RESOLUCIÓN No. JB

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1 RESOLUCIÓN No. JB LA JUNTA BANCARIA CONSIDERANDO: Que a través de comunicación recibida en la Intendencia Regional de Guayaquil el 5 de septiembre del 2006, el señor Enrique Andrés Alarcón Zurita, gerente general de Vendollar Imports S.A., con el auspicio profesional del abogado Cristóbal Mantilla Moscoso y del doctor Gabriel Manzur Albuja, presentó un reclamo administrativo en contra de Seguros Cóndor S.A., encaminado a que este organismo de control ordene a dicha compañía de seguros pagar los daños causados por el siniestro ocurrido el 8 de julio del 2006, que afectó al automóvil BMW, año 2006, modelo 3301, placa GOF 659, asegurado en la póliza de vehículos No ; Que al atender el reclamo, el abogado Armando Flor Silva, a esa fecha Intendente Regional de Guayaquil, expidió la resolución No. SBS-IRG-SRASSPG-G , de 13 de noviembre del 2006, en cuyo artículo primero resolvió: ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General de Seguros, que la COMPAÑÍA DE SEGUROS CÓNDOR S.A., pague a favor de la COMPAÑÍA VENDOLLAR IMPORTS S.A. la suma de SESENTA Y UN MIL DOLARES AMERICANOS (US $ ,oo), por concepto de indemnización de los daños causados al vehículo asegurado mediante la póliza descrita en el primer considerando de esta Resolución, junto con los intereses calculados al tipo máximo convencional fijado de acuerdo con la Ley, a partir del 9 de septiembre del 2006, fecha en que feneció el plazo de 45 días que tenía la aseguradora para negar fundamentadamente el reclamo, debiendo deducir de dicha indemnización los valores pactados en la póliza ; Que mediante comunicación ingresada en la Intendencia Regional de Guayaquil el 29 de noviembre del 2006, el señor Augusto Salame Arzubiaga, gerente general de Seguros Cóndor S.A., con el auspicio profesional del abogado José Gálvez Valderrama, interpuso recurso de apelación ante la Junta Bancaria del acto administrativo contenido en la resolución No. SBS-IRG-SRASSPG-G , de 13 de noviembre del 2006, recurso que fue concedido por el abogado Armando Flor Silva, a esa fecha Intendente Regional de Guayaquil, mediante resolución No. SBS- IRG-SRASSPG-G , de 3 de enero del 2007 y enviado a la Secretaría de la Junta Bancaria con oficio No. IRG-SRASSPG-2007-G3-003-R, de 9 de enero del 2007; Que en el Parte Policial de Accidente de Tránsito No , de 8 de julio del 2006, suscrito por el Sub. Insp. Johnny Jiménez Recalde, Oficial de Guardia Norte, y por el Sgto. Navarro R. Personal Delta 1, de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, en las observaciones se señala lo siguiente:

2 Página No. 2 Observaciones: Cabe indicar que la camioneta estaba cargada de racimos de plátanos, y al lugar llegó el camión tanque del cuerpo de Bomberos para limpiar el aceite y plátanos regados en la vía. El auto de placas GOF-659 fue remolcado por la grúa No. 03 de la compañía Servigrúas y la camioneta de placas HBX-496 fue remolcada por la grúa No. 06 de la misma compañía hasta el canchón 1 de la CTG quedando en calidad de retenidos. Versión: Manifiesta el Sr. Enrique Alarcón Zurita que la camioneta estaba estacionada sin luces posteriores y sin las debidas medidas de seguridad del caso ; Que de la revisión efectuada al mencionado parte policial y de la lectura dada a las observaciones contenidas en el mismo, no se ha encontrado que los policías que elaboraron dicho documento hubieran comprobado que el señor Enrique Alarcón Zurita, conductor del auto asegurado BMW de placas GOF-659, se haya encontrado al momento del accidente en estado de ebriedad; Que más bien lo que se ha recogido en dicho parte policial es el hecho de que la camioneta con la cual se estrelló el auto asegurado estaba parqueada en la autopista de Samborondón, sin luces y sin las medidas de seguridad respectivas; Que Seguros Cóndor S.A. ha enfatizado en el hecho de que deben tomarse en cuenta las declaraciones testimoniales rendidas ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, por los señores Javier Urbano Nolivos Solís, Angel Javier Nolivos Medina y Pedro Teodoro Ibañez Durán, en las cuales los declarantes señalan que el señor Enrique Alarcón Zurita se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente; Que al respecto, es importante revisar el auto de 18 de septiembre del 2006, dictado por el abogado Marlon Castro Haz, Agente Fiscal de lo Penal y Tránsito de Durán, dentro de la indagación previa iniciada en base al parte policial mencionado, que en lo principal señala: - Que las notas de venta de farmacia y atención médica que recibió el señor Javier Urbano Nolivos Solís, así como los presentados por el señor Enrique Alarcón Zurita, han sido incorporados al proceso como habilitantes de la denuncia presentada por el señor Javier Urbano Nolivos Solís. - Que también fueron incorporadas las declaraciones juramentadas rendidas ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, el 7 de agosto del 2006, por los señores Javier Urbano Nolivos Solís, denunciante; por su hijo Angel Javier Nolivos Median; y, por Pedro Teodoro Ibáñez Durán supuesto testigo del accidente. - Que dichas declaraciones debieron ser rendidas ante él, conforme lo prevén los artículos 120 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.

3 Página No. 3 - Que la declaración rendida por el señor Angel Javier Nolivos Medina, hijo del denunciante, se la declara inadmisible. - Que la declaración del señor Pedro Teodoro Ibáñez Durán es incompleta respecto del lugar del accidente; el sentido en el que transitaba; la identificación del vehículo que conducía; hacia qué rumbo se dirigía; y, qué acompañantes tenía. - Que el artículo 98 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, dice expresamente que: Cuando producido un accidente de tránsito se presuma que quien lo causó se encontraba en estado de embriaguez, se procederá a realizar de inmediato el examen de alcoholemia. Para el efecto, los agentes encargados del control de tránsito en las vías públicas, necesariamente portarán un alcohotex o cualquier aparato dosificador de medición. No obstante, si fuere una clínica, hospital o cualquier otro establecimiento médico o laboratorio de análisis clínico, se preferirán estos exámenes Que no obra del proceso, prueba indiscutible determinante alguna, como prueba de medición del alcohol, análisis clínico o examen médico que pueda firmemente indicar que el señor Enrique Alarcón Zurita se encontraba en estado de embriaguez, ni el correspondiente parte de detención por el estado físico en que se encontraba, más aún que en el parte de novedades no se menciona que dicho conductor se encontraba en tal estado, ni se acompañó la prueba de alcoholemia. - Que desestima la denuncia presentada por el señor Javier Urbano Nolivos Solís el 15 de agosto del 2006, a las 9h45, por no existir infracción alguna que investigar; Que de la revisión al auto dictado por el abogado Marlon Castro Haz, Agente Fiscal de lo Penal y Tránsito de Durán, se puede observar que no existieron pruebas que demuestren que el señor Enrique Alarcón Zurita, conductor del auto asegurado BMW, de placas GOF-659, se haya encontrado en estado de ebriedad al momento del accidente; y, que tanto la denuncia como las declaraciones testimoniales rendidas ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, por parte de los señores Javier Urbano Nolivos Solís, Angel Javier Nolivos Medina y Pedro Teodoro Ibáñez Durán, han sido desestimadas por el prenombrado Agente de lo Penal y Tránsito de Durán; Que Seguros Cóndor S.A., dentro de los argumentos presentados en el recurso de apelación interpuesto ante la Junta Bancaria el 29 de noviembre del 2006, señala que:...el proceso de Indagación Previa, se mantiene hasta la presente fecha, ya que la desestimación fue apelada bajo los procedimientos legales vigentes, manteniéndose impugnado el parte policial, y manteniéndose como pruebas constitucionales y legales las demás presentadas en el proceso; por consiguiente, ilegal e improcedentemente, la Superintendencia de Bancos y Seguros, considera como resuelto un proceso vigente y presume dando valor

