PROYECTO DE LEY LEY DE IGUALDAD POLITICA DE GÉNERO

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1 PROYECTO DE LEY LEY DE IGUALDAD POLITICA DE GÉNERO FUNDAMENTOS A partir de la reafirmación de las luchas por la igualdad de género, encabezadas primeramente por los movimientos feministas, resurgió el debate y denuncia por los sistemas sociales y sus estructuras tendientes al machismo. La participación política de la mujer, su afirmación y reconocimiento como persona de derecho en el Estado democrático, son hoy temas de debate en los sistemas jurídicos de América Latina y Europa. En Argentina la lucha por la participación política de la mujer comienza entre 1880 y 1916, desde agrupaciones anarquistas e inmigrantes. El Consejo Nacional de Mujeres (1899) y las mujeres del Partido Socialista (1890), fueron dos frentes de lucha por la igualdad de géneros. Entre 1902 y 1905, con la constitución ya de múltiples organizaciones, tales como el Centro Socialista Feminista, la Unión Gremial Femenina, la Asociación de Universitarias Argentinas, el Centro Feminista Internacional de la República Argentina, el Centro Feminista, la Liga Feminista Nacional de la República Argentina y el Centro Feminista de Libre Pensamiento, fueron sentándose los pilares de lucha a favor a la protección laboral para las mujeres, su igualdad ante la ley y el reconocimiento del derecho de voto femenino. 1 1 Camilotti, M. et. al. Las Legisladoras. Cupos de Género y Política en Argentina y Brasil. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007, p

2 En ese contexto, Elvira Rawson Dellepiane y otras mujeres de la Unión Cívica Radical crearon el Centro Feminista en 1905, cuyo propósito era promover la participación intelectual, moral y material de las mujeres de toda condición social y económica. Luego de la Primera Guerra Mundial y sus efectos en nuestro país, la primera gran conquista femenina se concretó en 1947 con la Ley Derechos Políticos de la Mujer, a instancias de Eva Perón, ley que defiende y garantiza la igual participación política tanto de hombres como de mujeres, y además, el sufragio femenino. Hacia 1952, la participación legislativa de la mujer era de un 15,4% en las Cámaras de Diputados y un 20% en la Cámara de Senadores. Durante las décadas de 1950, 1960, y 1970, afectada la actividad política y civil por dictaduras militares, la censura y la prohibición de toda actividad política implicó fuertes pérdidas para la lucha feminista y su liberación y reconocimiento como persona política y de derecho. En 1983 la lucha por las mujeres es retomada con la victoria de la UCR, promoviendo el regreso de su participación activa y democrática. En especial, las reivindicaciones por la patria potestad compartida, y el reconocimiento legal del divorcio, ocuparon el centro de la lucha en la época. Con la Ley de Cupo Femenino, aprobada en 1991, será garantizada la participación en la vida democrática de la mujer. Argentina fue el primer país en el mundo en adoptar una cuota mínima de candidaturas legislativas para mujeres, reformándose la legislación electoral de toda la República. Para las elecciones de 1993 el cuerpo de legisladoras aumentó notablemente, siendo ya para el año 2005 un porcentaje del 42,3% en el Senado, y 35,8% en Diputados. La conquista por la participación política y civil igualitaria sin discriminación de géneros se realiza en Argentina desde su constitución 2

3 histórica como República. La militancia por la causa de la Mujer ha actualizado y fortificado también en herramientas compartidas que nos permiten hacer de la historia una lucha permanente. De la participación en la vida civil y democrática, con igual justicia y oportunidad de géneros, depende la vigencia real de nuestra democracia. En el ámbito internacional, todas las Convenciones convocadas por Naciones Unidas desde mitad de siglo XX en adelante promueven y declaran el valor indiscutible para que la mujer asuma en la sociedad los mismos roles y funciones de su par, el varón. Esta exigencia internacional de equiparación de roles, lugares y funciones abarcan el derecho al trabajo, a la igual remuneración, a la patria potestad, a la capacidad de ejercer derechos garantizados por las Constituciones de cada país, entre ellos, los derechos a la vida, al trabajo, a ejercer libremente credo, ideología, y a ocupar los mismos cargos para los que está dispuesto el varón, con los mismos deberes, valor y reconocimiento. Los principios universales de garantías para estos derechos exigibles en toda forma de gobierno democrática y representativa son de igualdad política, social, económica, laboral y jurídica, en suma. Han sido objeto, estos principios universales de garantías para los Derechos de la Mujer, la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, 1975), las declaraciones internacionales de Copenhague (1980), Nairobi (1985), Beijing (1995), El Cairo (1994) 2, la Cumbre Mundial por el Desarrollo Social (Copenhague, 1995), entre otras. 2 En el Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo (1994) se dedica un extenso capítulo (Cap. IV) a la igualdad y equidad entre los sexos, y habilitación de la Mujer, consagrando sus derechos a la formación, a la participación en todos los aspectos de la vida pública y la garantía universal para una formación desde la niñez que 3

