Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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1 Cámara de Apelaciones - Sala I En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de agosto del año dos mil catorce se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 283 contra la sentencia de fs. 277/282 dictada en los autos RIVERO MANUEL CESAR Y OTROS c/ GCBA s/ IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, expte. EXP 37039/0 y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Carlos F. Balbín, Fabiana H. Schafrik de Nuñez y Mariana Díaz. El juez Carlos F. Balbín dijo: I. A fs. 277/282 el señor juez de la instancia de grado rechazó la demanda entablada por Manuel César Rivero, María del Carmen Silva, Raúl Fernando Paz, Mirta Graciela Barrera, Francisco Pérez, Amalia Villalba y Andrea Salinas contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), con el objeto de que se declare la nulidad del decreto 149/GCBA/2009 y de la disposición 237/DGROC/2009. Para así decidir, sostuvo que resulta determinante para la resolución de la presente acción establecer si el bien objeto de autos pertenece al dominio público o privado de la Ciudad ya que de ello dependerá la viabilidad o no de los planteos efectuados por las partes. Sentado ello, indicó que se encuentra acreditado que el bien inmueble objeto de autos fue adquirido por la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1974 y que desde 1998 se realizaron gestiones tendientes a obtener su desocupación. Además, surge acreditada su afectación a un destino de uso público (jardín maternal), por lo menos desde el acta de transferencia del año 2003 y que esta necesidad pública fue ratificada en el año En tal orden de ideas, concluyó que al considerar que el inmueble de autos es un bien público afectado a un servicio general o comunal [ ] pierden virtualidad los cuestionamientos efectuados por los actores [ ]. Esta decisión dio lugar al recurso de apelación deducido por la actora a fs. 283, concedido a fs. 287 y fundado a fs. 293/304. Se agravió, en lo sustancial, de la desmedida importancia que el a quo le atribuyó, a efectos de la determinación del carácter de bien público, a la intención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de construir en un futuro un jardín maternal donde no existe un proyecto ejecutivo. Al respecto, argumentó que

2 resulta improcedente la calificación como bien de dominio público atento a que no existe una obra pública ya construida. Por otro lado, destacó la falsa causa del Decreto 149/2009 y expresó que no corresponde un desalojo administrativo sino la aplicación del art. 463 del CCAyT en tanto establece un procedimiento específico para los bienes de dominio privado. Finalmente, tildó la sentencia de arbitraria y solicitó la imposición de costas a la demandada. A fs. 309/316 el GCBA contestó los agravios vertidos por la parte actora. A fs. 318/320 vta. dictaminó el Sr. Fiscal de Cámara. A fs. 322 se elevaron los autos al acuerdo de Sala. II. Liminarmente, corresponde recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todas las alegaciones de las partes ni sobre la totalidad de las pruebas producidas, sino sólo respecto de aquéllas conducentes para la correcta solución del litigio (cfr. doctrina de Fallos 287:230, 294:466 y 310:1835, entre otros; y art. 310 del CCAyT). III. Como se desprende del escrito de demanda (fs. 1/5), la parte actora inicia esta acción a fin de que se declare la nulidad del decreto 149/09, mediante el cual se ordena el desalojo del inmueble sito en Moliere 1810 Santo Tomé 5517 de esta Ciudad; y de la disposición 237/DGROC/09, acto que deniega el estudio y posterior visado del plano de mensura particular con destino de usucapión de dicho inmueble (cfr. fs. 1). El argumento central invocado en dicha oportunidad para sostener la ilegitimidad de los actos impugnados fue que contrariamente a lo alegado por el GCBA el bien en cuestión no pertenecería al dominio público de la demandada. En consecuencia, según la accionante, éste habría sido incorporado a su patrimonio por usucapión. Como ya fue señalado, este planteo fue desestimado por el a quo, quien concluyó que el inmueble era un bien del dominio público y, por lo tanto, no podía ser usucapido. Más allá de las extensas consideraciones formuladas por la recurrente, lo cierto es que sus agravios se encuentran orientados, en definitiva, a refutar esa proposición. Adelanto que, a mi juicio, la actora no logra rebatir los fundamentos en los que el juez de grado sustenta su decisión. Como señala acertadamente el a quo, la prueba reunida acredita que el inmueble se encuentra afectado a la construcción de un jardín maternal por el GCBA. Conforme se desprende de las actuaciones administrativas, dicha obra fue incorporada por la Legislatura al presupuesto como obra 55 código único con financiamiento local (ver nota Nº DGIMyE/2003, obrante a fs. 1 del expediente administrativo nº 749/2004). Nótese asimismo, que el 19 de diciembre de 2003, entre la Escribanía General de la Ciudad y la Secretaría de Educación se suscribió un acta de entrega de dicho inmueble según la cual la

