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1 PROCEDENCIA : COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE AREQUIPA PROCEDIMIENTO : DE OFICIO DENUNCIADA : COMPAÑÍA DE JESÚS COMUNIDAD SAN JOSÉ MATERIA : DISCRIMINACIÓN ACTIVIDAD : SERVICIOS EDUCATIVOS SUMILLA: Se revoca la Resolución /INDECOPI-AQP, que declaró fundado el procedimiento de oficio iniciado contra la Compañía de Jesús Comunidad San José, en el extremo concerniente al requerimiento de presentación de las partidas de matrimonio de los padres de los postulantes al plantel del cual es promotora y, reformándola, se declara infundado dicho procedimiento por presunta infracción del artículo 1.1º literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado que tal requerimiento haya materializado una conducta discriminatoria. Lima, 30 de septiembre de 2013 ANTECEDENTES 1. En el marco de sus actividades de prevención y fiscalización, la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa (en adelante, la Secretaría Técnica) tomó conocimiento de que la Institución Educativa Privada San José (en adelante, el Colegio), cuya promotora es la Compañía de Jesús Comunidad San José 1 (en adelante, la Compañía de Jesús) se habría estado exigiendo como requisito para acceder al servicio educativo la presentación de la partida de matrimonio religioso de los padres de familia, lo que calificaría como una presunta infracción del artículo 1.1º literal d) de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 2 (en adelante, el Código). 2. Como consecuencia de ello, por medio de la Carta /INDECOPI- AQP del 15 de marzo de 2012, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa (en adelante, la Comisión), requirió a la Compañía de Jesús que presente diversos documentos, así como sus descargos. 3. Dicho requerimiento fue cumplido el 27 de marzo de En esa oportunidad, la Compañía de Jesús manifestó que como parte de los documentos que el Colegio solicita para el ingreso de los educandos se 1 2 RUC: , con domicilio fiscal ubicado en Av. Alfonso Ugarte 977, Urbanización Tingo, Arequipa, Arequipa. Publicado el 2 de septiembre de 2010 en el diario oficial El Peruano. Entró en vigencia a los 30 días calendario. M-SPC-13/1B

2 encuentran las partidas de matrimonio civil y religioso de sus padres, sin que ello constituya un requisito indispensable para que sus hijos puedan acceder al servicio educativo. En ese sentido, adjuntó una impresión de su página web, de la que se desprendía que, junto con la solicitud de admisión, los padres debían presentar sus partidas de matrimonios civil y religioso, pero que en el caso de estar separados, divorciados o de no estar casados, deberían incluir en el folder del postulante una carta dentro de un sobre cerrado dirigida a la dirección con las explicaciones de la situación. 4. En virtud de ello, mediante Resolución 1 del 22 de junio de 2012, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio en contra de la Compañía de Jesús por presunta infracción del artículo 1.1º literal d) del Código, considerando como hecho imputado el siguiente: El hecho que la Compañía de Jesús Comunidad San José, promotora de la Institución Educativa Privada San José, establezca como requisito para la inscripción, la presentación de la partida de matrimonio religioso de los padres, lo cual constituiría un acto discriminatorio en una etapa preliminar a la relación de consumo. 5. Con fecha 27 de agosto de 2012, la Compañía de Jesús presentó su escrito de descargos señalando lo siguiente: (i) (ii) (iii) Si bien solicitó las partidas de matrimonio religioso de los padres de familia, no era obligatorio para el ingreso de los menores al Colegio que sus padres estén casados por la iglesia; la prueba de ello está en que solicitó, además, que en el caso de no estar casados, presenten una carta explicando su situación familiar, lo que obedecía a criterios objetivos, en tanto permite tomar conocimiento de la situación familiar del futuro alumno, de cara a afrontar y brindar a los padres de familia la orientación que deberán impartir a sus hijos, evitándole distorsiones teniendo en cuenta que el Colegio, al formar parte de la iglesia católica, impartirá la enseñanza del curso de religión y, por ende, de la doctrina según la cual el matrimonio religioso es indisoluble; es de público conocimiento que la educación brindada por el plantel enfatiza la enseñanza de la religión católica, siendo dicha práctica totalmente legítima al estar amparada por la Constitución; (iv) una prueba adicional que demuestra que no incurrió en actos discriminatorios al efectuar el requerimiento mencionado está representada por el hecho que en la actualidad el Colegio tiene alumnos con padres divorciados e, incluso, solteros. 2/6

