SENTENCIA DEFINITIVA EXP 336/2012 ESCRITO FAMILIAR

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1 1 SENTENCIA DEFINITIVA SENTENCIA DEFINITIVA.- Jacala de Ledezma, Estado de Hidalgo a 11 once de octubre del año 2013 dos mil trece VISTOS los autos del presente juicio para dictar la sentencia definitiva que dirima el litigio que suscito el Juicio Escrito de Familiar promovido por (*)dentro del expediente radicado en este Juzgado bajo el Numero 336/2012, promoviendo por su propio derecho y en representación legal de su menor hijo de nombre (*)en contra de (*), y: R E S U L T A N D O I.- Que mediante escrito presentado por Oficialía de Partes de este Juzgado de Jacala, Estado de Hidalgo, con fecha 17 diecisiete de octubre de 2012 dos mil doce, compareció ante este juzgado en juicio escrito familiar (*)promoviendo por su propio derecho y en representación legal de su menor hijo de nombre (*)a demandar del C. (*), en la vía Escrita Familiar, el cumplimiento de las siguientes prestaciones: A).- El pago de una pensión alimenticia bastante y suficiente para sufragar los gastos de mi menor hijo (*). B).- Se decrete judicialmente a favor de la suscrita la guarda y custodia provisional y en su caso definitiva de mi menor hijo (*), la cual ejerceré en el domicilio ubicado en calle 21 de marzo sin número, El Calvario Jacala de Ledezma, Hidalgo. C).- El aseguramiento de la pensión alimenticia por un periodo de 5 años, prestación que tiene aplicación en términos del numeral 460 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Hidalgo II-. Por auto de fecha 22 veintidós de octubre de 2012 dos mil doce, se admitió a trámite la demanda instaurada por (*)promoviendo por su propio derecho y en representación legal de su menor hijo de nombre (*), ordenando correr traslado de la misma a (*), para que en el término legal de 9 nueve días, de contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se le tendría por presuntivamente confeso de los hechos que deje de contestar III-. Mediante diligencia de fecha 26 veintiséis de octubre de 2012 dos mil doce, se emplazó al demandado (*) por conducto de la C. Actuario Adscrita a este Juzgado IV.- Por escrito de fecha 05 cinco de noviembre de 2012 dos mil doce se tuvo a (*)dando contestación a la demanda instaurada en su contra y proponiendo reconvención en contra de (*) V-. Por auto de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2012 dos mil doce, se tuvo a (*), dando contestación a la reconvención planteada en su contra VI.- En comparecencia de fecha 10 diez de enero de 2013 dos mil trece, tuvo verificativo la misma para decidir sobre la guarda y custodia del menor (*), la cual quedó a favor de su madre VII.- Por auto de fecha 15 quince de enero de 2013 dos mil trece, se dictó auto admisorio de pruebas, admitiéndose a las partes las que fueron ofrecidas conforme a derecho VIII.- En diligencia de fecha 19 diecinueve de enero de 2013 dos mil trece, tuvo verificativo el desahogo de la prueba confesional ofrecida y admitida a las partes (*)Y (*) IX.- En diligencia de fecha 21 veintiuno de febrero de 2013 dos mil trece, tuvo verificativo el desahogo de la prueba testimonial admitida a la parte actora en el principal y demandada reconvencional a cargo de (*),(*)Y (*)con los resultados visibles en la misma

2 2 SENTENCIA DEFINITIVA X.- En diligencia de fecha 25 veinticinco de febrero de 2013 dos mil trece, tuvo verificativo el desahogo de la prueba testimonial admitida a la parte demanda en el principal y actora reconvencional a cargo de (*)Y (*), con los resultados visibles en la misma XI.- Por auto de fecha 20 veinte de marzo de 2013 dos mil trece, se declaró cerrado el periodo probatorio y se abrió la etapa de alegatos, concediendo a las partes un término común de tres días hábiles para su formulación XII.- Por auto de fecha 02 dos de abril de 2013 dos mil trece, se tuvo a (*)exhibiendo sus correspondientes alegatos XIII.- Por auto de fecha 08 ocho de abril de 2013 dos mil trece, se tuvo a (*)en tiempo y forma, formulando sus correspondientes alegatos XIV.- Por auto de fecha 02 dos de julio de 2013 dos mil trece, se tuvo a la C. LIC. SANDRA BRIONES FLORES emitiendo su correspondiente informe en las áreas de psicología y trabajo social practicados a (*)y al menor (*) XV.- Por auto de fecha 29 veintinueve de agosto de 2013 dos mil trece, se ordeno dictar sentencia la que hoy se pronuncia bajo los siguientes: C O N S I D E R A N D O S I.- COMPETENCIA-. Que se han observado los extremos que hacen estimable la competencia de esta juzgadora para resolver el litigio que origino el presente juicio ello en vista de lo previsto en los articulo 17, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 9 y 93 de la Constitución política del Estado de Hidalgo, 46 fracción VII, 55, 55BIS fracción XIII, 56 L de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 28, 29, y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Hidalgo y 126 del reglamento de la ley orgánica del poder judicial del Estado de Hidalgo, la suscrita juzgadora ha sido y es competente para conocer y resolver del presente juicio II.- Es procedente la Vía Escrita Familiar como lo dispone el artículo 246 del Código de Procedimientos Familiares en vigor para el Estado de Hidalgo III.- Atento a lo dispuesto por el artículo 128 del Código de Procedimientos Familiares en vigor que textualmente dice: El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo sus excepciones, lo que impone a la suscrita Juzgadora a realizar en forma exhaustiva el estudio y valoración de las pruebas aportadas por las partes y que obran en el sumario. Así tenemos que la actora (*)reclama como prestaciones las siguientes A).- El pago de una pensión alimenticia bastante y suficiente para sufragar los gastos de mi menor hijo (*). B).- Se decrete judicialmente a favor de la suscrita la guarda y custodia provisional y en su caso definitiva de mi menor hijo (*), la cual ejerceré en el domicilio ubicado en Calle 21 de marzo sin número, El Calvario, Jacala de Ledezma, Hidalgo. C).- El aseguramiento de la pensión alimenticia por un periodo de cinco años, prestación que tiene aplicación en términos del numeral 460 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Hidalgo y de las cuales se hará su análisis de forma separada. En primero orden, analizaremos la procedencia o improcedencia de la acción intentada en el Juicio principal planteada dentro de este juicio por la C. (*)teniendo que ésta fundamenta su acción de pensión alimenticia prevista por el artículo 118 de la Ley para la Familia que establece: se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica y en su caso los gastos de embarazo y parto. Respecto a

