RESUMEN TRANSPORTE TERRESTRE- Mercancías por carretera

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1 RESUMEN TRANSPORTE TERRESTRE- Mercancías por carretera Un empresario autónomo ha informado de la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento y circulación en el ámbito de la prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera con vehículos ligeros en la Comunidad Autónoma de Canarias. La barrera de acceso a ese mercado, valorable desde el punto de vista de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), vendría por los requisitos exigidos en la normativa sectorial canaria. En concreto: (i) la necesidad de acreditar una capacitación profesional mediante un certificado de capacitación que se expide tras superar unas pruebas; (ii) La necesidad de acreditar una capacidad económica consistente en el desembolso de un capital de euros para el primer vehículo y euros adicionales para los siguientes; y (iii) la necesidad de disponer de al menos tres vehículos. En aquellas Comunidades Autónomas sin regulación autonómica donde no se requieren requisitos adicionales a los estatales no se han identificado distorsiones en la prestación de la actividad económica, ni merma de la calidad del servicio, ni desprotección de los consumidores y usuarios. Por tanto, los requisitos adicionales que impone la normativa sectorial canaria en su conjunto podrían considerarse una barrera innecesaria y desproporcionada al acceso y al ejercicio de la actividad, en la medida en que no está claramente identificado el interés general a proteger que debería justificar esos requisitos y en tanto en cuanto tampoco se ha motivado la proporcionalidad de los mismos. Informe final Informe CNMC Informe Andalucía ADCA

2 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A I. INTRODUCCIÓN Con fecha 13 de mayo de 2014, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de un empresario autónomo, en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), informando de la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento y circulación en el ámbito del transponte de mercancías por carretera con vehículos ligeros en la Comunidad Autónoma de Canarias. En concreto informa lo siguiente: Ante una oferta de trabajo como transportista autónomo para realizar servicios de trasporte por carretera con vehículo ligero (Masa máxima autorizada igual o inferior a 3,5 toneladas), el 2 de abril de 2014 presentó ante la Dirección General de Transporte de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, solicitud de autorización de transporte de la serie MDLE, de ámbito nacional, tras haberse dado de alta como autónomo en la Seguridad Social, en el censo del Impuesto sobre Actividades Económicas y en el Impuesto General Indirecto Canario. Mediante resolución de 8 de abril de 2014, la Directora General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial denegó su solicitud, argumentando en los fundamentos jurídicos cuestiones estrictamente competenciales, en concreto: que la normativa estatal no es aplicable a las actividades de transporte que se desarrollen en el ámbito de Canarias; y que los Cabildos Insulares son las Administraciones competentes para la tramitación de las autorizaciones y títulos habilitantes referidos a los transportes por carretera, según lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de ordenación del trasporte por carretera de Canarias El informante entiende que, tras los cambios normativos operados en la legislación nacional (modificación del artículo 43.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, por la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 2

3 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A Seguridad Aérea), debería poder obtener la oportuna autorización para transporte de mercancías por carretera con vehículos ligeros con una masa máxima autorizada igual o inferior a 3,5 toneladas sin más requisitos que los presentados. Tiene conocimiento de que a otros transportistas, que operan en otras partes del territorio nacional trabajando para la misma empresa que le ha ofrecido trabajo, sí se les ha concedido esa autorización. Como información complementaria, mediante fax de 20 de mayo, el interesado remitió a la Secretaría del Consejo para la Unidad del Mercado la siguiente documentación: Certificado de la Oficina de Correos que acredita que la resolución denegatoria fue entregada a su destinatario el 28 de abril de Copia del recurso de alzada interpuesto ante el Ministerio de Fomento el 6 de mayo contra dicha resolución. Aunque la fecha de la resolución denegatoria es entregada a la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado dentro del plazo de un mes que establece el artículo 26.1 de la LGUM para poder interponer reclamación en el marco del procedimiento del artículo 26, la interposición de recurso de alzada hace imposible que pueda replantearse la apertura de un procedimiento conforme a dicho artículo 26 ya que éste tiene carácter alternativo al recurso administrativo o jurisdiccional (artículo 26.3 de la LGUM). 1 Como antecedente a este expediente de información presentado conforme al artículo 28 de la LGUM, se recuerda que el pasado 14 de abril, este empresario presentó, en el marco del procedimiento del artículo 26 de la LGUM, una reclamación contra el Decreto 72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. En aquel momento el reclamante comunicó a esta Secretaría que le habían informado que la oportuna resolución de la Dirección General de Transportes del Gobierno canario tardaría unos cinco meses y que probablemente sería denegada por silencio administrativo, por lo que se solicitaba que se instara al organismo oportuno a tramitar su solicitud. 1 El Ministerio de Fomento comunicó al interesado, con fecha 27 de mayo, que al no ser competente para la resolución de dicho recurso, daba traslado del mismo a la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación del Gobierno de Canarias. 3

