tml

Transcripción

1 tml DIARIO EL PAIS El enésimo golpe al litoral La nueva norma del litoral había sido vetada por cinco grupos Desde las 16.00, los senadores están debatiendo las enmiendas Juana Viúdez Madrid24 ABR :12 CET4 Sin apenas cambios, y no por falta de debate, el PP aprobó ayer en el Senado su nueva Ley de Costas, polémica porque saca del dominio público unas viviendas y da hasta 75 años más de vida a construcciones que debían comenzar a ser demolidas a partir de La mayoría absoluta de los populares les permitió rechazar los cinco vetos de diferentes partidos que proponían devolver la norma al Congreso y comenzar de nuevo. Todas las formaciones argumentaban que incrementa la inseguridad jurídica, privatiza el litoral o que contradice directivas europeas e informes del propio Gobierno, entre otros asuntos. Los senadores populares defienden la necesidad de modificar la Ley vigente, de 1988, para evitar nuevos algarrobicos en referencia al mastodóntico hotel de Carboneras (Almería) levantado en dominio público e insisten en el poder de revitalización económica de la nueva norma. Estos son los puntos más conflictivos de la nueva ley, que ahora debe ser ratificada en el Congreso, y las razones que el PP esgrimió en el Senado para aprobarla:» Concesiones de hasta 75 años. En nombre de la seguridad jurídica de los compradores, muchos de ellos extranjeros, se amplía el sistema de concesiones para viviendas levantadas en dominio público y que deberían comenzar a demoler en Medio Ambiente estima que serían unas sólo en ese año. Estamos ciegos si no vemos que la costa es motor de inversión. Necesitamos la costa, necesitamos actividades económicas en la costa para generar empleo y riqueza, argumentó el senador Enrique López Veiga (PP).» Devolución del dominio público en dos años. Los propietarios de viviendas que pasaron a formar parte del dominio público con la Ley de Costas de 1988 pueden recuperarlas si acreditan que las tenían inscritas en el Registro de la Propiedad. Una de las pocas concesiones que ha hecho el PP en el Senado garantiza que los propietarios recuperarán la titularidad en dos años.» 12 núcleos amnistiados. Un listado de construcciones que invaden el dominio público quedarán legalizadas, sin que el Gobierno haya expuesto, hasta el momento, los motivos para seleccionarlas. Se quiere reconocer lo que la ley de 1988 no supo hacer porque entonces no tenían servicios, explicó López Veiga.

2 Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja dʹaro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo o El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). En el Senado se han añadido a este grupo Xilxes (Castellón) y Moaña (Pontevedra). Representantes de ambos municipios acudieron al pleno de ayer para presenciar la votación. Si no se hubiera legalizado Moaña habría que arrasar todo el núcleo urbano, explicó López Veiga, que les envió un saludo durante su turno de palabra.» Chiringuitos. Los negocios playeros obtendrán concesiones de cuatro años, en vez de anuales, como ocurría hasta ahora. El senador Antonio Sanz, ponente en nombre del PP, se felicitó por haber conseguido blindar legalmente la actividad de los chiringuitos. Solo en mi región, Andalucía, eso significa empleos en juego, subrayó.» Menos zona de servidumbre. Uno de los últimos cambios aprobados en el Senado reduce en la práctica la zona de litoral protegida de 100 a 20 metros. Las viviendas que se sitúan en esos 80 metros pasarán de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras, a tener todos los parabienes para realizar esos trabajos siempre que se cumpla la normativa de Ayuntamientos y comunidades. El PP insistió ayer en que no se podrá aumentar edificabilidad. Los expertos creen que será muy difícil controlar la actividad y que contribuirá a cementar la escasa franja que queda libre en la costa.» Cláusula antialgarrobicos. Permite al delegado del Gobierno paralizar un plan municipal si afecta a la servidumbre de protección, en la que son competentes las comunidades autónomas. La oposición subraya que se invaden competencias delegadas en comunidades como Cataluña o Andalucía.» Defensa del cambio climático. La Ley permite que las construcciones que invaden dominio público se mantengan, siempre que el mar no les alcance o haya riesgo de que lo haga. Si se considera que esa zona está en riesgo de regresión grave, algo que debe de declarar una orden ministerial, el Estado puede asumir parte de las obras de defensa para protegerlas.» Fiestas en la playa. Se abre la posibilidad de celebrar eventos en playas urbanas en función de su interés turístico, algo cuestionado porque pueden dañar las condiciones de la arena. pontevedra/2013/04/25/ence aplaude nuevaley costas abre puerta continuidad lourizan/ html DIARIO FARO DE VIGO

3 Ence aplaude la nueva Ley de Costas que abre la puerta a su continuidad en Lourizán La empresa reitera su compromiso ʺde continuar creando riqueza y contribuir al desarrollo económico de PontevedraʺE Agustín Hernández insiste en que ʺla última palabraʺ sobre una prórroga la tiene la Xunta b. marquez/ x.taboada pontevedra :37 No por esperada deja de acogerla con ʺsatisfacciónʺ. Ence aplaude la nueva Ley de Costas que ʺabre la puerta a que se pueda mantener su actividad en Pontevedraʺ. Así lo interpreta el propio grupo empresarial que ayer reiteraba su compromiso de ʺcontinuar creando riqueza y contribuir al desarrollo económico de Pontevedra y toda Galiciaʺ. Fuentes de la compañía, poco después de que la nueva normativa legislativa fuese aprobada en el Senado solo está pendiente de su ratificación en el Congreso para entrar en vigorvaloraban la trascendencia del paso dado por los legisladores en tanto en cuanto despeja un camino por el que apuestan de manera clara: la continuidad de la fábrica de Ence en Lourizán. El Senado aprobó ayer, con los votos del PP y la abstención de CiU, la reforma de la Ley de Costas, con lo que ahora solo falta su ratificación en el Congreso para que entre en vigor. La concesión estatal que ocupa la instalación fabril en dominio público terrestre vence en el año 2018 pero, con la nueva ley en la mano, el teórico veto a una prórroga de la Xunta de Galicia podrá obviarse ya que la reforma gracias a una enmienda presentada por el PP contempla que el ʺdeterminanteʺ informe ambiental de la autonomía que debe avalar una hipotética continuidad de la concesión industrial puede ser ignorado en aras del interés general. El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández restaba ayer importancia a esta circunstancia y ponía el acento en que ʺno habrá ninguna prórroga automática para ocupaciones industrialesʺ. Además se aferraba a la tesis de que ʺninguna de las concesiones industriales se va a mantener sin tener en cuenta la opinión de la comunidad autónomaʺ, ha asegurado. Ante el escenario abierto por la relajación de la protección del litoral, Ence subraya que profundizará en su política de buena vecindad lo que se traduce en una creciente implicación social (apoyo al deporte, patrocinio de eventos culturales o actividades escolares) con Pontevedra y su comarca. Ence recordaba ayer que es ʺun ejemplo de excelencia y mejora ambiental en su sectorʺ ya que es una de las dos fábricas de Europa que no utiliza cloro en ninguna fase de su proceso industrial lo que ha permitido mejorar la calidad del

