Las niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de la violencia.

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1 LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (LEPINA) Ismelda Villacorta de Rivera Introducción Las niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de la violencia. En la forma extrema de violencia encontramos que se reportan más de 12 homicidios a diario en El Salvador, de los cuales, en promedio, dos niñas o niños son víctimas que mueren diariamente. Pero la niñez, la adolescencia y la juventud se ven afectada por otras formas de violencia como: la violencia intrafamiliar, que transcurre en el hogar y que es producto de una cultura del castigo y adultocentrista; por abusos sexuales de adultos o de otros jóvenes, que están íntimamente relacionados con la cultura sexista que priva en nuestra sociedad y por la violencia social o común, que ocurre a diario y afecta a toda la población con efectos graves sobre la niñez. Además, la niñez en El Salvador se ve afectada por la violencia estructural, es decir por la imposibilidad de acceder satisfactoriamente a condiciones dignas de vida, a servicios básicos como la salud, la alimentación y la educación. Igualmente, tales condiciones favorecen la existencia y agudización de fenómenos como la niñez en la calle, maltratos físicos contra niñas y niños, altas tasas de mortalidad y morbilidad infantil, desnutrición, epidemias, explotación laboral de la niñez y juventud, analfabetismo, deserción escolar y delincuencia juvenil. El Estado de El Salvador es el garante principal de los derechos de la niñez y tiene un conjunto de responsabilidades establecidas en las normas nacionales e internacionales relativas a la niñez. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (en lo sucesivo LEPINA) trae consigo, sin lugar a dudas, una interesante perspectiva del estudio y de la protección de la niñez y adolescencia. El régimen legal, es el punto de partida para adecuar acciones, políticas e instituciones, pero sobre todo, para modificar la mirada social sobre la niñez. Esta ley contempla la creación del Sistema Nacional de Protección de Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, que - agrupa a las instituciones que estarán involucradas en políticas y en la ejecución de los programas de atención. En ellas se incluye al nuevo Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), los Comités Locales de Derechos de La Niñez y Adolescencia, las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia y otras instancias. 195 Abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), con estudios sobre herramientas para la evaluación del cumplimiento de los derechos de las y los jóvenes y el diseño de políticas públicas de juventud realizados (a distancia) en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe - CREFAL, México. Investigadora sobre temas de derechos de la niñez, juventud y justicia penal juvenil; representación legal en áreas de familia, penal y penal juvenil.