3 3 SENTENCIA DEFINITIVA los menores, además los gastos para la educación ; argumentando como hechos sobresalientes de su demanda que 1.- La suscrita y el hoy demandado (*)iniciamos una relación amorosa a partir del mes de mayo de Producto de dicha relación procreamos biológicamente a un hijo de nombre (*)quien actualmente cuenta con la edad de tres años nueve meses, tal y como lo justifico con la copia certificada de la respectiva acta de nacimiento de mi menor hijo. 3.- Es preciso manifestar que a partir del nacimiento de mi menor hijo la suscrita y el hoy demandado comenzamos a vivir en unión libre siendo éste en el domicilio de los padres del hoy demandado de nombre (*)Y (*)en domicilio conocido Agua Fría Grande, Jacala de Ledezma. 4.- Es el caso que la suscrita y el hoy demando sólo vivimos dos meses en unión libre esto debido a que el hoy demandado no se hacía responsable de los gastos de alimentación de su menor hijo y es el caso que en el mes de mayo de 2009 dos mil nueve la suscrita salí de dicho domicilio junto con mi menor hijo (*). 5.- Desde la fecha de separación entre la aquí firmante y el hoy demandado éste aportaba la cantidad de quinientos pesos a mil pesos de manera mensual, esto lo aportaba a través de su mamá (*), toda vez que el hoy demandado se encontraba en los Estados Unidos de América. 6.- A partir de que el hoy demandado llega proveniente de los Estados Unidos de América es decir a principios del es de octubre del presente año, comenzó a acudir a mi domicilio aportando la cantidad de quinientos pesos y al manifestarle la aquí firmante que mi menor hijo necesitaba acudir al dentista y con el ortopédico éste me refiere que no tiene aunado a que cuando se presenta a la casa donde actualmente vivo con mi madre la C. (*)en el domicilio ubicado en calle 21 de marzo sin numero, El Calvario Jacala de Ledezma, Hidalgo, el hoy demandado se presenta con una actitud molesta y agresiva, motivo por el cual me veo en la necesidad de demandar en la vía y forma propuesta. Precisando bajo protesta legal de decir verdad que a las personas que les constan los hechos motivo de la presente demanda son a la CC. (*),(*)Y (*), personas a quienes ofreceré en el capítulo correspondiente de pruebas. En ese orden de ideas tenemos que el artículo 119 de la Ley para la Familia establece: la obligación de dar alimentos se deriva del matrimonio, del concubinato del parentesco por consanguinidad, adopción, y por disposición de la Ley. Y en la especie el derecho que tiene el menor (*)para recibir alimentos y por consiguiente la obligación a cargo del demandado (*), se encuentra plenamente acreditado con la respectiva copia certificada del acta de nacimiento del menor (*)visible a foja seis y de la que se desprende que los padres del citado menor son las partes en este juicio, documento que por su carácter de público hace prueba plena de conformidad con el artículo 212 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Hidalgo y que adminiculada con la prueba confesional a cargo del demandado en el principal (*), en su respectivo escrito de contestación a la demanda principal y reconvención, así como con el desahogo de la prueba confesional a su cargo que tuvo verificativo en fecha 19 diecinueve de febrero de 2013 dos mil trece, y que obra en autos se desprende que la parte demandada en el principal (*)procreó junto con su articulante a un hijo de nombre (*), así como la testimonial que estuvo a cargo de (*),(*)Y (*), quienes en forma conteste aseguraron conocer a su presentante, que saben y les consta conocer a su presentante por ser prima de su esposo (*); que sí conoce a una persona de nombre (*) y que es la persona

