VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración: Democracia y Buen Gobierno

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1 1 La e-administración y la cooperación entre niveles de gobierno en España. Las relaciones interadministrativas y la interoperabilidad dentro del Estado autonómico (y la Unión Europea). Elena Casarrubios (URJC) y J. Ignacio Criado (UCM) Uno de los temas que más llama la atención en la actualidad de los estudios sobre Administraciones Públicas se refiere a la influencia que están ejerciendo las Tecnologías de información y Comunicaciones en su forma de trabajar. Su uso ha estado determinado por una necesidad de adecuación de las estructuras actuales al medio telemático, a través del que se prestan los servicios administrativos. En este contexto ha sido necesario definir un cierto nivel de coordinación en estas estructuras para que la labor administrativa se realice de forma eficaz, teniendo en cuenta las nuevas exigencias de autonomía para las Comunidades Autónomas desplegadas desde la aprobación de la Constitución española de 1978, que desembocaron en la existencia de desarrollos tecnológicos autónomos e independientes. La ponencia se adentra en el problema de la interoperabilidad planteando que no se trata de algo nuevo, sino que la colaboración interadministrativa en temas tecnológicos se ha ido institucionalizando durante los últimos años, tal y como lo demuestra la variedad de organismos y proyectos desarrollados, si bien ha pasado por diferentes etapas vinculadas a la coyuntura política. En todo caso, este análisis permite una aproximación más detallada a las posibilidades de consolidación de una coyuntura crítica, en tanto que la Unión Europea ha formulado recientemente un marco europeo de interoperabilidad, que era reclamado por las administraciones públicas de los estados miembros, incluyendo las españolas. En ese sentido, se esgrime que la experiencia de cooperación interadministrativa en materia tecnológica dentro del Estado de las autonomías puede ser una buena base para consolidar los avances esperados en la e-administración y que, en gran medida, se asocian a la interoperabilidad y los estándares formulados desde instancias europeas. 1. Presentación del problema El concepto de interoperabilidad asociado a la e-administración es algo nuevo para las administraciones públicas españolas? No habían colaborado en materia tecnológica antes de que en los últimos años se haya extendido el término interoperabilidad unido al de e-administración? En esta ponencia se defiende que si por interoperabilidad se entiende, entre otras cosas, colaboración interadministrativa en materia tecnológica, entonces no se puede considerar que haya sido ajena a la realidad político-administrativa española. No obstante, hay que apuntar que durante los últimos años este tema ha cobrado un notable impulso como consecuencia de la toma de conciencia de las limitaciones para el desarrollo de la e-administración si no se explora esa cooperación entre diferentes niveles de gobierno. Teniendo en cuenta esto, resulta de gran interés abordar los momentos que ha vivido la cooperación tecnológica en el Estado de las autonomías, en cierta medida paralelos a los avatares de su propia consolidación, de cara a despejar el camino para entender las limitaciones y posibilidades con que cuenta el actual marco europeo de interoperabilidad desarrollado por la Unión Europea a partir de 2004, que se espera sea el punto de arranque de una nueva visión de cooperación tecnológica entre las administraciones públicas españolas. La Constitución Española (CE) de 1978 puso en marcha nuevos mecanismos de organización y producción normativa que afectaron tanto a la distribución territorial como a la definición de los organismos participantes en la toma de decisiones desde un plano político y administrativo. En primer lugar, surgió una clara necesidad de adaptación progresiva a los estándares marcados por la Comunidad Económica Europea (CEE) (Aja, 1999). Por otro lado, se creó un nuevo modelo territorial que primó el papel de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y sus aparatos administrativos como actores de un proceso por el que el Estado renunciaba al ejercicio directo de competencias atribuidas a partir de este momento a aquéllas y, en menor medida, a los entes locales (Gallego, Gomá y Subirats, 2003). Precisamente, estas nuevas relaciones justificaron en parte la importancia creciente que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) desempeñaron, en tanto que además de que la gestión de las políticas ha requerido su utilización de una manera cada vez más amplia, las propias relaciones entre las organizaciones públicas sería impracticable sin fomentar redes que, a primera vista, se intuye que requieren al menos determinados estándares comunes y ciertas bases de cooperación desde un plano tecnológico.

2 2 El objetivo principal de esta ponencia consiste en bucear en el problema de la interoperabilidad para fomentar la e-administración teniendo en cuenta la experiencia de las relaciones de cooperación en materia tecnológica desarrolladas por las administraciones públicas españolas. Aquí se asume que el término interoperabilidad (entendida al menos como la propiedad mediante la cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar información y procesos técnicos o datos) no es algo completamente nuevo, sino que ha estado presente de una u otra manera en los diferentes esfuerzos realizados por establecer un marco mínimo de cooperación en materia tecnológica. De hecho, se trataría de un problema que se sitúa en el origen de las TIC, ya que la comunicación entre sistemas requirió desde sus orígenes unos medios que compartieran unos protocolos y estándares comunes. La importancia de la interoperabilidad en el momento actual es enorme. Si bien es cierto que algunos estudios dieron cuenta de algunas de sus facetas en diferentes contextos, la literatura académica que aborda este objeto de estudio desde una perspectiva politológica es prácticamente nula (Alabau, 2004; Heeks, 1999; Leitner y Criado, 2005; Snellen, 1991). A nivel internacional se han publicado hace poco determinados trabajos que abordan la cuestión de la interoperabilidad desde un plano meramente tecnológico. Muy pocos son los que se acercan a ella teniendo en cuenta una perspectiva que asuma la vertiente político-administrativa del problema o, al menos, tratando de encarar los orígenes de la colaboración tecnológica para identificar patrones de cooperación. La ponencia opera mediante una consideración inicial de los orígenes de la cooperación tecnológica entre las administraciones públicas, poniendo un acento especial en la evolución que han experimentado las TIC en los últimos años, de cara a justificar la necesidad de esas relaciones. Después, se hace una consideración del caso español, planteando las diferentes etapas de la colaboración tecnológica entre las administraciones públicas dentro del Estado de las autonomías, que asumió parte de la experiencia anterior desarrollada por la Administración central en esta materia, de manera que se identifican los diferentes organismos y proyectos a través de los que se ha ido institucionalizando una cultura orientada a la cooperación. La ponencia trata de responder más tarde a la pregunta sobre la existencia de una coyuntura crítica en el momento actual, en tanto que después de un período de crisis, las diferentes administraciones públicas españolas (con el empuje de las instituciones europeas), están subrayando la necesidad de articular mecanismos de interoperabilidad en diferentes niveles (organizativo, tecnológico y semántico), para explotar adecuadamente todas las posibilidades de la e-administración. Finalmente, la conclusión resume los puntos más destacados y abre algunas líneas de reflexión para el futuro. 2. Los orígenes y la necesidad de cooperación tecnológica entre las administraciones públicas Las siguientes páginas abordan los orígenes de la cooperación tecnológica entre las administraciones públicas españolas, teniendo en cuenta las necesidades relacionadas con las nuevas TIC, que llevaron a concretar de diferentes maneras tales relaciones dentro del Estado autonómico. Los orígenes de la cooperación tecnológica en España se sitúan en la Administración central, que ha incorporado tecnologías de información desde los años 1960, lo que llevó a concretar algunos mecanismos incipientes para atender las diferentes necesidades de las unidades ministeriales. A su vez, el crecimiento de los sistemas que operan a través de redes de comunicaciones ha sido muy notable, de forma que ello supuso la aparición de un importante caudal de estándares y protocolos comunes. Además, sin la propia existencia de las TIC no sólo no se podría haber llevado a cabo el proceso de transferencias que caracteriza al Estado autonómico, sino que las administraciones públicas seguirían empleando métodos de la burocracia tradicional vinculados a la era industrial. Tradicionalmente los actos emanados de las administraciones públicas se realizaban después de largas consultas, entrevistas y audiencias, traducidas en su formalización ritual en documento escrito: el papel. La historia de las instituciones político-administrativas en España está reflejada en multitud de expedientes que se encuentran recogidos en los archivos históricos y de los ministerios. La transparencia del acto administrativo era entonces nula: el ciudadano no sabía dónde se encontraba la comunicación que había enviado a la organización correspondiente hasta que no había pasado el tiempo. Por no hablar de la cantidad de papel que había supuesto no solo el requerimiento, sino también la que supondría ir añadiendo adendas al documento inicial. Otra consecuencia fue el tratamiento físico del acto administrativo, ya que los documentos se desplazaban entre diferentes unidades administrativas y organismos, aumentando la posibilidad de que el documento se perdiera en el camino o sufriera alteraciones respecto a su composición original (Martínez, 1984). Todo ello representaba estructuras jerarquizadas en las que las decisiones se adoptaban de arriba a abajo asociadas a la circulación de papel desde la cúspide hasta la base operativa, delimitando un tipo de organización propio de la era industrial (Mintzberg, 1999). Todos estos problemas tradicionales estuvieron presentes en el origen y formulación de las diferentes reformas administrativas en España desde mediados del siglo pasado. Cuando López Rodó en 1957 comenzó a trabajar en la reforma de la administración pública española, tal y como atestiguan

