacientes Expertos". Es necesario dar voz a las personas con enfermedades crónicas y fortalecer su empoderamiento para fomentar su implicación en la toma de decisiones compartida. Acceso universal a la tarjeta sanitaria. Llevaremos a cabo una modificación legislativa orientada a blindar el carácter universal de la sanidad española. Con ello, garantizaremos que nuestro sistema de salud cumpla con los derechos humanos. Incremento del presupuesto público en sanidad en 8800 millones de euros. Ampliación de la cartera de medicamentos financiados. Ley para la Libre Disposición de la Propia Vida. Aprobaremos una ley que posibilite la libre disposición de la propia vida y que regule el marco de la toma de decisiones al respecto. Igualmente derogaremos el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal. Promoveremos un debate entre la ciudadanía y los profesionales de la salud sobre el grado de autonomía de las personas en la toma de decisiones relativa a los últimos momentos de la vida, acerca del testamento vital y de la muerte digna. Atención/Intervención Temprana pública, gratuita, universal y de calidad. Todas las prestaciones de Atención/Intervención Temprana (A/IT) deben incluirse en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar su universalidad, gratuidad y calidad. La Atención/Intervención Temprana debe ser prestada directamente por los centros públicos de la red sanitaria o por entidades sin ánimo de lucro con una probada experiencia en A/IT, y en ningún caso por empresas privadas. Redactaremos y aprobaremos la Ley Nacional de Atención Temprana a los niños y las niñas. Se reformarán todas las leyes que modificó el RDL16/2012 relativas al derecho a la asistencia sanitaria, dejándolo sin efecto, para garantizar que ningún español ni ningún extranjero residente en España quede excluido. El Sistema Nacional de Salud debe ser capaz de garantizar la atención sanitaria pública a los colectivos sociales afectados por enfermedades raras y minoritarias. Los planes de salud tendrán en cuenta la atención al cuidador y sus necesidades. Se contemplará un enfoque de género en la atención social. Dotaremos a la Atención Primaria de más recursos humanos, formación y tiempo relacionado con la carga de trabajo. Una Atención Primaria eficaz es esencial en el funcionamiento del sistema sanitario. Potenciando la Red de Atención Primaria como eje del sistema de salud, aumentaremos su capacidad resolutiva de forma que se puedan solventar en este nivel un mayor número de procesos asistenciales. Se mejorará la coordinación y comunicación entre el nivel primario y el nivel secundario. Trabajaremos por la consolidación de una Salud Mental pública, adecuadamente financiada y de calidad. Igualitaria en la atención, con establecimiento de servicios de rehabilitación públicos y gratuitos como el resto de los servicios de la red de Salud Mental. Por la elaboración, financiación y ejecución de un Plan de Salud Mental que tenga en cuenta los principios de respeto estricto de los derechos de las personas con enfermedad mental regulando y limitando claramente las situaciones de restricción de derechos (ingresos involuntarios, incapacitaciones, etc.)