4 4 SENTENCIA DEFINITIVA que se encuentra aquí presente (con movimiento de cara indica a la persona demandada); que si conoce a una persona que se identifica con el nombre de (*); que lo conoce porque es hijo de su prima (*); que sabe que el padre de (*)es (*); que saben que (*)tiene cuatro años de edad; que saben que (*)se hace cargo de los cuidados de (*); que saben que su presentante se hace cargo de los gastos del menor (*)porque viven en el mismo domicilio; que saben que su mamá de (*)se hace cargo de sus gastos y que últimamente también su papá, que saben que su mamá de (*)se hace cargo de sus gastos de salud; que saben que (*) se encuentra estudiando el Kinder Grillito Cantor que fundan la razón de su dicho porque la primera vive en el mismo domicilio y platica mucho con ella, la segunda porque la conoce desde hace mucho y es su familia y la tercera de las antes mencionadas porque convive con ellos y porque tiene mucha relación; la parte demandada en el principal y actora reconvencional formula las siguientes repreguntas a la primera de las testigos mencionadas: a la primera con relación a la décima directa.- que sabe que la señora (*)obtiene ayuda de su mamá para cubrir los gastos del menor (*); a la segunda en relación a la décima directa.- que sabe que desde hace dos meses para acá el señor (*)cumple con su obligación, prueba que al adminicularse con la confesión que realiza el demandado de su negativa de otorgar alimentos en términos del artículo 219, en concepto de la suscrita alcanza el rango de prueba plena, en razón a que los testigos conocieron por si el hecho sobre el que testificaron, son contestes en lo esencial del hecho, siendo su declaración clara y precisa además que se aprecia su imparcialidad. En virtud de lo anterior y tomando en consideración que tratándose del cumplimiento de la obligación basta que se apruebe la existencia del derecho para que el obligado tenga la carga de la prueba de su cumplimiento ya que dejar la carga de la prueba a la actora sería obligarla a probar hechos negativos lo cual es ilógico y antijurídico; siendo aplicable el caso por analogía el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).- Conforme a lo dispuesto por el articulo 1144 del código de procedimientos civiles aplicado por analogía para la condena al pago de alimentos definitivos se necesita: I. que se exhiban documentos comprobantes del parentesco o del matrimonio, el testamento o el contrato en el que conste la obligación de dar alimentos; II.- Que se acredite la necesidad que haya de los alimentos; III.- Que se justifique la posibilidad económica del demandado. De tales elementos se deduce que corresponde al acreedor alimenticio demostrar el primero y el tercero, es decir, el derecho que tiene a percibir alimentos y la posibilidad económica que tiene el demandado para proporcionarlos; no así probar el segundo de dichos elementos, esto es la necesidad que haya de los alimentos, toda vez que tiene esa presunción a su favor y dejarle la carga de la prueba sería obligarlo a probar hechos negativos, lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de la prueba corresponde al deudor. En el presente caso la existencia del primero de los requisitos ha quedado plenamente demostrado en los términos vertidos en líneas precedentes; por lo que respecta al segundo de los elementos quedó plenamente acreditado con la confesional a cargo del demandado en el principal (*), adminiculada con la testimonial ofrecida y desahogada en autos por la parte actora en el principal, así mismo con la presuncional legal y humana, probanzas éstas a las que se les concede pleno

5 5 SENTENCIA DEFINITIVA valor probatorio de acuerdo con lo establecido por los artículos 209, 219 y 222 del Código de Procedimientos Familiares, toda vez de que por ser acreedor alimentista el menor (*)como hijo del demandado, es evidente que necesita de la pensión de referencia, a mayor abundamiento con las referidas probanzas quedó acreditado en autos que la C. (*)ante la irresponsabilidad del C. (*), actualmente es quien se hace cargo de la manutención de su menor hijo; así mismo quedó probado en autos que el niño (*)asiste a preescolar en la escuela El Grillito Cantor, en Jacala de Ledezma, Hidalgo y toda vez que la educación forma parte de los alimentos, se encuentra acreditada la necesidad y el derecho que tiene el menor a la educación, por lo que se infiere la necesidad de percibir alimentos a cargo del deudor alimentante; finalmente, el tercer elemento de los citados en la tesis jurisprudencial transcrita y consistente en acreditar la posibilidad económica del demandado, en relación a este elemento es necesario señalar que ha quedado demostrado que el deudor alimentista sí tiene la capacidad económica para proporcionar alimentos a su menor hijo; y por el contrario no ha quedado demostrado que el deudor alimentista, tenga algún tipo de incapacidad que le impida proporcionar alimentos. En ese tenor el demandado en el principal y actor reconvencional ofreció para acreditar los extremos de sus excepciones y defensas, la confesional a cargo de la actora en el principal (*); testimonial a cargo de (*)Y (*), probanzas éstas que si bien es cierto hacen prueba plena de conformidad con lo establecido por los artículos 209 y 219 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el estado de Hidalgo, las cuales no crean convicción para acreditar las excepciones y defensas opuestas por el demandado en el principal con el cumplimiento de la obligación alimenticia a cargo del deudor alimentante a favor de su menor hijo; documental publica consistente en acta de nacimiento de (*)documental pública consistente en factura de pago, expedida por el Laboratorio Medico del CHOPO, a nombre del señor (*); documental publica consistente en orden de estudios, a nombre del señor (*)expedida por el Hospital Angeles; documental publica consistente en dos recetas medicas a nombre de (*), expedidas por el Doctor (*), del Hospital Angeles; documental publica consistente en dos recetas médicas expedidas por el doctor (*), cardiologo; documentales todas estas que corren agregadas en autos por haber sido adjuntadas al respectivo escrito de contestación a la demanda en el principal y reconvención, mismas que si bien es cierto hacen prueba plena de conformidad con el artículo 212 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado, las mismas no crean convicción para acreditar el cumplimiento de la obligación alimentaria a cargo del deudor alimentante a favor de su menor hijo, esto al no ser adminiculadas con otros medios crediticios que obren en autos, por lo que luego entonces no tienen valor crediticio alguno dentro del presente juicio por carecer de sustento jurídico; probanzas que no acreditan las excepciones de cumplimiento y pago oportuno hechos valer por el demandado en el principal, el hecho de que el oferente de las mismas erogue gastos por servicios médicos, no lo exime de la obligación alimentaria que tiene como demandado en el principal para con su aquí acreedor alimentista, aunado de que con las mismas de ninguna manera se acredita en este juicio el pago oportuno de la pensión alimenticia que el deudor tiene con su acreedor alimentista, motivo por el cual ninguno de estos medios probatorios tienden a demostrar el cumplimiento de la obligación de de dar alimentos, ni mucho menos el pago oportuno