4 efluente de su planta de Lourizán. Además, añaden fuentes empresariales, el grupo que preside Arregui está en pleno proceso de implantación de tecnologías correctora del impacto oloroso y de eliminación de vapores en Ence Pontevedra.Paralelamente ha puesto en marcha un concurso de ideas para mejorar la integración paisajistica de la factoría. Cambios normativos Fueron muchos los cambios introducidos en su tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Costas con respecto al proyecto presentado por el Gobierno, con incluso correcciones del PP sobre sus propias enmiendas. Entre sus novedades, la norma permitirá reducir la zona de protección en zonas rurales, de tal manera que se podrán regularizar los núcleos marineros tradicionales de Galicia y legalizar unas viviendas de forma inminente, y también ampliar por otros 75 años las concesiones para seguir con las actividades industriales en la costa, como podría ser el caso de Ence en la ría de Pontevedra, cuya licencia expira en La reforma posibilitará además dar usos lúdicos con repercusión turística a las playas urbanas y establecer negocios comerciales en los puertos. La oposición en pleno, con la excepción de CiU que optó por la abstencia, asegura que la nueva legislación desprotege el litoral, da prioridad a su uso privado frente al carácter público, amnistía miles de edificaciones ilegales condenadas al derribo, alienta de nuevo el abuso del ladrillo y defiende los intereses particulares de los empresarios. Desastre, barbaridad o de consecuencias imprevisibles fueron algunas de las opiniones vertidas por los distintos partidos. Uno de los cambios introducidos tendrá claros beneficios para Galicia y Canarias, en palabras del senador Enrique López Veiga, uno de los que intervino en un debate de cinco horas de duración. Se trata de la rebaja de 100 a 20 metros a contar desde la línea de playa de la zona de servidumbre, un área de protección con severas restricciones en la que solo se permiten obras de mantenimiento en las edificaciones existentes. Numerosos núcleos marineros tradicionales, por su carácter rural, quedaron ubicados en esta área de protección porque los ayuntamientos no fueron capaces de delimitarlos cuando entró en vigor, en 1988, la actual Ley de Costas. Defensa da Ría promoverá la creación de una plataforma ciudadana de amplio espectro para alertar de los perjuicios ambientales y en la ordenación del territorio que se derivarán de la nueva Ley de Costas y combatir una posible prórroga de Ence en Lourizán al amparo de la nueva normativa que relaja la

5 protección del litoral y abre la puerta a la extensión de los concesiones estatales en dominio público en aras del interés general. La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) celebró ayer en la Galería Sargadelos su asamblea general ordinaria para hacer balance, analizar la situación creada por la Ley de Costas y definir su plan de actividades para este año. La creación de la plataforma cívica será un objetivo prioritario, tal como explicaba ayer el presidente del colectivo ecologista, Antón Masa, que pretende incorporar a colectivos sociales y profesionales, partidos políticos, sindicatos y a todas aquellas personas que estén dispuestas ʺa divulgar cómo afecta la nueva Ley a Ence y a movilizarse contra la pretensión de permanencia de la empresa en Lourizánʺ. En esta misma línea, alertar de los perjuicios de la nueva normativa, la asociación ecologista editará una publicación monográfica. Defensa da Ría se prepara también para la celebración de la cita reivindicativa que es una de sus señas de identidad: la Marcha anual contra Ence que en esta ocasión llevará el lema ʺNon a prórrogaʺ. El 1 de junio es la fecha barajada por Defensa da Ría para la cita. Como es habitual dos manifestaciones partirán desde las alamedas de Marín y Pontevedra para confluir ante las instalaciones de Ence. Por otra parte la Asociación pola Defensa da Ría celebrará su cena anual de confraternidad el próximo 10 de mayo. Los interesados en asistir pueden apuntarse en la sede de la asociación. ACTUALIDAD/SOCIEDAD/SENADO APRUEBA COSTAS APOYO ABSTENCION_ HTML DIARIO IDEAL ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 19:31 El Senado aprueba la Ley de Costas con el apoyo del PP y la abstención de CiU