13 13 SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD Elaboraremos un estatuto que regule la condición de persona enferma crónica desarrollando sus derechos, prestaciones y características de la atención que ha de recibir. Agilizaremos la incorporación de los nuevos medicamentos que aporten valor sanitario y reduciremos el tiempo de acceso de los pacientes a las nuevas terapias eficaces Apostaremos por las nuevas tecnologías que eviten que el paciente se desplace al centro sanitario de forma innecesaria, simplifiquen la labor administrativa del profesional y permitan un mayor tiempo asistencial. La Estrategia Nacional de Investigación Clínica y Sanitaria, con el objetivo de trasladar los conocimientos generados por nuestros profesionales en la práctica diaria, de continuar implantando nuevas soluciones terapéuticas y de fomentar el crecimiento económico, con el Instituto de Salud Carlos III como institución fundamental de referencia investigadora del Sistema Nacional de Salud. Estrategia Nacional de Investigación de Enfermedades Raras, para la incorporación de innovaciones terapéuticas y farmacológicas, acercando los tratamientos a todos los enfermos en condiciones de equidad y prestando una atención personalizada. Seguiremos avanzando en la definición completa del mapa de recursos que permita a las familias con niños con Enfermedades Raras conocer los diferentes especialistas y centros. Favoreceremos la promoción y prevención, la responsabilidad y la autonomía del paciente en el cuidado de su salud, por medio de las nuevas tecnologías e implantaremos programas de telemonitorización y monitorización a distancia de los enfermos crónicos más severos. Potenciaremos la coordinación de los servicios sanitarios y sociales para ofrecer una atención socio-sanitaria e integrada a los enfermos crónicos, las personas mayores, las que padezcan alguna discapacidad o precisen cuidados paliativos, promoviendo la continuidad asistencial mediante historias clínicas electrónicas integradas. Aumentaremos la atención domiciliaria a los pacientes crónicos con presencia de profesionales sanitarios para garantizar una atención integral continuada, centrada en la persona que permita a los pacientes mantener su autonomía en su domicilio. Desarrollaremos la Estrategia Nacional de Salud Mental para conseguir una gestión integral de la salud mental y la coordinación de todos los servicios sanitarios y sociales garantizando el desarrollo de la programación territorial de los recursos de atención social especializada en salud mental y aumentando las plazas de residencias y centros de apoyo. Crear un sistema específico de detección, atención e investigación para las enfermedades raras y las personas con grandes discapacidades. Considerar las peticiones de las entidades y asociaciones de enfermedades raras en cuanto al tratamiento, prevención, intervención e integración de las personas con este tipo de enfermedad. Avanzar en el conocimiento y visibilización social de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) mediante la actualización de datos disponibles y la investigación pública de esta enfermedad. Mejorar la atención a estos pacientes para ofrecer una cobertura suficiente. Revisar y ampliar el protocolo de ayudas técnicas. Incluir para estos pacientes terapia no farmacológica: fisioterapia, logopedia y psicología. Garantizar la detección precoz de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) y el acceso a un diagnóstico temprano. Promover la investigación y propiciar la transferencia de conocimiento sobre los TEA. Favorecer el acceso a una intervención especializada en las distintas etapas de la vida, incluyendo atención temprana. Proporcionar una atención especializada e integral a la salud (incluyendo a la salud mental), garantizando la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y administraciones implicadas. Rehabilitación y fisioterapia continuadas gratuitas para las personas en situación de dependencia o diversidad funcional. Una buena parte de las personas en situación de dependencia o con alguna diversidad funcional necesita sesiones de rehabilitación y fisioterapia continuada pero no puede asumir su coste. Dada su importancia terapéutica, proponemos que estas sesiones (tras prescripción facultativa) estén incluidas en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar su universalidad, gratuidad y calidad. Aumento y agilización de las prestaciones por material ortoprotésico. 1) Aumentar las cantidades subvencionadas para que las personas con pocos recursos económicos no se vean obligadas a optar por materiales de gama muy baja, como sucede actualmente. 2) Homogeneizar las prestaciones en todas las comunidades autónomas. 3) Permitir que la Administración adelante el dinero tras la aprobación y la presentación de una factura proforma o similar, para que las personas con pocos recursos no se vean obligadas a abonar el importe uy esperar su devolución. 4) Acelerar el proceso de concesión de las ayudas y, en particular, otorgar carácter de urgencia a la cita con un médico especialista cuando se requiera un informe de éste. 5) Abonar lo antes posible los retrasos acumulados actualmente en el sistema. Humanización de la asistencia frente a la medicalización asistencial creciente y aplicando los enfoque psicoterapéuticos y las técnicas de rehabilitación psicosocial. Se desarrollará y consolidará la participación de familiares y usuarios en todos los ámbitos de la asistencia en Salud Mental. Se acabará con la precariedad y marginalidad de la atención a la Salud Mental, garantizando la asistencia por profesionales psicólogos generalistas en el primer nivel de asistencia, atendiendo al paciente en su entorno social y familiar, así como garantizando la continuidad de los cuidados sociosanitarios. Se asegurarán planes de formación continuada específica para profesionales de atención primaria. Se dotará de recursos suficientes al resto de niveles, aumentando el número de profesionales (psiquiatras y psicólogos clínicos) según los estándares europeos. Se garantizará una correcta coordinación e interconsulta entre los distintos niveles asistenciales. Se desarrollarán intervenciones de carácter preventivo y rehabilitador en colectivos especialmente vulnerables: población infanto-juvenil, población penitenciaria, personas con algún tipo de adicción, etc.

