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Transcripción

1 Estimados amigos, Para quien se dirige a ustedes es un placer compartir este espacio, por varias razones, la primera de ellas es por ser esta nuestra primera disertación pública al asumir la Presidencia de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), la segunda razón que nos motiva a intervenir en este Coloquio es que precisamente en la Zona Industrial de Herrera realice mis primeras labores profesionales y donde estuvo instalada mi primera oficina profesional. En tercer lugar porque la prevención de los riesgos laborales y accidentes de trabajo constituye una pasión y un compromiso personal, y por último, entendemos que una empresa moderna, competitiva y exitosa debe mejorar no solo sus procesos internos para hacerse más eficiente y rentable, sino que debe adicionalmente, redefinir su entorno interno para asegurar calidad y seguridad, tanto a sus productos, instalaciones y personal. En el año 2004, vimos como oportuno el llamado de la entonces Secretaría de Estado de Trabajo para revisar el antiguo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial promulgado mediante el Decreto 807 del Poder Ejecutivo de fecha 30 de diciembre de 1966, ya que el mismo se había hecho obsoleto ante los cambios sociales y económicos que ha experimentado la República Dominicana desde esa fecha. Recordemos que hoy día, nuestro país se desarrolla la totalidad de sus actividades productivas enmarcadas en un entorno abierto y competitivo, y contamos con sectores económicos de gran trascendencia que no existían en la década de los años 60s. Al culminar el trabajo de revisión del viejo reglamento y a más de 4 años de la promulgación de la actual normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, conocido como el Reglamento del 17 de octubre de 2006, vemos que no se ha logrado fortalecer o mejorar las condiciones de seguridad y salud del trabajo y peor aún, recibimos continuamente retroalimentación de empresas miembros de COPARDOM que señalan no solo la imposibilidad de su aplicación, sino que la implementación de los requerimientos implica sacrificios que no pueden ser asumidos por la mayoría de las unidades productivas nacionales. Page 1 of 7

2 Según los informes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en nuestro país contamos hasta Diciembre del 2010 con unas 44,251 empresas activas, generando 1,290,581 empleos formales. De estas, solo trece (13) un (0.02%), tienen más de 5,000 empleados, y emplean un 18.31% del total de los empleos formales, de estas, las entidades gubernamentales tienen nueve (9) empresas para un total de participación de un 16.10% y solo cuatro (4) son del sector privado representando un 2.2%, por otro lado, menos de 800 cuentan con más de 200 trabajadores, esto equivale a un 1.80% de las empresas registradas en la tesorería. Es decir, el 98.20% de la casi totalidad de nuestras empresas se pueden catalogar como micro, pequeñas y medianas. Peor aún resulta el hecho, de que unas 34,474 empresas (78%), son micros empresas, es decir que tienen menos de 15 empleados, de acuerdo a la fuente antes citada, lo que implica que la aplicación o implementación del reglamento, tal y como ha sido promulgado constituye un obstáculo al desarrollo del sector productivo y a la creación y mantenimiento de empleos. Obviamente, esta situación crea entre otras cosas condiciones para que muchas personas prefieran no incorporar sus empresas al sistema de la transparencia, provocando una competencia desleal con aquellos, como los miembros de esta y otras muchas asociaciones del sector privado, que si prefieren transparentar sus operaciones, cumpliendo con todos los requerimientos exigidos para operar, a expensas de que muchas veces puedan ser señalados o acusados, por no cumplir totalmente con algunos requerimientos, que aun deseando no puedan cumplirse del todo. Conocedores de esta realidad, COPARDOM en el 2006 solicitó un espacio de un año para socializar el reglamento antes de que el mismo fuera reclamado como de aplicación obligatoria. El lapso fue concedido, pero al no cambiar las condiciones de nuestro sector productivo los resultados continúan prácticamente estáticos. Compartimos los objetivos y las razones que crearon el Reglamento Los daños a la salud y los accidentes de trabajo deben ser prevenidos, creemos que la mejora de la salud y la seguridad en el trabajo es uno de los canales necesarios para buscar eficiencia y mayor productividad, pero debemos lograrlo sobre bases adecuadas a nuestro país e indudablemente de manera gradual, paso a paso. Page 2 of 7

