Sentencias por daños derivados de la exposición

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1 > JURISPRUDENCIA FICHA TÉCNICA AUTOR: La Ley/Redacción Gestión Práctica de TÍTULO: Sentencias por daños derivados de la exposición al amianto FUENTE:, nº 73, pág. 30, julio-agosto RESUMEN: En los últimos años, la relación de enfermedades profesionales relacionadas con exposiciones al amianto ha ido aumentando. La asbestosis, el carcinoma primitivo de bronquio o pulmón y el mesotelioma pleural y peritoneal, y el cáncer de laringe se han incluido en la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales se podría dar en el futuro. Distintos tribunales han dictado sentencias contra empresas por los diferentes daños causados por infracción empresarial de la normativa de prevención en materia de trabajos con amianto. DESCRIPTORES: Jurisprudencia Normativa Trabajos con exposición al amianto Sentencias por daños derivados de la exposición al amianto Fallecimiento o graves enfermedades, como la asbestosis, el carcinoma o el cáncer de laringe son algunas de las consecuencias de la exposición de los trabajadores al amianto por la nula o insuficiente aplicación de medidas preventivas por parte de las empresas. Las sentencias que se analizan en este artículo reconocen esta falta de diligencia, con las consiguientes consecuencias indeminzatorias para los afectados por estas graves enfermedades o para sus famiiliares en los casos de fallecimiento del trabajador. Sentencias analizadas por La Ley/Redacción 30

2 Aunque desde 2001 está prohibida la comercialización y utilización de todas las variedades de amianto por los efectos nocivos sobre la salud, lo cierto es que éste ha sido un material ampliamente utilizado en el mundo de la construcción como aislante. La primera regulación a la exposición a fibras de amianto desde el punto de vista de la protección de la salud de los trabajadores data de Desde entonces se ha desarrollado todo un marco legal que cubre desde los métodos de trabajo, herramientas, documentación a elaborar, eliminación de residuos, métodos de control de la exposición, entre otros. En estos años la relación de enfermedades profesionales relacionadas con exposiciones al amianto también ha ido aumentando. La asbestosis, el carcinoma primitivo de bronquio o pulmón y el mesotelioma pleural y peritoneal, y el cáncer de laringe se han incluido en la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales podría contemplarse en el futuro. En este artículo se analizan algunas de las sentencias dictadas contra las empresas por los diferentes daños causados a los trabajadores, basadas en la falta de diligencia de empresas demandadas en adoptar las medidas suficientes para evitar el daño por la utilización del amianto. Daños derivados de la exposición al amianto Juzgado de Primera Instancia NBO. 18 de Madrid, Sentencia de 14 de octubre de 2009, proc. 1229/2007. El Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid estima parcialmente la demanda planteada por varios trabajadores y esposas de empleados de Uralita S. A. y Uralita Sistemas de Tuberías S.A. y condena a estas empresas a indemnizar por los daños derivados de la utilización de amianto para la fabricación de sus productos. En la sentencia se señala como responsabilidad extracontractual: Daños derivados de la inhalación de fibras de amianto. Fallecimiento o graves enfermedades de trabajadores de empresas que utilizaban el amianto para la fabricación de sus productos o de sus esposas (afectadas por vía indirecta al entrar en contacto con las fibras que quedan en la ropa de trabajo). Responsabilidad por riesgo, Si bien es cierto que durante mucho tiempo no se conocían las consecuencias del uso del amianto porque el estado de la ciencia no lo permitía, también lo es que las empresas asumieron la utilización de un producto que ya se sabía que podía ser peligroso insuficiencia, a efectos exculpatorios o de ruptura del nexo causal, del cumplimiento por dichas empresas de las reglamentaciones administrativas o laborales. Si bien es cierto que durante mucho tiempo no se conocían todas las consecuencias que acarreaba el uso del amianto porque el estado de la ciencia no lo permitía, también lo es que las codemandadas asumieron la utilización de un producto que ya se sabía que podía ser peligroso (aunque se desconocía en qué medida) y que, posteriormente, se ha comprobado que era de un altísimo y grave riesgo para la