SANCIÓN: 3 UIT. Lima, 29 de enero de 2012 ANTECEDENTES

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1 PROCEDENCIA : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEDE LIMA SUR PROCEDIMIENTO : DE PARTE DENUNCIANTE : ALBERTO BERNARDO HUBY VIDAURRE DENUNCIADA : PROSEGUR ACTIVA PERÚ S.A. MATERIA : IDONEIDAD DEL SERVICIO ACTIVIDAD : ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD SUMILLA: Se confirma la resolución venida en grado en el extremo que declaró fundada la denuncia formulada por el señor Alberto Bernardo Huby Vidaurre contra Prosegur Activa Perú S.A. por infracción del artículo 8º del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor, debido a que la denunciada no brindó un servicio idóneo, al haberse acreditado que no sonó la alarma de su domicilio cuando los delincuentes ingresaron y que no comunicó oportuna e inmediatamente al Serenazgo la alerta detectada en la central de monitoreo. SANCIÓN: 3 UIT Lima, 29 de enero de 2012 ANTECEDENTES 1. El 9 de junio de 2010, el señor Alberto Bernardo Huby Vidaurre (en adelante, el señor Huby) denunció ante la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Sur (en adelante, la Comisión) a Prosegur Activa Perú S.A. (en adelante, Prosegur 1 ) por infracción del artículo 8º del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor, debido a que Prosegur instaló en su domicilio una alarma a distancia con sonidos de altos decibeles destinada a monitorear su vivienda durante las 24 horas del día y los 365 días del año, a efectos de detectar y alertar cualquier ingreso no autorizado o forzado que, en el caso de producirse, Prosegur debía dar aviso inmediato a Serenazgo, a la Policía Nacional del Perú y a las personas indicadas por el señor Huby. Sin embargo, se produjeron los siguientes hechos: (i) (ii) El 31 de diciembre de 2009, un grupo de delincuentes ingresó a su domicilio hurtando diversos bienes, joyas y dinero de su propiedad por un monto de aproximadamente US$ 18,000 y S/. 4,000; el personal de seguridad de Prosegur llegó a su domicilio 24 minutos después del ingreso de los delincuentes a su domicilio, es decir, en un 1 RUC Con domicilio fiscal: Av. República de Panamá Nº 3890, Surquillo, Lima. M-SC2-13/1B

2 tiempo superior al promedio de cualquier empresa que brinda el mismo servicio; (iii) la alarma de su domicilio nunca sonó pues no fue escuchada por los vecinos, ni personal de seguridad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC (aledaña a su domicilio), ni por agentes motorizados de Serenazgo que pasaron frente a su casa; y, (iv) Prosegur no contactó a tiempo a las autoridades competentes encargadas de intervenir y detener a los delincuentes que ingresaron a su casa. 2. El 14 de octubre de 2010, Prosegur presentó sus descargos indicando lo siguiente: (i) (ii) La alarma se activó a las 13:11 horas y a las 13:16 horas se envió una unidad de supervisión, que llegó al domicilio del denunciante a las 13:30 horas, por ende sí actuó con la inmediatez del caso, teniendo en cuenta que no existe un tiempo de demora garantizado contractualmente entre el envío de dicha unidad de supervisión y el arribo al lugar donde se activó la alarma; no existió demora en contactar a las autoridades en tanto que la primera llamada a Serenazgo se produjo a las 13:19 horas y luego se efectuó una segunda llamada a las 13:29 horas, pero entre tanto se comunicaron con los números de contacto del denunciante (13:24 y 13:25 horas); y, (iii) negó que la alarma no haya sonado, destacando que si Serenazgo no acudió al lugar cuando se activó la alarma, ello escapa a su esfera de control y, por tanto, no podía ser responsable por tales conductas. 3. Por Resolución /CPC del 16 de marzo de 2011, la Comisión emitió el siguiente pronunciamiento: (i) (ii) Declaró fundada la denuncia contra Prosegur por infracción del artículo 8º del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor, al haberse acreditado que la alarma no sonó en el domicilio del denunciante y por no haber cumplido con comunicar de manera inmediata a las instituciones correspondientes la alerta detectada; y, denegó la solicitud de medidas correctivas referidas a: (i) la devolución del valor equivalente a los bienes sustraídos, por cuanto tiene naturaleza indemnizatoria; y, (ii) el reembolso del dinero pagado como contraprestación por el servicio de alarma a distancia, en tanto que quien contrató dicho servicio fue la empresa empleadota del denunciante; y 2/11

