XX,ILEGISLATURA ~ 1 2 DIC I SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

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1 CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XX,ILEGISLATURA ~ 1 2 DIC CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA Co ""..,""Lo L1ÚA-G'J O 8 DIC '00 tir". SFCPFlARII\r.fNfR"'l ~ I SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA Tepic, Nayarit; 08 de Diciembre de 2014 DIP. JORGEHUMBERTO SEGURALÓPEZ PRESIDENTEDE LA COMISiÓN DE GOBIERNO LEGISLATIVO DEL H. CONGRESODEL ESTADO DE NAYARIT PRESENTE Me permito remitir a la respetable consideración de esa H. Asamblea Legislativa, la iniciativa que contiene la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Nayarit, aprobada por el H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo anterior, en los términos de lo dispuesto por los artículos 49 fracción 111 y 81 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, y 16.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideracl

2 C. DIPUTADO HUMBERTO SEGURA LOPEZ PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PRESIDENCIA El que suscribe, Doctor en Derecho Pedro Antonio Enríquez Soto, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la entidad, con fundamento en los articulos 49, fracción 111,de la Constitución local, 16, numeral quinto, y 19, numeral primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit; me permito presentar a la respetable consideración de esta H. Representación Popular, iniciativa de Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: ANTECEDENTES Los Magistrados Pedro Antonio Enriquez Soto, quien presentó el proyecto de iniciativa al Pleno; Miguel Ahumada Valenzuela y José Miguel Madero Estrada, integrantes de la Sala Constitucional-Electoral y Rocio Esther González García Presidenta de la Sala Civil, procedimos a elaborar el proyecto de la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Nayarit, en cumplimiento a la comisión que para ese efecto nos fue conferida, de conformidad a lo previsto por el artículo 16 punto 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit.

3 EXPOSICiÓN DE MOTIVOS Consideraciones previas La seguridad pública es, Sin duda, uno de los retos más importantes que hoy por hoy tiene el Estado Mexicano. La delincuencia en sus diversas facetas, dado su elevado grado de sofisticación, organización y equipamiento, no en pocas ocasiones ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, ya sea por cuestiones de orden práctico o bien, por la ausencia de instrumentos juridicos eficaces para combatirla. La seguridad de las personas y la prevalencia del estado de derecho, requieren que las autoridades de los distintos niveles de gobierno actuemos firme y eficientemente ante este fenómeno que en fechas recientes ha lacerado de manera importante el tejido social. De todos es conocido que el 18 de junio del año 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la que hasta ese momento era de la más importantes reformas constitucionales, en donde se modificó integralmente el sistema de seguridad pública y de justicia penal mexicano, tendentes a eficientar las labores de procuración e impartición de justicia y tutelar de mejor manera los derechos humanos de todo aquel que estuviera involucrado 2

4 en la comisión de un delito en calidad de imputado o víctima u ofendido. El Estado de Nayarit reconoce la existencia de las realidades que llevaron al Poder Reformador de la Constitución General a modificar nuestra Carta Marga, en cuyos origenes es posible advertir los reiterados reclamos sociales en el sentido de que el sistema procesal penal imperante en el país es lento y obstaculiza una rápida atención a los derechos de la víctima u ofendido, la inexistencia de una defensa adecuada y la necesidad de cumplir con los instrumentos internacionales suscritos por México. Tales circunstancias hicieron más persistente no solo la necesidad de lograr un cambio estructural en el procedimiento penal en México, a partir del cual pudiera darse respuesta puntal a los reclamos de justicia, transparencia y protección de derechos humanos de todo cuanto intervenía en el proceso penal. De entre las acciones que se implementaron a nivel constitucional, el Constituyente Permanente reconoció la figura de la extinción de dominio como un mecanismo que permitiera atacar de manera directa la esfera patrimonial del crimen, particularmente del organizado. Esta herramienta mediante la cual el estado puede extinguir a su favor aquellos bienes que tengan una relación directa o indirecta con la comisión de delitos como la delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, 3

