ROL N 17. Santiago, 24 de agosto de De la Junta de Gobierno. Al Excmo. Tribunal Constitucional.

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1 ROL N 17 PROYECTO DE LEY SOBRE NUEVO CODIGO DE MINERIA, REQUERIMIENTO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO PARA QUE EL TRIBUNAL RESUELVA CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE DETERMINADOS ARTICULOS, SUSCITADAS DURANTE LA DISCUSION DEL PROYECTO DE LEY Santiago, 24 de agosto de De la Junta de Gobierno Al Excmo. Tribunal Constitucional. 1. Durante la tramitación del proyecto de ley sobre Nuevo Código de Minería, cuyos antecedentes se acompañan, se ha originado diferencias de opinión acerca de si el artículo 96*, en relación con los números 6, 7 y 8 del artículo 95**, el inciso segundo del artículo 65*** y el artículo 108****, tienen el carácter de ley orgánica constitucional por tratar materias relacionadas con la simple extinción del dominio de la Concesión Minera y de la superposición de concesiones, según se indicará a continuación. 2. Se ha sostenido, de parte del señor Integrante de la Junta de Gobierno, Teniente General don CESAR RAUL BENAVIDES ESCOBAR, refiriéndose a las causales de simple extinción del dominio que en esta materia sólo puede estarse a aquellas que taxativamente establece la Ley N , Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Funda tal criterio en lo dispuesto por el inciso séptimo del N 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Al respecto, según expresa el señor Teniente General BENAVIDES, tal disposición señala claramente que la ley orgánica respectiva contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión, materias que son totalmente diferentes, ya que una se refiere a las causales de caducidad para el caso de incumplimiento y, la otra, a causales de simple extinción del dominio de la concesión. Sin embargo, agrega, se ha dicho que se trata solamente de causales de caducidad. Pero, si así fuera, las palabras "para el caso de incumplimiento" tendrían que haber ido al final de la frase, cambiando el sentido de la disposición. Pero no ha sido así, quedando las causales de incumplimiento referidas únicamente a la caducidad y no a la de simple extinción del dominio. En otras palabras, la Constitución le está dando competencia a la ley orgánica constitucional para que contemple las causales de simple extinción del dominio, no pudiendo, por tanto, una ley simple (Código de Minería) invadir el campo de

2 competencia que la Carta Fundamental le está entregando a la ley orgánica constitucional. Así es como -se añade por parte del señor Teniente General BENAVIDES- la sanción para la extinción por prescripción extintiva de la acción de nulidad de la segunda concesión, que consiste en la extinción de la primera concesión en la parte superpuesta, está determinando una causal de simple extinción de la primera concesión en la parte que quede abarcada por la superposición. Y es una causal de simple extinción, no una causal de transferencia de dominio, ya que si así fuera, podría quedar regulada por el derecho común. Por esta razón, considera que el Código de Minería está añadiendo una causal de simple extinción a las contempladas en el artículo 18 de la ley orgánica constitucional respectiva. Agrega, además, que si bien es cierto que existe una disposición transitoria relativa al Código de Minería, que habla de las causales de extinción, éstas son para regular los derechos de los concesionarios existentes frente a la dictación del Nuevo Código de Minería, es decir, está regulando situaciones de excepción que se producirán al entrar en vigencia el Nuevo Código. Las disposiciones a que se refiere esta tesis son como ya se señaló en el párrafo 1, el artículo 96 en relación con los números 6, 7 y 8 del artículo 95, en los cuales está precisamente todo el juego de la extinción que se produce de la primera concesión como efecto de la prescripción extintiva de la acción de nulidad contemplada en el artículo 96. Y las causales de nulidad que tienen referencia con la superposición son justamente las de los números 6, 7 y 8 del artículo 95. Por último, señala que tanto el inciso segundo del artículo 65 y el artículo 108 son disposiciones que dicen relación con la superposición, por lo que sólo podrían tener cabida si es que en armonía con las restantes disposiciones se les da a ellos el carácter de orgánicas constitucionales, ya que parten del supuesto de la existencia de la segunda concesión, esto es, permiten la superposición en contra de lo que prescribe al respecto el artículo 4 de la ley orgánica constitucional. En suma, a juicio del señor Teniente General BENAVIDES, el artículo 96 del Nuevo Código de Minería, en relación con los números 6, 7 y 8 de su artículo 95, el inciso segundo de su artículo 65 y su artículo 108, tienen el carácter de ley orgánica constitucional. Todo lo anterior conforme a la parte pertinente del informe de la Comisión Informante, en que se deja constancia de los planteamientos de la IV Comisión Legislativa sobre el particular, que se acompaña al presente oficio.