2 A través de las siguientes líneas pretendemos describir brevemente, algunos aspectos que orientan la LEPINA. Bases Jurídicas Tal y como lo establece nuestra Constitución, uno de los deberes del Estado es garantizar la vida y la integridad física y moral de todos y todas la personas incluidos los niños y niñas; es decir el derecho a no ser maltratados de ninguna forma, torturados o mutilados, a no ser agredidos ni física ni moralmente, a no ser sometidos a tratos crueles o inhumanos; asimismo a garantizar el ejercicio, el goce, la conservación y la defensa de nuestros derechos (Art. 2 inciso, primero). El artículo 34 señala que Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado. La ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia. El Art. 35, inciso primero, señala que El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizara el derecho de estos a la educación y a la asistencia ( ). La Constitución sienta las bases de la protección de la niñez salvadoreña contra la violencia, las cuales son desarrolladas en un conjunto de leyes secundarias. Qué es la LEPINA? 196 Es una nueva ley denominada Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo es la protección del niño, niña y del adolescente, este instrumento legal se ajusta al paradigma (modelo o ejemplo a seguir) de protección integral en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La LEPINA, entró en vigencia parcialmente el 16 de abril de 2010 y su implementación total está prevista para el 1º de enero de La ley reconoce al niño, niña y adolescente como sujeto de derechos a los cuales da contenido; establece mecanismos y procedimientos idóneos para su tutela; construye un Sistema de Protección con instancias jurídicas y administrativas donde hacer valer sus derechos y contiene normas destinadas a incidir en las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los derechos de la niñez. Antecedentes El origen de esta ley se remonta a la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha del 20 de noviembre de 1989, cuyo objeto principal fue transformar las necesidades de niños, niñas y adolescentes en derechos. Por ejemplo, anteriormente se consideraba que la niñez y la adolescencia tenían necesidad de educación y salud con la aprobación de la Convención se crearon los derechos a la educación y a la salud. La Convención fue firmada y ratificada por El Salvador el 26 de enero y el 27 de abril de 1990 respectivamente, constituyéndose desde entonces en Ley de la República, por mandato constitucional, de acuerdo con el Art. 144 de nuestra Constitución. La Convención es el instrumento jurídico más importante, de carácter universal, de protección a los derechos de la niñez y la adolescencia, al reconocer tanto los derechos civiles como los derechos económicos, sociales y culturales que requiere la niñez para su supervivencia y desarrollo integral. Representa un hito importantísimo en las concepciones doctrinarias. En el ámbito de la niñez, hay un antes y un después de la Convención, la cual ciertamente, tiene una gran incidencia en la calidad de vida de las niñas y de los niños. Bajo este contexto se busca transitar de la situación irregular, superación de la doctrina y práctica social y legislativa,, la cual considera a los niños y a las niñas como sujetos de compasión - representación, tutelados por el Estado a la doctrina y práctica de protección integral, la cual reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, capaces de ejercer y exigir las facultades que las leyes les reconocen. Esto implica reconocer su ciudadanía social;

3 la protección integral ofrece mecanismos procedimentales e institucionales que brindan soluciones y respuestas en el ámbito más cercano a las personas, asimismo abre canales para que la ciudadanía participe en la formulación de iniciativas y ejerza control de los asuntos públicos. La situación irregular, se ha definido como: aquella en que se encuentra un menor de edad cuando ha incurrido en un hecho antisocial, como cuando se encuentra en un estado de peligro, abandono material y moral, o padece déficit físico o mental. ; según este concepto la situación irregular, debe tratar a los niños como menores, los cuales deberán ser objeto de tratamientos especiales y sometidos a ciudadanos y medidas de control por su condición social, económica, física o psicológica, por parte del Estado. La situación irregular plantea que los niños por su condición están en riesgo, lo cual justifica la adopción de cualquier medida tutelar aplicada a su persona. En tanto la Doctrina de Protección Integral se erige sobre el respeto de una serie de principios rectores, que constituyen los pilares fundamentales de la LEPINA. Según la Exposición de Motivos, la LEPINA, apuesta por un sistema integral e integrado de protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, proponiendo mecanismos sociales y jurídicos para su protección, lo que se traduce en efectivos procedimientos administrativos y judiciales a través de políticas, planes y programas con la debida participación social; instituciones para denunciar y adoptar medidas de protección; sanciones e infracciones para los responsables de afectar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; así como la institucionalidad necesaria para dar sostenibilidad al sistema. La legalidad de esta Ley, se fundamenta en nueve ejes transversales: Las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos; El rol fundamental de la familia; Principios de interpretación e integración; Equidad de género; Integralidad de los derechos; Eficacia; Corresponsabilidad entre Estado, familia y sociedad; Descentralización; y, Redefinición de funciones judiciales. 197 Composición de la Ley La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, está compuesto por 260 artículos, divididos en tres Libros: Libro I, se refiere a Derechos, Garantías y Deberes, consta de un Título Preliminar que contiene Disposiciones Generales, y dos Capítulos que se refieren a Disposiciones Preliminares del artículo 1 al 8, y Principios Rectores del artículo 9 al 15, respectivamente, además de cinco Títulos, que de manera respectiva se refieren a: a) Título I, Derechos de Supervivencia y Crecimiento Integral, que incorpora dos Capítulos que hacen relación, el primero al Derecho a la Vida, del artículo 16 al 20, y el segundo a la Salud, Seguridad Social y Medio Ambiente, del artículo 21 al 36. b) Título II, Derechos de Protección, que incorpora dos Capítulos que hacen relación, el primero a la Integridad Personal y Libertad, del artículo 37 al 56, y el segundo a la Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, del artículo 57 al 71. c) Título III, Derecho al Desarrollo, que incorpora dos Capítulos, el primero que se refiere a la Personalidad del artículo 72 al 80, y el segundo a la Educación y Cultura del artículo 81 al 91, Título IV Derecho de Participación,