6 Agencia EFE Madrid, 24 abr (EFE). El Senado ha aprobado hoy, tras un debate de casi cinco horas y con los únicos votos favorables del PP y la abstención de CiU, la reforma de la Ley de Costas de 1988, que evitará la demolición de miles de viviendas y chiringuitos y que la oposición ha rechazado en su mayoría por alentar el ladrillo. La Cámara ha rechazado además cinco vetos presentados por PSOE, IU, ERC, PSC e ICV; y de las 185 enmiendas al texto, el grupo popular solo ha aceptado una de CIU y ha transaccionado otra con este mismo grupo a última hora. En el turno de defensa de los vetos, Miguel Fidalgo (PSOE) ha juzgado que se trata de ʺuna contrarreforma que regala lo público a lo privadoʺ, mientras que Jesús Enrique Iglesias (IU) ha subrayado que el texto establece los cauces para la legalización de la mayor parte de ʺlos desaguisadosʺ e incumplimientos de la ley de 1988, en la época de la burbuja inmobiliaria. Para Joan Sabaté Borrás (PSC), la norma favorece los procesos especulativos en zonas que hasta hoy eran protegidas y de dominio público, mientras que Ester Capella (ERC) la ha calificado de ʺimprudente, gravosa para todos los españoles, y desleal con la Constituciónʺ. Por su parte, Joan Saura (ICV) ha considerado que la ley ʺdesprotege y privatizaʺ y sirve a intereses privados con nombres y apellidos, entre ellos, según ha dicho, el del empresario y exministro popular Abel Matutes. En respuesta a todos ellos, Antonio Sanz Cabello (GP) les ha acusado de ʺhacer política de titulares, construir vetos a base de tópicosʺ y ha considerado un acierto dar mayor seguridad a los cerca de chiringuitos de playas, que solo en Andalucía dan empleo a personas. José María Cazalis (PNV) ha defendido que la reforma pudiera amnistiar bienes registrados hace más de un siglo, y ha vaticinado que habrá muchos problemas jurídicos con la nueva reforma. Para Pere Maluquer (CIU), la ley renuncia a regular qué tipo de costa se quiere en el futuro e invade competencias, en tanto que Narvay Quintero (CC) ha reprochado que no se hayan tenido en cuenta las singularidades canarias y sus núcleos pintorescos. El grupo popular ha vuelto a reiterar el argumento de que el objetivo de esta reforma es poner fin a la inseguridad jurídica que generó la anterior ley y que determinó en su día qué franjas de los casi kilómetros de litoral español, pasaban a ser de dominio público marítimo terrestre con el fin de protegerlas.

7 Las propiedades privadas construidas legalmente antes de 1988 vieron cómo sus terrenos se convertían en públicos y a sus propietarios se les concedía una concesión de disfrute de 30 años. Con la reforma se han ampliado estas concesiones 75 años más. La ley que hoy sale del Senado incorpora algunos cambios que permitirán dar usos lúdicos a las playas urbanas y usos comerciales a los puertos, así como la concesión de 35 años para los puertos deportivos. Asimismo se reduce la franja de protección del litoral de 100 a 20 metros, para núcleos no urbanos que cumplen una serie de requisitos, pero no permite nuevas construcciones en ellos. El texto será ahora remitido al Congreso, donde se votará para su aprobación definitiva. EFE y planificacion urbana/elpleno del senado aprobara hoy la ley de costas_ssrtqoehyrkblv2l794io1/ DIARIO INFORMACION vivienda y planificación urbana El Pleno del Senado aprobará hoy la Ley de Costas Madrid, 24 abr (EFE). El Pleno del Senado tiene previsto aprobar hoy la reforma de una Ley de Costas que persigue, según el Gobierno, acabar con la actual inseguridad jurídica de los propietarios de viviendas e instalaciones construidas en el litoral, pero que la oposición critica porque ʺprivatiza y desprotege la costaʺ. El Senado aprueba la Ley de Costas con el apoyo del PP y la abstención de CiU Madrid, 24 abr (EFE). El Pleno del Senado tiene previsto aprobar hoy la reforma de una Ley de Costas que persigue, según el Gobierno, acabar con la actual inseguridad jurídica de los propietarios de viviendas e instalaciones construidas en el litoral, pero que la oposición critica porque ʺprivatiza y desprotege la costaʺ.

8 Con las enmiendas introducidas por el Grupo Popular en la Cámara Alta, la norma permitirá actividades y eventos lúdicos en las playas consideradas urbanas, y un uso comercial y de restauración en los puertos. El texto endurece alguno de los requisitos para reducir la franja de protección del litoral en aquellos núcleos que sin ser urbanos cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua o suministro de energía eléctrica, e incluye regulaciones específicas para hacer frente a los efectos del cambio climático. De las más de 180 enmiendas presentadas a este texto en el Senado, el Grupo Popular de momento sólo ha aceptado una, de CIU, sobre la reintegración a las personas de la titularidad de propiedad de aquellos terrenos situados en urbanizaciones marítimo terrestres, que dejen de formar parte del dominio público. La futura Ley de Costas modifica la de 1988, y salvará de la piqueta a miles de viviendas y chiringuitos cuyas concesiones, de 30 años, empezarían a extinguirse a partir de Con la reforma se han ampliado estas concesiones a 75 años más. urge reformar leycostas salvar nucleos anaga/ html DIARIO LA OPINION DE TENERIFE Bermúdez urge a reformar la Ley de Costas por Anaga El alcalde teme que haya derribos si el Estado no aprueba la nueva norma antes de que se resuelvan los procesos judiciales por los deslindes de Taganana y Almáciga :54 ELOÍSA REVERÓNEl alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, aseguró ayer que el Ayuntamiento de Santa Cruz está preparado para intentar salvar a los núcleos costeros del municipio de la demolición justificando que estos territorios cumplen con los requisitos establecidos por la nueva Ley de Costas una vez que esta se apruebe. Pero Bermúdez exige al Gobierno central que dicha reforma de la normativa se apruebe lo antes posible porque, debido a que la situación de estos territorios