salud. Se generó así un riesgo, se obtuvo un beneficio y se causó un daño, por lo que a quien se le causó se le debe compensar. Como indemnización, para el cálculo de la cuantía se aplica orientativamente el baremo establecido respecto a los daños derivados de accidente de circulación. Como fundamentos de derecho, se ejercita por la parte actora una acción de responsabilidad civil, basada en el artículo 1902 del Código Civil, según el cual el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Basan su pretensión en la falta de diligencia de las dos empresas demandadas que no adoptaron las medidas suficientes para evitar el daño para la salud de los trabajadores que suponía la utilización como producto del amianto. Conforme a lo dispuesto en este artículo, y conforme a la interpretación dada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, son presupuestos de exigencia de la indemnización proveniente de actos ilícitos civiles los siguientes: acción u omisión ilícita, culpabilidad, realidad y constatación de un daño causado, nexo causal entre la acción u omisión y el daño causado. Es un hecho reconocido que Uralita S.A. tenía una fábrica en Getafe, cuyo objeto era la fabricación de tuberías y cubiertas de fibrocemento. Este material se hacía con una mezcla de amianto y cemento. El mismo material se fabricaba en la fábrica de Fibrotubo (en la actualidad Uralita Sistemas de Tubería S.A.). Asimismo, consta acreditado que durante muchos años los trabajadores de las fábricas estuvieron expuestos durante muchos año al amianto. 31

3 > JURISPRUDENCIA Latin Stock El mero cumplimiento de todas las reglamentaciones administrativas o laborales no es suficiente para excluir la concurrencia de culpa o la ruptura del nexo causal, cuando dichas normas aparecen como insuficientes, pues pese a su cumplimiento se ocasiona un daño. Las codemandadas basan su defensa en el desconocimiento de los peligros que para la salud acarreaba el uso de amianto. Sostienen que las empresas establecieron medidas de seguridad para la utilización del producto y que es adelantaron a lo que exigía la legislación que se iba promulgando para regularla. Alegan que las empresas adoptaron todas las medidas de prevención que podían exigirse de acuerdo con los conocimientos científicos y técnicos existentes en cada momento sobre el peligro de las asbestosis, por lo que no han incurrido en culpa alguna. En conclusión, sostienen que no puede atribuírseles la culpa de actuar negligentemente, pues sus directrices laborales siempre fueron acordes con los conocimientos técnicos del momento. Debe ponerse de manifiesto que efectivamente no ha quedado acreditado que las dos empresas demandas estuviesen utilizando el amianto en unas condiciones de trabajo no seguras, conociendo el peligro que conllevaba para la salud de los trabajadores. Tampoco ha quedado acreditado que no se adoptasen todas las medidas de prevención a medida que se conocía el peligro que representaba el uso de ese producto. Aun así, no debe olvidarse que el mero cumplimiento de todas las reglamentaciones administrativas o laborales no es suficiente para excluir la concurrencia de culpa o la ruptura del nexo causal, cuando dichas normas aparecen como insuficientes, pues pese a su cumplimiento se ocasiona un daño. En el presente caso, las codemandadas han utilizado un producto el amianto que se sabía desde mediados del siglo XX que podía causar daño a la salud. Con el paso del tiempo y el desarrollo de la ciencia, se ha sabido de forma concreta que el uso de este producto genera graves problemas para la salud de las personas. Es cierto que durante mucho tiempo no eran conocidas las consecuencias de su utilización porque no lo permitía el estado de la ciencia, pero las codemandas asumieron la utilización de un producto que ya se sabía podía ser peligroso, y que posteriormente se ha comprobado era de un altísimo y grave riesgo para la salud. Se generó un riesgo, se obtuvo un beneficio y se causó un daño, por lo que a quien se le causó se le debe compensar. Para determinar las cuantías indemnizatorias, el legislador estableció el sistema a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. La parte demandante para el cálculo de las indemnizaciones ha utilizado de forma orientativa este baremo. La determinación de la cuantía es el resultado de una actividad de apreciación que corresponde al juzgador, para lo que goza de amplia libertad para servirse de sistemas objetivos, como el del baremo a efectos orientativos. Enfermedad profesional por infracción empresarial Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla, Sentencia de 19 de enero de 2004, proc. 382/2003. Recargo de prestaciones derivadas de enfermedad profesional por infracción empresarial de la normativa de prevención en materia de trabajos con amianto. El demandante prestó servicio para la empresa demandada, Uralita S.A. con la categoría profesional de oficial de fabricación (hornero-molinero). Se dictamina en el actor 32