4 Si bien todas las declaraciones internacionales propiciadas por organismos como Naciones Unidas y entidades parlamentarias han trabajado intensamente en las conquistas del Voto Femenino, de la Igualdad de representación política de género y de mayor participación política de la Mujer en los actos de gobierno (cargos partidarios, funciones públicas, cargos electivos), ya en la revolución francesa fue fundamental la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, redactado en 1791 e inspirada en el texto símil para los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El derecho a la participación política como derecho elemental para la libertad de la Mujer estaba conferido por esta Declaración y fue aceptado, no sin luchas históricas y sociales, en la mayoría de los Estados cuya forma de gobierno asumía la división de poderes. 3 En efecto, esta Declaración preliminar de origen europeo fue la inspiradora de los tratados internacionales para los Derechos de la Mujer, que atravesaron la historia del siglo XX con las conquistas sociales, políticas y legales que la Mujer fue obteniendo en el curso de la historia contemporánea. Estrategias de Intervención: la igualdad de género Encontramos una serie de políticas que están encaminadas a reconocer a la mujer no sólo como integrante de la vida privada de la sociedad sino como verdadera ciudadana, haciéndolas participes de aquellos aspectos públicos de promueva su integridad, educación, libertad y compromiso con los valores, filosofías e ideologías que elija para contribuir al desarrollo social, económico, cultural y político de los pueblos. 3 Una de las premisas de esta Declaración francesa por el Derecho Universal a la participación política de la Mujer dice: Toda mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos todas las Ciudadanas y los Ciudadanos deben contribuir, personalmente o por medio de sus representantes, a su formación. 4

5 los cuales estuvieron excluidas mucho tiempo y reconociéndoles todos los derechos inherentes a los de ciudadanas. Estas políticas públicas con perspectiva de género son consustanciales a la gestión gubernamental que responde al desafío de la innovación, que articula eficiencia y bienestar, que se abre a la inclusión de la diversidad social y que alienta la liberación de las energías sociales para mejorar equitativamente la calidad de vida de las comunidades. No se refiere al hecho de tomar en cuenta a las mujeres, sino a la consideración de las diferencias entre hombres y mujeres, las desigualdades marcadas por esas diferencias y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 4 Para lograr la institucionalización de políticas con perspectiva de género es necesario que existan factores facilitadores de estas. La movilización y presión social de las organizaciones locales y nacionales de mujeres, la sensibilidad y voluntad política efectiva de los Gobiernos, la articulación entre el gobierno local y las organizaciones de mujeres, y el apoyo y compromiso de organizaciones no gubernamentales profesionales en temas de género y derechos de las mujeres, procuran un avance en la instalación de estas políticas. Sin embargo, existe un factor esencial que debe estar presente: la voluntad y disposición política efectiva y sostenida en el tiempo de los actores políticos e institucionales en la articulación de consensos y la innovación en el desempeño de sus funciones, en vista del bienestar común y mejoramiento de la calidad de vida. Es aquí donde entran en juego las llamas estrategias de intervención. Cada una de ellas responde a una perspectiva diferente y apunta a transformar diferentes aspectos del sistema social de género que condiciona la realidad 4 Massolo, A., Nueva institucionalidad local de Género en América Latina. INSTRAW. Santo Domingo,