9 chicharreros está judicializada, si los tribunales dictan ahora mismo una sentencia firme para aplicar la Ley actual, entonces ya no habría solución para Anaga. El regidor se reunió ayer con el presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por La Ley de Costas, José Luis Langa, para analizar qué posibilidades tienen los núcleos de Anaga, como Almáciga, Taganana, Igueste de San Andrés y Roque de Las Bodegas, para salvarse del derribo con la reforma de esta normativa que aún no se ha aprobado. Para el alcalde de Santa Cruz y para Langa lo ʺlógico y deseableʺ es que la nueva norma considerase las singularidades específicas del Archipiélago ʺy su historia vinculada al mar, al igual que lo ha hecho con Formentera y con otros territoriosʺ, para que los núcleos costeros canarios no estuvieran afectados por la Ley de Costas. Pero como parece que esto no va a ser posible, ambos destacaron ayer que por lo menos se ʺha abierto una puerta a la esperanzaʺ con la enmienda del Partido Popular aprobada, con la que se establece la posibilidad de reducir la línea de 100 metros de servidumbre a 20 metros en aquellos asentamientos en los que se cumplan una serie de requisitos, los cuales deben ser demostrados y justificados por los ayuntamientos en el plazo de dos años desde que entre en vigor la Ley. José Manuel Bermúdez dejó claro ayer que ʺel aparato técnico del Consistorio chicharrero ya está haciendo sus deberes y que está totalmente preparado y engrasado para de manera inmediata intentar dar una salida a los núcleos costerosʺ, siempre y cuando se cumplan con los requisitos. ʺY parece, según un primer sondeo, porque hace falta llevar a cabo un trabajo técnico en profundidad, que esto es así. Aunque también es cierto, y debido a que el Estado no tienen en cuenta las singularidades canarias, la última palabra la tendrá Madridʺ, matizó el alcalde. Según la enmienda aprobada, para que los núcleos no clasificados como suelo urbano, pero con planeamiento, puedan salvarse de la demolición tendrán que tener acceso rodado, abastecimiento de agua, suministro eléctrico y evacuación de aguas residuales, y además los asentamientos deben estar consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie. En el supuesto de que no cumplan algunas de estas exigencias, entonces deben estar consolidados en dos tercios de la superficie. ʺY si no hay planeamiento, entonces la edificación tiene que extenderse como mínimo a la mitad de la superficieʺ, explicó José Luis Langa. A partir de la aprobación de la Ley de Costas, será tarea de los ayuntamientos legalizar sus núcleos costeros, recordó el presidente de la Plataforma de Afectados.

10 Pero a pesar de esta posibilidad, y según insistió el alcalde de Santa Cruz, nada podrá hacer el Ayuntamiento chicharrero si la Ley no se aprueba de manera inmediata por parte del Estado. ʺEn nuestro municipio los vecinos sufren una situación difícilmente soportable de incertidumbre hasta que entre en vigor esta nueva normativa, ya que hay sentencias sobre el deslinde que están recurridas, como en los casos de Almáciga y Taganana. Si ahora mismo nos encontramos con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que exija que se aplique la Ley actual, tendríamos un problema legal grave y muy difícil de resolver jurídicamenteʺ, declaró Bermúdez. Por ello, añadió el alcalde, la Corporación local exige al Estado que la reforma normativa se apruebe ya, ʺantes de que esto ocurraʺ, y ʺojalá sea reconociendo nuestras singularidades, pero si no es así, nos conformamos con la enmiendaʺ. ʺLo importante ahora es que esta normativa entre en vigor lo antes posibleʺ, indicó. Bermúdez aprovechó para dar ʺalgo de tranquilidad a los vecinosʺ en el sentido de que el Ayuntamiento ʺya está trabajandoʺ en la legalización de los núcleos costeros, para que desde que se apruebe la Ley, el Consistorio pueda actuar de forma inmediata. Añadió que duda de que todos los ayuntamientos canarios tengan la misma capacidad técnica que el de Santa Cruz para justificar la situación legal de sus enclaves costeros. Sobre las voces críticas que indican que esta situación se podría haber resuelto desde hace años, Langa y el alcalde indicaron que mirar hacia atrás solo les produce ʺdepresión y melancolíaʺ. propiciara celebracioneventos html DIARIO LAS PROVINCIAS VALENCIA La Ley de Costas propiciará la celebración de eventos en la playa al permitir la publicidad La nueva normativa distingue entre playas urbanas, donde permite actividades, y playas naturales, en las que incrementa la protección :15 D. GUINDO VALENCIA.

11 La modificación de la Ley de Costas no sólo salvará del derribo, al menos de momento, unas viviendas de la Comunitat, sino que pretende también, por un lado, incrementar la protección de las playas y, por otro, facilitar la organización de eventos deportivos y otras actividades en la costa, así como su financiación a través de la publicidad y el patrocinio. Concretamente, el nuevo reglamento introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas, las contiguas a suelos urbanizados, y para los tramos naturales de las playas, los ubicados junto a espacios protegidos o suelo rural. Para estas últimas, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente, según la información proporcionada a LAS PROVINCIAS por la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Valencia. Desde la Jefatura de Servicio de la delegación, subrayaron que «reglamentariamente, se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza». En esta línea, se dotará a las playas naturales «de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable». Asimismo, se regulará la ocupación y uso de las playas urbanas «de modo que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común». La publicidad permanente a través de carteles, vallas, altavoces o pantallas seguirá estando prohibida pero, como novedad en la modificación de la ley, se autorizará la publicidad «siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el dominio público marítimo terrestre, y siempre que sea compatible con su protección». Hasta ahora, los técnicos de Costas habían sembrado el pánico entre los anunciantes que financiaban la organización de eventos y competiciones deportivas en las playas valencianas, principalmente en las de la capital del Turia, una situación que hizo intervenir al Ayuntamiento para que estos eventos pudieran seguir contando con financiación. La nueva ley reglamenta esta situación y proporciona una garantía jurídica a patrocinadores y anunciantes de estas actividades, que congregan a un gran número de público y suponen un importante polo de atracción turística y de beneficios económicos. De hecho, según concretaron desde la Concejalía de Deportes, el Consistorio ya tiene previstos un sinfín de eventos en la playa, entre triatlones, travesías a nado y vueltas a pie. Destacan, por ejemplo, los torneos de rugby playa, fútbol playa, futvoley y voley playa, que acogerá la playa de la Malvarrosa en julio. El colofón lo pondrá en septiembre el clásico trofeo de birles, organizado por la