4 la existencia del siguiente cuadro clínico: Asbestosis; cataratas en ambos ojos, ojo derecho pendiente de intervención, ojo izquierdo intervenido en 1996, hiperlipemia mixta. No se consideró entonces que éste pudiese derivar en incapacidad permanente alguna, pese a que el médico evaluador consideró que el trabajador estaba incapacitado para el desarrollo de su actividad laboral de forma permanente. Disconforme el actor con la expresada resolución, interpuso recurso jurisdiccional ante el Juzgado de 10 Social nº 3 de Sevilla, que considera que afecta a la situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de enfermedad profesional mediante sentencia 1103/2000. La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social levanta acta de infracción grave a raíz de la visita realizada a las instalaciones de la empresa por considerar que se expone a los trabajadores a polvo que contiene fibras de amianto. En diferentes informes y estudios posteriores realizados por inspectores de trabajo se hace constar que la empresa no cumplía las medidas de limpieza y se le encomendaba extremarlas, teniendo en cuenta que la inhalación de fibras de asbesto produce efectos perjudiciales para la salud (asbestosis, mesotelioma maligno, cáncer de pulmón). El actor, tras sucesivos problemas y realización de exámenes médicos y análisis, solicitó iniciación de expediente de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad (la limpieza de las instalaciones de la empresa parecer ser fue m uy deficiente durante los años en que estuvo abierta la empresa en la localidad, por lo que se acumulaba en suelo y atmósferas de los locales restos de fibra de amigan) que concluyó con resolución dictada por el INSS de fecha de 3 de diciembre de 2002 que denegó su petición de recargo de prestaciones. Interpuesta por el actor reclamación previa contra la expresada resolución, fue desestimada por resolución expresa del INSS. Con fecha de 9 de marzo de 2003 tuvo entrada en el Juzgado Decano la demanda que da origen a las presentes actuaciones, en cuyo suplico interesaba el dictado de sentencia por la que se acuerde establecer la pretensión formulada, cifrando el cargo de la empresa demandada el recargo sobre la Para determinar las cuantías indemnizatorias, el legislador estableció el sistema a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y la parte demandante ha utilizado de forma orientativa este baremo prestación derivada de enfermedad profesional en el 50%, o el porcentaje que considere más ajustado a derecho. No se ha llegado a probar por la empresa que los trabajadores utilizaran ningún tipo de protección respiratoria personal (mascarillas, vestidos especiales, guantes, anteojos, etc.) ni que la limpieza de la ropa se realizara en la propia empresa, sino que la realizaban los propios trabajadores llevándolas a su domicilio en algunos casos. No obstante, sí se ha acreditado que la empresa vino efectuando reconocimientos médicos anuales del trabajador así como que procedió a realizar mediciones trimestrales del polvo y fibras de amianto en distintos puestos de trabajo en la factoría de Sevilla. Determinante es la existencia de un alto número de trabajadores de la empresa afectados de asbestosis u otras dolencias aún más fulminantes en su pronóstico fatídico, lo que hace evidente la realidad de la denuncia formulada de que la limpieza de los locales de trabajo y el resto de instalaciones de la empresa era absolutamente deficiente, al detectarse la presencia, incluso visible, de depósitos de amianto en el suelo. Siendo así, no es arriesgado concluir que la contaminación ambiental de los locales era muy alta, sin que se acredite que la demandada en ningún momento llegó a proveer a los trabajadores de elementos de protección personal que mitigaran o evitaran la inhalación del polvo de asbesto suspendido en el ambiente. Si a esto se une que la empresa no