5 contra la salud y robo de vehículos, general, en el artículo 22 de la Carta Queretana. quedó regulada de manera Bajo esa lógica, la extinción de dominio se erige como un mecanismo que busca contener desde el texto constitucional del país, tan solo una de las aristas del problema que representa la criminalidad en México. Naturalmente que en Nayarit no somos ajenos al problema y a los retos que representa el combate frontal y eficiente a la delincuencia. Sabedores de ello y con miras a la parcial implementación en el Estado del sistema penal acusatorio, es que con el apoyo comedido e incondicional de la SETEC hemos elaborado el presente documento normativo que desdobla los contenidos constitucionales en materia de extinción de dominio. Parámetro constitucional (artículo 22) Como ya se mencionó con antelación, como parte de la reforma integral al sistema de justicia penal de que fue objeto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 18 de junio del año 2008, se reconoció la posibilidad de que el estado pudiera extinguir a su favor determinados bienes que tuvieran relación con ciertos delitos. En el artículo 22 de la Constitución General se establecieron las reglas generales a las que habrían de ceñirse las leyes ordínarias en el propósito de regular la extinción de dominio. Así, en el precepto constitucional se dispuso que la extinción de 4

6 dominio solo tendría lugar en tratándose de bienes relacionados de manera directa o indirecta, con los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, trata de personas y robo de vehículos. Es importante precisar que salvo el robo de vehículos cuya competencia legislativa y jurisdiccional es estrictamente estatal, el resto de delitos por disposición constitucional, corresponde tipificarlos al Congreso de la Unión; y de éstos, a excepción de la delincuencia organizada de competencia enteramente federal, en el resto de punibles se reserva jurisdicción concurrente para que los jueces locales conozcan y resuelvan sobre los delitos de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro y trata de personas, bajo las condiciones que cada una de las leyes correspondientes establezca. Lo anterior es necesario tenerlo presente porque en el tema de la delincuencia organizada el estado carece de competencia para regular aspectos relacionados con ella, así como para que los órganos jurisdíccionales locales se pronuncien sobre la existencia de delitos de esa índole, lo cual resulta fundamental dilucidar para los efectos del procedimiento de extinción de dominio. El propio artículo 22 constitucional establece de manera categórica que la extinción de dominio será un procedimiento autónomo del penal. Esto es sumamente relevante porque por 5

7 un lado, la norma constitucional parece indicar que el juez competente para conocer de este tipo de procesos tendría que ser uno distinto del penal, es decir, un juez civil en sentido amplio, ya sea uno civil propiamente dicho, mercantil o incluso uno contencioso administrativo; por otro lado, la naturaleza autónoma de la extinción de dominio y del proceso penal deja en claro que en aquélla no se va a juzgar si el demandado (en el procedimiento de extinción de dominio el ministerio público siempre tendrá el carácter de actor y quien posea el bien cuya extinción se reclame, la naturaleza de demandado) incurrió en la comisión de un delito o no, es decir, no habrá pronunciamiento sobre la responsabilidad penal, ello no es materia en esta vía; aquí, lo que se juzgará es si los bienes en cuyo poder tenga una determinada persona, fueron o son objetos, instrumentos o producto del delito, o bien se utilizaron para ocultar o mezclar otros que provengan de actos delictivos, entre otros supuestos, de tal forma que incluso, la persona que sea demandada en la vía de extinción de dominio puede no estar sujeto a proceso penal. El presupuesto procesal básico para activar el procedimiento de extinción de dominio es por regla general, que un juez penal ya se haya pronunciado sobre la presunta existencia del hecho ilícito, ya sea al pronunciarse sobre la orden de aprehensión o comparecencia, en el auto de vinculación o bien, en la sentencia definitiva. Partiendo de que el demandado en la vía de extinción de dominio no necesariamente tiene que estar bajo proceso penal, 6