3 (iii) sancionó a Prosegur con una multa ascendente a 3 UIT -considerando como agravantes el beneficio ilícito (1 UIT), la posibilidad de detección (1 UIT) y coadyuvar a la comisión del hurto (1 UIT)- y la condenó al pago de las costas y costos del procedimiento. 4. El 1 de abril de 2011, Prosegur apeló la Resolución /CPC en los extremos que le fueron desfavorables indicando lo siguiente: (i) (ii) Solicitó la nulidad de resolución impugnada debido a que la Comisión fragmentó la imputación de cargos en tres cuestiones diferentes -la emisión de alarma, la asistencia de personal de seguridad y el contacto a tiempo con las autoridades-, siendo evaluadas y sancionadas de forma independiente, no obstante corresponder a una sola presunta infracción; el atestado policial no ha acreditado que no sonó la alarma, sino que sólo deja constancia de la declaración del denunciante en el sentido de que personal de seguridad de la UPC no habría escuchado nada; (iii) el hecho que Serenazgo haya circulado por la zona y no se detuviera para intervenir o verificar la casa luego de activarse la alarma, escapa a su esfera de control; (iv) luego de la infructuosa primera llamada a Serenazgo a las 13:19 horas se contactaron con el denunciante (13:24 horas) y luego con su hijo (13:25 horas), como era su obligación según el contrato; y, (v) ANÁLISIS cuestionó la graduación de la sanción. Sobre la solicitud de informe oral 5. El 12 de octubre de 2011, el señor Huby solicitó que la Sala le conceda el uso de la palabra para exponer sus argumentos. Al respecto, el artículo 16º del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, señala que quedará a criterio del órgano resolutivo convocar o denegar la solicitud para la actuación del informe oral 6. Atendiendo a que la Sala ha verificado que cuenta con suficientes elementos probatorios para emitir un pronunciamiento motivado corresponde denegar el uso de la palabra solicitado por el denunciante. Cuestión Previa: Sobre la nulidad de la resolución impugnada 7. Prosegur solicitó la nulidad de la Resolución /CPC toda vez que la Comisión consideró que la imputación efectuada por la Secretaría Técnica permitía extraer tres imputaciones distintas, de manera que fragmentó una 3/11

4 única imputación en tres cuestiones diferentes que fueron evaluadas de forma independiente. Agregó que tal evaluación sirvió de base para la imposición individual de sanciones diferenciadas, violando de esta manera principios esenciales como el debido proceso y el de congruencia. 8. En el presente caso, mediante Resolución 1 del 4 de octubre de 2010 la Secretaría Técnica de la Comisión estableció como presunta infracción de la Ley de Protección al consumidor lo siguiente: (i) Proseguridad S.A. no habría prestado un servicio idóneo de vigilancia con alarma a distancia al domicilio del señor Alberto Bernardo Huby Vidaurre, en la medida que el 31 de diciembre de 2009 un grupo de delincuentes habría ingresado a su domicilio, hurtando diversos bienes; sin embargo, la alarma no habría sonado, el personal de seguridad de la denunciada no se habría apersonado oportunamente a su domicilio y habrían tardado en contactar a las autoridades correspondientes; lo que constituye una presunta infracción del artículo 8º del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor (el subrayado es nuestro). 9. Del texto citado se desprende que la imputación de cargos tiene correspondencia con el análisis de las cuestiones en discusión realizadas por la Comisión. No se trata por consiguiente de imputaciones nuevas o que se distingan individualmente como cargos autónomos o independientes, sino de una sola imputación que a efectos de su valoración y evaluación fue analizada en momentos distintos. 10. Asimismo, de la lectura de la Resolución impugnada se desprende que el análisis realizado por la Comisión no sirvió como base para sanciones diferenciadas, toda vez que al momento de graduar la sanción se tomó en cuenta criterios como el beneficio ilícito (1 UIT), la posibilidad de detección (1 UIT) y el agravante (1 UIT), pero de ningún modo se sancionó por cada uno de los puntos analizados por la Comisión, quien consideró la conducta infractora como una sola acción tipificada en el artículo 8º de la Ley de Protección al consumidor. 11. Si bien a efectos del análisis de las cuestiones en discusión la Comisión evaluó la conducta en tres aspectos o momentos -los mismos que fueron considerados en la imputación de cargos-, cabe indicar que Prosegur ejerció su derecho de defensa en todos los aspectos de los cargos imputados. 12. Por las razones expuestas, este colegiado considera que no existió una vulneración al principio del debido proceso ni al principio de congruencia, por lo que corresponde denegar el pedido de nulidad de la resolución impugnada. 4/11

