La garantía del derecho de estar en familia. Desafíos para el Estado Chileno en la política social de infancia

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1 La garantía del derecho de estar en familia. Desafíos para el Estado Chileno en la política social de infancia Ana Fuentealba Alday 1 Mónica Vergara Quezada 2 Resumen El siguiente artículo presenta una revisión a la actual Política Nacional de Infancia en Chile, en el marco de los principios declarados por la Convención de los Derechos de la infancia, centrándose puntualmente en el derecho a vivir en familia. Desde una metodología cualitativa de revisión documental, el análisis da cuenta del rol y funciones que se le atribuyen a la familia en materia de protección de niños, niñas y jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos, desde el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y las complejidades de realizar intervenciones en la materia cuando no se aseguran las condiciones para ello. Palabras Claves: Infancia, familia, funciones parentales, política de infancia. Introducción Con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado Chileno ha asumido el deber de desarrollar una política social coherente con las garantías que la carta define. Al respecto, la familia resulta relevante, por cuanto es un derecho a ser garantizado y a la vez se constituye como uno de los actores consagrados para asegurar la protección y desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes. Si bien Chile reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad no cuenta con una política nacional de familia. En ámbitos como educación, salud, protección social y justicia, la familia aparece relacionada a la infancia con distintos énfasis asociada principalmente a los referentes tradicionales de cuidado y socialización. No obstante, es reconocido que hoy se ha ido reduciendo su participación en esta tarea con la incorporación de la mujer al trabajo, la ampliación de la jornada escolar y el acceso de los niños y niñas a tecnologías de la información, entre otras. Tampoco existe una ley de protección integral en materia de infancia y la Política Social en este ámbito se presenta principalmente a través del Servicio Nacional de 1 Trabajadora social, Magister en Psicología, mención Psicología Comunitaria. Docente, Escuela de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, , Santiago, Chile. 2 Trabajadora social, Magister en Trabajo Social con especialización en competencias socioeducativas. Docente Escuela de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, , Santiago, Chile 1

2 Menores (SENAME), institución encargada de generar estrategias de protección a la infancia en contextos vulnerables. Para ello, desarrolla programas según diversos grados de complejidad que van desde la promoción, protección hasta la reparación de vulneraciones graves de derechos. El estudio plantea como objetivos reconocer las funciones que el Estado otorga a la familia en la política social de infancia del SENAME y analizar las condiciones que se le brindan para el cumplimiento de dichas funciones. Esto, para aportar a la política de infancia la cristalización del rol de la familia y con ello generar insumos que aporten en el diseño e implementación de programas coherentes con el principio de la Convención sobre el derecho del niño a estar en familia. Desde una metodología cualitativa, se realiza análisis discursivo de la política de infancia del SENAME y orientaciones para la intervención a través del diseño de sus programas. Las principales conclusiones del estudio refieren a la transformación de la figura y rol de la familia en los distintos niveles de intervención de la política SENAME y con ello el análisis que se realiza de las condiciones y apoyo que brinda el Estado para su adecuado funcionamiento. Se discute desde ahí la figura del adulto responsable presente en los niveles de alta complejidad de intervención y la parentalidad social como nueva categoría conceptual vinculada al cumplimiento de roles parentales. 1. Familia como derecho de la Infancia. La Convención Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948) reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho ser protegida por parte de los estados (Art. 16, inciso 3.), declaración que ha sido asumida tanto por la Iglesia como por los gobiernos. Con ello se valoriza la importancia de este grupo social en tanto se hace un reconocimiento formal a las funciones sociales significativas que desempeña, como: la reproducción humana y social, la regulación sexual, el cuidado de sus integrantes, el apoyo emocional y función afectiva y la socialización de sus miembros más jóvenes. Pero si bien la Familia como Institución 3 pertenece prioritariamente al campo de la cultura, también se vincula con instancias políticas y económicas. (Aylwin y Solar, 2009). En esta misma línea, la Constitución Chilena (Ministerio del interior, 1980), en su artículo 1 inciso 2 declara que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Asimismo en su inciso final afirma que es deber Estado dar protección a la familia y propender al fortalecimiento de ésta. 3 Categoría Jurídica otorgada en Chile. 2

