ANTECEDENTES DE HECHO

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1 Autos Juicio Verbal nº 162/15 Santander, a 6 de mayo de 2015 Vistos por mí, IÑIGO LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander, los autos de Juicio Verbal nº 162/15, instados por, en su propia representación y defendida por el Letrado Sr. Rodríguez Álvarez, contra., representadas por el Procurador Sr. Calvo Gómez y defendidas por la Letrada Sra. Revenga Nieto, en procedimiento de reclamación de cantidad basada en responsabilidad extracontractual, dicto la siguiente SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: interpuso en su día demanda de juicio verbal contra las demandadas, en la que manifestaba que reside en el piso de Santander, y que el día 27 de mayo de 2014, sobre las 18:20 horas, se disponía a salir del ascensor del edificio en compañía de su esposo cuando observó que el ascensor había quedado detenido antes de llegar al nivel de planta, quedando un escalón de unos cuarenta centímetros. Pidieron auxilio y acudieron dos personas a ayudarles a salir, y en la maniobra de auxilio la demandante se produjo una herida abierta en la pierna al golpeársela contra la arista de la caja del ascensor. La entidad encargada del mantenimiento del ascensor era., y en esa fecha tenía suscrita con S.A. una póliza de seguro de responsabilidad civil. A consecuencia del accidente la demandante resultó con lesiones por las que hubo de permanecer de baja, restándole secuelas al alta, todo lo cual valoraba en la suma de 2.000, por lo que acompañó a la demanda los documentos en que fundaba su derecho, solicitando que se dictara sentencia que, estimando la demanda, condenara solidariamente a ambas demandadas a pagarle la citada suma, así como los intereses legales y las costas causadas en este pleito. SEGUNDO: Turnada a este Juzgado la demanda, se admitió a trámite, dándose traslado de la misma a las demandadas y citando a las partes a juicio, con las prevenciones y apercibimientos correspondientes. Llegado el día comparecieron todas las partes debidamente representadas. La demandante se ratificó en su escrito de demanda y solicitó el recibimiento del procedimiento a prueba. Las demandadas contestaron negando la existencia del siniestro y su responsabilidad en el mismo, ya que la versión inicial de la demandante no coincidía con la expuesta en la demanda y en ella se reconocía que la lesión se había producido por la intervención de terceros, lo que rompía el nexo causal con la anomalía denunciada del ascensor, sin que tampoco se hubiera acreditado su anormal funcionamiento ni fuera creíble teniendo en cuenta que era objeto de revisiones periódicas que no habían detectado ninguna avería. Además

2 impugnaron la reclamación económica por considerar injustificada y excesiva la valoración de la secuela. Acompañaron a su contestación los documentos en que fundaban su derecho, solicitando que se dictara sentencia desestimatoria de la demanda con imposición de costas a la actora. TERCERO: Abierto el periodo probatorio, ambas partes propusieron prueba documental y testifical. Se admitieron todas ellas y se practicaron con el resultado que obra en autos, emitiendo las partes sus conclusiones y quedando los autos vistos para sentencia. CUARTO: En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales vigentes. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: En este procedimiento se ejercita frente a., una acción de responsabilidad extracontractual, que tiene por objeto el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de los hechos descritos en el Antecedente Primero. Los artículos arts. 1089, 1093 y 1902 del Código Civil regulan la responsabilidad extracontractual o aquiliana, que obliga a reparar el daño causado a quien por acción u omisión lo produce, interviniendo culpa o negligencia. Si bien es criterio general en nuestro ordenamiento que quien sostiene la pretensión tiene la carga de probar los hechos en que fundamenta ésta (art. 217 LEC), la jurisprudencia ha ido tendiendo hacia soluciones cuasiobjetivas en el examen de la responsabilidad aquiliana, favoreciendo la inversión de la carga de la prueba. Sin embargo dicha objetivación de la responsabilidad no es absoluta (SSTS , , y , entre otras), en el sentido de que al perjudicado le baste con acreditar la existencia del daño, pues la prueba de la existencia del nexo causal resulta imprescindible tanto si se opera en el campo de la responsabilidad subjetiva como en el de la responsabilidad objetiva (SSTS y ), y el mismo ha de resultar de una certeza probatoria, y no de meras conjeturas, deducciones o probabilidades (SSTS , y ). Es decir, que la carga de probar el nexo causal entre la acción y el resultado dañoso incumbe en todo caso a quien reclama su indemnización (SSAP Cantabria, sec. 2ª, , y sec. 4ª, ). Pero además, y como pone de manifiesto la STS , que reitera la línea argumental seguida por, entre otras, las SSTS , , y , el título de imputación por el cauce del art CC exige acreditar la concurrencia de un elemento culpabilístico en la actuación del demandado, que, pese a la conocida tendencia objetivadora, sigue inspirando al art CC y concordantes. Y atendiendo al caso que nos ocupa, las Audiencias Provinciales resaltan la necesidad de ponderar las particulares circunstancias que concurren en cada caso, analizando el lugar en que la caída tiene lugar, el elemento generador de esa caída, su carácter más o menos permanente o puntual, su señalización, visibilidad o perceptibilidad mayor o menor, así como las personales circunstancias del accidentado (SSAP Barcelona, ; Asturias, ; Guipúzcoa, y León, ). Resulta así de aplicación la teoría de la causalidad adecuada, según la cual para reputar una conducta culposa no solamente debe atenderse a la diligencia exigible según las circunstancias de las personas, tiempo y lugar, al sector del tráfico o de la vida real en que la conducta se proyecta (STS ), sino más concretamente a un pronóstico de la previsibilidad, de forma que para la determinación de la existencia de relación o enlace preciso y directo entre la acción u omisión y el daño o perjuicio producido, y la