3 3 publicaciones como la revista Documentación Administrativa (creada en 1958), empezaron a analizarse los procedimientos tradicionales según métodos importados de la empresa privada y de la organización industrial, incorporando conceptos tales como productividad administrativa, métodos de racionalización del trabajo, normalización de documentos e impresos o técnicas de administración de personal, muchos de los cuales también procedieron de análisis comparados de los procesos de modernización puestos en marcha en otros países (Crespo, 2000). A partir de ese momento, se fueron sucediendo diferentes invenciones asociadas al tratamiento de la información perteneciente a las organizaciones públicas. Desde la década de 1960 se fueron incorporando dentro de sus estructuras las últimas soluciones y herramientas informáticas disponibles, iniciando un proceso conocido con el nombre de informatización (Margetts, 1999). En el caso de la Administración central española, a principios de la década de 1970 se habló ya de la existencia de 60 ordenadores electrónicos de los que, aproximadamente, una tercera parte se encontraba en manos de la estructura central, mientras el resto se ubicaba en las Universidades y en la Administración periférica (Scala, 1971). De los pertenecientes a la Administración central todos tenían su gestión asignada a un Ministerio (Ministerios de Hacienda, y Educación y Ciencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y, más concretamente, la Dirección General de Carreteras, los Ministerios de Agricultura y Comercio, la Subsecretaría del Ministerio de Información y Turismo, la Jefatura Central del Tráfico, el Instituto Nacional de Estadística, etc.). En ese momento, los grandes mainframes estaban compuestos de transistores y válvulas, es decir, se trataba de grandes ordenadores que ocupaban habitaciones enteras y realizaban largos procesos no simultáneos, generando un gasto impresionante en energía y recursos. La invención del microchip y los circuitos digitales, cuya principal virtud fue la progresiva miniaturización de los componentes y la cada vez mayor capacidad de proceso, permitieron una paulatina distribución de los procesos de trabajo, de forma que tanto la potencia como la capacidad de almacenamiento estaban cada vez más geográficamente dispersas. El mainframe delegó parte de su capacidad de proceso en otros servidores dedicados a tareas específicas como servicio de bases de datos, de impresión, de correo, etc. Las redes llegaron a un alto grado de desarrollo y a través de ellas los datos y la información van a poder circular a gran velocidad. Desde el punto de vista de las redes, Internet jugó un papel esencial porque está reconocida globalmente por todos los agentes involucrados en el desarrollo de la Sociedad de la Información, así como por todo tipo de tecnologías. Ante la necesidad de conectar ordenadores de diferentes clases, en 1983 se adopta el protocolo TCP/IP (Transmisión Control Protocol/ Internetwork Protocol), como estándar universal de comunicaciones (Castells, 2001). Así, en las diferentes capas de este protocolo se puede descubrir la evolución de la construcción de la infraestructura de comunicaciones en Europa y España (Alabau, 1998). En primer lugar, aparece el nivel físico. TCP/ IP no exige que se trate de un protocolo concreto, de manera que funciona con cualquier tipo de infraestructura de red que se encuentre disponible (X.25, ). Después aparece el nivel de red (en realidad se trata del nivel correspondiente a Internet del modelo OSI 1 ), que incluye el protocolo IP. Este nivel se encarga de enviar los paquetes de información a sus destinos correspondientes y, el siguiente nivel, el de transporte, gestiona los datos y proporciona la fiabilidad necesaria en su desplazamiento por la red. Por último, el nivel de aplicación incluye protocolos destinados a proporcionar servicios de correo electrónico, transferencia de ficheros, conexión remota, protocolo http, etc. Al hablar del nivel físico, es importante apuntar el origen de la infraestructura de comunicaciones a nivel europeo, que ha terminado dando lugar a las redes telemáticas europeas de telecomunicaciones. La implantación de programas y proyectos de redes transeuropeas se debe entender en el contexto de diversas iniciativas con sus correspondientes ámbitos. En este sentido, destaca la red TESTA, los programas IDA e IDA II (que también tienen su origen en diversos sistemas comunitarios de intercambio de información y en diferentes programas de investigación y desarrollo), el programa TESTA II (desarrollado sobre la base de las guías de arquitectura propuestas por IDA, que apoya la implantación de servicios telemáticos IDA) y los programas TEN- Telecom y e-ten (Alabau, 2001). Aquí encontramos el origen de la interoperabilidad, la propiedad mediante la cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar información y procesos técnicos o datos. En el caso de la Web, se entendió como una condición necesaria para que usuarios y componentes tuvieran un acceso completo a la información disponible, de manera que surge la arquitectura multicapa distribuida, caracterizada 1 Acrónimo de Open System Interconnection (Interconexión de sistemas abiertos). El modelo representa las relaciones entre una red y los servicios que puede soportar como una jerarquía de capas de protocolos. Cada capa usa los servicios ofrecidos por capas más bajas además de sus propios servicios para crear otros nuevos que estén disponibles para capas superiores.

4 4 porque los procesos se realizan en un back office (el de la administración correspondiente), que trasmite la petición que se ha realizado a un servidor. El cliente es un simple navegador que realiza peticiones basadas en el protocolo http a todos estos servidores que se encuentran en lugares remotos que al usuario no le afectan lo más mínimo. La Estrategia de Sistemas Abiertos en la Administración del Estado es el conjunto de recomendaciones a los centros dotados de infraestructuras propietarias para que elaboren planes de migración a sistemas abiertos y estandarizados, de forma que compartan información entre ellos. Como decíamos en párrafos anteriores, en el área de las telecomunicaciones es importante su labor en la definición de las normas OSI-ISO (TCP/ IP), los proyectos que impliquen el uso de sistemas de telecomunicación, así como la transportabilidad X/ OPEN para las adquisiciones de sistemas multiusuario. Como todo órgano administrativo, tiene sus directrices publicadas en los correspondientes pliegos de condiciones de prescripciones técnicas tipo. Sistemas abiertos (SA) son aquellos sistemas y componentes que pueden ser especificados y adquiridos de fuentes distintas en un mercado competitivo. Argumentos como la libertad de elección de la tecnología, la protección de la inversión, una mejor relación precio/ rendimiento y, sobre todo, la garantía de comunicación e interoperabilidad de los sistemas son los que empleó la CEE para potenciar un plan de renovación/reprogramación de los sistemas propietarios que había en ese momento. Un sistema operativo o una aplicación elaborada de acuerdo con una tecnología propietaria, por lo general, suponía el aislamiento de este sistema respecto del resto. A nivel aplicativo se recurrió a una serie de interfaces estándar con el sistema operativo, mientras que a nivel de red se trató de superar el protocolo estándar de comunicaciones, el X25, e ir hacia la adopción del TCP/ IP, que garantizaba el entendimiento entre todos los dispositivos conectados a Internet. Por su parte, X/ Open se centraba más en los aspectos de interoperatividad, concretamente pretendía producir un conjunto práctico de especificaciones de sistemas abiertos para ofrecer unos mínimos índices de transportabilidad. En suma, la evolución vivida durante todo este tiempo en el tratamiento de la tecnología digital de la información (que fue en parte importada de la empresa privada, en tanto forma de trabajar integrando máquinas, recursos humanos, aplicaciones...) dio lugar a un modelo de gestión tecnológica que, a su vez, sería importado por algunas CC.AA. y por algunas entidades locales una vez aprobada la Constitución de Este modelo también afectó a los organismos de cooperación interadministrativos ideados por la Administración central, en los que se va a pensar desde un primer momento como centros de colaboración técnica. 3. La institucionalización de la cooperación tecnológica en el Estado autonómico En esta sección se pasa a una consideración de las bases institucionales de la cooperación interadministrativa en el ámbito tecnológico, tal y cómo fue planteada inicialmente por la Administración central, y cómo ha ido evolucionado a lo largo de las dos últimas décadas dentro del Estado de las autonomías. Junto con una descripción de los diferentes organismos que han ido articulando la cooperación en materia tecnológica dentro de la Administración central, se definen luego dos momentos que han enmarcado esa institucionalización. Hasta 1995 se produjo un lento y largo período de expansión en el que se sentaron las bases y se definieron las estructuras institucionales de cooperación tecnológica, así como algunos de sus proyectos más destacados. A partir de se perdió parte de la importancia otorgada a la cooperación institucional y se produjo un claro período de desintegración tecnológica, debido en parte a los avatares políticos, pese a que es el momento en el que se empezaron a desplegar grandes proyectos tecnológicos bajo la rúbrica de la e-administración. Todo ello puso los cimientos de una nueva etapa en la que se empezó a tener conciencia de que la interoperabilidad es el problema de futuro más acuciante con el que se encuentran las organizaciones públicas de cara a desarrollar la e-administración, tal y como se aborda en la sección posterior. Los orígenes de la cooperación entre organizaciones públicas de cara a coordinar el crecimiento de la tecnología administrativa son previos al Estado de las autonomías. En 1967 ya existían cinco comisiones ministeriales de cooperación dentro de la Administración central: la Comisión Coordinadora de Estadística y Mecanización del Ministerio de Comercio (4 de enero de 1967), la Junta para la Mecanización y Automatización de Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia (6 de Febrero de 1968), la Comisión Técnica de Mecanización Administrativa del Ministerio de la Gobernación (13 de marzo de 1968), y la Comisión de Mecanización del Ministerio de Trabajo (8 de Abril de 1969) (Martínez, 1984). Todas ellas establecieron las primeras experiencias en esta materia, sentando las bases del diálogo consensuado a la hora de establecer medidas relacionadas con la colaboración tecnológica entre organizaciones. Es este consenso del que se parte a posteriori para construir también relaciones con los niveles autonómico y local. Por otro lado, la primera referencia oficial a un órgano de coordinación interministerial en materia informática dentro de la Administración española es el artículo 18 del Decreto 2764/ 1967, que dio lugar