3 Soto (1994) declara que la protección y fortalecimiento de la familia debe ser tarea del Estado en su ámbito legislativo, erigiendo leyes que la protejan y fortalezcan. También en su función administrativa a través de la implementación de dichas leyes y de cualquier estrategia que deba adoptar con la misión de satisfacer las necesidades públicas concretas, a través de la prestación de bienes y servicios. Estudios sobre el desarrollo de niños y niñas, plantean que así como es importante que éstos tengan una alimentación adecuada para favorecer un desarrollo físico y mental óptimo, de igual modo resulta relevante que sean criados y educados en un entorno de respeto, aceptación, estimulación y afectividad. Barudy y Dantagnan (2010) plantean la noción de buenos tratos y de competencias parentales para definir aquellas capacidades de los adultos de cuidar, proteger y favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas a su cargo. Así mismo, hace mención a la importancia de las habilidades parentales que deben tener los adultos para reconocer las necesidades infantiles y generar dispositivos emocionales y conductuales flexibles y nutridores para el desarrollo de las capacidades de los niños de crecer e integrarse socialmente. De este modo es posible constatar que diversas instituciones e investigaciones concuerdan en identificar a la familia como uno de espacio central y favorable para el cumplimiento de las tareas de procreación, cuidado, educación y protección de la infancia. 2. Aproximación a la realidad actual de las familias en Chile: Tensiones para garantizar el derecho de vivir en Familia. No se puede hablar de familia sin hacer referencia al marco contextual en el cual se desarrolla, dado que las influencias del entorno afectan de manera directa a los sujetos y sus formas de organización. Es así como es necesario analizar la relación familia - sociedad situada en el proceso de modernización, el que por su acelerado desarrollo ha impactado de manera abrupta antiguas formas de vida familiar. A fines del siglo XX en Occidente existía cierto consenso sobre lo que era la familia consignándola como el agrupamiento de un hombre y una mujer unidos en matrimonio, mas los hijos tenidos en común, todos bajo el mismo techo, el hombre trabaja fuera de la casa para conseguir los medios de subsistencia y la mujer en casa cuida de los hijos del matrimonio.(palacios y Rodrigo,1998) A las puertas del siglo XXI la modernidad, que se caracteriza por el predominio ideológico y materializado de la globalización y el sistema neoliberal, ha originado en las sociedades importantes transformaciones socioculturales, económicas y políticas entre las que destacan: el rápido avance tecnológico para el trasporte y los medios de comunicación/información y su consecuente intercambio masivo de bienes y servicios nivel mundial; con ello, el aumento de la oferta de consumo, no sólo a nivel material sino que también a nivel simbólico. Es evidente que este escenario, genera nuevas demandas que tensionan las tradicionales formas de 3

4 organización. Pedro Güell (1999) señala, desde hace más de una década que es en la vida familiar donde primero se experimentan las inseguridades sociales y también, donde primero se elaboran estrategias para su enfrentamiento. Es así como hoy en día, las familias, han debido asumir nuevos roles y funciones, tales como el ingreso de la mujer al mundo laboral, lo cual ha quebrantado la distribución de roles sexuales por años manifestada en el hombre proveedor v/s mujer dueña de cada; ha debido asumir una mayor diversificación de medios de socialización conciliando con ello nuevas formas de comunicación y educación, entre otras expresiones. Esto ha ido restando participación de los adultos de la familia respecto a lo que tradicionalmente ha constituido la labor de transmisión generacional cultural y de socialización. Parece interesante sostener que no obstante lo anterior continua el consenso, al menos a nivel simbólico, de que la familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.(palacios y Rodrigo, Op.cit., p.33). Por otra parte, el escenario de la modernidad permite reconocer que estructuralmente existen diversas formas de construir familias diferenciadas por las variables de sexo y trabajo, encontrando así, familias de padres solos con hijos, mujeres solas con hijos, parejas sin hijos, familias reconstituidas con hijos de parejas anteriores, parejas del mismo sexo, entre otras. Al respecto, es posible destacar la tendencia que muestran las estadísticas nacionales respecto a que los hijos, de manera creciente, dejan de vivir con ambos padres. Esto, conlleva no solo a nuevas formas de relaciones de género en las pareja sino, especialmente, nuevas formas de maternidad y paternidad. (Valdés, 2007) y con ello emergen diversas formas de entender las funciones de la familia. En Chile, el Estado habiendo adscrito a los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos, del niño y de la mujer, ha ido generando una institucionalidad que regula el funcionamiento de la familia y las garantías hacia segmentos vulnerables de la sociedad como los niños, las mujeres y los adultos mayores, generándose un involucramiento activo de la esfera pública en lo tradicionalmente privado. Por otra parte y en un sentido inverso, el Estado chileno, en los últimos 40 años ha ido restringiendo su participación en el desarrollo de la sociedad, favoreciendo la participación de privados y la regulación del mercado en la generación de los procesos de desarrollo. Es así como aun cua ndo el Estado chileno reconoce a la familia como un protagonista central en la construcción social no hay todavía una política Nacional de familia. 4