14 14 SALUD SALUD SALUD SALUD SALUD Estimularemos la incorporación de la atención psicológica en Atención Primaria. Potenciaremos la atención psicológica en los hospitales para pacientes con enfermedades orgánicas. Potenciar y mantener políticas y programas de salud en las primeras etapas de la vida para poder garantizar un buen desarrollo y disfrutar de una vida plena. Asimismo daremos apoyo a los niños con enfermedades crónicas o de larga duración. Desarrollaremos políticas activas de atención temprana que mejoren la coordinación y permitan el establecimiento de protocolos de detección entre profesionales de atención primaria, así como el acceso de las familias a la atención temprana de calidad. Regularemos los servicios de estimulación temprana y los extenderemos para niños mayores de seis años con diversidad funcional. Estudiaremos también la ampliación de los servicios de psicomotricidad, fisioterapia y logopedia. Reforzar la atención integral, multiprofesional y especializada a los pacientes trasplantados. Crear un espacio de trabajo conjunto y continuado con los afectados por la Talidomida, en el que abordar las medidas de reparación que den respuesta a la situación actual y a las necesidades urgentes de estas personas en España, junto con la exigencia a la compañía farmacéutica responsable la compensación justa a las personas afectadas. Desarrollar una política en el gasto farmacéutico incorporando diferentes procedimientos, entre ellos, el sistema de selección pública para medicamentos y productos sanitarios sin patente; la actualización continua del precio de referencia y el impulso de los medicamentos genéricos. Promover la utilización a escala de avances tecnológicos como los tele-cuidados y la telemonitorización. Garantizar un correcto y adecuado acceso a todos los programas y recursos de salud sexual y reproductiva a las mujeres con algún tipo de discapacidad. Evitaremos la discriminación de las mujeres en los servicios sanitarios, estableciendo protocolos y adecuando las guías de forma específica, incluyendo en las mismas en todas las disciplinas dentro de la Salud. Se buscarán mejores mecanismos de coordinación entre el Sistema de Salud y el Sistema de Servicios Sociales. Buscaremos establecer la interoperabilidad de los sistemas informáticos, que serán de código abierto y titularidad pública, con acceso a los datos significativos que permita compartir la información para establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales, favoreciendo la participación de usuarios y sus cuidadores. En cooperación con trabajadores, usuarios y sus cuidadores se implantarán medidas que palien los desequilibrios ente los sistemas de salud y servicios sociales para resolver la urgencia social del momento, estableciendo desde la atención primaria un plan de coordinación y servicios a largo plazo para desarrollar una red de atención sociosanitaria pública, que garantice la continuidad de atención que las personas deben recibir mediante un plan de cuidados compartido entre ambas redes asistenciales.