3 3. En relación con lo anterior, cabe señalar que los demás señores integrantes de la Junta de Gobierno sustentan y comparten un criterio distinto sobre esta materia, estimando que la solución adoptada por el proyecto, que establece que la pertenencia superpuesta a otras es nula absolutamente, es plenamente concordante con las normas pertinentes de la Constitución Política y de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Fundan su posición en las siguientes consideraciones: a) El inciso primero de la disposición constitucional segunda transitoria encomienda expresamente al nuevo Código de Minería "regular, entre otras materias, la forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras a que se refieren los inciso séptimo al décimo del N 24 del artículo 19 de esta Constitución Política...", de lo cual se infiere fácilmente que es, precisamente, ese Código el cuerpo legal llamado a reglamentar todo lo relativo a los efectos de las concesiones, lo que no puede consistir en otra cosa que en la eficacia o nulidad de ellas. Al regular esos efectos, estableciendo la acción de nulidad de que tratan las disposiciones consultadas, se cumple con el precepto constitucional. b) Por otra parte debe considerarse que el inciso primero de la citada disposición segunda transitoria al ordenar al nuevo Código de Minería regular, entre otras materias, los efectos de las concesiones que se otorguen de conformidad a sus disposiciones, no se está refiriendo a las ya otorgadas en conformidad a la legislación anterior, sino, como expresamente esa disposición constitucional lo señala ("...de las concesiones mineras a que se refieren los incisos séptimo al décimo del N 24 del artículo 19 de esta Constitución Política..."), a las concesiones que se otorguen de conformidad a dicho nuevo Código de Minería. c) Del mismo modo, al señalar el inciso final del artículo 4 de la Ley N , la prohibición de constituir, sobre sustancias minerales existentes en una misma extensión territorial más de una concesión, sin precisar la sanción para la transgresión de esta prohibición, está implícitamente dejando para la ley simple -Código de Minería- la necesidad de regular la sanción de nulidad o el establecimiento expreso de un efecto diferente del de nulidad para la violación de la norma prohibitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil. d) A mayor abundamiento, el cometido de las normas permanentes de la Constitución que encargan a la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras fijar causales de caducidad o de simple extinción del dominio, está referido sólo al régimen de amparo. Lo anterior por las razones que se indican:

4 1) La Constitución Política distinguió entre la caducidad por desamparo que hace desaparecer la concesión misma, por haber caducado, al no presentarse postores en el remate por falta de pago de patente, y entre la simple extinción del dominio sobre la concesión, que permanece vigente, pero que se transfiere a un tercero también por razones de desamparo al adjudicársele en el correspondiente remate. Ambos casos, el de "caducidad para el caso de incumplimiento" y el de "simple extinción del dominio sobre la concesión" se relacionan, pues, sólo con el amparo de las concesiones. 2) La Constitución no entregó a la ley orgánica la regulación de las causales de extinción, razón por la cual no puede pretenderse atribuirle a ésta exclusividad alguna al respecto; lo que es también evidente desde el momento en que la enumeración que formuló no es taxativa, resultando obvio que el Código puede establecer causales de nulidad, esto es, de extinción de las concesiones; y 3) El legislador tiene amplia facultad para establecer en el nuevo Código otras causales de extinción de las concesiones mineras, diferentes a las mencionadas en la citada ley orgánica; facultad cuyo ejercicio le permite, en este caso, reglamentar lo relativo a la nulidad de las concesiones, materia a la cual la ley orgánica no se refiere siendo indispensable hacerlo. Refuerza esto último, lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5 de la ley orgánica constitucional N , que encarga expresamente al "Código de Minería regular la forma de hacer valer los derechos, sea dentro del procedimiento de constitución o con posterioridad a él, de quienes sean lesionados con la constitución de la concesión minera". Caso en el cual se encuentran los titulares de la acción de nulidad. 4) Por lo expuesto, la Junta de Gobierno ha acordado remitir a V.E. el proyecto de ley referido con sus antecedentes, con el objeto de requerirle un pronunciamiento respecto de la tesis sustentada por el señor integrante de la Excma. Junta de Gobierno, Teniente General de Ejército don CESAR RAUL BENAVIDES ESCOBAR, en orden a que el artículo 96 del nuevo Código de Minería en relación con los números 6, 7 y 8 de su artículo 95, inciso segundo de su artículo 65 y artículo 108, tienen el rango o carácter de ley orgánica constitucional por invadir materias propias de ella, todo ello en conformidad a lo previsto en el artículo 82, N 2, de la Constitución Política del Estado y en la Ley N , Orgánica Constitucional. La sentencia recaída en este requerimiento es del tenor siguiente: Santiago, seis de septiembre de mil novecientos ochenta y tres. VISTOS:

5 Por oficio N 6583/ , de 24 de agosto de 1983, la Honorable Junta de Gobierno formula requerimiento para que este Tribunal se pronuncie respecto de si el artículo 96 del proyecto de ley sobre nuevo Código de Minería, aprobado por dicha Honorable Junta, en relación con el números 6, 7 y 8 del artículo 95, el inciso segundo del artículo 65 y el artículo 108 del referido proyecto, tienen el carácter de ley orgánica constitucional. Se funda este requerimiento en el N 2 del artículo 82 de la Constitución Política de la República, esto es, en la atribución que corresponde a este Tribunal para resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley. Señala el requerimiento que se han originado diferencias de opinión acerca de si el artículo 96 del proyecto, en relación con los números 6, 7 y 8 de su artículo 95, el inciso segundo del artículo 65 y el artículo 108 del mismo proyecto, tienen el carácter de ley orgánica constitucional por tratar materias relacionadas con la simple extinción del dominio de la concesión manera y de la superposición de concesiones, o son propias de ley común, y se reproducen en el aludido requerimiento las razones o fundamentos que en uno y otro sentido se han expuesto por los señores integrantes de la Honorable Junta de Gobierno durante la discusión del proyecto de ley en referencia. El Tribunal admitió a tramitación el requerimiento y en conformidad a lo ordenado por el artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional N , lo puso en conocimiento de S.E. el Presidente de la República, quien formuló las observaciones contenidas en el oficio de fecha 29 de agosto último que corre a fs. 11. Se trajeron los autos en relación y el Tribunal por resolución de fs. 16, prorrogó el plazo para resolver el asunto por diez días. CONSIDERANDO: 1 Que el artículo 19, N 24, inciso 7 de la Constitución Política, al determinar, entre otras, las materias que deben se objeto de ley orgánica constitucional, dispone: "Dichas concesiones -se refiere a las concesiones de exploración o de explotación mineras- se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional". Y luego agrega: "Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación -esto es la actividad que justifica la concesión minera- y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión".

6 Que del precepto transcrito se desprende con nitidez, que son materias propias de ley orgánica constitucional tanto las causales de caducidad por incumplimiento del régimen de amparo como las de simple extinción del dominio sobre la concesión. Respecto de las primeras, el Constituyente las ha circunscrito sólo a aquellas que se relacionan con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de amparo como lo demuestra la expresión "para el caso de incumplimiento" que la norma constitucional agrega después del vocablo "caducidad". Las segundas, en cambio, podrán estar constituidas por los hechos o actos que determine la ley orgánica constitucional, ya que en cuanto a ellas no se ha establecido limitación. Si la intención del Constituyente hubiera sido restringir sólo al incumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de amparo tanto las causales de caducidad como las de simple extinción del dominio sobre la concesión, la locución "para el caso de incumplimiento" que emplea el precepto en estudio habría sido consignada al final de la frase para comprenderlas a ambas y no después de "causales de caducidad" como de hecho ocurre. Así también lo entendió este Tribunal al ejercer el control de constitucionalidad del proyecto de la actual Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras N , de 21 de enero de 1982, al declarar constitucional el artículo 18 de la citada ley, que contempla como causal de extinción de la concesión minera la renuncia -y, por ende, del dominio que sobre ella se tenga, ya que desaparece su objeto- siendo obvio, asimismo, que tal acto jurídico no constituye un incumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de amparo de dichas concesiones; 2 Que la argumentación fundada en el distingo que se hace entre la extinción del dominio sobre la concesión y la extinción de la concesión misma, no resulta valedera ya que la extinción de la concesión acarrea la extinción del dominio sobre ella, por falta de objeto; 3 Que la interpretación que surge de la letra de la Constitución Política, la confirma la debida correspondencia y armonía que debe existir entre los distintos preceptos de las leyes orgánicas constitucionales, puesto que, como lo ha dicho este Tribunal, su objetivo es desarrollar en un texto armónico, sistemático y coherente, los preceptos constitucionales en aquellas materias que el Constituyente ha reservado al ámbito de dichas leyes. En consecuencia, si es la ley Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras- la que, por mandato constitucional, determina las sustancias que pueden ser objeto de concesiones de explotación o de exploración y regula, entre otras materias, la duración de las concesiones, los derechos y las obligaciones que puedan ejercer o deban soportar sus titulares, su régimen de amparo y las causales de caducidad para el caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho régimen, es de toda evidencia que también debe ser la misma categoría de ley