5 3. Familia en Política Nacional de Infancia SENAME: Reflexiones en torno a los programas especializados protección y las complejidades de la intervención. Chile con la adscripción a la Convención de los derechos del niño ha ido generando cambios a nivel de normas e instituciones tendientes a garantizar condiciones mínimas de respeto a los derechos de los niños y niñas de nuestro país. Avances significativos en esta línea han sido la modernización del sistema judicial a partir del 2004 con la conformación de los tribunales de familia y el 2007 con la instauración de la reforma penal adolescente. Así mismo, se ha ido modernizando el Servicio Nacional de Menores SENAME, instancia estatal que regula las políticas sociales hacia la infancia. El SENAME define su política a favor de la infancia a partir de la ratificación de la Convención, centrando su quehacer en la promoción de un sistema caracterizado por dos grandes líneas directrices y sus respectivas estrategias de servicios y atención, ambas con un enfoque intersectorial y territorial: a) De responsabilización de infractores de ley b) De protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes vulnerados. En este punto, los esfuerzos se han centrado en desarrollar estrategias de detección y abordaje de la vulneración de derechos. Para ello genera tres niveles de protección: el primero, asociado a servicios generales para todo niño, niña y adolescente vinculado a políticas universales; el segundo, de protección selectiva, generado a partir de oficinas de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes y familias con problemas complejos o necesidades especiales y el tercero, de protección especializada, está orientado a niños, niñas y adolescentes vulnerados gravemente en sus derechos y en situación de infracción de ley. (SENAME, 2006). Estadística del SENAME durante el año 2011 respecto a las situaciones de vulne ración de derechos que fundamentan activación de estrategias de protección de segundo y tercer nivel, dan cuenta de que la familia aparece como el principal agente vulnerador, especialmente en las figuras de negligencias parentales con conductas de abandono, maltrato psicológico y físico, así como también vulneraciones graves como abuso sexual. (SENAME, 2011) Frente a las dificultades de la familia de garantizar la protección de los niños y siendo ellas quienes en un porcentaje significativo vulneran los derechos de los mismos, El SENAME activa medidas de protección que implican en muchas ocasiones, el alejamiento del niño de su familia para insertarse transitoriamente en una residencia de protección o en una familia de acogida. El procedimiento implementado por los tribunales de familia - se sustenta en la responsabilidad del Estado de garantizar la inmediata interrupción de la vulneración de derechos del niño y garantizar las condiciones mínimas de protección y supervivencia del niño. Posterior a ello, estos solicitan evaluaciones de competencias parentales a las familias y/o potenciales adultos responsables 5

