CIRCULAR No. 2 La Ley 1395 de 2010 sobre Descongestión Judicial

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1 CIRCULAR No. 2 La Ley 1395 de 2010 sobre Descongestión Judicial A continuación formulamos algunos comentarios sobre la ley 1395, de descongestión judicial: 1. Competencia por razón de la cuantía: El artículo 3º de la ley subrogó al numeral 1º del artículo 20 de Código de Procedimiento Civil para disponer que la cuantía se determina por el valor de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda. En consecuencia, en los procesos de impuestos deberán incluirse los valores correspondientes a impuestos, sanciones e intereses. 2. Régimen Probatorio- Presentación de documentos: El artículo 11 de la ley subrogó al inciso 4º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se regulaba la presunción de autenticidad de los libros de comercio debidamente registrados, el contenido y la firma de pólizas de seguro y recibos de pago de sus primas, certificados, recibos, bonos y títulos de valor en establecimientos de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos bancarios, títulos valores etc, en su lugar dispuso que en todos los procesos los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán autenticas o sin necesidad de presentación personal o autenticación. Sin embargo la presunción no se aplica a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva. Esta nueva disposición facilita enormemente la conformación del acervo probatorio para la presentación de demandas. 3. Régimen Probatorio- Testimonios: El artículo 12 subrogó el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil para establecer, sin las limitaciones que antes establecía la norma (únicamente testimonios de personas enfermas) quien pretenda aducir en un proceso el testimonio de una persona podrá pedir que se le pida declaración extraprocesal con citación de la contraparte. 1

2 4. Requisitos de la Demanda- el artículo 41 estableció lo siguiente Autenticidad de la demanda: El artículo 41 de la ley 1395 estableció que La demanda con que se promueva cualquier proceso, firmada por el demandante o su apoderado se presume auténtica y no requiere presentación personal ni autenticación. Lo anterior quiere decir que a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, no será causal de inadmisión de la demanda que no se realice la diligencia de presentación personal o autenticación. 5. Competencia de los tribunales administrativos: El artículo 57 de la ley 1395 adicionado al artículo 132 del Código Contencioso Administrativo con el numeral 14, conforme al cual los Tribunales Administrativos conocen en primera instancia de las acciones populares y de cumplimiento que se interpongan contra actividades de actividad nacional. En esta materia será indispensable, en cada caso, examinar las acciones populares que debiendo dirigirse contra autoridades nacionales se promuevan contra autoridades locales para plantear la temática de la competencia atribuida por la ley 1395 a los Tribunales Administrativos. Es de recordar que el artículo 58, ibídem, adicionó con el numeral 10 al artículo 134B del Código Contencioso Administrativo para disponer que los jueces administrativos conocen en primera instancia de las acciones populares y de cumplimiento que se interpongan contra actividades de carácter departamental, distrital o municipal. 6. Régimen probatorio: El artículo 59 adicionó al 139 del Código Contencioso Administrativo, relacionado con la demanda y sus anexos, con un inciso que dice lo siguiente El demandante deberá aportar con la demanda todas las pruebas documentales que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el proceso. A su turno, el artículo 60 adicionó al artículo 145 del Código Contencioso Administrativo con un parágrafo que compromete al demandado con el deber de aportar las pruebas que tenga en su poder con motivo de la contestación de la demanda. 7. Pago de gastos ordinarios del proceso: El artículo 65 modificó al numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo en el sentido de disponer que si el demandante no suministra lo necesario para los gastos ordinarios del 2