4 que consta de un Capítulo único del artículo 92 al 100, y un Título V, que hace referencia a los Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes. Libro II, se refiere al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual consta de siete Títulos, que de manera respectiva se refieren a: a) Título I, Disposiciones Comunes al Sistema, Capítulo único, del artículo 103 al 108. b) Título II, Políticas y Planes Públicos, que incorpora dos Capítulos que hacen relación, el primero a la Política Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia del artículo 109 al 114, y el segundo a Planes Locales artículo115. c) Título III, Programas, que consta de un Capítulo único del artículo 116 al 118. d) Título IV, Medidas de Protección, que consta de tres Capítulos, que se refieren el primero Disposiciones Generales del artículo del 119 al 123, el segundo a Medidas Judiciales del artículo 124 al 130 y el tercero a Disposiciones Comunes del artículo 124 al 130. e) Título V, que se refiere al Componente Administrativo; consta de cuatro Capítulos, el primero se divide en cuatro secciones. La sección primera hace referencia a los Aspectos Generales (del artículo 134 al 137); la sección segunda retoma el Consejo Directivo (del artículo 138 al 144); la sección tercera sobre la Dirección Ejecutiva (del artículo 145 al 148); la sección cuarta refiere al Régimen Financiero del CONNA (del artículo 149 al 152). 198 El segundo capítulo se refiere a los Comités Locales de Derechos de la Niñez Adolescencia (del artículo 153 al 158); el tercer capítulo se refiere a las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia (del artículo 159 al 168); el cuarto capítulo se refiere a la Red de Atención Compartida, el cual se divide en tres secciones de la siguiente forma: sección primera, Disposiciones Comunes (del artículo 169 al 178), sección segunda, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (del artículo 179 al 192), sección tercera que se refiere a las Asociaciones de Promociones y Asistencia a los Derechos de la Niñez y Adolescencia (del artículo 193 al 198), f) Título VI, de las Infracciones y Sanciones, que consta de dos Capítulos, el primero sobre las Reglas Comunes (del artículo 199 al 200) y el segundo se refiere al Régimen de Infracciones (del artículo 201 al 202). g) Título VII, que se refiere a Procedimiento Administrativo (del artículo 203 al 213). Libro III, de la Administración de Justicia, que incorpora siete Títulos: a) Título I, de la Competencia, consta de un Capítulo único del artículo 214 al 217. b) Título II, de Las Partes, consta de un Capítulo único del artículo 218 al 220. c) Título III, Principios y Actividad Procesal, consta de un Capítulo único del artículo 221 al 224. d) Título IV, Proceso General de Protección, Capítulo único del artículo 225 al 229.