6 6 SENTENCIA DEFINITIVA por parte de (*)hacia su menor hijo (*), motivo por el cual no se logró crear convicción en el ánimo de la suscrita Juzgadora del cumplimiento del deudor alimentante con su acreedor alimentario. En consecuencia, la parte demandada en el principal, no acreditó el cumplimiento de la obligación de dar alimentos a su menor hijo Ahora bien por alimentos debe entenderse como la facultad jurídica que tiene una persona, denominada acreedor alimentista para exigir a otra deudor alimentario, lo necesario para vivir, como consecuencia del parentesco consanguíneo, como en el caso que nos ocupa, por lo tanto tales elementos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas, por disposición imperativa de la ley, esto es, el derecho de alimentación proviene de la ley, por lo tanto, quien ejerce este derecho para reclamarlos judicialmente únicamente debe de acreditar que es titular del derecho para que su acción alimentaria prospere, lo anterior se basa en que el legislador ordinario reconoce la obligación legal de proporcionar los alimentos, reposa en el vinculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia, la que debe exigirse mediante acción autónoma, el pago de la pensión alimenticia a la que se encuentra obligado a otorgar el acreedor alimentista. Es razón más que suficiente para decretar la pensión alimenticia definitiva a favor del MENOR (*), dado que su reclamación y minoría de edad hace presumir la necesidad de estos Cabe destacar que en principio para poder determinar que un cierto porcentaje de los ingresos pecuniarios del deudor alimentista sea justo y equitativo, debe tenerse en cuenta que sea acorde con las necesidades de los acreedores al igual que con las posibilidades del deudor, esto es, no simplemente se deben acreditar los ingresos de este, sino además los requerimientos alimenticios de aquellos, pues por esa razón el artículo 134 de la Ley para la Familia prevé que la pensión alimenticia tiene que guardar un equilibrio justo ya que no sería coherente que aun ante las mayúsculas posibilidades económicas del obligado debiera fijarse una cantidad que no justifica necesitar el acreedor y, a la inversa seria incongruente que si las necesidades de este son cuantiosas, se obliga al deudor a cubrirlas no obstante que sus percepciones no se lo permitan porque así se desprende del mismo, en relación con el Articulo 118 del mismo ordenamiento legal antes invocado, que establece: Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, y asistencia medica y en su caso los gastos de embarazo y parto. Respecto a los menores, además, los gastos para la educación. Así pues para determinar la pensión alimenticia que pudiera corresponderle al menor (*), se deben de analizar las pruebas desahogadas en autos a fin de determinar tanto la necesidad de aquellas como la posibilidad del deudor alimentista para proporcionarlos en estricta observancia del artículo 134 de la Ley para la Familia que establece el principio de proporcionalidad rector en materia de alimentos y en ese tenor tenemos que le asiste el derecho al MENOR (*)representado en este juicio por su madre la señora (*), ya que dentro del procedimiento se demostró que éste es acreedor alimentista del demandado en el principal y actor reconvencional, y por otra parte debemos precisar que por regla general la promoción de un Juicio a efecto de obtener el suministro de alimentos lógicamente presupone la imperiosa necesidad de recibirlos al comprobarse el parentesco del acreedor alimentista con la parte demandada fijara una pensión observando que si los reclamantes son la esposa, el esposo, o los hijos del demandado o demandada el juez determinara como

7 7 SENTENCIA DEFINITIVA pensión provisional hasta el 50% de los ingresos, teniendo aplicación al presente caso la siguiente jurisprudencia: No. Registro: 195,717 Jurisprudencia Materia(s): Civil Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998 Tesis: VI.2o. J/142 Página: 688. ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS. Por regla general, la promoción de un juicio a efecto de exigir suministro de alimentos, lógicamente presupone la imperiosa necesidad de recibirlos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 102/89. Francisco Espinosa Carriles. 27 de abril de Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 326/95. Fernando Hidalgo Trujillo. 21 de junio de Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 173/97. Alberto Huerta Hernández. 16 de abril de Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo directo 80/98. José Othón Martínez Ruiz. 12 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo directo 242/98. Alejandro Roberto Téllez Roa. 18 de junio de Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 73, Cuarta Parte, página 15, tesis de rubro: "ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS." Así las cosas y precisando el derecho que tiene el MENOR (*), quien se encuentra representado en este juicio por su madre la señora (*), para recibir los alimentos del deudor alimentista, procederemos ahora a establecer el porcentaje que deberá proporcionar dicho demandado, a la luz de lo previsto en el artículo 134 de la ley para la Familia, en relación con 453 fracción I del Código de Procedimiento familiares, y que en su orden rezan artículo 134 de la Ley para la Familia establecen: El obligado a dar alimentos cumple asignando una pensión suficiente y adecuada a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone justificadamente a ser incluido, compete al Juez Familiar, según las circunstancias, fijar la manera de suministrar los alimentos. Artículo 453 fracción I del Código de Procedimiento Familiares.- El Juez familiar al comprobar el parentesco del acreedor alimentista con la parte demandada y alguno de los datos mencionados en el Artículo anterior, fijara una pensión provisional observando las reglas siguientes: I.- Si los reclamantes son: la esposa, el esposo o los hijos del demandado o demandada, el juez determinara como pensión provisional, atendiendo al principio de proporcionalidad hasta el 50% de los ingresos del demandado; o en su caso una pensión que nunca será menor al equivalente del importe mensual del salario mínimo general o profesional vigente en la entidad; bajo ese tenor y partiendo de que los preceptos legales de referencia fijan las bases para determinar el porcentaje que les corresponde a la acreedor alimentista donde el Juez Familiar al comprobar el parentesco del acreedor alimentista con la parte demandada si el reclamante es la esposa el Juez determinara como pensión provisional hasta el 50% de los ingresos del demandado y siendo que el demandado tiene la obligación de dar alimentos asignando una pensión suficiente y adecuada a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos y en razón a que el diverso numeral 456 del mismo cuerpo de leyes establece que: Cuando no sea posible