8 pues como ya se dijo, en el procedimiento civil no puede haber pronunciamiento de responsabilidad criminal, es que la propia Constitución General en su articulo 22, fracción 11,inciso a), posibilita que el procedimiento de extinción de dominio pueda iniciarse aún cuando en el proceso penal donde se esté juzgando el mismo hecho ilícito (aun cuando sea a persona distinta) no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal. Ciertamente esta autonomía entre ambos procedimientos en la práctica puede generar sentencias contradictorias, ya sea que en el proceso penal no se haya podido demostrar la existencia del hecho y en el civil se disponga lo contrario. De ello ya se ha ocupado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver diversos amparos a través de su Primera Sala en lo que determinó que dicha autonomia no es absoluta sino relativa, además de que "resolvió que la calificación del cuerpo del delito en el proceso penal debe impactar en el proceso de extinción de dominio, al grado tal de que si, en sentencia definitiva se resuelve que no se acreditaron sus elementos, no hay posibilidad alguna de que el juez civil continué con dicho proceso de extinción. '>1 En el propio cuerpo del articulo 22 constitucional, en la última de sus fracciones, se reconoce el principio de buena fe de toda 1 Comunicado número 141/2014, se fecha 11 de septiembre de 2014, emitido por la oficina de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7

9 persona demandada en la vía de extinción de dominio, lo cual permite que esté en condiciones de interponer los recursos judiciales para demostrar que actuó de buena fe, así como la procedencia lítica de su bienes; este principio de buena fe establece ciertas cargas procesales para el ministerio público, entre ellas está la demostración del hecho ilícito de donde directa o indirectamente proceden los bienes materia del procedimiento civil. Delitos materia de la extinción de dominio Antes de entrar a esbozar el contenido de la iniciativa, conviene hacer mención sobre que la tipificación y punibilidad de los delitos de contra la salud, secuestro y trata de personas, son de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, pero existe concurrencia jurisdiccional a efecto de que los jueces penales local conozcan y resuelvan procesos seguidos por estos delitos. En ese sentido, el hecho de que los anteriores sean delitos establecidos en leyes generales conlleva repercusiones al contenido de la presente iniciativa de ley que deben tenerse en cuenta. Así por ejemplo, el artículo 44 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 8

10 estos Delitos 2, dispone que "los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en esta Ley, y que sean decomisados como resultado del ejercicio de la extinción de dominio, formarán parle del patrimonio del Fondo, así como de aquellos Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de los estados y el Distrito Federal. ';. esto es, por disposición de la presente ley, los bienes cuya propiedad se extinga a favor del estado y que provengan de este tipo de delitos tienen un destino específico: para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. El artículo 35, párrafo segundo, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 3, prevé a favor de la víctima, que "la restitución de derechos y la reparación se harán con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, en términos de la legislación correspondiente, sin perjuicio de ejercer las acciones que correspondan en contra del sentenciado. ". Esta misma ley en su artículo 38 establece que los bienes materia de extinción de dominio formarán parte del fondo de apoyo a víctimas y ofendidos del delito de secuestro. 2 Consulta realizada en la página oficial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ultima reforma publicada DOF 'Consulta realizada en la página oficial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ultima reforma publicada DOF

11 Precisado lo anterior, abordaremos enseguida el contenido de la iniciativa de ley. Contenido de la iniciativa El documento que hoy se somete a la respetable consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, tiene por objeto establecer las autoridades competentes, bases, supuestos y el procedimiento en general para tramitar la pretensión de extinción de dominio, todo lo cual se recoge en dos títulos y un total de once capítulos. En el título primero, capítulo primero intitulado "Generalidades", se establecen las reglas que habrán de impactar en todo el contenido de la norma, y que facilitan el manejo de la misma. Especial relevancia cobran las disposiciones de supletoriedad previstas en el artículo 4 del presente documento, en donde se determina que para la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio que invariablemente corresponde al ministerio público, se estará a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual es razonable puesto que el fiscal, debe partir por investigar y evidenciar la existencia de un hecho ilícito, del cual, los instrumentos, objetos o productos se pretende extinguir la propiedad a favor del estado. Destaca también que en lo no previsto en esta ley relativo al procedimiento, se deberán seguir las reglas del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, porque como ya se dijo supra líneas, la extinción de 10