5 Sobre el deber de idoneidad 13. El artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor establece la responsabilidad de los proveedores por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, lo que el consumidor espera en virtud del deber de idoneidad dependerá de lo previsto en la ley (garantía legal), lo pactado en el contrato (garantía expresa) o los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquiere el producto o servicio en el mercado (garantía implícita). 14. Asimismo, la Ley de Protección al Consumidor establece la responsabilidad de los proveedores respecto a la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado 2. El supuesto de responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a éste la carga de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio colocado en el mercado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo acreditar la existencia de hechos ajenos que lo eximen de la responsabilidad. Así, una vez acreditado el defecto por el consumidor, corresponde al proveedor acreditar que este no le es imputable. Sobre el deber de contacto inmediato 15. En el presente caso, se debe partir del análisis de las condiciones o términos expresamente ofrecidos por Prosegur bajo los cuales se iba a brindar el servicio de alarma a distancia. Para ello es necesario revisar el contenido de las cláusulas que contiene el documento denominado contrato de servicio de alarma a distancia 3. CUARTA.- SERVICIOS El ABONADO se acoge a los siguientes servicios: a) Al monitoreo ininterrumpido, 24 horas del día, 365 días al año, de la central de alarmas, de EL ABONADO para tomar conocimiento instantáneo de la necesidad de un auxilio externo y realizar las acciones inmediatas acordadas en el presente contrato. 2 3 DECRETO LEGISLATIVO 716. LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.- Artículo 8º.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. El proveedor se exonerará de responsabilidad únicamente si logra acreditar que existió una causa objetiva, justificada y no previsible para su actividad económica que califique como caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o negligencia del propio consumidor para no cumplir con lo ofrecido. La carga de la prueba de la idoneidad del bien o servicio corresponde al proveedor. Ver en la foja 20 del expediente. 5/11