4 Página No. 4 a prueba, a lo que considera válido o no, facultad que cuentan los jueces conforme al artículo 32 del Código Civil vigente, no siendo prudente considerar el parte policial referido en la resolución del presente reclamo ; Que al respecto, es importante transcribir lo dispuesto en los artículos 206, 215 y 217 del Código de Procedimiento Penal, cuyos textos señalan: Art Etapas.- Por regla general el proceso penal se desarrolla en las etapas siguientes: 1. La Instrucción Fiscal; 2. La Etapa Intermedia; 3. El Juicio; y, 4. La Etapa de Impugnación. Art Indagación previa.- Antes de resolver la apertura de la instrucción, si lo considera necesario, el Fiscal con la colaboración de la Policía Judicial que actuará bajo su dirección, investigará los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento. Si durante la indagación previa tuviere que adoptarse medidas para las cuales se requiere de autorización judicial, el fiscal deberá previamente obtenerla. La indagación previa no podrá prolongarse por más de una año en los delitos sancionados con pena de prisión, ni por más de dos años en los delitos sancionados con pena de reclusión. Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el fiscal tuvo conocimiento del hecho. Sin embargo, si llegaren a poder del fiscal elementos que le permitan imputar la autoría o participación en el delito a persona determinada, iniciará la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, siempre que la acción penal no hubiere prescrito según las reglas generales. ; Art Inicio de la instrucción.- El fiscal resolverá el inicio de la instrucción en cuanto considere que existen fundamentos suficientes para imputar a una persona participación en un hecho delictivo. Si como medida cautelar o por tratarse de un delito flagrante se hubiere privado de la libertad a alguna persona, el fiscal deberá dictar la resolución de inicio de la instrucción dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al momento de la aprehensión... ; Que el proceso penal se inicia con la instrucción fiscal si en la indagación previa se determina que ha existido la perpetración de un hecho delictivo;

5 Página No. 5 Que en el presente caso no existe un procedimiento penal instaurado, razón por la cual la Junta Bancaria tiene plena competencia para conocer y resolver, en el ámbito administrativo que le corresponde, el recurso de apelación interpuesto por Seguros Cóndor S.A., más aún tomando en cuenta lo resuelto por el abogado Marlon Castro Haz, Agente Fiscal de lo Penal y Tránsito de Durán, en el auto de 18 de septiembre del 2006, dictado dentro de la indagación previa del presente caso, en el cual señaló:...en consideración a lo expuesto y amparado en lo dispuesto en el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, DESESTIMO la denuncia presentada por el señor Javier Urbano Nolivos Solís, el 15 de agosto del 2006, a las 9h45, por no existir infracción alguna que investigar, lo cual es un obstáculo legal para el desarrollo de este procedimiento, por lo que solicito, en aplicación de lo previsto en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal que el señor Juez Decimoctavo de lo Penal del Guayas, con asiento en el cantón Durán, ordene su Archivo, para lo cual dispongo remitir todo lo actuado a dicho Juez. Que no existe constancia en el expediente respecto de la resolución que le corresponde adoptar al Juez Decimoctavo de lo Penal del Guayas, con asiento en el cantón Durán, en relación con la apelación deducida por la compañía de seguros Cóndor S.A. en torno a la desestimación efectuada por el Agente Fiscal de lo Penal y Tránsito de Durán, abogado Marlon Castro Haz, de la denuncia presentada por el señor Javier Urbano Nolivos Solís, lo que confirma el hecho de que no se ha instaurado un juicio penal y que, por la misma razón, no se ha afectado la competencia administrativa de la Junta Bancaria para resolver el recurso de apelación presentado por la mencionada aseguradora en contra de la resolución No. SBS-IRG-SRASSPG-G , de 13 de noviembre del 2006, emitida por el Intendente Regional de Guayaquil; Que Seguros Cóndor S.A. dentro de los argumentos presentados en el recurso de apelación interpuesto ante la Junta Bancaria el 29 de noviembre del 2006, señala que el asegurado notificó la ocurrencia del siniestro a la compañía de seguros el 19 de julio del 2006, es decir once días siguientes a la fecha del siniestro y no dentro de los tres días de ocurrido el mismo, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 1147, publicado en el Registro Oficial No. 123 del 07 de diciembre de 1963; Que al respecto, es importante transcribir el mencionado artículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 1147, cuyo texto dice: Art El asegurado o el beneficiario están obligados a dar aviso de la ocurrencia del siniestro, al asegurador o a su representante legal autorizado, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, más no reducirse, por acuerdo de las partes.