6 social de las mujeres y las relaciones entre ellas y los hombres. Entre ellas encontramos a las estrategias que promueven la igualdad de oportunidades, medidas de acción positiva (para que la igualdad de oportunidades se convierta en igualdad de condiciones), políticas transversales de género y finalmente encontramos estrategias que promueven la igualdad o paridad de género. Esta última se refiere al modelo de sociedad y sistema de género al que se debería aspirar y que utiliza como forma de actuación tanto la acción positiva como la transversalidad. El presente proyecto tiene como objetivo promover la paridad o igualdad de género a partir de acciones positivas que tienden a garantizar a la mujer su inclusión en la vida pública, asegurándole de esta manera la vigencia real de los derechos políticos y sociales en condiciones de igualdad. La paridad propuesta en el presente proyecto consistiría en la aplicación de un sistema de cupo que establezca la integración de las listas de candidatos a cargos electivos en un porcentaje igual de varones y mujeres. Este principio se extiende a todos los órganos colegiados establecidos por la Constitución Provincial. La paridad así definida plantea una nueva concepción de la ciudadanía. Situación de la Provincia de San Luis El marco normativo provincial en torno a la participación política de las mujeres está dado por la Ley Provincial Nº XI (5542) de Partidos Políticos. Su artículo 27, inciso 3, de la dispone que: Las listas de candidatos para elecciones de Legisladores y Convencionales Nacionales, Provinciales y Municipales que presenten los partidos políticos, confederaciones y/o alianzas transitorias en el ámbito de la Provincia de San Luis, deberán estar integradas 6

7 por mujeres en un mínimo de un treinta por ciento (30 %) de los candidatos titulares y suplentes a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas. Resultará de aplicación supletoria a la presente Ley las disposiciones contenidas en el Código Electoral Nacional. El Tribunal Electoral dentro de las atribuciones del Art. 95 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de San Luis, no podrá oficializar ninguna lista de candidatos que no cumpla con lo dispuesto en el presente Artículo. De este artículo surge que la Provincia de San Luis cuenta con una norma que establece un porcentaje mínimo de participación femenina cupo femenino- en la conformación de las listas de candidatos. No obstante, en la realidad se ha observado que esta disposición dista de tener una aplicación efectiva. Aún en casos judicializados, los tribunales no se preocupan en hacer cumplir este cupo mínimo. Valga recordar que la lista de candidatos a diputados provinciales por el Departamento Pueyrredón del Frente Progresista Cívico y Social para las elecciones generales de octubre de 2013 estuvo integrada en las primeras tres ubicaciones por hombres, pese a que la agrupación renovaba sólo dos bancas. Esta composición fue establecida por la Justicia Electoral aún en contra de la voluntad del propio Frente Político y la decisión de su Junta Electoral. Según el artículo mencionado, el Código Electoral Nacional es de aplicación supletoria a la Ley Provincial. Hay que aclarar que éste no contiene una regulación acabada de cómo se debe llevar a cabo la confección de las listas para cumplir con el cupo femenino del 30%. Esta regulación viene dada por el Decreto Reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional N 1246/2000 de la Ley , el que establece las pautas que deben cumplirse para que se considere 7

8 cumplido el cupo mínimo del 30% dispuesto por el artículo 60 del Código Electoral Nacional. Según el artículo mencionado, el Código Electoral Nacional es de aplicación supletoria a la Ley Provincial. Hay que aclarar que éste no contiene una regulación acabada de cómo se debe llevar a cabo la confección de las listas para cumplir con el cupo femenino del 30%. Esta regulación viene dada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N 1246/2000 reglamentario de la Ley , el que establece las pautas para que se considere cumplido el cupo mínimo del 30% dispuesto por el artículo 60 del Código Electoral Nacional. El presente proyecto que se pone a consideración pretende establecer en la Provincia de San Luis el principio de participación equitativa de género, es decir, que las listas de candidatos a Diputados, Senadores, Concejales, Convencionales Constituyentes o cualquier miembro de órgano colegiado provincial o municipal deben cumplir en su integración con el mismo número de hombres y mujeres. En el caso de ser impar el número de candidatos, y la lista de titulares contiene más candidatos de un género, la lista de suplentes debe privilegiar mayoría del otro género. La integración deberá ser de manera alternada: HOMBRE-MUJER- HOMBRE-MUJER o también MUJER-HOMBRE-MUJER-HOMBRE. Al momento del reparto de los puestos luego de la elección primaria entre las distintas líneas internas por aplicación del sistema D hondt, se deberá privilegiar al que se ha hecho acreedor/a del primer puesto debiendo adecuar en lo sucesivo la integración alternada de género, respetando la posición de cada línea interna. 8