15 15 EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN Desarrollaremos iniciativas de educación en igualdad entre niños y niñas para la promoción de la igualdad real de oportunidades, en colaboración con las Comunidades Autónomas. Impulsaremos programas de formación del profesorado en educación para la igualdad y la no discriminación, y de prevención de la violencia. Potenciaremos la formación del profesorado en el conocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad. Vamos a seguir construyendo, junto a la comunidad educativa y las familias, un sistema educativo que aglutine calidad y equidad, en el que se potencie el aprendizaje de competencias para ofrecer las mejores oportunidades y asegurar la atención individualizada y la empleabilidad de los estudiantes. Mantendremos y mejoraremos las pruebas de detección precoz de dificultades en el aprendizaje que ya hemos incorporado con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y con una mayor información e implicación de las familias con la creación de la figura del Consejo Orientador a las Familias. Por ello, nos comprometemos a priorizar un Plan de Mejora de la Educación Infantil que permita la detección temprana de necesidades específicas de apoyo educativo Trabajaremos por una educación inclusiva que atienda a todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Promoveremos la puesta en marcha de un Programa de apoyo y refuerzo para alumnos con necesidades especiales y para alumnos con altas capacidades. Aumentar sustancialmente la proporción de niños de familias menos favorecidas que tienen acceso a una educación temprana (antes de los 3 años). Crearemos una bolsa de profesores para dar apoyo en casa a los niños enfermos que tienen que pasar largas temporadas sin poder ir al colegio. Es una medida sin apenas coste, y que contribuye a la integración de los niños. Creemos que se debe perseguir una flexibilización de los currículos para que puedan adaptarse a las distintas necesidades y capacidades de los alumnos. En este contexto se debe promover que las escuelas, desde una oferta básicamente común, eduquen a niños diferentes en situaciones de enseñanza distintas para alcanzar el máximo desarrollo y formación de cada uno de ellos en un contexto de integración e inclusión. Educación inclusiva (acabar con la educación segregada por razón de diversidad funcional/discapacidad y disponer de una estrategia para disponer y habilitar apoyos efectivos para la atención social y educativa de las personas con diversidad funcional/discapacidad en todo el sistema educativo en España. Garantizaremos que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades y estableceremos que reciban su educación, de la misma forma y en los mismos lugares que las demás personas. Presentar en el seno de la Conferencia Sectorial y en coordinación con las medidas vinculadas a la Ley de dependencia, un programa de apoyo para la escolarización, apoyo al alumnado y apoyo directo a las familias y personas encargadas del cuidado de los alumnos y alumnas con necesidades especiales que así lo precisen. Dotar a los centros con los recursos necesarios para atender a la diversidad de su alumnado. Definir un modelo de diseño y desarrollo del currículo, elaborado por personas expertas y la participación educativa, acorde con la sociedad del conocimiento, que facilite la adaptación de la respuesta educativa en cada centro, con atención a la igualdad y la diversidad, que permita al alumnado y profesionales de la educación superar los retos educativos que plantea una alfabetización múltiple. Incluir en el ámbito de las posibilidades de formación del profesorado la enseñanza del lenguaje de signos, al menos como optativa, con el objetivo de reforzar la integración de personas con necesidades especiales de este tipo. Extender de manera progresiva el primer ciclo de Educación Infantil que permita la compensación de desigualdades de origen. Como primer paso, nos comprometemos a un renovado y ambicioso Plan educa 3, para que, de acuerdo con las CCAA, y los municipios, se incremente la cobertura en la etapa 0-2 y universalice a los niños y niñas de 2 años, incluyendo un sistema de becas para asegurar la gratuidad a los niños y niñas de familias bajo el umbral de la pobreza. Progresivamente se extenderá la gratuidad al resto de la ciudadanía millones de euros para la educación pública: plazas escolares gratuitas y de proximidad para todos los niños y todas las niñas. Fijar la inclusividad, y