6 Página No. 6 Que en el presente caso, el asegurado ha demostrado que el plazo mencionado en líneas anteriores fue ampliado por mutuo acuerdo de las partes, mediante la cláusula de extensión del plazo para notificar siniestros contenida en las Condiciones Particulares de la Póliza de Seguros de Vehículos No , cuyo texto dice: CLAUSULA DE EXTENSION DEL PLAZO PARA NOTIFICAR SINIESTROS: Queda convenido y aceptado que el Asegurado dispone del plazo señalado en las condiciones particulares, para notificar un siniestro, el cual no podrá ser menor a (3) tres días. Dicho plazo se contará desde la fecha en que el Asegurado tenga conocimiento del evento. Todos los demás términos y condiciones de la póliza, con excepción de lo establecido en esta cláusula, quedan en pleno vigor y sin modificación alguna. El Contratante y/o Asegurado podrá solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros, la verificación de este texto. La presente cláusula ha sido aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros con Resolución SBS-INS , del 25 de noviembre del ; Que los artículos 1 y 22 de Decreto Supremo 1147 publicado en el Registro Oficial No. 123, de 7 de diciembre de 1963, disponen: Art. 1.- El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los límites convenidos, de una pérdida o daño producido por un acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato. Art Incumbe al asegurado probar la ocurrencia del siniestro, el cual se presume producido por caso fortuito, salvo prueba en contrario. Asimismo incumbe al asegurado comprobar la cuantía de la indemnización a cargo del asegurador. A éste incumbe en ambos casos, demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. ; Que de las normas transcritas en el considerando precedente se desprende que una compañía de seguros está en la obligación de pagar la indemnización amparada en la póliza de seguros, siempre que ocurra la eventualidad prevista en el contrato, y que además, la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la indemnización estén debidamente comprobadas por el asegurado; Que se cumplieron los presupuestos mencionados en el considerando que antecede, ya que Vendollar Imports S.A. en su calidad de asegurado probó, a través del parte policial, la ocurrencia del siniestro; y, a través de las diferentes

7 Página No. 7 facturas que constan en el mencionado expediente, cuantificó la indemnización del mismo en la suma de US $61.000,oo; y, En ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE: ARTÍCULO ÚNICO.- RECHAZAR la pretensión contenida en el recurso de apelación interpuesto por el señor Augusto Salame Arzubiaga, Gerente General de Seguros Cóndor S.A.; y, en consecuencia, CONFIRMAR la resolución No. SBS- IRG-SRASSPG-G , de 13 de noviembre del 2006, mediante la cual el Intendente Regional de Guayaquil ordenó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General de Seguros, que la Compañía de Seguros Cóndor S.A., pague a favor de la Compañía Vendollar Imports S.A. la suma de US $ ,oo, por concepto de indemnización de los daños causados al vehículo asegurado mediante la póliza de vehículos No , junto con los intereses calculados al tipo máximo convencional fijado de acuerdo con la ley, a partir del 9 de septiembre del 2006, fecha en que feneció el plazo de 45 días que tenía la aseguradora para negar fundamentadamente el reclamo, debiendo deducir de dicha indemnización los valores pactados en la póliza. COMUNÍQUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el veintisiete de marzo de dos mil ocho. Ing. Gloria Sabando García PRESIDENTA DE LA JUNTA BANCARIA LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el veintisiete de marzo de dos mil ocho. Dr. Patricio Lovato Romero SECRETARIO DE LA JUNTA BANCARIA

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