3 Ante ello, me permito comentarles algunos fragmentos del Reglamento y sus Resoluciones que a nuestro entender son sujeto de mejora. Dada nuestra experiencia y la retroalimentación recibida en COPARDOM, mencionare solo algunos de los más importantes: ARTICULO 7.14 que establece la obligatoriedad de realizar reconocimientos médicos a los trabajadores en periodo no mayor a un año por un medico con especialidad o maestría en salud ocupacional. Este requerimiento, puede evaluarse desde dos puntos de vista: uno FINANCIERO y otro OPERATIVO. Desde el punto de vista FINANCIERO realizar reconocimientos médicos a los trabajadores puede resultar una carga a veces incosteable para las empresas, sobre todo aquellas que forman la mayoría de las unidades productivas activas en la Tesorería de la Seguridad Social, es decir para las micro y pequeñas empresas. Recordemos que las pruebas y reconocimientos exigidos por nuestro reglamento no son cubiertos por las instancias o entidades del Sistema Dominicano de Seguridad Social que velan por la salud del afiliado. Este aspecto, podría ser abordado adecuadamente entre los interlocutores sociales y las instancias del Sistema Dominicano de Seguridad Social para generar una solución conjunta que resulte satisfactoria para todos. Desde el punto de vista OPERATIVO, la obligación de realizar los reconocimientos médicos con especialistas o maestros en salud ocupacional genera distorsiones en el funcionamiento de las empresas, ya que la carencia de profesionales de la medicina especializados en salud ocupacional causa incumplimiento de la norma para la empresa y en algunos casos hay que destacar, la fijación de tarifas unilaterales fuera de toda lógica, por aquellos pocos que si cuentan con la calificación establecida. ARTICULO 13 que establece la potestad del Inspector de Trabajo para ordenar el cierre de las empresas ante situaciones de peligro inminente para la salud y la seguridad de los trabajadores. Page 3 of 7

4 Este artículo del reglamento a pesar de que establece el procedimiento para notificar la paralización de las actividades productivas, cómo y quién genera informes técnicos oficiales sobre las condiciones de salud y seguridad, no define lo que podría considerarse peligro inminente para el cese de la producción. Es decir, deja a la discreción del Inspector de Trabajo la evaluación del lugar de trabajo. Cabe señalar, que hasta el momento no hemos recibido informaciones sobre actuaciones ajenas a la ética y profesionalismo de los Inspectores del Ministerio, pero entendemos que asuntos de la importancia que reviste la paralización de las actividades de una empresa, no pueden ser dejadas a la interpretación de aquellos que están llamados a supervisar los procesos. Es necesario definir de manera tripartita las condiciones a que refiere el artículo antes señalado. ARTICULO 14 que establece la certificación de proveedores de servicios en seguridad y salud en el lugar de trabajo. En el numeral 14.1 el Reglamento establece que los programas de seguridad y salud en el trabajo serán realizados por proveedores de servicios de seguridad y salud en el trabajo CERTIFICADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO, de acuerdo a procedimientos establecidos mediante Resolución por dicha institución. A nuestro entender, el requerimiento arriba mencionado, busca el loable propósito de supervisar la calidad de los programas de salud y seguridad presentados al Ministerio, pero no toma en consideración situaciones que genera esa decisión. Por un lado, el hecho de limitar la formulación y firma de los programas a pocos profesionales del área, como comenté anteriormente, ha generado en múltiples ocasiones que los honorarios exigidos resulten elevados o incosteables ya que las leyes que rigen el mercado de bienes y servicios no aplica ante una alta demanda de empresas que deben cumplir con una obligación y la presencia de pocos profesionales que pueden satisfacer esta demanda debido a condicionantes del Reglamento. Por otro lado, este Articulo nos lleva a preguntamos si es necesario, prudente u oportuno requerirle un profesional CERTIFICADO, a una empresa radicada en el país que formula, establece e implementa políticas y programas de salud y seguridad basadas en normas corporativas de su casa matriz, muchas veces con estándares superiores a los Page 4 of 7