asegurar la igualdad de oportunidades tras la finalización de la etapa obligatoria. Plan Nacional de Educación Inclusiva. Elaboraremos un Plan Nacional de Educación Inclusiva que reconozca la diversidad del alumnado y garantice su plena integración, tanto en la enseñanza obligatoria como en la postobligatoria. La escolarización del alumnado con diversidad funcional se realizará en centros ordinarios, provistos de los recursos materiales y personales necesarios para su educación. Los centros de educación especial actuales y su personal se integrarán en la red de enseñanza ordinaria, y se podrán establecer como centros de recursos para la educación especial. La formación continua del profesorado en metodologías pedagógicas innovadoras e inclusivas será de obligado cumplimiento. Cada año se programará la financiación del servicio en función del número de alumnos y alumnas y de su ubicación. Igualmente, estableceremos un nuevo proceso de baremación de ratios profesionales/alumnos en la atención educativa del alumnado con necesidades especiales, que tenga en cuenta no solo el número de alumnos y alumnas, sino también sus características personales y familiares, las del centro y, asimismo, las características sociodemográficas del entorno del centro. Integración de las políticas de rescate ciudadano y las educativas, implementando medidas de compensación para garantizar la igualdad, así como la atención a la diversidad y al alumnado con necesidades especiales. Se prestará especial atención a la educación temprana mediante la creación de plazas públicas suficientes de 0 a 3 años. Promover la extensión de la gestión privada de los Servicios complementarios en el ámbito educativo (comedores, limpieza en Centros, intérpretes de lengua de signos, etc.), facilitando la reversión de los ya externalizados y garantizando el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de las contratas actuales. Enseñanza pública, crítica, inclusiva y solidaria: Garantizar la atención a las personas con necesidades especiales. Libro Blanco para la inclusión de alumnos con Diversidad Funcional Intelectual para subsanar las carencias aún existentes. Dotación de plazas de integración en los centros públicos, con una distribución más homogénea. Nivel de apoyo pedagógico suficiente en cada centro con alumnos integrados.

16 16 EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN Seguiremos avanzando en la lucha contra el acoso, con un Plan Nacional de Lucha contra el Acoso, ya se produzca este en la escuela o a través de las redes sociales, facilitando, entre otros, los canales de comunicación y de atención personalizada y profesional para afrontar, con la ayuda de expertos, la respuesta ante estas situaciones. Impulsaremos medidas específicas para prevenir, detectar y combatir cualquier tipo de discriminación, ya sea por razón de nacimiento, origen, orientación sexual, identidad de género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Dentro del Plan Nacional de lucha contra el Acoso, trabajaremos firmemente para conseguir la implicación de toda la comunidad educativa en planes y acciones orientados a fomentar la igualdad. Promover la educación en la igualdad de oportunidades y de trato, el respeto a la diversidad, la convivencia intercultural, la lucha contra el racismo y la xenofobia y la educación en derechos humanos. Aprobar un Plan Nacional de Reactivación de la Educación Inclusiva de Personas con Discapacidad, que contemple planes de atención educativa individualizados que aborden todas las dimensiones de la persona, incluida la educación sexual en personas con discapacidad intelectual. Reforzar el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad dirigido a incrementar el nivel formativo de las personas con discapacidad. Incluir en los planes de estudio universitarios la materia de "accesibilidad universal" en las carreras que se identifiquen (ingenierías, arquitectura, tecnologías ambientales, trabajo social ) Plan de Apoyo a Centros y Equipamientos Escolares. Elaboraremos un plan de centros y equipamientos escolares para asegurar una oferta pública en todos los rincones del Estado. Los centros de nueva construcción contarán con expertos en educación para edificar centros escolares adaptados para la enseñanza, donde se atiendan las necesidades del alumnado con diversidad funcional y, en definitiva, se garanticen las arquitecturas, espacios y tiempos que ayuden al buen hacer tanto del profesorado como del alumnado.