6 Queda claro que el auxilio externo se refiere únicamente a la protección de las instalaciones de EL ABONADO, y de ningún modo el personal de EL PRESTATARIO podrá realizar acciones que sean propias de la función policial. b) La comunicación inmediata, tan pronto como se produzca una alarma, a las instituciones y/o personas que el abonado indique. c) La operación de los equipos de la central de monitoreo HALCON 014, por técnicos experimentados y calificados para la central de alarma HALCON 014, que figura en el presente contrato instalado en el local indicado por EL ABONADO, sito en: ALONSO DE LA MOLINA # 1584 MONTERRICO SURCO. (el subrayado es nuestro) 16. De la cláusula citada, se desprende que era obligación de Prosegur realizar acciones inmediatas tan pronto se activase la alarma, comunicando inmediatamente a las autoridades correspondientes (Serenazgo, Policía Nacional del Perú) y a las personas que haya indicado el señor Huby (familiares). 17. En su escrito de apelación, Prosegur indicó que si bien tenía como una de sus principales obligaciones -una vez activada la alarma- comunicar inmediatamente a Serenazgo o la Policía Nacional del Perú, también estaba obligada a dar aviso a las personas que el señor Huby indicó (su hijo y el propio denunciante), por lo que nunca dejó de atender lo ocurrido. 18. De la revisión del documento denominado Formato de Atención de Alarma 4 presentado por Prosegur como medio probatorio, se advierte lo siguiente: Cronología del Suceso 13:11 Se recibe señal de alarma 13:16 Se envía Unidad de Supervisión 13:17 Comunicación al Fijo de casa no contestan 13:19 Comunicación al Serenazgo de Surco. Ocupado. 13:24 Comunicación al Sr. Alberto Huby (Papá), indica que avisará a su hijo. 13:25 Comunicación al Sr. Alberto Huby (Hijo), coordina para la verificación 13:29 Se llama al Serenazgo de Surco. Op. Oblitas enviará unidad. 13:30 Llega unidad de supervisión 13:31 Supervisor Cervantes comunica que la puerta de calle se encuentra palanqueada. 13:32 Comunicación al Sr. Huby (hijo) indica que enviará a su hija al lugar. 13:33 El supervisor observa un carro dentro de la cochera, asimismo tuvo comunicación con el Avp de la cuadra quien vio un vehículo de marca 4 Ver en la foja 26 del expediente. 6/11

7 susuki en la parte externa. 13:41 Llegada de la Srta. Huby (hija del principal). Procede a verificar lo faltante. 13:43 Llegada de la unidad de Serenazgo a cargo del Tec. Ticano. 19. Si bien se aprecia que a las 13:19 horas se registró que el teléfono de Serenazgo sonaba ocupado, no existen registros que den cuenta de alguna insistencia en tratar de comunicarse nuevamente con las autoridades, pues el segundo intento para contactarse con el Serenazgo del distrito se produjo a las 13:29 horas, es decir, 10 minutos después de la primera llamada infructuosa. Prosegur indicó que entre tanto se comunicó con el propio denunciante (13:24 horas) y luego con su hijo (13:25). Es decir, la propia denunciada reconoció expresamente que no insistió en ese lapso de tiempo de 10 minutos en seguir contactándose con el Serenazgo. 20. En este punto, Prosegur alegó que estaba obligada no sólo a comunicarse inmediatamente con las autoridades correspondientes, sino también con las personas indicadas por el señor Huby. Sin embargo, ambas obligaciones no eran excluyentes a tal punto de dejar de insistir en contactarse con las autoridades para poder comunicarse con las personas indicadas por el denunciante. Dada la naturaleza del servicio de alerta a distancia contratado, Prosegur -independiente y paralelamente a su obligación de contactarse con el denunciante o sus familiares- debió seguir intentando comunicarse con el Serenazgo pues ésta es la autoridad que se encuentra en mejor posición para intervenir o evitar que se consuma un eventual hurto, que finalmente fue lo que ocurrió. 21. Un consumidor esperaría que en días festivos como navidad y año nuevo donde el índice de delincuencia se incrementa alarmantemente en la ciudad, el proveedor del servicio de alarma a distancia opere y ejecute el servicio de manera rápida, oportuna e inmediata ante la eventualidad de que se produzca una señal de alarma, adoptando medidas idóneas a efectos de obtener auxilio externo de parte de las autoridades locales y policiales. Sin embargo, en el presente caso, ha quedado acreditado que Prosegur no adoptó medidas inmediatas y adecuadas a efectos de contrarrestar un posible hurto cuando se activó la alarma a distancia. 22. En tal sentido, a criterio de la Sala Prosegur no brindó un servicio idóneo en la medida que no prestó el servicio de manera diligente, oportuna e inmediata. 7/11