12 Federación de Juegos y Deportes Tradicionales de la Comunitat Valenciana. En esta línea, desde la delegación destacaron también que, por una parte, todos los torneos «son efímeros», y que no originan ningún tipo de daño medioambiental por lo que, una vez finalizados, la playa recupera su aspecto original. Por otra, resaltaron el valor turístico de los mismos y la atracción de público. senado remata la ley de costas solocon los votos del pp DIARIO PUBLICO El Senado remata la Ley de Costas sólo con los votos del PP Los partidos opositores denuncian que desprotege y privatiza el litoral español y que busca los intereses de los empresarios. Ecologistas en Acción ha mostrado su ʺtotal rechazoʺ por una ley que consideran ʺacientíficaʺ y de ʺclaro contenido ideológicoʺ 24/04/ :25 Actualizado: 24/04/ :20 La Manga, en Murcia, vista en la actualidad. EFE El pleno del Senado ha aprobado el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible y de Modificación de la Ley de Costas con la mayoría del Partido Popular y la oposición de todos los grupos parlamentarios menos CiU, que se ha abstenido. Los grupos han presentado cinco vetos a la totalidad del texto y nueve votos particulares. Ahora el texto será devuelto al Congreso de los Diputados, al incorporar nuevas enmiendas. Para Ecologistas en Acción, la medida ʺremata la Ley de Costas de 1988, una ley fundamental en la actual democracia, y con ella se pierde la protección de la costa y gran parte de su carácter público.ʺ El proyecto de Ley ha incorporado la enmienda 131 de CiU, pactada con el PP esta misma semana, por la que se desarrollará reglamentariamente un régimen de ocupación y uso de las playas según su naturaleza. Concretamente, con la introducción de un nuevo apartado al artículo 33 del texto, se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones y se autorizarán ʺúnicamente las que sean indispensables o

13 estén previstas en la normativa aplicableʺ. Además, se regulará la ocupación y el uso de los tramos urbanos de las playas, de forma que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común. CiU se abstuvo mientras que el resto de grupos parlamentario votaron en contraasimismo, mediante la introducción de este nuevo apartado en el artículo 33 del Proyecto de Ley, podrá autorizarse en los tramos urbanos la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los requisitos que se establezcan y, en particular los relativos a superficie y tiempo de ocupación física. También señala que en estos eventos se adoptarán ʺtodas las medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y garantizar el mantenimiento del tramo de playa ʺen el estado anterior a la ocupaciónʺ. Durante el debate del Proyecto de Ley en el pleno del Senado, que se ha prolongado durante casi cinco horas, senadores del Grupo Mixto, Entesa de Progrés de Cataluña y PSOE han defendido en sus vetos que esta es una ley que desprotege y privatiza el litoral español, que busca los intereses particulares de los empresarios, que no ha contado con la participación y consulta de las organizaciones ambientales y que supone una ʺsentencia de muerteʺ para determinados ecosistemas y paisajes costeros, al tiempo que amnistía de forma general las construcciones ilegales. Concretamente, el senador de ICV (de Entesa del Progrés de Cataluña), Joan Saura, ha denunciado que el proyecto ʺabandonaʺ el concepto global de protección del litoral y favorece la especulación y la privatización del dominio público hidráulico, primando los intereses económicos sobre los ambientales y sociales. Además, considera que el proyecto ʺno es más que la continuación de las políticas del Gobierno de abandono de la protección del medio ambienteʺ. Consecuencias impredecibles A su juicio, el texto del Proyecto de Ley no incluye ʺun solo artículo de más y mejor protección del litoralʺ pero sí ʺmultitudʺ de reducción y limitación del espacio público; no crea seguridad jurídica y vulnera las competencias autonómicas. ʺLa Ley del 88 protegía el dominio público frente al interés privado y esta ley protege el interés privadoʺ, ha apostillado. Por su parte, el senador de Entesa de Progress de Cataluña, Joan Sabaté (PSC), considera que el proyecto de ley va a tener unas ʺconsecuencias impredeciblesʺ y un ʺimpacto importante, de mucha gravedadʺ porque significará un daño irreparable sobre el patrimonio natural. ʺEstamos ante una auténtica

14 barbaridad, este es un proyecto que nunca debía haberse presentadoʺ, ha insistido. Un senador de PSC: ʺVa a tener unas consecuencias impredecibles y un impacto de mucha gravedadʺ Mientras, la senadora del grupo Mixto, Ester Capella (ERC), ha defendido el veto de Esquerra Republicana de Cataluña porque el contenido del proyecto es ʺuna traición al título del mismoʺ puesto que favorece la inseguridad jurídica, ampara la destrucción de ecosistemas y mantiene la especulación urbanística. También ha lamentado que en el actual contexto de ʺcontrarreformaʺ del Gobierno, la Ley de Costas ha pasado ʺdesapercibida para la sociedadʺ y ha advertido de los riesgos ambientales que supone que, en definitiva es una ʺsentencia de muerte para determinados ecosistemasʺ. Por otro lado, el senador del Grupo Mixto por Coalición Canaria, Narvay Quintero, ha reclamado un trato diferenciado de la Ley en los archipiélagos canario y balear para respetar los usos y costumbres históricos de sus poblaciones. Por su parte, el senador del grupo Mixto por Asturias, Jesús Iglesias, ha reclamado que cuando se hagan los nuevos deslindes se incluya la valoración de los posibles efectos del cambio climático, igual que el senador de Entesa de Progres de Cataluña Joan Saura, que también ha pedido que no se extiendan las concesiones por 75 años, 15 más que el máximo permitido en la actualidad. Posibles problemas futuros En cuanto al senador del PNV, José María Cazalis, se ha mostrado ʺsorprendidoʺ porque el texto ʺno va en la línea de lo que había defendido el PP antes de llegar al Gobiernoʺ. En todo caso, ha advertido de que ʺva a tener muchos problemasʺ y, al final, ʺlo maloʺ es que esta norma se acabará dirimiendo en los tribunales lo que, en su opinión, será ʺun varapaloʺ para los senadores actuales. En la defensa de la norma, el senador del PP, Enrique López, ha destacado que a CiU le han aceptado ʺbastantes cosasʺ mientras que ha criticado la enmienda 69 del PSOE que plantea ʺsuprimir los poderes del delegado del Gobiernoʺ para suspender acuerdos de las corporaciones locales con los que el grupo de Gobierno considera que se pueden frenar situaciones como el Algarrobico. López ha explicado que el objetivo de estos poderes es tener un mecanismo ágil para evitar estas situaciones, así como ahorrar costes de derribos, lo que no se pudo evitar con la ley de ʺEsta ley no está aquí para proteger situaciones como el Algarrobico y no va a legalizar estas situacionesʺ, ha insistido. Igualmente se ha opuesto a la valoración de ʺdesastreʺ presentada por la