3 mencionada Secretaría recibió ese bien para destinarlo a la construcción de un Jardín Maternal (cfr. fs. 22 del expediente administrativo citado). Cabe recordar que los bienes de dominio público son el conjunto de bienes, trátese de cosas muebles o inmuebles, de propiedad del Estado destinados a la utilidad común [ ] trátese del uso común y directo de las personas o cualquier otro de carácter colectivo. También es del caso señalar que la afectación es el acto por el cual un bien es incorporado al dominio público y se le aplica el régimen jurídico consecuente, es decir, el bien es destinado al uso, utilidad, interés o beneficio general de modo directo o indirecto. Estos bienes se caracterizan por ser: a) inalienables, b) imprescriptibles, y c) inembargables. En lo que aquí interesa, he de destacar que la imprescriptibilidad (basada en los arts. 2400, 3951, 3952 y 4019 del Código Civil) supone que ningún particular puede adquirir esos bienes por su posesión y transcurso del tiempo (Balbín, Carlos F., Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2011, Tomo II, p. 873 y ss.; en igual sentido Comadira, Julio R., Escola, Héctor J. y Comadira, Julio P. (coordinador, colaborador y actualizador), Curso de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, Tomo II, p y ss. y Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, Tomo V, p. 261 y ss., entre otros). La imprescriptibilidad de estos bienes ha sido expresamente reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos Vila, Alfredo L. c/ Gobierno Nacional, sent. del 18 de septiembre de 2012 (Fallos 335:1822). En este precedente, la Corte sostuvo que el instituto de la usucapión prescripción adquisitiva solo resulta procedente respecto de bienes de dominio público si se ha acreditado de manera suficiente que mediaron por parte del Estado Nacional actos o hechos que importen su desafectación, extremo que no se verifica en este caso. Ahora bien, la parte actora no ha logrado demostrar que la decisión estatal de afectar el inmueble en cuestión a la construcción de un jardín maternal resulte ilegítima. Ciertamente, tampoco demuestra que el destino referido resulte ajeno a la utilidad pública a la que se encuentran destinados los bienes de dominio público. Vale agregar que el hecho de que no exista a la fecha una obra pública alguna en ese inmueble en nada enerva los argumentos en que se sustenta la sentencia de grado. En efecto, resulta obvio que no es posible ejecutar obra alguna hasta tanto el inmueble sea desocupado; recaudo a cuyo efecto los habitantes del inmueble han sido ya emplazados, sin éxito, por la demandada. La mayor o menor diligencia con que la administración ha arbitrado medidas tendientes a hacer efectiva esa desocupación no genera, en este contexto, derecho alguno en cabeza de la parte actora. Lo decisivo es que dichas gestiones se iniciaron antes de cumplido el plazo de veinte años que requiere la prescripción adquisitiva

4 y que, también con anterioridad a dicho plazo, el bien fue incorporado al dominio público de la Ciudad. A propósito de esto último, contrariamente a lo aducido en el recurso, no se presenta en el caso un supuesto de afectación tácita del bien en cuestión. Resulta claro que la Ciudad ha manifestado de forma expresa e inequívoca su intención de darle al inmueble un uso propio del dominio público, y que como señala el juez de grado han sido los propios actores quienes han impedido hasta la actualidad la efectivización de la obra con su ocupación declarada ilegítima por la Administración (consid. 9). IV. Cabe referirse, por último, a la mención tangencial de la actora sobre la existencia de menores y personas con discapacidad en el inmueble. Más allá de que se trata de un extremo no invocado en la demanda, conviene precisar que la decisión propuesta no supone relevar a la Ciudad de los recaudos que, en caso de corresponder, deba adoptar antes de hacer efectivo el desalojo respecto de los ocupantes del bien (conf. decreto 1128/97). Finalmente, he de agregar que, habida cuenta de los alcances de la cuestión sometida a la decisión del tribunal, no cabe pronunciarse en esta oportunidad acerca de los efectos que, en punto a la ejecución del decreto 149/2009, corresponda atribuir a la medida de no innovar dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 33, invocada por la parte actora. V. En atención a lo hasta aquí expuesto, resulta inoficioso pronunciarse sobre los restantes agravios. VI. Las costas de esta instancia de Alzada se impondrán a la actora por haber resultado sustancialmente vencida (cfr. art. 62, 1º párrafo, CCAyT). Por las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto, se rechace el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia: a) se confirme la sentencia apelada; y b) se impongan las costas a la actora vencida por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 62, 1º párrafo del CCAyT). A la cuestión planteada, la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez dijo: Por los fundamentos allí expuestos, adhiero al voto del juez Carlos F. Balbín. A la cuestión planteada, la jueza Mariana Díaz dijo:

5 Adhiero a los considerandos I, II, III, V y VI del voto del juez Carlos F. Balbín en tanto resultan suficientes a fin de resolver la cuestión bajo examen. En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia citada y normas legales aplicables al caso, y habiendo dictaminado la Sra. Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado. 2) Con costas a la vencida (art. 62 párr. 1º, CCAyT). Regístrese. Notifíquese. Oportunamente, devuélvase. Carlos F. Balbín Juez de Cámara Fabiana H. Schafrik de Nuñez Jueza de Cámara Mariana Díaz Jueza de Cámara

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