8 Sobre la emisión de alarma 23. En su apelación, Prosegur indicó que el atestado policial no ha acreditado que efectivamente la alarma no sonó, pues sólo recoge las declaraciones de personas de seguridad de la UPC y del propio denunciante. Agregó que el hecho que vehículos motorizados de Serenazgo no hayan intervenido o verificado la casa del señor Huby, pese a haberse activado la alarma, es una conducta que no le era atribuible, pues escapaba a su esfera de control. 24. Cabe indicar que cuando un consumidor denuncia un hecho negativo imputable al proveedor, precedido de una obligación, corresponde a éste demostrar que cumplió con brindar el servicio de acuerdo a lo acordado de manera expresa o tácita, toda vez que la prueba del cumplimiento de la obligación corresponde a quien pretende haberlo efectuado. 25. Obra en el expediente: (i) el Atestado Policial Nº DIRICNRI-PNP- DIVINCRI-SURCO-DPTO-ROBOS del 12 de febrero de 2010, donde que consta las declaraciones del personal de seguridad de la UPC ubicada a pocos metros de distancia del domicilio del señor Huby- donde indicaron que no se escucho ninguna alarma; y, (ii) copia del video captado por las cámaras de seguridad de la UPC, donde consta que en el tiempo en que se activó la alarma, circuló un vehículo de Serenazgo sin detenerse. 26. Si bien Prosegur señaló que el atestado no demuestra que la alarma no sonó pues sólo contiene declaraciones, no ha proporcionado ningún elemento probatorio o información técnica de la central de monitoreo del servicio de alarma a distancia que permita por lo menos mostrar indicios que la alarma efectivamente sonó, teniendo en cuenta que la denunciada tiene el control de dicha central y por ende se encuentra en mejor posición para establecer si la alarma además de activarse a las 13:11 horas, efectivamente emitió el sonido típico de alarmas disuasivas de seguridad. 27. El Atestado Policial es un medio probatorio que permite deducir razonablemente que la alarma no sonó, en la medida que no alertó a quienes se encontraban alrededor del domicilio del denunciante como el personal de seguridad de la UPC, teniendo en cuenta que este tipo de alarmas genera sonidos de altos decibeles. Por tanto, a criterio de la Sala existen indicios razonables que permiten acreditar que la alarma no sonó en el domicilio del denunciante. 28. Por las consideraciones expuestas, este colegiado considera que el extremo de la Resolución impugnada que declaró fundada la denuncia contra Prosegur por infracción del artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor 8/11

9 debe ser confirmado, toda vez que ha quedado acreditado que no sonó la alarma en el domicilio del señor Huby cuando los delincuentes ingresaron y que Prosegur no comunicó oportuna e inmediatamente al Serenazgo la alerta detectada en la central de monitoreo. Sobre la graduación de la sanción 29. El artículo 41º del Decreto Legislativo 716 establece que, al momento de aplicar y graduar la sanción, la Comisión podrá considerar la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de un administrado, adecuando su conducta al cumplimiento de determinadas normas. Para lograr dicho objetivo, es preciso que la magnitud de las sanciones administrativas sea mayor o igual al beneficio esperado por la comisión de las infracciones. De lo contrario, el administrado recibiría el mensaje de que, aún en caso que las conductas infractoras fuesen detectadas, el beneficio obtenido con la infracción será superior a la sanción, razón por la que podría optar por cometer más infracciones. 31. En su apelación, Prosegur cuestionó la graduación de la sanción indicando que se tomó como base el salario promedio mensual de un empleado del sector servicios, lo que quita toda seriedad a la sanción. Indicó además que la Comisión agravó la sanción considerando que Prosegur habría coadyuvado a que se perpetre el hecho delictivo, al no brindar un servicio idóneo, siendo ésta una afirmación muy grave. 5 DECRETO LEGISLATIVO 716. LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. Artículo 41º.- Las infracciones a la presente Ley serán calificadas y sancionadas de la siguiente manera: a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta veinte (20) UIT; b. Infracciones graves, con una multa de hasta cien (100) UIT. c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta trescientas (300) UIT. ( ) Artículo 41Aº.- La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: a. El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción; b. La probabilidad de detección de la infracción; c. El daño resultante de la infracción y los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado; d. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; e. La conducta del infractor a lo largo del procedimiento; f. La reincidencia o incumplimiento reiterado, según sea el caso; y, g. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 9/11