5 5 al Servicio Interministerial de Mecanización. Se trató de un servicio vinculado a un cuadro de medidas de reducción del gasto público, incrementado de forma alarmante en el capítulo de sistemas de proceso de datos. En aquél momento, lo verdaderamente preocupante era la falta de información sobre el rendimiento y uso de los recursos disponibles, de manera que se plantearon los primeros mecanismos de coordinación para hacer frente a la nueva realidad tecnológica de la administración. A partir de este momento se creó una Comisión Interministerial, integrada por miembros de diferentes Ministerios, y cuya competencia fue meramente de asesoramiento y de benchmarking a través de la comparación de experiencias de los diferentes organismos. Sus funciones se definieron inicialmente de forma vaga e imprecisa: información de los proyectos de mecanización de servicios, informes de compras y alquileres de equipos, elaboración de normas y disposiciones, etc. También se esbozó un servicio de préstamo interministerial para aquellos organismos que no tuvieran ordenadores o los tuvieran saturados. Para ello, se realizó el primer inventario de equipos por orden de Presidencia del Gobierno. Con posterioridad a esta Comisión Interministerial se crearon la Comisión de Informática del Ministerio de Asuntos Exteriores (3 de Noviembre de 1970), la Comisión de Informática del Ministerio de Educación y Ciencia (adaptación de la Comisión creada en 1968, esta vez en 1971) y la Comisión de Informática del Ministerio de Agricultura (3 de Marzo de 1971). Ante la saturación de este recién creado organismo, a pesar de lo inconcreto de sus funciones, se produjo una reestructuración de la que surgieron un órgano colegiado, la Comisión Interministerial de Informática, y uno operativo, el Servicio Central de Informática. Las competencias de la primera se centraban en la aprobación de los proyectos previos a la realización de los contratos tanto de nueva instalación como de mantenimiento, alteración o ampliación. Otras competencias fueron de carácter consultivo y se refirieron a los pliegos particulares de cláusulas administrativas y técnicas y al estudio de las ofertas presentadas a concurso. También tenía atribuidas funciones de coordinación de los equipos de proceso de datos de la Administración central (en el caso de los préstamos de apoyo aludidos en párrafos anteriores). Las competencias del Servicio Central de Informática fueron las de estudiar y proponer disposiciones legales en materia informática, elaborar e informar a los órganos competentes de los argumentos técnicos a considerar, supervisar y proponer estudios de métodos y procedimientos, asesorar en materia formativa a la función pública (temas específicos de informática), crear un fondo documental sobre informática y, además, prestar apoyo específico a la Comisión Interministerial. Hasta aquí, estos organismos surgieron ante la necesidad de coordinar las actividades relacionadas con la implantación tecnológica a nivel ministerial. En aquel momento se trató de un nivel de coordinación básico que afectaba a competencias de tipo funcional, no territorial. A partir de la aprobación de la CE de 1978 se hizo necesario redefinir el papel de estos organismos e introducir la variable descentralizadora, al tiempo que funcional, en la que tienen tanto que ver los niveles autonómico y local. Teniendo en cuenta los antecedentes citados, la creación del Estado de las autonomías implicó una progresiva adaptación de este esquema a la nueva realidad, en la que la presencia de las Administraciones de las CC.AA. y de las entidades locales supuso una reestructuración de la cooperación tecnológica. La etapa abierta a principios de los años 1980 llevó consigo un progresivo cambio de orientación, en tanto que se planteó un movimiento expansivo de la colaboración intergubernamental de las TIC y, al mismo tiempo, confirmó el liderazgo inicial de la Administración General del Estado (AGE) en todo ese proceso de cooperación interadministrativa en materia tecnológica. Ante el desordenado crecimiento de las divisiones ministeriales y la falta de información referente al proceso de informatización dentro de los ámbitos local y autonómico, comenzaron a crearse una serie de órganos cuya misión fue coordinar la adquisición de equipos y el diseño de políticas de implantación. Se trató de una etapa dura en la que existió una transición y en la que los usuarios internos no percibieron un notable incremento del servicio recibido sino que, por el contrario, se tendió a contabilizar el coste que tenía para la organización atender a las peticiones que hasta ese momento se estaban realizando. Al final de ella, las nuevas unidades creadas son los interlocutores y los supervisores de las inversiones realizadas, además de la base para el desarrollo de los primeros proyectos de cooperación tecnológica en un momento de expansión de la informática administrativa. El primer gran hito en este proceso fue la creación en 1983 mediante el Real Decreto 2291/1983 del Consejo Superior de la Informática (CSI). Este órgano se concibió como el encargado de la preparación, elaboración, desarrollo y aplicación de la política informática del Gobierno, amén de aprobar y dar publicidad a los estándares de seguridad, normalización y conservación de todo aquello relacionado con la informática en la AGE. Se trató del primer organismo desarrollado para liderar las nuevas necesidades planteadas por la Administración central en materia informática. Otro de los ámbitos importantes de actuación fue la representación en una serie de actividades internacionales, incluyendo la participación en determinados proyectos, en particular en el seno de la CEE. Entre otros, cabe destacar la presencia permanente en proyectos enfocados a la construcción de los servicios pan-europeos de intercambio de datos (Programa IDA), el proyecto de estudio del Programa

6 6 IDA sobre el uso de los programas de fuentes abiertas en el sector público, el Grupo de expertos de Seguridad de la Información y Protección de la Privacidad (WPISP) de la OCDE, etc. En cuanto a las actividades divulgativas, el CSI ha desarrollado diferentes líneas de actuación. Desde 1989, este organismo promueve con carácter bienal las Jornadas sobre Tecnologías de Información para la Modernización de las Administraciones Públicas (TECNIMAP), que sirven en la actualidad de foro de presentación de buenas prácticas y de contacto con diferentes actores del sector público y privado (Criado, 2004). En este mismo ámbito se inscribieron también los planes de formación para los empleados públicos en materia de Informática y Telecomunicaciones, así como el Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tanto en su versión presencial (DISTIC- P), como en su versión a distancia (DISTIC-AD). Del CSI se hicieron depender diferentes comisiones especializadas, que podían ser interministeriales o de carácter nacional. Dentro de este elenco de nuevos organismos destacaron la CIABSI (Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos), la COAXI (Comisión Nacional para la Cooperación entre las Administraciones Públicas en el Campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información), el GTA (Grupo de Usuarios de Telecomunicaciones en la Administración) y los Comités Técnicos. La CIABSI se creó en virtud del Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio, sobre órganos de elaboración y desarrollo de la política informática del Gobierno, (B.O.E. de 26 de agosto de 1983). Basó su actividad en siete líneas estratégicas básicas: la adquisición de recursos informáticos, la cooperación informática entre Administraciones y entidades, el uso de las Telecomunicaciones en la Administración, la política de seguridad y aplicaciones para el ejercicio de potestades, los proyectos de las Administraciones Públicas para la Sociedad de la Información, la mejora de la calidad y productividad en el desarrollo de sistemas de información, la organización de los recursos humanos y la representación en actividades internacionales. La COAXI tiene como actividad principal la cooperación informática entre los diferentes niveles de administraciones públicas españolas. La Orden Ministerial de 19 de febrero de 1990 creó la COAXI como Comisión Nacional, dentro del CSI, de manera que el peso de la Administración central en esta comisión era muy fuerte, dado que de todos sus miembros, diez pertenecían a ella incluyendo la Presidencia (Secretario de Estado de Administraciones Públicas), Vicepresidencia (Director General de Organización Administrativa del MAP) y el Secretario (Subdirector General de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la Administración General del Estado del MAP), así como representantes de seis Ministerios y del Instituto Nacional de Estadística. Su composición se completaba con un representante de cada CC.AA. participante en la Comisión y ocho representantes de las Administraciones locales elegidos por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). De manera general, si bien se encargó de un foro que reunió con cierto éxito a los representantes de las diferentes administraciones, sin embargo, debido a distintas razones, esos encuentros se fueron espaciando en el tiempo, como luego se pone de manifiesto. En todo caso, la COAXI también desarrolló un programa de cooperación internacional y participó en actividades relacionadas con la informática y las telecomunicaciones con distintas organizaciones nacionales. El GTA coordina a nivel interministerial los estudios de viabilidad y proyectos piloto de servicios de telecomunicación. Es un grupo que lleva coordinando desde sus inicios el desarrollo, realización e implantación en el Estado de las Redes Telemáticas Transeuropeas entre Administraciones promovidas por la Unión Europea. El Comité Técnico del Consejo Superior de Informática de Seguridad de los Sistemas de Información y Protección de Datos Personalizados Automatizados (SSITAD) está compuesto por representantes de la AGE, de las Administraciones de las CC.AA. y de las Administraciones locales. Fue creado el 15 de diciembre de por acuerdo de la Comisión Permanente del CSI. La creación de SSITAD obedeció al desarrollo de las competencias del CSI en materia de protección de los datos informáticos que previó el Real Decreto de creación de éste. SSITAD comenzó su actividad en como un grupo de trabajo de la COAXI y su adscripción directa al CSI como Comité Técnico obedeció a la conveniencia de unificar todas las actuaciones en materia de seguridad de los sistemas de información, ya que la implantación de la seguridad reclamaba ciertamente medidas técnicas, pero también de orden administrativo-organizativo y legislativo. El SSITAD asumió esa visión, abordando la seguridad en toda la complejidad necesaria para fundar la confianza de ciudadanos e instituciones en el uso generalizado de la tecnología de la información. Junto a todo este despliegue organizativo, en 1992 el Real Decreto 533/1992 asignó más competencias a los órganos departamentales y a las Comisiones Ministeriales de Informática y añadió a las competencias de la CIABSI una más: el informe técnico en los concursos referidos a la adquisición y firma de programas de mantenimiento de bienes informáticos.