17 17 EMPLEO EMPLEO EMPLEO EMPLEO EMPLEO Las familias en situación de vulnerabilidad seguirán siendo un objetivo prioritario en las políticas activas de empleo. Promoveremos un Plan específico de Empleo para personas con discapacidad, que abarque la formación e incentivos fiscales a empresas para la contratación de personas con discapacidad. Seguiremos fomentando la contratación pública socialmente responsable. Garantizaremos en las políticas activas de empleo el factor de discapacidad, manteniendo y mejorando los avances normativos en vigor, y garantizando mínimos comunes entre las diferentes Comunidades Autónomas. Impulsaremos, mediante la coordinación entre los servicios públicos de empleo y los órganos responsables de la valoración de la discapacidad, la elaboración de itinerarios individuales y personalizados e informes de capacidades, que sean útiles para promover el acceso de las personas con discapacidad al empleo ordinario. Favoreceremos una formación específica para los técnicos de los Servicios de Orientación y Formación Profesional en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los hombres y mujeres con discapacidad. Seguiremos apoyando a las personas con discapacidad que trabajen por cuenta propia. Realizaremos campañas informativas dirigidas a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas empresas, sobre la diversidad de la discapacidad, las capacidades laborales, o las ventajas fiscales y en seguridad social. Fomentaremos el despliegue de un modelo de inserción laboral que garantice el acceso, la permanencia, la promoción y el incremento de los puestos de trabajo en el mercado laboral de las personas con problemas de salud mental, y la continuidad de la financiación de programas y recursos de inserción y acompañamiento al mercado laboral. Promoveremos la implicación de las administraciones locales en la organización y gestión de centros ocupacionales. Aumentaremos los recursos para fomentar la ocupabilidad de las personas con diversidad funcional, tanto en la empresa ordinaria como en los Centros Especiales de Trabajo. Establecer medidas específicas de apoyo al empleo de personas con discapacidad en los pliegos de contratación de bienes y/o servicios de las administraciones públicas. Potenciar los Centros Especiales de Empleo como instrumentos imprescindibles de generación de empleo de calidad para las personas con discapacidad, especialmente los de Economía Social. Elaborar una normativa marco para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, en el marco del nuevo Estatuto de los Trabajadores, que regule, con criterios innovadores, la nueva realidad laboral de la discapacidad española. Promover la Estrategia de Inclusión Laboral , a favor de las personas con discapacidad. Impulsar y priorizar las actuaciones educativas, formativas y laborales y de tratamiento, en especial, los Programas de Tratamiento para condenados por violencia de género, agresores sexuales, internos de régimen cerrado, personas con discapacidad, enfermos mentales, drogodependientes y prevención de suicidios. Recuperar líneas de ayuda en políticas activas dirigidas a la discapacidad, orientadas a favor de las mujeres con discapacidad y a aquellos casos con más baja empleabilidad. Suprimir todas las bonificaciones a la contratación, salvo las dedicadas a las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de género, y destinar la inversión que actualmente se dedica a las mismas a formación para el empleo. Reforzar las actuaciones de la Inspección del Trabajo en la vigilancia del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad. Ley de Inclusión Laboral de Personas con Diversidad Funcional. Promoveremos la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Diversidad Funcional que permita aumentar en un 50% su tasa de actividad a lo largo de los cuatro años de legislatura. Para ello, se propondrá un nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con diversidad funcional que trascienda el vigente y se centre en la atención individualizada a lo largo del proceso de inserción laboral, la promoción de la formación, el apoyo individualizado, la activación de nuevas formas innovadoras de acceso e inclusión laboral, y la discriminación positiva hacia las personas con diversidad funcional con mayor necesidad de apoyo o en situación de exclusión social. Siempre teniendo presente la perspectiva de género. Prioridad del derecho al trabajo y la creación de empleo. Priorizaremos la creación de empleo por encima del resto de objetivos de política económica. Para ello, impulsaremos el cumplimiento del artículo 40,1 de la Constitución española que establece lo siguiente: "los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al empleo". Para impulsar dicho objetivo, aplicaremos una política fiscal expansiva que invierta millones de euros al año durante la próxima legislatura y garantice la recuperación de, al menos, el nivel de ocupación laboral existente antes de la crisis. Cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) vigente en cuanto a política de cuotas laborales: incorporación al trabajo normalizado en empresas de más de 250 personas. Cuota del 5% en las empresas de más de 50 trabajadores. Cuota laboral del 10% para personas con diversidad funcional y cuota mínima del 4% para personas con diversidad funcional intelectual, incluida en la anterior. Las plazas no cubiertas en el segundo grupo no podrán incorporarse al cupo general de diversidad funcional. Cumplimiento imprescindible de la LISMI para la firma de convenios laborales. Realizar un plan especial de incorporación en la Administración Pública, con una primera fase del 2% en 2 años. Reforma de la LISMI de modo que las medidas y certificados de excepcionalidad se extiendan sólo en los casos estrictamente necesarios. Modificar el capítulo de infracciones en la Ley 1/2013 endureciendo las penalizaciones de tal forma que no sea rentable incumplir la Ley. Regulación de los Centros Especiales de Empleo (CEE): Revisión del reglamento y las funciones de los CEE para hacer cumplir su papel de mecanismos de tránsito hacia el empleo ordinario. Establecer un salario mínimo de convenio euros para la figura del operario de los CEE. Que se asegure la vuelta a la situación anterior de los trabajadores de los Centros Ocupacionales y de los CEE que intenten acceder al trabajo normalizado en caso de fracaso del intento. Crear un organismo de control social que supervise el cumplimiento de todas las medidas anteriores.