12 dominio es un procedimiento autónomo al penal que debe seguirse en la vía civil lato sensu por exclusión al penal (ya sea que se otorgue competencia a un juez civil propiamente dicho o a uno mercantil). El capítulo segundo bajo la denominación de "Extinción de dominio", norma lo referente a qué es esta figura, cuáles son las consecuencias de una sentencia estimatoria, así como la naturaleza del procedimiento, que se define como jurisdiccional, de carácter real, de contenido patrimonial, autónomo, distinto e independiente del de índole penal. Todos estos elementos permiten dejar en claro que el objeto principal de la extinción de dominio es juzgar sobre el origen lícito o ilícito de los bienes cuya extinción a favor del estado se demanden; por tanto, no es objeto de esta vía siquiera por asomo, el valorar sobre la responsabilidad penal de quien tenga el carácter de demandado. Sin embargo, se decia con antelación, que el divorcio entre la materia penal y la extinción de dominio no es absoluta, sino relativa. De ese modo, aún cuando ambos procedimientos puedan iniciarse paralelamente, ello no supone la existencia de una autonomía total, ya que incluso el de naturaleza criminal condiciona en sus consecuencias, al segundo. En ambas vías (penal y civil de extinción de dominio) se requiere un elemento imprescindible: acreditar la existencia del hecho ilícito; por esa razón, en este capítulo en su artículo 7 se propone la prescripción de la acción penal implicará la prescripción de la 1 1

13 acción de extinción de dominio; con la salvedad de que la materia de ésta vía sean los productos del delito, en cuyo caso será imprescriptible, a fin de tutelar más ampliamente los derechos patrimoniales de las víctimas u ofendidos del delito. Bajo esa línea de pensamiento, si el ministerio público fue oportuno en dar cuenta al juez respecto de un hecho ilícito del que a la postre surjan objetos, instrumentos, frutos o cualquier otra ganancia ilícita que pueda ser materia de extinción, esta última vía estará expedita porque el ejercicio de la acción penal visto desde las reglas penales, no prescribió. Dentro de este tipo de procedimiento se reconocen la existencia del ministerio público, el demandado y el tercero interesado, como partes dentro del mismo. El tercero es aquella persona que sin ser detentador material del bien, tiene un derecho patrimonial sobre la misma y por ende, interés en que la propiedad no se extinga a favor del estado al haber actuado de buena fe. Es el caso por ejemplo, de quien arrenda un bien inmueble y es utilizado como instrumento del delito sin que el propietario tenga conocimiento de ello. En tales casos, el artículo 11 que establece los requisitos para que proceda la acción de extinción de dominio, prevé en su fracción tercera, que es al ministerio público a quien le corresponderá probar la mala fe de dicho tercero interesado. 12

14 Si bien es cierto en estos procedimientos no tiene eficacia normativa el principio de presunción de inocencia (por no ser un asunto puramente penal), el de buena fe juega un papel sumamente relevante a fin de equilibrar las cargas procesales entre el actor (ministerio público) y demandado, y de ese modo generar igualdad procesal entre las partes. El capítulo primero sobre la "competencia", del título segundo, dispone en su artículo 14 que será juez competente para conocer de la acción de extinción de dominio, aquél que determine el Consejo de la Judicatura, es decir, la propia norma jurídica establece una reserva de fuente a favor de este órgano del Poder Judicial del Estado para que mediante acuerdos generales señale en quién habrá de decantar dicha competencia. El Fiscal General del Estado con sustento en las atribuciones que le otorgue su legislación, hará lo propio y designará al ministerio público correspondiente. En el capítulo segundo de este mismo título, se reconoce la calidad de partes al ministerio público, al demandado asi como al tercero. De lo anterior ya se dio cuenta en párrafos precedentes. El capitulo tercero denominado "Preparación de la acción de extíncíón de dominío", recoge de manera enunciativa, las atribuciones con las que contará el ministerio público en su propósito de ejercitar la presente acción. 13