8 8 SENTENCIA DEFINITIVA determinar los ingresos del deudor alimentante, se tomara como base de acuerdo a las proporciones establecidas, el importe mensual del salario mínimo vigente en la entidad Ahora bien, al fijar los alimentos en forma provisional a favor del menor (*)en auto de fecha 22 veintidós de octubre de 2012 dos mil doce, en el que se fijo por tal concepto la cantidad de $ (mil setecientos setenta y dos pesos 40/100 M.N.) equivalente a un salario mínimo diario en forma mensual en el que el juzgador siguió el principio que marca la ley que es la necesidad de quien necesita los alimentos y la necesidad que tiene el obligado a otorgarlos por lo que de ser insuficientes tocara la carga de la prueba demostrarlo al acreedor alimentante y de considerarse excesivo corresponde la carga a ello al deudor alimentario y en el caso tenemos que ninguna de las partes se inconformo con el quantum ni el actor dijo que fueran insuficientes ni el deudor probo que fueran excesivos lo que indica que ambos complacieron que el equivalente al salario mínimo diario fijado en forma mensual en forma provisional es suficiente hasta este momento para cubrir los alimentos para el menor (*)en amplio sentido, por lo que el quantum deberá ser el mismo un salario mínimo diario fijado en forma mensual como pensión alimenticia que en la actualidad el importe mensual del salario mínimo en vigor en la región B a la que pertenece el Estado de Hidalgo en la que se encuentra vigente a razón de $61.38 y esto multiplicado por 30 días resultando así la cantidad de $1, (UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N), cantidad que será incrementada conforme el salario mínimo vigente en la región, por lo que se condena al C. (*)a pagar esta cantidad misma que deberá ser exhibida ante este Juzgado los primeros cinco días de cada mes para su menor hijo (*)y sera entregada por medio de su madre la C. (*), por concepto de pensión alimenticia definitiva, ello en virtud de que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 128 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado aplicable al caso que nos ocupa las partes deben de asumir la carga de la prueba de sus pretensiones es decir el actor debe probar los hechos en que apoya su acción y el demandado en los que hace descansar sus excepciones y defensas. Es decir, esa carga de la prueba opera con matices en las controversias del orden familiar relativas a alimentos, porque cuando se demanda el pago de una pensión alimenticia por disposición legal el Juez está obligado desde el inicio a fijar una pensión provisional y en sentencia resolver sobre la definitiva y para proveer sobre la primera debe atender a los elementos que le proporciona la actora en la demanda y a los principios que prevé el artículo 134 de la Ley para la Familia aplicable consistentes en que el obligado a dar alimentos cumple asignando una pensión suficiente y adecuada a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos o incorporándolo a la familia, esto es, los alimentos deben ser proporcionales a las posibilidades del deudor y a las necesidades de los acreedores de ahí que al resolver respecto de la pensión definitiva evidentemente ya se ponderan tanto los principios antes descritos conforme a las pruebas que hayan rendido las partes. Es así que de acuerdo al panorama anterior atendiendo a las reglas de la carga de la prueba antes invocada, si la accionante no hubiera estado de acuerdo en el monto de la pensión provisional fijada correspondía a ella aportar los elementos de prueba que demostrara la insuficiencia de esos alimentos, y por el contrario también, si el demandado no hubiera estado conforme tocaba a este a probar lo excesivo de la obligación a su cargo. Sin embargo en la hipótesis de que ni el actor ni el demandado