3 determinación de si ha habido culpa del agente, el resultado ha de presentarse como una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad, debiendo entenderse como consecuencia natural aquélla que propicia, entre el dato inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados, debiendo valorarse en cada caso concreto si el acto antecedente que se valora como causa tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido. La presente cuestión litigiosa se circunscribe así al análisis de un supuesto normal de responsabilidad aquiliana, debiendo en consecuencia acudirse al criterio de causalidad adecuada, determinando si existe un nexo causal entre la producción del daño y la actuación del demandado, y si ésta puede reputarse del algún modo negligente; sin que resulte aplicable en tales casos el principio de inversión de la carga de la prueba (como generalmente sí ocurre en accidentes derivados de actividades fabriles o industriales), pues existen actividades que por sí no generan un riesgo susceptible de llegar a objetivizar la responsabilidad, y en los que se mantiene el principio general de la carga de la prueba sobre la concurrencia de culpa; requisito que sigue siendo básico en nuestro ordenamiento positivo, pues si bien es cierto que la jurisprudencia ha evolucionado en el sentido de objetivizar tal tipo de responsabilidad, no es menos que deben ser tenidas en cuenta las circunstancias de cada caso, de manera que ha de extremarse la prudencia para evitar el daño, pero sin erigir el riesgo en fundamento único de la obligación de resarcir y sin excluir, en todo caso y de modo absoluto, el clásico principio de responsabilidad culposa; culpa que debe asentarse no en haber puesto cualquiera de las condiciones que intervinieron en el resultado, que por definición tienden al infinito, sino en haber configurado una condición adecuada para su producción o, conforme a la más moderna doctrina de la causalidad, en haber creado una situación de la que el daño creado no es sino una concreción objetiva. Es más, recuerda la STS que es un criterio de imputación del daño al que lo padece la asunción de los pequeños riesgos que la vida obliga a soportar (SSTS y ), o de los riesgos no cualificados, pues riesgos hay en todas las actividades de la vida (SSTS y ). Es decir, en los supuestos en que la causa que provoca el daño no supone un riesgo extraordinario, no solo no procede una inversión de la carga de la prueba respecto de la culpabilidad en la producción de los daños ocasionados, sino que tampoco puede apreciarse responsabilidad en los casos en los cuales la caída se debe a la distracción del perjudicado, o se explica en el marco de los riesgos generales de la vida por tratarse de un obstáculo que se encuentra dentro de la normalidad, o tiene carácter previsible para la víctima. Así lo entendieron las SSTS y en supuestos de caídas en restaurante de clientes cuando se dirigían a los aseos, por escalón que debía ser conocido por las víctimas; las SSTS y en caídas sin prueba de la culpa o negligencia de los demandados; las SSTS y (caídas en la escalera de un centro comercial y en las escaleras de un hotel, respectivamente); SSTS (caída en exposición de muebles por tropiezo con escalón de separación de nivel perfectamente visible) y (caída en un bar); o SSTS (caída en un mercado por hallarse el suelo mojado por agua de lluvia) y (caída a la salida de un supermercado). Por el contrario, la STS precisa que sí existirá responsabilidad cuando la circunstancia generadora del daño sea debida a la omisión de medidas de vigilancia, mantenimiento, señalización, cuidado o precaución que debían considerarse exigibles, pudiendo citarse, en esta línea, las SSTS (caída por carencia de pasamanos en una escalera), (caída en una discoteca sin personal de seguridad), (caída en las