18 18 ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD Modificaremos la Ley de Propiedad Horizontal para posibilitar que las asignaciones al fondo de reserva de las Comunidades de Propietarios también puedan ser destinadas a las obras de mejora de accesibilidad a las viviendas. Asimismo, promoveremos que las ayudas para este tipo de actuaciones puedan llegar hasta el 70%. Desarrollaremos un Plan de Accesibilidad Cognitiva a entornos, productos y servicios que, además de apoyos tecnológicos, incorpore las técnicas de lectura fácil de señalética. Promoveremos, en particular, un Plan de Accesibilidad a los Centros y Servicios Sanitarios para personas con discapacidad e impulsaremos la coordinación de los recursos cuya actividad repercute en actividades inclusivas, particularmente entre los servicios sociales, los servicios sanitarios y los de entidades locales. Impulsaremos la capacitación de los profesionales en accesibilidad y diseño para todos mediante formaciones prácticas, subvencionadas y asequibles económicamente y con contenidos de calidad. Fomentaremos que las tecnologías se utilicen lo máximo posible para aumentar la independencia de las personas con diversidad funcional. Impulsaremos que la información se presente en diferentes formas. Incluyendo fácil lectura y sistemas especiales para personas con diversidad funcional auditiva o diversidad visual. Por ejemplo, en braille, lengua de signos, pictogramas, etc. Consolidaremos el apoyo público a la mejora de la accesibilidad de las nuevas tecnologías y potenciaremos la creación de empleo para discapacitados, para garantizar en la medida de lo posible su inserción social plena. Introduciremos las materias y asignaturas de accesibilidad e igualdad de oportunidades en todos los grados universitarios y formaciones profesionales. Revisaremos y actualizaremos, a tenor de la normativa y legislación vigente, las licencias y concesiones públicas concedidas, para incorporar los parámetros de accesibilidad e igualdad de oportunidades en todos los pliegos de condiciones y contratos. Introducir en todas las políticas que intervienen en el diseño del espacio público de convivencia el concepto de accesibilidad universal. Mejorar, mediante un Protocolo de Intervención Temprana, la coordinación y colaboración entre los servicios de los diferentes ámbitos implicados: salud, educación y servicios sociales, sistemas de comunicación, desventajas educativas y formativas, barreras físicas en el diseño urbano, medios de transporte, diseño de edificios públicos o viviendas. Aprobar un Reglamento de condiciones básicas de accesibilidad a bienes y servicios de las Administraciones Públicas, en el que se contemple la eliminación de barreras bajo el criterio de Accesibilidad universal. Modificar la Ley 49/1960 de 21 de julio de Propiedad Horizontal para facilitar las reformas dirigidas a asegurar la accesibilidad en los edificios. Promover un acuerdo entre las CCAA para destinar recursos a ayudas para la adaptación de edificios. Crear un Fondo estatal de accesibilidad universal por el cual, del presupuesto ejecutado en obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información, un 1% se destine a la accesibilidad física y tecnológica, en aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Regular la accesibilidad cognitiva para las personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de que puedan entender e interpretar el entorno. Mejorar la accesibilidad auditiva mediante el diagnóstico precoz y la intervención temprana. Creación de un fondo estatal para la accesibilidad universal. Crearemos la Ley del Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal. Dicho fondo se nutrirá del 1% de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a las inversiones de obras públicas e infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con este fondo se financiarán en el conjunto del territorio español los programas y las actuaciones de accesibilidad universal en los procesos, bienes, productos, servicios, transporte, información y comunicaciones, así como en los medios de