5 exigidos por nuestro Reglamento. En estos casos, pudiese requerirse simplemente que el mismo órgano regulador certifique la eficiencia de estos programas. Si bien es necesario, procurar la calidad de los programas de salud y seguridad sometidos por las empresas al Ministerio de Trabajo, debemos tener siempre como principio que se evalúan los PROGRAMAS Y SU CONTENIDO, en lugar de personas o perfiles profesionales. Como hemos indicado anteriormente, la contratación de un consultor CERTIFICADO podría obviarse y delegar en el Ministerio la labor de revisión y validación de los programas y planes de salud y seguridad. Como es por todos sabido, cualquier Reglamento puede puntualizarse por medio de Resoluciones y el caso que nos ocupa no constituye una excepción, por lo que me referiré a varios aspectos que entendemos importantes de la Resolución 04/2007 de fecha 30 de enero de El numeral de la Resolución 04/2007 establece la necesidad de baños para atender las necesidades de higiene de los trabajadores y, adicionalmente, señala la cantidad de estos en función del número de trabajadores de la empresa. La prudencia reclama separar los servicios orientados a las damas de los caballeros, como se requiere. Es recomendable también contar con áreas suficientes para cubrir las necesidades de los trabajadores, pero hemos pensado que una empresa de zonas francas que cuente con 2 mil trabajadores, como existen hoy día, necesitara de 66 baños? Hemos tomado en consideración el impacto de este requerimiento en el costo, tamaño y diseño de las instalaciones de una fábrica como la que acabo de mencionar? De igual forma, el numeral 1.21 de la Resolución 04/2007 obliga la instalación de un centro de atención médica o primeros auxilios para aquellas empresas con más de 100 trabajadores. Entendemos que el fin ulterior de nuestra norma debe ser la atención adecuada, eficaz e inmediata de los trabajadores ante la ocurrencia de un evento de cualquier naturaleza que así lo requiera. De igual manera pudiese evaluarse la necesidad de que el Estado, como responsable de garantizar la salud de sus ciudadanos, pueda crear los centros médicos necesarios, sobre Page 5 of 7

6 todo en las zonas predominantemente industriales o generadoras de empleos, y no simplemente delegar esa responsabilidad a sectores productivos y creadores de empleos. Otras consideraciones nuestras sobre el Reglamento se orientan a la necesidad de formular, enunciar y establecer adecuadamente los requisitos que contempla. En más de una oportunidad, hemos conocido de casos donde un experto altamente calificado interpreta la normativa de una forma diametralmente opuesta a otro profesional del área, creando confusión en lo que atañe al cumplimiento. Para nosotros la normativa debe proveer obligaciones claras y evitar las discrecionalidades de quienes estamos presentes en el proceso. Ese criterio de claridad en las obligaciones que acabo de mencionar, debe aplicar tambien a todas aquellas partes del Reglamento que resultan repetitivas y redundantes, como por ejemplo, el análisis e investigación de accidentes tratados en secciones diferentes y, la observación de tareas y análisis de tareas igualmente presentes en dos partes del documento indicado. Es recomendable puntualizar y concretizar todos los elementos importantes para hacerlos precisos. Concluyo esta intervención, saludando la decisión de contar con un reglamento sobre seguridad y salud moderno, que mejore las condiciones en que se desarrollan las actividades productivas, pero reiteramos que el mismo debe ser aplicable, adecuado a nuestra realidad y que desarrolle la cultura de la prevención de accidentes y riesgos laborales. Espero que este intercambio de criterios, que muestra la visión del empleador y la visión del Ministerio de Trabajo, en su calidad de supervisor del proceso, permita iniciar un proceso de diálogo que concluya en la adaptación y mejora de nuestro Reglamento El sector privado inició las labores de investigación y evaluación de cómo enriquecer nuestras normas sobre salud y seguridad en el trabajo, y producto de ello surge la alianza entre la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y COPARDOM, la cual pronóstico como una alianza firme y sincera. Page 6 of 7

7 Hasta el momento, la apertura que hemos visto del Ministerio de Trabajo nos genera la esperanza de que podemos discutir abierta y puntualmente estos temas para lograr formalizar los procesos vinculados a la salud y la seguridad en el trabajo y a mejorar las condiciones de bienestar de nuestros trabajadores. En parte esta es una de las grandes tareas que tenemos por delante, convertir crecimiento económico, en desarrollo, para lograr el país que todos deseamos. Por una Patria Servida Como se Merece! MUCHAS GRACIAS!!!!! Page 7 of 7