9 Esta propuesta intenta posicionar a San Luis dentro de las provincias que establecen la igualdad de género en la participación política, a la par de Córdoba, Santiago del Estero y Rio Negro. Como aspecto positivo, pretende generar el mismo efecto que en su momento produjo la sanción de la ley en 1991 a nivel nacional. En el año 1991, la Cámara de Diputados de la Nación estaba integrada en un 6% por mujeres, porcentaje que luego de las elecciones de 1993 subió al 14%. Llegado el período , se alcanzó el porcentaje más alto registrado hasta el momento en la Cámara de Diputados de la Nación con un 40% de integración femenina. 9

10 El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, sancionan con fuerza de Ley LEY DE IGUALDAD POLITICA DE GÉNERO ARTICULO 1º ARTICULO 2º ARTICULO 3º ARTICULO 4º Las listas que se presenten para elegir Diputados, Senadores, Concejales, Convencionales Constituyentes o cualquier miembro de órgano colegiado provincial o municipal deberán tener igual cantidad de varones y mujeres.- El principio de participación equivalente y proporcional establecido en el artículo anterior, deberá observarse, sin excepción, tanto para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias como para las elecciones generales que se realicen en el territorio de la Provincia de San Luis.- La Autoridad Electoral que fiscalice los procesos electivos en la Provincia de San Luis deberá desestimar la oficialización de toda lista de candidatos que se aparte del principio general establecido en el artículo PRIMERO (1º).- A los fines de garantizar a los candidatos de ambos géneros una equitativa posibilidad de resultar electos, la participación equivalente y proporcional establecida en el artículo PRIMERO (1º) deberá respetar imperativamente la postulación en forma alternada, es decir, intercalando UNO 10

11 ARTICULO 5º ARTICULO 6º ARTICULO 7º ARTICULO 8º (1) de cada género por cada tramo de DOS (2) candidaturas. Cuando se convoque para elegir UN (1) sólo cargo titular, el candidato suplente deberá ser de género distinto al que se postule para aquél.- Cuando se trate de números impares, las listas de candidatos titulares convocados deberán cumplimentar el orden previsto en el artículo anterior, y el último cargo podrá ser cubierto indistintamente.- El orden de los suplentes deberá invertirse en la misma proporción, de modo que si un género tiene mayoría en la lista de candidatos titulares, el otro género deberá tenerla en la nómina de candidatos suplentes.- Producida una vacante, se cubrirá en forma inmediata y en primer término, por un candidato del mismo género que siga en el orden establecido en la lista oficializada por la Justicia Electoral, y el suplente completará el período del titular al que reemplace. Una vez agotados los reemplazos por candidatos del mismo género, podrá continuarse la sucesión por el orden de los suplentes del otro género.- Si por el procedimiento del artículo 15 de la Ley Electoral Provincial Nº XI (5509 *R) T. O. según Ley XVIII , Ley XI y Ley Nº XI , el Juez Electoral determinara que alguna de las candidatas no está en un lugar que le correspondiere según el sistema establecido en la presente ley, emplazará a la agrupación política, en la misma resolución que se pronuncia por la calidad de los candidatos, para que proceda 11

12 a su sustitución o reubicación en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas de que le sea notificada. Si no lo cumplieran, lo hará de oficio, con las mujeres que sigan en el orden de la lista. Para ello deberá tener en cuenta que las listas de suplentes deben cumplir también los requisitos de la presente ley.- ARTICULO 9º En la aplicación del artículo 11 de la Ley Provincial Nº XI de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, cuando se realice la integración de la lista de una agrupación política para la elección general, corresponderá a cada lista que haya participado de la elección primaria cumplir con el cupo femenino en el lugar que le haya sido asignado por aplicación de sistema D HONDT. ARTICULO 10º Deróguese el artículo 27, inciso 3, de la Ley Provincial Nº XI (5542) de los Partidos Políticos.- ARTICULO 11º La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia.- ARTICULO 12º Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.- 12

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