cumplió con las normas señaladas sobre reconocimientos médicos previos al ingreso al trabajo y las relativas a la obligatoriedad de los reconocimientos médicos semestrales, efectuándose estos reconocimientos con periodicidad anual y no todos los años, siendo únicamente de carácter genérico y no específicos para el diagnóstico de la enfermedad profesional de la asbestosis. En razón de lo expuesto, de los hechos probados se concluye que, si bien la empresa puso en marcha medidas técnicas para analizar y reducir los riesgos derivados de la exposición de los trabajadores al amianto, no es menos cierto que la misma no cumplió las normas referidas a las condiciones en que se debían realizar dichos trabajos. Conforme a ello, queda acreditada la relación de causalidad existente entre el incumplimiento 33

5 > JURISPRUDENCIA por parte de la demandada de las normas de prevención de las enfermedades profesionales y de seguridad e higiene anteriormente señaladas, con la aparición de la enfermedad del demandante. Éste contrajo la enfermedad profesional de las asbestosis al no adoptar la empresa las normas sobre prevención establecidas tanto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo como en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene relativa a la limpieza de los locales e instalaciones, prohibición de batido, suciedad en la ropa de trabajo, obligatoriedad de uso de medios de protección personal de las vías respiratorias en las operaciones en que se generara polvo de asbestos, como la inadecuada extracción localizada de las fibras de amianto depositadas en el centro de trabajo, la que provocó que el actor, como otros trabajadores, estuviera expuesto a altos niveles de fibras de amianto. De tal modo se objetiva el nexo causal directo entre falta y siniestro como exige el art. 123 LGSS para establecer el recargo de prestaciones del sistema. Finalmente se estima parcialmente la demanda interpuesta por el trabajador contra Uralita S.A., Mutua Patronal de Accidente de Trabajo (Cyclops), Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, reconociéndose el derecho del actor a ver incrementadas las prestaciones de incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de la contingencia de enfermedad profesional en el importe del 40%. Se condena a las demandadas a estar y pasar por dicha declaración y a la empresa Uralita Obras y Servicios al abono a sus exclusivas expensas del referido recargo, absolviendo al INSS y a la TGSS de pretensión de condena respecto al abono de dicho recargo al constituir obligación exclusiva de la empresa condenada. Incapacidad total permanente no derivada de enfermedad común En diferentes informes, se hace constar que la empresa no cumplía las medidas de limpieza y se le encomendaba extremarlas, teniendo en cuenta que la inhalación de fibras de asbesto produce efectos perjudiciales para la salud Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Social, Sentencia de 12 de marzo de 2007, rec. 1220/2006. El TSJ Castilla-La Mancha desestima el recurso de suplicación interpuesto por las beneficiarias contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara que estimó su pretensión y declara que la incapacidad permanente total no deriva de enfermedad común. Trabajador fallecido por abestosis que presentaba padecimientos pulmonares que resultan compatibles con otros antecedentes médicos del trabajador ajenos al amianto, no existiendo la sintomatología típica de dicha enfermedad o no habiéndola desarrollado al menos el trabajador. La enfermedad no se adquiere como consecuencia del desarrollo de trabajos o actividades expresamente delimitadas como productoras del tipo de enfermedad. El demandante trabajó para la empresa Saint Gobain Vetrotex España y tenía la categoría de oficial 3ª. El INSS dicta resolución por la que estima que procedía ser declarado en situación de IPT con derecho al 75% de la BR, para su profesión de oficial depilación fibra de vidrio, derivada de enfermedad común. La aseguradora de AT y EP es FREMAP. El demandante falleció en marzo de Las actividades que desempeñó se concretan en depilado de ovillos que utiliza para la alimentación de la máquina MAT. En 2001 se le detectó engrosamiento pleural en zona axilar alta derecha con tractos fibrosos que penetran en el pulmón. En 2002 se le diagnostican cambios pleuropulmonares secundarios a exposición laboral por asbesto. En la historia clínica del fallecido consta