10 32. Esta Sala debe precisar que en la graduación de la sanción la Comisión sobre la base de lo actuado y de la infracción detectada puede considerar probables conductas del infractor, por ejemplo, el haberse beneficiado ilícitamente de la infracción, lo que, sin embargo, de ningún modo viola el principio de presunción de licitud 6 pues éste rige en un primer momento del procedimiento sancionador, esto es, cuando se determina si el administrado incurrió o no en una conducta sancionable, siendo que en la graduación de la sanción nos encontramos en un segundo momento, posterior a la detección de la infracción. 33. En el presente caso, la infracción detectada está relacionada con el beneficio ilícito que la Comisión calculó sobre la base de los costos que hubiera incurrido Prosegur si hubiera implementado mecanismos para evitar que se produjeran los hechos materia de denuncia. Tal base está dada por salario nominal mensual de un empleado del sector servicios según el Ministerio de Trabajo y los gastos administrativos para que pueda realizar su labor. 34. Esta Sala debe precisar que en cumplimiento del principio de razonabilidad, establecido en el citado numeral 3 del artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Comisión aplicó una multa capaz de desincentivar la comisión de la infracción de Prosegur, y proporcional a la gravedad de la conducta sancionada. En consecuencia, el cálculo que la Comisión realizó para graduar la sanción en cuanto al beneficio ilícito resulta no sólo razonable, sino también proporcionado. 35. En cuanto al agravante, si bien la Comisión indicó que el servicio inidóneo prestado por el denunciado, coadyuvó a que terceros irrumpieran en la casa del señor Huby y hurtaran diversos objetos en su interior, ello no implica que Prosegur tenga alguna participación en los hechos delictivos. En efecto, no se está atribuyendo culpa directamente a Prosegur, sino sólo se ha afirmado que al no haber brindado un servicio idóneo de vigilancia con alarma a distancia, generó sólo una condición que facilitó materialmente el hurto a los delincuentes. 36. Por tanto, la Sala considera que corresponde confirmar la multa de 3 UIT a Prosegur, con la finalidad de desincentivar que infracciones de esta naturaleza se repitan en el futuro. 6 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: ( ) 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 10/11

11 Sobre las costas y costos del procedimiento 37. Finalmente, considerando que la denunciada no ha fundamentado su apelación respecto de la procedencia del pago de costas y costos del procedimiento, más allá de la alegada ausencia de infracción desvirtuada precedentemente, corresponde confirmar dicho extremo de la resolución apelada por resultar accesorio al pronunciamiento sustantivo. RESUELVE: PRIMERO: Denegar el pedido de nulidad de la Resolución /CPC del 16 de marzo de 2011, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Sur, en el procedimiento seguido por el señor Alberto Bernardo Huby Vidaurre contra Prosegur Activa Perú S.A. por infracción de los artículos 8º del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor, toda vez que dicha resolución no ha incurrido en ninguna causal de nulidad. SEGUNDO: Confirmar la Resolución /CPC, en el extremo que declaró fundada la denuncia formulada por el señor Alberto Bernardo Huby Vidaurre contra Prosegur Activa Perú S.A. por infracción del artículo 8º del Decreto Legislativo 716, Ley Protección al Consumidor, debido a que la denunciada no brindó un servicio idóneo, al haberse acreditado que no sonó la alarma en el domicilio del denunciante cuando los delincuentes ingresaron y que no comunicó oportuna e inmediatamente al Serenazgo la alerta detectada en la central de monitoreo. TERCERO: Confirmar la Resolución /CPC en el extremo que sancionó a Prosegur Activa Perú S.A. con una multa de 3 UIT y la condenó al pago de costas y costos del procedimiento. Con la intervención de los señores vocales Camilo Nicanor Carrillo Gómez, Francisco Pedro Ernesto Mujica Serelle, Oscar Darío Arrús Olivera, Hernando Montoya Alberti y Miguel Antonio Quirós García. CAMILO NICANOR CARRILLO GÓMEZ Presidente 11/11

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