5 e) Título V, Proceso Abreviado, que consta de dos capítulos, el primero que se refiere a Actos Previos a la Audiencia del artículo 230 al 236, y el segundo que se refiere a Audiencia Única del artículo 237 al 240. f) Título VI, Disposiciones Generales, que consta de un Capítulo único del artículo 241 al 247. g) Título VII, Disposiciones Finales, Transitorias, Derogatorias y Vigencia, que consta de un Capítulo único del artículo 248 al 260. Finalidad de la Ley La finalidad de la Ley es garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente en El Salvador, independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se crea a través de la misma un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con la participación de la familia, el Estado y la sociedad, fundamentado en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en El Salvador, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención, en su artículo 1, establece que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad.... Es decir, se considera niño simplemente todo menor de edad. La LEPINA por su parte, distingue entre niño o niña y adolescente. De conformidad con el artículo 3 de tal ley se entiende por niña o niño toda persona desde el instante mismo de la concepción hasta los doce años cumplidos y adolescente es la comprendida desde los doce años cumplidos hasta que cumpla los dieciocho años de edad.. De manera que al margen de la sutileza terminológica en torno a la edad y al límite que marca la niñez de la adolescencia, con anterioridad a la LEPINA se contaba con una protección jurídica específica a favor de las personas menores de edad. Sobre la presunción de niñez y adolescencia, dispone que se presuma niña o niño antes que adolescente, y adolescente antes que mayor de edad según sea el caso. De igual forma en esta Ley, se regulan dentro de las Disposiciones Preliminares: ámbito de aplicación, sujetos obligados, deberes del Estado. 199 Bases Teóricas Principios Rectores Los principios suelen asociarse a las ideas orientadoras de un sistema, en este caso al orden jurídico que ampara a la niñez y adolescencia. Los principios como su denominación lo indica preceden al sistema y se sobreponen a éste. De los artículos 9 al 14 la LEPINA ha recogido varios principios que tienen que estar presentes a la hora de interpretar cualquier norma o situación jurídica que tenga que ver con el menor de edad. El rol primario y fundamental de la familia. El ejercicio progresivo de las facultades. Igualdad, no discriminación y equidad. Interés superior de la niña, niño y adolescente. Corresponsabilidad. Prioridad absoluta. El rol fundamental de la familia La Convención sobre los Derechos del Niño en su preámbulo expresamente se refiere al importante papel de la familia en la garantía de los Derechos del Niño e indica: el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

6 Con la LEPINA se privilegia la familia como el medio natural y primario donde se garantiza el desarrollo y la protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Los padres son los principales responsables de cuidarlos y educarlos. A tal efecto, el Estado tiene la obligación indeclinable e ineludible mediante políticas, planes, programas y acciones de crear las condiciones para que la familia pueda desempeñar su rol de manera adecuada. La familia es responsable, de forma prioritaria, inmediatamente e indeclinable, de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos e hijas. El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres y las madres asuman en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones. Derechos y Garantías (Art. 16 al 100 LEPINA) Los derechos de la infancia y la adolescencia son un reflejo de los derechos de la persona en general, existiendo sin embargo, cierta categoría de ellos que requieren una protección particular dado el carácter vulnerable del menor de edad. Estos derechos se agrupan de la siguiente manera: Derechos de Supervivencia y Crecimiento Integral: Derecho a la vida, salud, seguridad social y medio ambiente. Derechos de Protección: Integralidad personal y libertad y protección de la persona adolescente trabajadora. Derecho al Desarrollo: De la personalidad, educación y cultura. Derecho de Participación. 200 Los Derechos de Supervivencia y Crecimiento Integral se refieren a la protección de la vida en general y de las personas que están por nacer, abarcando la prohibición de experimentación genética y prácticas que atenten contra la vida y el derecho a una vida adecuada, y los derechos a la salud, a la seguridad social y al medio ambiente, haciendo énfasis en los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Se reconocen asimismo, en la categoría de Protección, los derechos a la integridad personal y libertad, la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajador adolescente, garantizando de esta manera la integridad física y moral de las niñas, niños y adolescentes como parte del concepto más amplio de libertad; sobre las peores formas de trabajo infantil y la erradicación progresiva del trabajo infantil, se le da una especial importancia, en el sentido de regular entre otros, la edad mínima del trabajo para adolescentes, regulación que se encuentra relacionada con los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los Derechos al Desarrollo se encaminan a la protección y garantía del libre y pleno desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes acorde a su edad, a esta categoría se aúnan los derechos a la educación y cultura, también haciendo especial énfasis en los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. En relación a los Derechos de Participación, son los que pretenden proteger a las niñas, niños y adolescentes en aquellos aspectos directamente vinculados con la construcción de su ciudadanía, refiriéndose al acceso de la información, a opinar y ser oído, crear su propio criterio a través de la libertad de pensamiento, conciencia, religión y a no ser afectado en su integridad moral por cierto tipo de informaciones y programas radiales, televisivos o escritos. Deberes de las niñas, niños y adolescentes (Art. 102 LEPINA) El niño, niña o el adolescente es un sujeto de derecho con toda la plenitud que despliega su capacidad de goce y en consecuencia, tendrá deberes que ejercerá conforme a su condición de persona.