9 9 SENTENCIA DEFINITIVA aportaron elementos de prueba para que pueda variar el monto de la pensión provisional, para que en su caso se modifique en la definitiva, como aconteció en el caso que se analiza es claro que existe un consentimiento de ambas partes, para que se conserve la primera y no existe obstáculo legal alguno para que la definitiva sea en el mismo monto de la provisional. En consecuencia de lo anterior deberá condenarse a dicho demandado (*) al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor del MENOR (*), cantidad que deberá ser entregada a (*), quien lo representa en este juicio, dado que la misma no puede quedar al arbitrio del deudor sino que deberá ser fijada por el órgano Jurisdiccional tomando en cuenta las necesidades del acreedor y las posibilidades del obligado a mas de que el derecho a recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. Lo anterior origina la procedencia de la prestación reclamada, al entrañar los alimentos la supervivencia de tales acreedores; es decir, la acción respectiva procede inclusive sin que exista incumplimiento del deudor lo anterior, debido a que los alimentos son una cuestión de orden público, por lo que es necesario en aras de la seguridad jurídica de los acreedores alimentarios, que la autoridad judicial tomando en cuenta las pruebas aportadas por las partes, fije el porcentaje o cantidad equitativa que deberá otorgarse a efecto de que exista certeza respecto del cumplimiento constante y oportuno de dicho concepto sin que se deje a la voluntad solamente de quien debe proporcionarlos siendo aplicable al caso concreto por simple analogía en criterio de los tribunales colegiados en la tesis aislada que dice: Novena Época Registro: Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Julio de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.553 C Página: 1254 PENSIÓN ALIMENTICIA. HIPÓTESIS EN QUE EL MONTO DE LA PROVISIONAL Y LA DEFINITIVA DEBE SER EL MISMO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las partes deben asumir la carga de la prueba de sus pretensiones, es decir, el actor debe probar los hechos en que apoya su acción y el demandado en los que hace descansar sus excepciones y defensas. Esa carga de la prueba opera con matices en las controversias del orden familiar relativas a alimentos, porque cuando se demanda el pago de una pensión alimenticia, por disposición legal el Juez está obligado a fijar desde el inicio una pensión provisional y en el momento procesal oportuno resolver sobre la definitiva. Para proveer sobre la primera debe atender a los elementos que le proporciona la actora en la demanda y a los principios que prevé el artículo 311 del Código Civil, consistentes en que los alimentos deben ser proporcionales a las posibilidades del deudor y a las necesidades del acreedor. Al resolver respecto de la pensión definitiva evidentemente ya se ponderan tanto los principios antes descritos conforme a las pruebas que hayan rendido las partes. De acuerdo con el panorama anterior, atendiendo a las reglas de la carga de la prueba antes invocadas, si la accionante no está de acuerdo con el monto de la pensión provisional fijada por el Juez, corresponde a ella aportar elementos de prueba que demuestren la insuficiencia de esos alimentos; pero si es el demandado quien no está conforme, toca a él acreditar lo excesivo de la obligación a su cargo. Sin embargo, en la hipótesis de que actor ni demandado aporten elementos de prueba para que pueda variar el monto de la pensión provisional, para que en su caso se modifique la definitiva, es claro que existe un consentimiento de ambas partes, para que se conserve la primera, y no existe

10 10 SENTENCIA DEFINITIVA obstáculo legal alguno para que la definitiva sea en el mismo monto de la provisional, máxime que en términos del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles ese monto puede modificarse posteriormente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 5/ de abril de Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza La parte actora en el principal (*)dentro del presente juicio también demanda por su propio derecho y en representación de su menor hijo (*), la guarda y custodia del citado menor, prestación que resulta probada, en principio porque los menores de cinco años de edad siempre deberán estar bajo la custodia de la mama y solo que exista una causa suficiente a juicio del juez para proceder en forma contraria pasaran al papa razón más que suficiente para otorgar la guarda y custodia definitiva del menor (*). De acuerdo al siguiente criterio de jurisprudencia que reza: GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE CONSIDERANDO EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONFORME A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El derecho a la guarda y custodia de una niña, niño y adolescente, implica considerar no sólo las pruebas ofrecidas por las partes con las que pretendan demostrar una adecuada capacidad para el cuidado del menor, sino que atendiendo al beneficio directo de la infancia, el juzgador también debe considerar el interés superior de la niña, niño y adolescente como presupuesto esencial para determinar quién tiene derecho a la guarda y custodia. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional que establece el desarrollo integral, el respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 018, 19, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que establece que los Estados garantizarán que los tribunales judiciales velen por el interés superior del niño, los juicios en los que se vean involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y adolescentes, como el caso en que se demande la guarda y custodia, debe tenerse como presupuesto esencial el interés superior del niño y darle intervención al Ministerio Público, para que en su carácter de representante de la sociedad, vele por los derechos de los infantes y adolescentes. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, Octubre de Tesis: II.3o.C. J/4. Página: Tomando en consideración que la actora en este juicio también demanda como prestación EL ASEGURAMIENTO DE LA PENSION ALIMENTICIA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, prestación que tiene aplicación en términos del numeral 460 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Hidalgo; debe de concluirse que al ser procedente la acción de alimentos ésta debe de asegurarse en términos del artículo 460 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Hidalgo y que serán por cualquier medio legal, veraz y efectivo por un periodo de cinco años renovable hasta que cese esta obligación. Por lo que se condena al demandado en el principal y actor reconvencional al aseguramiento de tales alimentos el que deberá realizar por cualquier medio de garantía regulado por la ley Ahora bien, independientemente de lo anterior tenemos que la parte demandada en el principal opone como excepciones entre ellas la falta de acción y de derecho la cual consiste en arrojar la carga de la prueba al contrario, la cual consiste en