4 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A La reclamación no fue admitida a trámite por haber transcurrido más de 1 mes desde la promulgación de la disposición del Decreto 72/2010. II. MARCO NORMATIVO a) Normativa de la Unión Europea Reglamento CE 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo. b) Normativa estatal: Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres. Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los trasportes terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de junio, de seguridad aérea. Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de ordenación del trasporte terrestre. Orden FOM 734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera, modificada parcialmente por la Orden FOMM 2185/2008, de 23 de julio. Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. c) Normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias: Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. Ley 13/2007, de 17 de mayo, de ordenación del transporte por carretera de Canarias. 4

5 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A Decreto 72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de ordenación el transporte por carretera de Canarias. En el marco de este expediente se ha detectado un posible obstáculo para el acceso a la prestación de servicios de trasporte de mercancías por carretera en la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que pudiera darse la situación de que el Gobierno canario estuviera denegando la concesión de una autorización de ámbito nacional al transportista. No obstante, esta cuestión no es valorable desde el punto de vista de la LGUM. Por otra parte la barrera al acceso a la actividad económica viene dada igualmente por los requisitos exigidos en la normativa canaria cuya compatibilidad con los principios establecidos en la LGUM se valora en este informe. Para ello, se describe a continuación la normativa sectorial que regula este acceso en España. d) Autorizaciones de ámbito nacional que habilitan para el ejercicio de la profesión de transportista en todo el territorio del Estado. El acceso y ejercicio de la prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera en todo el territorio del Estado está sometido en España a un régimen de autorización previo 2. Dicha autorización es expedida por la Administración General del Estado o, cuando esa facultad haya sido delegada por el Estado, por las Comunidad Autónoma 3 La competencia sobre transporte terrestre de ámbito nacional corresponde en exclusiva al Estado (artículo ª de la Constitución). No obstante, mediante la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, el Estado delegó las funciones ejecutivas en este ámbito 2 Artículo 42 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres y artículo 41 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la LOTT. 3 Artículos 7 y 9 de la Orden FOM 734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera (modificada parcialmente por la Orden FOMM 2185/2008 de 23 de julio.). 5

6 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A a la mayoría de las Comunidades Autónomas. En particular, a tenor de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, se delegaron las autorizaciones para la prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera cuyo ámbito territorial excediera del de una Comunidad Autónoma, en la Comunidad Autónoma competente. Concretamente, en el caso de Canarias, dichas funciones fueron delegadas por el Real Decreto 1299/1990, de 26 de octubre, sobre traspaso de medios personales, presupuestarios y patrimoniales adscritos al ejercicio de facultades delegadas en relación con los transportes por carretera y por cable. Para obtener esa autorización, de acuerdo con la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres (en adelante LOTT), el solicitante debe cumplir una serie de requisitos que difieren en función del tipo de vehículo, en concreto, en función de si éste tiene una masa máxima autorizada inferior o superior a 3,5 toneladas. La LOTT ha sido modificada recientemente a través de la Ley 9/2013, de 4 de julio, con el objetivo de adaptarla a la normativa comunitaria, en particular, al Reglamento CE 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo. Dicha modificación ha afectado especialmente a los requisitos exigidos para obtener la autorización que habilita para realizar transporte público de mercancías. Así, de acuerdo con la nueva redacción dada al artículo 43 de la LOTT, para obtener esa autorización, el solicitante deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: nacionalidad, Ser persona física o jurídica, domicilio situado en España, disponer de uno a más vehículos, con una antigüedad máxima de cinco meses desde su primera matriculación, 4 disponer de dirección y firma electrónica y cumplir con las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social, 4 La antigüedad máxima está establecida en el artículo 19 de la orden FOM 734/