7 7 La labor del CSI a lo largo de esta primera etapa de cooperación tecnológica implicó la dirección directa de una serie de proyectos con vocación de colaboración interadministrativa. Entre los proyectos más destacados se encuentran ÍNDALO, en torno al cual se desarrollaron, entre otros, SISTER (Sistema Integrado de Referenciación Territorial), MIGRA (Mecanismo de Intercambio Geográfico Relacional formado por Agregación), IDUNI (Proyecto de Identificadores Unificados), PADRON (Norma de intercambio de información entre el Instituto Nacional de Estadística y los Ayuntamientos) y SICRES2 (Mecanismo de Transmisión Telemática de los Asientos Registrales de Entrada). Por otro lado, hubo una actividad divulgativa importante emprendida a partir de los informes REINA (sobre la AGE) e IRIA (sobre la AGE, Administraciones autonómicas y locales). Estos informes se han encargado de medir de forma comparada diferentes dimensiones e indicadores sobre la situación de la informática en las administraciones públicas españolas, de manera que son la única fuente de información fiable y con carácter longitudinal que se dispone en la actualidad (MAP, 2002). Además, la celebración de las jornadas TECNIMAP (desde 1989), implicó la existencia de un foro con una carácter más informal en el que exponer los avances de muchos de los proyectos en marcha en las diferentes administraciones de cara a compartir experiencias y recursos, consolidando así tendencias en procesos de modernización tecnológica. Respecto a cuestiones relacionadas con la política de seguridad, el CSI principalmente trabajó en la elaboración de Criterios de seguridad, normalización y conservación de aplicaciones, metodologías de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información (MAGERIT), métodos y acuerdos para la evaluación y certificación de la seguridad de las tecnologías de la información, etc. También se encargó de crear y mantener una serie de repositorios de las principales disposiciones relativas a la seguridad de las tecnologías de la información y protección de datos. La mejora de la calidad y productividad en el desarrollo de sistemas de información fue otro de los argumentos que justificaron la existencia del CSI. En este sentido, cabe destacar algunas iniciativas en ámbitos como la gestión documental (ATRIO, SICRES), el tratamiento de flujos de trabajo administrativos (ESTROFA) o las aplicaciones de gestión de recursos humanos (BADARAL, NEDAES). Por otro lado, proyectos como el Método de Planificación y Desarrollo de Sistemas de Información y el Plan de Garantía de Calidad aplicable al desarrollo de equipos lógicos (PGGC), fueron productos desarrollados por el CSI para cumplir sus objetivos en el ámbito de la estrategia de organización y recursos humanos. En el plano de la gestión externalizada, MÉTRICA III se convirtió en un estándar de diseño y mantenimiento de sistemas tanto en las administraciones públicas como en la empresa privada. En conclusión, todos estos organismos y proyectos concretos supusieron un avance más que notable en la práctica de la colaboración interadministrativa en materia tecnológica. Por un lado, de forma progresiva, aunque lenta, se fueron consolidando espacios de encuentro entre las diferentes administraciones públicas españolas, lo que permitió encauzar en cierta medida un diálogo de experiencias desplegadas a nivel local y, sobre todo, autonómico en materia tecnológica. No obstante, en este primer momento la cooperación va a estar muy marcada por los esquemas procedentes de la AGE, que contaba con una amplia experiencia previa a nivel interno. Además, junto con los foros, esa colaboración se concretó mediante un surtido de proyectos compartidos en mayor o menor medida que, si bien en algunos casos fueron limitados conceptualmente, al menos sentaron los pilares para que las diferentes administraciones pudieran interactuar en un terreno que precisa de una mínima concertación interadministrativa. En todo caso, a este período de colaboración le siguió otro con un enfoque netamente diferente. La segunda etapa se inició aproximadamente a partir de , momento en el que se produjo la llegada de un nuevo partido al poder en diferentes CC.AA. y el gobierno central. Esta segunda fase estuvo caracterizada por una profunda crisis del modelo de gestión de la coordinación tecnológica y una actividad frenética por parte de las CC.AA. para modernizarse desarrollando sus propias infraestructuras tecnológicas, al margen de la actividad de la AGE en la materia. Dentro de este contexto, se redujo sensiblemente la capacidad de coordinación de las instituciones desplegadas hasta la fecha, así como los proyectos de los años anteriores. A pesar de ello, esta etapa va a ser el punto de arranque para los grandes proyectos relacionados con la e-administración, de manera que va a convivir una ausencia de cooperación tecnológica entre niveles de gobierno, en parte como consecuencia de la coyuntura política, con proyectos que van a ver limitado su alcance, precisamente, como consecuencia del hecho de que requieren cada vez más de una colaboración entre administraciones para lograr sus objetivos. Sin embargo, esta conclusión final no se planteó hasta muy recientemente. Desde un punto de vista institucional, la actividad desarrollada para fomentar la cooperación tecnológica entre la AGE y las CC.AA. se redujo de manera notable a partir de Por un lado, la nueva coyuntura política provocó que desde la AGE no se tomara conciencia de la necesidad de articular las relaciones de cooperación en materia tecnológica, utilizando o no el marco institucional definido durante la etapa anterior. Por otro lado, las propias CC.AA., en parte por esa ausencia de liderazgo y, en

