CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a once horas y diez minutos del día quince de octubre de dos mil quince. Por recibidos: i) informe suscrito

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1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a once horas y diez minutos del día quince de octubre de dos mil quince. Por recibidos: i) informe suscrito por el Director de Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas interino, del Centro Nacional de Registros (CNR), mediante el cual señala la existencia de doce inmuebles registrados a nombre de Reynaldo Antonio López Cardoza y de Alma Yaneth Gutiérrez de López, los cuales se encuentran en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Salvador y La Libertad; ii) notificación proveniente del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, San Salvador, mediante el cual se indica que el inmueble inscrito en la matrícula se encuentra inscrito a favor de Manuel Antonio Tejada Cardoza, por lo que se solicita que se aclare si es procedente realizar la anotación preventiva, no obstante no estar inscrito a favor del diputado. Asimismo señala que aparece inscrito un inmueble ubicado en Barrio San Jacinto, con la matrícula a favor de Reynaldo Antonio López Cardoza, por lo que solicita que, en caso de solicitarse también la anotación preventiva del mismo, se incorpore dicha matrícula. I. Esta Corte advierte que en resolución de las once horas y treinta minutos del día seis de octubre de este año, se decidió ordenar juicio por enriquecimiento ilícito en contra del Diputado Propietario de la Asamblea Legislativa Reynaldo Antonio López Cardoza y se decretó como medida cautelar, entre otras, la anotación preventiva de estos en el registro correspondiente, en virtud de no existir justificación respecto a los fondos con los cuales fueron adquiridos. En el primero de los informes que hoy se recibe, se constata que en efecto aparecen a favor del funcionario López Cardoza y de su esposa todos los inmuebles descritos en su declaración patrimonial; pero además, según el mismo informe, el referido funcionario tiene inscrito a su favor otros cuatro inmuebles no incluidos en su declaración patrimonial presentada en los años 2012 y 2015, a pesar de haber sido adquiridos en los años 2010 y Según el informe del CNR específicamente los cuatro inmuebles que se constata no haber sido incluidos son los siguientes: a) ubicado en El Ocotal, Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, con un área de 1, m², registrado con el número , adquirido por compraventa en $ 2,500.00, el 9 de abril de 2010; b) localizado también en El Ocotal, Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, de 32, m², con número de matrícula ; comprado por el diputado López Cardoza a un precio de $ 2,500.00, el 9 de abril de 2010; c) ubicado en colonia Posada o Finca Buena Vista, Barrio San Jacinto, San Salvador, con un área de m², registrado bajo la matrícula , adquirido por compraventa con pacto de 1

2 retroventa el 8 de marzo de 2010, al precio de $ 5,000.00; d) situado en cantón Joya Grande o Galana, Apopa, departamento de San Salvador, con área de m², inscrito con el número , adquirido por la señora Gutiérrez de López, a través compraventa efectuada el día 24 de mayo de 2011, por el precio de $ 10, Al igual que los inmuebles ya anotados preventivamente por esta Corte, se desconoce el origen de los fondos con los que fueron adquiridos por el Diputado López Cardoza los cuatro inmuebles arriba identificados, y que no fueron incluidos en su declaración patrimonial. La omisión reiterada de incluir tales bienes inmuebles en su declaración patrimonial por parte del Diputado López Cardoza también debe ser objeto de investigación, puesto que en los propios formularios utilizados por la Sección de Probidad se expresa que las declaraciones se hacen bajo juramento de que la información incorporada en las mismas es verdadera, exacta y completa. Por tanto, en relación con los cuatro inmuebles también surge la necesidad de tomar medidas para su aseguramiento provisional, por las mismas razones aportadas en la resolución de 6 de octubre de este año, con el objeto de garantizar los eventuales resultados de un juicio por enriquecimiento ilícito. En consecuencia, la medida cautelar decidida deberá ampliarse en cuanto a la inclusión de los bienes referidos. II. En cuanto al inmueble ubicado en cantón San Jerónimo y registrado bajo la matrícula número , a nombre de Manuel Antonio Tejada Cardoza y no del diputado López Cardoza, se advierte que este fue declarado por el funcionario como parte de sus bienes inmuebles y que, si bien no ha sido inscrito a su nombre, se cuenta con una escritura de compraventa que sustenta su adquisición el día 10 de febrero de Sobre ello la Sección de Probidad oportunamente solicitó explicación al interesado, quien mediante escrito presentado con posterioridad aseguró que dicho inmueble continuaba siendo de su propiedad y adjuntó copia de la escritura pública de compraventa. En consecuencia, también deberá comunicarse a la señora Registradora de la Propiedad Raíz e Hipotecas de San Salvador que será afectado con la anotación preventiva. III. Este tribunal debe agregar que, en la resolución de 6 de octubre ya mencionada, se omitió incorporar en las cuentas bancarias a inmovilizar, la cuenta de ahorros de Scotiabank número , a nombre de Alma Yaneth Gutiérrez de López, la cual fue incluida por el diputado López Cardoza desde su primera declaración patrimonial, por lo cual deberá ordenarse a la institución bancaria que también aplique a dicha cuenta la mencionada medida cautelar. 2