15 Las medidas cautelares se regulan en el capítulo cuarto. En el artículo 18 se faculta al ministerio público para que por sí mismo desde la preparación de la acción de extinción, pueda decretar como medida cautelar, únicamente el aseguramiento precautorio a efecto de garantizar la conservación de los bienes materia de la acción. Esta atribución es excepcional y encuentra su justificación en la urgencia material de asegurar los instrumentos, objetos o productos del delito. Tratándose de cualquier otra de las medias que enlista el artículo 19 del presente documento, se requerirá necesariamente autorización judicial. El capítulo quinto se destina a prever lo relativo a la sustanciación del procedimiento. En el numeral 25 se enlistan los requisitos de la demanda. De tales requisitos especial importancia cobra el consagrado en la fracción cuarta que tiene que ver con presentar las constancias del proceso penal en que se haya dictado alguna resolución sobre la existencia del hecho delictivo; salvo que no se haya podido identificar al presunto autor del hecho. Lo anterior supone que el ministerio público antes de acudir a la via civil a reclamar la extinción de dominio, por regla general debe acudir primeramente al proceso penal a evidenciar la existencia del hecho (no de la probable o plena responsabilidad penal). Una vez que el juez penal realice una calificación de la existencia del mismo (al dictar cualquier tipo de resolución donde se imponga la necesidad de estudiar ese 14

16 tópico), entonces sí el fiscal estará en condiciones de acudir a la vía civil, sin importar que en ésta se demande a persona diversa de la procesada en materia penal. Esta regla general admitirá como excepción, aquellos casos en los que el ministerio público luego de realizar una investigación exhaustiva, no le sea posible identificar al probable responsable del delito, en cuyo caso, al no tener un pronunciamiento del juez penal sobre el hecho ilícito, podrá acudir directamente al órgano jurisdiccional civil en vía de extinción de dominio, para que sea él quien se verifique si hay datos suficientes que hayan probable que el hecho delictivo se cometió. Todo lo hasta aquí expuesto ya fue materia de análisis por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en sesión de 10 de septiembre de este año 2014 resolvió diversos amparos directos ejerciendo la facultad de atracción. 4 En este mismo capítulo se propone un procedimiento innovador, por cuanto busca darle agilidad al incorporar elementos como la oralidad, inmediación, concentración, contradicción, continuidad y publicidad. El presente documento reconoce la libertad probatorio en el procedimiento de extinción de dominio. Por tanto, en el capítulo sexto denominado "Pruebas" se establecen las reglas que 4 Comunicado número 141/2014, se fecha 11 de septiembre de 2014, emitido por la oficina de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15

17 habrán de regir la actividad probatoria, tanto en su obtención, incorporación al proceso, como en su desahogo y valoración. El capítulo séptímo cuya denominación es "de la sentencia", norma justamente el contenido que debe de llevar la resolución judicial, el objeto de la litis que habrá de resolver, cuáles serán los efectos en caso de que se declare improcedente la acción, entre otra serie de elementos. Los medios de impugnación se contemplan en el capítulo octavo, en donde se reconocen como vías impugnativas la revocación, apelación y la revisión, cada una de las cuales se define con precisión en los artículos correspondientes. Respecto de los último dos recursos dada la naturaleza del procedimiento ordinario, sería la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia la competente para conocerlos, lo que hace necesario modificar la normativa interna del Poder Judicial que resulte aplicable. Finalmente el capítulo noveno intitulado "de la ejecución de la sentencia" dispone que una vez que cause ejecutoria la sentencia que declare procedente la acción, los bienes cuya titularidad se extinga, se aplicarán a favor del estado, cuya aplicación se realizará en términos de la presente ley y demás ordenamiento aplicables, según lo predica el artículo 63 de esta propuesta. Cabe hacer mención que cuando se alude a que los bienes se aplicarán a favor del estado en términos de los 16

18 "ordenamientos aplicables" se pretende hacer una remisión a las leyes generales explicadas párrafos arriba. En mérito de lo expuesto y fundado, se somete a la respetable consideración de esta H. Representación Popular, la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Nayarit que se adjunta al presente. Atentamente Pedro Antonio Enríquez Soto Magistrado Presidente INICIATIVA DE LEY DE EXTINCiÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE NAYARIT LIBRO PRIMERO TíTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPíTULO I GENERALIDADES Artículo 1. Objeto de la ley las disposiciones de esta ley son de orden público y observancia general en la entidad; y tienen por objeto regular la extinción de dominio de bienes 17