comunicación social, con el objetivo de que todas las personas con diversidad funcional, en situación de dependencia o con limitaciones comunicativas o cognitivas de cualquier tipo (personas mayores, con analfabetismo funcional, extranjeros, etcétera) puedan ser independientes y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Garantía de acceso al transporte público. Aseguramos el acceso al transporte público y garantizaremos el derecho a la movilidad de todas las personas mediante una tarificación especial o gratuita para la población que se encuentre en riesgo de exclusión social, así como para los parados y las paradas de larga duración. Incluir medidas de accesibilidad universal para personas con diversidad funcional, que no se limiten sólo a la eliminación de las barreras físicas sino también las intelectuales, es decir, adaptar lenguaje y señalización, formularios, leyes, etc., a lectura fácil y pictogramas para PCD intelectual o personas con problemas de lectura y solería podotáctil para personas con discapacidad visual. Accesibilidad universal en las partes comunes de todos los edificios residenciales, exceptuando los edificios con protección estructural o históricoartista que no puedan ser acondicionados sin degradar los valores objeto de su protección. Se establecerá un Plan Nacional con un calendario de implantación. Subvención del 100% de las obras de adaptación de las viviendas y de las partes comunes de los edificios existentes, tanto en rehabilitación integral del edificio, como en adaptación para un residente. Reserva de un 30% mínimo de vivienda plenamente accesible en todas las promociones nuevas y rehabilitaciones, por justicia e igualdad de oportunidades para las personas con movilidad reducida y porque vivimos en una sociedad en progresivo envejecimiento, con un 18,5% de población mayor de 65 años. Desarrollo del Régimen Sancionador en materia de la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras en cada Comunidad Autónoma.

19 19 ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD Apoyaremos la subvención de las obras de adaptación de los locales a estas circunstancias y agilizaremos la recepción de las ayudas para la adaptación o accesibilidad de la vivienda de personas con diversidad funcional. Garantizaremos que los espacios urbanizados, edificios públicos, productos y transportes sean accesibles y seguros. Impulsaremos, especialmente, que el transporte ferroviario y las líneas de bus interurbano, así como los espacios al aire libre sean accesibles. Todo el espacio público debe reunir las condiciones de accesibilidad necesarias para que las personas con diversidad funcional puedan desarrollar su vida de forma independiente como el resto de la sociedad. Por este motivo, promocionaremos el año 2017 como Año de la Accesibilidad Universal en España. Facilitar aquellos medios técnicos que permiten la eliminación de barreras a estos colectivos (audífonos, implantes, etc.) Exigir el cumplimiento de las cuotas de subtitulación, uso del lenguaje de signos y audiodescripción de las cadenas de televisión públicas y privadas. Promover un plan de transporte accesible, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que permita la eliminación de barreras físicas, sensoriales y cognitivas. Desarrollar la Ley 27/2007 de 23 de octubre, que reconoce y regula los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Desarrollar un programa nacional, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para dotar de ascensores a edificios que no dispongan de los mismos y así se de respuesta a familias que tengan limitada la movilidad de sus mayores o de sus miembros con alguna discapacidad, y carezcan de medios para su instalación. Para superar la falta de accesibilidad web se obligará a estándares de accesibilidad plena obligatorios para las administraciones e instituciones públicas, e instituciones y empresas privadas que desarrollen su actividad en España. Incluirá páginas web, en versión escritorio y móvil, y aplicaciones para teléfonos móviles.

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