6 del cuidado y protección de esos niños y niñas, sustentado en el principio del derecho del niño de permanecer con su familia y a que la internación es la medida última que establece la Convención. Es así entonces que los niños y niñas se re- vinculan con su familia de origen, una vez que ésta es capaz de demostrar que ha superado las situaciones que originaron la medida de protección. Para ello, la familia debe apoyarse en las redes institucionales y sociales como municipios, servicios de atención de salud mental, programas de apoyo familiar, entre otros. La sistematización realizada a cuatro programas de residencias transitorias de protección de la ciudad de Santiago de Chile, entre el 2011 y el 2012, da cuenta de los siguientes aspectos que resultan interesantes para analizar la función que se la asigna a la familia desde la política de protección del Estado. La re- vinculación familiar es un proceso que está claramente definido en los principios de la política pública de protección, pero no se explicita en los lineamientos técnicos ni en la partida presupuestaria de recursos humanos, así como tampoco en los indicadores de resultados. Las implicancias de ello es que no se considera la familia como espacio de abordaje y por tanto no se ha diseñado una estrategia para incorporarla en la intervención, quedando así al arbitrio de cada programa ejecutor y sus respectivos equipos profesionales, las características que tendrá el proceso de re- vinculación, definiendo si esto se desarrolla con la familia de origen que ha vulnerado los derechos del niño u otro adulto responsable. (Silva y Vargas, 2011). Por otro lado, las familias de origen de los niños y niñas que se encuentran en residenciales (como parte del sistema de protección) presentan un perfil de alta vulnerabilidad y daño social que se caracteriza por carencias importantes de carácter emocional, económico, de apoyo social y familiar, entre otros, resultando complejo para los programas ejecutores, abordar la temática de competencias parentales. (Silva y Vargas, 2011). Los equipos profesionales realizan una tarea de acompañamiento a las familias de origen, basados en el control del cumplimiento de ciertas condiciones mínimas asociadas a: la vinculación de la familia a programas sociales de apoyo que están en los servicios públicos, la regularidad de las visitas que realizan al niño/a, y las condiciones materiales de la vivienda que garanticen higiene, seguridad, intimidad y protección al niño. En base a ello informan a tribunal de familia respecto a la posibilidad de que el niño retorne con su familia de origen. (Cabello y Contreras, 2011). El Estado a partir del 2011 ha reducido su línea programática de fortalecimiento familiar, por lo que el abordaje de re vinculación se centra exclusivamente en el control y seguimiento de condiciones mínimas para el retorno del niño a su familia de origen o de algún adulto responsable. Se denota falta de acompañamiento terapéutico que permita el desarrollo de competencias y habilidades parentales 6

7 para poder dejar instalada en las familias recursos de protección y cuidado de los niños y niñas. (Silva y Vargas, Op.cit.) Las redes sociales de apoyo con que trabajan los programas de protección son básicamente los servicios sociales de salud mental, de reparación de maltrato y abuso sexual, de atención de víctimas de violencia intrafamiliar y las redes asistenciales municipales. En el desarrollo del trabajo en red, los objetivos de apoyo a la familia de los niños que están en una residencia no son compartidos entre las distintas instituciones que forman parte de la red de apoyo, motivo por el cual cada una operan en función de sus propios objetivos para un mismo caso, fragmentando de este modo la situación familiar del niño. Claramente esta situación dificulta en que la familia avance de forma integral en el desarrollo de competencias y habilidades parentales para recuperar el cuidado personal del niño que está en la residencia de protección.(monares, 2012). 4. A modo de conclusión: Familia en tensión: Un derecho a ser garantizado con pocas garantías. Para la familia y la determinación de su función, sin duda que la modernidad y el rol del Estado frente a la infancia tiene grandes implicancias, generando una tensión respecto de los límites de su rol. Por un lado, se visualiza una familia restringida en la autonomía de su dinámica interna, ante la presencia de normas e instituciones que regulan la protección de los derechos de sus integrantes (infantes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, miembros con discapacidad, etc.), por otro, la familia como parte de la sociedad se encuentra a merced de la autoregulación enmarcada en la dinámica de desarrollo del país bajo un modelo de libre mercado. De esta manera, no es casual que las familias entren en crisis, sobre todo aquellas que no cuentan con recursos suficientes (tanto económicos, como socioculturales, de redes, etc.) para responder al sin fin de demandas a las que actualmente se ve enfrentada. En la configuración de nuevas estructuras regulatorias de derechos, la familia se sitúa con ambivalencia ya que por un lado, se determinan procedimientos cuando la familia no es capaz de cumplir con un estándar mínimo de funciones parentales lo que en consecuencia tiene la vulneración de derechos de la infancia, no obstante por otro lado, se espera de ella, en el contexto de desarrollo de la sociedad auto regulada por el mercado, que ésta sea capaz de satisfacer las necesidades de desarrollo en un marco de consumo y productividad de todos sus miembros. La familia como unidad social no cuenta con un marco normativo - regulatorio en tanto, en Chile se carece de una política integral que favorezca el desarrollo armónico de todos sus miembros. De esta forma el abordaje social se realiza desde la fragmentación de las particularidades de los sujetos que la componen. La parentalidad social en la forma que Barudy (Op. Cit. 2010) la plantea, es una alternativa de trabajo que se está utilizando en los programas de protección. Esto, 7