3 IV. En relación con el procedimiento administrativo de verificación de la veracidad de la información contenida en las declaraciones patrimoniales presentadas por el diputado López Cardoza, se hace necesario realizar las siguientes consideraciones: 1. Con fecha 19 de agosto de 2015, la Sección de Probidad de esta Corte realizó observaciones a la declaración de cese de funciones presentada por el diputado propietario de la Asamblea Legislativa Reynaldo Antonio López Cardoza, en relación con el período del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de Además, el día 20 de agosto de 2015, dicha Sección reiteró las mismas observaciones, a excepción de una, en relación con la declaración patrimonial de toma de posesión para el período del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018; adicionando a su vez otro señalamiento. Ambas fueron notificadas al funcionario mencionado, a quien le fue otorgado el plazo de 15 días para subsanarlas. Los días 7 y 9 de septiembre del presente año, el diputado López Cardoza presentó información complementaria que no enmendó en su totalidad las observaciones efectuadas, y además generó la realización de otras solicitudes de aclaración por parte de la mencionada Sección. Dichos requerimientos, según consta en documentación del expediente respectivo, fueron trasladados al diputado López Cardoza el día 6 de octubre del presente año. Lo anterior significa que la Sección de Probidad, a través de diferentes observaciones, ha otorgado a dicho funcionario, distintos momentos para explicar las presuntas irregularidades detectadas. Sin embargo, las explicaciones no han resultado ser plenamente satisfactorias. 2. Es pertinente indicar que el mecanismo que regula la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP) para determinar si existen indicios de enriquecimiento ilícito es de carácter sui generis; es decir, que presenta particularidades que son propias, lo cual debe ser tomado en cuenta para la comprensión de su configuración. Se trata de un mecanismo previsto directamente en el artículo 240 de la Constitución, en el cual se regula algunos aspectos básicos del mismo, dirigido específicamente a la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito de ciertos funcionarios o empleados públicos, que inicia con la presentación de declaraciones patrimoniales de éstos, pero cuyo trámite debe ser continuado de oficio por la Sección de Probidad y por esta Corte, todo de acuerdo con sus atribuciones establecidas en el ordenamiento jurídico. En síntesis, corresponde a esta Corte, a través de la Sección de Probidad, recibir las declaraciones patrimoniales, verificar la veracidad de su contenido, 3