15 oposición y ha asegurado que no se pretenden aumentar los volúmenes en las construcciones, por lo que se ha mostrado en contra de aceptar algunas enmiendas de CiU en ese sentido. El PNV : ʺEl texto no va en la línea de lo que había defendido el PP antes de llegar al Gobiernoʺ El senador del PSOE, Miguel Fidalgo, ha denunciado que esta norma esconde ʺuna gran operación urbanística en el litoralʺ y que no contenta a nadie, por lo que cree que la ʺLey de Cañete será como la de la dictaduraʺ y servirá de operación para quitarle un bien público a los españoles que la democracia les dio a los ciudadanos. Por otro lado, el senador del grupo mixto por AMAIUR, Alberto Unamunzaga, se ha opuesto porque el objetivo es ʺdar un barniz legal a la destrucción de ecosistemas, y fomentar la especulación urbanísticaʺ y porque genera un ʺgran perjuicio ambiental a la costa vascaʺ y pone en peligro algunos ámbitos como Urdaibai, Txingudi, Biotopo de Zumaia, Jaizkibel. Al mismo tiempo, ha calificado de ʺimprudenteʺ al Ejecutivo porque el proyecto va en contra del principio de protección promulgado por al UE y deja estancada la defensa contra los efectos generados por el cambio climático. Mientras, el senador socialista Juan Espadas ha rechazado ʺfrontalmenteʺ el proyecto porque es una ʺpura privatización del suelo litoralʺ que retrotrae a los años 70 de la especulación urbanística que impone el PP ʺcon su rodillo de la mayoría absolutaʺ. Finalmente, el senador Pere Maluquer de CiU ha dicho que la abstención de su grupo se debe a que el texto ʺsoluciona algunos aspectos pero no todosʺ y considera que, en general, adolece de visión de conjunto para ordenar el litoral. Ecologistas en Acción: la Ley de Costas pretende ʺadministrar infractoresʺ Ecologistas en Acción ha expresado su ʺtotal rechazoʺ al proyecto de reforma de la ley de Costas, aprobado este miércoles en el Senado porque pretende ʺamnistiar a infractores de la antigua ley, favorecer intereses particulares y conocidos y favorecer la privatización y negocios en las costasʺ. Así, considera que la nueva Ley de protección y uso sostenible del litoral y modificación de la Ley de Costas no pretende proteger el litoral ni su uso sostenible sino que es una ley ʺacientíficaʺ y de ʺclaro contenido ideológicoʺ. A su juicio, se pierde la protección de la costa y gran parte de su carácter público.

16 Además, subraya que las modificaciones a la norma anterior, de 1988, han sido propuestas ʺpoco a pocoʺ desde la toma de posesión de Miguel Arias Cañete como Ministro de Medio Ambiente, hasta llegar al cambio más ʺpeligrosoʺ porque supone una ʺamnistía a todo el que burló la Ley de Costas vigente hasta ahoraʺ, porque se permitirá que núcleos de población o instalaciones independientes situadas en los 100 metros de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, ʺclaramente infractorasʺ, no tengan que estar más que a 20 metros. ʺSe les considera como suelo urbano por gracia de la nueva Ley que propugna Arias Cañeteʺ, ha indicado la organización en un comunicado. aprueba ley costaspermitira legalizar 8000 viviendas gallegas/ html DIARIO FARO DE VIGO El Senado aprueba la Ley de Costas que permitirá legalizar viviendas gallegas Facilitará la reducción de la zona de protección pero la amnistía no es total La norma sale adelante solo con el voto del PP Para la oposición es un ʺdesastreʺ y una ʺbarbaridadʺ x. a. taboada santiago :37 Xoán Álvarez El Senado aprobó ayer, con los votos del PP y la abstención de CiU, la reforma de la Ley de Costas, con lo que ahora solo falta su ratificación en el Congreso para que entre en vigor. Fueron muchos los cambios introducidos en su tramitación parlamentaria con respecto al proyecto presentado por el Gobierno, con incluso correcciones del PP sobre sus propias enmiendas. Entre sus novedades, la norma permitirá reducir la zona de protección en zonas rurales, lo que permitirá regularizar los núcleos marineros tradicionales de Galicia y legalizar unas viviendas de forma inminente, aunque la amnistía no es total, por lo que afectados de Vilaboa y A Illa continúan con sus protestas. La nueva norma también permitirá ampliar por otros 75 años las concesiones para

17 seguir con las actividades industriales en la costa, como podría ser el caso de Ence en la ría de Pontevedra, cuya licencia expira en La reforma posibilitará dar usos lúdicos con repercusión turística a las playas urbanas y negocios comerciales en los puertos. Por todos los cambios que introduce la Ley de Costas, la oposición la ha rechazado salvo CiU. Asegura que desprotege el litoral, da prioridad a su uso privado frente al carácter público, amnistía miles de edificaciones ilegales condenadas al derribo, alienta de nuevo el abuso del ladrillo y defiende los intereses particulares de los empresarios. Desastre, barbaridad o de consecuencias imprevisibles fueron algunas de las opiniones vertidas ayer por la oposición. Uno de los cambios introducidos tendrá claros beneficios para Galicia y Canarias, en palabras del senador Enrique López Veiga, uno de los que intervino en un debate que alcanzó las cinco horas de duración. Se trata de la rebaja de 100 a 20 metros a contar desde la línea de playa de la zona de servidumbre, un área de protección con severas restricciones en la que solo se permiten obras de mantenimiento en las edificaciones existentes. Numerosos núcleos marineros tradicionales, por su carácter rural, quedaron ubicados en esta área de protección porque los ayuntamientos no fueron capaces de delimitarlos cuando entró en vigor, en 1988, la actual Ley de Costas. Proceso Ahora se les brinda esa oportunidad, la de regularizarlos y además legalizar las viviendas levantadas en esta zona, siempre que no se construyeran después de 1988 y no pese sobre ellas un expediente de derribo. Pero con una serie de condiciones, por lo que no todas las casas se podrán regularizar. La Xunta considera que unas serán las que obtengan la amnistía. Para ello hay dos vías. Los núcleos tradicionales deben contar con abastecimiento, alcantarillado, acceso viario y que un tercio de su superficie esté ya ocupado con construcciones. En caso de incumplir algún requisito de los anteriores, en los ayuntamientos con planeamiento valdría como alternativa tener consolidado dos tercios de su superficie. Y en los ayuntamientos sin planeamientos, la alternativa es tener ocupada ocupada al menos la mitad de su territorio. En todo caso, en estos núcleos que quedan fuera de la zona de servidumbre y pasen a regirse por el ordenamiento urbanístico ordinario, no se podrán realizar nuevas construcciones. El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, reconoció ayer en el Parlamento gallego que los cambios no resolverán el 100% de los casos de