8 8 parte, por sus propias dinámicas de profundización autonómica en términos de más o menos conflicto, iniciaron un momento marcado por la diferenciación, emprendiendo importantes proyectos de reforma y modernización administrativa, en los que la incorporación masiva de las TIC formó uno de sus ejes centrales, sin que se percibiera la necesidad de enlace con las otras administraciones del entorno. Diferentes entrevistas en profundidad con personal directivo de la AGE y de las CC.AA. mostraron los problemas de articulación de la cooperación institucional en materia tecnológica durante esta etapa. El liderazgo institucional e, incluso algo más importante, la legitimidad técnico-profesional que hasta ese momento había mantenido la AGE se fueron diluyendo en poco tiempo, como consecuencia de su propia descoordinación interna. Un directivo de una administración autonómica lo describió de la forma siguiente pasados unos años desde el inicio de esta fase: Con la Administración central es complicado la colaboración. La Administración central lo primero que tiene que hacer, y es una opinión muy personal, es aclararse ella. Yo creo que la labor central, debería tener un papel central de coordinación de políticas que no está ejerciendo. Y no lo está ejerciendo porque, si partimos de la base de que dentro de la propia Administración central van a bofetadas porque no hay esos organismos que coordinen, pues difícilmente lo puedes hacer de cara al exterior. Por ejemplo, son famosas las polémicas entre el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el hecho de que el resto de Ministerios ni hace caso a unos ni a otros, con lo que todavía se complica más el tema ( ). Con eso, nuestras relaciones son excelentes, nos llevamos francamente bien, tanto con el Ministerio de Administraciones Públicas como con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no existe una real coordinación. Desde el punto de vista institucional, esa ausencia de coordinación se reflejó, por ejemplo y como muestra de la problemática, en que las reuniones de la COAXI quedaran paralizadas. A partir de este momento, los criterios de colaboración tecnológica interadministrativa quedaron, fundamentalmente, al albur de las propias iniciativas de los actores a nivel autonómico. De hecho, la AGE no sólo perdió el papel de impulso que había desplegado hasta entonces, sino que las CC.AA. desarrollaron una cierta colaboración de manera autónoma y con un carácter puntual, ya que no dejaron de realizarse jornadas, reuniones o encuentros sectoriales (en las que a veces participaba la propia AGE), aunque ahora caracterizados por un tono más informal. Un directivo de la AGE resumió así la nueva situación: A partir de 1996 han sido reuniones mucho más de carácter temático, como jornadas de administración, así se han venido a llamar. En estas jornadas se han tratado temas pues como la firma electrónica, sistemas únicos para el cambio de domicilio, las notificaciones telemáticas seguras, es decir, sobre actuaciones concretas. Convocatorias que podía haber tenido la COAXI, es decir, temas que podían tratarse en las reuniones y otros que podían no tratarse, con asterisco. Pero esos temas permitían un intercambio muy rico de información entre todos, que podía luego distribuirse a los departamentos interesados: desde los proyectos europeos, hasta las buenas prácticas, iniciativas legislativas en marcha, grandes proyectos, que podían interesar a unos y a otros, al ser totalmente ad hoc, ya que cualquier idea amplia se pierde. Y eso sin perjuicio de que al revés, en lugar de desaparecer progresivamente esa interacción, habría habido que aumentarla, porque conforme aumentaban las competencias de las CCAA y sus Administraciones, tendría que haberse ido fortaleciendo. Ahora mismo, a pesar de haber habido reuniones sobre firma electrónica, como tampoco se ha planteado una continuidad de los grupos de trabajo y de debate y todo eso, lo que ocurre es que la AGE tiene un modelo de firma electrónica, la Generalitat Valenciana tiene otro, y todos invocan un mismo estándar, pero es poquísimo en común. En suma, todo el esfuerzo que se había hecho en materia de colaboración tecnológica se fue perdiendo progresivamente. Además de un grave problema intrínseco derivado de las limitaciones que eso suponía para el crecimiento ordenado y conjunto de la dimensión tecnológica en las administraciones públicas españolas, esta nueva situación implicó efectos mucho más profundos, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias vinculadas con los traspasos de competencias pendientes y, además, considerando la propia dinámica de incremento de las partidas presupuestarias dedicadas a las TIC, especialmente, adscritas a nuevas aplicaciones y proyectos de e-administración. Esta nueva situación coincidió con el hecho de que las CC.AA. lanzaran proyectos de reforma administrativa en los que la dimensión tecnológica va a cobrar un nuevo y más amplio protagonismo. A partir de mediados de la década de 1990, las administraciones autonómicas adoptaron diferentes programas de modernización administrativa en los que inicialmente se puso un acento en los cambios organizativos y en los sistemas de gestión (aunque las TIC tuvieron un papel creciente), implantando

9 9 unidades directivas orientadas a liderar esos procesos de transformación fue el año de arranque de muchos de estos proyectos, por ejemplo, la Generalitat Valenciana aprobó el Plan Estratégico de Modernización de la Administración Valenciana (PEMAV) y una Dirección General para la Modernización de las Administraciones Públicas, mientras la Comunidad de Madrid adoptó su Plan de Calidad y una Dirección General de Calidad de los Servicios. Ambos casos, entre otros, subrayaron la importancia creciente de las TIC en la reforma administrativa dentro del ámbito autonómico, estableciendo sus propios parámetros de actuación y, lo que es más importante, sin establecer canales claros de coordinación con el resto de administraciones del Estado. De hecho, estos proyectos tuvieron su continuación a partir de A pesar de lo anterior, la AGE no dejó de plantear proyectos relacionados con las TIC que, si bien no se integraron dentro de una agenda más amplia de colaboración tecnológica, sí lograron una cierta relación indirecta. En general, siempre se consideró el proyecto Ventanilla Única como el paradigma en esta materia. El término Ventanilla Única, oficializado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 1997, se planteó como la progresiva implantación de un sistema intercomunicado de registro entre la AGE, las Administraciones de las CC.AA. y las entidades locales. Ese mismo año, los Ministerios de Fomento y de Administraciones Públicas promovieron el Proyecto Ventanilla Única I, dentro del marco general de la Acción PISTA (Promoción e Identificación de Servicios emergentes de Telecomunicaciones Avanzadas) (Martín, 2001), cuyo objetivo fue la utilización de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones ligadas a Internet para acercar la Administración al ciudadano y facilitar la interconexión telemática de las administraciones públicas (MAP, 2000). El Proyecto PISTA- VU II desarrolló luego un conjunto de herramientas necesarias para la tramitación por vía telemática de los procedimientos administrativos y la definición y establecimiento de normativas y especificaciones para los sistemas de información del sector público. Así mismo, PISTA-VU II tuvo dos subproyectos bien diferenciados, aunque con un único fin: registro y tramitación electrónica. (Nistal, 2000). Este caso puso de manifiesto la importancia de mejorar la intercomunicación entre las administraciones públicas, teniendo en cuenta el esquema de e-administración promovido por la AGE 2. En todo caso, su alcance no fue ni mucho menos el esperado inicialmente. Mientras tanto, en la Unión Europea (UE), a partir de los proyectos tecnológicos de las administraciones públicas se habían centrado en la mejora de la prestación de servicios públicos electrónicos, teniendo en cuenta que la integración de las iniciativas de e-administración en las planificaciones estratégicas para el desarrollo de la SI fue un rasgo distintivo de la UE que se incorporó a la práctica política española. En el Consejo Europeo Extraordinario de la UE de Lisboa en marzo de 2000 se concretó el objetivo de convertirse en la economía basada en el conocimiento más dinámica del mundo en el año 2010 (Comisión Europea, 2002a: 1), de manera que sus orientaciones fueron adoptadas en Lisboa por el Plan de Acción eeurope 2002, aprobado en el Consejo Europeo de Santa María de Feira en junio de eeurope 2002 formuló la necesidad de lograr que veinte servicios públicos básicos se pudieran completar en línea a finales de 2002, de forma que los Estados los debían facilitar de forma digital en la fecha citada. Por su parte, en el Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 vio la luz eeurope 2005, que consolidó la necesidad de seguir avanzando en el intercambio de buenas prácticas y garantizar la inclusión y la seguridad en la prestación ( ) y mejorar el acceso de las personas con discapacidades a las páginas web públicas (Comisión Europea, 2002: 11). Además, se crearon los e- Government Awards, para fomentar el benchmarking y el e-government Observatory, que recoge datos sobre el desarrollo de la e-administración en los Estados miembros. Todos los Estados de la UE tuvieron como referente para el desarrollo de la SI los objetivos de los Planes de Acción eeurope y, además, las iniciativas estratégicas de e-administración se enmarcaron dentro de esos macro-proyectos. Esto fue así también en el caso de España, como puso de manifiesto el Plan de Acción INFO XXI ( ), primera iniciativa estratégica del Gobierno español para el desarrollo de la SI (2001, pp. 3 y ss.), en el que se planteó la necesidad de una e-administración capaz de aumentar la eficacia de las administraciones públicas y mejorar la relación entre éstas y los ciudadanos. Sin embargo, se ha subrayado la escasa atención de INFO XXI a la colaboración con otros niveles de administración de cara a implementar medidas con un cierto alcance intergubernamental. De forma casi inmediata y siguiendo las directrices de la Comisión Soto, el gobierno español adoptó un nuevo Programa de Actuaciones para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en España (España.es) (2003) y, dentro del mismo, un Plan de Choque para el Impulso de la Administración Electrónica en España, 2 A día de hoy, se ha facilitado la elaboración de las especificaciones funcionales y técnicas de los diferentes módulos del Proyecto PISTA-VU II: SICRES 3 (incluyendo intercambio registral, transmisión de información entre registro y unidades de tramitación, conexión con herramientas de workflow y normas generales). Teletramitación, (implica módulos de pago electrónico, certificación electrónica, registro telemático, consulta de tramitación y notificación telemática).