8 dada la dificultad de abordar integralmente la complejidad de las familias. En este sentido, cuando se trabaja con otros adultos cercanos a niño como familia extensa, voluntarios y/o familias guardadoras transitorias, se está, trabajando la resiliencia en los niños al superar la pérdida o abandono de la familia de origen. Barudy reconoce que existen adultos significativos que son capaces de satisfacer las necesidades emocionales y materiales de los niños. Sin embrago, dada la relevancia que tiene este grupo social en el desarrollo psicosocial de las personas en las distintas etapas de la vida, es que no se puede obviar que aún cuando la familia de origen haya actuado con negligencia, esta sigue siendo parte de la historia de vida de sus miembros, por lo que trabajar en dicho espacio, apoyando y propiciando la transformación de dinámicas relacionales y conductuales, muchas veces de orden transgeneracional, es un desafío que las políticas sociales en materia de infancia y familia, deben asumir a fin de poder garantizar el derecho de los niños y niñas a vivir en familia. Así mismo, la generación de una política de familia, sigue siendo una tarea pendiente para el país toda vez que el Estado debiera orientarse a fortalecerla de manera integral, como un actor clave en el marco del desarrollo de nuestra sociedad moderna. Invertir en la familia en esta línea, favorecería que se constituyera como agente integrador de los niños y niñas como sujetos de derechos, propendiendo que constituyan la primera instancia de garantía de derechos. De esta forma, el desafío está en equilibrar los esfuerzos del Estado en materia de protección de derechos vulnerados y el fortalecimiento de la familia a través de una política integral. 8

9 Referencias Bibliográficas: Aylwin, N. y Solar, M. (2009). Trabajo social Familiar. Universidad Católica de Chile: Santiago. Barudy, J, y Dantagnan, M. (2010). Los desafíos invisibles de ser madre o padre. Manual de evaluación de las competencias y la resiliencia parental. Gedisa: Barcelona. Cabello, C.; Contreras, M., et alt. (2011). Relación entre Protección y Vulneración de Derechos de la Infancia en el Proceso que Viven Niños/as que Tienen Como Medida de Protección la Internación en una Residencia Colaboradora del Servicio Nacional de menores (Sename). Tesis de grado Escuela de trabajo Social. UNAB: Santiago. Güel, P. (1999). Familia y Modernización en Chile. Exposición ante la Comisión de Expertos en Temas de Familia, SERNAM, Diciembre, 1999: Santiago. Ministerio del Interior (1980). Constitución Política de la república de Chile. Decreto supero n de Diario Oficial 24 de octubre de 1980: Santiago. Monares, A. (2012). Forma de intervenir de Aldeas Infantiles SOS, Los Aromos, en su modelo de intervención con las redes de apoyo respecto a la intervención que se realiza con su sujeto de atención. Tesis de grado Escuela de Trabajo Social, UNAB: Santiago. Organización de Naciones Unidad (1948). Declaración universal de los derechos humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre. Extraído el 20 de junio del 2012 de Palacios y Rodrigo (1998). Familia y desarrollo humano. Alianza: Madrid. SENAME (2006). Línea de acción para la intervención Gobierno de Chile. Santiago. SENAME (2011). Boletín estadístico, Niños/as y adolescentes, Primer trimestre Departamento planificación y Control de gestión: Santiago. Silva, M. y Vargas, B. (2011). Re vinculación familiar: discurso, desafíos y tensiones. Una mirada desde profesionales vinculados a la residencia de protección de lactantes Santa Bernardita y preescolares Belén del Hogar de Cristo. Tesis de grado Escuela de Trabajo Social, UNAB: Santiago- Soto, E. (1994). La familia en la constitución política. Revista chilena de derecho, vol 21 N 2, pp

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