4 escaleras de un gimnasio que no se encontraba en condiciones adecuadas), (caída en unos aseos que no habían sido limpiados de un vómito en el suelo), (caída en una zona recién fregada de una cafetería que no se había delimitado debidamente), o (caída durante un banquete de bodas por la insuficiente protección de un desnivel considerable). En esta línea y con cita de la referida jurisprudencia se pronuncia la SAP Cantabria, Sec. 2ª, La pretensión se dirige igualmente contra S.A., como aseguradora del riesgo que desembocó en el citado siniestro, ya que conforme al art. 73 LCS la aseguradora viene obligada a indemnizar los daños y perjuicios producidos por un hecho previsto en el contrato, de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, y el art. 76 LCS declara que esta obligación es exigible de forma directa, y exonerable sólo si se prueba que medió culpa exclusiva del perjudicado. SEGUNDO: Aplicado lo expuesto a la prueba practicada en estos autos, debe desestimarse la demanda, y ello por la propia narración del siniestro que contiene, indicativa de que en realidad la demandante no se lesionó por tropezar contra el obstáculo imprevisto e inadvertido constituido por el escalón producido entre la caja del ascensor y la planta del edificio al no haberse detenido el ascensor a nivel de planta, sino porque, una vez observado el peligro con la suficiente claridad y antelación como para solicitar auxilio, fueron las personas que acudieron a auxiliarla, o bien la propia demandante, las que con su falta de diligencia provocaron que se golpeara una pierna contra una arista de la caja del ascensor, causándose así la lesión por la que reclama. Ciertamente la versión sostenida en la demanda no ha sido eficazmente corroborada por la prueba practicada, pues no se ha identificado ni por tanto podido escuchar a esas dos personas que ayudaron a la demandante a salir del ascensor, ni tampoco se ha propuesto la declaración de su marido, y el único testigo propuesto por la demandante,, manifestó que cuando llegó ella se encontraba todavía dentro del ascensor y ya caída y sangrando, y con la sola compañía de su esposo, sin que hubiera más personas con ellos, y que ella solamente le había explicado que se había caído al intentar salir del ascensor. Pero como es esencial respetar los hechos que fundamentan la pretensión, pues solo así cabe cumplir con los principios de derecho de defensa y contradicción del demandado y de congruencia en el dictado de la resolución, y por tanto no cabe admitir ninguna mutación esencial de los mismos (como ocurriría en este caso de aceptar que la demandante tropezó con el escalón al salir del ascensor porque no lo vio, en lugar de atenerse a lo relatado en la demanda), habrá que concluir que no fue la eventual situación de peligro creada por el anormal funcionamiento del ascensor la causa eficiente de las lesiones sufridas por la demandante, sino la falta de diligencia propia o de terceros al tratar de sortear ese obstáculo ya advertido con la suficiente claridad y antelación, lo que evidentemente rompe todo nexo causal con la existencia de ese obstáculo y con ello invalida el título de imputación dirigido contra las demandadas, pues según la línea jurisprudencial citada en el Fundamento precedente no puede apreciarse responsabilidad en los casos de caídas debidas a la distracción del perjudicado o a obstáculos previsibles, como fue el caso. En este sentido la SAP Cantabria, sec. 4ª, , aclara que si bien la LEC admite cierta flexibilidad en cuanto a la introducción de hechos nuevos o de nuevo conocimiento en el proceso ordinario al objeto de adaptar el procedimiento a las distintas circunstancias que se producen en la relación fáctica durante la tramitación del mismo, y así los arts. 412 y 426 permiten la aclaración y rectificación de extremos de las pretensiones y la alegación de los denominados hechos nuevos o de nueva noticia, ello tiene como límite que no se produzca

5 una verdadera " mutatio libelli", es decir, que no se altere en lo sustancial las pretensiones de las partes ni sus fundamentos, principio que la jurisprudencia vincula al de la prohibición de indefensión. Además es sabido que la causa de pedir tiene un componente jurídico que la conforma y sirve de límite a la facultad del juez de aplicar a los hechos el derecho que considere más procedente, ya que el art LEC, tras declarar que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito, y que harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, faculta al tribunal a resolver conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes, pero siempre con el límite de no apartarse de la causa de pedir ni acudir a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer. Por ello la jurisprudencia admite la posibilidad de introducir en el trámite del art LEC un cambio en la calificación jurídica de los hechos en los supuestos de error o imprecisión de la parte, si bien este cambio debe extraerse de los propios hechos alegados y conformados, en cuanto han podido ser objeto de discusión sin alterar los términos del debate y siempre que no haya podido causar indefensión a cualquiera de los litigantes, lo cual en el caso de autos no ha sido respetado por la demandante. TERCERO: De conformidad con el art LEC procede condenar en costas a la demandante, dada la íntegra desestimación de la demanda. Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación FALLO Que DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta en su día por, DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a. y a. de todas las pretensiones formuladas contra ellas en el presente procedimiento, y DEBO CONDENAR y CONDENO a a pagar todas las COSTAS causadas en el mismo. Notifíquese a las partes la presente resolución. Hágaseles saber que conforme a la nueva redacción del art LEC llevada a cabo por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, con arreglo a la Disposición Transitoria Única de dicha Ley 37/2011, y según Acuerdo de la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Santander de 10 de noviembre de 2011, al tratarse de un pleito cuya cuantía no excede de 3.000, frente a la misma NO CABE INTERPONER RECURSO alguno. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo

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