4 identificar si fuere procedente los indicios de posible enriquecimiento ilícito, y en su caso, adoptar las medidas cautelares pertinentes. En consecuencia, la decisión de la Corte no debe entenderse como definitiva respecto al enriquecimiento ilícito y al destino de los bienes afectados; ambas circunstancias corresponde determinarlas a la Cámara correspondiente, previo juicio de conformidad con la ley. La Constitución y la LEIFEP señalan la oportunidad que tienen los funcionarios y empleados públicos para exponer y justificar su situación patrimonial: la presentación de declaraciones juradas, tanto en el momento de toma de posesión de su cargo como cuando cesan en sus funciones artículos 240 Cn y 3 de la LEIFEP. Los funcionarios y empleados tienen la obligación de proporcionar declaraciones veraces, completas y que tengan sustento objetivo y este deber, proveniente de la propia carta magna, no solo posee esta obvia relevancia formal estar contenido en la ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico, sino también una material, ya que es innegable su importancia e idoneidad para asegurar que el desempeño de la función pública esté orientada a la satisfacción del interés público, a través de la rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que confiere la ley y el correcto ejercicio de las atribuciones encomendadas, entre otros aspectos. Ahora bien, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, a la que corresponde, en primer término, comprobar la veracidad de las declaraciones de patrimonio presentadas, puede hacerlo a través de las medidas que estime necesarias, entre ellas, el requerimiento de informes a entidades públicas y privadas, así como a habitantes de la República en general artículos 240 Cn; 8, 9, 24, 25 y 27 LEIFEP; 114 de la Ley Orgánica Judicial. En el caso de estudio, al diputado López Cardoza se le ha otorgado la oportunidad para explicar las irregularidades advertidas por la Sección de Probidad, las cuales a la fecha no han sido satisfactorias, como se ha mencionado. 3. Como se indicó con anterioridad, al diputado López Cardoza, la Sección de Probidad le requirió, en fecha 6 de octubre de 2015, aclaración sobre algunos aspectos dudosos de sus declaraciones de cese de funciones del período del 1 de mayo de 2012 a 30 de abril de 2015 y de toma de posesión del correspondiente al 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018 y, en virtud de que no superó con su contestación todas las observaciones efectuadas, se pidió más información al respecto. Esto significa que el funcionario tuvo dos oportunidades para presentar de forma completa, veraz y sustentada objetivamente sus declaraciones patrimoniales y no lo hizo. 4

5 Ello no impide que pueda presentarse lo que se estime pertinente ante el tribunal correspondiente en el juicio por enriquecimiento ilícito que ya ha ordenado esta sede, el cual realizará sus propias consideraciones. Cabe agregar que las observaciones que se realizaron por la Sección de Probidad el 6 de octubre de 2015, están referidas a: i) documentar la inversión realizada en un inmueble ubicado en Los Planes de Renderos; ii) determinar la extensión superficial, el valor estimado y el tipo de construcción que existía en el inmueble ubicado en Antiguo Cuscatlán, antes de la inversión realizada por el arrendatario del mismo; iii) declarar la procedencia de los fondos que le permitieron cubrir el excedente de cuotas de amortización de un crédito hipotecario con el Banco de los Trabajadores Salvadoreños y cancelarlo previo al vencimiento del plazo; y, iv) presentar comprobantes de abonos realizados por Rivera Monge S.A. de C.V., para la amortización mensual de sus créditos hipotecarios, durante la vigencia de un contrato de arrendamiento que así lo estipulaba. Como puede advertirse, las observaciones anteriores no se refieren a las irregularidades encontradas, de las cuales se extrajeron indicios de enriquecimiento ilícito, tal como se sostuvo en la resolución emitida por esta Corte el 6 de octubre de este año y los cuales subsisten. En cuanto a los inmuebles se ha detectado que estos fueron comprados a precios particularmente bajos en relación con su ubicación, extensión y sobre todo con el valor que dos o tres años después ha declarado de los mismos el diputado; además, fueron adquiridos sin advertirse la procedencia de los fondos y sin que se hubieran verificado transacciones bancarias que respaldaran su compra. Sobre el bien ubicado en Antiguo Cuscatlán, la historia registral también indica que fue comprado en el año 2009 por Wilber Alexander Rivera Sifontes por el precio de $ 100, y, posteriormente, en 2011, comprado a éste por el diputado López Cardoza en $ 28, Sobre lo señalado, no puede perderse de vista que, para ordenar un juicio como el mencionado, esta Corte no necesita haber determinado irrefutablemente que el funcionario se ha enriquecido ilícitamente, sino que basta con que existan indicios de que así sea, pues esto último amerita la celebración del juicio respectivo. De conformidad al artículo 9, inciso 1º, de la LEIFEP: cuando del examen de la declaración de patrimonio o del resultado de las medidas que se expresan en el numeral 1 del artículo anterior, aparecieren indicios de enriquecimiento ilícito contra un funcionario o empleado público, la Corte Suprema de Justicia pronunciará resolución ordenando a la Cámara de lo Civil de la Sección donde corresponde el domicilio del empleado o funcionario, que inicie juicio por enriquecimiento ilícito contra este, debiendo certificarle la documentación pertinente. Lo anterior significa que no se exige, en esta fase, certeza sobre 5