10 10 aprobado con fecha de mayo de En el Plan de Choque se puso especial acento en la necesidad de revisar el marco normativo de esta materia y, además, se volvió a plantear con cierta extensión la necesidad de colaboración intergubernamental, explicitando la necesidad de participación de otros niveles de administración, sobre todo las CC.AA., no sólo por su amplio nivel competencial, sino también por ser necesarias a la hora de prestar determinados servicios públicos electrónicos. En todo caso, la formulación del Plan de Choque, última gran iniciativa del gobierno popular en el ámbito de la e-administración, dejó sin concretar una visión clara y un compromiso compartido acerca de cómo articular la red de actores en el ámbito tecnológico. De forma más o menos vaga, se dejó la cuestión abierta en manos de posibles convenios bilaterales de colaboración y una conferencia sectorial de coordinación, en la que habrían de estar presentes las Consejerías responsables del desarrollo de la e- Administración en las CC.AA., así como las Diputaciones, Ayuntamientos y otras Administraciones locales, agrupadas en la Federación Española de Municipios y Provincias. En conclusión, al final de esta etapa se volvió a tomar conciencia del problema de la colaboración tecnológica entre las administraciones públicas españolas. Como se puso de manifiesto de forma tímida aún en el texto del Plan de Choque citado, no era concebible continuar con una dinámica de ausencia de interconexión, no sólo desde el ámbito tecnológico, sino lo que es más importante y previo, desde un ámbito institucional y de proyectos comunes. A la luz de ello, se han intensificado las tareas de definición de las relaciones de colaboración en materia tecnológica, comúnmente conocidas como interoperabilidad, intentando redefinir el marco en el que tales relaciones se pueden articular teniendo en cuenta la evolución actual del Estado autonómico y el liderazgo que está ejerciendo en los últimos años la UE para establecer unos estándares comunes asumibles por todos los Estados miembros. 4. Una coyuntura crítica? La consolidación de la e-administración en el marco europeo de interoperabilidad A partir de 2004, ante las exigencias de interoperabilidad a nivel europeo, y la trayectoria divergente de las administraciones nacional y autonómica, se plantea la necesidad de una nueva etapa en cooperación tecnológica dentro del Estado de las autonomías. Por un lado, la Unión Europea ha asumido un rol de liderazgo en el establecimiento de un conjunto de recomendaciones para abordar de una vez por todas el problema de la cooperación entre los sectores públicos de los diferentes Estados miembros para desarrollar la e-administración. A su vez, ante ese reto, parece que las administraciones públicas españolas han asumido la conveniencia de abandonar una trayectoria en la que la falta de entendimiento ha elevado el grado de aislamiento e incomunicación, provocando una pérdida de las posibles sinergias necesarias para la consolidación de determinadas esferas de la e-administración, especialmente, la vertiente de prestación de servicios públicos. Recientemente, desde la UE se ha incidido en la estrategia de interoperabilidad a todos los niveles (institucional, técnica y semántica). El plan eeurope 2002 ya había esbozado esa necesidad mediante los e-government Awards, que fomentan el benchmarking y premian las mejores experiencias de e- Administración en los diferentes niveles administrativos. Así mismo, el e-government Observatory ha recogido desde 2003 datos sobre el desarrollo de la e-administración en los Estados miembros. Además, se puso el acento en dos aspectos críticos para el futuro de la construcción europea en los que puede tener incidencia notable la e-administración: el uso y la mejora de los sistemas de traducción automática para cubrir totalmente la diversidad lingüística de los ciudadanos europeos en las relaciones virtuales con las administraciones públicas y el papel de los sistemas de autenticación electrónica a la hora de allanar los obstáculos que se oponen al desarrollo de la prestación de servicios públicos digitales. Junto a ello, el programa IDA (Interchange of Data between Administrations), que llevaba fomentando el intercambio de datos entre las administraciones europeas desde hace años, cambia su orientación convirtiéndose en IDABC (Interoperable Delivery of European egovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens), poniendo ahora el acento en la interoperabilidad y con la misión del fomento de la prestación de servicios públicos trans-europeos para los ciudadanos y empresas, mejorando la eficiencia y colaboración entre las administraciones públicas. Teniendo en cuenta estos antecedentes, la UE ha insistido en definir unos criterios de interoperabilidad de manera mucho más concreta. En 2004 se publicó la versión 1.0 del Marco Europeo de Interoperabilidad para servicios de e-administración pan-europeos (IDABC, 2004). Este documento recoge por primera de forma específica las áreas clave de la interoperabilidad (organizativa, semántica y técnica) y las asocia a una serie de recomendaciones para que sean aplicadas por las administraciones de los Estados miembros, teniendo en cuenta sus propias particularidades organizativas, culturales, y tecnológicas, de forma que se camine hacia el establecimiento de determinados estándares de actuación reconocidos por todos en las tres dimensiones apuntadas. En el ámbito español, estas directrices se han traducido en una nueva configuración institucional a partir de El Real Decreto 589/2005 dicta la reestructuración de los órganos colegiados responsables

11 11 de la e-administración. El CSI añade a sus funciones la de impulsar la Administración Electrónica y pasa a denominarse Consejo Superior de Administración Electrónica (CSAE) e imprime a sus comisiones dependientes la nueva impronta de cooperación interadministrativa que se ha relanzado desde la Unión Europea y que parece que se ha recobrado con los cambios de legislatura autonómicos y nacional ( ). En este sentido, dependen funcionalmente de él las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica (también redefinidas, y los Comités Técnicos, grupos de trabajo o ponencias especiales creados para desarrollar sus funciones). Básicamente, las funciones del CSAE son: evitar el doble empleo de recursos, facilitar un sustrato profesional común a los empleados públicos en el sector de las TIC, trabajar por la cooperación entre órganos y administraciones como medio para abordar proyectos interorganizativos, facilitar los intercambios de información, tanto internos como con ciudadanos y empresas y, por último, colaborar en la difusión de las mejores prácticas. Por otro lado, el CSAE desarrolla su actividad en cuatro áreas principales que pretenden relanzar la cooperación y fomentar la interoperabilidad. Una de tipo político enfocada al establecimiento de directrices generales y emisión normativa sobre coordinación tecnológica y recursos humanos relacionados con la gestión tecnológica. Una segunda dedicada a la organización de conferencias y actividades y la recopilación de material relativo a la Administración Electrónica (Observatorio). Una tercera enfocada a la elaboración de medidas de seguridad sobre TIC en colaboración con el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia. Y la más relevante para el caso que nos ocupa, que es la función de cooperación informática entre administraciones y entidades locales. En el ámbito de la cooperación tecnológica se ha avanzado de manera notable en poco tiempo. Institucionalmente se ha creado un Comité Sectorial de Administración Electrónica (AGE- CCAA, 11 de mayo de 2005) para la puesta en marcha de servicios públicos interadministrativos, con la pretensión de convertirse en un foro en el que se favorezca el intercambio de ideas, estándares, tecnología y proyectos orientados a garantizar la interoperabilidad y mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Es importante destacar que el CSAE designará a los representantes de la AGE en las comisiones o grupos que la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas cree en materia de tecnologías de la información y Administración electrónica, con lo que refuerza su impronta. A nivel de las CC.AA., si bien han mantenido sus propias estrategias de desarrollo de la e- Administración, al mismo tiempo están acercándose al nuevo esquema de interoperabilidad formulado desde la UE y la AGE. Por un lado, las diferentes administraciones autonómicas siguen desarrollando programas estratégicos de modernización administrativa y desarrollo de la e-administración, como el plan AVANTIC de la Generalitat Valenciana, el Plan Estratégico de Simplificación de la Gestión Administrativa II de la Comunidad de Madrid, el Plan Estratégico de la Administración On Line del País Vasco, etc. Por otro lado, existe constancia de que se están produciendo reuniones informales entre las diferentes administraciones del Estado para intercambiar impresiones respecto a la evolución de la interoperabilidad en un marco en el que la nueva distribución competencial sólo se ha definido a nivel institucional, sin concretar aún proyectos en este sentido y sin intervención oficial de la Comisión Sectorial de e-administración. La realidad actual ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de colaborar entre las administraciones públicas españolas e, ineludiblemente, con las europeas en materia tecnológica. En los últimos años se ha producido una revitalización de las TIC, con la aparición de aplicaciones que exigen una profundización en los niveles de interoperabilidad, incluso si consideramos exclusivamente su diseño. A pesar de que es necesario más tiempo para evaluar los resultados de la colaboración intergubernamental para mejorar la e- Administración, se pueden adivinar una serie de perspectivas, a la luz de la trayectoria anterior. La idea más importante es que todavía sigue existiendo un cierto vacío en cuanto a liderazgo por parte de los responsables políticos de más alto nivel. De la misma manera que en otros países europeos o anglosajones las normas concernientes a la e-administración se plantean al más alto nivel político, se han creado foros interadministrativos de colaboración y los proyectos tienen un cariz cada vez más intergubernamental, en España esa perspectiva sólo está en fase de planteamiento. Más que un problema técnico, se trata de un tema puramente político, al que los políticos han de hacer frente, aún teniendo en cuenta las dificultades para establecer una agenda conjunta, en un contexto en el que las redes de actores y lógicas de acción reproducen claras diferencias desde una perspectiva autonómica. Por otro lado, a pesar de la existencia de una etapa con importantes limites a la colaboración intergubernamental, los responsables técnicos de la adopción y gestión de las TIC en las administraciones públicas españolas nunca han dejado de cooperar, aunque fuera de forma informal y meramente testimonial. En este sentido, directivos de las administraciones de las CC.AA. pusieron de relieve en diferentes entrevistas la necesidad de establecer un nuevo marco de colaboración más ajustado a la realidad del Estado de las autonomías, en el que el liderazgo de la AGE heredado de otras épocas se vea superado progresivamente por una cultura del consenso en la que se integre a todos los actores en