7 Todos los niños y adolescentes tienen los siguientes deberes: 1. Conocer y defender activamente sus derechos; 2. Respetar y obedecer a su madre, padre, representantes, responsables y maestros; 3. Tratar con respeto y decoro a los funcionarios y empleados públicos; 4. Respetar los derechos y garantías de las demás personas; 5. Respetar y cumplir la Constitución y las leyes de la República; 6. Respetar los símbolos patrios y la diversidad cultural; 7. Reconocer la historia nacional; 8. Cumplir con las obligaciones y deberes escolares y familiares; 9. Proteger y conservar el medio ambiente y hacer uso racional de los recursos naturales; y 10. Cualquier otro deber que se establezca en esta Ley. Sistema de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia El Sistema de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia utiliza dos grandes sistemas: administrativo y judicial, en la Ley se define a este Sistema, como el conjunto coordinado de órganos, entidades o instituciones, públicas y privadas, cuyas políticas, planes y programas tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador artículo 103. Dentro de este sistema participan: a) El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia; b) Los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; c) Las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia; d) Las Asociaciones de Promoción y Asistencia; e) El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia; f) El Órgano Judicial; g) La Procuraduría General de la República; h) La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y, i) Los miembros de la Red de Atención Compartida. 201 Es en el Sistema de Protección donde se hará efectiva la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; se diseñaran y ejecutaran las políticas públicas para la niñez y se cristalizará el principio de la corresponsabilidad establecido en el artículo 113 de la LEPINA. Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), es la máxima autoridad del Sistema, su naturaleza es administrativa con personalidad jurídica y patrimonio propio; tiene autonomía técnica, financiera y administrativa y se relaciona y coordina con los demás órganos del Estado por medio del Ministerio de Educación(Art. 134). El CONNA lo integran las siguientes instituciones: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Ministerio de Hacienda. Ministerio de Educación. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Procuraduría General de la República. Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador. Cuatro representantes de la sociedad civil organizada elegidos por la Red de Atención Compartida dos de los cuales deberán pertenecer a organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos.

8 Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia La exposición de motivos de la LEPINA señala que el elemento articulador del sistema, es la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PNPNA); esto en razón que se constituye como el factor principal a través del cual se relacionan las distintas instituciones que integran al mismo; la Ley lo define como un conjunto sistemático de objetivos y directrices de naturaleza pública cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los programas, son complementos de las políticas y se enfocan en: la protección, atención, restitución, promoción o difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte de las entidades de atención públicas o privadas, todos estos programas deben guardar coherencia con la Política Nacional; estos programas se deben inscribir y acreditar por el Consejo Nacional y se constituyen como el elemento de conexión entre la Red de Atención Compartida y el Sistema Nacional de Protección y de este sistema con los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia Las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia son Dependencia Administrativa Departamentales del CONNA, con autonomía técnica, cuya función primordial es la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito local. El CON- NA debe crear, organizar, mantener y financiar al menos una Junta de Protección. Su composición es de tres miembros, uno de los cuales es abogado. El resto podrá ser trabajador social, psicólogo u otra rama de las ciencias de la conducta. Entre algunas de las competencias de las Juntas de Protección están: 202 a) Conocer en su ámbito de competencia, de oficio o a petición de parte, las amenazas o violaciones individualizadas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; b) Dictar y velar por la aplicación de las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger los derechos amenazados o violados; c) Registrar las medidas de protección dictadas; d) Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones administrativas y penales, de las que tenga conocimiento, cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, y también aquellas cuya atención no sean de su competencia, etc. Los Comités Locales de Derechos de la Niñez y Adolescencia A nivel local, se crean los Comités Locales de Derechos de la Niñez y Adolescencia, lo que significa que todos los municipios deberán formar sus respectivos Comités Locales; su naturaleza es un Órgano Administrativo Municipal, tiene un carácter deliberativo y paritario y son creados por los gobiernos locales con el apoyo técnico y financiero del Consejo Nacional (Art. 153). Son paritarios, pues, están conformado por 6 miembros, uno escogido por el Concejo Municipal (entre sus propios miembros); un representante local del más alto nivel de las instancias de salud pública ; un representante local del más alto nivel de la educación pública y tres representantes de la Comunidad, elegidos por la Red de Atención Compartida con la colaboración del gobierno municipal y de acuerdo al procedimiento y criterios de selección establecidos reglamentariamente por el CONNA. Algunas de sus competencias fundamentales son: implementar y difundir la Política Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia (PNPNA); establecer lineamientos técnicos complementarios a los fijados por el CONNA para la aplicación de la