7 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A así como otras condiciones necesarias para la adecuada prestación de los servicios que se establezcan reglamentariamente. Sólo para la autorización que habilita para la realización de transporte de mercancías con vehículos pesados (masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas), deberán acreditarse también los requisitos exigidos por la reglamentación de la UE: establecimiento, honorabilidad, capacidad financiera y competencia profesional. La norma estipula que todas las autorizaciones tienen carácter reglado y que solo podrán denegarse cuando no se cumplan los requisitos exigidos (artículo 48). Para cumplir con el requisito de establecimiento la empresa debe disponer: de un establecimiento situado en España en el que se conserven los documentos principales de la empresa a disposición de los Servicios de inspección; de uno o más vehículos; así como del equipamiento administrativo y técnico e instalaciones que se determinen reglamentariamente (artículo 44). Para cumplir el requisito de honorabilidad ni la empresa ni su gestor podrán haber sido condenados por delitos o faltas ni sancionados por infracciones que den lugar a la pérdida de este requisito (artículo 45). Para cumplir el requisito de capacidad financiera la empresa deber ser capaz de hacer frente a sus obligaciones económicas (no haber sido declarado insolvente) y disponer al menos de capital y reservas por un importe mínimo de euros cuando se utilice un solo vehículo y de euros más por cada vehículo adicional utilizado. No obstante la Administración podrá exigir que una empresa demuestre su capacidad financiera mediante la garantía prestada por una entidad financiera o de seguros, que se convertirá en garante solidario hasta los importes señalados (artículo 46). Para cumplir el requisito de competencia profesional la empresa debe acreditar que dispone al menos de una persona que, entre otras condiciones, esté en posesión de un certificado expedido por la Administración que acredite su 7

8 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A competencia profesional para el transporte por carretera de viajeros o mercancías (artículo 47). El Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la LOTT desarrolla estos requisitos y su forma de acreditación en los artículos del 34 al 40. Aunque este Reglamento continúa en vigor, están derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo que establezca la LOTT. No obstante, el Ministerio de Fomento está elaborando un nuevo Reglamento en cumplimiento de la disposición final primera de la Ley 9/2013, de 4 de julio, para adecuarlo a las modificaciones de la LOTT introducidas por dicha Ley. Finalmente, la Orden FOM 734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera (modificada parcialmente por la Orden FOMM 2185/2008 de 23 de julio) concreta aún más algunos de estos requisitos. e) Autorizaciones de ámbito autonómico, que habilitan para ejercer la profesión de transportista exclusivamente en una Comunidad Autónoma. La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, proclama en su artículo que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de: carreteras y ferrocarriles y el trasporte desarrollado por estos medios o por cable, así como sus centros de contratación y terminales de carga, de conformidad con la legislación mercantil. Esta competencia exclusiva es mencionada también en los preámbulos de las normas autonómicas canarias que regulan el sector de trasporte de mercancías por carretera: la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de ordenación del transporte por carretera de Canarias y el Decreto 72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007. La Ley 13/2007 dispone que el acceso al mercado de servicios de transporte por carretera será libre sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos, en esta Ley y sus normas de desarrollo (artículo 29). Sin embargo, establece como excepción la posibilidad de que el Gobierno de Canarias restrinja o condicione el acceso a este mercado en diversos supuestos, entre 8