11 11 SENTENCIA DEFINITIVA arrojar la carga de la prueba al contrario, por lo cual esta excepción resulta del todo improcedente, toda vez que como se ha hecho mención en el cuerpo de esta sentencia la parte actora en el principal demostró plenamente los hechos de los que se deriva el derecho que tiene la parte actora en el principal (*)por su propio derecho y en representación de su menor hijo (*)de recibir alimentos por parte del demandado (*) en los cuales fundó su acción y de igual forma acreditó que la promovente (*) comparece en representación de su menor hijo (*) como se desprende de la copia certificada del acta de nacimiento la primera, es madre del segundo mencionado y de conformidad con los artículos 215 y 227 de la Ley para la Familia que establece que los padres tienen la patria potestad de los menores y la representación legal de los menores, ésta está ejercida por el titular o titulares de la patria potestad, en consecuencia la parte actora tiene representación para pedir alimentos a favor de su menor hijo; así también el demandado en el principal opone las excepciones de falsedad de la demanda y el pago de gastos y costas, las cuales resultan improcedentes, toda vez que las mismas no están contempladas dentro del título primero capitulo II, de las excepciones previstas por el Código de Procedimientos Familiares IV.- En ese orden de ideas la suscrita Juez, considera procedente resolver que la parte actora en el principal probó los hechos constitutivos de su acción de alimentos, y el demandado en el principal no probó sus excepciones y defensas, por ende lo procedente es condenar al referido demandado (*) a pagar una pensión alimenticia definitiva a favor de su menor hijo (*)en los términos ordenados en el considerando que antecede V.- Por su parte el demandado en el principal (*) reconvino de la C. (*)las siguientes prestaciones a).- La custodia provisional y en su momento la definitiva de su menor hijo de nombre (*). b.- La convivencia de su menor hijo de nombre (*), de conformidad con lo establecido con el artículo 219, 221 de la Ley Para la Familia vigente en la entidad. c.- El pago de gastos y costas que origine la tramitación del presente juicio en virtud de que no fui el suscrito quien dio origen al juicio y no había motivo para realizarlo en razón de que siempre he pagado la pensión alimenticia a favor de mi menor hijo de nombre (*). d.- Se requiera a la señora (*)de causar molestias tanto físicas como verbales al suscrito así como a mi familia, con el debido apercibimiento que en caso de desacato a un ordenamiento judicial se le apliquen las medidas de apremio que esta H. Autoridad juzgue pertinente. Por lo que atento a lo dispuesto por el artículo 128 del Código de Procedimientos Familiares, que establece.- el que afirma está obligado a probar, en consecuencia el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones; se procede a realizar el estudio de la acción correspondiente, tenemos que la parte actora reconvencional y demandado principal funda su acción en los siguientes hechos 1.- Ha quedado fuera de debate la relación de parentesco por consanguinidad que me une a mi menor hijo de nombre (*)por lo que solicito me sea concedido el derecho de convivencia con mi menor hijo en relación a todos y cada uno de los hechos que he manifestado en este escrito en el capítulo de hechos de la contestación de demanda. Lo anterior con fundamento en lo siguiente: en razón de lo establecido en el numeral 219 de la Ley Para la Familia de Hidalgo.- los que ejerzan la patria potestad, aún cuando no tengan la custodia tienen el derecho de convivencia con sus descendientes salvo que exista peligro para ello. No podrá impedirse sin justa las

12 12 SENTENCIA DEFINITIVA relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposición a petición de cualquiera de ellos el juez familiar resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial. Así mismo, por lo establecido en el artículo 221 de la Ley para la Familia vigente en la Entidad que a la letra dice: si el padre y la madre no viven juntos y reconocen al hijo en el mismo acto, convendrá quién de los dos lo tendrá bajo su custodia. En caso de controversia resolverá el Juez familiar., tal y como se demuestra con la copia certificada del acta de mi menor hijo de nombre (*), misma que ya obra en autos surtiendo sus efectos legales. Por lo que hace a la primera prestación la custodia provisional y en su momento la definitiva de su menor hijo de nombre (*)prestación que resulta improcedente, en principio porque los menores de cinco años de edad siempre deberán estar bajo la custodia de la mama y solo que exista una causa suficiente a juicio del juez para proceder en forma contraria pasaran al papa razón más que suficiente para negarle la guarda y custodia definitiva del menor (*). De acuerdo al siguiente criterio de jurisprudencia que reza: GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE CONSIDERANDO EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONFORME A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El derecho a la guarda y custodia de una niña, niño y adolescente, implica considerar no sólo las pruebas ofrecidas por las partes con las que pretendan demostrar una adecuada capacidad para el cuidado del menor, sino que atendiendo al beneficio directo de la infancia, el juzgador también debe considerar el interés superior de la niña, niño y adolescente como presupuesto esencial para determinar quién tiene derecho a la guarda y custodia. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional que establece el desarrollo integral, el respeto a la dignidad y derechos de la niñez, así como los artículos 3o., 7o., 9o., 12, 018, 19, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que establece que los Estados garantizarán que los tribunales judiciales velen por el interés superior del niño, los juicios en los que se vean involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y adolescentes, como el caso en que se demande la guarda y custodia, debe tenerse como presupuesto esencial el interés superior del niño y darle intervención al Ministerio Público, para que en su carácter de representante de la sociedad, vele por los derechos de los infantes y adolescentes. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, Octubre de Tesis: II.3o.C. J/4. Página: Declarándose improcedentes esta prestación planteada en este juicio por el actor reconvencional, por las razones y fundamentos contenidos que anteceden Por lo que hace a la segunda de las prestaciones que es la convivencia de su menor hijo de nombre ROGELIO LUGO RUIZ., de conformidad con lo establecido con el artículo 219, 221 de La Ley para la Familia Vigente en la Entidad, para probar la misma el actor reconvencional desahogó las siguientes pruebas; la confesional a cargo de la actora en el principal (*); testimonial a cargo de (*)Y (*), probanzas éstas que si bien es cierto hacen prueba plena de conformidad con lo establecido por los artículos 209 y 219 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el