6 el enriquecimiento ilícito, ni que la investigación se encuentre completamente agotada en relación con cada aspecto que compone la situación patrimonial del declarante, pues este es el objeto del proceso judicial. Por tanto, debe concluirse que la decisión de este tribunal de ordenar el juicio respectivo, se encuentra efectivamente sustentada en indicios de supuesto enriquecimiento ilícito que fueron detectados tanto a partir de lo presentado por el diputado, como por lo omitido por éste, incluso después de haberse otorgado una oportunidad adicional para que aclarara lo correspondiente, en contraste con los informes requeridos y proporcionados por entidades públicas y privadas. Con fundamento en lo expuesto y lo establecido en la Constitución de la República, la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, y la Ley Orgánica Judicial, esta Corte resuelve: 1. Decrétese medida cautelar en inmuebles del diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y de su cónyuge; en consecuencia, ordénase la anotación preventiva de los siguientes inmuebles: (i) ubicado en El Ocotal, Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, con un área de 1, m² y registrado con el número ; (ii) localizado también en El Ocotal, Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, de 32, m², con número de matrícula ; (iii) ubicado en colonia Posada o Finca Buena Vista, Barrio San Jacinto, departamento de San Salvador, con un área de m² y registrado bajo la matrícula y (iv) situado en cantón Joya Grande o Galana, Apopa, departamento de San Salvador, con área de m², inscrito con el número Ordénase a la Registradora de la Propiedad Raíz e Hipotecas de San Salvador que también proceda a la anotación preventiva del inmueble situado en cantón San Jerónimo, Guazapa, y registrado bajo la matrícula número , a nombre de Manuel Antonio Tejada Cardoza. 3. Inmovilícese la cuenta bancaria de ahorros número del banco Scotiabank, a nombre de la señora Alma Yaneth Gutiérrez de López, la cual no se consignó en el fallo de la resolución de seis de octubre de dos mil quince, pero que fue incluida desde la primera declaración patrimonial presentada por el diputado López Cardoza; debiendo requerirse a la institución bancaria correspondiente que proceda a ello. 4. Certifíquese la presente decisión y remítase a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro y a la Fiscalía General de la República. 5. Líbrese los oficios correspondientes para cumplir esta resolución. 6

7 VOTO PARTICULAR DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ BELARMINO JAIME, OVIDIO BONILLA FLORES, JOSÉ ROBERTO ARGUETA MANZANO Y DAFNE YANIRA SÁNCHEZ DE MUÑOZ. I. Los magistrados que suscribimos el presente voto concurrimos en la decisión adoptada por el resto de magistrados que conforman el pleno de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a decretar la anotación preventiva de los inmuebles propiedad del diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y de su cónyuge, detallados a continuación: (i) ubicado en El Ocotal, Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, con un área de 1, m² y registrado con el número ; (ii) localizado también en El Ocotal, Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, de 32, m², con número de matrícula ; (iii) ubicado en colonia Posada o Finca Buena Vista, Barrio San Jacinto, departamento de San Salvador, con un área de m² y registrado bajo la matrícula y (iv) situado en cantón Joya Grande o Galana, Apopa, departamento de San Salvador, con área de m², inscrito con el número Además, también concurrimos en la orden de inmovilización de la cuenta bancaria de ahorros número del banco Scotiabank, a nombre de la señora Alma Yaneth Gutiérrez de López, la cual no se consignó en el fallo de la resolución de seis de octubre de dos mil quince. Y, por último, que se certifique la presente decisión y se remita a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro y a la Fiscalía General de la República. II. Sin embargo, no concurrimos con nuestros compañeros magistrados en el pronunciamiento del número 2 de la resolución que antecede al presente voto, relativo a la orden a la Registradora de la Propiedad Raíz e Hipotecas de San Salvador, para que también proceda a la anotación preventiva del inmueble situado en cantón San Jerónimo, Guazapa, y registrado bajo la matrícula número , a nombre de Manuel Antonio Tejada Cardoza. Lo anterior, debido a que dicho inmueble no se encuentra registrado a nombre de diputado Reynaldo Antonio López Cardoza, cónyuge o hijos. Así hacemos constar nuestra postura en la resolución que hoy se suscribe. San Salvador, quince de octubre de dos mil quince. 7

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