engrosamiento pleural difuso por asbesto bulla enfisematosa. El trabajador fallecido ingresó en la fábrica en 1965 y en alguno de los puestos que ha desempeñado usaba de modo intermitente guantes de tela con revestimiento de amianto, existentes en el mercado comprendas de protección para la manipulación de piezas o elementos a temperaturas elevadas, sin que su uso produjera la emisión de partículas, fibra o polvo de amianto. Estos guantes serían sustituidos por otros revestidos por fibras minerales artificiales. Viscasa no ha utilizado nunca como materia prima el amianto o abesto para la fabricación de vidrio. El causante padecía como secuelas engrosamiento pleural difuso por asbesto, lo que estima que le limitaba para esfuerzos físicos y trabajos en ambientes pulvígenos, en conformidad con lo que expresa el informe de valoración médica. La parte actora reclama en su demanda que se trata de una contingencia de carácter profesional. Pide que se dicte sentencia por la que se reconozca al demandante en situación de incapacidad permanente absoluta con derecho a una pensión del 100% de la base reguladora y con efectos de la fecha del informe médico, 34

6 condenando al INSS y a la TGSS al reconocimiento y abono de la pensión. Posteriormente, la demanda fue ampliada respecto de Saint Gobain Vetrotex España, Fremap y Saint Gobain Viscasa. Como fundamentos de derecho, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara, tras declarar al demandante desistido respecto a la Mutua Patronal Fremap y tras desestimar la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario alegada por el INSS y la TGSS estimó en parte la demanda formulada por las cuatro herederas del trabajador. Se declara que la incapacidad permanente total cualificada reconocida al mencionado trabajador derivaba de la contingencia de enfermedad profesional, condenando a Saint Gobain Vetrotex España, INSS y TGSS a estar y pasar por dicha declaración y al INSS y a la TGSS al abono de la prestación. Contra dicha sentencia interponen recurso tanto las demandantes como la empresa Saint Gobain Vetrotex España, el INSS y la TGSS. El fallo final dicta que se estima el recurso del INSS y de Saint Gobain Vetrotex contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Guadalajara y se desestima el articulado por la parte demandada, revocando la sentencia de instancia y en su lugar dictando otra por la que se desestima íntegramente la demanda rectora del procedimiento absolviendo a los demandados de las pretensiones ejercitadas en su contra. Con devolución a la empresa recurrente de los depósitos constituidos para recurrir. Contra la misma únicamente cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Infracción de normas de seguridad y de prevención La Setencia del Juzgado de lo Social de Sevilla dice que no se ha llegado a probar por la empresa que los trabajadores utilizaran ningún tipo de protección respiratoria personal. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, Sala de lo Social, Sentencia de 19 de enero de 2007, rec. 2569/2006. El TSJ de Andalucía desestima el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia de instancia que, estimando la demanda, declaró la procedencia del recargo de prestaciones de Seguridad Social por infracción de normas de seguridad y de prevención. En la citada sentencia, se declaran como hechos probados que el demandante prestó servicios para Uralita S.A., empresa de fabricación y comercialización de productos para la construcción, utilizando una mezcla de fibrocemento compuesta por cemento y fibra de amianto. Se declara al trabajador en situación de ITT derivada de enfermedad profesional, presentando asbestosis pulmonar. El demandante solicita recargo por faltas de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y el INSS dicta resolución denegatoria, lo que le fue denegado por resolución del INSS. Entre otros datos, se señala que cuando cesó en la empresa, el trabajador no tenía signos de afectación por exposición al amianto. Estimada la demanda, recurren en suplicación Uralita S.A. y Uralita Productos y Servicios, articulando un motivo de revisión fáctica, en el que se proponen revisionales fácticos y se formulan motivos de censura jurídica. Las revisiones fácticas solicitadas son las siguientes: incorporar como hecho probado la fecha en que fue diagnosticada la asbestosis del actor; añadir al hecho probado sexto que las mediciones de polvo en el ambiente no superaban