13 13 SENTENCIA DEFINITIVA estado de Hidalgo, las cuales no crean convicción para acreditar dicha prestación interpuesta por el actor reconvencional y demandado en el principal; documental publica consistente en acta de nacimiento de (*); documental pública consistente en factura de pago, expedida por el Laboratorio Medico del CHOPO, a nombre del señor (*); documental publica consistente en orden de estudios, a nombre del señor (*), expedida por el Hospital Angeles; documental publica consistente en dos recetas medicas a nombre de (*), expedidas por el Doctor (*), del Hospital Angeles; documental publica consistente en dos recetas médicas expedidas por el doctor (*), cardiologo; documentales todas estas que corren agregadas en autos por haber sido adjuntadas al respectivo escrito de contestación a la demanda en el principal y reconvención, mismas que si bien es cierto hacen prueba plena de conformidad con el artículo 212 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado, las mismas no crean convicción para acreditar dicha prestación. Por lo que esta autoridad declara improcedente la acción de convivencia solicitada por el actor reconvencional al no obrar en autos medios probatorios que acrediten los hechos constitutivos de la citada prestación de la demanda reconvencional Así mismo el actor reconvencional demanda el pago de gastos y costas que originen la tramitación del presente juicio, sin embargo al no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 105 de la Ley Adjetiva Familiar, se absuelve a la actora en el principal y demandada reconvencional el pago en esta instancia Así las cosas y al no obrar en autos medios probatorios que acrediten los hechos constitutivos de la demanda reconvencional, lo procedente es absolver a la demandada reconvencional (*)de las prestaciones que le fueron reclamadas por el actor reconvencional (*)en base a las consideraciones anteriormente vertidas en esta resolución. Y como consecuencia de igual manera se declaran como improcedentes las prestaciones marcadas con los incisos a, b, c y d del escrito de reconvención Así mismo debemos tomar en consideración que obra en autos el informe rendido por el consejo de Familia adscrito a este Distrito Judicial en relación al Informe de valoración psicológica a la parte actora (*)y al menor (*), así como investigación de campo que se encuentra agregado en autos a fojas 217 a la 224, del sumario, actuaciones que forman parte de la instrumental pública de actuaciones con plenos efectos demostrativos en términos de los dispuesto por el articulo 214 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de fecha 17 diecisiete de julio de dos mil ocho, emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para la publicación de las sentencias ejecutorias y la elaboración de versiones públicas de las mismas, emitidas por el pleno, salas y juzgados del Tribunal Superior de Justicia y Jueces del fuero común, en correlación con lo establecido en el artículo 6º fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 1, 2, 3, 5 fracción VIII, inciso C), 6, 7, 8, 12, 17, 18 y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, indíquese a las partes que el poder judicial del Estado de Hidalgo debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, consecuentemente podrán ser consultados por cualquier persona, conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental,

14 14 SENTENCIA DEFINITIVA a excepción de los datos personales contemplados en el considerando décimo cuarto del mencionado acuerdo del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, mismos que no pueden publicarse en términos de lo dispuesto en los ordinales 25, 26, 39 y 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, salvo que medie consentimiento expreso por escrito Por lo tanto, una vez que la presente resolución cause ejecutoria y que haya sido notificada, deberá hacerse pública, por tanto, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para otorgar su consentimiento por escrito dentro del término de 3 tres días a efecto de que se publiquen sus datos personales, y en caso de no hacerlo, se tendrá por negada dicha autorización Por todo lo anteriormente expuesto y además con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14,16,133 de la Constitución General de la República, 118, 119, , 134, y de mas relativos y aplicables de la Ley para la Familia vigente al momento de la presentación de la demanda que da origen al presente juicio, así como 26 y 27, y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Familiares y desde luego en los criterios de jurisprudencia transcritos en el cuerpo de esta sentencia es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO.- Esta autoridad es y ha sido competente para conocer y resolver el presente juicio SEGUNDO.- Ha sido procedente la Vía Escrita Familiar de Alimentos intentada TERCERO.- La actora en el principal y demandada reconvencional acreditó su acción de alimentos y el demandado en el principal y actor reconvencional no probó sus excepciones y defensas, así como tampoco su acción reconvencional CUARTO.- Es por lo que resulta procedente condenar al demandado en el principal (*)a pagar como pensión alimenticia definitiva a favor de su hijo (*)la cantidad de $1, (UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N), misma que será incrementada conforme el salario mínimo vigente en la región, la cual deberá ser exhibida ante este Juzgado los primeros cinco días de cada mes a su menor hijo (*) por medio de su madre la C. (*), correspondiente a un salario mínimo diario en forma mensual vigente en la entidad en los términos precisados en el cuerpo de esta sentencia, debiendo asegurar estos en cualquiera de las garantías previstas por la ley QUINTO.- Se concede a (*)la guarda y custodia definitiva del menor (*) SEXTO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando de esta resolución, se resuelve que el actor reconvencional (*)no acreditó su acción reconvencional en las prestaciones marcadas con las incisos a, b, c y d, en consecuencia se absuelve a la demandada reconvencional (*)de las prestaciones que le fueron reclamadas en el citado escrito, para los efectos legales a que haya lugar SEPTIMO.- No se hace especial pronunciamiento del pago de gastos y costas generados en esta instancia por lo que se absuelve a la actora en el principal y demandada reconvencional al pago de dicha prestación OCTAVO.- Levántense las medidas provisionales decretadas en auto de fecha 22 veintidós de octubre de 2012 dos mil doce NOVENO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establece El Poder Judicial deberá hacer públicas las sentencias que han

15 15 SENTENCIA DEFINITIVA causado estado o ejecutoria, por lo que una vez que la presente resolución haya causado estado, deberá hacerse pública. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste para otorgar su consentimiento por escrito dentro del término de 3 días a efecto de que se publiquen sus datos personales y en caso de no hacerlo, se tendrá por negada dicha autorización DECIMO.- En su momento procesal oportuno, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y datos estadísticos, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido DECIMO PRIMERO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ASÍ Y DEFINITIVAMENTE LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA C. LICENCIADA DELIA MARGARITA ORDAZ VARGAS JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, QUE ACTÚA LEGALMENTE CON SECRETARIO LIC. EDGAR JUAREZ ORTIZ En términos de lo previsto en los artículos 23, 42 Fracción V y 43 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, en esta versión Pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. AUTORIZO LICENCIADA DELIA MARGARITA ORDAZ VARGAS, a 22 veintidós de enero de 2014 dos mil catorce.

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