9 PNPNA en la localidad; proponer las políticas locales en materia de derechos de la niñez y de la adolescencia; evaluar la implementación de las políticas locales en materia de protección de NNA; vigilar la coherencia de las políticas y decisiones y acciones públicas frente al PNPNA y emitir la recomendaciones procedentes. Protección de Derechos Medidas de Protección Son órdenes de obligatorio cumplimiento, dictados en sede administrativa o judicial en caso de amenaza o violación de derechos de niños, niñas y adolescentes, individualmente considerado. La amenaza o violación puede provenir de la acción u omisión del Estado, familia, sociedad o del propio niño. Los tipos de medidas de protección según la LEPINA son: Medidas Administrativas: a) Inclusión de la niña, niño o el adolescente y su familia en forma conjunta o separada, en uno o varios programas. b) Orden de matrícula o permanencia obligatoria en los centros educativos públicos o privados. c) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a la niña, niño o adolescente o a su madre, padre, representante o responsable. d) Separación de la niña, niño o adolescente de la actividad laboral. e) Acogimiento de emergencia de la niña, niño o adolescente. f) Amonestación al padre, madre, representante o responsable. 203 g) Declaración de responsabilidad. Medidas Judiciales: a) Acogimiento familiar b) Acogimiento institucional. Las Medidas Administrativas es competencia de las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, mientras que la aplicación de las Medidas Judiciales es competencia de los Jueces Especializados en Niñez y Adolescencia. Conclusiones Lo más importante de la LEPINA es que propiciará el desarrollo integral de su mayor y mejor capital humano: los niños, niñas y adolescentes, que son ciudadanos sociales, aunque carezcan de ciudadanía política (capacidad para elegir y ser electos) y de ciudadanía civil (capacidad de ejercer con plena autonomía el derecho de establecer compromisos y celebrar contratos). La ciudadanía social significa tener derecho y la capacidad de exigir del Estado el cumplimiento de las garantías necesarias para vivir dignamente. Sólo el reconocimiento de la ciudadanía social de los niños y las niñas permite la reorganización administrativa del Estado, creando canales para que la niñez y adolescencia puedan exigir sus derechos y denunciar situaciones o personas que los violen. Consideramos que la ley puede constituirse en un instrumento contra la violencia y a favor de la paz, pues, permite prevenir las distintas formas de vio-

10 lencia contra la niñez, tanto la ejercida por el propio Estado como por particulares además de reaccionar cuando se generen. La nueva legislación de la niñez y adolescencia contribuye a hacer del consenso y concertación nacional una práctica prioritaria y constante para reducir al mínimo el uso de la violencia y de la fuerza para resolver problemas sociales. 204

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