las concentraciones citadas; constancia del objeto y funciones de las propuestas de la Comisión Nacional de Amianto efectuadas en 1978, entre otros datos; incluir como hecho probado décimo noveno la constancia de que en la fábrica de Sevilla se utilizaban mascarillas de protección desde 1976; añadir como hecho probado vigésimo que la empresa, a través de la publicación del manual El amianto y tu salud se repartió a los trabajadores ; que se haga constancia de que la empresa llevaba la anotación en los libros de registro oficiales de los resultados de los reconocimientos médicos practicados y de las mediciones realizadas en los puestos de trabajo con exposición a amianto. Como motivos de censura jurídica, se denuncia en el primero de ellos la infracción del Art de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 92.1, 94.1, 97 y 92.2 de la Latin Stock 35

7 > JURISPRUDENCIA Ley de Procedimiento Laboral, y 24.1 de la Constitución Española. El segundo motivo denuncia la infracción por interpretación errónea del art. 123 de la LGSS. Se alega que, respecto de las Actas de Infracción que se mencionan en la fundamentación jurídica de la sentencia, algunas de ellas son posteriores a la baja del actor en la empresa, otra se refiere al rebase de los conos, otra fue meramente una recomendación y otra fue revocada en procedimiento contencioso-administrativo. A continuación, también como motivos de censura jurídica, se denuncia la infracción del artículo 123 de la LGSS y el Anexo II del RD 2414/1961, entre otros. Por último, la infracción del artículo 43.1 de la LGSS, invocando la prescripción de la acción para la imposición del recargo, alegando que el hecho para su cómputo no puede fijarse en el reconocimiento de la prestación. La sentencia del TS, dando por sentado un plazo de prescripción en materia de recargo de cinco años, determina como tal no la fecha del accidente, sino la de la resolución que reconoce la prestación. En definitiva, en aplicación de lo dispuesto en el art de la LPFL, se impone a la empresa recurrente el pago de las costas procesales, al no gozar del beneficio de justicia gratuita. De conformidad con lo dispuesto en el art y 4 de la LPL, procede decretar la pérdida por la recurrente de las consignaciones y depósitos efectuados para recurrir. Se condena a la empresa recurrente al pago de las costas procesales. Por todo ello, se desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal de Uralita S.A. y Uralita Productos y Servicios, contra la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2005, dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla. Enfermedad mortal por condiciones inseguridad e insalubres Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Social, Sentencia de 9 de noviembre de 2007, rec. 440/2007. El TSJ Principado de Asturias desestima recurso de suplicación interpuesto por la empresa contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Gijón que, estimando la pretensión ejercitada, declaró la procedencia del abono de indemnización por daños y perjuicios derivada de fallecimiento por enfermedad profesional. El Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid sentencia que en el centro de trabajo fue utilizado el amianto y nunca se realizaron mediciones de las concentraciones de amianto en el ambiente, y que al trabajador fallecido no se le practicaron reconocimientos médicos La esposa e hijos del trabajador atribuyen la enfermedad mortal que contrajo éste cáncer de pulmón al contacto con el asbesto y el cromo en condiciones inseguras e insalubres durante la prestación de servicios desarrollada por el fallecido sucesivamente en las empresas Duro Felguera y Naval Gijón. Por tal circunstancia, reclamaron a estas empresas y a la compañía aseguradora La Estrella una indemnización para resarcirles de los daños y perjuicios ocasionados por la enfermedad y muerte del trabajador. La sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón, estimando en parte la demanda, condena a Naval Gijón a satisfacer a los demandantes y absuelve a los demás demandados. La empresa condenada recurre en suplicación la sentencia planteando un único motivo impugnatorio, bajo la cobertura formal del art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, en el que denuncia la infracción de los arts. 1101, 1104 y 1902 del Código Civil, a la luz de la doctrina jurisprudencial citada en el desarrollo del motivo. La recurrente, tras recordar