19 a favor del Estado de Nayarit, asi como el procedimiento correspondiente, conforme al articulo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 2. Glosario Para efectos de esta ley, se entenderá por: 1. Bienes: Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación, que se encuentren en los supuestos señalados en esta ley; 11. Código Nacional: el Código Nacional de Procedimientos Penales Hecho ilícito: hecho antijuridico en el que concurran los elementos del tipo penal; IV. Juez: el juez competente en materia de extinción de dominio; V. Secretaría: la Secretaria de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; y Artículo 3. Confidencialidad y reserva de la información Las autoridades de la entidad y de los municipios, así como los particulares que por cualquier causa legal tengan conocimiento de la información, deberán guardar la más estricta confidencialidad y reserva sobre la información materia de los procedimientos de extinción de dominio que regula esta Ley. Articulo 4. Disposiciones supletorias A falta de regulación suficiente en la presente ley respecto de las instituciones y supuestos juridicos regulados en ella, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: 18

20 1. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Nacional; 11. En cuanto al hecho ilícito, al Código Penal del Estado de Nayarit; 111.En el procedimiento de extinción de dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit; IV. En los aspectos relativos a la regulación de bienes, obligaciones y derechos, a lo previsto en el Código Civil del Estado de Nayarit. CAPITULO 11 EXTINCiÓN DE DOMINIO Articulo 5. Definición La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en esta ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado de Nayarit. Artículo 6. Acción de extinción de dominio La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. La acción de extinción de dominio es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal, de la que se haya desprendido o de la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe. El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público; quien podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento, antes de que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del Fiscal General. En los mismos términos, podrá desistirse de la 19

21 pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. Articulo 7. Prescripción de la acción La prescripción de la acción penal implicará la prescripción de la acción extinción de dominio; salvo que los bienes sean producto del delito, en cuyo caso la acción será imprescriptible. de Articulo 8. No prejuzgamiento de la legitimidad de la propiedad o posesión El no ejercicio, desistimiento o extinción de la acción penal, así como la absolución del imputado en un procedimiento penal, por no haberse establecido su responsabilidad, o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien, siempre que se haya determinado que el hecho ilícito existió. Articulo 9. Muerte del demandado No impedirá el ejercicio de la acción de extincíón de dominio la muerte del o los probables responsables del hecho ilicito, de los propietarios del bien, de quienes lo poseen en concepto de dueño, o de quienes se ostenten o comporten como tales. En este supuesto, la acción procederá respecto de los bienes objeto de sucesión, cuando sean de los descritos en esta ley, siempre y cuando se ejercite antes de la sección de partición de la herencia en el juicio sucesorio correspondiente. Articulo 10. Procedencia de la extinción de dominio Procede la extinción de dominio, en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstos en el Capítulo VII, del Título Décimo Octavo, de la Ley General de Salud; trata de personas en los términos previstos en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 20

22 Victimas de estos delitos; robo de vehiculo y secuestro conforme lo dispone Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que se sustancien ante las autoridades de la entidad; respecto de los siguientes bienes: 1. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito o bienes adquiridos con éstos, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió; 11.Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior; 111.Aquellos que estén siendo utilizados para la realización de los hechos ilícitos materia de esta ley por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; y IV. Aquellos que estén titulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de los hechos ilícitos contenidos en esta ley y el demandado por éstos en la via de extinción de dominio, se comporte como dueño. Para los efectos de esta ley se entenderá por mezclar, la unión bienes lícitos e ilícitos. Artículo 11. Requisitos para que proceda la acción de extinción de dominio Para que sea procedente la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público deberá: 1. Acreditar que existen elementos suficientes para determinar que sucedió el hecho ilicito y que los bienes materia de dicha acción son de los señalados en el articulo anterior; 21

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