12 12 presencia, teniendo en cuenta las dinámicas políticas propias, aunque con un claro afán de lograr estándares comunes en las diferentes dimensiones que componen la e-administración. Además, a la luz de la buena recepción de las primeras propuestas al respecto, el protagonismo de las directrices de la UE en materia de cooperación tecnológica parece que se incrementará de manera notable en los próximos tiempos. Efectivamente, las restricciones presupuestarias derivadas de la Europa de los 25, junto con la agenda de trabajo en torno a eeurope 2010 y las dificultades para el progreso europeo sin unos mínimos estándares colectivos, han puesto en primer plano los esfuerzos que desde las diferentes instituciones comunitarias se están planteando de cara a fomentar la cooperación administrativa en el ámbito tecnológico. En este sentido, habrá que calibrar aún hasta qué punto es voluntad de los Estados miembros permitir que las instituciones europeas establezcan unas coordenadas comunes para avanzar según unos parámetros conjuntos que, además, sean aceptados por las regiones, teniendo en cuenta que en el ámbito de la e-administración muchas de ellas han logrado en los últimos años un nivel tanto o más alto que las administraciones de aquéllos. Finalmente, hay que remarcar que el futuro está en la interoperabilidad. Sin embargo, eso no implica asumir que la colaboración tecnológica en el ámbito de las administraciones públicas españolas nace en el vacío. Más bien al contrario, la cooperación entre diferentes niveles de gobierno en materia tecnológica ha sido un ámbito de actuación continua dentro del sector público español, con más o menos vigencia en función de los actores, la coyuntura política y otros factores que aquí, si acaso, sólo se han esbozado de forma somera. Aunque ahora exista un replanteamiento de la cuestión teniendo en cuenta el marco de interoperabilidad que procede de la UE, la dinámica interna de funcionamiento de los Estados marcará buena parte de los resultados a lograr. Pero al mismo tiempo, dado que las TIC se sitúan en el sistema nervioso central de las administraciones públicas, la capacidad que tengan los diferentes niveles de gobierno para articular soluciones colectivas a los interrogantes tecnológicos que vayan surgiendo, puede ser determinante para europeizar de forma sustantiva los productos y resultados de su actuación y, por ende, extender el buen gobierno de forma coordinada. Esta ponencia simplemente ha esbozado el problema, dado que se trata de un trabajo en progreso que deberá concretarse con una profundización en los datos disponibles y en la aplicación de marcos de análisis adecuados a este objeto de estudio. 5. Conclusiones Estas páginas han presentado la problemática de la e-administración desde la óptica de la configuración y funcionamiento del Estado autonómico y las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno en España. La Administración central lleva utilizando las tecnologías desde hace décadas, de manera que a medida que fue creciendo la intensidad de su uso y aplicaciones, los diferentes departamentos ministeriales articularon mecanismos de colaboración. Los orígenes de la cooperación tecnológica entre las administraciones públicas españolas datan de los años , sobre todo, como consecuencia de la progresiva necesidad de interconectar ordenadores, concretada con la extensión del uso de los protocolos de comunicaciones asociados a Internet, que precisó de determinados estándares comunes y aceptados por todos los agentes. Sin embargo, la complejidad creciente de las TIC disponibles y la configuración del Estado autonómico pusieron de relieve la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos institucionales y proyectos de colaboración tecnológica entre las administraciones públicas. Durante una primera etapa, la AGE asumió el papel de liderazgo, de forma que aprovechó la experiencia acumulada en los años previos para desplegar un conjunto de organismos de cooperación en materia tecnológica, así como una serie de proyectos sectoriales en colaboración con las CC.AA. y las entidades locales. A partir de 1995 ese esquema quedó debilitado por la situación política y las dudas de la AGE sobre el rol a seguir dentro de un Estado autonómico en el que la colaboración ya no se podía plantear en los términos anteriores, más si cabe, con unas CC.AA. que no sólo van a asumir enormes paquetes competenciales, sino que también van a desarrollar proyectos de e-administración muy complejos y diferenciados, que en muchos casos superaron las propias iniciativas de la AGE en la materia. Finalmente, hace muy poco tiempo se ha abierto la puerta a una posible coyuntura crítica en el ámbito de la cooperación tecnológica entre las administraciones públicas. En concreto, el concurso creciente de la UE a la hora de establecer determinados mínimos a la colaboración interadministrativa, así como otros factores coyunturales, han vuelto a poner en primera línea el problema de la interoperabilidad, de manera que se considera que ésta es la cuestión más acuciante de cara al desarrollo de una e-administración paneuropea, reto al que, al menos en un primer momento, están respondiendo las administraciones públicas españolas. Aunque la interoperabilidad no es una idea completamente nueva, ya que se puede identificar con lo que antes simplemente se denominaba cooperación o colaboración tecnológica (de la misma manera que tampoco lo es la e-administración, antes informatización), no cabe duda de que es un tema que se ha revitalizado en los últimos años de una manera notable. Si bien ha existido un largo recorrido en la colaboración en materia tecnológica entre las administraciones públicas españolas después de la

13 13 aprobación de la CE de 1978, no hay que olvidar las nuevas condiciones y realidades asociadas al Estado autonómico, así como las más recientes capacidades de las TIC disponibles. De la habilidad que tengan los responsables políticos para conceder la importancia que se merece este tema, evitando que se reduzca a una arena más de confrontación política, depende en gran medida que las limitaciones que a primera vista puede ofrecer un Estado de las autonomías (en el que aumentan los actores con capacidad para bloquear la colaboración) se conviertan en oportunidades para el intercambio de conocimiento y el crecimiento conjunto, teniendo en cuenta que la e-administración, por su propia naturaleza, es una cuestión que requiere de la potenciación máxima de las redes en todos los niveles. De esa voluntad dependerá el avance que tengan en el futuro los servicios públicos en nuestro país. Anexo 1. Acrónimos y abreviaturas empleadas Parte de esta información ha sido facilitada por la Secretaría del Comité Técnico del Consejo Superior de Informática de Seguridad de los Sistemas de Información y Tratamiento Automatizado de Datos Personales (SSITAD), y se encuentra disponible en el sitio web del actual Consejo Superior de Administración Electrónica. AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria AGE Administración General del Estado ASTIC Asociación del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado ATRIO Almacenamiento, Tratamiento y Recuperación de Información de Oficinas AVANTIC Plan Comunidad Valenciana Avanzando con las Tecnologías BADARAL Base de Datos Descentralizada de Gestión de Personal en Área Local BOE Boletín Oficial del Estado CC.AA. Comunidades Autónomas CE Constitución Española CEE Comunidad Económica Europea CIABSI Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos COAXI Comisión Nacional para la Cooperación entre las Administraciones Públicas en el Campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información CSAE Consejo Superior de Administración Electrónica CSI Consejo Superior de la Informática DISTIC-AD. Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, versión a distancia DISTIC-P Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, versión presencial DOCE Diario Oficial de las Comunidades Europeas EE.UU. Estados Unidos de América ESTROFA ESpecificaciones para el TRatamientO de Flujos Administrativos Automatizados FEMP Federación Española de Municipios y Provincias GTA Grupo de Usuarios de Telecomunicaciones en la Administración http HyperText Transfer Protocol IDA Interchange of Data between Administrations IDABC Interoperable Delivery of European egovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizen IDUNI Proyecto de Identificadores Unificados INAP Instituto Nacional de Administración Pública ÍNDALO Intercambio de Datos entre Administraciones Públicas INSALUD Instituto Nacional de la Salud INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social IRIA Informe sobre los Recursos Informáticos de las Administraciones públicas ISO International Organization for Standardization MAGERIT Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información MAP Ministerio de las Administraciones Públicas MIGRA Mecanismo de Intercambio Geográfico Relacional formado por Agregación, NEDAES Nómina Estándar Descentralizada de la Administración del Estado

14 14 OCDE OSI PADRON PEMAV PGGC PISTA REINA SA SICRES SICRES2 SISTER SSITAD TCP/IP TECNIMAP TIC WPISP Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico Open System Interconnection Norma de intercambio de información entre el Instituto Nacional de Estadística y los Ayuntamientos Plan Estratégico de Modernización de la Administración Valenciana Plan de Garantía de Calidad aplicable al desarrollo de equipos lógicos Promoción e Identificación de Servicios emergentes de Telecomunicaciones Avanzadas Recursos Informáticos de la Administración del Estado Sistemas abiertos Sistema de Información Común de Registros de Entrada y Salida Mecanismo de Transmisión Telemática de los Asientos Registrales de Entrada. Sistema Integrado de Referenciación Territorial Sistemas de Información y Protección de Datos Personalizados Automatizados Transmisión Control Protocol/ Internetwork Protocol Jornadas sobre Tecnologías de Información para la Modernización de las Administraciones Públicas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de expertos de Seguridad de la Información y Protección de la Privacidad Anexo 2 Normativa básica Parte de esta información ha sido facilitada por la Secretaría del Comité Técnico del Consejo Superior de Informática de Seguridad de los Sistemas de Información y Tratamiento Automatizado de Datos Personales (SSITAD), y se encuentra disponible en el sitio web del CSI. Nivel nacional (legislación general y normativa sobre TIC) Constitución Española (CE) de 1978 Decreto 2764/ 1967, de creación del Servicio Interministerial de Mecanización. Real Decreto 2291/1983 del Consejo Superior de la Informática (CSI). Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio, sobre órganos de elaboración y desarrollo de la política informática del Gobierno, (B.O.E. de 26 de agosto de 1983). El Real Decreto 589/2005 dicta la reestructuración de los órganos colegiados responsables de la Administración Electrónica Orden Ministerial de 11 de enero de 1990, por la que se reorganiza la Comisión Ministerial de Informática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Orden JUS/764/2005, de 17 de marzo, por la que se regula la Comisión Ministerial de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Justicia. Orden Ministerial 52/1987, de 24 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, en materia de informática del Ministerio de Defensa. Orden EHA/4025/2004, de 25 de noviembre, por la que se constituye la Comisión Ministerial de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda Orden INT/1466/2003, de 29 de mayo, por la que se deroga la Orden INT/435/2002. de 1 de marzo, y se modifica el apartado cuarto de la Orden de 16 de enero de 2001, dando una nueva regulación a la composición y funciones de la Comisión de Informática y de Comunicaciones del Ministerio del Interior. Orden Ministerial de 14 de marzo de 2001, por la que se regulan la composición y funciones de la Junta de Contratación, la Comisión de Retribuciones y la Comisión de Informática del Ministerio de Fomento. Orden Ministerial de 22 de febrero de 2000, por la que se crea la Comisión Ministerial de Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones del Ministerio de Educación y Cultura. Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1996, por la que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Ministerial de Informática del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Orden ITC/4134/2004, de 9 de diciembre, por la que se constituye la Comisión Ministerial de Tecnologías de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