que la responsabilidad del empresario exigible para la acción ejercitada en la demanda es la responsabilidad por culpa en su sentido más clásico y tradicional, defiende la inexistencia de relación causal entre la enfermedad del trabajador y el asbesto. Para fundar esta idea, analiza el tipo de cáncer padecido por el trabajador, señalando que es más relacionado con los fumadores el trabajador lo fue durante 40 años, llegando a fumar en algunos períodos hasta dos cajetillas diarias y el más maligno, pero no una enfermedad provocada o favorecida por el asbesto. Descarta, asimismo, el nexo causal entre otras enfermedades del trabajador y el citado material, para concluir que es una mera conjetura atribuir la muerte a la exposición al amianto. El recurso se construye con olvido de que la relación causal entre la enfermedad y el agente patológico es un tema de índole eminentemente fáctica, pues son los datos probados sobre tal extremo y la aplicación a éstos de las reglas de la sana crítica y las presunciones de hecho los que muestran la existencia o no del nexo y sus características. Así ocurre en este caso, ya que la sentencia asienta el nexo entre enfermedad y asbesto en 36

8 Latin Stock En su sentencia de mayo de 2005, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dice que no consta cuál fuera el equipo de protección entregado al trabajador a lo largo de su actividad ni las características del lugar de trabajo en cuanto a la extracción y depuración del aire del mismo. los datos acreditados y en inferencias lógicas a partir de ello. En base a todos los datos con los que cuenta, la juzgadora de instancia tiene por probada la existencia de relación de causa-efecto entre la exposición del trabajador al amianto y la enfermedad mortal contraída. En el recurso, la empresa no insta el cambio de los hechos base de la sentencia de instancia ni intenta acreditar otros nuevos que doten a los primeramente acreditados de un sentido distinto. Alega, sin embargo, que en la relación de hechos probados no hay dato alguno que vincule o relacione las patologías allí referidas con el asbesto o amianto. Considera que lo destacable tanto en ese relato histórico de la resolución de instancia como en los informes médicos incorporados a la historia clínica del causante eran los síntomas y signos respiratorios en relación con su tabaquismo ; que no existe constancia del cuadro patológico determinante del reconocimiento como contingencia profesional de las prestaciones de muerte y supervivencia causadas ; y que atribuir la enfermedad a una mayor exposición al amianto no pasa de ser una mera conjetura desde el punto de vista científico o jurídico. La sentencia no sólo se pronuncia a favor del nexo causal entre la enfermedad mortal y la exposición al asbesto, sino que deja constancia y analiza su trascendencia a la luz de la normativa en la materia, sobre las circunstancias en que se produjo la exposición. Destacan la falta de iniciativas por parte de la empresa demandada para medir, controlar o reducir el contacto, mitigar sus efectos, o para informar al trabajador de los mayores riesgos que genera en una persona fumadora. El recurso pasa por alto estos elementos de la resolución judicial que justifican la imputación de culpa a la empresa. Por cuanto antecede, se desestima el recurso de suplicación interpuesto por Naval Gijón contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón en autos seguidos a instancia de los familiares y herederos del fallecido contra Naval Gijón, Duro Felguera y Seguros La Estrella sobre daños y perjuicios. En consecuencia, se confirma la resolución impugnada. Responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 3ª, Sentencia de 23 de julio de 2007, rec. 6177/2006. En el recurso de suplicación formalizado por parte de Alstom Transporte contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid, seguidos a instancia de Alstom Transporte frente a una trabajadora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, en reclamación por accidente de trabajo, con fallecimiento del trabajador-recargo por prestaciones. Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la parte demandada. En la sentencia recurrida en suplicación se consigna que el fallecido prestó servicios en varias empresas, subrogándose a Alstom Transporte en Un año después el trabajador causó baja en virtud de un ERE y en 2002 le 37

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