7 la que determine las causales de extinción del dominio sobre las concesiones mineras; 4 ) Que, por otra parte, no es obstáculo a la conclusión a que se arriba en los considerandos precedentes lo que establece la disposición segunda transitoria de la Constitución Política, en cuanto encomienda al Código de Minería -ley ordinariaregular, entre otras materias, los efectos de las concesiones mineras, por constituir éstos, en estricto derecho, una materia distinta de las causales de extinción del dominio sobre las concesiones, pues, mientras los efectos se relacionan con los derechos y obligaciones que engendra la concesión una vez otorgada, las causales de extinción están constituidas por los actos o hechos jurídicos que, precisamente, ponen fin al dominio mismo sobre la concesión minera; 5 ) Que, por consiguiente, el artículo 96 del proyecto de ley de que se trata, en relación con los números 6, 7 y 8 del artículo 95 del mismo proyecto, regula una materia propia de ley orgánica constitucional, toda vez que establece una nueva causal de extinción del dominio sobre las concesiones mineras, al declarar que la acción de nulidad de que dispone el concesionario afectado por una superposición de concesión minera, prescribe en el término de cuatro años en los casos de los números 6 y 7 del artículo 95 y que la sentencia que declare la prescripción en los casos contemplados en dichos preceptos, también declarará extinguida la pertenencia afectada por la superposición. En el caso del número 8 del mismo artículo 95, la extinción de la acción se produce si el primer concesionario de exploración, debiendo deducir la oposición a que se refiere el N 1 del artículo 61 del proyecto, no lo hace. En otras palabras, la nueva causal de extinción del dominio sobre las concesiones mineras de explotación, está constituida por la prescripción de la acción de nulidad de que dispone el dueño de dichas concesiones mineras afectado por la superposición de otra pertenencia, y en el caso de las concesiones de exploración, por la extinción de la acción de nulidad producida por el hecho de que el primer concesionario no deduzca la oposición a que se refiere el artículo 61, N 1, debiendo hacerlo; 6 ) Que por las mismas razones anteriormente expresadas, fuerza es concluir que el inciso 2 del artículo 65 del proyecto que se acompaña, también versa sobre una materia que es propia de ley orgánica constitucional por configurar otra causal de extinción de la concesión de exploración al disponer que "el titular de un pedimento o de una concesión de exploración, de fechas anteriores, que no deduzca oportunamente la acción del N 1 del artículo 61, perderá los derechos emanados de su pedimento o concesión, respecto de los terrenos sobre los cuales se llegue a constituir pertenencia por quien debió haber sido demandado"; 7 Que durante la tramitación del proyecto de ley que se acompaña, ha surgido también cuestión de constitucionalidad, que