18 viviendas ubicadas en núcleos tradicionales, pero sí ʺla mayor parteʺ. En principio, se beneficiarán casas de forma casi directa. Y aunque la Xunta calculó que en una segunda fase se podrían legalizar otras 4.500, la cifra se tendrá que reducir porque en el trámite en el Senado se endurecieron los requisitos. Para el PSdeG, la nueva ley no nace para solucionar los problemas de los vecinos, sino de los extranjeros con propiedades en el Mediterráneo y de los bancos que tienen sus hipotecas. Afectados de Vilaboa y A Illa busca soluciones en el Parlamento gallego Una veintena de vecinos de Vilaboa y A Illa de Arousa, incluidos sus alcaldes, presenciaron ayer en el Parlamento gallego el debate sobre las repercusiones de la reforma de la Ley de Costas. Pertenecen a dos municipios donde se han levantado casas que quedaron en la zona de protección del litoral y que no todas se podrán legalizar con la nueva norma. Tuvieron un breve encuentro con el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, quien los emplazó a una reunión la próxima semana para intentar buscar una solución a su problema. caja pandora error parchearley Montes ECONOTICIAS Abrir la caja de pandora o el error de parchear la ley de Montes Hemos sugerido que las actualizaciones urgentes (Reglamento de Diligencia Debida, Montes de Socios, etc.), u otras que se consideren necesarias Los ecologistas hemos pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de su Directora General de Medio Rural y Forestal, que desista de reformar la vigente Ley de Montes. Y lo hemos hecho porque sabemos que hay intereses y sectores particulares haciendo cola en las puertas del Ministerio con el mantra qué hay de lo mío. Hemos sugerido que las actualizaciones urgentes (Reglamento de Diligencia Debida, Montes de Socios, etc.), u otras que se consideren necesarias, se

19 incluyan como disposiciones adicionales en otras leyes también anunciadas o en proceso de tramitación, como la ley de Impacto Ambiental o la de Responsabilidad Ambiental. El Ministerio y una parte del sector industrial justifica esta reforma alegando que hay que incentivar la producción y transformación de la madera y que hay que clarificar, simplificar y agilizar los trámites administrativos de la actividad forestal. Bien, esto hay que hablarlo. Pero, como se puede ver claramente en el proyecto, la reforma contempla demandas de sectores económicos, como los cazadores, que han conseguido meter mano en el texto en lugar de pedir una reforma de la pre constitucional Ley de Caza (de 1970) o de la Ley de Tráfico. O se inventa el concepto interés general prevalente para introducir una excepcionalidad a la prohibición de cambio de uso forestal durante 30 años a los terrenos públicos afectados por un incendio forestal. Otro tema que no queda bien resuelto es el régimen de sanciones a los operadores que comercien con madera ilegal. El pasado 3 de marzo entró en vigor el Reglamento de Madera de la UE (el pasado 3 de marzo), que prohíbe la comercialización de productos que contengan madera ilegal en el mercado europeo y obliga a los importadores y comerciantes de madera a establecer un sistema de Diligencia Debida para evitar la comercialización de madera procedente de talas ilegales. La reforma de la Ley de Montes contempla un régimen sancionador que, dada la tipificación de las infracciones, no tendrá ningún carácter persuasivo para evitar el comercio de madera ilegal. Mucho nos tememos que lejos de ser una reforma, la tercera Ley de Montes de los últimos 15 años va a ser un ejercicio de poner parches a la medida de algunos. El Ministerio no ha realizado ningún intento de adaptar la normativa al nuevo paradigma en el que se desenvuelven los montes españoles, ni de incorporar todo el bagaje de gestión, investigación y nuevos retos del sector. La reforma profundiza en los usos maderables del montes, los facilita, olvidando la función ambiental, la conservación de la biodiversidad y los usos sociales. Está pendiente la postura del Ministerio ante la propuesta de la presidenta castellano manchega, María Dolores de Cospedal, que anunció a principios de febrero que los presupuestos autonómicos preveían la privatización de entre un 20 y un 30% de los bosques de utilidad pública de la región para recaudar 45,6 millones de euros. Es cierto que Cañete ha afirmado que la Ley de Montes no

20 facilita la venta de los montes, pero también es cierto que el paso de la Ley de Costas por el Senado empeoró, y mucho, la ya decepcionante y anti ecológica reforma de la ley. Puede garantizar el Ministro que no va a pasar lo mismo con la Ley de Montes? Para parchear una ley, Cañete va a abrir la caja de pandora. Nos tememos que ese parcheo va a ser aprovechado para hacer nuevamente una ley a la medida de unos pocos. Miguel Ángel Soto (@NanquiSoto), responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace ECOticias.com caja pandora error parchearley Montes ECONOTICIAS Abrir la caja de pandora o el error de parchear la ley de Montes Hemos sugerido que las actualizaciones urgentes (Reglamento de Diligencia Debida, Montes de Socios, etc.), u otras que se consideren necesarias Los ecologistas hemos pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de su Directora General de Medio Rural y Forestal, que desista de reformar la vigente Ley de Montes. Y lo hemos hecho porque sabemos que hay intereses y sectores particulares haciendo cola en las puertas del Ministerio con el mantra qué hay de lo mío. Hemos sugerido que las actualizaciones urgentes (Reglamento de Diligencia Debida, Montes de Socios, etc.), u otras que se consideren necesarias, se incluyan como disposiciones adicionales en otras leyes también anunciadas o en proceso de tramitación, como la ley de Impacto Ambiental o la de Responsabilidad Ambiental.