3 proceso dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo que señale el auto admisorio de la demanda se entenderá que ha desistido de la demanda y se procederá en forma inmediata al archivo del expediente. 8. Audiencia en procesos que no requieran práctica de prueba: El artículo 66 adicionó al Código Contencioso Administrativo con el artículo 211A según el cual, una vez vencido el termino de fijación en lista en los procesos que no requieran la práctica de pruebas el juez debe citar a audiencia para que las partes presenten sus fundamentos de hecho y de derecho. En la misma audiencia se puede dictar sentencia. 9. Sustentación del recurso de apelación ante el a quo: Al artículo 67 subrogó al artículo 212 del Código Contencioso Administrativo e impuso que el recurso de apelación se debe interponer y sustentar dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia. Si el recurso no se sustenta en esa oportunidad el a quo lo declara desierto. 10. Sustentación en la apelación de autos: El artículo 68 subrogó al artículo 213 de Código Contencioso Administrativo y dispuso que el recurso de apelación contra autos se debe interponer y sustentar ante el a quo dentro de los cinco días siguientes a su notificación, so pena que se declare desierto por el inferior. 11. Conciliación forzosa para que no se declare desierto el recurso de apelación: El artículo 70 adicionó un cuarto inciso al artículo 43 de la ley 640 de 2001 para establecer que si el fallo de primera instancia es de carácter condenatorio y contra el mismo se interpone recurso de apelación, el juez o magistrado debe citar a audiencia de conciliación que ha de celebrarse antes de que se resuelva la concesión del recurso. La inasistencia a la audiencia genera para el apelante la declaratoria del recurso como desierto. Sin embargo, esta medida no parece aplicable a los procesos de impuestos en los cuales no hay propiamente una condena sino que se declara o se niega la nulidad de un acto sancionatorio o liquidatorio. 3

4 12. Fallo mediante sentencia oral: El artículo 72 habilita al Consejo Superior de la Judicatura para autorizar y regular la expedición de fallos verbalmente, por parte de los jueces o magistrados, en audiencias que se organicen para este fin, con los mismos efectos de cualquier otra sentencia. A la audiencia asisten las partes pero no intervienen. 13. Régimen probatorio pruebas extraprocesales: El artículo 113 establece la posibilidad de que se practiquen ante notario pruebas extraprocesales con citación de la contraparte y sujeción a las reglas sobre publicidad y contradicción. La citación se efectúa mediante aviso. 14. Régimen de precedentes judiciales: El artículo 114 establece la obligación de las entidades públicas de cualquier orden de tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos. Esta regla es esencial para la seguridad jurídica. Lo ideal hubiera sido disponer que los precedentes jurisprudenciales fueran obligatorios para la Administración, y no, como de manera ambigua establece la norma, tener en cuenta. 15. Régimen de precedentes judiciales: También es fundamental el artículo 115 por el cual se faculta a los jueces, tribunales y cortes para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la ley 153 de 1887, el artículo 4º de la ley 169 de 1896, puedan fallar o decidir casos similares que estén al despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado por el artículo 18 de la ley 446 de Es de anotar que, de conformidad con el artículo 10 de la ley 153 de 1887, subrogado por el artículo 4º de la ley 169 de 1889, Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos 4

5 análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. Si bien el artículo 230 de la Carta, establece que los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley, la ley 1395, reiterando lo dispuesto en la norma anteriormente transcrita, los faculta expresamente para sustentar sus fallos en los precedentes jurisprudenciales que, de acuerdo con la remisión a la ley 169, deben corresponder al menos a tres sentencias en igual sentido. 16. Régimen probatorio Experticios aportados por las partes: Por su trascendental importancia para los procesos, a continuación se transcribe el artículo 116 de la comentada ley 1395 por el cual se regulan los dictámenes aportados por las partes en los juicios: La parte que pretenda valerse de un experticio podrá aportarlo en cualquiera de las oportunidades para pedir pruebas. El experticio deberá aportarse acompañado de los documentos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito y con la información que facilite su localización. El juez citará al perito para interrogarlo en audiencia acerca de su idoneidad y del contenido del dictamen, si lo considera necesario o si la parte contra la cual se aduce el experticio lo solicita dentro del respectivo traslado. La inasistencia del perito a la audiencia dejará sin efectos el experticio. Este artículo es de la mayor importancia por cuanto reconoce valor probatorio a los experticios, mientras que en el régimen anterior los mismos se valoraban, fundamentalmente, como alegatos o afirmaciones de la parte que los presentaba. 17. Régimen de notificaciones: El artículo 120 estableció que a partir de la entrada en vigencia de la ley se implementará la notificación por medios electrónicos, de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Superior de la Judicatura. 5

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