9 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A ellos, la perspectiva de desequilibrio que afecte al desarrollo de los sectores del transporte o cuando existan desajustes entre oferta y demanda. Las medidas limitativas podrán ser el otorgamiento de títulos habilitantes, la fijación de cupos máximos o la suspensión temporal del otorgamiento de nuevos títulos, aunque todas estas medidas deberán imponerse atendiendo a los principios de proporcionalidad (artículo 30). El título habilitante será una autorización administrativa, que habilitará para prestar servicios en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien se podrán prever autorizaciones de ámbito territorial insular (artículo 53 del Decreto72/2012). La autoridad competente para la gestión y concesión de autorizaciones y demás títulos habilitantes referidos a los transportes por carretera son los Cabildos insulares (artículo 7.e de la Ley 13/2007). La Ley 13/2007 regula las condiciones previas para el ejercicio de la profesión: nacionalidad, capacitación profesional, capacidad económica y honorabilidad, así como disponer del título habilitante y cumplir con las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social impuestas por la legislación vigente (artículos del 13 al 16). Estas condiciones son desarrolladas por el Decreto 72/2012 (artículos 4 al 12), si bien este Decreto declara exentos de autorización los transportes realizados con vehículos de hasta 2 toneladas de masa máxima autorizada, otorgándose a la Consejería competente la posibilidad de modificar esta cifra sin que en ningún caso pueda ser superior a 3,5 toneladas (artículo 5). En cuanto a la capacitación profesional, el Decreto 72/2012 (artículos 6 y 7) contempla que la Consejería competente en materia de trasportes regule los conocimientos exigibles, el modo de adquirirlos y la expedición de los documentos acreditativos de dicha capacitación, convocando las pruebas al menos una vez al año. No obstante, se dispensa del examen a los candidatos a transportista en los supuestos establecidos por la normativa comunitaria europea. Una misma persona no podrá capacitar profesionalmente al mismo tiempo a más de una empresa, salvo que ostente una participación superior al 50% o cuando se trate de cooperativas. La documentación acreditativa de la capacitación profesional será el certificado de capacitación profesional para la actividad de transporte correspondiente. 9

10 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A Los requisitos de capacidad económica se establecen en el artículo 9 del Decreto 72/2012. En virtud del mismo las empresas que presten servicios de transporte de mercancía o de viajeros deberán disponer de un capital desembolsado y de reservas de, al menos, euros cuando utilicen un solo vehículo a los que se añaden euros más por cada vehículo adicional. Las agencias de trasporte y de almacenista distribuidor deberán disponer de un capital de euros como mínimo. Además, el Decreto faculta a la Consejería competente para exigir que la capacidad económica se acredite mediante el depósito en metálico o valores en la Caja General e Depósitos o mediante un aval o garantía de una entidad financiera de afianzamiento legalmente reconocida por dicha cantidad. También podrá determinar condiciones de capacidad económica específicas, fundamentalmente de número mínimo de vehículos, medios materiales exigibles, volumen o capacidad de la empresa y garantía o solvencia de la misma. Como disposiciones específicas el artículo 65 del Decreto 72/2012 contempla como requisitos adicionales los siguientes: En el caso de transporte de mercancías en vehículos ligeros, los solicitantes de una autorización deben acreditar, en el momento de la solicitud, la disponibilidad de al menos una flota de tres vehículos. En el caso de transporte de mercancías en vehículos pesados, se deberá acreditar la disponibilidad de al menos dos vehículos. En ambos casos la antigüedad de los vehículos debe ser de dos años y debe mantenerse el número mínimo de vehículos durante toda la vigencia de la autorización. En caso de aumento de flota los nuevos vehículos deberán respetar la antigüedad máxima de seis años. No obstante, los vehículos ya dados de alta podrán ser trasmitidos entre transportistas sin que sea de aplicación esa antigüedad siempre que el vehículo haya permanecido a nombre del vendedor al menos tres años antes de la trasmisión. f) Reglamento CE 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo. 10