3 6. Mediante Resolución /INDECOPI-AQP del 20 de diciembre de 2012, la Comisión resolvió lo siguiente: (i) Halló responsable a la Compañía de Jesús por infringir el artículo 1.1º literal d) del Código, al considerar que el Colegio del cual es promotora discriminaba a los alumnos debido a su condición religiosa y la de sus padres, al requerir la presentación de sus partidas de matrimonio religioso en el proceso de matrícula; (ii) ordenó a la Compañía de Jesús, en calidad de medida correctiva, que se abstenga de manera inmediata y definitiva de estipular entre los requisitos de ingreso a su centro educativo, la presentación de la partida de matrimonio civil y religioso de los padres del postulante; y, (iii) la sancionó con una multa de 15 UIT. 7. El 9 de enero de 2013, el Arzobispado apeló la Resolución /INDECOPI-AQP, reiterando los argumentos vertidos en sus descargos. ANÁLISIS Sobre el deber de no discriminar en el consumo 8. El artículo 1º literal d) del Código establece el derecho de los consumidores a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión o de cualquier otra índole 3. Por su parte, el artículo 38º de dicho cuerpo legal 4 prescribe que los proveedores se encuentran prohibidos de establecer discriminación alguna respecto a los solicitantes de los productos y servicios 3 4 LEY CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 1º.- Derechos de los consumidores 1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: ( ) d. Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ( ) LEY CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 38º.- Prohibición de discriminación de consumidores 38.1 Los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los consumidores, se encuentren estos dentro o expuestos a una relación de consumo Está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares El trato diferente de los consumidores debe obedecer a causas objetivas y razonables. La atención preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas que justifiquen un trato diferente y existir una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente que se otorga. 3/6

4 que ofrecen, sin que medien causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otras razones objetivas y justificadas. 9. Las normas expuestas establecen el deber de los proveedores de no discriminar y de no excluir a las personas sin que medien causas objetivas y razonables. Una conducta es discriminatoria cuando no se aplican las mismas condiciones comerciales a consumidores que se encuentren en situación de igualdad y cuando la conducta infractora está motivada por la pertenencia del consumidor a un grupo humano determinado, lo que se sustenta en perjuicios que afectan la dignidad de las personas. 10. Por su parte, el artículo 39º del Código establece las reglas probatorias concernientes a los casos mencionados 5. De acuerdo con ello, el consumidor (o la Administración, de tratarse de un procedimiento de oficio) deberá, en primer lugar, acreditar incluso a través de indicios- la existencia de un trato desigual. Solo superada esta valla, en un segundo momento, la Administración exigirá al proveedor que demuestre la existencia de una causa objetiva y justificada para tal trato desigual, lo que permitirá determinar si se ha contravenido la ley mediante un trato diferenciado ilícito. 11. Debe quedar claro, entonces, que en estos casos, mientras los denunciantes (o la autoridad administrativa, tratándose de procedimientos de oficio) no acrediten un trato desigual respecto de otros consumidores, no se configurará la infracción denunciada. 12. En el presente caso, la Comisión consideró discriminatorio que el Colegio, cuyo promotor es la Compañía de Jesús, haya requerido, como parte de los documentos que solicita para la matrícula o el ingreso de los educandos, las partidas de matrimonio civil y religioso de sus padres Sobre el particular, la Sala considera que el requerimiento efectuado por el Colegio no constituye una condición suficiente para declarar la responsabilidad de la Compañía de Jesús por trato discriminatorio. En efecto, en el presente caso, no se ha acreditado el trato diferenciado (que constituye un presupuesto necesario para que se configure la discriminación), en la 5 6 LEY CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 39.- Carga de la prueba. La carga de la prueba sobre la existencia de un trato desigual corresponde al consumidor afectado cuando el procedimiento se inicia por denuncia de este o a la administración cuando se inicia por iniciativa de ella. Para acreditar tal circunstancia, no es necesario que el afectado pertenezca a un grupo determinado. Corresponde al proveedor del producto o servicio acreditar la existencia de una causa objetiva y justificada. Si el proveedor demuestra la existencia de una causa objetiva y razonable, le corresponde a la otra parte probar que esta es en realidad un pretexto o una simulación para incurrir en prácticas discriminatorias. Para estos efectos, es válida la utilización de indicios y otros sucedáneos de los medios probatorios. Como puede verse en la impresión de su página web que obra en la foja 16 del expediente. 4/6