8 se somete a la resolución de este Tribunal, sobre el artículo 108 de dicho proyecto, porque los miembros de la Cuarta Comisión Legislativa estiman que la materia sobre que versa debe ser objeto de ley orgánica constitucional y no propia de la ley ordinaria como lo es el Código de Minería. Fundamentan su parecer en que tal precepto permitiría la superposición de concesiones mineras en contra de lo dispuesto en el artículo 4, inciso final, de la ley orgánica sobre Concesiones Mineras que prescribe: "Sobre las sustancias concesibles existentes en una misma extensión territorial no puede constituirse más de una concesión minera"; 8 ) Que diversas disposiciones del proyecto del Código de Minería, entre otras, los artículos 80, 83 y 84, en concordancia y armonía con la prohibición contenida en el inciso final del artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, N , de enero de 1982, establecen determinados trámites y otorgan derechos al primer concesionario, tendientes a evitar que se produzca la irregularidad de otorgar una concesión minera superpuesta. Sin embargo, el legislador no podía dejar de prever que, no obstante todas las precauciones adoptadas, era posible que tal situación se presentara. De allí que, incluso, sancione con la nulidad a la concesión minera superpuesta. Ahora bien, a esa misma realidad previsible de que se produzca la irregularidad de constituirse una concesión minera superpuesta responde el artículo 108 en estudio al disponer: 1) "El titular de una concesión de exploración o el de una pertenencia, constituidas, podrá oponerse a las labores que, dentro de los límites de su respectiva concesión, pretenda ejecutar el titular de otra concesión de exploración cuyo pedimento haya sido posterior al pedimento o a la manifestación del opositor", y 2) "El titular de una pertenencia en trámite no podrá ser perturbado en sus trabajos de reconocimiento y de constitución de su título, por el dueño de una concesión de exploración cuyo pedimento sea posterior a la manifestación de aquél"; 9 Que, en consecuencia, el artículo 108 del proyecto en estudio lejos de contradecir lo dispuesto en el inciso final del artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, lo confirma y ratifica al conferir derechos a los titulares de una concesión para defenderse de las actuaciones que puedan realizar los titulares de una concesión de exploración superpuesta, siendo la razón de ser de la norma, precisamente, la prohibición de constituir concesiones superpuestas. El precepto cuestionado está, por lo demás, en perfecta concordancia y armonía con lo que dispone el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras recién citada, al establecer en su inciso primero: "Todo concesionario minero puede defender su concesión por todos los medios que franquea la ley, tanto respecto del Estado como de los particulares; entablar, para tal efecto, acciones tales como la

9 reivindicatoria, posesorias y las demás que la ley señale, y obtener las indemnizaciones pertinentes"; 10 Que ante la evidencia de que el artículo 108 del proyecto del Código de Minería no se contrapone con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras y habida consideración, además, a que la materia que regula aquel precepto no ha sido encomendada por la Constitución Política a una ley orgánica constitucional sino a una ley común, forzoso es concluir que dicho precepto es propio de la ley ordinaria. Y de conformidad, también, con lo prescrito en el artículo 82 N 2 y en el inciso 2 de la disposición vigésima segunda transitoria de la Constitución Política de la República y en los artículos 38 a 45 y 2 transitorio de la ley N , de 19 de mayo de 1981, SE RESUELVE: Primero: Que el artículo 96, en relación con los números 6, 7 y 8 del artículo 95 y el inciso segundo del artículo 65 del proyecto de ley sobre Código de Minería remitido a este Tribunal, son propios de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras a que se refiere el inciso séptimo del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política; y Segundo: Que el artículo 108 del mismo proyecto es materia de ley ordinaria o común. Acordada la decisión segunda, contra el voto del Ministro señor Correa, quien, eliminando el fundamento 10 estuvo por declarar que el artículo 108 del proyecto de ley sobre nuevo Código de Minería, es también materia de ley orgánica constitucional, teniendo para ello presente: 1 Que la Ley N , Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, en su Título I legisla sobre las concesiones mineras, y en su artículo 1 dispone que éstas pueden ser de exploración o de explotación; en los Títulos II, III y IV, trata "De los derechos de los concesionarios mineros, De las obligaciones de los concesionarios mineros y De la duración y extinción de las concesiones mineras", respectivamente, lo que significa decir que legisla desde el nacimiento hasta la extinción de dichas concesiones. A pesar de lo anteriormente expresado, el artículo 108 en proyecto, legisla también sobre la concesión de exploración y sobre una pertenencia constituidas, y confiere al titular de ellas el derecho de oposición a labores que pretenda ejecutar dentro de los límites de su respectiva concesión el titular de otra concesión de exploración; 2 Que el artículo 19 N 24, inciso 7 de la Constitución Política, entre otros mandatos referidos en fundamentos