11 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A Este Reglamento establece las condiciones de acceso a la actividad de prestación de servicios de transporte de mercancías, no aplicándose a las que se desarrollen con vehículos de menos de 3,5 toneladas, si bien la norma otorga a los Estados miembros la posibilidad de reducir ese límite. Además, el Reglamento dispone que para las regiones ultra periféricas contempladas en el artículo 299 apartado 2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 5, los Estados miembros pueden adaptar las condiciones que deben cumplirse para ejercer la profesión de trasportista por carretera, siempre que las operaciones se desarrollen en su totalidad en dichas regiones y por empresas establecidas en ellas (artículo 1). III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO a) Inclusión de los intercambios comerciales en el ámbito de la Ley de garantía de la unidad de mercado Los servicios de transporte de mercancías por carretera constituyen una actividad económica y como como tal están incluidos en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional. El apartado b) del Anexo define las actividades económicas como: b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios. b) Análisis de las posibles barreras detectadas: acto de denegación de la solicitud de autorización de ámbito nacional; y de la normativa 5 Actual artículo 349 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 11

12 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A autonómica canaria que regula los servicios de transporte de mercancías por carretera. De la información aportada por el empresario puede deducirse que existe una barrera al acceso y ejercicio de la actividad de prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera con vehículos ligeros en la Comunidad Autónoma de Canarias por la conjunción de dos elementos: Por una parte, las autoridades canarias podrían estar denegando las solicitudes de autorización de ámbito nacional que habilitan para el ejercicio en todo el territorio del Estado, competencia que les ha sido delegada asumiendo que el transportista solicitante va a realizar su actividad exclusivamente en Canarias. Esta cuestión no sería analizable desde el punto de vista de la LGUM. Por otra parte, la barrera de acceso al mercado existe porque las solicitudes de autorización para realizar actividades de transporte exclusivamente en el territorio de Canarias se rigen por una normativa sectorial autonómica que incluye requisitos de acceso que podrían ser considerados innecesarios y desproporcionados y que, por tanto, si puede ser valorable desde el punto de vista de la LGUM. En este sentido se analiza seguidamente la compatibilidad de estos requisitos la norma básica estatal. En concreto, cabría considerar el siguiente artículo de la LGUM: Articulo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. 1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, 12

13 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. Así, respecto a los requisitos exigidos para el acceso a la profesión de transportista con vehículos ligeros en la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias se han observado diversos requisitos para el acceso a la actividad de transporte de mercancías con vehículos ligeros que podrían no ser coherentes con la debida necesidad y proporcionalidad establecidas en el citado artículo 5 de la LGUM. En particular, los siguientes: La necesidad de acreditar una capacitación profesional (artículo 6 y 7 del Decreto 72/2012) mediante un certificado de capacitación que se expide tras superar unas pruebas. La necesidad de acreditar una capacidad económica (artículo 9 del Decreto 72/2012) consistente en el desembolso de un capital de euros para el primer vehículo y euros adicionales para los siguientes. Además, la norma contempla que se pueda exigir que esa capacidad económica se acredite mediante depósito en metálico en la Caja General de Depósitos o mediante aval o garantía financiera. La necesidad de disponer de al menos tres vehículos. Parece ser que en varias Comunidades Autónomas (por ejemplo Galicia, Madrid, Aragón, Murcia y en el Principado de Asturias) no hay normativa autonómica que regule la actividad, rigiéndose ésta únicamente por la legislación estatal lo que implica que no existen requisitos adicionales a la actividad. Asimismo, en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, cuya insularidad la hace comparable a la Comunidad Autónoma de Canarias, no parece existir tampoco normativa de carácter autonómico que regule la actividad de transporte terrestre de mercancías. No se han identificado distorsiones en la prestación de la actividad económica, ni merma de la calidad del servicio, ni desprotección de los consumidores y usuarios en estas Comunidades Autónomas sin regulación autonómica específica. La imposición de todos estos requisitos adicionales en su conjunto podría considerarse una barrera innecesaria y desproporcionada al acceso y al ejercicio de la actividad en la medida en que no está claramente identificado el interés general a proteger que 13

14 SECRETARÍA DE ESTADO Y APOYO A debería justificar estos requisitos y en tanto en cuanto tampoco se ha motivado la proporcionalidad de los mismos. Este informe no tiene la consideración de acto administrativo recurrible. Madrid, 24 de septiembre de 2014 SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 14

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