15 15 Orden Ministerial de 2 de marzo de 1999, por la que se regulan la composición y funciones de la Comisión Ministerial de Informática y de las Comunicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Orden Ministerial de 17 de octubre de 1996, por la que se modifica la composición de la Comisión Asesora de Publicaciones, la Junta de Compras, la Comisión de Informática y la Comisión Ministerial de Retribuciones del Ministerio de la Presidencia. Orden APU/161/2005, de 26 de enero, por la que se modifica la Orden de 2 de julio de 1998, por la que se regula la Comisión Ministerial de Informática y de las Comunicaciones del Ministerio de Administraciones Públicas. Orden CUL/4405/2004, de 16 de diciembre, por la que se crea la Comisión Ministerial de Tecnologías de la Información del Ministerio de Cultura. Corrección de errores de la Orden CUL/4405/2004, de 16 de diciembre, por la que se crea la Comisión Ministerial de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de Cultura. Orden Ministerial de 9 de noviembre de 1991, por la que se regula la Comisión de Informática del Ministerio de Sanidad y Consumo. Orden Ministerial de 27 de septiembre de 2001, por la que se regula la Comisión Ministerial de Informática del Ministerio de Medio Ambiente. Nivel nacional (creación registros telemáticos) Resolución de 19 de abril de 2005, por la que se crea un Registro Telemático para la presentación de escritos y solicitudes cuya resolución compete a dicha Comisión. Orden ITC/915/2005, de 4 de abril, por la que se crea un registro telemático en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Orden ECI/23/2005, de 9 de enero, por la que se crea un registro telemático en el Ministerio de Educación y Ciencia para la presentación de escritos y solicitudes y se establecen los criterios generales de tramitación telemática de determinados procedimientos. Orden ITC/3928/2004, de 12 de noviembre, por la que se crea un registro telemático en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Orden APA/2852/2004, de 2 de agosto, por la que se crea un registro telemático en el Ministeiro de Agricultura, Pesca y Alimentación Resolución de 26 de mayo de 2003, por la que se incluye el trámite de presentación de candidaturas a los premios TECNIMAP en el Registro Telemático del Departamento Orden PRE/989/2004, de 15 de abril, por la que se establecen los criterios generales de tramitación telemática de determinados procedimientos por el Ministerio de la Presidencia y los organismos públicos adscritos al departamento y se crea un registro telemático para la presentación de escritos y solicitudes Orden APU/203/2004, por la que se crea un Registro Telemático en el Ministerio de Administraciones Públicas para la presentación de escritos y solicitudes y se establecen los criterios generales de tramitación telemática de determinados procedimientos Resolución de 8 de enero de 2004, por la que se crea un Registro Telemático para la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística y se establecen los criterios generales para realizar el intercambio de datos padronales entre el Instituto Nacional de Estadística y los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares por medios telemáticos. (Corrección de errores BOE ) Resolución de 18 de diciembre de 2003, por la que se establecen los criterios generales de tramitación telemática de determinados procedimientos y se crea un registro telemático para la presentación de escritos y solicitudes cuya resolución compete a la Comisión Nacional de Energía. Orden INT/3298/2003, de 13 de noviembre, por la que se crea un registro telemático en el Ministerio del Interior y se regulan los requisitos y condiciones técnicas para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos. Orden CTE/2500/2003, de 2 de septiembre, por la que se crea un registro telemático en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se regulan los requisitos y condiciones técnicas para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos. Orden HAC/2115/2003, de 21 de julio, por la que se crean Registros Telemáticos para los órganos del Ministerio de Hacienda, sus organismos autónomos y la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado. Orden PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la que se desarrolla la Disposición final primera del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

16 16 REAL DECRETO 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. Nivel autonómico (creación registros telemáticos) Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y establece criterios generales para la presentación telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos administrativos. Orden de 28 mayo 2004, por la que se crea un registro telemático en la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento Resolución de 1 marzo 2004, dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 26 de febrero de 2004, por el que se aprueba el "Plan de Modernización, Simplificación y Calidad para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ( )" (entre los programas del Plan se encuentra "creación de un Registro Telemático") Orden de 20 febrero 2004, desarrolla el sistema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias Decreto 18/2004, de 13 febrero, crea el Registro Telemático de la Generalitat y regulación de las notificaciones telemáticas de la Generalitat Decreto 200/2003, de 20 marzo. Regula y determina las oficinas de registro propias o concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, procede a la creación del Registro Telemático de la Xunta de Galicia y regula la atención al ciudadano Decreto 175/2002, de 14 noviembre. Regula la utilización de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, por la Administración de la Comunidad de Madrid(el artículo 10 crea un Registro telemático en cada una de las Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid) Decreto 324/2001, de 4 de diciembre. Regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración de la Generalidad Bibliografía Aja, Eliseo. (1999). El Estado Autonómico. Federalismo y Hechos Diferenciales. Madrid: Alianza. Alabau, Antonio. (2004). La Unión Europea y su Política para el Desarrollo de la Administración Electrónica. Tras los Objetivos de la Estrategia de Lisboa. Madrid: Fundación Vodafone. Alabau, Antonio. (2001). La Unión Europea y su Política para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. En el Umbral de una Nueva Gobernanza Europea. Madrid: Fundación Airtel Vodafone. Alabau, Antonio. (1998). La Unión Europea y su Política de Telecomunicaciones. En el Camino hacia la Sociedad de la Información. Madrid: Fundación Airtel Vodafone. Castells, Manuel. (2001). La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad. Barcelona: Plaza & Janés. Comisión Europea. (2002). eeurope 2002 Benchmarking Report. Bruselas: Comisión Europea. Crespo, Luis F. (2000). Las Reformas de la Administración Española ( ). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Criado, J. Ignacio. (2004). Construyendo la e-administración Local. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación e Internet en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Madrid: EuroGestión Pública. Gallego, Raquel, Ricard Gomà, y Joan Subirats, eds. (2003). Estado de Bienestar y Comunidades Autónomas. Madrid: Tecnos-Universitat Pompeu Fabra. Heeks, Richard, ed. (1999). Reinventing Government in the Information Age. International Practice in IT-Enable Public Sector Reform. London: Routledge. Interoperable Delivery of European egovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens (IDABC). (2004). European Interoperability Framework for Pan-European egovernment Services. Bruselas: Comisión Europea. Leitner, Christine, y J. Ignacio Criado. (2005). 'Aprendizaje Organizativo y Cambio Institucional a través de Buenas Prácticas Europeas de e-administración. Una Aproximación a los Premios e-europe for e-government'. Revista Vasca de Administración Pública 71: Margetts, Hellen. (1999). Information Technology in Government: Britain and America. London: Routledge. Martín, Tomás. (2001). 'Proyectos para una Administración Electrónica en España'. Reforma y Democracia 20.

17 17 Martínez, Roberto. (1984). 'El Proceso de Informatización de la Administración Pública Española'. Documentación Administrativa 200: Ministerio de Administraciones Públicas. (2002). La Informática en las Administraciones Públicas. Informe IRIA Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas - Boletín Oficial del Estado. Ministerio de Administraciones Públicas. (2000). Intercomunicación de los Registros de Entrada y Salida de las Administraciones Públicas en el Proyecto Ventanilla Única. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas - Boletín Oficial del Estado. Mintzberg, Henry. (1999). La Estructuración de las Organizaciones. Barcelona: Ariel. Nistal, Gloria. (2000). 'La Ventanilla Única como Instrumento Válido y Vigente para la Construcción de la Sociedad de la Información'. Ponencia presentada en VI Jornadas sobre Tecnologías de Información para la Modernización de las Administraciones Públicas, de octubre, Cáceres. Snellen, Ignace Th. M. (1991). 'Informatization in Japanese Public Administration'. Informatization and the Public Sector 1 (4): Scala, Juan J. (1971). 'La Informática en la Administración Pública'. Documentación Administrativa 143.

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