10 anteriores, dispone: "Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional". Pues bien, no puede darse el caso más claro que obligue al cumplimiento del precepto constitucional referido, porque el artículo 108 confiere un derecho al titular de una concesión de exploración o al de una pertenencia constituida, lo que hace que verse sobre materia que debe ser objeto de una ley orgánica constitucional; 3 Que la disposición general del artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, concurre en apoyo de la tesis que se sustenta, porque si en ella se dispone que el concesionario puede defender su concesión con todos los medios que franquea la ley, y en seguida se refiere a las demás que la ley señale, con mayor razón debe ser objeto de ley orgánica constitucional el artículo 108 del proyecto en estudio, que confiere al concesionario un derecho perfectamente claro y limitado a la materia misma que comprende la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Por estas razones, fue de opinión, como ya lo ha expresado, que el artículo 108, tantas veces aludido, se refiere a una materia de ley orgánica constitucional, por expresa disposición del artículo 19 N 24, inciso 7, de la Constitución Política del Estado. Redactó el fallo el Ministro señor Bórquez y el voto disidente, su autor, el Ministro señor Correa. Regístrese, comuníquese y archívese. Pronunciada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, don Israel Bórquez Montero, y por sus Ministros señores José María Eyzaguirre Echeverría, Enrique Correa Labra, Enrique Ortúzar Escobar, Eugenio Valenzuela Somarriva y José Vergara Vicuña. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, José Rafael Larrain Cruz. La ley que fija el texto del Código de Minería fue publicada en el Diario Oficial de día 14 de octubre de 1983, bajo el N * Artículo 96. Las acciones de nulidad establecidas en los números 1 a 7 del artículo anterior, se extinguen por prescripción en el plazo de cuatro años, contados desde la fecha de la publicación del extracto a que se refiere el artículo 90. Transcurrido el mismo plazo, tampoco podrá impugnarse la inscripción de la sentencia constitutiva de la concesión. Cumplida la prescripción, la concesión queda saneada de todo vicio y, además, se entiende que la sentencia y su inscripción han producido siempre los efectos que, para cada una de éstas,

11 señala el artículo 91. La sentencia que, en los casos de los números 6 y 7 del artículo anterior, declare la prescripción de la acción de nulidad a que dichos números se refieren, también declarará extinguida la pertenencia afectada por la superposición. La acción de nulidad establecida en el número 8 del artículo anterior se extingue si, debiendo deducir la oposición a que se refiere el N 1 del artículo 61, el interesado no lo hace. Sin embargo, esta prescripción no provocará la extinción de la concesión del titular de la acción prescrita, en la parte no superpuesta y se aplicará lo previsto en el artículo 98, en lo que sea pertinente. ** Artículo 95. Sólo son causales de nulidad de una concesión minera, las siguientes: 6. Haberse constituido la pertenencia abarcando con su mensura terreno ya comprendido, o que quede comprendido, por otra mensura cuya fecha de ejecución se presuma anterior a la fecha presunta de aquélla, con arreglo al inciso segundo del artículo 72 ; 7. Haberse constituido la pertenencia abarcando terreno ya comprendido por otra pertenencia, salvo lo dispuesto en el número anterior, y 8. Haberse constituido la concesión de exploración abarcando terreno ya comprendido, o que quede comprendido, por otra concesión de exploración cuyo pedimento haya sido presentado con fecha anterior. *** Artículo 65, inciso segundo: El titular de un pedimento o de una concesión de exploración, de fechas anteriores, que no deduzca oportunamente la acción del número primero del artículo 61, perderá los derechos emanados de su pedimento o concesión, respecto de los terrenos sobre los cuales se llegue a constituir pertenencia por quien debió haber sido demandado. **** Artículo 108. El titular de una concesión de exploración o el de una pertenencia, constituidas, podrá oponerse a las labores que, dentro de los límites de su respectiva concesión, pretenda ejecutar el titular de otra concesión de exploración cuyo pedimento haya sido posterior al pedimento o a la manifestación del opositor. El titular de una pertenencia en trámite no podrá ser perturbado en sus trabajos de reconocimiento y de constitución de su título, por el dueño de una concesión de exploración cuyo pedimento sea posterior a la manifestación de aquél.

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