21 El Ministerio y una parte del sector industrial justifica esta reforma alegando que hay que incentivar la producción y transformación de la madera y que hay que clarificar, simplificar y agilizar los trámites administrativos de la actividad forestal. Bien, esto hay que hablarlo. Pero, como se puede ver claramente en el proyecto, la reforma contempla demandas de sectores económicos, como los cazadores, que han conseguido meter mano en el texto en lugar de pedir una reforma de la pre constitucional Ley de Caza (de 1970) o de la Ley de Tráfico. O se inventa el concepto interés general prevalente para introducir una excepcionalidad a la prohibición de cambio de uso forestal durante 30 años a los terrenos públicos afectados por un incendio forestal. Otro tema que no queda bien resuelto es el régimen de sanciones a los operadores que comercien con madera ilegal. El pasado 3 de marzo entró en vigor el Reglamento de Madera de la UE (el pasado 3 de marzo), que prohíbe la comercialización de productos que contengan madera ilegal en el mercado europeo y obliga a los importadores y comerciantes de madera a establecer un sistema de Diligencia Debida para evitar la comercialización de madera procedente de talas ilegales. La reforma de la Ley de Montes contempla un régimen sancionador que, dada la tipificación de las infracciones, no tendrá ningún carácter persuasivo para evitar el comercio de madera ilegal. Mucho nos tememos que lejos de ser una reforma, la tercera Ley de Montes de los últimos 15 años va a ser un ejercicio de poner parches a la medida de algunos. El Ministerio no ha realizado ningún intento de adaptar la normativa al nuevo paradigma en el que se desenvuelven los montes españoles, ni de incorporar todo el bagaje de gestión, investigación y nuevos retos del sector. La reforma profundiza en los usos maderables del montes, los facilita, olvidando la función ambiental, la conservación de la biodiversidad y los usos sociales. Está pendiente la postura del Ministerio ante la propuesta de la presidenta castellano manchega, María Dolores de Cospedal, que anunció a principios de febrero que los presupuestos autonómicos preveían la privatización de entre un 20 y un 30% de los bosques de utilidad pública de la región para recaudar 45,6 millones de euros. Es cierto que Cañete ha afirmado que la Ley de Montes no facilita la venta de los montes, pero también es cierto que el paso de la Ley de Costas por el Senado empeoró, y mucho, la ya decepcionante y anti ecológica reforma de la ley. Puede garantizar el Ministro que no va a pasar lo mismo con la Ley de Montes?

22 Para parchear una ley, Cañete va a abrir la caja de pandora. Nos tememos que ese parcheo va a ser aprovechado para hacer nuevamente una ley a la medida de unos pocos. Miguel Ángel Soto (@NanquiSoto), responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace ECOticias.com reforma ley costas arias canetechange EL PERIODICO.COM ʺ Vas a dejar que urbanicen las pocas playas vírgenes que quedan en España?ʺ Una petición en Change.org pide al ministro Arias Cañete que no modifique la Ley de Costas Miércoles, 24 de abril del :04h. CARLOTA MARZO / Barcelona Una petición en la web de activismo ʹonlineʹ Change.org pide al actual ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que no reforme la Ley de Costas. El cambio lesgilativo rebajaría de 100 a 20 metros la zona protegida delante del mar, por lo que se podrían construir más edificaciones cerca de las costas. La petición explica que la nueva ley llenaría de ladrillo lo poco que la legislación actual ha dejado sin construir. ʺNuestras costas están llenas de pueblos vacíos durante 10 meses al año. Tenemos miles y miles de viviendas vacías esperando a que llegue el agosto. Torres enteras de apartamentos vacíos, suelo destrozado de por vida... Necesitamos más?ʺ, reza la petición. LOS MOTIVOS Por el momento, la petición ha alcanzado firmas. La mayoría de los firmantes que explican sus motivos exponen la degradación del medio ambiente que se produjo durante la burbuja inmobiliaria y que la reforma

23 legislativa podría empeorar. También hablan de la necesidad de conservar un poco de patrimonio sin construir y de restringir la edificación en las costas. EL PERIODICO ʺ Vas a dejar que urbanicen las pocas playas vírgenes que quedan en España?ʺ Una petición en Change.org pide al ministro Arias Cañete que no modifique la Ley de Costas Miércoles, 24 de abril del :04h. CARLOTA MARZO / Barcelona Una petición en la web de activismo ʹonlineʹ Change.org pide al actual ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que no reforme la Ley de Costas. El cambio lesgilativo rebajaría de 100 a 20 metros la zona protegida delante del mar, por lo que se podrían construir más edificaciones cerca de las costas. La petición explica que la nueva ley llenaría de ladrillo lo poco que la legislación actual ha dejado sin construir. ʺNuestras costas están llenas de pueblos vacíos durante 10 meses al año. Tenemos miles y miles de viviendas vacías esperando a que llegue el agosto. Torres enteras de apartamentos vacíos, suelo destrozado de por vida... Necesitamos más?ʺ, reza la petición. LOS MOTIVOS Por el momento, la petición ha alcanzado firmas. La mayoría de los firmantes que explican sus motivos exponen la degradación del medio ambiente que se produjo durante la burbuja inmobiliaria y que la reforma legislativa podría empeorar. También hablan de la necesidad de conservar un poco de patrimonio sin construir y de restringir la edificación en las costas reforma ley costas ariascanete change gobierno considera nueva leycostas intensifica proteccion medioambiental html