5 medida que solamente existe un indicio, materializado en el requerimiento dirigido a los padres de familia, y no una práctica efectiva de impedimento de matrícula o ingreso al plantel de los niños cuyos padres no estuvieran casados por la iglesia católica. En otras palabras, el requerimiento analizado puede ser un indicio, pero considerado individualmente no es suficiente para configurar la conducta infractora. 14. En ese sentido, se debe señalar que no existen más indicios de la existencia de un trato diferenciado (que constituye un presupuesto necesario para que se configure la discriminación), es decir, de la existencia de una negativa de matrícula o ingreso al plantel de los educandos que se encuentren en la situación descrita en el numeral anterior. 15. En efecto, en el caso materia del presente procedimiento, era necesario (ante la ausencia de una prueba directa) que al requerimiento le sean acompañados elementos adicionales, pues, de lo contrario, se estaría calificando como trato diferenciado (que, como se ha visto, es un presupuesto básico para que se configure la discriminación) una circunstancia fundamentada solamente en uno y no en varios indicios que permitan reconstruir los hechos a través del mecanismo de la prueba indiciaria o indirecta No se trata, entonces, de negar que el trato diferenciado -elemento de la discriminación en el consumo- pueda sostenerse en la prueba indiciaria, sino de afirmar la necesidad de que para ello, en casos como el presente, no basta un solo indicio 8, sino, además, algún elemento (o conjunto de ellos) que permitiera sustentar la existencia de la conducta investigada. 17. Por consiguiente, como quiera que no se ha acreditado el trato diferenciado, carece de objeto efectuar la evaluación de las demás condiciones requeridas para el análisis de responsabilidad en los casos de discriminación. 18. En virtud de lo señalado, en la medida que no se ha acreditado la existencia de un trato diferenciado, este Colegiado considera que corresponde revocar 7 Distinto sería el caso de las infracciones típicas de los servicios educativos en las que, dada su misma naturaleza y los términos en que están redactados los tipos infractores, para su consumación (como, por ejemplo, en el caso de cuotas extraordinarias), basta con el mero requerimiento. Por ejemplo, en relación con las cuotas extraordinarias, cabe mencionar que el artículo 16º de la Ley Nº 26549, Ley de Centros Educativos Privados, modificado por la Ley Nº 27665, establece que los centros educativos particulares se encuentran prohibidos de requerir a los usuarios el pago de sumas o recargos por conceptos diferentes a las pensiones, cuota de ingreso o matrícula. Dicho precepto ha sido reiterado por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución Nº /TDC-INDECOPI del 29 de setiembre de Para un desarrollo sobre los indicios y, en general, de los sucedáneos de los medios probatorios, puede verse la Resolución /SPC-INDECOPI del 19 de septiembre de /6

6 la resolución venida en grado y, reformándola, declarar infundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión contra la Compañía de Jesús por presunta infracción del artículo 1.1º literal d) del Código, dejando sin efecto la medida correctiva ordenada (consistente en que el Colegio se abstenga de manera inmediata y definitiva de estipular entre los requisitos de ingreso, la presentación de la partida de matrimonio civil y religioso de los padres del postulante) y la sanción de 15 UIT impuesta por dicha causa. RESUELVE: Revocar la Resolución /INDECOPI-AQP del 20 de diciembre de 2012, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa, que declaró fundado el procedimiento de oficio iniciado contra la Compañía de Jesús Comunidad San José, en el extremo concerniente al requerimiento de presentación de las partidas de matrimonio de los padres de los postulantes al plantel del cual es promotora y, reformándola, declarar infundado dicho procedimiento por presunta infracción del artículo 1.1º literal d) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado que tal requerimiento haya materializado una conducta discriminatoria. En consecuencia, se deja sin efecto la medida correctiva ordenada (consistente en que el Colegio se abstenga de manera inmediata y definitiva de estipular entre los requisitos de ingreso, la presentación de la partida de matrimonio civil y religioso de los padres del postulante) y la sanción de 15 UIT impuesta por dicha causa. Con la intervención de los señores vocales Hernando Montoya Alberti, Julio Baltazar Durand Carrión, Ana Asunción Ampuero Miranda, Alejandro José Rospigliosi Vega y Javier Francisco Zúñiga Quevedo. HERNANDO MONTOYA ALBERTI Presidente 6/6

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